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#Fallos Impuestos mal cobrados: AFIP deberá devolver las sumas descontadas a los actores en concepto de Impuesto a las Ganancias, desde el momento en que fue realizado el planteo de inconstitucionalidad de la normativa aplicable

Partes: Longar Luis Antonio y otros c/ Estado Nacional – AFIP s/ dirección general impositiva

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 22-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-130198-AR | MJJ130198 | MJJ130198

La AFIP debe devolver las sumas descontadas de los haberes previsionales de los actores en concepto de Impuesto a las Ganancias, desde el momento en que fue realizado el planteo de inconstitucionalidad de la normativa aplicable.

Sumario:

1.-Siendo procedente la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. c) , 79, inc. c) , 81 y 90 , de la Ley 20.628, texto según Leyes 27.346 y 27.430 en relación al impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales que perciben los actores, la restitución de las sumas oportunamente descontadas debe realizarse a partir del momento en que los accionantes plantearon la inconstitucionalidad de dichas normas, ello sin perjuicio del derecho que pudiere asistirles de reclamar el reintegro de sumas retenidas con anterioridad, pretensión que deberán articular por la vía y forma que corresponda.

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2.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. c), 79, inc. c), 81 y 90, de la Ley 20.628, texto según Leyes 27.346 y 27.430 y ordenó al Fisco Nacional que no descuente suma alguna en concepto de Impuesto a las Ganancias de la prestación previsional de los reclamantes y, asimismo, que les reintegre las oportunamente descontadas, porque los accionantes, por su condición de adultos mayores jubilados sobre cuyos haberes de retiro se practican retenciones por aquel tributo, pertenecen al colectivo aludido por la Corte Suprema en sus precedentes, lo cual torna aplicable la doctrina sentada en ‘García, María Isabel’ (Fallos 342:411).

Fallo:

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020.

VISTOS estos autos 10.915/2020 «Longar, Luis Antonio y otros c/EN – AFIP s/Dirección General Impositiva» y CONSIDERANDO:

I.- Los señores Luis Antonio Longar, Marcelo Julián Zarza, Luis Rodolfo Tufiño y Jaime Luis Antich, personal militar en pasividad, iniciaron la presente acción en los términos del artículo 322 del CPCCN a fin de que:

-se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c), 79, inciso c), 81 y 90, todos de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430 y de cualquier otra norma que se pudiera invocar para justificar la retención-pago del Impuesto a las Ganancias en función de sus haberes de retiro militar; -se restituyeran las sumas descontadas, con más intereses calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde que cada suma fuera retenida y hasta el momento de su efectivo pago; Solicitaron que se le otorgara trámite sumarísimo.

A fin de justificar la verosimilitud del derecho invocado, entre otros argumentos y precedentes jurisprudenciales, hicieron alusión a lo decidido por el Alto Tribunal en autos «García, María Isabel» (Fallos 342:411).

Sostuvieron la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, por resultar violatoria del derecho de propiedad, del principio de supremacía constitucional y del de legalidad, entre otros.

La causa quedó radicada por ante la primera instancia de este Fuero.

II.- La jueza de grado dispuso que el caso tramitara como sumarísimo, ello con referencia a los artículos 322 y 498, ambos del CPCCN.

III.- Al contestar el traslado de la acción deducida, el Fisco Nacional planteó, entre otros argumentos, la incompetencia del Fuero en razón del domicilio real que declararan los accionantes ante la AFIP, coincidente con el denunciado en autos.Sin perjuicio de ello, cuestionó la procedencia del reclamo intentado.

Los accionantes se opusieron a la excepción articulada.

IV.- Corrida la vista pertinente, el señor fiscal federal consideró que al haberse deducido una demanda contenciosa administrativa contra la AFIP a fin de determinar la validez constitucional de un tributo normado por la ley cuestionada y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, debía desestimarse la incompetencia en razón del territorio conforme las previsiones de los artículos 3° y 90 de la ley 11.683.

Y, en cuanto al fondo del asunto, recordó lo decidido por el Alto Tribunal «García, María Isabel», concluyendo que, en base a los lineamientos allí establecidos, la magistrado debía determinar si en la especie el standard genérico utilizado por el legislador cumplía razonablemente con los principios constitucionales o si, por el contrario, su aplicación vulneraba derechos fundamentales.

V.- La señora jueza de grado desestimó el planteo de incompetencia y admitió la pretensión de los accionantes, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c), 79, inciso c), 81 y 90, todos de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430 y ordenando al Fisco Nacional que no descontara suma alguna en concepto de Impuesto a las Ganancias de la prestación previsional de los reclamantes y, asimismo, que les reintegrara las oportunamente descontadas desde los cinco años anteriores al inicio de la demanda (conf. artículo 56, 5o párrafo, de la ley 11.683), con más intereses desde la fecha de promoción de la presente (conf. artículo 179 de la ley 11.683) a calcular según las tasas que al efecto fijara el Ministerio de Economía en materia de repetición de tributos (conf.artículo 4o de la resolución del Ministerio de Economía 314/2004 y sus modificaciones), hasta su efectivo pago.

Para así decidir, en cuanto al planteo de incompetencia, se remitió a lo dictaminado por el señor fiscal federal.

Sentado ello, la sentenciante entendió que resultaba aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «García, María Isabel c/AFIP s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad».

En cuanto a la restitución de las sumas descontadas desde la aplicación del tributo, la decisora señaló que la prescripción tributaria en el ámbito de los principales impuestos nacionales se encontraba específicamente regulada en la ley 11.683 y que, en materia de interpretación de las leyes tributarias, el Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que su exégesis debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo y de las razones que los informan con miras a determinar la voluntad legislativa; debiendo recurrirse a los principios del derecho común, con carácter supletorio posterior, sólo cuando aquellas fuentes no resultaran decisivas.

En cuanto a los intereses, dispuso la aplicación de la tasa apuntada, puesto que, si bien el artículo 179 de la ley 11.683 no ha establecido la aplicable, aquélla se encuentra prevista en las resoluciones ministeriales que refieren específicamente a la devolución de tributos y, por ende, desplazan las disposiciones de carácter general, no habiendo formulado los accionantes agravios de índole constitucional sobre el punto.

Distribuyó las costas por su orden, con sustento normativo en el artículo 68, segundo párrafo, del CPCCN y en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y la jurisprudencia del Alto Tribunal aplicada.

VI.- Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando oportunamente su recurso.

Cuestionó el rechazo de la incompetencia.

En este sentido, afirmó que los accionantes no poseían domicilio en esta ciudad, sino en Ituzaingó, San Miguel, Córdoba y Bahía Blanca, razón por la cual, entanto el Fuero tiene asiento en esta ciudad de Buenos Aires, resultaba absolutamente incompetente para entender en esta causa.

Fundó su postura en lo dispuesto en los artículos 3° y 90, ambos de la Ley 11.683, la resolución general AFIP 4211 y el artículo 5, inciso 3°, del CPCCN.

Asimismo, cuestionó la vía elegida; destacando al punto que existía una expresamente prevista para conducir la pretensión de los accionantes, esto es, el reclamo administrativo ante la AFIP y la posterior acción judicial de repetición conforme lo establecido en el artículo 81 de la ley 11.683.

Luego, consideró que no resultaba aplicable en la especie el precedente «García».

A tal fin, esbozó distintos argumentos tendientes a diferenciar el caso bajo examen del resuelto por el Alto Tribunal; resaltando la incidencia del tributo en cuestión respecto de cada uno de los accionantes, así como la insuficiencia probatoria respecto de la inminencia de un daño o una situación de gravedad que los afectara económicamente de modo que tornase imperiosa la protección jurisdiccional e ineludible la admisión de su planteo.

Al respecto, señaló que los reclamantes no invocaron, ni mucho menos acreditaron, cuáles serían los cuidados y tratamientos que insumirían cuantiosas sumas de dinero para su subsistencia y tampoco demostraron que la retención del Impuesto a las Ganancias resultara ser confiscatoria.

En particular, respecto de dos de los accionantes (señores Zarza y Antich), puso de resalto que tenían 57 años y aún prestan servicios en relación de dependencia para Flight Express SA, percibiendo sumas millonarias y que, a esos fines, ofreció prueba informativa para acreditar tal circunstancia, lo que no fue atendido por la jueza de grado.

Además, sostuvo que a los fines de obtener la restitución de las sumas oportunamente retenidas, debían iniciar una acción de repetición en los términos del artículo 81 de la ley 11.683.

Subsidiariamente, se quejó de la extensión del reintegro dispuesto.

En este sentido, explicó que en «García», tal devoluciónse dispuso desde la interposición de la demanda, por lo que, si la jueza de grado admitió la acción con base en dicho precedente, no resultaba ajustado a derecho que admitiera el reintegro de las sumas descontadas desde los cinco años anteriores a la interposición de la demanda.

A ello, agregó que la señora magistrado no constató la fecha en la que los accionantes pasaron a situación de retiro, en particular que dos tenían 57 años de edad y, probablemente, en el año 2015, aún se encontraban prestando servicios. por separado. costas.

Dicha presentación fue oportunamente replicada.

VII.- Los accionantes también recurrieron, expresando agravios Cuestionaron la tasa de interés aplicada y la distribución de las Respecto del primero de los puntos, recalcaron que la reconocída por la jueza de grado no compensaba razonablemente la imposibilidad del uso del dinero, la pérdida de su poder adquisitivo por el transcurso del tiempo ni aseguraba la integralidad del crédito; lo que solamente podría lograrse en caso de aplicarse la tasa activa de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, que publicaba el Banco de la Nación Argentina.

Y, en cuanto a las costas, solicitaron que a falta de motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, fueran impuestas en su totalidad a la AFIP, vencida.

El Fisco Nacional contestó la apelación reseñada.

VIII.- Remitidas las actuaciones en vista, el señor fiscal general de Cámara opinó que correspondía admitir el recurso de apelación interpuesto por la accionada, revocar la sentencia de grado y declarar la incompetencia del Fuero para intervenir en autos.

Al efecto, tras recordar el alcance del artículo 5°, inciso 3°, del CPCCN, puso de resalto que no se encontraba controvertido que el domicilio real de los accionantes se encontraba en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, San Miguel Provincia de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; correspondiendo -por tanto- que el asunto fuera resuelto por la justiciafederal con jurisdicción en esas ciudades.

Recordó que, como regla, para determinar la competencia debe estarse al lugar de cumplimiento de la obligación y que, en este proceso, ello debía identificarse, en principio, con el do micilio fiscal del contribuyente pues allí tendría efectos la decisión que se adoptase.

Sin perjuicio de ello, en cuanto al fondo de la cuestión debatida, coincidió en la aplicación al caso «García, María Isabel».

IX.- En primer término, respecto de los agravios vinculados a la incompetencia planteada por la demandada, cuadra señalar que en tanto la accionada consintió el trámite sumarísimo dispuesto en autos, ha de estarse a las previsiones del artículo 498 del CPCCN, según el cual, no resultan admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento (conf. esp. su inciso segundo), entre las que ha de considerarse incluída claro esta, a la incompetencia.

En tales condiciones, la limitación en orden a las cuestiones que pueden ser planteadas en el marco del proceso sumarísimo, impone concluir en que si tal restricción opera en el trámite de primera instancia, por lógica implicancia el tópico tampoco podrá ser replanteado en el marco de un recurso de apelación concedido en relación.

Lo dicho determina en el actual estado, la improcedencia del planteo recursivo formulado por la accionada en lo que al punto refiere.

X.- Acordado ello, a los efectos de la resolución a las restantes cuestiones planteadas, interesa poner de relieve que lo decidido por el Alto Tribunal en autos FPA7789/2015 FPA7789/2015/1 «García, María Isabel c/AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad», sent.del 26/3/2019 (Fallos 342:411).

En dicha oportunuidad, con los alcances propios del caso, expuestos en los Considerandos que anteceden la parte resolutiva del pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c), 79, inciso c), 81 y 90, todos de la ley 20.628; dispuso poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad enfermedad, que conjugara este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial; confirmó la sentencia apelada en cuanto ordenaba reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas; disponiendo que, hasta tanto el Congreso legislara sobre el punto, no podría descontarse suma alguna en concepto del Impuesto a las Ganancias de la prestación previsional; con costas por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida.

Para así decidir, el Máximo Tribunal:

-recordó que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no eran puntos sobre los que al Poder Judicial le cupiera pronunciarse, que solo los casos que trascendían ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitaban la intervención de los jueces; y que era el Congreso quien tenía la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que -en tal labor- no se infringieran preceptos constitucionales; -precisó que la cuestión litigiosa involucraba, por un lado, la legítima atribución estatal de crear tributos y, por el otro, el goce de derechos de la seguridad social en condiciones de igualdad entre los beneficiarios contribuyentes; -puntualizó que en el caso de los beneficiarios de prestaciones de la seguridad social, comprensivo de los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de cualquier especie siempreque su status se originara en el trabajo personal, el legislador había asumido que se trataba de un colectivo uniforme al que diferenciaba de otra categoría, la de trabajador activo, a la que aplicaba, a partir del dictado de la ley 27.346, una escala de deducciones más gravosa; proceder que conllevaba un reconocimiento de la distinta naturaleza de la renta sujeta a tributo, esto es el salario y la prestación previsional, otorgando mayor tutela a esta última; -explicó que, sin perjuicio del tratamiento diferenciado que ha realizado el legislador respecto del colectivo de los beneficiarios de prestaciones de la seguridad social, en relación al colectivo de los trabajadores activos, correspondía preguntarse si todos aquellos se encontraban en las mismas circunstancias -como para recibir un tratamiento fiscal igualitario- o si existían condiciones especiales, basadas en un estado de mayor vulnerabilidad (producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad) que permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros; -recordó los lineamientos que hacían a la garantía de igualdad ante la ley, y, en particular, en materia tributaria, donde dicho principio no solo exigía la creación de categorías tributarias razonables, sino que también prohibía la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en la realidad eran distintas; -destacó que no cabían dudas sobre la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora, lo que encontraba amplísimo justificativo en el reconocimiento de los derechos de la ancianidad receptados por la Constitución Nacional y examinados por la jurisprudencia de ese Tribunal; -señaló que la Argentina otorgó jerarquía constitucional a los derechos sociales al reformar su Constitución Federal en 1949, que la Constitución reformada en 1957 hizo eco de estas conquistas sociales al acuñar las normas que en el artículo 14 bis establecían los derechos de la seguridad social; que ya en Fallos:289:430 («Berc?aitz») se supo señalar que era de equidad y aún de justicia apartarse del rigor del derecho cuando resultaban involucrados los sectores sociales más necesitados; que desde esta perspectiva preferentemente social, la incorporación de los derechos de la seguridad social al catálogo de los derechos del trabajador, apuntaba a dignificar la vida de los trabajadores para protegerlos en la incapacidad y en la vejez.; que la reforma constitucional introducida en 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo «medidas de acción positiva», traducidas tanto en «discriminaciones inversas» cuanto en la asignación de «cuotas benignas», en beneficio de ellas; que el envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accedía al status de jubilado- eran causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obligaba a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales; que por ello, las circunstancias y condicionantes de esta etapa del ciclo vital habían sido motivo de regulación internacional, generando instrumentos jurídicos específicos de relevancia para la causa que se analizaba; que a partir de la reforma constitucional de 1994, cobraba especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos; que dicho imperativo constitucional resultaba transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose concretamente a la materia tributaria, ya que no era dable postular que el Estado actuara con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etcétera) y fuera insensible al momento de definir su política fiscal; que el control judicial del cumplimiento de este imperativo constitucional no implicaba desconocer el principio de división de poderes, ni el origen representativo del tributo.

-resaltó que la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resultaba insuficiente si no se ponderaba la vulnerabilidad vital del colectivo concernido. En efecto, cotinuó, la falta de consideración de esta circunstancia como pauta de diferenciación tributaria suponía igualar a los vulnerables con quienes no lo eran, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal generaba en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irrogaba, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja; -explicó que el estándar de revisión judicial históricamente adoptado por la Corte, según el cual los términos cuantitativos de la pretensión fiscal solo debían ser invalidados en caso de confiscación, no permitía dar una adecuada respuesta a la protección constitucional de contribuyentes como los anteriormente descriptos; lo que no importaba desterrar el criterio de la ‘no confiscatoriedad’ del tributo como pauta para evaluar la adecuación cuantitativa de un gravamen a la Constitución Nacional, sino advertir que tal examen de validez, centrado exclusivamente en la capacidad contributiva potencial del contribuyente, ignoraba otras variables necesarias, fijadas por el propio texto constitucional, para tutelar a quienes se encontraban en tan excepcional situación; -afirmó que el análisis integral de la capacidad contributiva implicaba que la equiparación de un jubilado en condiciones de mayor vulnerabilidad con otro que no se encontraba en esa situación, pasa por alto el hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual manera en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero que en el segundo; por manera que, la misma capacidad económica, convertida sin más por el legislador en capacidad contributiva, estaba destinada a rendir en ambos casos de manera diferente, desigualando en la realidad lo que el legislador igualó; -advirtió que la estructura tipificada por el legislador (hecho imponible, deducciones, base imponible y alícuota) terminaba por subc ategorizar mediante un criterio estrictamente patrimonial (fijando un mínimo no imponible) a un universo de contribuyentes que, de acuerdo a una realidad que la Constitución obliga aconsiderar, se presentaba heterogéneo; deviniendo la opción legislativa elaborada originariamente en un contexto histórico diferente, con un marco constitucional previo a la última reforma de la Norma Fundamental, y reiterada casi automáticamente a través de los años, insuficiente y -en el específico caso examinado- contraria al mandato constitucional; -tras referir las circunstancias propias de la actora (edad, estado de salud y alcance de los descuentos practicados sobre el beneficio jubilatorio en concepto de Impuesto a las Ganancias) concluyó que, en la especie, la tipología originaria del legislador, resultaba una manifestación estatal incoherente e irrazonable, violatoria de la Constitución Nacional; -razonó que era probable que la falta de percepción final respecto de la subcategorización de los jubilados, incorporando los elementos relevantes de la vulnerabilidad a la capacidad económica inicial, se explicara por la reiteración de un standard patrimonial escogido varias décadas atrás en las que era tecnológicamente imposible distinguir -dentro del universo rotulado como ‘jubilados’- entre quienes eran vulnerables en mayor o menor medida; diferenciación que actualmente podía extraerse -cuanto menos en sus trazos más notorios, que es lo que busca el legislador- a partir de la propia información registral en poder del Estado, bastando con cruzar los datos de los departamentos previsionales y asistenciales estatales competentes para generar subclasificaciones que conformaran estándares impregnados de justicia y simplificaran la tarea revisora de los tribunales; -precisó que no se pretendía desde el Poder Judicial establecer, a los efectos del pago del Impuesto a las Ganancias, cuál debía ser la capacidad contributiva de cada jubilado en concreto, pues ello equivaldría -desde el punto de vista lógico- a consagrar la insensatez de promover tantas categorías como beneficiarios existieran en el sistema, y -desde el punto de vista jurídico- asumir una tarea propia del legislador, violentando el principio republicano de la división de poderes; sino, ejerciendo competencias propias, analizar -cuando un caso llegaba a la decisión del poder encargado de resolver- si en la causa el standard genérico utilizado por el legislador cumplíarazonablemente con los principios constitucionales o si, por el contrario, su aplicación concreta vulneraba derechos fundamentales. En tal hipótesis, explicó, lo que correspondía hacer a la magistratura era declarar la incompatibilidad de la norma con la Constitución en el caso concreto, sin perjuicio de poner en conocimiento del Congreso la situación, para que este, identificara situaciones y revisara, corrigiera, actualizara o complementara razonablemente el criterio genérico originario atendiendo al parámetro establecido por la justicia; -por lo demás, agregó que la decisión que se adoptaba se enrolaba dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de seguridad social, en las que el Tribunal se ha manifestado particularmente sensible a las cuestiones vinculadas al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad (artículo 75, inciso, 23); -remarcó que, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, era su deber expedirse en el caso, recordando que mediante acordada 5/2009 este Tribunal ha adherido a las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, documento en el que se considerara tales a quienes, por diversas razones, encontraban especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico; -hizo hincapié en que, habida cuenta la relación de colaboración que ha de existir entre los departamentos de Estado, correspondía hacer saber a las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones generales necesarias, que la omisión de disponer un tratamiento diferenciado para aquellos beneficiarios en situación de mayor vulnerabilidad que se encontraban afectados por el tributo (en especial los más ancianos, enfermos y discapacitados), agraviaba la Constitución Nacional en los términos citados precedentemente; y -acordó que, hasta que el Congreso Nacional legislara sobre el punto, no podría retenerse suma alguna en concepto de Impuesto a las Ganancias a la prestación previsional de la demandante, debiendo, asimismo, confirmar lasentencia apelada en cuanto ordenó el reintegro de los importes abonados por la actora con sustento en las normas declaradas inconstitucionales.

XI.- Sentado lo expuesto, respecto de la admisibilidad formal, cabe destacar que las manifestaciones esbozadas al efecto no han de prosperar, habida cuenta que la relación jurídica procesal y sustancial que se ha configurado en autos guarda esencial analogía con aquella que fuera suscitada en el precedente «García» citado ut supra.

En efecto, tanto las condiciones personales de los accionantes (jubilados) como la naturaleza de la pretensión esgrimida (consistente en que se declare la invalidez constitucional de las disposiciones legales que gravan con el Impuesto a las Ganancias a las rentas provenientes de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal) y la vía intentada (la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad) resultan concordantes con las que coincidieron en el pronunciamiento del Alto Tribunal que se acaba de referir.

De igual modo, es dable señalar que las manifestaciones introducidas por el Fisco Nacional, vinculadas a la existencia de otra vía alternativa (prevista por la ley 11.683 -que requiere el reclamo previo del contribuyente ante la AFIP y que prevé el posterior procedimiento descripto en dicha norma-) que excluiría la pertinencia de la elegida, no forman obstáculo a la procedencia de esta acción, desde que ella no resulta una vía idónea para tratar la petición de los accionantes, en tanto ésta involucra el planteo de inconstitucionalidad de las normas legales por las cuales se aplicara sobre sus haberes previsionales el Impuesto a las Ganancias, lo que, evidentemente, descarta la posibilidad de que el reclamo pueda ser tratado por la Administración en su propia sede (conf. esta Sala en autos 31.066/2019 «álvarez Rodríguez, María Gloria c/AFIP – DGI s/amparo ley 16.986», resol.del 22/9/2020).

Lo expuesto conlleva el rechazo de los agravios del Fisco Nacional sobre el punto.

XII.- Así las cosas, en concordancia con los lineamientos que emanan de la sentencia recaída en la causa «García» (op. cit.), cabe poner de relieve que dicha doctrina que ha sido reiterada por el Máximo Tribunal en sus posteriores pronunciamientos (ver FPA 2138/2017 y otros FPA2138/2017/2 «Godoy, Ramón Esteban c/AFIP s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad», sent. del 7/3/2019; FPA 3588/2016 y otros FPA 3588/2016/2 «Rossi, María Luisa c/AFIP s/acción meramente declarativa de derecho», sent. del 28/5/2019; CAF65.015/2016 y otros CAF65.015/2016/1 «Castro, Beatriz Marina c/ EN – AFIP s/proceso de conocimiento», sent. del 2/7/2019; FBB13.242/2015 «Villegas, Raquel Nora y otros c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/acción meramente declarativa de derecho», sent. del 17/9/2019; entre muchos otros; ver los fallos publicados en «www.csjn.gov.ar, sentencias de la Corte Suprema; sumarios -1863-2020-; Fallos 342:411; Análisis Documental).

Y es aquí donde debe repararse en que si bien en el caso de Fallos 342:411 («García, María Isabel»), la accionante, que contaba con 79 años de edad, padecía una enfermedad y se practicaban sobre sus haberes de retiro las retenciones señaladas en el considerando que antecede (circunstancias fácticas que no resultaron controvertidas), lo cierto es que -y en esto, cabe hacer especial hincapié- el Alto Tribunal en sus sentencias posteriores, ha seguido la doctrina sentada en dicho precedente, con independencia de la situación particular de cada demandante.

Así, en la causa «Calderale, Leonardo GuA.c/Anses s/reajustes varios» , la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en lo que aquí interesa, declaró la inconstitucionalidad del artículo 79, inciso c), de la ley 20.628 y del artículo 115 de la ley 24.241, en la medida que, al practicarse la liquidación del haber, éste superara el mínimo no imponible tornándose pasible de tributar el Impuesto a las Ganancias (ley 27.346); a la vez que declaró exentas del pago de dicho tributo retroactivas que se reconocieren en favor del titular; ello, sin hacer especial referencia a las particularidades del jubilado reclamante en dichas actuaciones (ver la sentencia recaída el 16/5/2017, en los autos citados). Dicho pronunciamiento quedó firme, en atención a que el 1/10/2019, el Alto Tribunal denegó -en dicha causa, entre muchas otras- el recurso extraordinario deducido, por considerar que resultaba inadmisible, en los términos del artículo 280 del CPCCN (ver CSS12.557/2006 «Iglina, Enrique Anselmo c/ANSES s/reajustes varios», y las causas indicadas en dicha sentencia).

Tal criterio, ha sido el seguido por esta Sala en distintos pronunciamientos, bien que en el acotado marco propio de las medidas cautelares -peticionadas por jubilados-, y con ceñimiento a la consideración provisional que es propia del estudio de la configuración del recaudo de la verosimilitud del derecho (conf., a título ejemplificativo, esta Sala, en autos 69.152/2019 «Leone, Hugo Feliciano c/EN-AFIP s/amparo ley 16.986», resol. del 14/7/2020 y sus citas); así como en las apelaciones deducidas contra las sentencias que habían hecho lugar a los amparos oportunamente deducidos por los respectivos accionantes (conf., a título ejemplificativo, esta Sala, en autos 63.875/2019 «Daroux, José Hipólito c/EN – AFIP s/amparo ley 16.986», resol.del 15/10/2020).

XIII.- Si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la autoridad suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. CSJN, Fallos 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos «Bravo de Laguna, Leandro c/EN – EMGE – Resol. 5/VI/ 95 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg.», sent. del 8/11/2012; entre otros).

Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley.

XIV.- Desde la perspectiva apuntada, lo real y concreto es que los accionantes, por su condición de adultos mayores jubilados sobre cuyos haberes de retiro se practican retenciones en concepto del Impuesto a las Ganancias, pertenecen al colectivo aludido por el Máximo Tribunal en los precedentes citados.

Es así que, en las presentes actuaciones, a juicio de este Tribunal y en concordancia con lo sostenido por la señora jueza de grado, corresponde la aplicación de la doctrina del Alto Tribunal, sentada a partir del dictado del fallo «García» y reiterada en forma inveterada en los pronunciamientos posteriores.

De este modo, y teniendo como directriz los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal (que ponen el foco en la situación de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo que integran los accionantes, y la falta de consideración de dicha circunstancia por la ley del Impuestoa las Ganancias), que resultan plenamente aplicables en autos, es que corresponde el rechazo, en cuanto al fondo de la cuestión debatida, del recurso del Fisco Nacional.

XV.- En consonancia con cuanto se lleva expuesto, téngase presente que, a la luz de esas premisas de análisis, es importante advertir que el Alto Tribunal no afirma que los beneficios previsionales no deban tributar Impuesto a las Ganancias, o que se produzca una doble imposición. El precedente reseñado parece aceptar la tributación por parte de esos sectores, pero llama al legislador a adoptar una regulación diferenciada, que tome particularmente en cuenta los riesgos de ancianidad y de discapacidad, contingencias frecuentes en quienes perciben ese tipo de prestaciones. En otras palabras, las razones de la Corte difieren de los argumentos actorales, en tanto persiguen una exención tributaria en forma incondicionada de sus haberes de pasividad en base a su interpretación de las normas constitucionales. Ello, en tanto el criterio del Alto Tribunal no se asienta en consideraciones teóricas, sino en la condición de vulnerabilidad en que concretamente se encuentran las personas de edad avanzada, lo cual hace necesario que el legislador -en caso de decidir que tales sectores tributen sobre sus prestaciones de la seguridad social-, regule de manera diferenciada tales supuestos. Como se advierte en «García», la legislación tributaria aquí impugnada no satisface esa condición, en tanto iguala a todos los titulares de beneficios previsionales, tomando como único criterio su capacidad contributiva. Dicho parámetro es insuficiente, porque no toma en cuenta los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad, con arreglo a los cuales debe juzgarse la legislación tributaria. Por lo tanto, corresponderá al Congreso tomar en cuenta los distintos aspectos que pueden incidir en la percepción de una prestación previsional digna, evitando llegar a gravar de manera irrazonable tales prestaciones» (conf. Sala V del Fuero, en autos 38.306/2017 «Balaguer, Jorge Vicente c/EN – AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva», sent.del 4/10/2019, voto del doctor Treacy, al que adhirió el doctor Gallegos Fedriani; y esta Sala, en autos 5632/2016 «Bregliano, Liliana Agueda c/EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva», resol. del 4/8/2020 y 24.994/2019 «Cabrera, César Aníbal y otros c/EN – AFIP – DGI s/proceso de conocimiento», sent. del 24/9/2020).

A ello, debe agregarse que no se advierte -tal y como ha sido manifestado por la accionada- que con la decisión cuestionada, se vulnerara el principio de división de poderes, arrogándose el Poder Judicial facultades que corresponden constitucionalmente al Poder Legislativo, estableciéndose exenciones no contempladas por ley o que se violentara el principio de legalidad en materia tributaria, sino -ante bien-, que dicha decisión es en el claro ejercicio de la potestad judicial del control de constitucionalidad de las leyes en el marco de un caso concreto, al declarar la inconstitucionalidad de los artículos. 23, incis c), 79, inciso c), 81 y 90, todos de la ley del Impuesto a las Ganancias en la presente causa, de conformidad con las atribuciones previstas por el artículo 116 y siguientes de la Constitución Nacional, y con expreso ajuste a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes referidos, autoridad suprema del Poder Judicial de la Nación e intérprete último y más genuino de la Constitución Nacional (conf., esta Sala, en autos «álvarez Rodríguez», op. cit.).

XVI.- A mayor abundamiento, cuadra destacar que la totalidad de las Salas que integran esta Cámara de Apelaciones coinciden en esta solución (véase, en este sentido y sin perjuicio de otros, Sala I, en autos 33.925/2019 «Salomón, Miguel Antonio y otro c/EN – AFIP s/proceso de conocimiento», sent. del 3/11/2020; esta Sala, en autos 10.249/2020 «Sueiro, Horacio fernando c/EN – AFIP s/proceso de conocimiento», sent. del 1/12/2020; Sala III, en autos 10.512/2020/1 «Pessana, Enrique José y otro c/EN – AFIP s/inc. apelación», sent.del 9/12/2020; Sala IV, en autos 50.936/2019 «Paura, José y otro c/EN – AFIP s/proceso de conocimiento», sent. del 6/10/2020; y Sala V, en autos 4009/2020 «Lo Russo, Rodolfo c/EN – AFIP s/amparo Ley 16.986», sent. del 27/10/2020).

XVII.- Ahora bien, en lo que respecta a la extensión del reintegro ordenado, en la medida en que el pedido se sustentó en las normas que la jueza de grado declaró inconstitucionales, decisión de fondo que el Tribunal por la presente confirma, resulta razonable que el reconocimiento se limite a partir del momento en que los accionantes plantearon la inconstitucionalidad de dichas normas (ello sin perjuicio del derecho que pudiere asistirles de reclamar el reintegro de sumas retenidas con anterioridad, pretensión que deberán articular por la vía y forma que corresponda).

Tal ha sido el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «García» (op. cit.; esp. Considerando 23 y punto III de la parte resolutiva) y por la Sala I del Fuero en autos 1546/2020 «Mastroianni, Mariángela Antonietta c/AFIP – DGI s/amparo ley 16.986», resol.del 11/12/2020 y sus citas).

Ello así y en tanto no se advierten circunstancias especiales que ameriten en la especie adoptar una solución distinta, corresponde admitir el agravio esbozado al efecto por el Fisco Nacional y, consecuentemente, limitar el reintegro a los descuentos efectuados en los haberes de los accionantes desde la fecha de inicio de esta acción.

XVIII.- En lo atinente a la tasa de interés, el pedido de los accionantes no puede ser acogido, en tanto existen normas específicas que regulan la materia, cuya constitucionalidad no fue puesta en tela de juicio, por lo que han de ser seguidas.

Al respecto, cabe aclarar que, aún cuando la señora jueza hiciera alusión a la resolución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, la tasa vigente en la materia resulta ser la contemplada en la resolución del Ministerio de Hacienda 598/2019 (que dejó sin efecto la antes mencionada y, conforme las previsiones de su artículo 10, entró en vigencia el 19/7/2019 y surte efectos desde el 1/8/2019).

Por lo tanto, los montos, retenidos por aplicación de las normas descalificadas, devengarán intereses hasta su efectivo pago conforme la tasa de interés prevista en la resolución del Ministerio de Hacienda 598/2019 dado que los actores no introdujeron un planteo de inconstitucionalidad adecuadamente fundado contra la aplicación de las normas que específicamente regulan la materia (conf. CSJN, Fallos 342:1170; Sala I del Fuero, en autos 38.408/2019 «Arizio, Rafael c/EN – AFIP s/amparo ley 16.986», resol. del 19/12/2019).

XIX.- Finalmente, en cuanto a la distribución de las costas relativas a la instancia de grado, motivo de agravio de los accionantes, en atención a lo novedoso de la cuestión planteada y a las particularidades del caso, corresponde confirmar el criterio adoptado por la jueza de grado de distribuirlas en el orden causado (conf. artículo 68, segunda parte, del CPCCN).

Por iguales razones, las costas de esta Alzada también se distribuyen en el orden causado.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1°) desestimar el recurso intentado por los accionantes; 2°) admitir parcialmente la apelación del Fisco Nacional; y 3°) distribuir las costas de esta Alzada en el orden causado.

Por lo expuesto, se confirma la sentencia de grado que admitió la acción intentada por los accionantes, con las modificaciones efectuadas en lo relacionado al reintegro (Considerando XVII) y las salvedades relativas a la tasa de interés (Considerando XVIII).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírense las actuaciones a la instancia de origen.

JOSé LUIS LOPEZ CASTIñEIRA

MARíA CLAUDIA CAPUTI

LUIS MARíA MáRQUEZ

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