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#Fallos Permisos de embarque: Un banco debe indemnizar al Estado Nacional por el daño ocasionado con motivo del pago indebido de reintegros por exportaciones, al no haber controlado las firmas de los funcionarios aduaneros

Partes: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos – Estado Nacional c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. y otros s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 22-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-130325-AR | MJJ130325 | MJJ130325

La entidad financiera debe indemnizar al Estado Nacional por el daño ocasionado con motivo del pago indebido de reintegros por exportaciones, al no haber controlado las firmas de los funcionarios aduaneros.

Sumario:

1.-Es procedente admitir la demanda iniciada por el Estado Nacional contra una entidad financiera con el objeto de que se indemnicen los daños sufridos por pagos indebidamente realizados en concepto de reintegros por exportaciones porque del marco normativo aplicable se colige la implantación de un sistema de elevada complejidad a raíz de la interacción de una multiplicidad de sujetos intervinientes -exportadores, A.N.A., bancos y el BNA-, cada uno de ellos con obligaciones y responsabilidades diversas y dentro de ese funcionamiento recaía en la demandada el cumplimiento de dos deberes específicos como son verificar la correcta integración de la fórmula para liquidar el reintegro y confrontar la autenticidad de las rúbricas extraídas del ejemplar 8 de cada permiso de embarque, lo cual no hizo toda vez que exhibió una falta de diligencia en el confronte de la autenticidad de las rúbricas de los funcionarios aduaneros.

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2.-La conducta impuesta a las entidades bancarias las aleja de una eventual ligereza en el cumplimiento de su obligación de examinar los requisitos extrínsecos de un documento -noción aplicable tanto a títulos cartulares como a permisos de embarque presentados para los reintegros por exportaciones-, entre los que ineludiblemente corresponde incluir a sus firmas, máxime cuando, como en el caso, le han sido impuestas obligaciones específicas bajo los cánones de un sistema meticulosamente reglado por la autoridad competente.

Fallo:

En Buenos Aires, a 22 de diciembre de 2020, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso interpuesto en los autos caratulados «Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos – Estado Nacional c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. y otros s/ Proceso de Conocimiento», el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apeladá El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán, dijo:

1o) Que, por pronunciamiento de fs. 2180/2189 vta., el señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el Estado Nacional -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos- contra la entonces Banca Nazionale del Lavoro S.A. (en adelante, BNL), con el objeto de que se indemnizaran los daños y perjuicios ocasionados por pagos indebidamente realizados -a partir de la actuación negligente de la entidad bancaria- en concepto de reintegros por exportaciones dentro del período comprendido entre el 01/09/1991 y el 01/03/1993.

En consecuencia, ordenó la devolución de las sumas obladas bajo tales premisas con relación a 16 permisos de embarque, difiriendo a la etapa de ejecución de sentencia la determinación de su monto total. Por el contrario, desestimó la pretensión en torno a otros dos permisos.

Asimismo, señaló que el importe contemplaría intereses -desde que cada suma había sido depositada en la BNL- a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (cfr. Cámara Civil en pleno, in re «Samudio de Martínez, L c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.» , sentencia del 20/04/2009).

En atención a la falta de admisión íntegra de la demanda y a la existencia de vencimientos parciales y mutuos, estableció una distribución de los gastos causídicos con arreglo a la siguiente proporción:a) 90% a cargo de la parte demandada; y b) 10% en desmedro de la parte actora (cfr. art. 71 del CPCCN).

Para así resolver, y una vez reseñados los elementos probatorios adunados a la causa, determinó el régimen legal aplicable al sub examine -vale decir, Código Aduanero; decreto 1011/91; y comunicaciones BCRA «A» 1856/91 y «A» 1897/91- en función de su vigencia al momento de interposición del escrito de inicio. Estimó que tal entramado normativo exhibía una relación secuencial y concatenada entre exportadores, la Administración Nacional de Aduanas (en adelante, A.N.A.), las entidades bancarias y el Banco de la Nación Argentina (en adelante, BNA) para la percepción de reembolsos de tributos por exportaciones, con una delimitación concreta de los roles atinentes a cada uno de ellos.

Ahondando en esta línea de razonamiento, puso de relieve que, a las entidades bancarias intervinientes en la operatoria precitada, se les había asignado un deber de control preciso, a saber: a) verificar la autenticidad de las firmas de los funcionarios aduaneros que intervenían en la suscripción del formulario 8, confrontadas con las planillas que contenían el registro de rúbricas del personal aduanero autorizado; y b) corroborar la correcta integración de la fórmula para liquidar el reintegro.

Subrayó que, a los fines de demostrar el incumplimiento de estos extremos, debían acreditarse los presupuestos propios de la responsabilidad civil, con los matices iuspublicistas emergentes de una actividad con intensa regulación estatal. Asimismo, consideró que no podía soslayarse el carácter oneroso y especializado de la actividad desplegada por la BNL, cuyas operaciones -regladas por el art. 8o, inc. 3o, del Código de Comercio entonces vigente- imponían una ejecución diligente y ajustada al estándar de responsabilidad agravada en razón del alto grado de profesionalidad de quien las realizaba.

Sostuvo que, de acuerdo con las probanzas recolectadas en autos, se había comprobado que la BNL efectuaba el cotejo de rúbricas referido.Ponderó que la actuación presumarial 3960/93 del Banco Central de la República Argentina -tercero citado en el pleito- había sido promovida a partir de la denuncia realizada por la propia entidad demandada al advertir irregularidades en las firmas de dos permisos de embarque -PE 1280-0, del 20/08/1992; y PE 1305-6, del 27/08/1992-. En este contexto, y con sustento en la falta de mérito para formular cargos sumariales decidida en dicho sumario, desestimó la responsabilidad de la BNL en torno a ellos.

Empero, interpretó que tales conclusiones no resultaban extensibles a otros supuestos sobre los cuales se había comprobado un accionar negligente de la BNL en el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias. Sobre el punto, destacó una falta de diligencia inexcusable respecto de la multiplicidad de pagos originada a partir de algunos permisos de embarque duplicados en su numeración -PE 046-1, 048-5, y 047-8-, más disímiles en los restantes elementos constitutivos del documento -verbigracia, fecha de emisión; número de operación interna; productos; códigos arancelarios; e importes-.

Puntualizó que esta tesitura resultaba reafirmada y agravada a raíz de la pericia caligráfica obrante en autos, en tanto informó profusas divergencias de rasgos estructurales en las firmas insertas en 16 permisos de embarque -incluyendo aquellos duplicados en función de su número identificatorio- al contrastarlas con el boletín de facsímiles de firmas de personal autorizado por la A.N.A. para suscribir documentación. Expuso que, si bien tal obligación de confronte no requería del empleado bancario interviniente el despliegue propio de una actividad técnica caligráfica, tampoco podía verse reducida a un control meramente superficial. Máxime cuando, por la índole de la labor encomendada, tales agentes adquieren una experiencia que les permite advertir adulteraciones imperceptibles a los ojos de personas ajenas a la actividad.

2o) Que, disconformes con el pronunciamiento, tanto el HSBC Bank Argentina S.A. -presentado a la causa a fs. 348/349 como consecuencia del proceso de fusión por absorción del Hexagon Bank Argentina S.A.(anteriormente, Banca Nazionale del Lavoro S.A.), acontecido en 2006 y acreditado a fs. 234, 236/244, 247/338 y 340/347- como el Estado Nacional interpusieron sendos recursos de apelación (fs. 2190/vta. y 2194/vta.), que fueron concedidos libremente (fs. 2195).

Puestos los autos en la Oficina, la parte actora expresó agravios a fs. 2198/2201, los que fueron contestados por su contraria mediante presentación del 03/08/2020.

Por su parte, la entidad demandada presentó su memorial a fs. 2206/2223 vta., que resultó replicado por el Estado Nacional y por el tercero citado BCRA (presentaciones del 10/08/2020 y del 12/08/2020, respectivamente).

3o) Que el Estado Nacional tilda de improcedente la distribución proporcional de costas ordenada por el a quo, toda vez que -a su entender- la demanda ha prosperado en todos sus términos.

Sobre el particular, rememora que el objeto principal de su pretensión consistió en el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la BNL, durante el lapso transcurrido entre el 01/09/1991 y el 01/03/1993, ante el pago indebido de reintegros a las exportaciones. Desde esta perspectiva, alega que -en tanto jamás direccionó su reclamo hacia permisos de embarque individualizados- el monto del pleito carecía, en sus orígenes, de determinación alguna, quedando sujeta su cuantificación al resultado de las pericias que se produjeran en autos.

En tales condiciones, solicita la imposición de los gastos causídicos a la BNL, sustancialmente vencida, con arreglo al principio general en la materia.

4o) Que, por su parte, la entidad demandada sostiene que la sentencia recurrida carece de fundamentación jurídica suficiente para imputarle un accionar negligente en el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias.En este sentido, y al desarrollar una exégesis del régimen legal aplicable al caso, observa que los bancos intervinientes debían limitarse a la verificación de los errores u omisiones en la integración de la fórmula para el reembolso de los reintegros bajo examen; circunstancia que, a contrario sensu, excluía la constatación de la veracidad formal de las operaciones de exportación.

De conformidad con esta línea argumental, afirma que la multiplicidad de pagos autorizados con base en permisos de embarque coincidentes en su numeración identificatoria no configura una falta de diligencia de su parte. Al respecto, razona que el sistema de control diseñado por la A.N.A. imposibilitaba que la BNL lo advirtiese al momento de su intervención; máxime cuando los restantes elementos constitutivos de la documentación resultaban disímiles.

En otro orden de ideas, remarca que la realización habitual de la compulsa de firmas por parte de la BNL ha sido corroborada a partir del informe BCRA 3960/93. Ante este cuadro de situación, colige que las rúbricas objeto de litis no presentaban adulteraciones groseras o detectables a simple vista, sin que pueda exigírsele a su personal una destreza equiparable a la de un perito calígrafo.

Por consiguiente, proclama la ineficacia del informe pericial caligráfico obrante en autos como elemento probatorio. Sobre el particular, subraya su realización a partir de ejemplares fotocopiados «de pésima calidad» (fs. 2212, in fine), lo cual impide otorgar relevancia significativa a un análisis técnico que se circunscribió al estudio morfológico de cada firma. Por lo demás, sostiene que el peritaje no evaluó la posibilidad de que las discrepancias existentes pudieran responder a una variación natural de los suscriptores.

Aduce que el a quo omitió la ponderación de diversas probanzas favorables a su tesitura, a saber: a) la absolución de posiciones efectuada por la parte actora; b) el informe provisto por el entonces HSBC Banco Roberts S.A.a los fines de describir el procedimiento de reembolsos; y c) las declaraciones testimoniales del personal de la BNL.

Por otra parte, enfatiza que la existencia de una actividad defraudatoria dentro de la A.N.A. no puede ser soslayada al momento de analizar su conducta en el sub lite, toda vez que la tramitación y el control de los permisos de embarque dependía de ella. En este sentido, resalta que los documentos «llegaban al banco en sobre cerrado y rubricado, asegurando la calidad del sobre y (.) que su contenido no había sido violado» (fs. 2220 vta.).

Finalmente, manifiesta que la tasa de interés establecida para el cómputo de intereses constituye un incremento indebido del contenido económico de la condena; circunstancia de singular significación en un pleito de más de veinte años de antigúedad.

5o) Que, como reflexión inicial, resulta oportuno destacar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre muchos otros; y, en sentido análogo, esta Sala, in re «Larraburu, Juan Pedro c/ Estado Nacional», sentencia del 07/04/1992; «Caimi, Gabriela Beatriz c/ Estado Nacional s/ Daños y Perjuicios», sentencia del 15/11/2013; «Sambataro, Miguel Alfredo c/ Estado Nacional s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg», sentencia del 02/09/2014; «Velásquez Flórez, Rubén Darío c/ Estado Nacional s/ Recurso Directo», sentencia del 28/03/2017; y «Chávez Ruiz, Digmar Félix c/ Estado Nacional s/ Recurso Directo DNM», sentencia del 27/06/2017, entre muchas otras).

6o) Que, por razones de claridad expositiva, corresponde primeramente a este Tribunal recapitular el objeto del sub discussio, para así luego ingresar en el análisis de los agravios expuestos en esta instancia.Al respecto, no puede soslayarse que el escrito de inicio interpuesto por el Estado Nacional tuvo por propósito el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados frente a pagos indebidamente realizados -a raíz del obrar negligente de la entonces BNL- en concepto de reintegros por exportaciones durante el período comprendido entre el 01/09/1991 y el 01/03/1993.

A los fines de precisar el alcance su petición, circunscribió el reclamo a aquellos reembolsos mal abonados de conformidad con las siguientes hipótesis, a saber: a) permisos de embarque inexistentes en la Aduana de registro; o b) permisos de embarque con constatación en la Aduana de registro, aunque presentando irregularidades puntuales -esto es, su llenado con datos disímiles; su falta de adecuación a los requisitos impuestos por el legislador para solicitar el reintegro; o la ausencia del trámite de reintegro pertinente-.

Destacó que, en los supuestos precitados, la BNL invariablemente emitió los correspondientes volantes de liquidación de reintegros de tributos con el propósito de acreditar los fondos pertinentes (cfr. fs. 60). Por último, afirmó que el monto del reclamo -ab initio, indeterminado- se fijaría a partir de las probanzas a producirse en autos (cfr. fs.57).

7o) Que el thema decidendum así propuesto exige -como lógica consecuencia- el análisis del plexo normativo aplicable al sub lite, para así dilucidar si ha acontecido una inobservancia de los deberes de control a cargo de la BNL al autorizar los reembolsos por reintegro de exportaciones bajo examen; o si, por el contrario, la entidad bancaria ha ajustado su accionar a la legislación entonces vigente.

Sobre el particular, vale poner de resalto que la temática en crisis se asienta, ante todo, en los parámetros delineados por el Código Aduanero, cuyo artículo 825 preceptúa que el régimen de reintegros «es aquél en virtud del cual se restituyen, total o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exportare para consumo a título oneroso, o bien por los servicios que se hubieren prestado con relación a la mencionada mercadería».

Con el propósito de sistematizar tal régimen, el decreto 1011/91 -según el texto imperante durante el acaecimiento de los hechos en debate- estipuló un nuevo esquema conforme al cual «[l]os exportadores de mercaderías manufacturadas en el país, nuevas sin uso, tendrán derecho a obtener el reintegro total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y comercialización» (art. 1o).

De su articulado, se desprende que la A.N.A.

«fiscalizará que la liquidación de los reintegros de tributos interiores responda a la alícuota establecida por la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo» (art.5o). Por su parte, el banco interviniente «procederá a pagar a los exportadores los importes que resulten, con la documentación suministrada por la ADMINISTRACIóN NACIONAL DE ADUANAS utilizando el tipo de cambio, para la conversión de la moneda extranjera en nacional de curso legal, cierre comprador del BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA del día anterior al de efectuarse su acreditación en cuenta al exportador siempre que se certifique el pago de los tributos que gravaren la operación objeto del beneficio» (art. 6o, énfasis añadido).

8o) Que, por añadidura, tanto el BCRA como la A.N.A. emitieron reglamentación complementaria a los fines de trazar con precisión los roles atinentes a cada uno de los sujetos participantes en la operatoria. En este sentido, la Comunicación «A» 1856 del BCRA dispuso que «[e]l banco interviniente deberá contar con el ejemplar 8 del Permiso de Embarque, en el que constará la pertinente liquidación y el correspondiente ‘cumplido’, con la firma y aclaración del funcionario aduanero interviniente» (punto 1.2, énfasis añadido).

Asimismo, puso de relieve que las entidades bancarias «deberán verificar especialmente la correcta integración de la fórmula para liquidar el reintegro y serán responsables por pagos indebidos originados en eventuales errores en esa integración» (punto 1.4.4, énfasis añadido). A tales efectos, demarcó que los bancos intervinientes «integrarán los elementos de las fórmulas, consignando los datos que a continuación se indican, extraídos del ejemplar 8 del Permiso de Embarque obtenido según el procedimiento previsto en el punto 1.2». Allí se incluyó -entre otros- al número de permiso de embarque, tomando como referencia el «correspondiente a la operación que se acredite, debiendo asentarse en todos los casos los 2 últimos dígitos del año del documento y el dígito de control pertinente.Esta información se obtendrá de los campos 6, 7 y 8 de la Hoja Carátula, respectivamente» (punto 1.4.2, énfasis añadido).

Se requirió la suscripción de las fórmulas por «2 funcionarios del banco interviniente» a los fines de su validez (punto 1.4.5); y se dispuso el destino para cada uno de sus elementos, según el siguiente detalle: «Elemento 1: para presentar en Cámara [Compensadora de la Capital Federal] (ajustado a las especificaciones vigentes para el reconocimiento de caracteres magnéticos).

Elemento 2: para el banco interviniente.

Elemento 3: para el exportador.

Elementos 4 a 6: para el Banco de la Nación Argentina» (punto 1.4.7).

Una vez efectuada la acreditación de los fondos a la entidad bancaria, ésta «deberá acreditarlos en cuenta al exportador, en la misma fecha en que se obtenga la conformidad del Banco de la Nación Argentina» (punto 1.7). Por su parte, el BNA se hallaba constreñido a remitir a la A.N.A. uno de los elementos que había recibido del banco interviniente -vale decir, elementos 4 a 6- «a los fines de su control» (punto 1.5.2, énfasis añadido).

Adicionalmente, la resolución 1498/91 de la A.N.A -reproducida en su integridad por la Comunicación «A» 1897/91 del BCRA- consignó lo siguiente:

«Los Señores Jefes de los Departamentos Operacional Capital y área Operacional Ezeiza y Administradores de Aduanas adoptarán las medidas pertinentes para registrar las firmas de los Guardas intervinientes y facilitar su inmediata autenticidad por los sectores responsables, y remitirán los Facsímiles de las firmas de los funcionarios que acrediten su autenticidad a la División Despacho para su publicación en el Boletín de la Repartición para su mejor difusión y conocimiento, además, de las entidades bancarias, debiendo mantener permanentemente actualizada esta información» (punto 2.1.6, Anexo II; énfasis añadido).

Por lo demás, procuró reglar el control aduanero a realizarse en torno a los ejemplares 8 y 0 de cada permiso de embarque.En este orden de ideas, acentuó que el personal competente debía establecer el cumplido de embarque, entregando tales ejemplares al exportador «bajo sobre cerrado, rubricando el borde de la solapa del mismo y colocando cinta autoadhesiva, cubriendo la firma y asegurando la inviolabilidad del sobre» (punto 2.1.1, Anexo II; énfasis añadido). Por su parte, le correspondía a la Sección Regímenes Promocionales -o su equivalente en Aduanas del Interior- la constatación de que la liquidación «se encuentra en condiciones y no adolece de errores o datos incompletos» (punto 2.1.2, Anexo II). Finalmente, destacó que las firmas de aquellos guardas que certificaren los «cumplidos» requerían una autenticación ulterior por el Sector Registro de Firma de la División Importación o por el Departamento área Operacional Ezeiza, según correspondiere (punto 2.1.5).

9o) Que, del marco normativo antedicho, se colige la implantación de un sistema de elevada complejidad a raíz de la interacción de una multiplicidad de sujetos intervinientes -vale decir, exportadores, A.N.A., bancos y el BNA-, cada uno de ellos con obligaciones y responsabilidades diversas.

Dentro de este funcionamiento, recaía en la entonces BNL -como entidad financiera partícipe en la especie y a los fines de percibir la correspondiente comisión por su accionar- el cumplimiento de dos deberes específicos, a saber:a) verificar la correcta integración de la fórmula para liquidar el reintegro; y b) confrontar la autenticidad de las rúbricas extraídas del ejemplar 8 de cada permiso de embarque.

En tales condiciones, la reglamentación vigente exigía el acatamiento ineludible de ambas obligaciones para liberar de responsabilidad al banco en cuestión.

10) Que, como prolegómeno al analizar la responsabilidad de una entidad bancaria, no puede perderse de vista que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ha resaltado su calidad de comerciante con un elevado grado de especialidad en las materias a su cargo; circunstancia que la obliga a proceder con suma prudencia y acabado conocimiento de su actividad profesional (CNCom, Sala D, «Elmadjian, Verónica Noemí c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ ordinario», sentencia del 03/03/2017).

Por estos motivos, la conducta del banco no puede ser evaluada con los parámetros atinentes a un neófito, toda vez que tal actividad le impone ajustarse a un estándar de responsabilidad agravada (cfr. CNCom, Sala A, «González, Ana c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A», sentencia del 28/12/06; Sala C, «Stamati, Héctor Gustavo c/ Visa Argentina S.A.», sentencia del 07/05/2013; Sala D, «Angelini, Fernando Gabriel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires», sentencia del 19/09/2007, y «Parodi, Carlos Héctor c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.», sentencia del 01/11/2016; entre muchos otros).

11) Que, en lo que respecta a la correcta integración de la fórmula, la reglamentación vigente al momento de los hechos en debate y la documentación incorporada a la causa no permiten inferir la existencia de inobservancia alguna por parte de la BNL.

En efecto, no puede soslayarse que esta operatoria presentaba -como eje central- la exhibición del formulario 8 de cada permiso de embarque.Empero, su obtención requería la previa verificación de una serie de etapas concatenadas, con punto de partida en la superación del filtro a cargo de la A.N.A.

Sobre el particular, el BCRA -tercero citado a estas actuaciones y autor de la reglamentación en crisis- enfatizó que «[t]anto la Administración Nacional de Aduanas como el Banco de la Nación Argentina eran los encargados de examinar los pagos realizados a la[s] entidades financieras con los cuales operaba el exportador» (fs. 166).

En este sentido, vale poner de relieve que el control aduanero no se limitaba a un mero escrutinio de la liquidación que hubiere elaborado el exportador, sino que se extendía al otorgamiento del correspondiente «cumplido» de embarque. Tal cumplido constituía, lisa y llanamente, una verdadera certificación -suscripta y autenticada por los agentes intervinientes-, la cual debía ser sometida a rigurosas solemnidades -verbigracia, sobre cerrado y cintas adhesivas sobre las rúbricas- con el objeto de asegurar la inviolabilidad de la documentación (cfr. ut supra, considerando 8o). Al respecto, la absolución de posiciones de la Dra. Yolanda M. Eggink -Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Servicios Públicos- resulta categórica al aseverar que la A.N.A. era la encargada de «controlar la veracidad de las exportaciones realizadas» y de «verificar los permisos de embarque de las exportaciones» (fs. 424, énfasis añadido).

Recién una vez culminada esta intervención de la A.N.A. aparecían en escena las entidades bancarias, ante quienes se dirigían los exportadores munidos del aludido ejemplar 8 -obtenido, va de suyo, con las formalidades antedichas-.

Frente a tal contexto, la «correcta integración de la fórmula» a cargo de la BNL se ceñía a la consignación de los datos «extraídos» a partir de dicho formulario, según la terminología del punto 1.4.2 de la Comunicación «A» 1856 del BCRA.No cabe atribuirle a tal vocablo una interpretación que exceda de una mera transcripción de los datos impresos en el documento, por no tratarse de una consecuencia prevista por el legislador; máxime cuando el propio precepto aclara los campos de los que se desprendía cada rubro exigido en la integración.

No es sino en función de esta hermenéutica que corresponde ponderar la responsabilidad de los bancos intervinientes por pagos indebidos originados en «errores en esa integración», entendiéndose por tales a aquellos que difiriesen de los campos contenidos en el formulario 8. En el caso, no se ha acreditado -siquiera someramente- que la BNL hubiese incurrido en tales inobservancias.

Al respecto, ha dicho la Corte federal que «la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma» (Fallos: 323:620). Asimismo, cuando la ley emplea determinadas palabras y omite otras, la regla más segura de interpretación es que esos términos no son superfluos, sino que su inclusión se ha realizado con algún propósito, por lo que, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 331:866; 338:488; entre otros).

Por añadidura, esta exégesis resulta concordante con lo expresado por el propio BCRA, quien resaltó que «la confección sin omisión y errores de esta fórmula queda en cabeza del banco interviniente. Los datos son obtenidos de la liquidación que viene ya aprobada por la Aduana, por lo cual cualquier incorrección en la transcripción de los datos de la liquidación, le puede ser imputada al Banco interviniente» (fs. 166/167, énfasis añadido).

En idéntico sentido se pronunció -en respuesta a un oficio requerido por la parte actora- el entonces HSBC Banco Roberts S.A.al detallar el 19/08/1998 -vale decir, con anterioridad al proceso de fusión por absorción mediante el cual adquirió a la BNL- las medidas que había adoptado con el fin de detectar anomalías en el pago de reintegros a las exportaciones. En particular, destacó que «[d]ebíamos recibir indefectiblemente las Copias 9 y/o 8 de los Permisos de Embarque de Exportación», sin otro aditamento que excediera al proceso de cotejo de firmas de los funcionarios aduaneros (cfr. fs. 779).

Por lo demás, robustece esta tesitura que el propio sistema diseñó una inspección y vigilancia de índole cíclica, cuyo inicio y culminación recaía en la A.N.A. -con las obligaciones apuntadas en la mentada absolución de posiciones-. En efecto, no puede perderse de vista que -en tanto la tarea de los bancos intervinientes se traducía en la elaboración de múltiples elementos de fórmula con diversos destinatarios específicos- esta documentación, en uno de sus ejemplares, retornaba a la A.N.A. por intermedio del BNA «a los fines de su control». En este sentido, el BCRA señaló que, «[u]na vez que el Banco de la Nación Argentina, en virtud de la remisión por parte de la Aduana de las fórmulas 4 a 6, dispone la acreditación de los fondos, recién en ese momento el Banco interviniente efectúa el pago al exportador».

12) Que, sin embargo, tales reflexiones no resultan suficientes para liberar de responsabilidad a la entidad bancaria demandada, toda vez que ha incurrido reiteradamente en la inobservancia del segundo deber a su cargo: el confronte de la autenticidad de las rúbricas de los funcionarios aduaneros intervinientes.

Ante todo, y como aproximación inicial a la cuestión bajo examen, este deber cabe inferirlo -implícita pero inexorablemente-a partir de la recepción, por parte de los bancos, de un facsímil de firmas de los funcionarios aduaneros que suscribían y autorizaban el formulario 8 de los permisos de embarque (cfr.resolución 1498/91 de la A.N.A.). En efecto, tal circunstancia no podía traer aparejado otro propósito que el de exigirle a estas entidades la realización de un control formal sobre dichas rúbricas (en idéntico sentido, Sala V, «Mo de E. y O.S.P. – Estado Nacional y otro c/ Banco de Crédito Argentino S.A. y otros s/ Proceso de Conocimiento», sentencia del 27/09/2018). De modo análogo se expresó el HSBC Banco Roberts S.A. en su informe de fs. 779.

Por otra parte, se ha acreditado que la BNL no sólo tenía conocimiento de su obligación, sino que la había cumplido con anterioridad.

Al respecto, resulta ilustrativo el expediente BCRA 3960/93 -incorporado a la causa en sobre separado-, promovido a raíz de una denuncia interpuesta por la BNL. En tal oportunidad, la entidad bancaria aquí demandada detectó irregularidades en dos permisos de embarque presentados por la empresa Fibralana S.A.I.C.F.I. -PE 1280-0, del 20/08/1992; y PE 1305-6, del 27/08/1992- con el objeto de concretar el reintegro de tributos por exportaciones. En sustancial síntesis, divisó «firmas de funcionarios aduaneros que parecían no corresponderse con las obrantes en nuestros registros, impidiendo en consecuencia su verificación» (fs. 2, expediente BCRA 3960/93).

Frente a ello, y como primera medida, el Directorio de la BCRA elaboró una exégesis de la normativa aplicable sobre el particular, interpretando que «el cotejo de las firmas de los funcionarios de la Administración Nacional de Aduanas autorizados para la suscripción de los formularios de importación y exportación, conforme con el Boletín No 59/91 de la A.N.A.» constituía una «obligación inexcusable de las entidades intervinientes en el régimen» (cfr. fs.73 y 183, expediente BCRA 3960/93; énfasis añadido). Con posterioridad, el Informe 552/091/97 de la Supervisión de Entidades Financieras del BCRA remarcó que, «[e]n cuanto a los controles de las firmas insertas en dichos formularios (.) se puede suponer que la entidad los venía realizando ya que las dudas creadas con respecto a la autenticidad de las firmas de los permisos de embarque suscriptos por el funcionario de la Aduana de Necochea dieron origen al descubrimiento del ilícito». Empero, añadió que lo siguiente:»esta Comisión verificó las firmas de los funcionarios de las distintas aduanas por las que se realizaron las exportaciones (.), no observándose a simple vista discrepancia s notables, aún en los casos que presentaron dudas y dieron origen a la denuncia por parte de BNL S.A.» (fs. 80, expediente BCRA 3960/93). Sobre tales bases, el Informe 591/204-98 ordenó el archivo de las actuaciones (fs. 183/184, expediente BCRA 3960/93).

13) Que, tomando en consideración el carácter profesional de las instituciones bancarias y su estructura organizativa, cabe colegir que el confronte de las rúbricas en examen dista mucho de resultar una diligencia ajena a su actuación habitual.

Sobre el particular, no puede soslayarse que la doctrina comercialista ha desarrollado la noción de «buen empleado bancario» como paradigma representativo de un estándar esperable de su personal (Gómez Leo, Osvaldo R., Ley de Cheques. Leyes 24.452 y 24.760. Comentadas y Anotadas, 2a ed., Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, pág.157).

En este sentido, y más allá de las vicisitudes que pudieren emerger de la reglamentación atinente a cada instituto en concreto, lo cierto es que -en tanto principio general- constituye un parámetro de evaluación aplicable a todo el ámbito de actuación de la dotación de un banco.

Tal axioma ha merecido vasta recepción jurisprudencial en temáticas que presentan aristas análogas a las del sub lite -esto es, el cotejo de firmas exigible para el pago de cheques-. Al respecto, se ha establecido que «el control que debe realizar un banco antes de efectuar el pago debe consistir en un examen adecuado. No resulta suficiente un vistazo rápido sino que aquél debe efectuarse con atención y cautela» (CNCom, Sala B, «Villarreal, David E. c/ Banco Santander Río S.A. s/ Ordinario», sentencia del 08/03/2019; énfasis añadido).

Al profundizarse en torno a las rúbricas, se ha precisado «[S]i bien es cierto que no se puede exigir del empleado bancario que la confrontación y el examen del documento se realice con un criterio técnico-caligráfico propio de un experto en esa materia, tampoco ésta debe ser reducida a un examen superficial, ya que es propio de la actividad bancaria poner celo y preocupación especial en la disposición de los bienes que le son confiados; sobre todo, si mediante una observación a simple vista atenta y diligente, el banco estaba en condiciones de apreciar y confirmar el vicio del documento» (CCC, Lomas de Zamora, Sala 3o, «Gebar S.A.c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ cobro ordinario de sumas de dinero», sentencia del 20/11/2009; énfasis añadido).

Complementariamente, no ha pasado inadvertido que el empleado bancario, «habituado al manejo y contralor de documentos, posee mayor capacidad para advertir las anomalías o diferencias que pueden hacer sospechosa la autenticidad de una firma, de modo que no alcanza con un simple vistazo rápido, parcial o descuidado». Al respecto, la expresión a simple vista «no excluye de ningún modo que se deba poner en el examen de los cheques la debida cautela, puesto que la función que las entidades bancarias están llamadas a cumplir es de máxima estrictez en la medida en que resultan intermediarias del tráfico de divisas» (CNCom, Sala D, «Elmadjian», cit.; énfasis añadido).

En suma, la conducta impuesta a las entidades bancarias las aleja de una eventual ligereza en el cumplimiento de su obligación de examinar los requisitos extrínsecos de un documento -noción aplicable tanto a títulos cartulares como a los permisos de embarque en crisis-, entre los que ineludiblemente corresponde incluir a sus firmas. Máxime cuando, como en el caso, le han sido impuestas obligaciones específicas bajo los cánones de un sistema meticulosamente reglado por la autoridad competente.

14) Que, en la especie, la falta de diligencia exhibida por la BNL en el cotejo de firmas apuntado no se condice con el estándar del «buen empleado bancario». En efecto, tal inobservancia ha quedado fehacientemente corroborada a partir de las manifestaciones vertidas por la perito calígrafa interviniente en autos, Sra. Diana Alicia Trotta (cfr. informe de fs.1411/1417 vta.).

Sobre el punto, la experta destacó irregularidades respecto de las rúbricas de tres funcionarios aduaneros -Ricardo Ferrando, Marcelo Antuña y Francisco Llorente- en un cúmulo de permisos, según se ilustra mediante la siguiente tabla de doble entrada:

En particular, advirtió que las firmas de Ricardo Ferrando «no se corresponden en su aspecto formal» y «difieren los grados curvimétricos», además de apreciar «temblores y vacilación en el trazado» (fs. 1414/vta., énfasis añadido).

Al analizar las rúbricas de Marcelo Antuña, sostuvo que las emergentes de los permisos «se realizaron en un solo tiempo escritural». Remarcó su inclinación prácticamente vertical, con línea base de escritura ascendente, encuadrándola «dentro de las firmas clasificadas como encumbradas» (fs. 1414 vta./1415, énfasis añadido). Por el contrario, refirió que aquellas contenidas en el facsímil «se realizaron en tres tiempos escriturales (.) Fundamentalmente divergen, morfológica y genéticamente, es decir que difieren totalmente entre sí» (fs. 1415, énfasis añadido).

Por último, indicó que las signaturas de Francisco Llorente en el ejemplar 8 «presentan una forma triangular en el sector superior derecho de importantes dimensiones, ya que se prolonga más allá del cuerpo principal de la firma». En tal sentido, destacó «la ‘A’ con ataque en arpón, ojal en el sector superior izquierdo y en la zona media. A continuación se leen dos ‘l’, la vocal ‘u’ que puede estar o no enlazada a la ‘t’ cuyo barrado es curvo cóncavo hacia abajo» (fs. 1415 vta.). Como contrapartida, subrayó que «la obrante en el facsímil de firmas (.) observa una aparente ‘D’, doble ‘l’, doble ‘o’ y una ‘t’ final con barrado recto y excesiva prolongación (.) Sin lugar a dudas, no se corresponde formalmente» (fs.1415 vta./1416).

14) Que las conclusiones antedichas no resultan conmovidas por las objeciones vertidas por la entidad demandada en torno al informe pericial caligráfico.

Al respecto, la experta aclaró que, si bien los facsímiles de firmas -al ser fotocopias- no reflejaban todos los elementos configurativos del grafismo, «sí se pueden observar fehacientemente los elementos externos, partes extrínsecas, inclinaciones, enlaces, morfología» (fs. 1413/1413 vta.; énfasis añadido); circunstancias que resultan homogéneas con aquellas exigibles al empleado bancario para el cotejo de firmas en títulos de crédito (cfr. ut supra, considerando 12).

A posteriori, y en respuesta a las impugnaciones oportunamente esgrimidas por la BNL, la Sra. Trotta aclaró que «el estudio analítico comparativo no es simple, se han observado pequeños y grandes detalles morfológicos, constructivos, inclinación de los ejes de escritura, los valores angulares, trazos iniciales y finales, enlaces, proporciones, los grados curvimétricos, etc.» (fs. 1453). Finalmente, destacó que, «a pesar de las calidad de las fotocopias, la ayuda del material óptico y lumínico adecuado me ha permitido observar ‘fehacientemente’ todo lo expresado en el informe» (fs. 1453 vta.; énfasis añadido).

En suma, los extremos valorados por la perito, demostrativos del suficiente rigor científico que corresponde exigir de dictámenes periciales como el de autos, impiden afirmar -tal como lo pretende el HSBC en su expresión de agravios- que la documentación examinada hubiere sido «de pésima calidad» (cfr. fs. 2212, in fine).

Por lo demás, no puede soslayarse que el cotejo de firmas que suelen efectuar los bancos a menudo exige la confrontación de facsímiles como el de autos. Por ende, las críticas endilgadas a la pericia en modo alguno constituyen un señalamiento que permita relevar al agente bancario de la realización del pertinente cotejo visual, atento y diligente (en idéntico sentido, Sala V, «Mo de E. y O.S.P. – Estado Nacional y otro c/ Banco de Crédito Argentino S.A. y otros s/ Proceso de Conocimiento», cit.; y Sala I, «Mo de E. y O.S.P.- Estado Nacional c/ Banco Sáenz S.A. s/ Proceso de Conocimiento», sentencia del 03/07/2020).

15) Que, a tenor de lo expuesto, la reiterada inobservancia de extremos esenciales en materia de cotejo de rúbricas impide a la entidad bancaria demandada liberarse de responsabilidad por su accionar negligente.

La actividad bancaria, como tal, es generadora de un verdadero riesgo profesional que aquélla asume conscientemente. En este sentido, su prestación onerosa de servicios -que le permite obtener un lucro por la labor desplegada- presenta como correlato lógico un deber de diligencia para que se obtengan los resultados esperables. Por ende, tanto la obligación de control y verificación que recae sobre dichas instituciones como la de reparar los daños generados por su obrar negligente, constituyen sendas manifestaciones del cuidado, prudencia y previsión con que deben cumplir su función (CNCom, Sala D, «Elmadjian», cit.).

En tales condiciones, corresponde ordenar la devolución al Estado Nacional de las sumas obladas indebidamente en concepto de reintegro a las exportaciones con relación a los 16 permisos de embarque detallados en el considerando 14.

16) Que, por otra parte, resultan atendibles las quejas formuladas por la parte demandada en vinculación con la tasa de interés aplicable al sub discussio.

En este sentido, y a efectos de su cálculo, corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, en atención al criterio propiciado por esta Alzada que, de acuerdo con la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, señala que -a partir del 1o de abril de 1991- la aplicación de la mentada tasa pasiva mantiene incólume el contenido económico de la prestación (doct. Fallos: 315:158 y 992; 323:847 ; 328:2954 , entre otros; en igual sentido, esta Sala, «Sandoval Maureira, Andrea Elizabeth c/ E.N. – Min.Seguridad – PFA s/ Daños y Perjuicios», sentencia del 11/05/2017; y «Gauna, Jeremías c/ GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios», sentencia del 29/08 /2019; entre otras).

Bajo los parámetros expuestos, los intereses sobre los importes reconocidos en autos -cuya liquidación se practicará en la etapa de ejecución de sentencia- deberán ser calculados mediante la aplicación de la referida tasa pasiva, desde el momento en que cada suma fue depositada en la BNL y hasta su efectiva devolución.

17) Que, por lo demás, corresponde hacer lugar a los agravios articulados por el Estado Nacional en su memorial.

En efecto, y tal como se desprende de los términos del escrito de inicio (cfr. ut supra, considerando 6o), la pretensión no ha sido admitida parcialmente, sino que ha prosperado en su totalidad. En dicha oportunidad, el actor describió un cuadro de situación delimitado temporalmente, dentro del cual habría de determinarse -a partir de elementos probatorios- la existencia de pagos indebidamente realizados en concepto de reintegro por exportaciones.

En momento alguno direccionó su planteo a permisos de embarque individualizados, sino que se limitó a puntualizar los parámetros sobre los que -a su entender- éstos debían ser evaluados. Toda vez que los dos permisos emergentes del expediente BCRA 3960/93 no se ajustaban a dicha tesitura -en tanto no existió sobre ellos negligencia alguna por parte de la BNL-, jamás debió habérselos computado como parte de la pretensión del Estado Nacional.

En función de ello, corresponde modificar el pronunciamiento de grado y admitir la demanda en su integridad.

18) Que, en lo que respecta a la imposición de costas, el art. 68 del CPCCN faculta a los jueces a eximir total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido, siempre que lo hagan por decisión fundada (v. doctrina de Fallos: 311:809 y 317:1640, entre muchos otros).

Sin embargo, en el sub lite y a raíz de las conclusiones apuntadas, no se advierten motivos excepcionales que permitan apartarse del principio rector en la materia.En virtud de ello, corresponde revocar lo resuelto por el a quo, e imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta los agravios impetrados, VOTO POR: a) Hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado, admitiendo la demanda incoada en su integridad (cfr. considerando 17). b) Admitir parcialmente al recurso de la parte demandada y, en consecuencia, ordenar la devolución al Estado Nacional de las sumas obladas indebidamente en concepto de reintegro a las exportaciones respecto de los permisos de embarque detallados en el considerando 14, que deberán calcularse con los intereses en los términos que surgen del considerando 16. c) Revocar lo decidido en materia de costas y, en consecuencia, imponerlas en ambas instancias a la parte demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy y Rogelio W. Vincenti adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: a) Hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado, admitiendo la demanda incoada en su integridad (cfr. considerando 17).

b) Admitir parcialmente al recurso de la parte demandada y, en consecuencia, ordenar la devolución al Estado Nacional de las sumas obladas indebidamente en concepto de reintegro a las exportaciones respecto de los permisos de embarque detallados en el considerando 14, que deberán calcularse con los intereses en los términos que surgen del considerando 16. c) Revocar lo decidido en materia de costas y, en consecuencia, imponerlas en ambas instancias a la parte demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORáN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI

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