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#Fallos Interrupción Voluntaria del Embarazo: Falta de legitimación activa del Partido Político en formación para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.610

Partes: Junta Promotora del Partido Nos – Distrito Chaco c/ Estado Nacional s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad

Tribunal: Juzgado Federal de Resistencia

Sala/Juzgado: I

Fecha: 5-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-130385-AR | MJJ130385 | MJJ130385

Rechazo in límine de la acción de inconstitucionalidad de la Ley N° 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo pues el accionante es un partido político ‘en formación’ que no solo no tiene personería jurídico política para alegar la representación que alude, sino que también carece de legitimación activa.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad de la Ley Nº 27.610 , que regula la interrupción voluntaria del embarazo, pues el partido político en formación que interpone la acción, por lo que no tiene la personería jurídico política para alegar la representación que alude, sino que tampoco se encuentra comprendido por los sujetos habilitados por el art. 43 de la CN. para plantear este tipo de demanda, y, por lo tanto, carece de legitimación activa.

2.-Se juzga que la actora no posee legitimación activa para interponer la acción de inconstitucionalidad de la ley N° 27.610 pues no se trata de uno de los sujetos enumerados por el art. 43 de la CN. para poder entablar una acción en representación de un colectivo; en efecto, quien promueve la demanda es la Junta Promotora Del Partido ‘NOS’ – Distrito Chaco, en representación política de sus afiliados, ciudadanos domiciliados en el ámbito de la provincia del Chaco, y como tal, en cumplimiento de la misión político social partidaria como institución fundamental del sistema democrático y en pos de preservar la garantía del derecho a la vida y a la libertad desde la concepción, pero sin embargo, el mismo se trataría de un ‘partido en formación’ cuya personería jurídica se estaría tramitando por ante este Tribunal.

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3.-Cuando el sujeto que entabla la acción no es un afectado directo, como sería este caso, sino que el que pretende excitar la jurisdicción sería el Defensor del Pueblo, una Asociación, el Ministerio Público, u otro ente público o privado al cual el ordenamiento jurídico lo habilite para iniciar este tipo de acciones, el mismo actuará a nombre propio, pero en defensa de un interés ajeno.

4.-De conformidad con lo reglamentado por la Ley orgánica de Partidos Políticos, esto es la Ley N° 23.298 (art. 3 y concordantes), se entiende que la actora aún no cuenta con Personería Jurídico-Política para actuar como tal y en consecuencia tampoco podría invocar la representación de sus afiliados y/o de quien pretende hacerlo, sin perjuicio de ello, lo cierto es que si bien los Partidos Políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, y que efectivamente como alude la actora, actúan como nexo entre el gobierno y la opinión pública, ello no es óbice para otorgarles legitimación activa suficiente para iniciar un proceso como el que se pretende en el caso en estudio.

5.-Es insoslayable que la acción se trata de una acción que pretende la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 27.610, donde busca se deje sin efecto una Ley efectivamente sancionada y promulgada por el órgano competente para ello, y como tal, la procedencia de esta herramienta procesal está condicionada al cumplimiento de determinados recaudos; principalmente a que la cuestión no tenga carácter simplemente consultivo, ni importe una indagación especulativa; por el contrario es necesario que importe un ‘caso’ (art. 116 de la CN.; art. 2 de la Ley 27), que tenga como finalidad prevenir los efectos de un acto en ciernes al que se le atribuye ilegitimidad o lesión, al régimen constitucional federal y que el sujeto que inicia la demanda tenga un interés concreto en su resolución.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Resistencia, 5 de febrero de 2021.

Y VISTOS:

Estos Autos caratulados «JUNTA PROMOTORA DEL PARTIDO «NOS» – DISTRITO CHACO c/ ESTADO NACIONAL s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD», Expte. Nº 76/2021.

Y CONSIDERANDO:

1. Que en fecha 04/02/2021 se presentan los Sres. Rubén Darío Cañete y María Natalia Cobas en representación de la Junta Promotora del partido «NOS» – Distrito Chaco, cuya personería jurídico política se tramita por ante este Juzgado Federal de Resistencia N° 1, Expte. C.N.E.N°4404/2020, con el patrocinio letrado de los Dres. Claudia Ángela Martínez y Héctor Antonio Pedone e interponen contra el Poder Ejecutivo Nacional, demanda de inconstitucionalidad de la ley N°27.610 «Acceso A La Interrupción Voluntaria Del Embarazo».

A tal fin, plantea la actora que dicha ley regularía en abierta contradicción con el plexo constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo a requerimiento libre y consentido de la mujer gestante y la atención postaborto, pretendiendo fundarla en pretextados compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales en materia de Salud Pública, derechos humanos de las mujeres y de identidad de género, e invocando la finalidad de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible de mujeres. Que, a través de ella, se legaliza el aborto priorizando la voluntad de la mujer y el goce de la sexualidad desentendido de toda responsabilidad y aptitud reproductiva, sin atender a las cuestiones biológicas, éticas, morales y jurídicas subyacentes.

Justifica la vía procesal intentada en que la declaración de inconstitucionalidad debería substanciarse por la vía de la Acción Declarativa de certeza prevista en el art.322 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de los derechos y garantías constitucionales vulnerados por la ley 27.610.

Asimismo, sostiene que mediante la presente demanda se proclama el «derecho a la vida» como «Derecho de incidencia colectiva» por cuanto se reclama la declaración de certeza del «derecho a la vida» que asiste a las personas por nacer, y que siendo el mismo de incidencia colectiva resultaría encuadrable dentro del art. 43 de la Constitución Nacional y en este sentido cita lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Halabi, Ernesto c/ PEN ley 25.873 y decreto1563/04» .

Que a los fines de acreditar los extremos necesarios para el ejercicio de derechos de incidencia colectiva, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en las acordadas 32/2014 y 12/2016 de la CSJN, para otorgar la categoría invocada declara que: 1) el bien colectivo cuya tutela se persigue es la vida de las personas por nacer; 2) que la pretensión se halla focalizada en la incidencia colectiva del derecho: lo que se solicita es que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610; 3) colectivo involucrado: En este caso están involucradas las personas físicas y el Partido «NOS», en virtud del cumplimiento del cometido expresado en el Punto 5 de la Declaración de Principios y Bases de Acción Política; 4) Justificar la adecuada representación del colectivo: Se acompañan los instrumentos de representación.

Al respecto de la legitimación activa de «NOS» manifiesta que realiza la representación política de sus afiliados, ciudadanos domiciliados en el ámbito de la Provincia del Chaco y, como tal, en cumplimiento de la misión político-social partidaria como institución fundamental del sistema democrático (art.38 C.N), poseería legitimación suficiente para impugnar la constitucionalidad de la ley 27.610, violatoria de su ideario partidario y de los plexos constitucionales chaqueños (C.P.Ch.) y de la Nación (C.N).

Y que promueve la demanda en tanto habría una controversia irreconciliable de la norma tachada de inconstitucional y el interés jurídico concreto de «todos los ciudadanos chaqueños en general y del grupo de representación del Partido «NOS» en particular», habitantes de la jurisdicción, en orden a «la garantía del derecho a la vida y a la libertad desde la concepción» (art. 15, inciso 1°C.P. Chaco).

Asimismo, sostiene que los partidos políticos cumplen su cometido propio de ser cauce natural e institucional del sistema democrático para la participación política de la ciudadanía y concurren a través de sus idearios a la formación de la «voluntad popular», con apego a la ley y a la Constitución.

Aduce que en el caso de la ley 27.610, mediaría una oposición irreconciliable entre sus fundamentos, postulados y fines, con la igualdad y dignidad humana básica de los niños concebidos no nacidos, personas humanas desde el momento de la concepción (art. 19 C.C.U.), así como con la valoración de la vida, su tutela legal y el respeto del derecho perfecto que los asisten a ser protegidos, amparado en los plexos constitucionales, y que signa el ideario fundacional de «NOS» como partido político y como valor primario de la sociedad chaqueña.

Por otra parte, expresa que, nuestro sistema democrático, requiere para su sostenibilidad del seguimiento que hacen los partidos políticos de los actos de gobierno, porque resultaría intolerable que la observancia de los postulados éticos y morales sobre los que descansa el Pacto Social y se erige la Nación Argentina, quede en manos de «mayorías políticas circunstanciales» como habría sucedido con la ley 27.610.Y que los partidos están para canalizar las demandas de los ciudadanos en orden al sistema político, y que sería su espectro de actividad mayor al del derecho al sufragio, ordenando el diálogo social y los roles atribuídos de defensa de derechos y de arquitectura política.

Y que en virtud de ello, la actividad de los partidos políticos incluiría el ejercicio de la representación y defensa a través de los estamentos sociales del sistema democrático de los derechos, principios y garantías individuales y colectivos puestos en riesgo (Partidos políticos y asociaciones civiles, arts. 38 y 43 C.N).

Y manifiesta que esta controversia jurídica tendría la suficiente relevancia político-social para que se le reconozca a los partidos políticos la legitimación activa en orden a representar los intereses de sus afiliados y pugnar por su resolución en el marco de la ley fundamental.

También alega en función a la legitimación activa del Partido «NOS» y, en general, de los partidos políticos del mayoritario segmento pro-vida de la sociedad chaqueña, en el reconocimiento del derecho perfecto de los habitantes de la Provincia a ser protegidos en su vida y su libertad desde la concepción (art. 15 inciso 1° C.P.Ch.), que conlleva necesariamente la «tutela judicial efectiva», insistiendo que la ley 27.610 resulta abiertamente contraria al basamento ético y moral sobre el que se asientan las constituciones de la Nación y de la Provincia; y, por ende, el «Estado de Derecho» y el «Sistema Democrático».

Resalta que a su parecer resultaría injustificable a la luz del plexo jurídico legitimar la eliminación de vidas a requerimiento consentido de la mujer gestante, sin causas de gravedad que sostengan ese temperamento extremo como las que se hallaban reguladas en el art.86 del Código Penal, ni que se sujete la protección legal a determinado avance del embarazo, sin ninguna base científica y en contra de lo que expresamente dicta la ley Menciona que entre los fines del Partido «NOS» que dan forma a su ideario, el «Punto 5″de la Declaración de Principios: «.sostiene como inclaudicable la defensa de la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte natural, así como de la familia y la cobertura de sus necesidades». Aclarando seguidamente que: «Sólo de este modo puede asegurarse la igualdad de oportunidades y la vigencia irrestricta del Estado de Derecho», circunstancia esta que considera le permitiría concluir válidamente que se encuentra legitimado para demandar.

Con respecto a la competencia del Tribunal, manifiesta que el mismo es competente toda vez que la demanda se dirige contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y la cuestión debatida se funda en la inteligencia de normas federales y derechos constitucionales vulnerados por la ley 27.610 (art. 116 CN, art. 2 de la ley 27).- Por otro lado, basa el derecho de su acción en la supremacía Constitucional. Por lo que al incorporar al derecho internacional sobre tratados de derechos humanos (art.75, inc.22 C.N), aclarando que «no derogan artículo alguno de la primera parte y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías allí reconocidos», descartaría toda posibilidad que el Estado Argentino haya asumido un compromiso internacional de regular el aborto a requerimiento libre e informado de la mujer gestante, pese a que dicho argumento falaz constituyó uno de los fundamentos del Poder Ejecutivo en el mensaje de remisión del proyecto de ley al Congreso y sostiene que habría en ese caso un vicio o defecto de inconstitucionalidad, tal como sucede con la ley 27.610.- Alega que la vida es un valor que interesa a la comunidad pues hace a su desarrollo y a la plena vigencia del «Estado de Derecho», pero como derecho es un bien individual y es atributo de la persona humana que accede; se origina para la ley con la concepción y termina con la muerte natural de esa persona.

Afirma que el compromiso internacional del Estado Argentino es hacia la preservación de la vida del niño, no a su eliminación. Además que la Argentina viene desarrollando una creciente actividad legislativa en orden a la «ampliación de derechos» fundamentalmente en favor de las minorías sociales autopercibidas, y que no existiría posibilidad alguna que los derechos sexuales y reproductivos se vean afectados con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.610.

Conjuntamente plantea me dida cautelar tendiente a lograr se suspenda la aplicación de la ley 27.610 y de toda práctica abortiva, incluido el Protocolo ILE (Resolución 1/19, del MSP de la Nación), en todo el territorio nacional.

Ofrece pruebas, cita doctrina y jurisprudencia aplicables y finaliza con petitorio de estilo.

II.Así, y previo a dar trámite a la presente demanda, es que, en el marco de las facultades y deberes que tiene el juez corresponde examinar si se encuentran cumplidos todos los requisitos necesarios para dar trámite a la demanda aquí interpuesta.- Ello así por cuanto tanto la doctrina y jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad (facultad-deber) del juez puede (o debe) de hacer un primer examen de admisibilidad de la acción, no solo a los fines de verificar el cumplimento de las reglas comunes y/o propias del acto postulación (establecidas en el art. 330 del CPCCN), sino ir más allá del cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad extrínsecos y formales y extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos de la pretensión.

Así, la doctrina tiene dicho en este sentido que «. El juez no está obligado a recibir y darle curso a cualquier escrito que pretenda ser una demanda. En la aplicación de las leyes de fondo que rigen la relación jurídica, el juez debe obrar con prescindencia de la actitud de los litigantes, y así, una demanda infundada o indebidamente trabada le impone la obligación de rechazarla de oficio.» (Conf.: FASSI, SANTIAGO C., «Código Procesal .», Astrea 2ª ed. 1979, t. II, pág. 52).

Es que la calidad o legitimación para obrar es una condición que el juez debe examinar a la ‘entrada de la pura sustancia del asunto’, según la expresión de Fairén Guillén «. La calidad o legitimación para obrar consiste en la identidad entre la persona del actor o demandado con aquellas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades . el juez podrá examinar oficiosamente, de entrada, la cuestión, y si advierte que existe esa falta de legitimación manifiesta, repeler la demanda ex límine, ya que ello hace innecesaria la tramitación del proceso en todas sus etapas .» (Conf.: ARAZI, R. – ROJAS, J., op. cit., t. II, pág.198).

Sentado lo cual, y examinado los términos del escrito postulatorio, debo así analizar la legitimación activa de quien planteara la demanda, en este caso la Junta Promotora del Partido «NOS» – Distrito Chaco, a través de su Presidente, Rubén Darío Rene Cañete y 6º Vocal María Natalia Cobas.- En este caso en particular, y tal como refiere la accionante Junta Promotora del Partido «NOS» Provincia del Chaco en el punto III de su escrito postulatorio, pretende fundar su legitimación activa, sosteniendo que el Partido «NOS» Distrito Chaco, realiza la representación política de sus afiliados, ciudadanos domiciliados en la Provincia del Chaco, y como tal, en cumplimiento de la misión político-social partidaria como institución fundamental del sistema democrático (art. 38 CN) posee legitimación suficiente para impugnar la constitucionalidad de la ley 27.610, violatoria de su ideario partidario y de los plexos constitucionales chaqueño (C.P.Ch) y de la Nación (CN).

Que la demanda se promueve en tanto media una controversia irreconciliable de la norma tachada de inconstitucional y el interés jurídico concreto de todos los ciudadanos chaqueños en general y del grupo de representación del Partido «NOS» en particular, habitantes de la jurisdicción, en orden a la garantía del derecho a la vida y a la libertad desde la concepción (art. 15 inc.1 CP. Chaco) Desde ése ángulo, la aquí accionante refiere en su punto 2.4.de manera expresa que mediante la presente demanda se reclama la declaración de certeza del «Derecho a la vida» que asiste a las personas por nacer; un derecho a la vida como derecho de incidencia colectiva, porque atenta contra la vida como un derecho universal y básico de los seres humanos, tanto por nuestro ordenamiento como por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al plexo constitucional.

Sentado lo cual, y a los fines de analizar la legitimación activa como requisito debo necesariamente remitirme a lo dispuesto por el plexo normativo ya que tales precisiones resultan de suma importancia dentro del marco de las acciones colectivas como el que se pretende dar a la presente. En tal sentido; el art. 43 de la Constitución designa a los sujetos autorizados y/o legitimados para ello, disponiendo que; «.Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.».- Es necesario recalcar que, la legitimación activa en este tipo de pretensiones, se encuentra estrictamente vinculada al concepto de interés.Concretamente, se encuentra legitimado para intentar la acción toda persona que afirme y pruebe tener un interés particular, directo y concreto; esto es, que de no obtener la declaración judicial de certeza ese sujeto quien la plantea sufriría un perjuicio actual.

Mientras que cuando el sujeto que entabla la acción no es un afectado directo, como sería este caso, sino que el que pretende excitar la jurisdicción sería el Defensor del Pueblo, una Asociación, el Ministerio Público, u otro ente público o privado al cual el ordenamiento jurídico lo habilite para iniciar este tipo de acciones, el mismo actuará a nombre propio, pero en defensa de un interés ajeno.

Sin embargo, en este caso, la parte actora no es ninguno de los sujetos enumerados por el art. 43 de la Constitución Nacional para poder entablar una acción en representación de un colectivo.

Al respecto, cabe precisar en primer lugar que quien promueve la demanda es la Junta Promotora Del Partido «NOS» – Distrito Chaco a través de quien dice ser su presidente Rubén Darío Rene Cañete y 6º Vocal María Natalia Cobas y conforme lo menciona en su escrito de demanda, lo realiza «en representación política de sus afiliados, ciudadanos domiciliados en el ámbito de la provincia del Chaco, y como tal en cumplimiento de la misión político social partidaria como institución fundamental del sistema democrático .»y en pos de «.preservar la garantía del derecho a la vida y a la libertad desde la concepción».

Sin embargo y tal como lo informa en su escrito de demanda y acredita mediante las documentales que adjunta, el mismo se trataría de un «partido en formación» cuya personería jurídica se estaría tramitando por ante este Tribunal.

Que a los fines de resolver la cuestión aquí planteada y consultada que fuera la Secretaría Electoral de éste Juzgado Federal N°1 el cual me encuentro subrogando, se me informa que efectivamente dicha Personería se encuentra en trámite porante este mismo Juzgado Federal N°1 bajo Expte. N°4404/2020 tal como señalara la accionante, con fecha de inicio del trámite en fecha 30/09/2020 y que el mismo se encuentra en su etapa inicial.- En función de ello, y de conformidad con lo reglamentado por la Ley orgánica de Partidos Políticos, esto es la Ley 23.298 (art. 3 y ccdantes), se entiende que la misma aún no cuenta con Personería Jurídico-Política para actuar como tal y en consecuencia tampoco podría invocar la representación de sus afiliados y/o de quien pretende hacerlo.- Sin perjuicio de ello, y aún si no tomáramos en cuenta que dicho partido no cuenta con la personería político jurídica formal de conformidad con lo dispuesto por la ley 23.298, lo cierto es que si bien los Partidos Políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, y que efectivamente como alude la actora, actúan como nexo entre el gobierno y la opinión pública, ello no es óbice para otorgarles legitimación activa suficiente para iniciar un proceso como el que se pretende en el caso en estudio.

Que en tal sentido, no existe doctrina judicial que haya considerado a los partidos políticos, como uno de los sujetos habilitados para interponer este tipo de acción colectiva, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.Lo que es más relevante aún, es que la misma Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado precisamente respecto del marco de actuación de los partidos políticos, lo que entiendo resultaría aplicable al caso.

Ello así por cuanto, debo tener en cuenta que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene autoridad rectora para la Justicia de la República (Fallo 212:51) por disposición de la Constitución Nacional; y que en función del principio de economía procesal, los jueces tienen que conformar sus decisiones a lo resuelto por la Corte Suprema (CS Fallos 212:57 y 253, 270:335, 307:1094 entre otros).

Así, tiene dicho el Máximo Tribunal en el antecedente «Abarca Walter Jose y Otros C/ Estado Nacional – Ministerio Energía Y Minería Y Otro S/ Amparo Ley 16.986» que «.ante las ingentes funciones que les compete a tales agrupaciones como pieza clave para la existencia del régimen representativo, la condición en la cual el partido político pretende incorporarse al frente activo demandante «como asociación» y, desde esta calificación, sumarse como representante del colectivo de usuarios de energía eléctrica, importa exorbitar las facultades del partido a competencias que la Constitución Nacional pone en cabeza de otra clase de personas jurídicas que tienen por objeto la defensa de los usuarios y consumidores, y -con pareja gravedad- de olvidar que los partidos políticos existen por y para el régimen representativo, y en ese alto propósito no deben distraer esfuerzos ni recursos en la continua misión que les asiste para profundizar los derechos políticos de los ciudadanos y la calidad institucional dentro de una sociedad democrática.» Es decir, ante la ausencia de una normativ a que regule la capacidad de las asociaciones para impulsar un proceso colectivo, los estándares básicos fueron desarrollados por la jurisprudencia referida, entre otra.Adoptándose generalmente, el criterio de la existencia de la adecuada correlación, entre el objeto social de la organización que solicita la acción, y el derecho que pretende tutelarse.

La Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, le concede a los mismos el monopolio de las candidaturas, así como el poder de policía en materia electoral. Por ello, la legitimación para accionar judicialmente debe estar estrictamente vinculada a esos temas y no a asuntos que versan sobre responsabilidades políticas de los poderes del Estado, como en el caso de autos; porque en relación a estos últimos los partidos políticos son esencialmente extraños.

En función de ello, entiendo que la Junta Promotora del Partido «NOS» Distrito Chaco, no solo no tiene personería jurídico política para alegar la representación que alude, sino que tampoco posee legitimación activa por cuanto no estaría enumerado dentro de los legitimados por el art. 43 de la CN, en virtud de lo dispuesto por la CSJN (caso «Abarca» considerando 26º), y por las razones antes mencionadas.

III. Además, no puedo soslayar que esta se trata de una acción que pretende la declaración de inconstitucionalidad de la Ley nº 27.610, donde busca se deje sin efecto una Ley efectivamente sancionada y promulgada por el órgano competente para ello, y como tal, la procedencia de esta herramienta procesal está condicionada al cumplimiento de determinados recaudos; principalmente a que la cuestión no tenga carácter simplemente consultivo, ni importe una indagación especulativa; por el contrario es necesario que importe un «caso» (art 116 de la Constitución Nacional; art. 2 de la ley 27; y CSJN Fallos: 310: 2342, considerando 7°; 311:2580, considerando 3°; y 326:3007, considerandos 7° y 8°, entre otros), que tenga como finalidad prevenir los efectos de un acto en ciernes al que se le atribuye ilegitimidad o lesión, al régimen constitucional federal y que el sujeto que inicia la demanda tenga un interés concreto en su resolución.- Que la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma (Doc. Fallos 306:1125, 307:2384; entre otros) La Corte ha dicho «En el tradicional precedente de Fallos: 156:318, esta Corte ha definido a esas causas como los asuntos en que se pretende de modo efectivo la determinación del derecho debatido entre partes adversas (considerando 5°) que debe estar fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante (Fallos: 326:3007(ref:MJJ3258=).

En este sentido, el Tribunal rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad recordando que «el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes» (arg. Fallos: 321:1352). De otro modo, admitir la legitimación en un grado que la identifique con el «generalizado interés de todos los ciudadanos en ejercicio de los poderes de gobierno, deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares» («Schlesinger v. Reservist Committee to Stop the War», 418 U.S. 208, espec. págs. 222, 226/227, 1974; Fallos: 321: 1252 ).

Por otro lado, sólo una lectura deformada de lo expresado por esta Corte en la decisión mayoritaria tomada en la causa «Halabi» (Fallos:332:111), puede tomarse como argumento para fundar la legitimación del demandante, pues basta con remitir a lo sostenido en el considerando 9 de dicho pronunciamiento para concluir que, con referencia a las tres categorías de derechos que se reconocen, la exigencia de caso en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional».(T. 117. XLVI. Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo).

IV.- Es así que, en tales términos, es decir que quien interpone la acción no se encuentra comprendido por los sujetos habilitados por el art. 43 de la Constitución Nacional para plantear este tipo de demanda, y que por lo tanto carece de legitimación activa, es que considero que, haciendo uso de la facultad conferida por el art. 337 de CPCCN, corresponde desestimar la presente demanda «in limine».- Para ello, no dejo de tener en cuenta que la facultad de proveer el rechazo in limine de la demanda, debe ejercerse con suma prudencia, sin perjuicio de ello, no puedo dejar atender a razones de celeridad y evitación de un inútil desgaste provocado por el dispendio jurisdiccional que se generaría, como así también los costos del pleito, sobre todo teniendo en consideración que «. si se tiene la certeza de que la pretensión carece de idoneidad para lograr los efectos jurídicos que persigue y luego de una prudente y estricta valoración de los elementos obrantes en las actuaciones se determina que la demanda es objetivamente improponible, el juez puede desestimarla de oficio en uso de la prerrogativa aludida con el fin de evitar un dispendio inútil de la actividad procesal.Esta potestad debe ser ejercida con el fin de evitar el dispendio de la actividad jurisdiccional, de manera tal que al momento de deducirse la pretensión el magistrado debe efectuar una valoración previa sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales básicos relativos a la competencia y la personería y luego realizar un examen sobre la proponibilidad subjetiva y objetiva de la acción.» (C.N.Civ., sala M, 16/11/09, «Delaico c/ q.r.prop. s/ prescripción adq.» , Expte. M539018).

De tal modo, la carencia de legitimación en cualquier de sus facetas, configura técnicamente un caso de improponibilidad subjetiva de la demanda que no solo autoriza sino que obliga al juez al rechazo de la pretensión (Cám. Civil Comercial Laboral y Minería de Trelew Chubut, Sala A. «U.F.c/ Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Prov. De Chubut cr. P.K. s/ Amparo» Expte. 63/2009).-

V.- En lo que refiere a la imposición de costas en el presente proceso, atento a la forma en que se resuelve corresponde imponerlas a la actora.

En cuanto a los honorarios, no existiendo en autos monto ponderable, necesariamente debo remitirme a los parámetros dispuestos por el art. 48 de la Ley Nº27.423.

A tal efecto, atento que en el presente caso solo se encuentra cumplida la primera de las tres etapas descriptas por el art. 29, considero que los honorarios de los profesionales intervinientes, en conjunto por su actuación como patrocinantes, deben fijarse en la suma equivalente a. UMA, esto es, pesos.($.) según Acordada 36/2020 de la CSJN que fija la UMA en la suma de $ .- En cuanto a la tasa de justicia, y atento el modo en que queda resuelta la presente, conforme lo dispuesto la Acordada 41/2018 CSJN, cabe fijarla en la suma de Pesos.($.).

Por todo lo que; RESUELVO:

1º) RECHAZAR in limine la Acción de inconstitucionalidad de la ley Nº 27.610 interpuesta conforme los considerandos que anteceden.

2º) IMPONER las costas de la presente a la parte actora, conforme los fundamentos expuestos precedentemente.

3º) REGULAR los honorarios de los Dres. Claudia Ángela Martínez y Héctor Antonio Pedone, en conjunto, por la labor profesional desplegada en autos como patrocinantes de la parte actora en la suma de PESOS.($.), equivalentes a . UMA, ello de conformidad a los artículos 29, 38 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423. Todos los honorarios con más IVA si correspondiere (Ley 23.349).

4º) INTIMAR a la actora para que el término de cinco (5) días, y bajo apercibimiento de aplicarse la multa prevista en el art. 11 de la Ley 23.898, abone la tasa de justicia correspondiente (art. 5, Ley 23.898), lo que se podrá realizar por vía electrónica mediante la generación del VEP en la página de AFIP y pago por Homebanking, o bien otros medios electrónicos, debiendo acreditarlo en autos; a tal efecto, se hace saber que el código de la dependencia es 45-301-1.

5º) Notificar por cédula a la actora al domicilio electrónico constituido, recaudo a cargo de la actora.

6º) FIRME que quede la presente archívese conjuntamente con su medida cautelar accesoria Expediente 78/2021.-

PROTOCOLICESE Y NOTIFÍQUESE.

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