#Doctrina Reflexiones sobre los vicios de la voluntad en contextos de violencia y desde una perspectiva de género

Autor: Leguizamón, Manuel – Cooke, Ezequiel

Fecha: 8-feb-2021

Cita: MJ-DOC-15717-AR | MJD15717

Sumario:

I. Introducción. II. Desarrollo. II.1. Aspectos normativos internacionales y locales. II.2. Vicios de los actos jurídicos y vicios de la voluntad. Generalidades. II.3. Violencia. Concepto. Generalidades. II.4. Clases de Violencia. Violencia Familiar. Regulación. II.5. Violencia y perspectiva de género. II.6. Aspectos fácticos donde opera el vicio de la voluntad en materia de violencia de género. III. Propuestas. IV. Bibliografía.

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Doctrina:

Por Manuel Leguizamón (*) y Ezequiel Cooke (**)

Abstract

El presente trabajo tiene como finalidad aportar elementos de reflexión y análisis en relación a algunas cuestiones relacionadas con los vicios de la voluntad en contextos de violencia y desde una perspectiva de género. Con el mismo no se pretende agotar el tratamiento de todas las cuestiones relacionadas con la temática, sino solamente contemplar algunos aspectos prácticos del mismo y a partir de allí generar algunas propuestas que sirvan para solucionar ciertas problemáticas que se plantean en la práctica judicial.

I. INTRODUCCIÓN

Se evidencia desde hace un tiempo en el quehacer judicial, la incorporación de la perspectiva de género en las distintas ramas y fueros del derecho.

Conforme a ello, creemos que se debe a la necesidad de unificar criterios en relación a la aplicación de tal perspectiva en los reclamos judiciales, buscando garantizar la igualdad de los géneros desde las decisiones jurisdiccionales.

Sin embargo, hay que resaltar que lo expresado, requiere unificar criterios, conocimientos y capacitación en la temática haciendo necesario y vital analizar las cuestiones prácticas procesales, en aras de procurar un adecuado y eficaz desarrollo del proceso judicial y así tratar de dar respuestas eficaces a los justiciables.

Nos propusimos, analizar distintos trabajos efectuados en la materia y procuramos abarcar los puntos generales de la misma, demostrar y precisar la importancia y necesidad de formar a los futuros jueces y juezas, asesores, fiscales y abogados/as litigantes en la temática teniendo en cuenta para ello los aspectos positivos y avances efectuados hasta el momento.

También relacionamos los análisis de distintos autores y el tratamiento del tema desde la órbita de la jurisprudencia.

Todo ello con el fin de aportar elementos e ideas que permitan optimizar el estudio y planteo de los vicios de la voluntad con una mirada o visión de género en el proceso judicial, garantizando que se desarrolle con igualdad y equidad, a los fines de lograr una justa y adecuada resolución del mismo.Consideramos que es responsabilidad de todos los actores jurídicos y de profesiones afines, aportar elementos que procuren alcanzar dichos objetivos.

II. DESARROLLO

II.1. ASPECTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES Y LOCALES

Haciendo una breve referencia al surgimiento y recepción normativa de la perspectiva de género a nivel internacional, queremos remarcar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, entre 1976 y 1985 para promover la equidad de género y la disminución de la discriminación hacia las mujeres en ámbitos de la vida cotidiana donde la mujer comenzaba a tener mayor participación.

Sin embargo, ha sido relevante y determinante en la influencia normativa internacional y nacional la aprobación, en el año 1979, de la Asamblea General quien aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a la cual suele describirse como la Carta Internacional de Derechos Humanos tendiente a evitar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres.

Y en relación a la igualdad de género en América Latina y el Caribe queremos recalcar que, desde su creación, el principio fundamental de la OIT es el reconocimiento de que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad; de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. Y ello implica la misión de promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

La discriminación basada en un contexto de género atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos y la justicia social. Además, debilita el crecimiento económico y el óptimo funcionamiento de las empresas y los mercados de trabajo.

Desde esta premisa, puntualizamos que al igual que otras regiones del mundo, América Latina y el Caribe afrontan grandes retos para alcanzar la igualdad de género en general, pero sobre todo en el ámbito laboral.En relación a ello, queremos mencionar que en el año 2019, la 108.a Conferencia Internacional del Trabajo – que coincidía con la celebración del centenario de la OIT- adoptó el Convenio número 190sobre la violencia y el acoso y su Recomendación número 206.

Bajo esa línea, el adoptar dichos instrumentos normativos es sinónimo de reconocer el derecho de todos a un mundo del trabajo sin violencia ni acoso, incluidas la violencia y el acoso por razones de género. En ese sentido el próximo paso es que los países de América Latina y el Caribe ratifiquen el Convenio núm. 190 y armonicen su legislación nacional. En la región, Perú avanza en el proceso de ratificación; Uruguay ya pudo lograrlo, mientras que Argentina transita por la última etapa en dicho trámite.

Coincidimos con quienes consideran que las normas de género se comprenden como un conjunto de prescripciones, creencias y reglas sociales que determinan los comportamientos, la manera de actuar en la vida cotidiana y de ejercer y expresar la sexualidad y que en esta temática se aplica necesariamente el principio de transversalidad (mainstreaming (2)), el cual consiste en tener en cuenta en el desarrollo de cualquier política, cuál será el impacto que puede tener sobre hombres y mujeres y que siempre la perspectiva del género forme un eje de análisis de todas las normativas que se desarrollen.

II.2. VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y VICIOS DE LA VOLUNTAD. GENERALIDADES

El acto jurídico se reputa voluntario cuando es ejecutado con discernimiento, intención y libertad (1).

Si se produce un faltante de alguna de estas características estamos frente a un acto jurídico que no producirá los efectos que tenía destinados con su producción. En una primera aproximación podemos decir que afectan al discernimiento y a la inmadurez.Sumado a ello, la patología de salud mental, afecta a la intención, al error o ignorancia y al dolo; mientras que la libertad puede sufrir ciertos menoscabos o limitaciones fruto de la consumación de la violencia, simulación y el fraude. A su vez, algunos autores incluyen a la lesión.

Desde esta arista, coincidimos que contienen vicios del consentimiento aquellos actos jurídicos que no hayan sido realizados con intención y libertad, mientras que los realizados sin discernimiento serán actos jurídicos inexistentes.

Asimismo, hay que recalcar que los vicios de los actos jurídicos son la lesión, el fraude y la simulación, y se diferencian de los vicios de la voluntad (error, dolo y violencia) porque no atacan directamente la voluntad, ni constituyen vicio de ella, sino más bien son circunstancias que la ley ha creído conveniente erigir en causas de nulidad del acto. Como refuerzo de ello, la Dra. Dematties ha destacado que «los vicios de la voluntad son aquellos que afectan dos de los elementos internos de la voluntad: la intención y la libertad y que por su parte, el discernimiento no tiene vicios, sino causas obstativas, tales como la falta de edad, de salud mental o de conciencia» (2).

Es decir que para que un acto jurídico produzca efectos, necesariamente el sujeto debe expresar su voluntad (consentimiento) y ser efectuado con discernimiento intención y libertad para no contener y/o configurar un vicio de la voluntad.

II.3. VIOLENCIA. CONCEPTO. GENERALIDADES

Es oportuno colegir que, en sentido amplio, el término violencia es sinónimo de coacción y, a su vez, comprende, dentro de la misma, la fuerza o violencia física como el miedo o la violencia moral como intimidación.

Desde el campo del Derecho Civil, la violencia es la coacción ejercida sobre una persona para obligarla a realizar un negocio o acto que no quiere.Principalmente es una fuerza física o moral – sin perjuicio de la existencia de otros tipos de tal flagelo – que infunda temor y que obliga a la realización del negocio jurídico.

Y tomando el esquema del derecho romano, la violencia se divide en violencia física (vis absoluta) e intimidación (vis compulsiva) o violencia moral.

II.4. CLASES DE VIOLENCIA. VIOLENCIA FAMILIAR. REGULACIÓN

Como una primera aproximación podemos afirmar que la violencia familiar es una manifestación de la violencia en general. Como afirmara el Dr. Ossola «constituye una manifestación de la violencia en general que se configura por una fuerza, acción u omisión, que es ejercida por una o varias personas (agentes) de modo abusivo, por la que se somete de manera intencional y con un propósito definido (maltratar, amenazar, dominar, someter, etc.) a cualquier persona o grupo de personas (víctimas) dentro del ámbito de un grupo familiar extenso, conviviente o no, ocasionándole daño, sufrimiento, lesiones contra su integridad tanto física como psicológica, moral, sexual o económica (3).

Es considerado por la mayoría de los autores como un fenómeno multicausal (biológico, psicológico, sociológico, cultural), caracterizado por una relación abusiva entre las partes, donde una de ellas ejerce una posición dominante respecto de la otra.Por lo general, tiene a la mujer por víctima, por lo cual se ha desarrollado el concepto de violencia de género o contra la mujer, pero hay que tener en cuenta que no debe dejarse de lado a otras víctimas, tales como niños y adolescentes, ancianos y personas discapacitadas, así como también que la violencia no es un fenómeno exclusivo del género masculino.

En la Provincia de Córdoba la Ley de Violencia Familiar N°9283 (4), estipula que sus normas son de orden público e interés social y tienen por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar, definiendo tanto el marco preventivo como los procedimientos judiciales para lograrlo.

Asimismo, determina que los bienes jurídicos tutelados por la misma son la vida, la integridad física, psicológica, económica y sexual, así como el desarrollo psicoemocional de los integrantes del grupo familiar.

Define la violencia familiar, como «toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esa actitud no configure delito», quedando comprendidas en la norma todas aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o psíquicos por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar, entendiéndose por tal, el surgido del matrimonio, de uniones de hecho o de relaciones afectivas, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales.

De este modo se interpreta el concepto de grupo familiar de manera amplia, superando la clásica concepción de familia y parentesco.

Y establece que los tipos de violencia son:«a) Violencia física, configurada por todo acto de agresión en el que se utilice cualquier parte del cuerpo, algún objeto, arma, sustancia o elemento para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona, encaminado hacia su sometimiento o control; b) Violencia psicológica o emocional, originada por aquel patrón de conducta, tanto de acción como de omisión, de carácter repetitivo, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, capaces de provocar, en quien las recibe, deterioro o disminución de la autoestima y una afectación a su estructura de personalidad; c) Violencia sexual, definida como el patrón de conducta consistente en actos u omisiones que infrinjan burla y humillación de la sexualidad, inducción a la realización de prácticas sexuales no deseadas y actitudes dirigidas a ejercer control, manipulación o dominio sobre otra persona, así como los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, respecto de los cuales esta Ley sólo surte efectos en el ámbito asistencial y preventivo, y d) Violencia económica, provocada por acciones u omisiones cuya manifiesta ilegitimidad implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, por las cuales las víctimas no logran cubrir sus necesidades básicas, con el propósito de coaccionar la autodeterminación de otra persona».

En el resto del articulado establece políticas de prevención, autoridad de aplicación y rol y competencia de los Tribunales Provinciales en la materia.

En definitiva, a través de esta normativa, se amplía el tratamiento de la prevención y reparación de la violencia familiar más allá del tratamiento y regulación de la temática en las ramas del derecho, como el derecho civil y el derecho de familia, erigiéndose en un fenómeno social tutelado por la ley y considerado desde la integralidad del derecho, avanzando progresivamente en la creación de oficinas administrativas y judiciales especializadas en la temática.

A nivelnacional la normativa vigente en la materia está regulada por las leyes 24417 y 26485 . La primera de las normas mencionadas de fecha 7/12/94, menciona cuáles son los actos violentos que podrán denunciarse, lesiones o maltrato físico o psíquico, proferidos por alguno de los integrantes del grupo familiar de la víctima de violencia. Entiende al grupo familiar el originado en el matrimonio o en uniones de hecho y en relación a la competencia determina que corresponde al juez con competencia en asuntos de familia. También dispone la necesidad de un diagnóstico interdisciplinario a fin de determinar los daños sufridos por la víctima y otras valoraciones del riesgo y las medidas que el juez puede adoptar al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia. Y fue reglamentada mediante decreto reglamentario 235/96 .

La segunda de las normas mencionadas es de fecha 11/3/09, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta normativa refiere de manera exclusiva a la violencia que se ejerce contra la mujer, siendo de aplicación en todo el país, excepto las disposiciones de carácter procesal, y expresa que la misma de orden público.

Define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal y comprende a las conductas perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Considera violencia indirecta a toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.En la enumeración de los tipos de violencia, además de las violencias física, psicológica, sexual, económica – patrimonial, agrega a la violencia simbólica, definiéndola como aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

En relación a las formas que puede asumir la violencia contra la mujer, prevé la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática.

Se precisa que la modalidad denominada por la ley como violencia doméstica, es la caracterizada como la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.

Considera por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos, incluyendo las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. También regula la implementación de políticas públicas y designa al Consejo Nacional de la Mujer como el organismo rector encargado del diseño de tales políticas, para efectivizar las disposiciones contenidas en el cuerpo legal.

En relación a las normas de procedimiento, estable que las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto por la misma. También detalla las medidas preventivas urgentes que puede adoptar el juez. La provincia de Córdoba adhirió a la misma mediante ley provincial 10.352 .

II.5.VIOLENCIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Desde otro costado, analizar la violencia desde una perspectiva de género nos permite comprender las diversas formas de prejuicio y discriminación solapadas que coexisten en diferentes sociedades, atendiendo especialmente a aquellas que afectan la participación de mujeres y varones en diferentes espacios y procesos sociales, familiares, laborales, políticos, públicos y privados.

El género, en términos generales, se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades, construcciones y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Entre otros aspectos, se trata de analizar la forma en la que la sociedad entiende que deben comportarse los sexos; como ejemplo se asocia el hecho de que la mujer deba ocuparse de la familia mientras el hombre trabaja y esto se traduce en desigualdades sociales de larga data.

Para ello se debe entender que el enfoque de género procura considerar las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos, las desigualdades formales y materiales y los distintos papeles que socialmente se les asignan.

Creemos que hay dos acciones que resaltan el enfoque de género.El primero relativo a transversalizar la perspectiva de género, como proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles y, por otro lado, institucionalizar la perspectiva de género es lograr que los organismos tomen en cuenta las desigualdades provenientes de la diferencia sexual, teniendo en cuenta que las políticas de género son el medio por el cual el Estado puede eliminar la desventaja para quien nace mujer y se identifica con otros colectivos vulnerables.

Es por todo ello que consideramos que la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales.

Desde esta órbita, para provocar la incorporación de la perspectiva de género en cualquier ámbito se deben organizar estrategias o procesos mediante los cuales se logre la igualdad real. Es decir, mediante políticas, programas y estructuras institucionales para remediar las desigualdades y preservar la igualdad entre ambos sexos. Y ello debe visibilizarse en todas las ramas del derecho, sobretodo en la temática que analizamos.

II.6. ASPECTOS FÁCTICOS DONDE OPERA EL VICIO DE LA VOLUNTAD EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

De análisis efectuado y precisando la temática desde el campo del derecho civil, podemos afirmar que la violencia opera como vicio de la voluntad que impide los efectos jurídicos que el acto estaba destinado a producir.

Para ilustrar un aspecto práctico en relación a lo expresado, analizamos dos casos de jurisprudencia de que fueron resueltos con perspectiva de género (5).

En el primero de ellos el juez de primera instancia dictó sen tencia definitiva, mediante la cual hizo lugar a la demanda, la demandada interpuso recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente y se fundó con la expresión de agravios que no fue contestada por la contraria.La demandada se quejó de que se haya admitido el reclamo del actor, desestimando su planteo de nulidad. La actora sostuvo haber sido víctima de violencia de género, argumentando en tal sentido, tanto desde el plano teórico, como así también en referencia a las pruebas producidas en este proceso.

La actora reclamó el cumplimiento de lo acordado, en virtud del cual la accionada se obligaba a abonar una suma de dinero. La accionada, contestó la demanda y en lo que al recurso interesa plantea la nulidad del convenio, alegando haber sufrido un vicio de la voluntad y haciendo alusión a la situación de violencia que dijo ser víctima. Se desestimó la nulidad planteada, y admitiéndose la demanda en la sentencia de primera instancia, la demandada apela e insiste con la cuestión de la anulación del convenio por violencia. Se hace el análisis normativo pertinente. Y lo interesante es el análisis y resolución del caso desde una perspectiva convencional y constitucional.

Expresamente se dispone «tenemos que apoyarnos, antes que nada, en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer («Convención De Belem Do Para»), que nuestro país aprobara por ley 24.632 …para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 1)….Mediante su art. 5 los Estados parte (y el nuestro lo es) reconoce que la violencia contra la mujer….A su vez, el Estado se compromete (entre otras cosas) a: actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7 inc. b); incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso (art. 7 inc.c); adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (art. 7 inc. d); establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (art. 7 inc. f); establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (art. 7 inc. g); adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención (art. 7 inc. h). Luego, y en el ámbito interno, tenemos la ley 26.485 (la cual si bien no estaba vigente al momento de suscribirse el convenio cuestionado, sí lo estaba al momento de iniciarse el presente)….»

Asimismo, es precisa la resolución al establecer que «llegado a este punto, y definidos algunos cimientos conceptuales, es claro que la cuestión de la violencia, como vicio de la voluntad, adquiere ribetes particularizados cuando se trata de cuestiones vinculadas con lo intrafamiliar y cuando sus víctimas han sido mujeres.Es imprescindible, entonces, juzgar el caso con perspectiva de género».

«.En tal sentido, se ha dicho que «la perspectiva de género constituye una herramienta tendiente a que todo el ordenamiento jurídico se interprete y aplique de manera tal que no resulte perjudicial a las mujeres. La neutralidad de género contenida en la literalidad de las normas puede resultar insuficiente para que su aplicación no sea más gravosa para las mujeres que para los hombres…La perspectiva de género no es una moda, ni un consejo, ni una corriente ideológica, ni una aspiración o preferencia. Es una forma de concretar un mandato constitucional/convencional que obliga al Estado argentino.Adquirió plena efectividad sobre todo el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación en función de lo dispuesto en los arts. 1º , 2º y 3º del propio cuerpo legal, dada la centralidad que adquieren los derechos humanos en la interpretación y la aplicación de las normas. Constituye una de las medidas especiales destinadas a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, a los fines de garantizar una igualdad real por sobre la meramente formal (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW]), y «modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (art. 5.a, CEDAW).Resaltando que la obligación de los operadores judiciales de aplicar la perspectiva de género en la interpretación y la aplicación de las normas no se reduce a su mera declamación.».

Concluyendo que, en casos análogos al presente, se han admitido los planteos nulitivos de acuerdos cuando mediaba violencia de género.Agrega la doctrina de otros pronunciamientos judiciales que determinaron «no aplicar la normativa relativa a la violencia de género de oficio, so pretexto de que no ha sido invocada por las partes, en un caso como en el cual se ha acreditado la existencia de violencia perpetrada por el marido en contra de su esposa, implica lisa y llanamente violación de las convenciones internacionales protectorias de los derechos de las mujeres, suscriptas por nuestro país e incorporadas a nuestra legislación, incluso con jerarquía constitucional, lo cual generaría sin duda responsabilidad internacional».

También remarcaron que siendo calificados los hechos como violencia de género, es necesario acudir a las convenciones internacionales y legislación de orden público, tendiente a proteger los derechos humanos esenciales de las mujeres y que se abordó la violencia como vicio de la voluntad, exponiendo que «la necesidad de analizar el caso concreto para verificar la posibilidad de la violencia de actuar como vicio de la voluntad que anule la libertad de decisión, debe cobrar aún mayor preponderancia en un caso de violencia contra la mujer» y que «la violencia contra la mujer constatada en autos debe necesariamente empapar todo el proceso, el que debe analizarse a la luz de la normativa reseñada y también teniendo en cuenta la especial situación vivida por la víctima de esa violencia».

En cuanto a la valoración de la prueba agregaron que «la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece criterios en la interpretación de la prueba, que si bien constituyen pautas generales, importan un compromiso para el juzgador de valorar la prueba con perspectiva de género, es decir, con una mirada integral de la problemática, analizando las particularidades que presenta cada contexto en que se desarrolla el hecho» y que «frente a conflictos entre particulares en los que haya antecedentes de conductas asimilables a violencia de género contra la mujer que es parte en el juicio los jueces deben duplicar laprudencia, poner sobre la lupa el principio de autonomía de la voluntad previsto en el Código Civil, asegurar que el/la abogado/a de la mujer que padece la situación de violencia realice realmente una defensa «genuina» de los intereses de su asistida y tener en especial consideración al momento de resolver una perspectiva de género acorde a los principios que prevé la Ley de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485 «de orden público», nuestra Constitución Nacional y el ordenamiento internacional de derechos humanos.».

También puso énfasis el tribunal en la perduración de los efectos de la violencia sobre la mujer, destacando -con amplitud de fundamentos- que «la situación de violencia contra la mujer no es un hecho instantáneo que agota sus efectos en ese momento, sino que, por sus implicancias, puede impedir el ejercicio pleno de la libertad de la víctima con posterioridad a él».

Por todo ello, se revoca la sentencia apelada, haciendo lugar al planteo introducido por la demandada respecto del convenio base de las presentes, declarando la nulidad del acuerdo celebrado entre las partes y rechazando consecuentemente la demanda promovida.

En el segundo de los casos analizados (7)», el Juez rechazó la demanda de cobro de pesos interpuesta por el actor en contra de su ex conviviente. El Magistrado consideró que la decisión repercutirá en la situación económica de la mujer y refirió que la controversia da cuenta de la posición dominante/dominado que existió entre las partes. Indicó que resulta de aplicación las pautas de la perspectiva de género. Tuvo en cuenta lo dispuesto por la CEDAW, la Convención Belém do Pará, las Reglas de Brasilia y la Ley N.° 26.485. Señaló que el art. 5 de la ley citada, el cual describe a la violencia económica, tiene implicancia directa en el caso.

III.PROPUESTAS

– Creemos que analizar la violencia como vicio de la voluntad y la perspectiva de género permitió comprender las causas y consecuencias que produce en los efectos de los actos jurídicos.

-Proponemos dos acciones concretas que resaltan el enfoque de género, transversalizar la perspectiva de género, como proceso de valorar las implicaciones que tiene e institucionalizar la perspectiva de género.

– Consideramos que para incorporación de la persp ectiva de género en cualquier ámbito se deben organizar estrategias o procesos mediante los cuales se logre la igualdad y visibilizarse en todas las ramas del derecho.

– Coincidimos con las resoluciones analizadas que resolvieron aplicando normas y convenios internacionales, normas nacionales e incorporando la perspectiva de género y sugerimos que sean imitadas para brindar garantía constitucional y tutela judicial efectiva con perspectiva de género a través de las resoluciones judiciales.

IV. BIBLIOGRAFÍA.

– ARESE César: «Derechos Humanos Laborales.Teoría y Práctica de un nuevo derecho del trabajo», Editorial Rubinzal – Culzoni, 2014, Santa Fe.

– BARONE, Lorenzo D., coordinador: «Derecho Constitucionalidad y Administrativo con orientación en Ciencias Económicas», Edición 2018.

– BERTOLDI DE FOURCARDE, M. Virginia, directora: «Manual de Derecho Privado», Editorial Advocatus, agosto 2015.

– BIDART CAMPOS G.: Manual de derecho constitucional argentino. Buenos Aires, Abeledo-Perrot.

– CARRANZA, J. L.: Violencia Familiar ley N° 9283 – Protección integral de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ley N° 9944, Aspectos prácticos y reflexiones doctrinarias (1° Ed.). Editorial Alveroni 2012.

– Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. (2020). CADE «Niñas, niños y adolescentes: Derechos, relaciones familiares y tutela judicial efectiva». Producción de contenidos: María Denise Theaux, María Verónica Ruiu y Marcela Roxana Morales (campus virtual del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C.Núñez Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina Módulo de acceso a la justicia y derechos humanos en Argentina Publicación coordinada por Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos Apartado Postal 10.081-1000 San José, Costa Rica Tel.: (506) 2234-0404 Fax: (506) 2234-0955 e-mail:s.especiales2@iidh.ed.cr http://www.iidh.ed.cr.

– Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. (2020). CURSO «VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. MODALIDAD DOMÉSTICA.». Producción de contenidos: Oficina de Coordinación de Violencia Familiar Poder Judicial de Córdoba. Recuperado de http:// http://campusvirtualcn.justiciacordoba.gob.ar/course/view.php?id=79 (campus virtual del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.) 6/12/12.

– Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. (2020). Oficina de la Mujer. El Derecho Humano de las Mujeres. Instrumentos Normativos para su protección Compendio normativos. , 2da Edición 2020 versión digitalfile:///C:/Users/Usuario/Downloads/Compendio%20Normativo%20Edici%C3%B3n%202020%
20Versi%C3%B3n%20digital%20(2).pdf

– Compiladora Dra. María Esther Cafure de Batistelli en Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. (2020). Oficina de la Mujer. Jurisprudencia Compendio Jurisprudencia Género Córdoba 2020.pdf

– FERREYRA DE DE LA RÚA, Angelina y RODRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel (directores): «Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Máximos Precedentes», Editorial La Ley, Bs. As, 2013.

– FERREYRA DE DE LA RÚA, Angelina y RODRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel: Manual de derecho procesal civil. Editorial Alveroni, 2004.

– FERREYRA DE DE LA RÚA Angelina, Cristina GONZÁLEZ DE LA VEGA, «Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba», Editorial La Ley.

– GELLI, María A.: Constitución de la Nación Argentina. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 607.

– HIGHTON DE NOLASCO, Elena, Conferencia: «Los jueces estamos para garantizar el acceso a justicia» del 14/6/10.https://www.cij.gov.ar/nota-4501-Highton—Los-jueces-estamos-para-garantizar-acceso-a-justicia-.html//https:
/www.cij.gov.ar/nota-32632-Highton-present–nuevos-proyectos-de-acceso-a-justicia.html.

– JUYENT BAS F., SONZINI ASTUDILLO: «Un nuevo ámbito jurisdiccional: la violencia doméstica». Semanario Jurídico (9 año XXIX), 2007.

– JUNYENT DE DUTTARI P «Notas acerca de la Ley de Violencia Familiar. Semanario Jurídico (1557)», 2006.

– LLOVERAS N. y ORLANDI O.: «La violencia y el género, análisis interdisciplinario», Nuevo Enfoque Jurídico 2012.

– MANILI Pablo L.: «Manual de Derecho Constitucional», Editorial Astrea,2019.

– OSSOLA, A.: «Violencia Familiar». Editorial Advocatus, 2011.

– PALACIO DE CAEIRO, Silvia B. (directora): «Tratados de Derechos Humanos y su influencia en el Derecho Argentino», Editorial La Ley, 2015, Bs.As.

– PEYRANO, Jorge

http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/los_vicios_de_la_voluntad_y_la_doctrina_de_la_causa
pdf

– PIPINO ARIANA DEL VALLE: Trabajo Final de Graduación Carrera, «Naturaleza jurídica de las medidas protectorias enunciadas en el art. 21 de la ley de violencia familiar 9283 de la provincia de Córdoba», Universidad Siglo 21. https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/13824/PIPINO%2C%20Ariana%20del%20
alle.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

– QUIROGA LAVIÉ, Humberto: «Constitución de la Nación Argentina», Editorial Zavalía, 2007.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_de_la_voluntad

https://es.slideshare.net/vglibota/capitulo-5-hechos-y-actos-jurdicos

https://www.google.com/search?q=que+es+(mainstreaming&oq=que+es+(mainstreaming&aqs=chrome.69i57j0i22i30l5.319
j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.erreius.com/Jurisprudencia/documento/20201021160654685/nulidad-del-contrato-vicio-de-la-voluntad-
iolencia-contra-la-mujer-violencia-psicologica-conducta-de-las-partes-relacion-de-pareja

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/vicios-de-la-voluntad/vicios-de-la-voluntad.htm

https://www.ilo.org/americas/temas/igualdad-de-g%C3%A9nero/lang–es/index.htm

Anexo Legislativo

– Leyes 9283 9944 y 10352 . Legislatura de la Provincia de Córdoba.

– Leyes 24417 y26.485 . Congreso de la República Argentina.

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(1) BERTOLDI DE FOURCADE, M.Virginia, directora: «Manual de Derecho Privado», Editorial Advocatus, agosto 2015.

(2) OSSOLA A.: Editorial Advocatus, 2011, p.78 citado por Pipino Ariana del Valle, Trabajo Final de Graduación, «Naturaleza jurídica de las medidas protectorias enunciadas en el art. 21 de la ley de violencia familiar 9283 de la provincia de Córdoba», Universidad Siglo 21. https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/13824/PIPINO%2C%20Ariana%20del%20
alle.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

(3) Ley 9283: VIOLENCIA FAMILIAR. DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

(4) REFERENCIAS: Funcionario Firmante: 20/10/2020 12:10:28 – JORDÁ Roberto Camilo – JUEZ Funcionario Firmante: 20/10/2020 12:16:57 – GALLO José Luis – JUEZ Funcionario Firmante: 20/10/2020 12:17:51 – QUADRI Gabriel Hernán – SECRETARIO DE CÁMARA Correlaciones:C., S. M. c/S., M. O. s/separación de bienes – Cám. Fam. Mendoza – 29/08/2017 – Cita digital IUSJU022574E Cita digital:IUSJU002238F, ERRERIUS

(5) C.L.J. C/ T.C.E. ABREVIADO -COBRO DE PESOS» Juzgado Civil y Comercial de 1° instancia y 20° Nominación de la ciudad de Córdoba. Jurisprudencia Compendio Jurisprudencia Género Córdoba 2020.pdf

(*) Estudiante de la carrera de Abogacía (Universidad Blas Pascal). Diplomado en Derecho Procesal Civil -Parte General- (Universidad Blas Pascal).

(**) Abogado, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Notario, Universidad Empresarial Siglo XXI; Miembro del Poder Judicial, Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la Ciudad de Córdoba; Maestrando de la Maestría de Derecho Procesal, Universidad Empresarial Siglo XXI; Maestrando Derecho Empresario, Universidad Blas Pascal; Adscripto Derecho Privado VI, UNC; Adscripto de Derecho Procesal Civil, Universidad Blas Pascal; Integrante del Grupo de investigación de la oralidad en el proceso civil, aprobado por Resolución Rectoral N° 3811/2020; Integrante de la Sala de Derecho y Sociedad del Instituto de Investigación en Ciencia Jurídicas (IDI-CJ) de la Universidad Blas Pascal, (Res. Rectoral 181/2019, de fecha 8 de octubre de 2019); Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal; secretario de la revista Virtualidad Jurídica perteneciente al Colegio de Abogados de Córdoba.

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