#Fallos Multa: Continuó reclamando el pago con posterioridad a la baja del servicio de suscripción del diario

Partes: La Nacion c/ DNCI s/ defensa del consumidor – ley 24240 – art 45

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 15-sep-2020

Cita: MJ-JU-M-128209-AR | MJJ128209 | MJJ128209

Multa a la empresa que continuó reclamando a la denunciante el pago de ciertos períodos con posterioridad a la baja del servicio de suscripción del diario.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la aplicación de la multa por infracción al art. 19 de la Ley 24.240, por no haber respetado los términos, condiciones y modalidades del servicio convenido, pues de las constancias de la causa surge que la empresa continuó reclamando el pago de ciertos periodos con posterioridad a la baja del servicio de suscripción con el diario, pese a que el servicio no había sido prestado (del voto del Dr. Jorge F. Alemany al que adhiere el Dr. Guillermo F. Treacy)

2.-El recurso interpuesto por la empresa actora no puede prosperar porque de las constancias de la causa surge que la empresa continuó reclamando el pago de ciertos periodos con posterioridad a la baja del servicio, pese a que el servicio no había sido prestado; en efecto, la parte reconoció que no le había podido cobrar ese mes al cliente por un problema en el débito automático de su tarjeta, pero que sin embargo, le reclamó el pago (del voto del Dr. Jorge F. Alemany al que adhiere el Dr. Guillermo F. Treacy)

3.-Toda vez que de acuerdo a los fines tenidos en cuenta por la Ley de Defensa del Consumidor, no es necesario para la configuración de la conducta sancionada, la existencia de un perjuicio real para los consumidores o la verificación de un beneficio en el incumplidor, corresponde desestimar el recurso interpuesto por la empresa actora y confirmar la sanción impugnada (del voto del Dr. Jorge F. Alemany al que adhiere el Dr. Guillermo F. Treacy).

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4.-La imposición de sanciones por parte de la administración es admitida siempre que exista un control judicial suficiente, y en el caso subexamine la administración se encuentra ejerciendo funciones administrativas sancionatorias; las que pueden ser objeto de control judicial a través del recurso instituido por el actual art. 22 de la Ley 22.802 (del voto del Dr. Pablo Gallegos Fedriani).

5.-El derecho administrativo sancionatorio desde antiguo ha sido equiparado al derecho penal entendiendo que son comunes los principios de tipicidad (aunque se admite una tipicidad menos rigurosa en el derecho administrativo sancionatorio); el principio non bis in ídem, el de la aplicación de Ley penal más benigna con carácter retroactivo; el de debido proceso y ejercicio del correspondiente derecho de defensa y decisión fundada y sanción razonable (del voto del Dr. Pablo Gallegos Fedriani).

6.-No cabe asimilar esta situación al principio de solve et repete toda vez que lo que se persigue mediante estas sanciones dinerarias es castigar al responsable de un ilícito que no se encuentra dentro del código penal y que por tal razón no requiere ser juzgado por un juez penal sino que puede ser aplicada por un funcionario administrativo a través de un acto de la misma especie y no de una sentencia judicial; si el fin es distinto, las multas no pueden ser consideradas como recursos fiscales para el presupuesto de gastos y recursos del Estado Nacional (del voto del Dr. Pablo Gallegos Fedriani).

7.-El art. 22 de la Ley 22.802, modificado por la Ley 26.993 resulta inconstitucional pues la normativa en análisis va en contra del principio de la tutela judicial efectiva consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica e integrante de la Constitución Nacional (del voto del Dr. Pablo Gallegos Fedriani).

Fallo:

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor Juez de Cámara, Jorge F. Alemany dijo:

I- Que, por medio de la Disposición Nº 376 del 29 de mayo de 2019, el Director Nacional de Comercio Interior impuso a la empresa S.A. La Nación una multa de $ 120.000 pesos por infracción al artículo 19 de la ley 24.240, por no haber respetado los términos, condiciones y modalidades del servicio convenido. También, dispuso que la empresa debería publicar a su costa la parte dispositiva de esa resolución, en los términos del artículo 47 de esa ley.

Como fundamento, señaló que las actuaciones se habían iniciado por la denuncia formulada por la señora Araceli Valencia contra la empresa recurrente, con relación al servicio Club La Nación.

Destacó que era cliente de la empresa desde el año 2009, y que el 4 de marzo de 2016 había dado de baja de ese servicio. Sin embargo, continuó recibiendo diversas notificaciones que informaban sobre la suspensión de la suscripción por falta de pago, y que, posteriormente, se registraron cobros indebidos por periodos posteriores a la baja, que luego fueron reintegrados. Pese a ello, sostuvo que la recurrente no había podido desvirtuar los extremos alegados por la denunciante, y que se había acreditado la infracción al artículo 19 de la ley 24.240, al no haber prestado el servicio en los «términos, plazos, condiciones, modalidades y reservas» en las cuales habían sido ofrecidas, publicitadas o convenidas.

En cuanto a la graduación de la multa, tomó en consideración: las circunstancias del caso; el perjuicio del consumidor, la actividad desarrollada por la infractora; la posición que ocupa en el mercado; el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria; y el registro de antecedentes infraccionales de la empresa (v. fs. 55/58).

II- Que, contra esa disposición, a fs. 68/83vta. la empresa interpuso recurso de apelación en los términos del art.45 de la Ley 24.240.

En primer término, destaca que la denunciante había sostenido que la empresa le había formulado débitos pagados con su tarjeta de crédito los días 25/04/16 y 05/05/16, por $68,8 y $65,39, respectivamente, con posterioridad a la baja del servicio que había sido gestionada el día 04/03/16. Sin embargo, señaló que esos cobros se correspondían a los meses de febrero y marzo, que no se habían podido cobrar por débito automático, y fueron abonados con la tarjeta de crédito de la denunciante y de acuerdo con los datos que ella misma había proporcionado. Asimismo, como la denunciante había solicitado la baja del servicio y aquel no se había proporcionado durante el mes de marzo – al no entregarse las revistas correspondientes- la empresa gestionó el reintegro de ese periodo, es decir, $65,39 cuya devolución de vio reflejada en la tarjeta de la denunciante dentro de los 30 a 60 días subsiguientes. En concreto, afirma que en ningún momento se realizaron cobros indebidos con posterioridad a la baja, puesto que esos cobros correspondieron a periodos en los que la suscripción se encontraba activa. En virtud de ello, sostiene que su parte obró de buena fe y no incurrió en incumplimiento alguno.

Por otra parte, indica que la resolución apelada es arbitraria, porque no ha demostrado ningún motivo por el cual correspondiera aplicar una multa de la magnitud aquí cuestionada.

Sostiene que existe una clara desproporción entre la multa impuesta por la autoridad de aplicación y el reintegro que debió formular a la denunciante. Destaca que, para cuantificar la multa, no se tuvo en consideración la actitud de la empresa al momento de gestionar la baja y reintegro oportuno de las sumas percibidas.Por ello, entiende que la autoridad de aplicación se apartó de los principios aplicables en la materia y, en esencia, constituye un «exceso de punición».

También plantea la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 24.240, en cuanto exige el pago previo de la multa aplicada como condición de admisibilidad del recurso directo ante esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sostiene que viola el principio de tutela judicial efectiva reconocido por nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, entiende que se desvirtúa el principio de inocencia, y no resulta un medio razonable para evitar que se obstaculice el normal y regular funcionamiento de la hacienda pública.

III.- Que, a fs. 137/149, el Estado Nacional – Ministerio de Economía replicó los agravios expresados por la recurrente.

En primer término, destaca que las circunstancias del caso están íntimamente relacionadas con los derechos de los usuarios y consumidores, amparados por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, y que la buena fe es central para la interpretación de la relación de consumo. Destaca que, la recurrente no logra desvirtuar el incumplimiento reprochado, toda vez que «la infracción se configuró en el momento en que la firma continuó debitando el servicio de Club La Nación pese a haber procesado la baja del mismo a solicitud de la Sra. Valencia» (fs. 140). Explica que, de las constancias de la causa surge la documentación que da cuenta del incumplimiento, es decir, la baja del servicio y las comunicaciones ulteriores en las que la empresa actora informaba que el servicio se encontraba suspendido por falta de pago. Por ello, entiende que los argumentos de la recurrente no logran controvertir las circunstancias por las cuales la autoridad de aplicación concluyó que fue «su actuar negligente que se ha configurado la infracción del art. 19 dela Ley 24.240 que aquí se le imputa» (fs.141vta.).

Por otra parte, y con respecto al quantum de la sanción, señaló que la recurrente registra 16 multas firmes, y que el artículo 47 de la ley 24.240 establece que, quienes hayan cometido una infracción a ese régimen, podrán ser pasibles de una multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones ($ 5.000.000). Sostiene, además, que no corresponde a los tribunales reducir la multa aplicada, porque implicaría sustituirse en las competencias de la autoridad de aplicación, y constituiría una clara injerencia del Poder Judicial en el ámbito del Administrador.

IV.- Que, a fs. 153/154 dictaminó el señor Fiscal General ante esta Alzada, con relación a la admisibilidad formal del recurso y la inconstitucionalidad del requisito del «pago previo» previsto en el artículo 45 de la ley 24.240.

V.- Que, en primer término, cabe señalar que el planteo de inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 24.240, texto según ley 26.993, no puede prosperar, por los fundamentos expuestos en el dictamen del señor Fiscal General ante esta Alzada, a los que cabe remitir en razón de brevedad (cfr. fs. 153/154). Esta Sala, además, se ha pronunciado en un sentido análogo en las causas «JUKI SACIFIA c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor», expte. Nº 22.905/2015, del 10/09/2015; «Volkswagen SA de Ahorro para fines de determinados c/ DNCI s/ Lealtad Comercial – Ley 22.802- ART 22», expte. nº 43.187/2015, sentencia del 17 de diciembre de 2015; «Telecom Personal S.A.c/ DNCI s/ Lealtad Comercial – Ley 22802 -Art 22», expte. Nº 67728/2015, del 9 de junio de 2016, entre muchas otras.

VI.- Que, en cuanto al fondo de la cuestión, cabe recordar que el artículo 19 de la ley 24.240, establece: «Modalidades de Prestación de Servicios.Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos».

VII.- Que, en tal sentido, y teniendo en cuenta que la infracción imputada reviste carácter formal y su sola verificación hace nacer por sí la responsabilidad del infractor (esta Sala, en el caso: «ASATEJ SRL c/ DNCI- Disp. 799/10, del 31/10/11; y «Banco Macro S.A c/ DNCI- Disp. 125/13, del 03/04/2013), el recurso interpuesto por la empresa actora no puede prosperar. Ello es así, porque de las constancias de la causa surge que la empresa continuó reclamando el pago de ciertos periodos con posterioridad a la baja del servicio, pese a que el servicio no había sido prestado. Concretamente, la parte actora reconoció que su cliente había solicitado y tramitado la baja de la suscripción a Club La Nación el día 4 de marzo de 2016, y pese a ello, la empresa le siguió reclamando el periodo correspondiente al mes de marzo aun cuando no le había prestado el servicio. En efecto, la parte actora reconoció que no le había podido cobrar ese mes al cliente por un problema en el débito automático de su tarjeta, y le reclamó el pago.

Luego, al no haberle prestado el servicio, concretamente, no le entregó la revista correspondiente al mes de marzo, y debió realizarle -a pedido del cliente- un reintegro que recién se habría materializado entre los 30 a 60 días siguientes (cfr. fs. 70).

En suma, se encuentra acreditado que, pese a que su cliente había dado de baja la suscripción el día 4 de marzo de 2016, y que la recurrente no prestó el servicio correspondiente a ese periodo, de todas maneras el 5 de mayo de 2016 se procesó el pago (fs.13), y su cliente debió gestionar el reintegro el día 20 de mayo de 2016, sin que existan constancias concretas de la fecha en la cual se hizo efectivo el reintegro.

Asimismo, en las constancias de la causa, también se han agregado los correos electrónicos y el mensaje de texto que la empresa recurrente envió a su cliente con posterioridad a la baja, informando la suspensión de la suscripción por falta de pago (cfr. fs. 9/14).

En tales condiciones, toda vez que de acuerdo a los fines tenidos en cuenta por la Ley de Defensa del Consumidor, no es necesario para la configuración de la conducta sancionada, la existencia de un perjuicio real para los consumidores o la verificación de un beneficio en el incumplidor (esta Sala, in re «José Saporana y Hnos. c.

Secretaría de Comercio e Inversiones», sentencia del 25.06.97; «Administradora EMPCO SA c/ DNCI – DISP 193/10 (Expte.

S01:274981/07″, del 09.09.10), corresponde desestimar el recurso interpuesto por la empresa actora y confirmar la sanción impugnada.

VIII.- Que, con relación al quantum de la sanción aplicada, en numerosas oportunidades se ha señalado que la determinación y graduación de la misma es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: «Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina», sentencia del 27/05/97).

En efecto, en la medida que la graduación de la multa fijada en 120.000 pesos está comprendida dentro de los límites establecidos por la ley 24.240, no resulta desproporcionada con relación a la falta acreditada. Máxime, en atención a las circunstancias particulares del caso, la actividad desarrollada por la infractora, su posición en el mercado, el interés comprometido, el carácter ejemplificado de este tipo de multas, y a los antecedentes sumariales por infracción a la ley 24.240 que registra la recurrente (v. informe agregado a fs.45, en el que se detallan 16 multas firmes); parámetros tenidos en cuenta por la autoridad administrativa al momento de fundar el monto de la sanción. Por tales razones, no existe mérito suficiente para modificarla.

Por tales motivos, corresponde: 1) Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la disposición apelada, con costas (art. 68, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Regular los honorarios del doctor Ricardo Sandoval Quiroz en . UMA (Unidad de Medida Arancelaria), en su carácter de letrado patrocinante; y de Verónica Laura Treviño en . UMA (Unidad de Medida Arancelaria), en su carácter de apoderada de la parte demandada (cfr. artículos 16, 19, 20, 21, 29 y 44, ley 27.423, Ac. CSJN 2/20).

ASI VOTOEl Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, adhiere al voto que antecede.- El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:

I.-Que adhiero en un todo al voto que antecede. Sin perjuicio de lo cual entiendo necesario aclarar mi posición respecto de la inconstitucionalidad planteada.

II.-Que el art. 22 de la Ley 22.802 expresa: «Toda resolución condenatoria podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante las Cámaras de Apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la resolución impugnada. El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.».- De lo cual surge que actualmente debe depositarse el monto de la multa impuesta y presentar el comprobante de depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.

III.-Que en el sistema actual se ha admitido la imposición de sanciones por parte de la administración siempre que exista un control judicial suficiente.- En el caso subexamine la administración se encuentra ejerciendo funciones administrativas sancionatorias; las que pueden ser objeto de control judicial a través del recurso instituido por el actual art. 22 de la ley ya citada.-

IV.-Que el derecho administrativo sancionatorio desde antiguo ha sido equiparado al derecho penal entendiendo que son comunes los principios de tipicidad (aunque se admite una tipicidad menos rigurosa en el derecho administrativo sancionatorio); el principio non bis in ídem, el de la aplicación de ley penal más benigna con carácter retroactivo; el de debido proceso y ejercicio del correspondiente derecho de defensa y decisión fundada y sanción razonable.- V.-Que en los términos del derecho penal la condena no se cumple hasta tanto exista una sentencia judicial firme que condene al imputado (condenado) a cumplir con la pena impuesta; considerándose todos los recursos con efecto suspensivo.- Realizada esta comparación en el caso concreto la actora debe cumplir la pena antes de poder ser escuchada y ejercer su derecho de defensa y sin tener una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.En síntesis es culpable antes de condenada, yendo en contra del principio de presunción de inocencia; por lo que resulta, la aplicación de la norma, contraria a los principios del derecho constitucional y de los tratados de derechos humanos.

VI.-Que si entendemos que el principio aplicable aquí es el de solve et repete nos encontraríamos dentro del campo del derecho tributario.- Tal principio tiene como fundamento el hecho de que el Estado no se quede sin recursos mientras se discutan, tanto en sede administrativa como judicial, los impuestos, tasas y derechos que los ciudadanos deban pagar.- Resulta obvio que los impuestos, tasas y derechos entran dentro de la ley de presupuesto que no es otra cosa -en síntesisque un análisis de los recursos y gastos que el Estado deberá afrontar para la prosecución del bien común.

VII.-Que es evidente y no requiere ningún análisis profundo que en el supuesto de las sanciones aplicadas dentro del campo del derecho sancionatorio administrativo no se persigue la percepción de impuesto alguno y tampoco puede considerarse una fuente de recursos del Estado Nacional porque habría allí sin duda un desvío de poder.- En efecto, lo que se persigue mediante estas sanciones dinerarias es castigar al responsable de un ilícito que no se e3ncuentra dentro del código penal y que por tal razón no requiere ser juzgado por un juez penal sino que puede ser aplicada por un funcionario administrativo a través de un acto de la misma especie y no de una sentencia judicial.- Por ende, si el fin es distinto, las multas no pueden ser consideradas como recursos fiscales para el presupuesto de gastos y recursos del Estado Nacional.- De allí es que no cabe asimilar esta situación -en manera alguna- al principio de solve et repete.

VIII.-Que si bien la norma expresa que se exceptúa del pago de la multa cuando el mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente, tal salvedad no desvirtúa la inconstitucionalidad que surge nítida del análisis antes efectuado, ya que sóloalgunos y según un concepto jurídico indeterminado («Perjuicio irreparable al recurrente) podrían quedar exentos del pago previo.- A lo ya expuesto cabe agregar las dificultades de tipo procesal que se presentan para demostrar el perjuicio irreparable al que hace referencia la norma. En efecto, la primera duda que surge es cuando debe plantearse; la segunda, ante quien (autoridad administrativa o judicial o ambas); la tercera, si el trámite para acreditar ese perjuicio irreparable suspende el plazo para recurrir; o bien la recurrente deberá promover el incidente que acredite un perjuicio irreparable y apelar al mismo tiempo; con la posibilidad de que al finalizar el análisis de la cuestión previa (falta de recursos) se le rechace la apelación por no haber depositado lo debido.- En síntesis, los argumentos hasta aquí dados me convencen que la normativa en análisis va en contra del principio de la tutela judicial efectiva consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica e integrante de la Constitución Nacional. Por tal razón entiendo que el nuevo artículo 22 de la Ley 22.802 -modificado por la ley 26.993- resulta inconstitucional.

ASI VOTO.

En virtud de las consideraciones del Acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la disposición apelada, con costas (art. 68, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Regular los honorarios del doctor Ricardo Sandoval Quiroz en .UMA (Unidad de Medida Arancelaria), en su carácter de letrada patrocinante; y de Verónica Laura Treviño en .UMA (Unidad de Medida Arancelaria), en su carácter de apoderada de la parte demandada (cfr. artículos 16, 19, 20, 21, 29 y 44, ley 27.423, Ac. CSJN 2/20).- Regístrese, notifíquese, y devuélvanse.

Jorge F.Alemany

Guillermo F. Treacy

Pablo Gallegos Fedriani

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