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#Fallos Reducción de condena: Si bien existió relación laboral, el salario del abogado actor debe fijarse considerando que la mayor parte de la jornada que denunció la dedicaba a atender a sus propios clientes

Partes: F. L. D. c/ Oliva y Asoc. Consultores S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 2-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129165-AR | MJJ129165 | MJJ129165

Si bien existió relación laboral, el salario del abogado actor debe fijarse considerando que la mayor parte de la jornada que denunció la dedicaba a atender a sus propios clientes.

Sumario:

1.-Es procedente reducir el monto de condena pues si bien existió una relación laboral entre el actor y el estudio demandado, el salario debe fijarse considerando el escaso tiempo que, según surge de las constancias del expediente, el actor ponía efectivamente su fuerza de trabajo a disposición de aquella, toda vez que la mayor parte de la jornada en que denunció haber estado a completa disposición de la empleadora, la dedicaba en realidad a su labor como profesional independiente, atendiendo a sus clientes en la oficina ubicada en el estudio de la demandada, junto con un socio ajeno a la misma y facturando personalmente por sus servicios.

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Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 2-11-2020 para dictar sentencia en los autos caratulados: «F., L. D. C/ OLIVA Y ASOC. CONSULTORES S.A. S/ DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Mario S. Fera dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar al reclamo, recurre la parte demandada a partir del escrito agregado a fs. 167/173, contestado por la parte actora a fs. 176/177. Asimismo, a fs. 174 la perito contadora apela los honorarios regulados a su favor, por considerarlos reducidos.

II- La demandada se agravia de la sentencia de primera instancia en cuanto el Sr. Juez hizo lugar al reclamo. Cuestiona la valoración de las pruebas efectuada por el magistrado que me precede y manifiesta que la sentencia resulta arbitraria por no haber sido debidamente fundada. Estimo que la queja debe prosperar parcialmente.

Advierto que, en el caso, el actor denunció la existencia de una relación laboral con la demandada sin registración legal. Manifiestó que trabajó para el estudio demandado desde el 2/12/2007 hasta el 8/1/2015 realizando tareas de abogado senior -fuera de convenio-, con todo el personal del área jurídica a su cargo, con una jornada fija desde las 8:00 hasta las 20:00 hs. de lunes a viernes, durante la cual se encontraba en forma permanente a disposición de la demandada y por la cual percibía una remuneración de $40.000 (ver escrito de inicio, fs. 6vta./7).

La demandada, por su parte, negó los hechos alegados por el actor y sostuvo que nunca fue empleadora del Sr. F., sino que, por ser amigo de la familia de Oliva, le facilitó hacer uso de un espacio físico para la atención de su propia clientela, facturando los honorarios percibidos por sus servicios, con una línea telefónica separada de la central telefónica del estudio, cobrándole mensualmente los gastos telefónicos en que incurría.

Señaló que el actor desempeñaba su profesión de abogado con un socio, el Sr.Freige, y que durante los años 2013 y 2014 fue contratado por Federación Patronal Seguros como abogado penalista (ver escrito de contestación de demanda, fs. 27vta.).

En este marco, observo que el Sr. Juez tuvo por cierta la relación laboral invocada a partir de las declaraciones de Grau (fs. 84), Bungartz (fs. 86), Braulio (fs. 88) y Castaño (fs. 108) y, consecuentemente, hizo lugar al reclamo. Discrepo parcialmente con la valoración efectuada por el magistrado que me precede, porque a la vista de la totalidad de los elementos probatorios aportados advierto razones para dar razón, en cierta medida, a lo afirmado por ambas partes, dentro del marco de las normas jurídicas aplicables.

Al respecto, observo que el testigo Braulio dejó saber que «.sabe que el actor recibía órdenes de Oliva y le consta porque lo veía y lo escuchaba, incluso tenían reuniones de trabajo en las que participaban juntos, participaban Oliva, F., el cliente y el testigo (.) el estudio le pagaba el sueldo al actor y esto es una deducción del testigo (.) no sabe qué tipo de relación había entre el actor y el estudio (.) era Oliva quien decidía los clientes que atendía el actor, eran todos clientes del estudio y esto le consta porque el dicente lo veía, sabía que eran clientes del estudio, a algunos también los atendía el testigo en el aspecto contable (.) Que había personal del estudio que asistía al actor, y esto le consta porque había una chica estudiante de derecho que lo asistía, había procuración, no sabe precisamente las tareas de esa jovencita, pero estaba asignada para ser asistente de los temas legales.» (ver fs. 88).

Considero que el testigo dio debida razón de sus dichos, toda vez que trabajaba para la demandada y percibió de manera directa los hechos sobre los cuales declaró (art.386 CPCCN). Sin embargo, observo ciertas vaguedades en su declaración, tales como que el hecho de que el estudio le pagaba el sueldo al actor es una deducción del testigo, que no sabe qué tipo de relación había entre el actor y el estudio y que no sabre precisamente las tareas de la jovencita que asistía al actor (ver fs. 88).

La declaración de Castaño, por otra parte, abona, aunque en menor medida, la postura del actor en cuanto a la existencia de una relación laboral. Dicha testigo mencionó que efectuó tareas de limpieza y mensajería para la demandada entre el 2006 y el 2010, que escuchó al Dr. Oliva dar órdenes al actor y que sabe que éste atendía clientes del estudio porque era gente que también se reunía con el Dr. Oliva (ver fs. 108).

No obstante, también advierto que la testigo mencionó que veía al actor trabajar sólo en la oficina, que no veía cuando el Dr. Oliva le pagaba a los empleados y que no podría asegurar si los clientes del estudio que atendía el actor iban por temas particulares o por temas que manejaba el estudio (ver fs. 108). La testigo Grau nada aporta a la causa, toda vez que trabajó para la demandada sólo tres meses (desde agosto hasta noviembre de 2011) y si bien señaló que el actor trabajaba para Oliva no dio debida razón de sus dichos, toda vez que manifestó no saber qué tareas cumplía ni quién lo contrató, e indicó que «entiende» que el actor recibía órdenes e instrucciones de Oliva Jorge que era el dueño del estudio y que «entiende» que Oliva y Asociados le pagaba la remuneración al actor (art. 386 CPCCN). De conformidad con lo hasta aquí expuesto, valorados los testimonios en los términos del art. 9 de la LCT, corresponde tener por acreditada la prestación de tareas de parte del actor a favor de la demandada, en términos encuadrables en el art.21 y 22 de la LCT.

No obstante, considero que las restantes pruebas producidas en autos resultan contundentes y eficaces para considerar que las características de la relación que unió a las partes dista en mucho de las denunciadas en el escrito de inicio.

En efecto, advierto que los testigos Rosso y Eseiza, cuyas declaraciones resultan objetivas, precisas y coincidentes (art. 386 CPCCN), abonan la postura de la demandada consistente en que el actor utilizaba la oficina ubicada en su estudio para desempeñarse como abogado independiente, facturando personalmente por sus servicios.

El primero de ellos señaló que conocía al actor de haberlo visto en su estudio, en las oficinas del Dr. Oliva y que éste último le recomendó al actor cuando tuvo un problema legal. Manifestó que le pagó directamente al actor los trabajos de asesoramiento y que sabe que su socio, que también requirió sus servicios, le pagó a F. con cheques. También señaló que el actor compartía la oficina con un muchazo de apellido Freige, que estaban juntos en la oficina (ver fs. 146). Eseiza, por su parte, manifestó que trabajó para Oliva y Asociados desde mediados de 2012 y que F. ocupaba una oficina donde atendía clientes propios y algunos que le pasaba el Dr. Oliva; que compartía oficina con Alejandro Freige, quien era su socio y amigo; que cuando F. se fue del estudio el testigo le hizo la mudanza; que F. concurría a la oficina en forma irregular, no cumplía un horario fijo; que sabe que F. facturaba por sus servicios porque en alguna oportunidad entregó facturas a sus clientes y les cobró; y que los clientes se comunicaban directamente con F., lo llamaban a su celular o a un teléfono de línea que tenía en su oficina y que lo sabe porque todos los fines de mes se liquidaba la factura de teléfono y F. pagaba su parte (ver fs. 148).

El testimonio de Bungartz, por último, también abona -fuertemente por cierto- la postura asumida por la demandada.Bungartz, que era el encargado del edificio donde se encontraba el estudio Oliva y Asociados, manifestó que en el año 2006 o 2007 el actor hizo una pequeña mudanza para ocupar un despacho en el segundo piso con computadoras, carpetas y elementos para trabajar, que «.se enteró que era penalista por el movimiento de sus clientes, las cédulas que recibía.», que «.tenía un despacho personalizado, con la anuencia del Dr. Oliva por su amistad. Que esto lo sabe porque se lo transmitieron el Dr. Oliva y el Dr. F. y aparte por el transcurso del tiempo se fue enterando que había una profunda amistad entre F. y Oliva.».

También indicó que F. tenía su propio horario, que no tenía un horario establecido como los demás oficinistas, que solía estar por la tarde noche y no todos los días de la semana, que por la mañana por lo general no estaba, que «.alguna vez el actor le había dicho que por el trabajo específico que tenía a la mañana estaba en Tribunales, que iba a ver a los presos.», que en la mesa de entradas del edificio preguntaban por F. y el testigo los mandaba al segundo piso, que sabe que el actor y Oliva tenían un hobby en común que es el rugby (ver fs. 86/87). Considero que la declaración resulta seria y objetiva y que el testigo dio debida razón de sus dichos (art. 386 CPCCN).

Por otra parte, tengo en cuenta que Federación Patronal Seguros S.A. informó en autos que surge de sus registros facturaciones emitidas en favor del Sr. L. D. F. desde el 10/10/2012 hasta el 18/03/2015 (ver fs. 128).

También observo que de la contestación de oficio efectuada en autos por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires surge que el actor intervino en diversos juicios entre los años 2007 y 2015, que nada tienen que ver con el rubro en el que se desempeñaba la demandada (ver fs.115/126). Dichas circunstancias, sumadas a las declaraciones de Rosso y Eseiza y, especialmente, a la declaración de Bungartz, me llevan a concluir que la mayor parte de la jornada en que el actor denunció haber estado a completa disposición de la empleadora, la dedicaba en realidad a su labor como profesional independiente, atendiendo a sus clientes en la oficina ubicada en el estudio de la demandada, junto con un socio ajeno a la misma y facturando personalmente por sus servicios.

En este sentido, si bien concuerdo con el Sr. Juez en cuanto a que corresponde tener por acreditada una relación laboral -y, consecuentemente, tener por justificado el despido indirecto a nte la negativa de la demandada respecto de la misma-, discrepo con su consideración acerca de su dimensión, en particular, destaco que la remuneración denunciada no resulta adecuada a las labores y responsabilidades del actor (ver sentencia, fs. 163vta., párrafo 8).

Así, considero rebatidas las presunciones aplicables y, a partir de la facultad que me confiere el art. 56 de la LCT y el mismo artículo de la ley 18.345, considero que por el escaso tiempo que, según surge de las constancias de autos, el actor ponía efectivamente su fuerza de trabajo a disposición de la demandada, resulta prudente fijar su remuneración en la suma de $10.000. Por lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente a la queja bajo análisis y recalcular los rubros diferidos a condena en primera instancia, teniendo en cuenta dicha remuneración.

III- En tal sentido, considerando una remuneración de $10.000 y los demás parámetros tenidos en cuenta en la sentencia de primera instancia (ver fs. 163vta.), recalcularé a continuación los rubros diferidos a condena:

1) Indemnización por antigüedad: $80.000;

2) Indemnización por falta de preaviso: $20.000 + SAC: $1.666,66;

3) Integración mes de despido: $7.419,34;

4) SAC proporcional: $833,33;

5) Vacaciones proporcionales: $8.400 + SAC $700;

6) Art. 8 ley 24.013: $240.000 (96meses*10.000/4);

7) Art. 15 ley 24.013:$107.419,34;

8) Art. 2 ley 25.323: $53.709,67;

9) Art. 80 LCT: $30.000.

TOTAL: $550.148,34.

Aclaro que no incluí el rubro «salarios adeudados» porque de la sentencia surge claramente que el reclamo por salarios adeudados no prosperó (ver fs. 163vta., párr. 5), aspecto que no ha sido cuestionado.

IV- A partir de lo expuesto, propongo modificar la sentencia de primera instancia, y reducir el capital de condena a la suma total de $550.148,34, más intereses, que deberán calcularse desde la fecha y conforme la tasa establecidas en primera instancia, que no han sido cuestionadas.

V- Frente a las modificaciones propuestas y a partir de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto expedirme sobre las apelaciones interpuestas a este respecto.

En tal sentido, propongo imponer las costas de primera instancia en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora y las costas de alzada en el orden causado (art. 68, párr. 2, CPCCN).

Ello en razón de un criterio que estimo prudencial, más allá de un examen estrictamente numérico de las pretensiones cuantitativas en juego.

Teniendo en cuenta el monto del proceso, la naturaleza y complejidad del litigio, el resultado obtenido y la calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales realizados, propongo las siguientes regulaciones de honorarios por lo actuado en primera instancia, que se calcularán sobre el capital de condena más intereses: a la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el (%), a la representación y patrocinio letrado de la demandada en el (%) y a la perito contadora en el (%), aclarando que los porcentajes fijados compensan la totalidad de las tareas realizadas en beneficio de los litigantes, debiéndose adicionar, en el caso, el IVA correspondiente.Asimismo, propongo regular los honorarios por las labores desplegadas ante este Tribunal por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el (%), para cada una de ellas y respectivamente, que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de origen (arts. 38 ley 18.345 y ley arancelaria).

El Dr. Álvaro E. Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr . Roberto C. Pompa no vota (art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y que fue materia de apelación y/o agravio; 2) Modificarla parcialmente, reduciendo el capital de condena a la suma de $550.148,34, más intereses, que deberán calcularse desde la fecha y conforme a la tasa establecidas en la sentencia de primera instancia; 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios establecidas en origen (art. 279 CPCCN); 4) Imponer las costas de primera instancia en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora, y las costas de alzada en el orden causado; 5) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y de la perito contadora, por su actuación en primera instancia, en el (%), (%) y (%), respectivamente, a calcular sobre el capital de condena con más sus intereses; y 6) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada, por su actuación en esta instancia, en el (%) para cada una de ellas, respectivamente, que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de origen.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Hágase saber a las partes y peritos que rige lo dispuesto por la Ley 26.685 y Ac. C.S.J.N. Nº 38/13, Nro. 11/14 y Nro. 3/15 a los fines de notificaciones, traslados y presentaciones que se efectúen.

Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Mario S. Fera

Juez de Cámara

Ante mí:

L.Q.

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