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#Fallos Salvados por la buena fe: En el marco de una acción de petición de herencia, las demandadas deben restituir a los herederos lo que les corresponde de la suma obtenida en la compraventa de un inmueble integrante de la herencia

Partes: C. M. R. y otros c/ C. M. del C. L. y otro s/ petición de herencia

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 20-oct-2020

Cita: MJ-JU-M-129316-AR | MJJ129316 | MJJ129316

Se admite una acción de petición de herencia, pero, debido a la buena fe de las demandadas, estas solo deben restituir a los herederos la parte que les corresponde de la suma obtenida en la operación de compraventa del inmueble integrante del acervo hereditario.

Sumario:

1.-Habiéndose acreditado la venta del inmueble y la buena fe de las accionadas, corresponde que estas restituyan a los actores en su calidad de herederos, la parte que les corresponde de la suma obtenida en dicha operación.

2.-La demanda por petición de herencia posee un objeto de índole personal y otro de naturaleza real, toda vez que, por un lado, consiste en la invocación del título de heredero por quien la entabla, y, en cuanto a lo segundo, procura que se le reconozca a quien la ejerce su derecho respecto de los bienes que integran o pertenecieron al acervo hereditario.

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3.-En lo que atañe al inicio del cómputo de los intereses, el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos durante el tiempo de la posesión, empero, la situación cambia desde la notificación de la demanda.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de octubre de 2020, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos: «C. M. R. y otros c/ C. M. del C. L. y otro s/ Petición de herencia», habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, la Dr. O. Onofre Álvarez dijo:

I.- Antecedentes.

A fs. 13/23 se presentaron -por derecho propio- M. R. C., F. E. C., M. S. C. y F. A. C., promoviendo acción de petición de la herencia de Doña H. A. A.

Por ello, demandaron a las Sras. M. del C. L. C. y A. L. P.; a esta última por derecho propio y en su carácter de heredera de la Sra. M. I. P.

Solicitaron se excluya de la sucesión de la Sra. H. A. A. a las demandadas mencionadas y a la fallecida M. I. Prece, revocándose la declaratoria de herederos recA. el día 19 de junio de 2007 y dictándose un nuevo decisorio, en su favor. Además, solicitaron se ordene la restitución del inmueble integrante del acervo relicto por la Sra. A. y -para el eventual supuesto que ello no resultare posible- que se indemnicen los daños sobrevinientes (conf. art. 2312 C.C.C.).

Relataron que son hijos del Sr. A. E. C., quien falleció el día 7 de noviembre de 1996; carácter que les fuera reconocido mediante declaratoria de herederos dictada con fecha 26 de agosto de 2016, en los autos «C. ANGEL NATIVIDAD Y OTROS S/ SUCESION AB INTESTATO» (N° 86.056/2004), siendo su padre el único hijo habido del matrimonio de la Sra. H. A. A. y el Sr. Ángel Natividad C.; es decir, que resultan ser nietos y herederos de aquélla.

Condición que, describieron, deriva de la circunstancia que -al producirse el deceso de la Sra. H.A. A., el día 9 de marzo de 1999- los reclamantes heredaron a la misma en representación de su padre premuerto.

Describieron lo acontecido y colectado en la sucesión «A. M. E. Y OTROS» (N° 84.686/2006), iniciada por las accionadas en lo que -entiendenfuera una artera maniobra. Explicaron que M. I. P. y A. L. P., son hijas de Luisa A. y la Sra. M. del C. L. C. es descendiente de A. A.; ambas hermanas de H. A. A. y -por endeprimas hermanas de su fallecido padre, A. E. C. En dichas actuaciones, las nombradas omitieron denunciar la existencia de los -aquí- actores, alegando falazmente que su padre era soltero y sin descendencia.; ello, pese al cercano trato familiar que -dijeron- mantenían en ese entonces. Así las cosas, obtuvieron declaratoria de herederos de la Sra. H. A. A. en su favor, con fecha 19 de junio de 2007.

Refirieron que H. A. A., fue heredera de sus hermanas M. E. y A., dado que las mismas fallecieron antes que ella, sin dejar descendencia, siendo viudas y habiendo ya muerto sus ascendientes a dicho momento; por lo cual su abuela concurrió con sus hermanas vivas (A., L. E. y A.); mientras que -en el sucesorio de A.- concurrió con sus, entonces, dos hermanas vivas, L. E. y A. Así, ha heredado de su hermana M. E. en un 25 % y a A. en un 33,3 %.

Arguyeron que las emplazadas, valiéndose de la declaratoria de herederos obtenidas por las cinco hermanas obtenidas a su favor, solicitaron la inscripción respecto de un inmueble sito en la calle Uriarte 1563/65 UF N° 2 PB de CABA, matrícula 18-1309/2, con relación al cual -cada una de las hermanas A.resultaba ser condómina en un 1/5 indiviso.

Señalaron que, pese a la manifiesta y clara vocación hereditaria preferente de su parte -perfectamente conocida por las accionadas- han permanecido en una férrea oposición al reconocimiento de sus legítimos derechos respecto de la Sra. H. A.A., lo que explicitaran en sus presentaciones en aquel sucesorio.

Tampoco se han avenido a llegar a un entendimiento, manifestando, por lo contrario -y a todo evento- una cerrada negativa a reconocerlos en la audiencia convocada por esta Cámara (conf. fs. 243 del sucesorio) y con su incomparecencia a la mediación previa obligatoria en estos actuados. A lo que, agregaron, las innumerables tratativas extrajudiciales llevadas adelante a los efectos mencionados. Por lo cual, concluyeron, no cupo a su parte otra alternativa que recurrir a esta instancia judicial.

Hicieron referencia a la declaración de nulidad de la declaratoria de herederos de H. A. A., adhiriendo el sentenciante a fs. 94, a los fundamentos vertidos por el Sr. Fiscal en su dictamen de fs. 93; resolución que posteriormente revocara la Cámara a fs. 247/249.

Agregaron que las demandadas no han desconocido los vínculos invocados, ni redargüido de falsas las partidas de nacimiento acompañadas en aquél sucesorio.

Que, en definitiva, no cabe otra alternativa que disponer la revocación de la declaratoria de fs. 65/66 del expte. N° 84.686/2006 y -a la postre- reconocer, mediante nueva declaratoria, su carácter de herederos juntamente con sus legítimos derechos en la sucesión de la causante H. A. A.

Indicaron que ignoran la suerte o destino del inmueble de la calle Uriarte y -para el caso que aún se encuentre en poder de la emplazadas- solicitaron su restitución en la proporción que les corresponde (31,67 % indiviso). De igual modo y de resultar ello imposible postulan la indemnización de daños respectiva, para cuya cuantificación peticionaron se aplique al precio obtenido por aquéllas en la venta del bien, el porcentaje denunciado; es decir, una indemnización equivalente al 31,67 % del precio que hubieran obtenido de la eventual enajenación del inmueble.

Ofrecieron su prueba, fundaron en derecho y solicitaron se haga lugar a la demanda impetrada, en todas sus partes.

A su turno, se presentaron -por derecho propio y fs.41/50- las Sras. A. L. P. y M. del Carmen C.y reconocieron la veracidad de los vínculos invocados por los actores, avaladas por la información obtenida a través de la consulta espontánea de los autos caratulados «C. Natividad Ángel y otros s/ sucesión», advirtiendo -de su lectura- que recién con fecha 5 de junio de 2015, quedaron agregadas la totalidad de las partidas y -con data 26 de agosto de 2016- se dictó declaratoria de herederos acreditándose, en esa oportunidad, que el padre de los accionantes era hijo de H. A. A. y que la había prefallecido; habilitándose -de tal modo- el instituto de la representación en favor de los aquéllos. Aclararon que, además, nunca se les dio participación en dichos actuados.

Señalaron que es falso que las partes de este proceso hubieran tenido un cercano trato familiar, ya que desconocían la existencia de descendencia de Herminia A., que su hijo hubiera premuerto y que hubiera -a su vez- otros descendientes. Destacaron que -para que proceda esta acción- la actora, por una parte, debió previamente -dentro del marco del proceso sucesorio (expediente 85.686/06), invocar, acreditar y dar traslado en legal forma- de su calidad de heredero preferente y de su pretensión de obtener la modificación de la declaratoria que ya había sido allí dictada; lo que no ha sucedido. Advirtieron que la demanda en conteste, deja expuesta -por primera vez- la pretensión concreta de los distintos herederos de obtener la modificación de la declaratoria de H. A. A. y se les da traslado de dicha pretensión. Por ello, consideraron que esta acción resultaba absolutamente innecesaria y quienes la plantearon, debieran tomar a su cargo las costas del proceso.

Por otra parte, arguyeron que -para que proceda la acción de petición de herencia- es menester que las demandadas hubieran, previamente, desconocido la calidad de herederos de los actores.En el punto IV, segundo párrafo, de la demanda, ellos mismos han sostenido que «.Las demandadas no han desconocido los vínculos invocados por esta parte, ni redargüido de falsas las partidas de nacimiento acompañadas en los autos antes mencionados.». Refirieron, además, que su posición fue clara desde el mismo momento en que advirtieron de manera tangencial, parcial o irregular, la posible existencia de herederos con mejor derecho que su parte. Acotan que, en reiteradas presentaciones, manifestaron su expresa voluntad de aceptar la modificación de la declaratoria de herederos dictada en los aludidos autos «A., M. E. s/sucesión» y arribar a un acuerdo conciliatorio con los, aquí, actores.

En aras de los principios de buena fe y economía procesal, reiteraron su reconocimiento del vínculo que une a los reclamantes con M. Antonia A. y el consiguiente derecho de éstos a obtener la modificación de la declaratoria de herederos dictada en el expediente N° 84.686/2006 tal como lo avalara la sentencia del tribunal superior en la misma cita recreada por los accionantes.

Relataron que, conforme surge de los autos «A., M. E. y otras s/ sucesión» iniciaron -junto con M. Prece y con fecha 9 de Octubre de 2006- el juicio sucesorio de las hermanas A., M. E. (fallecida el día 21 de junio de 1983, viuda y sin hijos), A. (cuyo deceso aconteciera el día 12 de enero de 1989, viuda y sin descendencia) L. E. (perecida el día 26 de septiembre de 1992, viuda y con dos hijas, una de las cuales es A. L. P., y la otra, M., ya extinta y de quien resultara ser Alicia su única y universal heredera), Herminia Antonia, quien expiara el día 9 de Marzo de 1999 y que fuera denunciada como de estado civil viuda, sin descendencia, y Aida (fallecida el día 28 de Julio de 2006, viuda y con una hija, M. del C. L. C.). Que, ciertamente, la falta de denuncia de descendencia de H. A. A.se debió a que ignoraban que, de la unión de ésta con su cónyuge, hubiera nacido un hijo, que el mismo hubiera prefallecido y que -a su vez- tuviera descendencia. Recordaron que iniciaron el sucesorio de las hermanas A., luego de transcurridos más de siete años después del fallecimiento de HERMINIA y -en oportunidad del sorteo para el inicio del proceso- no surgió que existiera algún juicio sucesorio de ninguna de las causantes; incluso de las constancias existentes en el Registro de Juicios Universales. Se publicaron los edictos de ley y se obtuvo el dic tado de la pertinente declaratoria de herederos, que fuera inscripta por ante el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble a su favor y en relación al único bien que denunciaron como integrante del acervo sucesorio; el inmueble sito en Uriarte 1565, Unidad 2, C.A.B.A. y que se mantuvo indiviso hasta el fallecimiento de la última de las hermanas.

Indicaron que, el día 20 de noviembre de 2007 -un año después de iniciado el sucesorio- concretaron la venta de la referida propiedad con intervención de la Escribana Silvia J. T. de Busto -propuesta por la compradora- la que fuera inscripta por ante el Registro de la Propiedad Inmueble local; operación que se realizó por la suma de cuarenta y tres mil dólares estadounidenses, (U$S 43.000), equivalentes a pesos ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta ($135.450), que recibieran íntegramente en ese acto en dinero efectivo. Afirmaron que, en dicha oportunidad, procedieron a abonar los gastos de escrituración y la comisión al agente inmobiliario que intervino. Recrean, asimismo, que en el mes de abril de 2008 saldaron los honorarios de la profesional que tramitara -en forma conjunta- los cinco procesos sucesorios y -el remanente del precio, descontados igualmente los gastos del trámite sucesorio- se distribuyó entre ellas por mitades.Transcurridos más de siete años de tales acontecimientos recibieron una cédula de notificación por la cual, sin ninguna intervención de su parte, el Juez a cargo resolvió -de oficio- declarar la nulidad de la declaratoria de herederos dictada, a fs. 65/6, con relación a H. A. A. y todo lo actuado en su consecuencia. Se ordenó y ejecutó -asimismola inscripción de su resolución, por ante el Registro de la Propiedad Inmueble «inaudita parte». Allí, tomaron -por primera vez- conocimiento de la existencia de posibles herederos con mejor derecho. Plantearon, contra dicha resolución, recurso de revocatoria -el que fuera rechazado- y, en el mismo acto, interpusieron y fundaron recurso de apelación, en subsidio. Entre otras razones, alegaron la violación de su legítimo y pleno ejercicio del derecho de defensa y al debido proceso; toda vez ya que la resolución atacada -según sus dichos- fue dictada sin ninguna participación de su parte; tampoco medió petición alguna en tal sentido por parte de los -ahora- actores, a quienes se les solicitó dieran traslado de sus agravios. Que los argumentos que los mismos expusieran, fueron rechazados por esta Cámara, consagrando el derecho de su parte; dejándose sin efecto dicha resolución, así como la de todos los actos que fueron consecuencia de la misma, por estar afectada de nulidad absoluta y manifiesta.

Aclararon que, lo que se hallaba en debate a ese momento, era la invalidez de la resolución dictada a fs.94 en el sucesorio «A., M. E. y otros s/sucesión», no se planteaba tratamiento alguno respecto del derecho de los aquí accionantes.

Los antecedentes evidenciaban -a su criterio-, una conducta procesal -por parte de los accionantes- de absoluto desinterés respecto de la tramitación del sucesorio de H. A. A. Y ello era así, como consecuencia de la inexistencia de todo vínculo entre la familia C. – Di Fonzo y la familia A., con el consiguiente desconocimiento de otros sucesorios y bienes.Así -acotan- no iniciaron la sucesión de ninguna de sus tías premuertas, a pesar de los derechos de su abuela en esos procesos «mortis causae», no manifestaron o evidenciaron -en el expediente 8605/04- interés en avanzar en la tramitación del similar correspondiente a Herminia Antonia. Tampoco denunciaron, como integrante del acervo de ésta, la proporción que les correspondía sobre el bien que las hermanas A. mantuvieron en condominio hasta la muerte de la última, siendo que M. E. había fenecido más de 20 años antes de la fecha en que ellos iniciaran el sucesorio de su padre y abuelos. Que -curiosamente- su conducta varió de manera radical, con posterioridad al conocimiento forzado que adquirieron sobre la existencia del sucesorio que iniciaran las demandadas y su composición, consagrando una clara presunción de su absoluta ignorancia previa sobre la existencia de esa parte de la familia y de su patrimonio. Ello así, en consonancia con el desconocimiento de ellas sobre la familia C. y la existencia de los bienes que fueran denunciados por los actores como integrante del acervo de Herminia en el expediente 86.056/04.Mal pueden entonces formular las imputaciones que -de manera mendaz- atribuyeran a su conducta; siendo que ésta no es más que la lamentable consecuencia del recíproco desentendimiento, de buena fe, que mantuvieran hasta la actualidad.

Remarcaron que no existió petición previa de la modificación de la declaratoria, excluyéndolas de la ya dictada, ni oposición de su parte a que se la modifique.

En consecuencia, esta acción les resultó intempestiva e improcedente, ya que -entendieron- se ha omitido el paso previo que señalara la Cámara, indicando que -una vez acreditados los vínculos preferentes y pedida por los interesados la modificación, sin oposiciones- ningún obstáculo se hubiera interpuesto a la modificación de la declaratoria y que -solo en el caso de no mediar acuerdo de partes interesadas la cuestión debiera, indefectiblemente, ser sustanciada por juicio ordinario.

Prestaron, en definitiva, expresa conformidad con la pretensión de que se modifique la declaratoria de herederos de DOÑA H. A. A., en cuanto incorpora y declara como herederos de la misma a quienes así lo solicitaran en consonancia con lo actuado en los autos «C., Ángel Natividad y otros s/ sucesión» y -en consecuencia- se las excluya de la misma en razón de que tienen un grado más lejano de parentesco con la mencionada causante, reiterando que jamás dieron lugar al inicio de esta acción.

Arguyeron que los presentantes ignoraron la suerte del inmueble sito en Uriarte 1563/64, Unidad Funcional Nro. 2, P.B.A. matrícula 18-1309/2; venta que surge de la contestación del Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, obrante en los autos «A., M. E. y otras s/sucesión». Siendo ello así, resultó improcedente pretender que se les restituya la proporción del bien según reclaman en la demanda.

Respecto de la pretensión esgrimida en el punto V.3 señalaron su carácter confuso.Contrariamente a lo que marca la ley procesal, los actores no precisaron el alcance de su reclamo, fijando el monto que pretenden les sea reconocido; cuando la venta surge de las mismas actuaciones y sus condiciones se encuentran acreditadas en registros de acceso público. Reclamaron -subsidiariamente- indemnización de daños conforme art. 2312 párrafo 2 del C.C.C. -que es la hipótesis prevista para el heredero aparente de mala fe en el supuesto de que resulte imposible la restitución en especie- y, a renglón seguido, argumentaron que -para cuantificar la indemnizaciónhabrá de aplicarse al precio obtenido por la venta el porcentaje que denuncia en el punto V.2., (31,6%) que versa sobre el supuesto previsto en el art. 2315, al que no refirieron.

Aludieron que -en el caso de autos la única norma aplicable es, precisamente, el art. 2315 del C.C.C. -último párrafo, primera parte- que señala que el heredero aparente, de buena fe, debe restituir al heredero el precio recibido. Para así sostenerlo, destacaron que resultan ser de absoluta buena fe. Y ello así no solo por las razones ya apuntadas o porque la ley así lo presume, sino -además- debido a que los actores conocían, de manera indubitable, su llamamiento a la sucesión de la abuela; lo que quedara demostrado -palmariamente- con las constancias que obran en la causa «C., Ángel Natividad y otros s/sucesión», que incluye su similar de H. A. A. y que fuera iniciado en el año 2004 (v. arts 3428 C.C. y art. 2313 C.C.C.) En este caso, las accionadas actuaron conforme a derecho, dando a publicidad el inicio del sucesorio de las maneras que marca y conmina el derecho procesal, para permitir la intervención de otros interesados; lo que hace que cualquier heredero diligente pudo conocer fácilmente la radicación e inicio del sucesorio.Así, estando acreditada la venta del inmueble sucesorio, una vez peticionada y aceptada la modificación de la declaratoria de herederos, sólo cabe al heredero aparente restituir a los sucesores de mejor derecho el precio neto obtenido, en la proporción que les corresponde.

Por ello, se avinieron a restituir el porcentaje del precio de venta del inmueble que corresponde a los actores -deducidos los gastos necesarios y útiles que debieron afrontar- conforme surge de la documental que acompañaran y de los expedientes ofrecidos como prueba; que comprenden la tasa de justicia, el costo de la publicación de edictos de ley y los honorarios pactados con su letrada y -fuera del sucesorio y con igual alcance- lo abonado por comisión inmobiliaria y gastos de escrituración.

Ofrecieron su prueba y solicitaron que, oportunamente, se dicte sentencia en la forma requerida, con costas a la parte actora.

II.- La sentencia.

El primer juzgador, en el decisorio de fs.126/ 130, afirmó que no existe controversia en cuanto a que M. R. C., F. E. C., M. S. C. y F. A. C., son hijos de A. E. C., quien -a su vez- es el único descendiente habido de la unión entre Ángel Natividad C. y doña H. A. A.; sobre lo cual las emplazadas prestaron conformidad al momento de contestar la demanda. No obstante que los vínculos invocados se encuentran debidamente acreditados en el trámite de la sucesión «C., Ángel Natividad y otros», expte. 86.056/2004 (ver declaratoria de herederos dictada el 26 de agosto de 2016, a fs. 142). De tal manera, determinó que corresponde hacer lugar a la demanda de petición de herencia interpuesta en los términos de los arts. 2310 y siguientes del CCyCN.

En cuanto a la cuestión atinente a si existió buena o mala fe de las demandadas al formular las denuncias sobre la inexistencia de descendientes de la causante H. A. A. (ver su escrito de fs. 14, punto I de los autos «A., M. E.y otros s/ Sucesión ab intestato» , expte.N° 84.686/2006 ), señaló el a-quo que la mala fe invocada no ha sido probada en lo absoluto. Máxime -sostuvo- teniendo en cuenta que los demandantes iniciaron la sucesión de su abuela, luego de transcurridos cinco años de su fallecimiento y, no obstante el escrito de inicio y su providencia respectiva (ver fs. 54 vta./55 del expte.»C., Ángel Natividad y otros s/ sucesión abintestato», pasaron diez años más hasta tramitar el formulario 3003/56 (ver fs. 73 de dichos autos), lo cual les posibilitó advertir el hecho invocado en esta demanda de petición de herencia. Ponderando entonces que, como mínimo, al día 23 de septiembre de 2004, los actores debieron conocer que H. A. A. había fallecido, siendo la fecha en que promovieron el proceso sucesorio, concluyó que no han logrado probar la mala fe de las emplazadas.

Advirtió que, según dispone el art. 2315 del Código Civil y Comercial de la Nación, los actos de disposición que realiza el heredero aparente a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos con mejor o igual derecho, son válidos. El heredero de buena fe debe restituir el precio percibido.

Indicó que la porción que corresponde restituir a los actores, es el 33,33% y que, según surge de la copia de la escritura que acompañó la escribana actuante (ver fs. 75/80), el inmueble fue vendido por el precio de cuarenta y tres mil dólares estadounidenses (U$S43.000).

En consecuencia, declaró que, por el fallecimiento de H. A. A., le suceden en carácter de únicos y universales herederos sus nietos M. R. C., F. E. C., M. S. C. y F. A. C., en representación de su padre pre muerto A. E. C. y condenó a M. del C. L. C. y a A. L.P., a que les restituyan la suma de dólares estadounidenses catorce mil trescientos treinta y dos (U$S14.332). Ello con más los intereses a computarse desde la notificación del traslado de la demanda (por aplicación analógica del art. 2315, párrafo primero). En cuanto a la tasa estipulada para cuantificar los mismos, en orden a las variables financieras atravesadas en nuestro país durante los años transcurridos en el lapso aquí comprendido y teniendo en cuenta el tipo de operación de que se trata, consideró justo y equitativo fijar la misma en un cinco por ciento (5%) anual por todo concepto.

Con costas en el orden causado, por no haber mediado oposición de las emplazadas al reconocimiento de la calidad de herederos de los demandantes.

III.- Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento apelaron las partes, expresando agravios el coactor F. E. C. a fs. 150/156 y las demandadas a fs. 141/145; los que fueran contestados a fs. 163/172 y 158/161, respectivamente.

El accionante cuestiona: 1) el inicio del cómputo de los intereses fijado en la resolución en crisis. Advierte que resulta evidente el yerro del «a-quo» al recurrir a la interpretación analógica del artículo 2315 del C.C.C.; cuando dicho cuerpo normativo prevé que «.a partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes.» (art.

768 C.C.C.); motivo por el cual -aduce- lo esencial a los efectos de conocer el «dies a quo» de los intereses debidos en autos, radica en determinar la fecha en que las encartadas han quedado en mora.Señala que es pacífica la doctrina y la jurisprudencia del fuero en considerar que, la mediación previa y obligatoria establecida en la Ley n° 24.573, es un medio hábil para constituir en mora al deudor y -por lo tanto- que es a partir de dicho momento que se deben abonar los intereses.

Lejos de ello, el artículo 2.315 C.C.C, se refiere, exclusivamente, a los actos de administración del heredero aparente y nada dice con relación al inicio de aquel cómputo. Por lo demás, tampoco podrá fijarse el mismo en la fecha de la sentencia, toda vez que esta Sala ya se ha pronunciado en el sentido que el juez en el decisorio fija un «quantum», lo que -de ningún modo- es equivalente al momento a partir del cual la obligación se hace exigible; siendo desde la mora que resulta computable. Cita jurisprudencia. Manifiesta que, conforme surge de fs. 2/8, las accionadas fueron notificadas de la audiencia de mediación previa obligatoria celebrada el día 04.04.2017, vía cartas documento dirigidas a los domicilios que -a la postre- éstas denunciaron como reales al contestar demanda y, no obstante, no comparecieron a aquélla. Concluyen que resulta claro -a su criterio- que se impone revocar el decisorio de grado y fijar el inicio del cómputo de los intereses de autos en la fecha de celebración de la mediación.

2) La tasa de interés fijada por el sentenciante en el cinco por ciento (5%) anual por todo concepto, la que considera escasa y que -agrega- es evidentemente compartido por esta Sala, atento que, refiriéndose a la tasa aplicable a obligaciones en moneda extranjera, ha sostenido -en reiteradas oportunidades- que debe aplicarse un 15 % anual omnicomprensivo de intereses moratorios y compensatorios. -art.277 del CPCC-. Cita jurisprudencia y pide se revoque la sentencia en lo concerniente a este aspecto, elevándose la tasa de interés a un quince por ciento (15%) anual por todo concepto.

3) La imposición de costas en el orden causado dispuesta en el resolutorio de grado, apartándose indebidamente del principio general en la materia (conf. art. 68 C.P.C.C.)., en virtud del cual el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor. Agrega que, en el «sub lite», es indudable el carácter de vencedora de su parte y de vencidas de las accionadas; lo que surge explícitamente al haberse hecho lugar a la demanda interpuesta, condenándose a las accionadas. De allí que es incuestionable -sostiene- que su pretensión ha prosperado. Con relación a los rubros admitidos, indica que no interesa que lo fueran por un monto menor al reclamado, pues en ese plano la noción de vencido corresponde sea fijada con una visión sincrética del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados; puesto que, aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria. En resumidas cuentas, habiendo sido las accionadas objetivamente derrotadas en autos, las costas de estas actuaciones deben aplicarse íntegramente a las mismas. La falta de oposición genéricamente considerada, no conlleva necesariamente a la eximición de costas. De aquí que, siendo evidente que no concurre en autos un motivo serio que permita al magistrado soslayar el principio general en materia de imposición de costas, se impone su aplicación y -por ende- la revocación de la sentencia de grado en el sentido indicado. Para el remoto caso que V.E. estime que la falta de oposición de las emplazadas constituye una causal de eximición de costas, señala que no es cierto que éstas no se hayan opuesto a su pretensión; que -muy por el contrario- han desplegado una férrea resistencia a la acción intentada. La conducta procesal desplegada por C. y Prece en estos actuados y en los conexos «A. M. E.y otros s/sucesión ab intestato» (Expte. nº 84686/2006) es sumamente elocuente -a su criterio- y deja en evidencia que la supuesta falta de oposición al reconocimiento de la calidad de herederos -aludida por el «a- quo»- no es tal. Que, a más de negarse a reconocer los legítimos derechos de los reclamantes, voluntariamente han resistido d-e todas las maneras posibles y de forma enérgica- dicha pretensión. Concluye que, una imposición de costas como la efectuada en la sentencia de grado, en definitiva, gravita en desmedro de la parte victoriosa, que aun siendo jurisdiccionalmente airosa y habiendo sido reconocidos sus derechos, no serán íntegramente resarcidos, dado que deben atender parte de los gastos del proceso; lo cual se encuentra reñido, no solo con las normas procedimentales, sino con el más elemental sentido común. Siendo de toda obviedad que no resultaría justo -manifiesta- que deban atender las erogaciones generadas por estas actuaciones, cuando se han visto obligados a litigar por la actitud de las demandadas y han resultado vencedores en el proceso; siendo necesario imponer las costas a las vencidas.

Por su lado, las emplazadas se agravian por: 1) el importe de condena. Aluden que, en la demanda, los actores solicitan la restitución del bien que integraba el acervo de H. A. A., «.y en caso de no ser ello posible se indemnicen los daños (conf. art. 2312 C.C.C.)», remarcando -a su vez- «.que el monto de la eventual indemnización que pudiera corresponder.resulta indeterminada a la fecha.»; colocándolas en una riesgosa y confusa situación procesal. En primer lugar, dicen que reclaman un objeto que debieron saber imposible (restitución del bien) y -subsidiariamente- uno indeterminado, sin mención alguna a su posible composición.

Ello obligó a su parte, como única forma de ejercer su derecho de defensa y -simultáneamente- permitir la conclusión del conflicto, a suplir las falencias y errores de los accionantes, así como a encuadrar las pretensiones dentro del marco normativo efectivamente aplicable.Claramente, afirman, no se precisó ni la entidad económica de la indemnización que pretendían obtener, ni los rubros que podían integrarla, en violación de la obligación impuesta por el art. 330 del C.P.C.C. Tal acontecer las colocó en la necesidad, no solo de rechazar la pretensión de los accionantes de manera concreta y fundada (improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios imponible al heredero de mala fe, que pretendían), sino encarar la defensa de fondo, delimitando los alcances de la responsabilidad económica que le cabía a su parte, de conformidad con el encuadre normativo aplicable, que señalan específicamente los arts. 2313 y 2315 del CCyCN. Manifiestan que, al contestar la demanda, sostuvieron ser herederas aparentes de buena fe, como efectivamente lo consagró la sentencia recurrida, por lo cual se caía el íntegro reclamo de la parte actora y no cabía reconocerles ni el reintegro del bien, ni la indemnización de daños y perjuicios que reclamaban en los térmi nos del art. 2312 CCyCN. Discrepan con el Juzgador, en cuanto omite aplicar el art. 2313 del CCyCN, previsto específicamente para encuadrar la responsabilidad económica de los herederos aparentes. Así, demostradas la buena fe y la venta del inmueble, afirman que solo cabe al heredero aparente restituir, a los sucesores, de mejor derecho, el porcentaje del precio de venta del inmueble (art. 2315 «in fine») deducidos los gastos necesarios y útiles que debieron pagar las demandadas de buena fe, para posibilitar la obtención de dicho precio (conf. art. 2313 CCyCN); tema que no fue tratado en el pronunciamiento.

Refieren que su parte, respetando el principio de buena fe procesal, reconoció «ab initio» el derecho que corresponde al heredero de mejor derecho y que no es otro que el reembolso del precio -del neto recibido-; es decir, el pactado con el comprador descontados los gastos necesarios y útiles pagados por las accionadas para arribar a tal fin, quedando así integrada la litis.Plantean que el juzgador nada dijo sobre su defensa, quedando así ésta tácitamente rechazada en la sentencia. Agregan que, para arribar al precio restituible, denunciaron cuáles consideraban gastos útiles y necesarios, solicitando su reembolso en los términos del art. 2313 del CCyCN, acompañándose la prueba documental que los instrumentaba y ofreciéndose la informativa que la ratificaba. De todo ello se dio debido traslado, ordenando el «a-quo» la producción -entre otras- de la informativa que confirmaría la existencia y entidad de tales erogaciones; lo que no mereció objeción de la parte actora.

Señalan que se demostró, a través del expediente «A., M. E. y otros s/sucesión ab intestato» (Nro. 84686/2006), la necesidad de la tramitación de los juicios sucesorios de las hermanas prefallecidas de Herminia A. -como única vía de conocer la íntegra composición de su propio acervo- que así quedaba integrado por el porcentual del bien del que ésta era titular desde su adquisición (20%), con más los porcentuales que se le sumaron con motivo de los derechos que le correspondían, conforme las declaratorias de herederos dictadas en los sucesorios de María Elena y A. A. -cuyo trámite y coste estuvo a cargo exclusivo de las recurrentes- al igual que el de aquélla. Además, la entidad de los gastos que demandó el trámite, tales como la tasa de justicia (fs.50 abonada el día 16.04.2007 por la suma de $ 118,14), publicación de edictos (fs. 34 recibo de fecha 27.02.2007 por $ 40), comprobantes de otros gastos (fs. 36/47 informes de dominio e inhibición sufragados el 04.04.2007 por la suma de $ 25.05 cada uno); lo que no podía ser ignorado por los actores. Igualmente se acreditó, a través del recibo emitido con data 14 de abril de 2008 por la Dra. Sofía Peirteroien, cuál fue el importe de los honorarios que abonaron las demandadas por la tramitación de las cinco sucesiones de las hermanas A.(U$S .), autenticidad que fue reconocida por la letrada, conforme su presentación de fs. 50. También se encuentran acreditados los gastos que demandó la escritura de venta del inmueble que compone el acervo sucesorio (a través del recibo de fs. 78 que consigna fecha 20.11.2007) y la contestación de oficio que presentara la Escribana Silvia J.Titilewsky de Busto -titular del Registro Notarial 2030- que luce agregada a fs. 80 y recibo de fs. 78, de fecha 20.11.2007 por $ 3.713,61. Piden se modifique la sentencia apelada, deduciendo del precio de escritura, los gastos necesarios y útiles que han sido probados, con más sus intereses desde la fecha de su efectivización.

Para el caso de que V.E. hiciere lugar a la restitución de cuanto afrontaran a su cargo, plantean necesario conocer la tasa de interés aplicable sobre lo que fuera hechos en pesos y la fecha desde la que deben aplicarse. Así, apelando al principio de economía procesal, solicitan se determinen en esta instancia tales aspectos.

2) La imposición de costas en el orden causado. Remarcan que la demanda contenía dos reclamos diferenciados: la petición de herencia propiamente dicha y el reembolso económico a favor de los herederos de mayor derecho. Que ha dicho el Juzgador que imponía las costas en el orden causado «.por cuanto no ha mediado oposición de las emplazadas al reconocimiento de la calidad de herederos de los demandantes.», pero nada dijo en relación al segundo aspecto del reclamo. Que es cierto que, por un elemental principio de buena fe, reconocieron la calidad de herederos de los demandantes, pero no lo es menos que -al momento de contestar la demanda- sostuvieron, también, que la acción resultaba absolutamente innecesaria e intempestiva. Se requería -como ineludible y necesario paso- previo al inicio de una demanda, que los actores se presentaran en la sucesión A., acreditando sus vínculos preferentes en debida forma y requirieran la modificación de la declaratoria allí dictada, incluyéndolos como exclusivos herederos de H. A.A., en representación de su padre prefallecido; resultando necesaria esta acción sólo si se hubieran opuesto a dicha petición; pero nada de ello sucedió. Es decir, que debieron someterse a este proceso, sin que la contraria haya cumplido los pasos previos que pudieron evitarlo y -no obstante su conducta intempestiva, de acuerdo a la sentencia apelada- quedan indemnes de toda responsabilidad en relación a la contraria. A más que no pudieron probar la alegada mala fe de su parte, con la consiguiente cA. del íntegro objeto de la acción tal y como fuera planteado y erraron igualmente el porcentual que reclamaban en el sucesorio. Por todo ello, solicitan se revoque esta parte del fallo, imponiéndose las costas a la actora, o -cuanto menos- se distribuyan en porcentuales diferenciales que contemplen las razones señaladas.

IV.- Antes de ingresar a la cuestión de fondo, es dable advertir que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).

Pues bien, los actores demandaron por petición de herencia, en virtud de su título de legítimos herederos de su abuela H. A. A., a fin que se reconozca su derecho y se condene a las demandadas a la restitución de la parte del inmueble de la calle Uriarte 1563/65, U.F. N° 2, P.B.de esta ciudad, que les corresponde por conformar el acervo sucesorio de aquélla o -de no resultar ello posible- la indemnización de daños respectiva.

El «a-quo» hizo lugar -como quedó dicho- a la petición de herencia y declaró que, por el fallecimiento de H. A. A., le suceden -en carácter de únicos y universales herederos- sus nietos M. R. C., F. E. C., M. S. C. y F. A. C. -en representación de su padre pre muerto A. E. C.- y condenó a M. del C. L. C. y a A. L. P. -herederas aparentes de buena fe-, a que, habiendo sido vendido el inmueble en cuestión en la suma de U$S 43.000, les restituyan el precio recibido; esto es, la suma de dólares estadounidenses catorce mil trescientos treinta y dos (U$S14.332), equivalente al 33,33 % que les corresponde.

Las accionadas en su memoria sostienen que, demostradas su buena fe y la venta del inmueble, solo cabe al heredero aparente restituir -a los de mejor derecho- el porcentaje del precio de venta del inmueble (art. 2.315 in fine CCyCN) deducidos los gastos necesarios y útiles que debieron pagar para posibilitar la obtención de dicho precio (conf. art. 2313 CCyCN); tema que -sostienten- plantearan, probaran y no fuera tratado en el pronunciamiento.

Pues bien, la acción de petición de herencia es conferida a quien, considerándose pretendiente del acervo en calidad de sucesor universal, reclama de aquéllos que han tomado posesión de los bienes invocando esa misma calidad, el reconocimiento de sus derechos y la entrega de todo lo que forma parte de la sucesión o de la porción que a él le corresponde (Maffia, J., Tratado de las sucesiones, T I, p.377, segunda edición actualizada por Hernández, Lidia B, y Ugarte, Luis).

Sabido es que la acción de petición de herencia tiene por objeto el reconocimiento del título de heredero o -dicho de otro modo- el emplazamiento del titular de la vocación en carácter de heredero, además del beneficio pecuniario derivado de su participación en el acervo sucesorio (conf. Expte. N° 67.377/2005, «COLUSSI, Adrián Alejandro contra COLUSSI, Eliana Rita sobre Petición de herencia», voto de la Dra. Lidia B. Hernández).

En este sentido, la demanda por petición de herencia posee un objeto de índole personal y otro de naturaleza real; toda vez que, por un lado, consiste en la invocación del título de heredero por quien la entabla (Zannoni, Eduardo, «Derecho de las sucesiones», t. I, p. 470) .y, en cuanto a lo segundo, procura que se le reconozca a quien la ejerce su derecho respecto de los bienes que integran o pertenecieron al acervo hereditario (cfr. Salas, A. – Trigo Represas, Félix A. «Código Civil Anotado», tomo 3, pág. 63, Edit.Abeledo-Perrot). El beneficio pecuniario derivado de la participación de tal heredero en el caudal relicto se concreta -según los casos- en la entrega de los bienes hereditarios o en el pago de sumas de dinero en su reemplazo o indemnizaciones.

De allí que, habiéndose acreditado la venta del inmueble y la buena fe de las accionadas, deban éstas restituir a los actores en su calidad de herederos, la parte que les corresponde de la suma obtenida en dicha operación, como se resolviera.

En cuanto a la compensación de gastos pr etendida, lo cierto es que la misma no ha sido reclamada por vía reconvencional, por lo que la parte actora no tuvo la debida oportunidad de contestar sobre la procedencia o improcedencia del o de los reclamos; decidir lo contrario importaría la violación del principio de congruencia En este sentido, como sostuviera esta Sala en autos «VIEYRA, Juan José contra VIEYRA, Ciriaca Elvira sobre Cobro de sumas de dinero» (expediente N° 96.132/2008, voto de la Dra. Lidia B. Hernández), el principio de congruencia se refiere exclusivamente a la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones que quedan sometidas a su decisión como consecuencia de la articulación de la relación procesal (SCBA Ac. 26408 15 de mayo 1979). Al decir de Guasp, consiste en la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto (Derecho Procesal Civil, Madrid 1961, p. 533).» En el sistema dispositivo que informa al proceso civil, predomina el señorío de la voluntad de las partes, pues son éstas quienes fijan y determinan el objeto litigioso y aportan el material de conocimiento (Díaz, Instituciones de derecho procesal, vol. I, p.

341, núm.17). El órgano jurisdiccional queda así vinculado por los límites del «thema decidendum», los cuales no pueden ser excedidos desde que son los justiciables los que precisan los hechos que deben ser materia de juzgamiento, derivándose, como consecuencia de ello, el principio de congruencia al cual deben ajustarse en su cometido los jueces (art. 34 inc. 4 y art. 163 inc. 6 C.Proc.).

Dichas directivas no son ajenas al procedimiento de la segunda instancia, desde que también son las partes las que, a través de la expresión de agravios, conocida como demanda de apelación, delimitan la potestad decisoria de la alzada (art. 260 y 272 CPr). Precisamente, el planteo del actor en esta alzada, repite aquello que consideró constituía el objeto de la litis en la instancia anterior.

La decisión debe comprender todas las pretensiones; ha de ser plena; debe hacerlo contemplando las que se hayan formulado en el juicio; esto es, ser congruente con la forma como ha quedado trabada la relación jurídica procesal (art. 34 inc. 4 del Código Procesal).» No cabe olvidar el poder de disposición de las partes, que sólo cede en aquellos supuestos en que el interés social esté comprometido, por lo que se admite la necesidad de hacer prevalecer los poderes del juez sobre las facultades dispositivas de las partes. Es recién en tales hipótesis, en que el proceso civil adquiere carácter inquisitivo, pues las partes carecen de la disponibilidad del derecho o de la relación que les sirve de fundamento y la autonomía privada debe ceder paso a una mayor injerencia del órgano judicial (Palacio, Derecho Procesal civil, T I, p. 370, num.50).» Además, uno de los fundamentos del mentado y citado principio está ahincado en la indefensión de las partes en una materia resuelta en la sentencia que no fuera

objeto de litis y se afectara el derecho del actor, a quien -como en el caso- se dio traslado de la documentación acompañada con la contestación de demanda, pero no tuvo oportunidad de contestar la procedencia de la compensación que surge de algunos párrafos de la contestación de demanda.

En lo que se refiere a la compensación judicial, se ha dicho que es la que resulta de una sentencia que se pronuncia sobre la demanda y sobre la reconvención articulada por el demandado, si se admite ambos reclamos y ellos originan una condena, de objeto homogéneo. En tal caso, surge de la sentencia una compensación entre lo demandado y lo reconvenido, que extingue ambas pretensiones hasta donde alcanza la menor de ellas, condenándose a satisfacer el excedente que hubiere luego de neutralizadas ambas obligaciones recíprocas hasta aquella medida (Llambías, J. Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T III, p. 196).

En función de lo expuesto, respecto del planteo en cuestión, se desestima la queja, debiendo la parte demandada ocurrir -en su caso- por la vía y forma que corresponda.

V.- Intereses.

El magistrado de grado estableció los intereses a una tasa del cinco por ciento (5%) anual por todo concepto, a computarse desde la notificación del traslado de la demanda (por aplicación analógica del art. 2315, párrafo primero), de lo que se agravia el actor recurrente.

Tratándose de dólares estadounidenses, esta Sala ha considerado prudente fijar la tasa de interés del seis por ciento (6%) anual -por todo concepto-; esto es comprensiva de los compensatorios y punitorios, desde la mora y hasta su efectivo pago (conf. autos «Bertolini de Giganti c/ Nilu SRL.» del 16 de mayo de 2009; «Corvaro, Elsa Catalina c. Cassino, Luis Héctor y otro.» del 25 de octubre 2007; Tesolin, E. y otros c.Converso, Graciela del 29 de mayo 2008; Romero, Silvio F. c. Barrio, Norma L. del 2 de octubre de 2009; Tamiser, J. F. c. Simonit, J. R. del 26 de noviembre de 2010,). Es en este sentido que propongo al Acuerdo la modificatoria del decisorio apelado.

En lo que atañe al inicio del cómputo, es sabido que el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos durante el tiempo de la posesión. Empero, la situación cambia desde la notificación de la demanda (art. 2313, 2315 del CCCN).

La obligación de restituir incluye los frutos percibidos y los que por su negligencia dejó de percibir, desde el día de la notificación de la demanda; pero no es responsable por los que el demandante hubiera podido percibir.

Por los fundamentos vertidos y compartiendo las argumentaciones del primer juzgador, se desestima la queja impetrada sobre el particular, confirmándose a su respecto el pronunciamiento.

VI.- Costas.

Por último, ambas partes se quejan de la imposición de costas efectuada en el decisorio apelado (en el orden causado).

Es sabido que el Código Procesal ha adoptado en su art. 68, la teoría del hecho objetivo de la derrota. «.La justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar.», naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado (cfr. Chiovenda, citado por Fenochietto-Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», T. 1, pág. 280 y sig.).

Ahora bien, el mismo art.68, en su 2° párrafo, prescribe que «.sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.». De esta manera, se entiende que la facultad judicial se torna viable ante cuestiones jurídicas complicadas o dudosas, o con vencimientos recíprocos, lo cual -por cierto- acontece, a mi criterio, en el sub-examen (ver Kielmanovich, J.

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y anotado, Editorial Lexis Nexis, 1993, T. I, pág. 106).

Considero que -en el caso de autos- no ha habido de parte de las accionadas un allanamiento parcial, sino la admisión de ciertos hechos que sólo relevan al actor de la carga de la prueba, pero que no determina la desaparición del conflicto que originó la pretensión, ni la extinción del proceso. Obsérvese que no consienten la restitución en la medida solicitada por éstos y agregan que, dada la buena fe con que su parte se desenvolvió; se avienen a restituir el porcentaje del precio de venta del inmueble que a aquéllos corresponde, pero deducidos los gastos necesarios y útiles que -señalandebieron solventar (tasa de justicia, costo de la publicación de edictos de ley y honorarios pactados con su letrada y, fuera del sucesorio, lo abonado por comisión inmobiliaria y gastos de escrituración en la operación de venta del bien). Tampoco depositan, ni ofrecen depositar, la suma que debieran pagar como poseedoras de buena fe.

Por su lado, los actores no han acreditado la mala fe de las poseedoras de la herencia, quienes -por su parte- han admitido el carácter de herederos preferentes de los reclamantes.

Bajo estos lineamientos, entiendo corresponde aplicar el criterio excepcional aludido en el art. 68 del Código Procesal, por lo que es justo y razonable que las costas de la anterior instancia se distribuyan por su orden; confirmándose, en consecuencia, el pronunciamiento recurrido.

Por todo ello, expido mi voto en el sentido de:1) Modificar la sentencia apelada fijando la tasa de interés del seis por ciento (6%) anual por todo concepto; 2) Confirmarla en todo lo demás que decide y fuera motivo de agravios y, 3) Imponer las costas de Alzada por su orden, atento la forma en que se resuelve y la suerte corrida por las quejas formuladas (art. 68 2° parr. CPCCN).

La Dra. Patricia Bermejo y el Dr. Oscar J. Ameal, por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Álvarez, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

Ante mí. JULIO M.A. RAMOS VARDE (SECRETARIO).

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2020.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide:1) Modificar la sentencia apelada fijando la tasa de interés del seis por ciento (6%) anual por todo concepto; 2) Confirmarla en todo lo demás que decide y fuera motivo de agravios y, 3) Imponer las costas de Alzada por su orden, atento la forma en que se resuelve y la suerte corrida por las quejas formuladas (art. 68 2° parr. CPCCN).

Difiérase la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas de la C.S.J.N. 15/2013 y 24/2013. Oportunamente, devuélvase a la instancia de grado.

OSVALDO ONOFRE ALVAREZ

SILVIA PATRICIA BERMEJO

OSCAR JOSE AMEAL

JULIO MARIA ARMANDO RAMOS VARDE (SEC).

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