#Doctrina Deudas de valor y de dinero. Equidad. Caso fortuito.

Autor: Barra, Christian

Fecha: 24-ago-2020

Cita: MJ-DOC-15493-AR | MJD15493

Sumario:

I. Introducción. II. El dinero. Funciones. Obligaciones de dar sumas de dinero y de valor. III. Pandemia y fuerza mayor – Teoría de la imprevisión.

Doctrina:

Por Christian Barra (*)

I. INTRODUCCIÓN

Durante largos años nuestra economía sufrió la erosión de la moneda, producto del proceso inflacionario, motivando el reconocimiento judicial de las deudas de valor en contraposición a las deudas de dinero.

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En las deudas de valor lo importante era preservar el valor de la obligación (indemnización de daños, expropiación, obligaciones en moneda extranjera), es decir que el valor nominal era la representación del valor que se pretendía mantener.

En las obligaciones de dar sumas de dinero o nominales, el deudor cumplía la prestación pagando la suma expresada. Es decir que el objeto de la obligación era entregar una suma determinada de dinero.

Esto quedó superado en la última década del siglo 20 con el dictado de la ley 23928 que estableció una paridad fija entre nuestro signo monetario y el dólar estadounidense, prohibiendo todo tipo de actualización o repotenciación monetaria.

Si bien el régimen de convertibilidad se abandonó en el año 2002 con el dictado de la ley 25.561 , aquella mantuvo la prohibición de aplicar actualizaciones, es decir la nominatividad de las obligaciones de dar sumas de dinero.

Producto de las políticas económicas seguidas con posterioridad, la inflación se presentó nuevamente hasta situarse a niveles persistentes mayores al 30% anual, con devaluaciones de la moneda superiores al 100% anual frente al dólar.

Por su parte la justicia -en consonancia con los restantes poderes del estado- se negó a reconocer el fenómeno, con base en la soberanía monetaria, la facultad del congreso de fijar el valor de la moneda y que la perduración «sine die» de la actualización monetaria causaría un daño profundo en la esfera de los derechos patrimoniales todos, al alimentar esa grave patología que tanto los afecta:la inflación (MASSOLO ALBERTO JOSÉ C/ TRANSPORTE DEL TEJAR S.A. , Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de abril de 2010)

En esta situación llegamos a marzo de 2020, con una inflación anual superior al 40%, una devaluación superior al 50% anual y la prohibición de todo tipo de actualización para las obligaciones de dar sumas de dinero, cuando la pandemia del COVID-19 generó como respuesta una enorme emisión monetaria para compensar la casi total paralización de la economía. En US la inyección de dinero que hizo la FED fue de 7B (7T americanos) y el paquete de asistencia aprobado por el Congreso fue superior a 2.2B (2.2T americanos).

En nuestro país la emisión monetaria hasta el mes de agosto fue superior a 1,8B, es decir que prácticamente se duplicó la base monetaria, lo que sumado a la disminución de la recaudación y la imposibilidad de acceder al crédito internacional, hace prever la aceleración de la inflación a medida que se retome la actividad y la velocidad de circulación del dinero, actualmente la más baja registrada desde 1975. Este proceso junto a la reflación a nivel mundial, hace indispensable repensar el sistema nominalista para las obligaciones de dar sumas de dinero.

II. EL DINERO. FUNCIONES. OBLIGACIONES DE DAR SUMAS DE DINERO Y DE VALOR.

El dinero es la moneda que autoriza y emite el Estado y sirve como medida de valor, instrumento de cambio y medio pago.

Pueden reconocersele tres funciones: unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.

El continuo deterioro de nuestro signo monetario implicó, en la práctica, que nuestro dinero haya perdido su función de reserva de valor, conservando las restantes funciones. Así, el peso se usa como dinero transaccional y el dólar u otras monedas denominadas «duras» para ahorro o reserva de valor.

En el C.C.C.N. la obligación de dar sumas de dinero está definida en el art.765 : «el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación.» y el deudor cumple entregando la cantidad y especie designada (art. 766 ) con más los intereses pactados, legales o judiciales (art. 767 ) y desde la mora los pactados, los legales o los que disponga el BCRA (art. 768 CCCN), manteniendo así el sistema nominalista del Código de Vélez, reforzado por la prohibición de actualización establecido por la ley 23.098 , que se mantiene con excepciones como la reciente modificación relativa a locaciones urbanas.

En las obligaciones de dar sumas de dinero, el dinero es el objeto de la obligación y de pago, en contraposición a las obligaciones de valor, en las que el dinero sólo es el objeto del pago, pero el valor de la obligación coincide con el del bien o servicio involucrado (cfrme.Marquez, José Fernando, Obligaciones, L.L. 9/3/2015).

Aún cuando la obligación se hubiera generado como de dar sumas de dinero, en toda relación jurídica que implique transferencia de activos las partes tienen como fin último u objeto de interés los valores involucrados.

Esto se relaciona con la función de unidad de cuenta y medida de pago del dinero. Se ve claramente en las obligaciones de origen contractual: incluso el mutuo, al momento de entregar el mutuante la suma de dinero, tiene equivalencia con una cantidad determinada de otros bienes de la economía. Al haber perdido el peso la función de reserva de valor, mantener a ultranza el sistema nominalista desentendiéndonos de toda referencia al valor involucrado, implica necesariamente el enriquecimiento de una de las partes en perjuicio de la otra, sin causa que lo justifique.Y aún cuando el principio nominalista a ultranza pretenda equilibrarse con la aplicación de tasa de interés, en la medida en que el CCCN refiere a la tasa de interés legal o la que fije el BCRA y aquella se fija en consideración a la política monetaria y otras variables tales como estimular en mayor o menor medida la producción y el consumo, no alcanzará para compensar la pérdida del valor del dinero, sobre todo en relaciones jurídicas duraderas o de largo plazo. Podemos observar así que la tasa BADLAR (tasa pasiva para depósitos superiores a $1M) fue inferior a la inflación durante el período 2003 a 2015 y en la actualidad.

Sin perjuicio de los efectos perjudiciales que la actualización o indexación general podría traer sobre la economía, en el caso concreto debe evaluarse el vínculo existente entre las partes y la consecuente distorsión introducida por la inflación y el simple transcurso del tiempo.Entonces y aplicando principios tales como la equidad, la buena fe, la lesión, la imprevisión, el enriquecimiento sin causa y la frustración del fin del contrato, procurar restablecer el equilibrio eliminando en la medida de lo posible las distorsiones extremas.

Esto ha sido reconocido por la CSJN en el fallo citado supra para las deudas de valor, al resolver «.si una vez practicada la liquidación definitiva sobre la base del convenio que debe ejecutarse y de las pautas fijadas por la cámara en su sentencia, para el demandante se hubiese producido una marcada desproporción que vulnerase la integridad de la condena y con ello su derecho de propiedad, pueda recurrir a los instrumentos incorporados al Código Civil por el derecho moderno (teoría de la imprevisión, abuso del derecho y frustración del fin del contrato) a fin de preservar la equidad de la prestación al tiempo de su cumplimiento.» (MASSOLO ALBERTO JOSÉ C/ TRANSPORTE DEL TEJAR S.A., ya citado)

En suma, aún en las obligaciones de dar sumas de dinero las partes han considerado valores determinados al contratar, que pueden verse completamente distorsionados por saltos inflacionarios, sin que la tasa de interés vigente sirva para mitigar tal efecto.

Desde que el tipo de cambio, las tasas de interés e incluso los índices de inflación son establecidos por el Estado, la combinación de estos y otros factores pueden dar lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión, sin que resulte exigible un único hecho o acto que reúna tales características.

III. PANDEMIA Y FUERZA MAYOR – TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN

Desde el 20 de marzo de 2020 nuestra sociedad se encuentra afectada por el aislamiento social obligatorio (DNU 297/2020 , Y sgtes.), a partir del cuál sólo se permitió el desarrollo de servicios y actividades calificadas como esenciales, quedando las restantes actividades suspendidas, apelando al home office ó teletrabajo cuando ello fue posible.Sólo alternativamente, por regiones y sectores se permitió retomar algún nivel de actividad.

Para otros sectores implicó el cese total de actividad (espectáculos, restaurantes, turismo, exploración de petróleo, metalmecánico) colocando a algunas empresas en situación muy difícil de revertir.

El gobierno se concentró en asistir a la base de la pirámide, otorgando subsidios, suspendiendo el pago de servicios, tarjetas de crédito, congelando y prorrogando alquileres, suspendiendo el pago de las categorías más bajas de monotributo y otorgó asistencia a empresas para el pago parcial de salarios, prohibiendo despidos pero habilitando suspensiones con goce parcial de haberes y diseñó una amplia moratoria impositiva.

La mayoría de los actores de la economía se encuentra en situación frágil, con escasa o nula actividad, la cadena de pagos casi interrumpida, enfrentando como puede sus compromisos (salarios, costos fijos, impuestos) sin contar con el flujo habitual de ingresos.

Las consecuencias podrán evaluarse cuando la actividad esté restablecida (bancos, industria, comercio, administración pública, justicia), podremos apreciar entonces la cantidad de cheques rechazados, alquileres, servicios e impuestos impagos, conflictos laborales por despidos directos e indirectos, contratos incumplidos, cesación de pagos.

Existirá una contención inicial de la inflación (por la abrupta disminución de la velocidad de circulación del dinero, parcialmente compensada por la enorme emisión monetaria) que probablemente concluya en su aceleración posterior.

Grandes sectores de la economía quedarán devastados (espectáculos, turis mo, comercio de proximidad en general, energía no convencional, inmobiliaria y construcción, autónomos de clase media alta).

No debería haber mayor controversia respecto a que la pandemia de COVID-19 constituirá en la mayoría de los casos un supuesto de fuerza mayor, con la particularidad que afectará en alguna medida a todos los sectores de la economía, dejando para el análisis particular la forma en que afectará cada relación obligacional (si implicará la imposibilidad temporal o definitiva de cumplimiento, la eventual aplicación de la teoría de la imprevisión, si alguna de las partes se encontraba enmora, si esta mora fue relevante, etc.)

En el análisis del caso particular será vital analizar los valores comprometidos en cada contrato paritario celebrado y aplicando los institutos previstos en el Código Civil y Comercial, partiendo del supuesto que todos deberemos soportar en alguna medida el perjuicio, buscar restaurar algún equilibrio en las prestaciones y evitar que la solución deje como resultante ganadores que se enriquezcan frente a perdedores que queden definitivamente fuera de la actividad, que pierdan su patrimonio.

En la actualidad existen variados proyectos legislativos con diferente grado de avance, que mediante prórroga de plazos (en concursos preventivos en trámite, pedidos de quiebra), suspensión de subastas procuran evitar daños irreparables.

Esto requerirá como necesario complemento el análisis y eventual reajuste de las prestaciones pendientes, evitando que las mismas queden desprovistas de todo significado económico, medido por el interés de las partes al contratar. Creemos que no se trata de reconstruir el «contrato perfecto» (Shafer y Ott, cit. por LIDIA ROSA GARRIDO CORDOBERA, Revista Iberoamericana de Derecho Privado, mayo de 2020) sino evitar una masiva transferencia de recursos sin causa, como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia.

(*) Abogado. Asesor Jurídico de Empresas. Docente. Conferencista.

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