#Doctrina La Resolución General de IGJ Nro. 34/2020: ¿Un exceso reglamentario?

Autor: Benítez, Facundo I.

Fecha: 11-ago-2020

Cita: MJ-DOC-15476-AR | MJD15476

Sumario:

I.Introducción. II. Alcances de la resolución. III. Un exceso reglamentario de la IGJ?. IV. Conclusión.

Doctrina:

Por Facundo Ignacio Benítez (*)

I. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo nos proponemos analizar y reflexionar acerca de los alcances y fundamentos de la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nro. 34/2020 , publicada el pasado 5 de agosto del corriente año 2020 en el Boletín Oficial de la República Argentina, la que impuso cierta integración en virtud del género en los órganos de administración y fiscalización de algunas entidades sujetas a su contralor, entre otras disposiciones.

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II. ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN

Antes de adentrarnos en una reflexión sobre los fundamentos de la resolución en comentario, haremos un repaso de los alcances de la misma, lo que nos permitirá tener una visión de los nuevos recaudos exigidos por la Inspección General de Justicia.

«Paridad de género en los órganos de administración y fiscalización». En principio la resolución impone que ciertas personas jurídicas deberán incluir en sus órganos de administración y fiscalización, en su caso, una composición que respete la diversidad de género.

Del artículo primero podemos advertir que las personas jurídicas incluidas son:

a. Las asociaciones civiles, incluso aquellas en proceso de constitución;

b. Las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario;

c. Las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva;

d. Las Sociedades del Estado;

e.Las sociedades anónimas que se constituyan, en cuanto estuvieren o quedaren comprendidas en los incisos 3, 4, 5 y 6 del artículo 299 de la Ley N° 19.550, estas serían las de economía mixta o que se encuentren comprendidas en la Sección VI del Capítulo II; las que realicen operaciones de capitalización y ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros (entre ellas entidades financieras y aseguradoras); las que exploten concesiones o servicios públicos; o se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización conforme a uno de los supuestos anteriores.

La paridad de género en los entes enumerados estaría dada por la integración en igual número de miembros femeninos y masculinos en sus órganos de administración y fiscalización, aclarando que para el caso en que la composición fuese impar debe integrarse en forma mixta con un mínimo de un tercio de miembros femeninos.

Lo resuelto es de aplicación tanto en oportunidad de las constituciones de las personas jurídicas indicadas como para las sucesivas designaciones de los miembros de los órganos de administración y fiscalización.

Al respecto la resolución establece que el dictamen de precalificación profesional que acompañe la inscripción de las autoridades, siempre en los supuestos contemplados por el artículo primero, deberá incluir como punto especial la composición por género de los órganos con los respectivos porcentajes de paridad.

Asimismo, la Inspección General de justicia se reserva la facultad de exceptuar la paridad requerida a la entidad que así lo solicite en virtud de circunstancias derivadas de sus antecedentes o actividad. Cabe aclarar que sería de imposible cumplimiento la paridad de género en las comisiones directivas de las asociaciones civiles y simples asociaciones integradas exclusivamente por hombres o mujeres, toda vez que en virtud de lo dispuesto por el art.171 del Código Civil y Comercial de la Nación, el órgano de administración de estas personas jurídicas se integra únicamente por asociados.

«Identidad de género en los instrumentos a registrar». Otra cuestión que trata la norma está vinculada a la identidad de género. Al respecto, establece que en cualquier instrumento registrable ante el organismo, que requiera incorporar datos obrantes en el documento nacional de identidad de personas humanas, a los fines de su identificación admitirá un sistema en el que se indiquen solamente las iniciales del nombre, con el apellido completo y el nombre de pila elegido por razones de identidad de género, siempre incorporando los restantes datos identificatorios como número de documento y fecha de nacimiento.

«Informe del art. 66 y políticas de género». También la Resolución dispone que la Memoria, exigida por el art. 66 de la Ley General de Sociedades, deberá incluir una descripción de la política de género aplicada en relación al órgano de administración. Al respecto entendemos que esta exigencia sería únicamente aplicable a las personas jurídicas comprendidas en el art. 1ro de la resolución.

«Examen de reglamentos internos». La IGJ, a través del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles, examinará oportunamente los reglamentos internos de las asociaciones civiles a fin de evaluar su contenido en orden a la existencia o no en ellos de previsiones que admitan o posibiliten discriminaciones arbitrarias, de cualquier índole.

«Incumplimiento». Por último, la resolución establece que en caso de incumplimiento o reticencia en la implementación de medidas tendientes a alcanzar, respetar y mantener la paridad de género, será puesto en conocimiento del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

III.¿UN EXCESO REGLAMENTARIO DE LA IGJ?

Como comentamos, la nota sobresaliente de la Resolución General 34/2020 está dada por la cuestión de género, tanto por la imposición de la paridad en los órganos de administración y comisiones fiscalizadoras, como por la identidad de género en los instrumentos a registrarse.

De los considerandos de la Resolución observamos que la misma se fundamenta preliminarmente en los principios de igualdad y ejercicio de los derechos sin discriminación por razones de género, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, consagrado en distintos tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, entre los fundamentos se cita, entre otras normas, el art. 37 de la Constitución Nacional que consagra la igualdad de género en los cargos electivos partidarios, la Ley 24.012 de cupo femenino en los cargos legislativos nacionales y la Ley 27.412 modificatoria del Código Electoral en tanto elevó el cupo femenino del 30% al 50% en cargos electivos y lo extendió a los cargos parlamentarios del ParlaSur.

Sin involucrarnos en la distinción ontológica entre una persona jurídica privada y la institución partidaria, o más aún un órgano legislativo, lo que excedería el objeto del presente, no podemos soslayar que aún en estos supuestos enumerados por la propia resolución, los avances en paridad de género fueron establecidos por leyes.

No obstante ello, en sus profusos argumentos interpretativos la Inspección General de Justicia entiende que cuenta «inexcusablemente» con atribuciones reglamentarias para imponer lo que la ley no manda, esto es imponer una determinada composición de acuerdo al género en los órganos de administración y comisiones fiscalizadores de las entidades enumeradas en el art. 1ro de la referida resolución.

De aquí su dudosa constitucionalidad. Si bien el organismo entiende que cuenta con dichas atribuciones en virtud de lo establecido por el inciso b) del art.21 de la Ley 22.315, cierto es también que dicha norma establece como facultad del inspector general la interpretación de las normas legales existente, más no su modificación.

Al imponer requisitos que la ley de fondo no establece, el organismo se está arrogando facultades legislativas. En nuestro diseño constitucional el dictado de las leyes de fondo corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación por imperio del art. 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.

Por el contrario, la Resolución General 34/2020, enmascarada en las supuestas facultades reglamentarias y atribuciones interpretativas del organismo, modifica una ley de fondo y solo para cierto universo de personas jurídicas sometidas a su controlar, con la desigualdad a nivel federal que esto conlleva.

No es la primera vez que el organismo avanza sobre cuestiones no legisladas, en este corto periodo de tiempo nos enfrentamos a un importante número de resoluciones en un evidente exceso de atribuciones, como la Resolución General 5/2020 que reestableció la exigencia del objeto único, la Resolución General 9/2020 que modificó aspectos fundamentales de las Sociedades por Acciones Simplificadas y la Resolución General 25/2020 de adecuación de los Clubes de Campo y conjuntos inmobiliarios, entre otras.

Mas allá de la innegable necesidad de tender hacia la paridad de género, atento a la existencia del denominado «techo de cristal», como aquella forma velada que impide el ascenso u ocupación de las mujeres en cargos directivos y gerenciales afincado en cuestiones culturales y no de idoneidad, insistimos en que estamos en presencia de una resolución dictada en exceso de las atribuciones del organismo, al modificar la ley de fondo, esto es agregando requisitos que la Ley General de Sociedades no requiere siquiera en una forzada interpretación amplia del plexo normativo.

IV. CONCLUSIÓN

Concluimos que, sin restar importancia a toda medida de acción positiva que se tome a los fines de consolidar una sociedad más igualitaria, la Resolución General de IGJ Nro. 34/2020 importa un agregado de requisitos en la composición de los órganos de administración y fiscalización no exigidos por la ley de fondo, que si bien se aplica a un segmento acotado de personas jurídicas, no deja de ser de dudosa su constitucionalidad por dictarse en exceso de las atribuciones del organismo.

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(*) Abogado del Estudio Peláez & Asociados. Graduado en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Docente en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires en las materias Sociedades y Elementos de Derecho Comercial de la cátedra de l Dr. Daniel Roque Vítolo.

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