#Fallos Igual tarea, igual riesgo, igual remuneración: Integrantes de la Prefectura Naval deberán percibir un adicional remunerativo por ‘tarea riesgosa’, idéntico a las Brigadas de Explosivos de la PFA y Gendarmería Nacional

Partes: Aquino Maximiliano y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Seguridad – PNA s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-may-2020

Cita: MJ-JU-M-125655-AR | MJJ125655 | MJJ125655

Los integrantes de la PNA tienen derecho a percibir un adicional remunerativo por ‘tarea riesgosa’, idéntico al que perciben los integrantes de las Brigadas de Explosivos de la PFA y de la Gendarmería Nacional Argentina por el cumplimiento de iguales tareas.

Sumario:

1.-Se juzga que los integrantes de la Prefectura Naval Argentina tienen derecho a percibir un adicional remunerativo por ‘tarea riesgosa’, idéntico al que perciben los integrantes de las Brigadas de Explosivos de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional Argentina por el cumplimiento de iguales tareas, en tanto y en cuanto, reunieren las condiciones objetivas para su inclusión en la categoría que tiene derecho al cobro de dicho adicional, esto es, que hubieren estado destinados de forma permanente a la Brigada de Explosivos.

2.-Cabe admitir el adicional remunerativo por ‘tarea riesgosa’ pues el personal de la Brigada de Explosivos se encuentra expuesto a un alto riesgo, no sólo en los eventuales operativos en que participaba sino en el permanente adiestramiento especializado que debía llevar a cabo; circunstancias similares a las desplegadas por las Brigadas de Explosivos de las FF.AA. y Policiales.

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3.-Puesto que tanto la Policía Federal Argentina como la Gendarmería Nacional Argentina reconocieron que la labor desarrollada por quien integraba la Brigada de Explosivos, conllevaba implícito un alto grado de riesgo, cabe el otorgamiento a su personal ‘brigadista’ una bonificación en concepto de un suplemento por ‘riesgo profesional’, que es marcadamente superior al recepcionado por quienes integran dicha brigada en la Policía.

4.-Corresponde liquidar el suplemento por ‘tarea riesgosa’ desde los cinco años anteriores a la fecha de inicio de la demanda y únicamente por el período en que cada uno de los actores hubiere integrado efectivamente en la Brigada de Explosivos pues el pronunciamiento apelado reconoce una retroactividad de cinco años, conforme lo establecido en el art. 4027, inc. 3º del CC. y en el art. 2537, 1º parr , del CCivCom..

5.-La liquidación del crédito reconocido consiste sustancialmente en las diferencias existentes entre el adicional aquí admitido y el percibido bajo otro código; por lo que a tales efectos deberán tenerse en cuenta las diferencias salariales resultantes en razón de las sumas que hubieran percibido los aquí actores en atención al denominado ‘Suplemento por trabajo continuo con explosivos’.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo de dos mil veinte, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer respecto de los recursos interpuestos en los autos «Aquino, Maximiliano y otros c/E.N. – Mº Seguridad – PNA s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.», contra la sentencia obrante a fs. 69/71, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El Dr. Luis M. Márquez dijo:

I.-Los Sres. Maximiliano Aquino, Alfredo Seling, Roberto Alfredo Guayaré, Cristian Iván Quiróz, Walter Daniel Santillán, Eduardo Abelardo Wanbele, Luis Victoriano Arroyo, Nelson Sebastián Gómez, Cristian Darío Valdez y Rodolfo Gustavo Rodríguez -invocando su carácter de integrantes de la Brigada de Explosivos de la Prefectura Naval Argentina (en adelante, P.N.A.) promovieron demanda contra el Estado Nacional – Ministerio de Seguridad – P.N.A. con el objeto de que, en definitiva, se les reconociera el derecho que les asiste a percibir un adicional remunerativo por «tarea riesgosa», idéntico al que perciben los integrantes de las Brigadas de Explosivos de la Policía Federal Argentina (en lo sucesivo, P.F.A.) y de la Gendarmería Nacional Argentina (a continuación, G.N.A.) por el cumplimiento de iguales tareas. En esa oportunidad, fundaron su derecho principalmente en lo dispuesto por los artículos 16 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional, así como en lo decidido con fecha 23/4/12 por el Sr. Magistrado titular a cargo del Juzgado N° 2 del Fuero en la causa «Veloso, José Daniel y otros c/EN-M° Justicia y DDHH-PNA s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.» (expte. n° 29.685/07), la que, tal como señalaron, fue confirmada por la Sala V de esta Cámara. Ello por cuanto, conforme explicaron, tales derechos se ven afectados a raíz de diversas situaciones -las que se ponen de manifiesto en diversos planos-, a saber:a) Mediante el dictado delos Decretos n° 1866/83 y 2188/87, se creóel suplemento por actividad riesgosa para los integrantes de las Brigadas de Explosivos de la P.F.A. y de la G.N.A., respectivamente, quienes cumplen iguales tareas y se encuentran sometidos a análoga situación de riesgo; no así para aquellos; b) si bien en la actualidad perciben un suplemento denominado «Suplemento por trabajo continuo con explosivos» (bajo el código 233), asignado mediante el art. 1.20 de la Publicación RI- P.N.A. A.8065 en virtud del riesgo latente de las tareas que realizan por integrar la Brigada de Explosivos de la P.N.A., aquél también lo perciben los mecánicos armeros de la Fuerza, bien que el riesgo potencial de accidente latente en cada una de las actividades que desarrollan estos últimos es notablemente menor; y c) los agentes de la Brigada de Explosivos de la P.N.A. que integraron el litisconsorcio (activo) en la mencionada causa «Veloso» (cuya demanda fue admitida) perciben, a partir de la sentencia judicial firme allí dictada, un adicional por tareas riesgosas idéntico al de los integrantes de las respectivas Brigadas de Explosivos de la P.F.A. y G.N.A., situación que los ubica en una situación de desigualdad para con sus pares. Asimismo, solicitaron la aplicación de intereses a la tasa activa capitalizable del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha que los legitime a percibir los créditos reclamados y hasta su efectivo pago (cfr. fs. 2/11).

II.- Por sentencia de fs. 69/71 la Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar -en lo sustancial- a la pretensión de los accionantes y, en consecuencia, reconoció el derecho que les asiste a percibir un adicional por «tarea riesgosa» en los términos indicados en el Considerando II de dicho pronunciamiento; al tiempo que ordenó a la accionada que abone las diferencias salariales devengadas, con arreglo a las pautas expresadas en el Considerando III.Asimismo, distribuyó las costas en el orden causado, atendiendo a lo novedoso de la cuestión (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.). Para así decidir, comenzó por señalar que -conforme se sostuviera en el precedente «Veloso»- el propósito de afianzar la Justicia que pronuncia el preámbulo de la Constitución Nacional y la garantía del art. 14 bis de una retribución justa exigen la equivalencia de prestaciones recíprocas en situaciones como la del pago de salarios; y el hecho de que se trate de un vínculo de empleo público no altera la naturaleza de la prestación que siempre es la de retribuir servicios prestados; de modo que la igualdad ante la ley exige que se reconozca paridad de derechos a todos aquellos cuya situación en los hechos sea semejante. Sobre esa base, recordó -también invocando el citado precedente- que el ‘Estudio Estado Mayor 2 «S»/99’ (que, valga aclarar, del Resultando II de la sentencia surge que fue elaborado por el entonces Titular de la Prefectura -Dock Sud-, a fin de proponer la creación de un «suplemento particular por Brigada de Explosivos» para el personal de la P.N.A., consistente en una suma dineraria de igual monto y carácter que la que percibe el personal de G.N.A. y la P.F.A.; y no tuvo favorable acogida dadas las restricciones financieras de ese momento), no se trató de un reclamo de carácter salarial, sino de una propuesta de carácter institucional. Remarcó que en esa causa se puso de relieve que el Sr. Director de Operaciones de la P.N.A., mediante su informe técnico, adujo que el personal de la Brigada de Explosivos se encontraba expuesto a un alto riesgo, no sólo en los eventuales operativos en que participaba sino en el permanente adiestramiento especializado que debía llevar a cabo; circunstancias similares a las desplegadas por las Brigadas de Explosivos de las FF.AA.y Policiales; y que si bien un armero realizaba un curso para el mantenimiento y reparación de armas y manipulación de municiones, manejaba explosivos en forma ocasional, no hallándose capacitado para intervenir en emergencias con los mismos, sin correr el riesgo que dichas operaciones entrañaban para la integridad física y la vida del operador. Y también que tanto la P.F.A. como G.N.A. reconocieron que la labor desarrollada por quien integraba la Brigada de Explosivos, conllevaba implícito un alto grado de riesgo, razón por la cual otorgaron a su personal «brigadista» una bonificación en concepto de un suplemento por «riesgo profesional», que es marcadamente superior al recepcionado por quienes integran dicha brigada en la P.N.A.; habiendo sido corroborados tales extremos por las propias manifestaciones de la P.F.A. y la G.N.A. Puso de relieve, también, que en tales actuados su colega indicó que la totalidad de los órganos de asesoramiento jurídico actuantes en el trámite del expediente administrativo «CUDAP:EXPS010272269/2002», habían coincidido en reconocer que el tratamiento proferido por la P.N.A. a los actores resultaba susceptible de enervar los derechos constitucionales, en tanto la omisión de equiparar a aquellos salarialmente respecto de sus pares de otras fuerzas de seguridad que cumplen idénticas tareas, implicaba un trato desigual, contrario a las disposiciones de los arts. 14 bis y 16 de nuestra norma fundamental. A ello, agregó que allí se destacó que la reparación de esa situación se había visto imposibilitada en virtud de la ausencia de recursos presupuestarios existentes hacia el año 2003, originada por causas excepcionales y temporales cuya subsistencia, al momento de sentenciar, no correspondía presuponer.Explicó que, en ese contexto, el Sentenciante reconoció el derecho de los allí actores a percibir un adicional que los equipara salarialmente con los agentes que militaban en las brigadas de explosivos de las otras Fuerzas de Seguridad, disponiendo la implementación del adicional del 0.3782% respecto del haber mensual determinado para el grado de Prefecto General, a percibir únicamente por los períodos en los cuales los agentes efectivamente hubieran prestado servicio en las brigadas de explosivos de la P.N.A. y hasta tanto se dispusiera la implementación del adicional correspondiente por las vías legales previstas y por los períodos no prescriptos; al tiempo que desestimó la pretensión actoral relativa a que aquél fuera otorgado con carácter «remunerativo». Por último, señaló que esa solución fue confirmada por la Sala V de esta Cámara con fecha 3/10/12, conclusiones a las que debía remitirse en honor a la brevedad; de modo que, conforme entendió, correspondía hacer lugar a la demanda en los términos a que hiciera referencia. Por lo demás, dispuso que en la liquidación de las sumas devengadas debía tenerse en cuenta el informe del Jefe Sección Seguridad de la Fuerza en el sentido que el actor Roberto Alfredo Guayaré se encontraba en situación de retiro desde el 1/1/13 y que los Sres. Luis Victoriano Arroyo, Walter Daniel Santillán y Rodolfo Gustavo Rodríguez cumplieron funciones hasta el 15/5/14, el 31/3/15 y el 30/6/16 respectivamente-.

En punto al plazo de prescripción, estimó aplicable a la especie -en razón de lo dispuesto por el art. 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación- el quinquenal previsto por el art. 4027, inc. 3º, del Código Civil en atención a la fecha de interposición de la demanda (esto es, el 26/4/17) y dejando constancia que reconocía el efecto interruptivo de los reclamos administrativos previos.Finalmente, aclaró que la cancelación del crédito reconocido en autos se regirá por lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.982 conforme las pautas del Fallo de la C.S.J.N. in re «Curti», del 27/12/2017, con más intereses a calcular conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (confr. Comunicación B.C.R.A. nro. 14.290), hasta su efectivo pago.

III.- Disconformes con lo así decidido, a fs. 72 apelaron los actores, quienes expusieron sus quejas a fs. 77/79, habiendo sido contestadas por la accionada a fs. 90/92. Por su parte, a fs. 73 hizo lo propio el Estado Nacional, quien expresó sus agravios a fs. 82/85vta.; los que han sido replicados por su contraria a fs. 87/89vta.

III.1.- El Estado Nacional se queja, en lo sustancial, respecto de la procedencia de la acción. En particular, sostiene que lo agravia lo decidido en cuanto al reconocimiento de un adicional por tareas riesgosas, al plazo de cinco años retroactivo y, dado lo anterior, también a la distribución de los gastos causídicos. En relación al primero de los tópicos cuestionados, comienza por advertir que va de suyo, que la P.N.A. ha actuado, frente a los actores, según lo que estipula la ley, y si no está previsto normativamente el pago de dicho adicional, no puede pagárseles. Recuerda -tal como señalara en su escrito de contestación del traslado de la acción- que la propuesta elaborada mediante el «Estudio de Estado Mayor Nº 2-«S»/99, que dio origen al expediente administrativo: «R-105-Secreto/2000» (posteriormente individualizado como «CUDAP: EXP-S01:0272269/2002»), había concluidocon el dictamen de la Sra. Directora de la Oficina Nacional de Presupuesto, del 26/03/03, determinandosu inviabilidad, dadas las restricciones financieras imperantes a ese momento; y que ese criterio había sido compartido por el Sr. Subsecretario de Presupuesto de la Nación (conforme surge, según aduce, de fs. 77/78 del expte.adm.). Sostiene que, de ello, surge con total claridad que dicho expediente se originó como una «propuesta» -y no como un «reclamo»-, a fin de que la superioridad evaluase la creación de un suplemento dinerario para la totalidad del personal que ejercía tareas con explosivos, la cual -como se dijo- no tuvo favorable acogida. Asevera, en definitiva, que al no existir tal suplemento, no puede ni se encuentra obligado a su pago, de modo que su actitud se ciñó al cumplimiento de la ley y de la normativa vigente relativa a los suplementos. Por otra parte, alega que los actores reclaman en autos conforme el objeto de la demanda- que la Institución aplique un adicional remunerativo por tarea de riesgo cuando en realidad se equivocan al plantear que la P.N.A. está obligada al pago de aquél; y que, aun en el evento de que la tarea riesgosa en cuestión, fuera encuadrada como un suplemento, éste sería de carácter particular, por lo que correspondería desestimar su pretensión incluso desde el plano formal. Agrega que, para el hipotético caso de que se considerase como suplemento, debe tenerse presente su carácter de particular, el que está dado en virtud de lo establecido por el artículo 54 inc. d) de la ley de la P.N.A. (nro. 18.398), que establece que el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a través de la misma para establecer suplementos particulares y que los suplementos generales sólo pueden ser otorgados por una ley del Congreso de la Nación; por manera que el hecho de que esos aumentos salariales fueran otorgados a través de Decretos Presidenciales, confirma su carácter particular. A mayor abundamiento, añade que el artículo 9, segundo párrafo, de la ley 12.992, modificada por las leyes 20.281 y 23.028, establece que los suplementos particulares quedan excluidos a los efectos del cálculo del haber de retiro.De todo ello, sostiene -en flagrante contradicción- que se desprende cuáles son los suplementos que pueden ser creados por la institución (suplementos particulares solo percibidos por los agentes en actividad) y cuáles son los creados por el poder ejecutivo mediante decreto (suplementos generales percibidos por la totalidad del personal), volviendo a remarcar que el suplemento reclamado por los actores no existe ni fue creado por la P.N.A. y, por ende, no puede ser liquidado en su recibo de sueldo. Menciona que, en su caso, el actor Roberto Alfredo Guayaré se encuentra en situación de retiro desde el 1/1/13, por lo que no le correspondería la percepción de dicho suplemento en tanto el mismo, al tener que ser considerado como particular, sólo debe ser percibido por aquellos agentes que se encuentren en actividad y que efectivamente al día de la fecha se encuentren prestando servicios en la «Brigada Explosivos»; y que, según el listado confeccionado por el Jefe de la Sección Seguridad y Explosivos, no todos los actores actualmente prestan servicio en dicho destino, en tanto los Sres. Luis Victoriano Arroyo, Walter Daniel Santillán y Rodolfo Gustavo Rodríguez cumplieron funciones hasta el 15/5/14, el 31/3/15 y el 30/6/16, respectivamente. Concluye entonces que, al no existir accionar ilegítimo alguno de su parte, es que la demanda debe ser rechazada, con expresa imposición de costas a la parte actora. En otro orden de ideas -tal y como se adelantara-, se queja del reconocimiento del retroactivo por el plazo quinquenal puesto que, según considera, en todo caso el adicional -de carácter particular- debería otorgarse desde el momento del pedido fehaciente -sic. fs.85-. Por último, y en línea con lo solicitado respecto a que se rechace la demanda, también peticiona -como ya indicara- que las costas sean impuestas a su contraria.

III.2.-Por su parte, los actores criticaron únicamente la distribución de las costas. Así, en un primer orden de ideas, sostienen que la Sra.Jueza a quo, al decidir como lo hizo sobre el punto, ha desconocido el principio rector dispuesto en el art. 68 del C.P.C.C.N., soslayando la ponderación suficiente, precisa y de manera congruente de los hechos y el derecho invocados en su escrito inaugural; debiendo haber valorado los elementos constitutivos del nacimiento del vínculo contractual entre las partes, la determinación de la verdadera voluntad de aquellas así como las actitudes anteriores y posteriores a las normas cuya aplicación peticionan. Alegan que tampoco ocurre el supuesto previsto por el art. 71 del Código de rito ya que, en la especie, las costas forman parte integrante de las sumas retroactivas que de manera irregular se han omitido abonar en tiempo oportuno -sumas de carácter laboral, previsional y alimentario tuteladas en normas de orden público-, por lo que las mismas deben ser impuestas al vencido aún cuando la demanda hubiere prosperado en una proporción inferior al reclamo originario. Entienden, entonces, que frente a la ausencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación excepcional legalmente prevista en el párrafo segundo del art. 68 del C.P.C.C.N. o bien aquella estipulada en el art. 71 de ese cuerpo legal, la distribución adoptada en el orden causado debe ser revisada, máxime teniendo en cuenta que la Sentenciante ha fundado la totalidad de su pronunciamiento sobre la base de lo decidido en el precedente «Veloso». Por otro lado, aducen que tampoco se observa que la cuestión resulte novedosa en tanto han resultado vencedores en autos con base en la aplicación de un criterio jurisprudencial consolidado desde el 23/4/12, que ha sido considerado aplicable al caso por resultar idéntica materia de debate y con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias.Agregan, por último, que no han desplegado actividad alguna que justifique asignar las costas en el orden causado sino que, por el contrario, la causación de la cuestión debatida en autos fue promovida por la demandada (al contestar la demanda y solicitar su rechazo, con costas), de modo que eximirla de afrontar los gastos causídicos cuando ha resultado vencida importaría «premiarla».

IV.-De manera preliminar, es oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 27 2:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros).

V.- Sentado ello, obsérvese que la cuestión a dilucidar en autos consiste en determinar si la decisión de la Sra. Jueza de grado, de reconocer el derecho que les asiste a los accionantes de percibir un adicional de carácter particular -no remunerativo- que los equipare salarialmente con los agentes que militan en las brigadas de explosivos de las otras Fuerzas de Seguridad (a percibir únicamente por los períodos en los cuales los agentes efectivamente hubieren prestado servicio en la brigadas de explosivos de la P.N.A. y hasta tanto se disponga la implementación del adicional correspondiente por las vías legales previstas y por los períodos no prescriptos), fundada principalmente en las previsiones de los arts.16 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional, resulta o no ajustada a derecho.

VI.-Reseñado lo anterior, y adentrándome en el estudio de losagravios esbozados por la parte demandada, debo comenzar por recordar que en virtud de lo establecido por el artículo 265 del C.P.C.C.N., la expresiónde agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente delpronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia delcriterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél,demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre lascuestiones resueltas. Debe contener el análisis serio, razonado y crítico de laresolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación delderecho o la injusta valoración de las pruebas producidas,que no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador [conf. esta Sala enautos: «Reyes José Luis c/E.N. Mº Justicia- P.N.A.- SUM (647 R/98) DIS (PERS BB9 254-J-R/00) s/personal militar y civil de las F.F.A.A. y de Seg.», causa nº 16958/2010, del 8/6/17]. Se ha dicho que no basta con remitirse a presentaciones anteriores, transcribiendo pasajes de la demanda, pues debe criticarse la sentencia y no replantear cuestiones ya examinadas por el Juez de la primera instancia. Por su parte, la expresión de agravios carece de contenido, si se limita a hacer afirmaciones de carácter general, sin indicar los errores u omisiones en el pronunciamiento y debiendo siempre atacar, en forma concr eta, los verdaderos fundamentos del fallo (cfr. Fenochietto – Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado-«, Tº I, pág. 837/838). Trasladadas estas consideraciones al caso sub examine, se advierte que, la presentación de fs.82/85vta., no cumple adecuadamente con los requisitos quela ley adjetiva impone a fin de cuestionar válidamente el pronunciamiento de lainstancia previa, en tanto no se hace cargo de refutar el núcleo de la decisiónde grado por el cual se hizo lugar a la demanda incoada, relativo al reconocimiento del derecho que les asiste a los accionantes de percibir un adicional no remunerativo que los equipare salarialmente con los agentes que militan en las brigadas de explosivos de las otras Fuerzas de Seguridad.

En efecto, tal y como se desprende del cotejo de los agravios propuestos sobre el punto, los mismos comportan -a más del mero disentimiento con lo decidido- una reiteración textual de aquellas argumentaciones dadas en oportunidad de contestar el traslado de la demanda, sin brindar argumento alguno con virtualidad suficiente para refutar las consideraciones brindadas por la Sra. Jueza de la anterior instancia para arribar a la decisión adoptada. Es decir que, en el caso, incumbía al Estado Nacional señalar -mediante deduccionesconcretas y probadas-aquellas razones por las cuales la decisión relativa al reconocimiento del derecho aludido, fundada en lo sustancial en aquellas previsiones dispuestas en los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, resulta contraria a derecho; carga procesal que -en la especie- dista de poder ser considerada como cumplida. En razón de lo expuesto, cabe concluir que este aspecto del recurso carece de los requisitos mencionados en el art. 265 del C.P.C.C.N.,por lo tanto, a mi entender, corresponde declararlo desierto y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide.

VII.- Por otro lado, corresponde examinar ahora la pretensión recursiva de la demandada relativa a que, de ser reconocido el derecho que les asiste a los actores a percibir un adicional por tareas de riesgo deberá considerarse su carácter particular, así como las fechas en que ciertos co-actores pasaron a situación de retiro o dejaron de prestar funciones en la Brigada Explosivos.Al respecto, es dable señalar que el pronunciamiento apelado reconoce una retroactividad de cinco años, conforme lo establecido en el art. 4027, inciso 3º del Código Civil y en el art. 2537, 1º párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. Considerando III, fs. 70 vta./71). Sin embargo, a esta altura no puede soslayarse que los actores tienen derecho al cobro del suplemento aquí reclamado, en tanto y en cuanto, reunieren las condiciones objetivas para su inclusión en la categoría que tiene derecho al cobro de dicho adicional, esto es, que hubieren estado destinados de forma permanente a la Brigada de Explosivos.

Sobre tales bases, corresponderá liquidar el suplemento pretendido desde los cinco años anteriores a la fecha de inicio de la demanda y únicamente por el período en que cada uno de los actores hubiere integrado efectivamente dicha Brigada. De modo tal que, teniendo en cuenta que la presente acción fue promovida el 24/4/17 (cfr. cargo de fs. 11) deberá computarse el suplemento en cuestión a partir del mes de mayo de 2012 y en adelante respecto de cada co-actor, por los períodos en que efectivamente hubieran formado parte de la Brigada de Explosivos de la P.N.A. Bajo esos parámetros, corresponde limitar el reconocimiento del derecho de los coactores Roberto Alfredo Guayaré (retirado desde el 1/1/13), Luis Victoriano Arroyo (en funciones hasta el 15/5/14), Walter Daniel Santillán (en funciones el hasta el 31/3/15) y Rodolfo Gustavo Rodríguez (en funciones hasta el 30/6/16 y reincorporado a partir del 10/4/17, cfr. el informe producido por el Jefe Sección de Seguridad y Explosivos a fs. 53), al período en que hubieran prestado servicio en la Brigada y hasta su respectivo retiro o cese de funciones en dicho destino. Por ello, corresponde admitir las quejas de la demandada en este aspecto.VIII.-A esta altura del pronunciamiento, señálese a los fines de la liquidación del crédito reconocido, que el mismo consiste sustancialmente, en las diferencias existentes entre el adicional aquí admitido y el percibido bajo el Código 223; por manera que a tales efectos deberántenerse en cuenta las diferencias salariales resultantes en razón de las sumas que hubieran percibido los aquí actores enatención al denominado «Suplemento por trabajo continuo con explosivos», Código 223, establecido por el art. 1.20 de la Sección 2: suplementos particulares, del Capítulo 1: Haberes, de las normas para la Liquidación de haberes Publicación RI-PNA- 8-065 Pública, aprobadas por la Disposición REGL. UR9 Nº 4-983 del Sr. Prefecto Nacional Naval (cfr. lo establece el dictamen nº 1986/00 de la Asesoría Jurídica de la P.N.A., a fs. 51/52). En esa inteligencia, y a fin de evitar ulteriores incidencias, señálese que el pago de las diferencias salariales adeudadas deberá concretarse de conformidad con lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.982, el art. 20 -segunda parte- de la ley nº 24.624 y el art. 68 de la ley 26.895 modificatorio del art. 132 de la ley 11.672 (incorporado posteriormente como art. nº 170 de la ley 11.672, según texto ordenado de ésta última, por decreto nº 740/2014)-. Aclárese que el monto a depositar deberá comprender los intereses que deberá calcular hasta el momento del efectivo pago sin que corresponda pretender reprevisionar una misma deuda -sobre la diferencia entre la liquidación que se practique en autos oportunamente y lo que corresponda efectivamente pagar como consecuencia de los intereses que corran durante el diferimiento- cuando se hubiere agotado el plazo de espera legal conforme lo antes dispuesto (conf. CSJN in re «Curti»; esta sala, v.gr.: «Pellicari, Agustín Nazareno c/EN – M – Defensa – EMGA-Dto 1104/05 751/09, expte.28.046/11 del 12/11/19; «Vottero, Guillermo Luis c/EN-M° Defensa-FAA-DTO 1104/05 871/07 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.», expte. nº 17.820/11, del 10/9/19; «Speroni, José Luis y otros c/EN-M° Defensa-Ejército-Dto. 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.», expte. nº 46.835/11, del 26/9/19; en sentido concordante, in re: «Wissinger, Miguel Ángel y otros c/EN-M§ DefensaEjército-Dto. 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.», expte. nº 17.650/10, del 22/10/19, entre otros).

IX.-Resta ahora expedirme respecto de los agravios esbozados por las partes en lo referente a los gastos causídicos del pronunciamiento atacado. Para ello, cabe comenzar por advertir que las manifestaciones de la parte demandada vinculadas a la imposición de las costas de la anterior instancia, tal y como han sido formuladas, tampoco resultan suficientes a los fines de otorgar carácter de agravio a este aspecto del recurso -cfr. arts. 265 y 266, ya citados- (en igual sentido, esta Sala, in re: «Gibilisco, Alejandra Teresita y otros c/EN-M° Justicia DDHH-SPF-Dto. 2807/93 752/09 y otro s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.», expte. n° 5.674/13, del 5/3/20; oportunidad en la que, si bien se debatió una cuestión distinta, se trató un planteo idéntico, en tanto el apelante únicamente consideró que toda vez que la sentencia debía ser revocada -y, por ende, la acción rechazada-, lo propio debía suceder con relación a las costas). Ahora bien, en cuanto a los planteos de los actores sobre el punto, entiendo que los mismos tampoco pueden tener favorable acogida en tanto considero que la decisión de distribuir los accesorios en el orden causado atendiendo a lo novedoso de la cuestión aparece ajustada a derecho.Piénsese en tal sentido que no estamos frente a un supuesto en el que exista una extensa nómina de precedentes jurisprudenciales -sea con criterios uniformes o divergentes-, circunstancia que, incluso, se ha puesto de reflejo en el escrito inicial, en tanto los accionantes únicamente han considerado de expresa y estricta aplicación al caso tan sólo uno; máxime también, teniendo en cuenta que la C.S.J.N. aún no se ha expedido en un caso como el de autos. Por lo demás, y a los fines de dar acabada respuesta a los agravios de los presentantes, a todo evento repárese en que mal puede pasarse por alto que su pretensión no ha sido totalmente acogida en autos, en la medida en que, a diferencia de lo solicitado en su escrito inicial, el adicional en cuestión ha sido reconocido con carácter particular. Para más, no puede soslayarse que los actores en su demanda peticionaron la aplicación de intereses a la tasa activa capitalizable del Banco Nación Argentina (cfr. punto I.b., fs. 3), extremo que tampoco fue admitido por la Sentenciante de grado, que ordenó que el crédito reconocido debía cancelarse -de acuerdo a lo dispuesto en el art. 22 de la ley 23.982 y la doctrina del Alto Tribunal en el fallo «Curti»con más los intereses calculados conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. (cfr. Comunicación B.C.R.A. 14.290), hasta su efectivo pago. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia apelada en lo relativo a la imposición de costas por su orden. X.- Por último, en virtud de las consideraciones hasta aquí desarrolladas, así como a la suerte adversa que -en definitiva- han de llevar ambos recursos y la naturaleza de la cuestión debatida, entiendo que procede distribuir las costas de Alzada en el orden causado (conf. art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto, propongo al acuerdo:1º) declarar desierto el recurso de apelación deducido por el Estado Nacionalen cuanto al fondo de lo decidido (conf. art. 266 C.P.C.C.N.) y admitirlo en orden a la determinación de las diferencias salariales adeudadas, modificándose la sentencia con los alcances que se indican a continuación; 2º) desestimar la apelación de los actores y, en consecuencia, confirmar la sente ncia de grado en cuanto ha sido materia de agravios, con las modificaciones y aclaraciones expresadas en los Considerandos VII y VIII; y 3°)distribuir las costas de Alzada en el orden causado (conf. art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).

La Dra. María Claudia Caputi y el Dr. José Luis Lopez Castiñeira adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:1º) declarar desierto el recurso de apelación deducido por el Estado Nacionalen cuanto al fondo de lo decidido (conf. art. 266 C.P.C.C.N.) y admitirlo en orden a la determinación de las diferencias salariales adeudadas, modificándose la sentencia con los alcances que se indican a continuación; 2º) desestimar la apelación de los actores y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravios, con las modificaciones y aclaraciones expresadas en los Considerandos VII y VIII; y 3°) distribuir las costas de Alzada en el orden causado (conf. art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

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