Un despido injustificado: Lo despidieron por faltante de mercadería cuando en realidad habían sido decomisadas por mal estado

despidoPartes: Muñoz Carlos Alberto c/ Supermercado Mayorista Yaguar S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 26-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-122297-AR | MJJ122297 | MJJ122297

Ilegitimidad del despido del actor por un faltante de mercadería, en tanto la misma habría sido decomisada por encontrarse en mal estado.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda por despido, pues el faltante de mercadería, cuyo pedido de decomiso había solicitado el actor como se reconoció en la comunicación del despido, de ninguna manera le resulta imputable, en tanto la accionada no ha logrado acreditar que el decomiso físico no haya sido realizado, que no lo fuera con la debida autorización del gerente regional que debía participar en el mismo, y mucho menos que el actor incumpliera con su obligación de poner la mercadería en mal estado a disponibilidad para su descarte, a través del procedimiento empresario fijado para ello.

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2.-El sistema legal vigente tiende a privilegiar la subsistencia de las relaciones laborales, y la parte que asume la iniciativa de ponerle fin carga con la demostración de una conducta inexcusablemente incompatible con la prosecución del vínculo, demostración que no debe dejar margen de duda.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los 26 días del mes de noviembre de 2019 (26/11/2019), se constituye en SALA UNIPERSONAL la Excma. Cámara Segunda del Trabajo resultando preopinante el Dr. Jorge Guido Gabutti, con el objeto de dictar sentencia en los autos CUIJ N° 13-03648232-4 (010402-152815), carat.: «MUÑOZ CARLOS ALBERTO C/ SUPERMERCADO MAYORISTA YAGUAR S.A. P/DESPIDO», de los que;

RESULTA:

Que a fs. 44/57 comparece el Sr. Carlos Alberto Muñoz por intermedio de apoderado e interpone demanda contra la firma Supermercado Mayorista Yaguar S.A., de la que pretende el pago de la suma de $ 278.109,96 y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más intereses y costas. Relata que el actor ingresó bajo relación de dependencia para la demandada el 06/06/2001, desempeñándose en el sector fiambrería del local sito en Carril Rodríguez Peña 2051 de Godoy Cruz. Precisa que sus tareas consistían en colocar productos en góndola, reponerlos, controlar sus fechas de vencimiento y verificar si estaban rotos o en mal estado. Aclara que en el sector fiambrería existe una cámara de frescos de gran porte, dentro de la cual hay un sector destinado a las mercaderías que no se hallan aptas para el consumo y que luego serán devueltas al proveedor o decomisadas, que dicho sector se denomina depósito. Expresa que en fecha 17/03/2014 el actor fue despedido habiendo alegado la patronal un faltante de mercaderías, transcribiendo los términos de la comuniación del despido. Que en fecha 21/03/2014 el actor rechazó la misiva anterior, trasncribiendo sus términos. Relata con precisión los procedimientos de decomiso practicados previo al distracto. Explica como se realizaba el procedimiento de decomiso. Destaca que el actor no era el responsable de la custodia de la mercadería de la cámara de frescos. Solicita se le asigne carácter salarial a toda suma abonada al actor con carácter no remunerativo. Practica liquidación. Ofrece pruebas.Funda en derecho.

A fs. 92/96 se presenta por intermedio de apoderado, la empresa demandada y contesta demanda. Niegan de manera general y particular todos y cada uno de los hechos afirmados por la parte actora. Relata que en fecha 17/03/2014 se procedió al despido del actor mediante misiva donde se expresaron los motivos. Sostiene que era el actor el encargado de la reposición de los productos y de removerlos cuando carecían del condiciones para su venta, lo que realizó en muchas ocasiones siguiendo el procedimiento que cuestiona en la demanda. Desmiente que el actor tuviera una conducta intachable y que no haya recibido sanciones con anterioridad al despido, habiéndosele aplicado amonestaciones en tres ocasiones diferentes, por incumplimientos en su trabajo. Afirma que al actor se le notificó el resultado de la auditoría realizada en su sector y se le pidieron explicaciones por escrito, habiendo efectuado su descargo que resultó insatisfactorio, mencionando en esta instancia un problema informático que no incluyó en aquél; afirmando que dicho sistema fue utilizado en innumerables ocasiones por el actor sin informar ningún desperfecto. Sostiene que nunca se realizó el decomiso en presencia del Sr. montagna como lo afirma. Afirma que al actor no se lo despidió por un hecho delictivo sino por incumplimiento de sus tareas y pérdida de confianza. Impugna la liquidación de demanda. Ofrece pruebas. Funda en derecho. A fs. 98, amplía contestación de demanda, ofreciendo testimoniales.

A fs. 103/104 el Tribunal resuelve sobre la admisión de las pruebas ofrecidas.

A fs. 135 se fija fecha de audiencia de vista de causa, la que se realiza conforme acta que obra a fs. 136, absuelve posiciones el actor y se procede a tomar declaración a los testigos, se incorpora la prueba instrumental, se ponen los autos en estado de alegar, se llaman autos para dictar sentencia (fs. 136).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del C.P.L. el tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: Existencia de la relación laboral?

SEGUNDA CUESTIÓN:Procedencia de los rubros reclamados?

TERCERA CUESTIÓN: Costas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JORGE GUIDO GABUTTI DIJO:

I) La existencia de la relación laboral alegada entre las partes no resulta materia de controversia en autos, en tanto la misma resultó expresamente admitida por la demandada (art 161 del CPCCyT y art 108 del CPL); sin perjuicio de lo cual la misma resulta claramente corroborada con los recibos de haberes acompañados (35/41) y con la comunicación de despido (fs. 20), adjuntada como prueba instrumental; de todo lo cual se desprende que el actor se desempeñó bajo la dependencia de la accionada. Por todo ello se concluye que el vínculo alegado encuadra en lo normado por los arts. 21, 22, 23 y concordantes de la LCT, debiendo tenerse por cumplido lo dispuesto en el art 45 «in-fine» del CPL. ASÍ VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JORGE GUIDO GABUTTI DIJO:

I) No resulta controvertido en autos, los datos de la relación laboral referidos a la fecha de ingreso, la categoría profesional y el convenio colectivo aplicable, y la extensión de la jornada de trabajo cumplida por el actor; quien por otra parte no aportó prueba alguna para desvirtuar las constancias registrales de la relación laboral y que surgen de los recibos acompañados.

En consecuencia, la materia de la litis se centra en determinar la legitimidad del distracto laboral operado de manera directa con causa por la empleadora.

II) Habiéndose tenido por acreditada la existencia de la relación laboral, tampoco resulta controvertido que la ruptura del contrato de trabajo operó a partir de la notificación del despido con causa que la demandada concretó mediante carta documento de fecha 17/03/2014 (a fs.20), según también lo reconoce el trabajador en su demanda.

a.- Que no habiendo sido cuestionadas la mencionada comunicación en cuanto a su recepción, no quedan dudas que el distracto operó por decisión de la empleadora, comunicando su causa a través de la mencionada carta documento, cuyos términos corresponde analizar para evaluar la legitimidad del despido.

Así, de la comunicación efectuada por la demandada, referida a la causal del despido, la misma se fundó en faltantes de mercaderías, entre las que se contaban algunas unidades que debían ser decomisadas, referidas a Levadura Golondrina Hmaburguesas Paty finitas, Mortadela 808 cilindro; atribuyéndole al actor haber solicitado a la Gerencia de compras la autorización para el decomiso pertinente; precisando los días en que ser habría realizado dicha gestión y las cantidades exactas de las mercaderías faltantes, fueron corroboradas por la Gerencia de Auditorías; atribuyéndole también términos de un descargo que habría sido presentado por el actor, en torno al procedimiento que se habría llevado a cabo para ello; concluyendo que siendo el actor el responsable de la cámara de frescos y en virtud de no encontrarse la mercadería detallada, mintiendo en su declaración en cuanto a que se concretó efectivamente el decomiso, lo consideró causa de pérdida de confianza justificativa del despido.

En primer lugar, destaco lo ya sostenido reiteradamente por el Tribunal, que según las disposiciones del art.243 de la LCT, la causal del despido debe ser comunicada con «expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato», mandando también la norma que ante la demanda promovida, «.no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas»

Por ello, de acuerdo a este principio, que la doctrina ha denominado como «invariabilidad de la causal del despido», no resulta posible asignar entidad suficiente para justificar la ruptura del contrato de trabajo, a las afirmaciones de la demandada, respecto de conductas que no resultaron imputadas oportunamente como causales del distracto, que pudieran ser efectuadas al contestar demanda, a lo largo del proceso o en los alegatos.

De acuerdo con ello, resulta irrelevante, a los fines de la justificación del despido comunicado por la demandada, los incumplimiento que según su versión, sostenida en la demanda, dieron motivos a sanciones de «amonestación», en tanto las referidas conductas imprecisamente invocadas no fueron incluídas, como un agravante más, en la referida comunicación de la causal esgrimida.

Dicho esto, la demandada alegó como motivo de la extinción laboral, la «pérdida de confianza», a partir de los hechos invocados a los que considera como falta gravísima a sus deberes fundamentales; por lo que respecto de ello, caber reiterar «.que el trabajador debe haber incurrido efectivamente en un incumplimiento concreto y claramente identificable, tanto respecto del hecho constitutivo de la inconducta como respecto de su autoría; no siendo posible atribuir en autos, sin incurrir en una manifiesta arbitrariedad, autonomía con efectos extintivos a la impresión meramente subjetiva del empleador de su pérdida de confianza.» (autos N° 40.456, carat.: «NUÑEZ, JUANA MABEL C/ ALIANZA FRANCESA DE MENDOZA MARC BLANCPAIN P/DESPIDO» – 28/12/2011). Ello sustentado a su vez en mayoritaria jurisprudencia que ha determinado que la pérdida de confianza como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo que en sí mismo resulte injuriante, esto es, que las expectativas acerca de una conducta leal y acordecon el deber de fidelidad creada con el devenir del vínculo y la responsabilidad del cargo ocupado por el trabajador se vean frustradas a raíz de un acontecimiento que permite considerar que aquél ya no es confiable. (Sala 9°, 29/03/2000 – «Alvarez, Pablo Adrián v. Banco de Buen Ayre», RDL, 2000-II-479 – en Julio A. Grisolía – Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, T. II, pág. 999); tal como ha ocurrido en autos. (autos N° 47.726, carat.: «GORDILLO, WALTER DANIEL C/ EL CACIQUE S.A. P/DESPIDO» – 02/07/2015).

Al respecto, la accionada invocó, de manera concreta, dos hechos a los que consideró como motivo de su pérdida de confianza por tratarse en su consideración de incumplientos graves de parte del actor: 1) Los faltantes de mercaderías, que se detectaron por la Gerencia de Auditorías, luego de revisar el procedimiento de decomisos llevados a cabo por el actor, y 2) haber mentido en su descargo en relación a que el decomiso efectivamente se llevó a cabo, con la autorizacion del gerente Sr. Montagna.

Corresponde verificar, entonces, si los incumplimiento alegados como elementos objetivos de la «pérdida de confianza», efectivamente ocurrieron y tuvieron al trabajador como responsable de los mismos.

Cabe previamente aclarar que el actor, tanto al rechazar la causal del despido invocada mediante el TCL que luve a fs. 21, como al contestar demanda, afirmó haber solicitado la autorización correspondiente para el decomiso de la mercadería que la demandada consignó como faltante; y que el decomiso se concretó efectivamente con la necesaria participación, que según las normas de la empresa imponía, del gerente regional en ese momento a cargo, Sr. Montagna.

De las testimoniales rendidas en la audiencia de vista de causa resulta que ambos testigos los Sres.Hector Edgardo Sanca y Ricardo Adrián Funes dejaron en claro cual era el procedimiento a seguir para proceder al decomiso de mercadería en mal estado o no apta para el consumo y cual era la tarea del actor frente a tal procedimiento.

De tal manera ambos coincideron en que el trabajador, como encargado del sector fiambrería debía retirar del sector para consumo la mercadería que se encontraba en las condiciones mencionadas, y llevarla a Recepción. En dicho sector se verificaba el estado de la misma y se procedía a realizar, por parte del personal de dicha área, un informe denominado «DV 0» que se cargaba informáticamente dando de baja los productos del stock existente en el sector fiambrería, luego de lo cual los mismos eran devueltos a otro sector de heladeras para su conservación en frío.

Que dicha mercadería esperaba allí la autorización final que debía otorgar el gerente regional (en ese momento a cargo del Sr. Montagna), que a través de otro informe denominado «DV 90» autorizaba el retiro físico de la misma y su posterior descarte; procedimiento que se llevaba a cabo en presencia del mismo gerente y de personal de Recepción.

Dicho esto, el actor sostuvo, en su defensa ante la acusación que motivó su despido, tanto en informe que luce a fs.33, como al contestar demanda, que el procedimiento se llevó a cabo cumpliendo con el mismo según las normas de la empresa, afirmando especialmente que resultó concretado en presencia del gerente regional Montagna.

Frente a ello, correspondía a la demandada demostrar que el procedimiento no fue efectivamente concretado como para justificar el faltante de mercaderías, o en su caso que en el mismo el gerente regional no participó con su autorización como era necesario según los procedimientos que había fijado para ello, y que confirmaron los testigos, según invocó en la causal que motivó el despido.

Sin embargo y pese a que en la audiencia de vista de causa declaró el testigo Sanca, quien cumplía las funciones de recepcionista, y a quien el actor señaló como el responsable de realizar el asiento en sistema del decomiso, mediante el informe «DV 0» y de haber estado presente en el decomiso físico, junto al gerente Montagna; el mismo no hizo ninguna referencia a este hecho en concreto.

Tampoco demostró la demandada, como era su obligación procesal, que el mencionado gerente regional no participó del procedimiento de decomiso físico y descarte de la mercadería faltante, lo que tampoco resulta probado por ningún otro elemento de prueba.

En consecuencia, lo que se extrae del análisis de la prueba en su armónico conjunto es que el faltante de mercadería, cuyo pedido de decomiso había solicitado el actor como se reconoció en la comunicación del despido; de ninguna manera le resulta imputable; en tanto la accionada no ha logrado acreditar que el decomiso físico no haya sido realizado, que no lo fuera con la debida autorización del gerente regional que debía participar en el mismo, y mucho menos que el actor imcumpliera con su obligación de poner la mercadería en mal estado a disponibilidad para su descarte, a través del procedimiento empresario fijado para ello.

Sabido es que quien denuncia un hecho que considera injurioso por implicar un incumplimiento a los deberes contractuales, es a quien corresponde la probanza del mismo;en tanto que «habrá injuria siempre que, producidas las pruebas a cargo del denunciante, a criterio del magistrado que entienda en la causa, haya agravio suficiente para denunciar el contrato por justa causa.»

«El sistema legal vigente tiende a privilegiar la subsistencia de las relaciones laborales, y la parte que asume la inicitativa de ponerle fin carga con la demostración de una conducta inexcusablemente incompatible con la prosecusión del vínculo, demostración que no debe dejar margen de duda.» (CNAT, sala V, 31-10-88, «Verón Víctor A. c/ Celulosa Recuperada», D.T. 1989-A-66; T. y S.S. 1988-1119), cita en (pág 346).

En conclusión dado la precariedad de los medios probatorios aportados por la accionada que no solo no exhibió los resultados de la auditoría que habrían arrojado lel faltante de la mercadería detallada; tampoco demostró que el decomiso alegado por el actor no se llevara a cabo y menos aún que ello no fuera autorizado por el personal jerárquico pertinente; con lo cual los hechos que imputó como incumplimiento para justificar su desvinculación con justa causa al actor, en los términos del art.242 LCT; por lo que en definitiva la extinción laboral resulta ilegítima, a través de una decisión unilateral de la empleadora quien fundó su actitud en una causal que finalmente no resultó claramente justificada en el proceso.

b.- Resultando entonces injustificada la denuncia del contrato de trabajo concretada por la empleadora; previo a referirme a los montos y rubros indemnizatorios correspondientes, se hace necesario detacar que no existió en autos controversia respecto de la antigüedad y remuneraciones registradas; no habiendo demostrado la actora que se le abonara suma distinta a la que figura en sus recibos de haberes.

Así, en cuanto a la remuneración a considerar como base de cálculo para los rubros que prosperan, se tomará la de $ 11.807,67 mensuales, que surge del certificado de trabajo entregado por la demandada, según se denuncia en la demanda; y no cuestionada por la misma.

1) De acuerdo al criterio expuesto, con las premisas determinadas precedentemente y antigüedad del actor no discutida en el proceso; prosperan los rubros reclamados en concepto de preaviso por $ 23.615,34; SAC sobre preaviso por $ 1.967,94; indemnización por antigüedad (art. 245 LCT t.o.) por la suma de $ 153.499,71; integración del mes de desido por $ 6.612,30, y SAC sobre integración por $ 551,00.

2) En relación a la sanción indemnizatoria del art. 2 Ley 25.323, la hipótesis prevista en la norma es la siguiente:»Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.». Se advierte de las constancias de autos que el actor intimó al pago de la liquidación final comprensiva de los rubros indemnizatorios pretendidos en su demanda y cuyo incremento exige en los términos de la manda citada; tal como la misma lo prevé como requisito de procedencia de la multa, según surge del TCL de fecha 21/03/2014, cuya recepción no fue cuestionada por la accionada; por lo que el rubro se admite por la suma de $ 91.863,67.

De acuerdo con todo lo expuesto la demanda prospera por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 278.109,96), suma la que deberán sumársele sus intereses desde que la misma resulta adeudada y hasta su efectivo pago.

III) En cuanto a la tasa de interes aplicable, a partir del fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza en autos CUIJ N° 13-00844567-7/1 caratulada: «GALENO A.R.T. S.A. EN J° N° 26.349 «CRUZ, PEDRO JUAN C/ MAPFRE A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE» S/ RECURSO EXT. DE CASACION.»(15/05/17), con los votos de los Dres. Palermo y Adaro, con similares argumentos a los que me remito brevitatis causa, se inclinó por la aplicación de la tasa para préstamos de libre destino a 36 meses del B.N.A.

No obstante, en fecha 30 de octubre de 2017, Nuestro Superior Tribunal, en fallo plenario dictado en autos 28144 – «CITIBANK N.A. EN J: 28144 «LENCINAS, MARIANO C/ CITIBANK N.A. P/ DESPIDO» P/ REC. EXT.DE INCONSTIT-CASACIÓN» , determinó modificar la doctrina fijada por ese Alto Tribnal en el Plenario «Aguirre» sobre intereses moratorios para litigios tramitados en la Provincia en los casos en que no exista tasa prevista por convención o ley especial; disponiendo que corresponde aplicar la tasa para la línea de préstamos personales del banco de la Nación Argentina, denominados «Libre Destino» a 36 meses, a partir del dictado del referido plenario.

También en este aspecto del litigio, cabe reiterar que teniendo en cuenta la obligatoriedad y uniformidad de la jurisprudencia emanada del Superior Tribunal (art. 149 C.P.C. en conc art. 108 C.P.L), sin perjuicio de los argumentos y criterio reiterado de este Tribunal, a partir del fallo de esta Cámara «Olguín.», en el sentido de expedirse por la aplicación de los intereses mencionados; fundado en estrictas razones de economía procesal, propicio aplicar a partir del presente caso la doctrina sentada por la SCJM en el fallo plenario antes mencionado; de modo tal que los interese s deberán ser calculados desde la fecha de la mora, según la tasa fijada por el plenario «Aguirre» (tasa activa) hasta el 30/10/2017; y a partir de allí la tasa fijada en el reciente pronunciamiento que se corresponde con la denominada de «Libre Destino» a 36 meses que informa el Banco de la Nación Argentina.

No obstante ello, esta última tasa será de aplicación, en virtud de la reciente sanción de la Ley Provincial nro. 9041, hasta la fecha de su vigencia (fecha de su publicación 02/01/2018 – art.4°) y a partir de allí «.una tasa de interes moratorio equivalente a la evolución de la serie de la Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) que publica el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).»; sin que en el caso de autos se adviertan circunstancias especiales que permitan reconocer un interés adicional como también prevé la norma.

En consecuencia, las operaciones antes fijadas se traducen en los siguientes cálculos:

1.- Tasa activa desde la mora (02/08/2014) y hasta el 30/10/2017 = $ 278.109,96 * 95,57 % = $ 265.789,69.

2.- Tasa para préstamos libre disponibilidad a 36 meses desde el 31/10/2017 al 01/01/2018 = $ 278.109,96 * 5,43 % = $ 15.101,37.

3.- U.V.A. dispuesto por la Ley 9041, desde el 02/01/2018 (21,15) a la fecha (45,22), el capital recompuesto, resulta por la suma de $ 594.599,09 ($ 278.109,96 * 2,138).

De tal modo sumando a esta última suma, la resultante de los intereses anteriormente calculados, la demanda resulta admitida por un monto de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON QUINCE CENTAVOS ($ 875.490,15), suma por la que en definitiva prospera la demanda a la fecha de la presente resolución, por los conceptos emergentes de la extinción laboral. En caso de falta de pago en el término que se concede, corresponde se actualice el capital de condena con el índice U.V.A. hasta su efectivo pago, con más el 5 % anual desde la fecha de la sentencia (art. 1, Ley 9041). ASÍ VOTO.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. JORGE GUIDO GABUTTI DIJO:

En consideración con el principio chiovendano de la derrota las costas deberán ser soportadas por la demandada en lo que prospera la demanda, por resultar vencida (art. 31 C.P.L.y 36 C.P.C.). ASÍ VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar sentencia que a continuación se inserta:

Mendoza, 26 de noviembre de 2019.-

Y VISTOS:

Los fundamentos que anteceden, el Tribunal el Sala UNIPERSONAL,

RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda, condenando a «SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR S.A.», a pagar al actor, Sr. CARLOS ALBERTO MUÑOZ, la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON QUINCE CENTAVOS ($ 875.490,15), calculada a la fecha de la presente sentencia, dentro de plazo de CINCO DIAS de notificada la misma; sin perjuicio de los ajustes e intereses que correspondan para el caso de incumplimiento, hasta su efectivo pago.

VI) Imponer las costas a la parte demandada, por resultar vencida, según lo resuelto en la Tercera Cuestión. ( art 31 del CPL).

VII) Regular los honorarios profesionales, por su efectiva labor profesional desarrollada en autos, en cuanto prospera la demanda, del siguiente modo: Dr. Gustavo Goldstein: ($.); Dr. Andrés M. Miranda: ($.); Dr. Pablo F. Scordo: ($.); Dr. Jorge A. Llanes: ($.); teniendo en cuenta el mérito de la labor desplegada y su incidencia en la resolución de la causa (arts. 2, 10, 31 y conc. Ley 9.131, art.63 C.P.L.).

VIII) Emplazar a la demandada en TREINTA DIAS, para que abonen en autos la suma de $ 26.264,70, en concepto de TASA DE JUSTICIA, y en DIEZ DIAS, para que abone la suma de $ 17.509,80 en concepto de APORTES DE LA LEY 5059; y a los profesionales actuantes la suma de $ 1.313,24 en concepto de DERECHO FIJO (Ley 4976 y su Regl.) debiendo en todos los casos acompañar los comprobantes respectivos, todo, bajo apercibimiento de ley.

IX) Firme y ejecutoriada la presente resolución, emplazase a las partes en DIEZ DÍAS a retirar la documentación original acompañada, bajo apercibimiento de proceder a su archivo por Secretaría.

NOTIFIQUESE A LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.); DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA, A LA CAJA FORENSE Y COLEGIOS DE ABOGADOS.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Firmado:

DR. JORGE GUIDO GABUTTI

Juez de Cámara

DR. JUAN MANUEL FORQUERA

Secretario

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