El DNU 669/2019 y las variables económicas argentinas

Autor: Scipione, Tomás F.

Fecha: 30-dic-2019

Cita: MJ-DOC-15174-AR | MJD15174

Sumario:

I. Introducción. II. El DNU 669/2019. III. Conclusión

Doctrina:

Por Tomás F. Scipione (*)

I. INTRODUCCIÓN

Las presentes líneas tienen como fin analizar el impacto del reciente DNU Nro. 669/2019 dictado por el ex Presidente Mauricio Macri que modifica la ley de riesgos del trabajo Nro. 24.557 . Se hará un breve repaso histórico de las distintas modificaciones que fue sufriendo la primigenia norma, junto con los precedentes jurisprudenciales nacionales y santafesinos que fueron modelando su aplicación haciendo un análisis crítico sobre el alcance que tendrá la misma. Asimismo se propone elaborar un cuadro aritmético comparativo sobre las evoluciones salariales de los trabajadores en relación de dependencia, la inflación y las tasas de interés bancarias.

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II. EL DNU 669/2019

La sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019 refleja el nacimiento de un nuevo capítulo de la nefasta historia de la ya hartamente manoseada ley de riesgos del trabajo, viniendo a reivindicar una vez más la despreocupación cierta por los trabajadores y su integridad psicofísica, en aras de continuar favoreciendo el lucro desmedido de unos pocos capitales (ART) a costas de la salud del trabajador.

Los procesos inflacionarios reinantes en el país que comenzaran luego del año 2001 en que la equivalencia entre la moneda nacional y el dólar estadounidense sufriera un desfasaje, han sido los que han gobernado la economía argentina hasta el día de la fecha, y por supuesto el derecho no ha sido ajeno a ello, máxime cuando de prevención y reparación de daños se habla.

Vale aclarar de antemano que todos los problemas que se suscitan en torno a las actualizaciones de los montos que deben percibir los trabajadores como indemnización por las incapacidades que quedan como secuela de un infortunio laboral se generan en aquellos casos en que el responsable de su pago, no paga en término las justas acreencias de aquel, puesto que de abonarse las indemnizaciones en tiempo y forma no habría procesos inflacionarios que afecten al capital percibido.Queda claro pues, y ello debe ser el eje de los restantes análisis, que el primer incumplimiento radica en la falta de pago en momento oportuno por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo responsables de hacerlo.

Si bien es cierto que la norma original sancionada en el año 1995, fuera mejorada con posterioridad, mediante reformas parciales (decretos 1278/00 ; decreto 1649/09) que entre otras cuestiones, implicaron evoluciones en materia de prevención, de montos de prestaciones de pago único, aumento de las variables de la fórmula de cálculo de la indemnización, establecimiento de pisos mínimos de pago; el factor desvalorización del poder adquisitivo de las sumas que recibía el trabajador como consecuencia de la inflación continuaba siendo un problema sin resolver.

El obrero encontraba una doble depreciación; la primera ocurría con el modo de cálculo del IBM, ya que como lo ordenaba la norma, para poder obtener el mismo se debía promediar las últimas 12 remuneraciones devengadas o durante el tiempo de prestación de servicio si fuere menor, lo que no llevaba a otro resultado que uno alejado enormemente de las remuneraciones devengadas el mes anterior al de la primera manifestación invalidante ya que los meses más alejados de esa fecha distaban en gran medida de aquel por el paso de la inflación.

La restante depreciación era provocada por lo que resaltábamos antes, un incumplimiento de las ART que no pagaba en término las sumas adeudadas, mediante dilaciones generadas por innumerables litigios que en muchos casos han superado un lustro y hasta una década, y que incluso siguen vigentes a la fecha.

A ello cabe agregar otro factor que a la par incidía en mayores perjuicios del sector trabajador, pues no sólo que los montos indemnizatorios se veían menguados por el paso del tiempo, sino que a la vez, los damnificados no lograban obtener en tiempo la reparación que le permitiera poder utilizar el dinero para paliar la situación desfavorable en la que los colocaba esa incapacidad, con pérdida de aptitudes psicofísicas que restan de manera directa opciones laborales. Nótese que aquí el trabajador ya no es solo un sujeto vulnerable por su calidad de tal, sino doblemente vulnerable por agregarse el elemento de que además padece de una incapacidad de tipo permanente.

El paso del tiempo fue poniendo al desnudo la necesidad de encontrar mecanismos que restauraran el valor de la moneda perdido por los procesos inflacionarios que oscilaba entre un 20% y hasta un 50% anual, convirtiendo a las indemnizaciones históricas en verdaderas sumas irrisorias, desajustadas de la realidad y por supuesto en desmedro de los trabajadores, siempre por la contumacia de las ART.

La sanción de la ley 26.773 en el año 2012, más allá del retroceso que significó la adopción del sistema de opción con renuncia para el trabajador, en donde tan sólo podía elegir la vía para reclamar su indemnización, civil (integral) o sistémica (tarifada), trajo consigo una modificación que significó un gran avance para poder paliar el problema que se venía analizando con anterioridad respecto a la depreciación de las indemnizaciones que percibían los trabajadores.

Así los artículos 8 y 17 de dicha ley establecieron un mecanismo de actualización de sumas mediante la utilización del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) desde el 1 de Enero de 2010 en adelante, lo que se traducía en un incremento de las indemnizaciones a la par de la evolución de los salarios.Si bien esta incorporación podría haber recibido la crítica de que en muchos períodos las evoluciones salariales quedaban por debajo de los valores de inflación, es cierto que contar con este índice constituía un gran avance y logro del legislador en aras de dotar de equidad al sistema vorazmente desequilibrado.

Lamentablemente dicha ley, de no muy buena técnica legislativa, sufrió un gran embate en el año 2016 con el dictado del conocido fallo «Espósito» (ESPOSITO DARDO LUIS C/ PROVINCIA ART S.A. SI ACCIDENTE – LEY ESPECIAL) por la CSJN. En tal caso se trataba de un infortunio laboral ocurrido en el año 2009 (antes de la entrada en vigencia de la ley 26.773). La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que a las sumas históricas obtenidas como reparación de las secuelas incapacitantes que habían quedado como remanente, debían computarse intereses hasta el 1 de Enero de 2010, y desde allí aplicar el índice RIPTE, con más la aplicación de una tasa pura de interés (por privación de uso del capital en tiempo) hasta el efectivo pago.

La cuestión a dilucidar allí estribaba en la norma de aplicación temporal de la ley para los supuestos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia. En prieta síntesis, con argumentos que recibieron muchas críticas en su momento por parte de la doctrina y jurisprudencia de inferior grado, la Corte entendió que no podía aplicarse el índice RIPTE para los infortunios laborales cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a su entrada en vigencia.

A la vez, el máximo Tribunal se expidió en relación a un tema, que si bien no era objeto del recurso, venía generando un debate en doctrina y jurisprudencia. Se trataba de la reglamentación de la ley 26.773 efectuada por el decreto reglamentario Nro. 472/14 , específicamente sobre el art. 17 de la ley.Esta norma en la ley indicaba que se ajustarían por el índice RIPTE las prestaciones en dinero por incapacidad permanente en forma general, sin limitar su alcance a ningún tipo de prestación en particular. Pero la reglamentación, en lo que muchos entendieron un exceso reglamentario, redujo su campo de aplicación al establecer que sólo comprendería a las compensaciones de pago único y a los pisos mínimos, aniquilando de tal forma a las prestaciones dinerarias obtenidas mediante la fórmula fijada en la ley de riesgos. La Corte Federal, amén de la materia principal resuelta en «Espósito», citó el decreto reglamentario haciendo una aplicación literal del mismo sin considerar ningún reparo, convalidando de tal manera su eficacia.

En definitiva, luego del fallo Espósito todo lo que se había avanzado con la ley 26.773, especialmente en términos de contar con un mecanismo que permitiera recuperar el poder adquisitivo de las sumas de dinero históricas que se obtenían con la aplicación de la fórmula prevista en la ley de riesgos, fue echado por tierra.

Fue así que los Tribunales locales se vieron obligados a buscar alternativas hermenéuticas para que todo lo acontecido no concluyera en un grave perjuicio para el trabajador. Recordemos que por entonces, en primer lugar no se podía acudir a la indexación.Por otro lado, según lo que dispone el nuevo Código Civil y Comercial en su art 770 inc c.(ref:(LEG66465.770), en caso de que los intereses no estuvieren establecidos por convención de partes o por ley, los jueces deben optar por tasas conforme las reglamentaciones del banco central, por lo que las tasas de intereses utilizadas clásicamente, (tasa activa o pasiva del Banco Nación), no resultaban del todo útiles para recomponer el poder adquisitivo de la merma que había sufrido la moneda producto de la inflación.

Fue así que se llegó en el ámbito santafesino, a pocos meses del dictado «Espósito», a un fallo emitido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe, en la causa «Gianastacio» , cuyo semejante en la ciudad de Rosario fue el fallo «Vergara». En prieta síntesis, la Cámara declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto con las modificaciones posteriores), y tomando la solución fijada por el decreto 1649/09 respecto de los montos que percibe el trabajador durante el transcurso de su incapacidad Laboral Transitoria, resolvió que el salario que debía tomarse a los fines del cálculo de la indemnización que debía abonarse al trabajador, era el que resultaba de la aplicación del art. 208 de la LCT, es decir el vigente al momento de la liquidación, con los aumentos que pudiera haber sufrido como consecuencia de los incrementos salariales y de los acuerdos homologados en paritarias.Tal solución era, según entendemos, la más justa, ya que contemplaba los incrementos de los salarios de los trabajadores, al mismo tiempo que desalentaba a las deudoras (ART) a adoptar su incansable conducta contumaz, utilizando a los procesos judiciales como verdaderos medios financieros; esta actitud constituía una reacción lógica y esperable de las mismas, quienes veían que el capital que adeudaban, luego de invertirlos y de las rentas que este generaba, sus réditos eran mayores a los de su deuda.

Vale decir, que similares soluciones comenzaban a aparecer en el seno de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Laboral, con algunas variantes menores.

El sistema de riesgos del trabajo comenzaba a convertirse en lo que Dr. Daniel Machado calificó como «una especie de common law, en el cual los precedentes jurisdiccionales tienen fuerza normativa, pero en un desorden caótico.»

Pero cuando parecía que ese sin fin de precedentes con fuerza normativa comenzaba a cobrar estabilidad, a principios del año 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe in re «Ojeda» anuló el criterio sostenido por la Cámara en «Gianastacio» por diferentes razones, entre las cuales se encuentra que la declaración oficiosa de la inconstitucionalidad debe ser la última ratio, y que con tal hermenéutica se violan las líneas sentadas por la corte Nacional en «Espósito». Asimismo resaltó que en el caso concreto la depreciación monetaria mencionada por la Cámara podía ajustarse mediante la utilización de diferentes tasas de interés que permitieran recomponer el valor de las sumas adeudadas.

La solución del caso Ojeda, dejó muy disconforme a gran parte de la doctrina laboralista, con excepción claro de algunas minorías defensoras de los intereses de las ART. Sorprende que la Corte se haya tornado tan celosa respecto de la declaración de inconstitucionalidad, cuando son innumerables los precedentes donde ha convalidado soluciones en tal sentido o más aún, que las ha decretado.A la vez llama la atención que aconseje la utilización de diferentes tasas de interés cuando tan sólo unos meses antes (31/10/2017) in re «Olivera» habían anulado la aplicación de lo que se denominó en Santa Fe como la tasa «Ibarra», descalificando el criterio de la Cámara que había utilizado para el caso concreto una tasa de interés equivalente a la máxima nominal anual que fija el Banco Central de la República Argentina para “financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito” de “Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito», máxime cuando dicha pauta cumplía fielmente la manda del art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Luego de todo lo ocurrido difícil es la situación en que comenzaron a encontrarse los jueces a la hora de resolver este tipo de situaciones ya que, no podían indexar por las prohibiciones contendías en las leyes de convertibilidad, no se permitía echar mano al RIPTE por lo acontecido en «Espósito», tampoco se convalidaba la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y encima se anulaban decisorios en que se consideraba que los intereses otorgados eran excesivos.

En medio de estos precedentes, en Febrero de 2017 fue dictada la ley 27.348 que entre otras reformas, modificó el por entonces art. 12, trayendo algunos nuevos aspectos positivos y otros que no lo fueron tanto, pese a que algunas variables económicas no contempladas por entonces mejoraron la situación. Dentro de lo positivo es necesario resaltar que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se pasó a considerar los salarios de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT, lo que cerró algunas discusiones respecto de algunos rubros mensuales que se le liquidaban al trabajador, quedando entonces comprendidos como salario.Por otro lado, la antigua problemática relacionada con que el impacto de la inflación hacía que al promediar los últimos 12 meses de salarios del trabajador, el promedio resultante de allí se viera menguado, fue resuelto con la posibilidad de aplicar a cada uno de los 12 períodos el índice RIPTE con el fin de actualizarlo hasta la fecha del mes anterior al accidente.

Mencionaba en el párrafo anterior que en la reforma del año 2017 hubo variables económicas no contempladas, y esto tiene que ver con el incremento que sufrieron las tasas de interés en esas épocas. La reforma quiso poner fin a la discusión de las actualizaciones y/o tasas de intereses aplicables, fijándola en una equivalente al «promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA». Esa reforma tenía una claro fin de reducir los montos indemnizatorios, dado que por entonces la tasa activa del Banco Nación no alcanzaba si quiera a cubrir la inflación, pero lo que no contemplaron fue lo que comenzaría a suceder en los albores del año 2018 cuando producto de las corridas cambiarias que se generaron en el país con una fuerte alza del valor del dólar estadounidense, generó la necesidad de echar mano a las tasas bancarias como uno de los medios de control cambiario.Así subieron estrepitosamente las tasas orientado a que a los inversores les resultara más atractivo invertir en ellas que mudarse a la moneda extranjera, situación que se mantiene vigente hasta el día de hoy y que recién con las nuevas medidas cambiarias (cepo a la compra de divisas e impuesto para las compras en el exterior) comienza a modificarse . Este efecto hizo que estas tasas se acercaran mucho más a los índices de inflación.

Evidentemente el resultado de la norma no fue el esperado debido a las modificaciones en las variables económicas que no fueron ni pudieron ser previstas por aquél entonces.

Antes de elaborar una comparación final conviene hacer una breve comparación entre las tasas de interés, la inflación y el crecimiento de los salarios.

Respecto del año 2019, la estimación se ha hecho antes de que termine el año, con los datos obrantes hasta el momento.

III. CONCLUSIÓN

A poco que uno observa el cuadro puede percibir de qué manera ha ido perdiendo en la mayoría de los períodos el salario en comparación con la inflación y las tasas de interés, en algunos períodos más que en otros, pero que en el acumulado de los últimos 11 años ha significado un porcentaje importante.

Esto nos lleva a una primera conclusión:ya sea que se busque recomponer a través de una tasa bancaria simple (pasiva o activa) o por índice RIPTE, el resultado de la indemnización, en tanto no se contemplen otras variables, irá siempre por debajo de la inflación significando con ello pérdida para el trabajador.

La segunda de ellas es que de entre los dos medios para recomponer capital, más allá de sus deficiencias, el índice RIPTE cumple mejor su cometido que las tasas bancarias.

La tercera es que el regreso al RIPTE que trae el DNU 669/2019 significa una regresión para todos aquellos infortunios posteriores a 2018, dado que con las tasas bancarias que se venían aplicando hasta entonces, superaban la evolución de los salarios, pero, fuera de ello, es muy probable que, contrariamente al interés claro que tuvo el dictado de la norma, para favorecer los intereses de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, para todos los infortunios anteriores al 2017, significará una mejora en relación a la aplicación de tasas de interés.

La cuarta es que, queda mucho camino por recorrer en aras de lograr dotar de justicia al sistema, puesto que como surge manifiesto, ninguno de los medios logra fielmente su cometido, por lo que correspondería revisar los mecanismos con el fin de encontrar uno que se ajuste a la realidad y que impida que el paso del tiempo, producido por el incumplimiento de la ART de abonar las prestaciones dinerarias oportunamente, se constituyan en un directo perjuicio para la clase trabajadora.

La quinta es que en ninguno de todos los casos se está contemplando un interés que compense la privación de uso de capital en tiempo y forma.Ya se dijo al respecto que no sólo se trata de recomponer el valor de una indemnización, sino de que la misma se abone en el momento oportuno, y que en caso de que no se lo haga, se pague por todo ese tiempo que se privó a su acreedor tener el dinero a su disposición.

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(1)Leyes de convertibilidad

(2) GIANASTACIO, FRANCISCO INOCENCIO c/ ASOCIART S.A. ART s/ ACCIDENTE DE TRABAJO – COBRO DE PESOS LABORAL; Cita: 1340/16;Año de causa: 2015;Nº de tomo: 016; Folio N° 449; Resolución N° 194- Fecha del fallo: 16/09/2016

(3) «Vergara, Domingo Aquilino c/Liberty ART SA (hoy Swiss Medical)»

(4) Voto del Dr. Daniel Machado en el fallo «Gianastacio»

(5) «OJEDA, Olga Adela c/ Asociart ART S.A. – Accidente de Trabajo – (EXPTE. N° 22/16) (CUIJ N° 21- 5166941-7) s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Queja Admitida)»

(6) OLIVERA, MIGUEL ANGEL c/ SUPERMERCADO SAN JORGE S.R.L. Y OTROS -COBRO DE PESOS LABORAL- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Santa Fe, Santa Fe; 31-oct-2017; Fuente Propia; 652/17

(*) Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral; Especializando en «Daños y Perjuicios» en la Universidad Nacional del Litoral; Actual Vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de la 1era Circunscripción de Santa Fe; miembro del Foro de Práctica Profesional de Abogados de la ciudad de Santa Fe