Función judicial y medios de comunicación

Autor: Taleb, Laila

Fecha: 13-dic-2019

Cita: MJ-DOC-15142-AR | MJD15142

Sumario:

I. Presentación de la problemática. II. Poder Judicial y medios de comunicación: crónica de una relación compleja. III. La política comunicacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. IV. Conclusión.

Doctrina:

Por Laila Taleb (*)

I. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:

Resulta innegable el trascendental rol de los comunicadores sociales para la plena vigencia de las reglas democráticas en las sociedades modernas. Ya Alexis de Tocquevílle señalaba la importancia de la prensa como instrumento de libertad y garantía de pluralismo necesario para la configuración de la democracia (1).

En este sentido permiten canalizar información pública hacia la sociedad civil, difundir actos de gobierno y el pensamiento de la clase política y controlar los abusos de poder, por ejemplo, mediante el denominado «periodismo de investigación» (2).

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Si bien los medios de comunicación podrían erigirse como un canal eficaz y legítimo para vincular el poder judicial con la ciudadanía, la relación entre los miembros del poder judicial y los periodistas se ha caracterizado por la desconfianza mutua, la interferencia y el desconocimiento de los ámbitos propios de competencia y por la ausencia de reglas claras y precisas de comunicación interinstitucional.

Esa tensión es palpable y cotidiana en todos los medios de comunicación en los que se informa sobre hechos de interés general que se vinculan con la conflictividad social y que, finalmente, son judicializados. Las exigencias y reclamos respecto a la lentitud de la justicia para resolverlos, suele reconocer su origen en un claro desconocimiento de normas procesales y sustantivas que tienden a garantizar la legalidad del procedimiento y el pleno ejercicio de derechos de las personas involucradas – vgr. el derecho de defensa en juicio, las reglas relativas a la prueba- a la par que desarrolla los denominados «juicios paralelos» sustraídos del ámbito jurisdiccional y llevados a cabo en el ámbito mediático, lo cual tiende a la socavar la confianza pública en las instituciones judiciales.

El permanente sometimiento a crítica por parte de los medios de comunicación, lejos de implicar una instancia de control y transparencia, resulta hábil para generar una presión sobre los magistrados que puede afectar su independencia e imparcialidad.Además, no son pocos los casos en los que la difusión de las investigaciones judiciales resultado de un ejercicio irresponsable – y por qué no, reñido con la ética profesional- de la actividad de comunicar suele afectar derechos constitucionales y convencionales de la persona vinculados al ámbito de autonomía personal (art. 19 CN), como el respeto al derecho al honor y a la intimidad. En otros casos dicha difusión puede atentar directamente contra el éxito de las investigaciones y el desarrollo del proceso.

Tampoco contribuye a la generación de instancias constructivas la actitud de ciertos miembros de la judicatura ceñidos a aquel postulado que afirma que «los jueces sólo deben hablar por sus sentencias». Atento a que, como acertadamente señala la Dra. Elena Highton de Nolasco, «brindar mejores vías, que den lugar a mayor información sobre la forma como se resuelven los conflictos, las responsabilidades, procedimientos, normas, reglas y todas aquellas actividades desplegadas por sus integrantes, permite que el ciudadano tenga un conocimiento más acabado del quehacer judicial y, por ende, una mayor credibilidad en el sistema. A su vez, la transparencia que sin duda se produce mediante un sistema de información idóneo y accesible al ciudadano, le permite a éste -si se encuentra interesado- efectuar un control sobre el mismo funcionamiento del sistema judicial» (3).

Sin perjuicio de los vaivenes propios de la vinculación entre medios y poder judicial, lo que claramente no puede soslayarse es la necesidad de establecer una política comunicacional – política de estado- que tienda a garantizar la plena vigencia tanto de la publicidad de los actos de gobierno como del derecho de acceso a la información pública.

II. PODER JUDICIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CRÓNICA DE UNA RELACIÓN COMPLEJA.

1- Como se ha esbozado con anterioridad debe partirse de un dato objetivo: la relación entre los medios de comunicación, poder judicial y sociedad civil implica una red de entramados, influencias y factores de poder que se encuentra en permanente tensión.Dicha tensión es vivida por los miembros del poder judicial como una invasión constante de su esfera de actuación, producto de un desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y que, finalmente, conduce a un debilitamiento institucional y la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad del poder judicial para solucionar los conflictos y restablecer la paz social.

En este sentido, la Dra. Ángela E. Ledesma en ocasión de discurrir sobre la forma en que los medios de comunicación trasmiten la información, dice «el periodismo acompaña las noticias con calificativos que dividen al universo de jueces entre los garantistas y los de mano dura; expresiones que se presentan como una falsa dicotomía, en la cual el primero es tácitamente presentado como quien incumple con su función, mientras que el segundo aparece como el modelo ideal a seguir. Estos rótulos, además, suelen ser aprovechados por algunos sectores como herramienta política» y, más adelante, «así pues, la perspectiva unidimensional, basada en rótulos absolutos, que en la gran mayoría de los medios de comunicación se realiza de los jueces, ha determinado en más de una ocasión el sometimiento a juicio político de magistrados que cumplieron adecuadamente su función. Un juez debe velar por el cumplimiento de los derechos y garantías del proceso -de cualquier materia que se trate- y resolver en forma fundada las pretensiones que deduzcan las partes. De ahí que los sistemas procesales más avanzados denominan al juez de la etapa preparatoria, como de garantías o de control y no juez de mano dura. En este sentido, se torna imprescindible que los medios de comunicación informen adecuadamente a la comunidad acerca de sus propios derechos y de los verdaderos alcances del rol que cumple la magistratura. La desinformación puede ser muy cara para la convivencia ciudadana» (4).

Además, en ocasiones, la construcción de la noticia está condicionada por cuestiones comerciales y por la persecución de intereses que trascienden el mero deber de informar.No puede negarse que los titulares de los medios de comunicación suelen ser corporaciones económicas nacionales e internacionales que persiguen, como todas, la satisfacción de intereses económicos y, también, responden a intereses políticos e ideológicos.

Como afirma Rodrigo Alsina, el periodista es el autor de un mundo posible que se manifiesta en forma de noticia y que en la construcción de la noticia intervienen tres mundos distintos que son: el mundo real; el mundo de referencia y el mundo posible. De su interrelación se concluye que si en el mundo real se produce la verificación de la noticia y en el mundo de referencia se determina la verosimilitud de ésta, en el mundo posible se desarrolla la veridicción. Es decir, el enunciador debe hacer parecer verdad el mundo posible que construye. Para ello se vale de las marcas de veridicción que permiten crear una ilusión referencial que es condición necesaria para la virtualidad del discurso» (5).

Ahora bien a qué factores responde la crisis y la ausencia de entendimiento trascienden la atribución exclusiva a los vicios que afectan al sistema comunicacional.

Resulta sumamente ilustrativa la opinión del Dr. Julián Ercolini en relación al fenómeno que nos convoca. Entiende que el derecho y la comunicación son ciencias sociales transversales en el sentido de que con cualquiera de ambas podemos atravesar la actividad social que se nos pudiera ocurrir. Existiendo denominadores comunes entre las actividades de los jueces y la de los periodistas (6). A saber:

– La intervención de los «jueces» se da partir de conflictos que se generan en el seno de la sociedad. Los «periodistas» se interesan prácticamente en un campo ilimitado de problemáticas cotidianas de carácter general Todo puede ser noticia.Es decir también se interesan en conflictos que, de alguna manera, generan el interés de la sociedad.

«Arrastrados por estos cambios que se vienen desarrollando en las últimas décadas, los conflictos o temas que nos toca abordar a los jueces -de cualquiera de las especialidades- se han ido incorporando a las agendas cada vez más abultadas de los medios de comunicación más tradicionales, como temas de «interés público», al punto que puede hablarse hoy de la «noticia judicial» como de una categoría autónoma de la información diaria» (7).

– Otro de los denominadores comunes es en relación a la meta: es la «verdad». La responsabilidad institucional de ambas actividades derivadas de nuestro esquema republicano y democrático obliga a jueces y periodistas a hacer públicas unas formas de verdad. Por un lado hablamos de «verdad forense» y por otro lado de «verdad periodística».

Claro que las diferencias se verifican en la forma en que se accede a ambas verdades.

a) En este sentido, para la actividad judicial, las evidencias son las pruebas y para que lo sean deben estar impregnadas de una fuerte carga formal.

Así, los jueces tienen reguladas en mayor o menor medida la obtención, la incorporación y la utilización de aquéllas, so pena de incurrir en nulidad o arbitrariedad.

b) En la «actividad periodística», la evidencia es llamada fuente. Su obtención y su utilización no sólo no está formalizada, antes bien su informalidad está protegida constitucionalmente. No obstante, el periodista está limitado por la ética profesional, uno de los pilares de su credibilidad pública (8).

Claro que, la consecución de ambas metas tiene un factor determinante en cuanto a los procesos de verificación.

Entonces, «una sentencia judicial perdería su sentido, su legitimidad y sería generadora de una gran inseguridad jurídica en esquemas democráticos, si se dictara en el mismo día o al día siguiente del hecho y estuviera atada a la idea de primicia o novedad.Una noticia, por supuesto, dejaría de ser tal, si estuviera sometida a una suerte de debido proceso de construcción de la noticia, con intervención y discusión de partes interesadas, cumplimiento de plazos, etcétera (9)».

Por ello, la diferencia temporal en torno a arribar a la verdad y la forma de solucionar un conflicto, deviene cualitativa, en la medida en que es utilizada para descalificar la labor judicial y realzar la labor de los periodistas a quienes la sociedad visualiza como operadores eficaces para tratar los asuntos de interés general.

En definitiva dice Ercolini, que la verdadera tensión se reduce a la «legitimación para decir la verdad».

2- Sin perjuicio de las diferentes metodologías que ambas actividades utilizan en sus respectivos ámbitos de actuación cabe destacar dos aspectos problemáticos de discusión que se generan en el ámbito de confluencia de dichas actividades.

Me refiero específicamente: a) a la ética judicial y medios de comunicación y, b) al derecho de acceso a la información pública.

Veamos.

a) Ética judicial y medios de comunicación.

Quien asume la responsabilidad de desempeñar una función judicial debe saber que dicho cargo conlleva una serie de deberes inherentes al cargo que presuponen un sujeto con entereza moral, firmes convicciones y con una percepción adecuada de cuál es el rol que debe cumplir en la sociedad. Entre dichos deberes funcionales, existen dos que podríamos catalogar como esenciales: el deber de independencia judicial y el deber de imparcialidad. Sin ellos no puede hablarse de debido proceso, es decir, un proceso que respeta sus propios principios.

El «Código Iberoamericano de Ética Judicial» -adoptado durante la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana como un instrumento esclarecedor de las conductas éticas judiciales- establece que «el juez independiente es aquel que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo» (art.2), asimismo «el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial».

En relación a la imparcialidad expresa que «la imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional» (art. 9) y que «el juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio» (art. 10).

Partiendo de estas consideraciones – útiles para esclarecer conceptualmente el ámbito de discusión- cabe preguntarse de qué manera la actuación de los medios de comunicación puede complejizar la vigencia plena de estos «principios-deberes».

Ya hemos visto como desde la óptica judicial el sometimiento a cuestionamientos constantes de los medios de comunicación es vivenciada como un ataque sistemático, ya que incluso dichos «juicios públicos» relativos al accionar judicial suelen inducir y fomentar denuncias y pedidos formales de juicio político, procedimiento pensado, ni más ni menos, para la destitución de los jueces.

Los medios de comunicación en la actualidad marcan la agenda pública y condicionan el accionar de los diversos poderes del estado. No sólo reafirman el deber de comunicar, también suelen reclamar para sí la función de transmitir a los titulares del sector público las demandas de la sociedad. Si bien es cierto que muchos sectores de la sociedad a acceden a denunciar y reclamar diversos supuestos de vulneración de derechos y situaciones de arbitrariedad que por el contrario permanecerían en el silencio o anonimato (vgr.trabajadores que reclaman sus derechos laborales; desocupados; víctimas de diversos tipos de violencia, en particular, violencia de género e institucional; comunidades indígenas), esa noble función dista mucho de atribuirse de forma exclusiva la función de representar a la ciudadanía frente al poder público.

La significativa posición de poder de los medios de comunicación resulta idónea para generar una influencia – directa o indirecta- sobre el juez, quien es escrutado por su actividad profesional y en relación a su vida privada.

Estas inquietudes fueron evaluadas y estudiadas en el «Seminario: Ética e Independencia Judicial», para Jueces de Segunda Instancia realizada en la ciudad de Salta los días 8 y 9 de marzo de 2004.

El problema se planteó en los siguientes términos: «¿Los jueces sólo deben hablar por sus sentencias?»

Las conclusiones más relevantes fueron las siguientes (10):

– «la prudencia del juez con respecto a los medios puede merecer, o una simple recomendación correctiva o constituye un apartamiento de los deberes a su cargo.Entre la parquedad del juez, que sólo habla por la sentencia, y la locuacidad del «mediático», parece imponerse la idea de un «juez comunicador» que divulga, en el mínimun necesario, las cuestiones que permiten afianzar la comprensión de los derechos y de las resoluciones judiciales, sin que ello implique `defender las sentencias´.

– «los jueces no sólo pueden hablar por sus sentencias, sino que pueden expresarse sobre cualquier tema, cuidando sí, de «no incurrir en prejuzgamiento», evitando referirse a las causas en trámite, salvo sobre las informaciones meramente procesales y objetivas, y sólo cuando sea estrictamente necesario».

– «Se remarca como «pauta ética, la necesidad de extremar la prudencia, en el caso de referirse a causas en trámite»».

– «Se enfatiza la necesidad de realizar un cierta labor docente por parte de los magistrados, a través de los contactos con la prensa, que ayude a comprender temas complicados jurídica o técnicamente para la sociedad, dando detalles técnicos, «para que la sociedad esté bien informada sobre el bien jurídico protegido». Pero se restringe en las causas en trámite, y se declara como preferible, «hacerlo luego de haber dictado la sentencia».

– «Se resalta la importancia de la forma en que se comunica la decisión, particularmente, de las razones que llevaron a ella.Se entiende a esta pauta ética como una pauta derivada del «compromiso de la administración judicial con el sistema democrático»»

– «Más allá del tema ético, se destacó también la escasa capacidad de los jueces para la comunicación social, lo que crea inconvenientes, que suelen verse agravados, por la también poca preparación jurídica de los periodistas»

– «Por ello, es necesaria la capacitación de jueces en temas de comunicación, la que va a incluir una «ética de la comunicación judicial» – el entrecomillado interno es de mi autoría-.

La realización de este tipo de encuentros resulta sumamente plausible en la medida en que contribuyen a visibilizar un problema, someterlo a debate y generar consensos en torno a la solución de los mismos.

Sin dudas, el aspecto crucial se relaciona con el modo de reaccionar frente a dicha presión y la posibilidad de establecer una estrategia comunicacional adecuada que contemple la posibilidad de aunar esfuerzos con los medios de comunicación para informar a la ciudadanía.

b) Derecho de acceso a la información pública:

Como se mencionó con anterioridad una relación seria con los medios de comunicación puede resultar un medio idóneo para favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía. Una sociedad democrática necesita un ciudadano responsable, que interpela a las autoridades y demuestra interés por las cuestiones públicas.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que se encuentra garantizado por un vasto plexo normativo que emana de la cúspide de nuestro ordenamiento (Arts. 33 y 41 de la Constitución Nacional; art. 13 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 19 inc.2 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos).

La Corte Interamericana tiene dicho que «el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.

El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública (11). Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.» (12)

En igual sentido, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE y la OEA, en su declaración conjunta de 1999, afirmaron que, «implícito en la libertad de expresión está el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información y a saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno quedaría fragmentada».

Dicho derecho se rige por dos principios rectores:

A) El «principio de máxima divulgación»: que ordena «diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepcione s. De este principio se derivan las siguientes consecuencias:1) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información; 2) toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y 3) ante una duda o vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información» (13).

B) El «Principio de buena fe»: que requiere que los sujetos obligados «realicen las acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la gestión de los individuos en la gestión estatal».

Ahora bien, considerando el marco dogmático apuntado y en el entendimiento de que los jueces son sujetos obligados por el derecho a informar – «reiterando la jurisprudencia existente, la resolución del «Comité Jurídico Interamericano» sobre «los Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información», precisa en principio 2 que `el derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al «poder judicial», a los órganos creados por la Constitución o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollen funciones públicas» (14) – cabe preguntarse «en qué medida la satisfacción de ese derecho puede colisionar la plena vigencia de otros derechos».

Es sabido que los jueces resuelven conflictos intersubjetivos de intereses, los cuales, generen o no repercusión pública, suelen contener datos personales relativos a los titulares del conflicto que se encuentran amparados por derechos constitucionales.Por otro lado la difusión de datos relacionados con información judicial, puede comprometer la marca del proceso y el éxito de la investigación (por ello la mayoría de los Códigos Procesales Penales suelen regular la figura del «secreto de sumario» durante la etapa investigativa) y, en definitiva, el derecho a la verdad de las víctimas.

Lo cual puede implicar la responsabilidad internacional del estado por omitir el deber de investigar y sancionar a los responsables (15).

Se ha dicho que «en lo que hace al impacto de la imagen, debe reconocerse que, a diferencia de otros poderes públicos y sus productos -por ejemplo, el Congreso y la publicación de las leyes en el Boletín Oficial-, el Poder Judicial produce normas individuales (decisiones jurídicas) en las que se involucran derechos y en muchos casos su difusión indiscriminada puede producir consecuencias irremediables (daños inconmensurables) a partir de la publicidad de determinados datos. Como puede observarse, en este caso no está tanto en juego el éxito de las investigaciones, sino la protección de información sensible. Por lo tanto, debe existir un cuidado adicional respecto de la cantidad y calidad de los datos que son transmitidos y el impacto que puede tener en las personas -titulares de los derechos-. De tal modo, en los casos penales existirá el límite de confidencialidad previsto en el 204 del CPPN, así como en cuestiones de familia y menores deberían darse prioridad a la preservación de la intimidad de las partes y de terceros, ya sea desde la omisión de los nombres hasta la eliminación completa de su publicidad.Sobre el particular, el artículo 164 del Código Procesal Civil consagra el derecho de publicidad, a excepción de los casos en los que, por la `naturaleza del proceso» o `razones de decoro´, se declare su reserva (`si afectan la intimidad de las partes o terceros, los nombres se eliminarán de las copias para publicidad´)». (16)

Es decir que, el eventual conflicto normativo que puede acarrear la difusión de información en el caso concreto hace plenamente operativas las limitaciones al derecho de acceso a la información que tienen consagración convencional en el art. 13 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 19 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ello así sin perjuicio de la emisión de un comunicado oficial restringido a los aspectos procesales y de fondo elementales.

III. LA POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.En nuestro país, luego del año 2003, los miembros de nuestro más alto tribunal han elaborado un plan estratégico de comunicación, tendiente a garantizar la transparencia de la gestión, la publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.

Un hito fundamental fue la creación de la «Dirección de Comunicación Pública» -mediante acordada 9/12 – de la que dependen el Centro de Información Judicial, la Dirección de Prensa y toda otra área vinculada a la política comunicacional del Tribunal, como así también el desarrollo y creación del proyecto Gobierno Abierto.

Con posterioridad y mediante Acordada N°42/15 de fecha 22/12/2015, se decide suprimir dicha Dirección y se la reemplaza por la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para que lleve adelante la implementaci6n integral de la estrategia comunicacional de este Poder y transfiere a su órbita el Centro de Información Judicial y la Dirección de Prensa y se disponer la creación de un área de Comunicación Internacional en la órbita de la Secretaría a los fines de fomentar la integración regional e internacional.

El Centro de Información Judicial es el canal online de difusión permanente de las noticias que produce el Poder Judicial, en base al concepto teórico que le da sustento, esto es, que la difusión de información y la relación fluida con los medios de prensa hace a la transparencia de la gestión judicial e implica uno de los pilares de la política comunicacional de la Corte Suprema de Justicia.

Dice la Dra. Highton de Nolasco que «el CIJ es una agencia de noticias que recibe las decisiones de los magistrados y las magistradas y las transmite, basándose en los principios de transparencia informativa. Hacer algo transparente nos mejora a todos:a los jueces y juezas porque la crítica hace que repensemos nuestra labor y nos superemos; a los periodistas porque el acceso inmediato a la noticia les permite una competencia más igualitaria entre todos ellos y agregar un valor profesional nítido al comentar la decisión; a los ciudadanos porque pueden conocer, critica y también comprender cuando la sentencia no es favorable» (17).

¿Cómo describe la Corte su política de comunicación? Busca expresar una «política comunicacional abierta, orientada a dar transparencia y difusión a las decisiones judiciales para acercar la Justicia a la sociedad, permitiendo que la misma tenga acceso a la información y pueda controlar y opinar sobre la administración de justicia y hacer efectivo su derecho a la información pública (Considerando I de la Acordada N°42/15).

Asimismo señala que «es objetivo de esta Corte, profundizar la política de comunicación, basada en la transparencia informativa y la participación social, logrando una estrategia uniforme que continúe garantizando a la población el acceso a la información y la publicidad de los actos de gobierno. Que con ese criterio, el propósito es profundizar la difusión de la información judicial, apuntalando la estrategia comunicacional de los tribunales en un «modelo de puertas abiertas», con un trabajo interno con los jueces para definir los términos en los que se deben comunicar las decisiones sin que se afecte el curso de las investigaciones judiciales» (Considerando XVIII).

IV. CONCLUSIÓN.

La necesidad de que los jueces adopten una estrategia comunicacional adecuada y respetuosa de las normas constitucionales y convencionales en modo alguno implica ceder a la presión mediática. Antes bien, importa adoptar una conducta acorde al principio republicano de gobierno que demanda la publicidad de los actos de gobierno y el derecho de la ciudadanía de acceso a la información pública.Por ello hablamos de una decisión ideológica -por cuanto refuerza el sistema democrático- y valorativa tendiente a generar un vínculo directo con los destinatarios -los ciudadanos-.

Dicha alternativa debe contemplar el establecimiento de relaciones institucionales de cooperación y colaboración, con reglas claras y precisas, entre los miembros del poder judicial y los periodistas, que permita generar una difusión responsable de información jurídica de interés general. Esto pone al alcance de la ciudadanía un vasto conocimiento acerca de la forma en la que se aplican las normas de convivencia social.

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(1) Muchas de estas reflexiones pueden encontrarse en su obra «De la democracia en América» (volumen I, 1835- volumen II, 1840). Trotta, 2010.

(2) Un ejemplo paradigmático fue el equipo del Washington Post compuesto por Carl Bernstein y Bob Woodward que llevaron a cabo la investigación relativa al denominado Watergate. Lo que implicó el esclarecimiento de una sucesión de hechos relacionados a abusos de poder por parte de la gestión del Presidente Nixon. Quien finalmente termina presentando su renuncia en 1974.

(3) , Elena: «La política comunicacional de la Corte y el Centro de Información Judicial» en «Justicia Argentina On line. La mirada de los jueces». CSJN. Centro de información Judicial. Prólogo de Ricardo Lorenzetti. P. 26

(4) LEDESMA, Ángela E.: Justicia penal, medios de comunicación y acceso a la información: ¿una tensa relación?, CSJN. Centro de información Judicial. Prólogo de Ricardo Lorenzetti. P. 33 y 34.

(5) RODRIGO ALSINA, Miguel: La construcción de la noticia, Paidós, Barcelona, 1989, página 60.

(6) ERCOLINI, Julián: Algunos apuntes sobre Justicia y medios de comunicación, Centro de información Judicial. Prólogo de Ricardo Lorenzetti. P. 59 y ss.

(7) Íd. P. 60.

(8) Íd. P. 61.

(9) Íd . P. 63.

(10) Expuestas como «conclusiones generales de los participantes» en el Libro «Ética e Independencia del Poder Judicial», Sesiones de Jueces de Segunda Instancia de los Tribunales de las Provincias Argentinas; ARGENJUS, Argentina justicia; fores, foro de estudios sobre la administración de justicia. 2004.P. 70 y 71.

(11) Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 72, párr. 83; Caso Ricardo Canese, supra nota 72, párr. 97; y Caso Herrera Ulloa, supra nota 72, párr. 127. En el mismo sentido, cfr. Feldek v. Slovakia, no. 29032/95, § 83, ECHR 2001-VIII; y Surek and Ozdemir v. Turkey, nos. 23927/94 and 24277/94, § 60, ECHR Judgment of 8 July, 1999.

(12) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párrs. 86 y 87.

(13) «El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano». Relatoría especial para la libertad de expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento aprobado por la Comisión Interamericana en fecha 30/12/2009 e incorporado a su Informe Anual. OEA/ Ser. L/V/II. CIDH/RELE/INF. 1/09. P. 4 y 5.

(14) ÍD. P. 6.

(15) Tal lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso Bulacio: «esta Corte ha señalado reiteradamente que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación debe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad». Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de fecha 18 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr.112.

(16) LIJO, Ariel: «La comunicación oficial de decisiones judiciales. Implicancias y desafíos»; op. cit. P. 77 y 78.

(17) HIGHTON DE NOLASCO,Elena, Op. Cit. P.10.

(*) Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Especialista en Magistratura (CONEAU, Res. 227/99).

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.

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