Embargo trabado sobre el demandado que admitió su participación en diversos negocios societarios que involucran a la sociedad fallida

Partes: Oil Combustibles S.A. s/ quiebra contra López Cristóbal Manuel y otros s/ Incidente art. 250 CPr. de rechazo del pedido de levantamiento de medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 9-sep-2019

Cita: MJ-JU-M-121370-AR | MJJ121370 | MJJ121370

Procedencia del embargo trabado sobre el demandado que admitió su participación en diversos negocios societarios que involucran a la sociedad fallida.

Sumario:

1.-Hallándose incontrovertido que la sindicatura ha promovido un juicio de extensión de quiebra contra el recurrente, a los efectos de ponderar la admisibilidad de una medida cautelar como la involucrada en estas actuaciones – embargo -, resulta aplicable la previsión contenida en el último párrafo del art. 164 de la LCQ., en cuanto establece que -en el marco de la aludida acción de extensión- ‘El juez puede dictar las medidas del art. 85 respecto de los imputados, bajo la responsabilidad del concurso’. Consecuentemente, la medida examinada debe ser confirmada dado que los hechos que se imputan al apelante -reprobados por la Ley- cuentan prima facie con suficiente verosimilitud toda vez que el embargado recurrente del dictado de esa medida reconoció haber integrado el directorio de la fallida en años inmediatamente anteriores a su presentación concursal y, sea o no cierto que su nombramiento en ese órgano tuvo carácter formal, la participación que se le ha endilgado constituye materia propia del debate adversarial y probatorio que deberá darse en las actuaciones principales y escapa, ante la apariencia de buen derecho antes señalada, del estrecho marco cognoscitivo procesal de este incidente.

2.-Resulta procedente el embargo trabado sobre el demandado cuando no puede desconocerse, que éste ha admitido su participación en diversos negocios societarios que involucran a la fallida, debido al rol que, como fiduciante y beneficiario, ocupaba en el determinado fideicomiso que, a tenor de las constancias obrantes en este expediente, no poca relevancia ha tenido en la vida del grupo societario que integra.

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3.-El juez concursal se encontró en condiciones de decretar la medida de embargo cuya revocación se persigue, considerando las circunstancias fácticas del caso, como por ejemplo que el codemandado habría sido director de la fallida en tiempos en los que, según la sindicatura, se retuvieron indebidamente millonarias sumas de dinero por impuestos para desviarlas en beneficio del grupo económico que pertenecería, entre otros y en gran proporción, a su padre; las cuales conducen a concluir, apriorísticamente al menos, que el recurrente carece de razones fundadas para obtener el levantamiento de dicha medida cautelar. Por todo ello, considerando las amplias facultades de dirección que posee el juez del concurso (art. 274 , LCQ.), las conocidas atribuciones instructorias con las que también cuenta (conf. arts. 36 del CPCCN. y 278 de la LCQ.), la específica norma aplicable al caso (art. 164 , LCQ.) y el extenso ámbito de desarrollo que a las medidas cautelares otorga el art. 232 del CPCCN., no cabe sino confirmar la decisión apelada. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2019.

1. El codemandado Emiliano López apeló en subsidio la resolución copiada en fs. 36/42 por medio de la cual, en lo que interesa referir aquí, el magistrado de primera instancia admitió cierta petición de la sindicatura de la quiebra de Oil Combustibles S.A., disponiendo trabar embargo «sobre toda suma de dinero que deban percibir los señores Cristóbal Nazareno López y Emiliano López en relación a la venta de su participación accionaria en la firma Casino Club S.A. en favor de Inverclub S.A.; como así también respecto de la enajenación de sus acciones en Inverclub S.A. a quien resultare su comprador, Ricardo Oscar Benedicto» (v. fs. 40, punto 4°i). Su recurso de fs. 107/116 fue concedido en fs. 165 y contestado en fs. 160/164 por la sindicatura.

2. En prieta síntesis, el apelante se agravia porque -a su criterio- no está demostrada la verosimilitud del derecho necesaria para el otorgamiento de la medida. Sostiene asimismo que, si bien tuvo injerencia como integrante de algún pretérito directorio de la fallida por pedido de su padre (hasta el año 2016), jamás intervino en sus negocios ni en los de sus accionistas directos o indirectos. Refiere haber formado parte de ciertos negocios familiares relacionados con la transmisión de diversos activos, mas afirma que no fue partícipe de las maniobras en que la sindicatura fundó su solicitud cautelar.Añade que no es accionista de las «sociedades holding» del Grupo Indalo, sino que tan solo es fiduciante y beneficiario de un fideicomiso («FCML II») que contiene como bienes fideicomitidos algunas acciones de una de aquellas «sociedades holding». Cuestiona el hecho de que el pedido de extensión de quiebra (acción de fondo incoada por la sindicatura) sea aplicable respecto de su parte y expresa que no es ni fue controlante de la fallida ni de ninguna otra de las sociedades que forman su voluntad directa o indirecta Asimismo, manifiesta que en su «extensa y confusa» descripción de los hechos, la sindicatura alude a conductas que no le resultan imputables. Por último, afirma que en tanto el «control externo» no es causal de extensión de quiebra, no puede aplicársele una medida cautelar tan gravosa como la que nos ocupa y que, además, de invocarse una «confusión patrimonial inescindible», ésta no se configura respecto de su patrimonio y el de la fallida. La sindicatura, al contestar el traslado del memorial, sostuvo que la demanda de extensión falencial contra el recurrente, basada en el art. 161 inc. 2° y 3° de la LCQ, cuenta con debido sustento y que, por otra parte, aquél se autodenominó en diversas ocasiones como «titular de múltiples tenencias accionarias (en forma directa y/o indirecta)» por lo que ahora mal puede, inocentemente, calificase como sujeto extraño al control social y negocial de la fallida. Añade que el apelante se contradice al procurar el levantamiento de una cautelar que afecta su patrimonio y, al mismo tiempo, sostener que era un extraño respecto de los manejos societarios de los que se benefició.

3. Arribadas las actuaciones a esta Sala, se confirió la vista pertinente a la señora Fiscal General (v. fs. 184; conf. art. 276, LCQ), quien dictaminó en fs. 185/187, propiciando la desestimación de los agravios y la confirmación del fallo recurrido.

4. Al solicitar el embargo que agravia al recurrente, la sindicatura explicó los motivos en que lo sustentó y fundó la legitimación pasiva de aquel (v. fs.32vta., puntos 11° a 15°); quien -como surge de las constancias de este incidente- no solo no controvirtió, sino que incluso reconoció expresamente, hallarse demandado por una extensión falencial interpuesta por la mencionada sindicatura de la quiebra de Oil Combustibles S.A., empresa ésta en la que, según dijo, se desempeñó solo formalmente como director a pedido de su padre (Cristóbal Manuel López). La sindicatura basó su petición en normas claramente aplicables a juicios de la naturaleza del iniciado contra el codemandado Emiliano López (arts. 85, 164 y cc., LCQ) y, bajo la responsabilidad del concurso, obtuvo la medida de embargo invocando la existencia de un derecho prima facie verosímil y un evidente peligro en la demora (fs. 32vta., puntos 16° a 18°). Dicho esto, cabe señalar que la Sala comparte la fundamentación y las conclusiones expuesta por la señora Fiscal General en su dictamen, en tanto se apoyan en las constancias de la causa y propician, con adecuado sustento en ellas, una solución conforme a derecho. No obstante, se estima apropiado efectuar unas breves consideraciones que conducirán, igualmente, al resultado propuesto. (a) Hallándose incontrovertido que la sindicatura ha promovido un juicio de extensión de quiebra contra el señor Emiliano López (aquí recurrente), a los efectos de ponderar la admisibilidad de una medida cautelar como la involucrada en estas actuaciones resulta aplicable la previsión contenida en el último párrafo del art. 164 de la LCQ, en cuanto establece que -en el marco de la aludida acción de extensión- «El juez puede dictar las medidas del artículo 85 respecto de los imputados, bajo la responsabilidad del concurso». Consecuentemente, la medida examinada debe ser confirmada dado que los hechos que se imputan al apelante -reprobados por la ley- cuentan prima facie con suficiente verosimilitud. Porque como ha quedado claro hasta aquí, el señor Emiliano López reconoció haber integrado el directorio de Oil Combustibles S.A.en años inmediatamente anteriores a su presentación concursal y, sea o no cierto que su nombramiento en ese órgano tuvo carácter formal, la participación que se le ha endilgado constituye materia propia del debate adversarial y probatorio que deberá darse en las actuaciones principales y escapa, ante la apariencia de buen derecho antes señalada, del estrecho marco cognoscitivo procesal de este incidente. (b) No puede desconocerse, por lo demás, que el mismo señor López ha admitido su participación en diversos negocios societarios que involucran a la fallida Oil Combustibles S.A. debido al rol que, como fiduciante y beneficiario, ocupaba en el fideicomiso FCML II (v. fs. 108vta. y 112vta.) que, a tenor de las constancias obrantes en este expediente, no poca relevancia ha tenido en la vida del denominado «Grupo Indalo». (c) Llegados a este punto, debe recordarse que el juez concursal se encontró en condiciones de decretar la medida de embargo cuya revocación se persigue, considerando las circunstancias fácticas del caso (el codemandado Emiliano López habría sido director de la fallida en tiempos en los que, según la sindicatura, se retuvieron indebidamente millonarias sumas de dinero por impuestos para desviarlas en beneficio del grupo económico que pertenecería, entre otros y en gran proporción, a su padre); las cuales conducen a concluir, apriorísticamente al menos, que el recurrente carece de razones fundadas para obtener lo pretendido. Por todo ello, considerando las amplias facultades de dirección que posee el juez del concurso (art. 274, LCQ), las conocidas atribuciones instructorias con las que también cuenta (conf. arts. 36 del Cpr. y 278 de la LCQ), la específica norma aplicable al caso (art. 164, LCQ) y el extenso ámbito de desarrollo que a las medidas cautelares otorga el art. 232 del Cpr., no cabe sino confirmar la decisión copiada en fs. 36/42 en cuanto fue materia de agravios. (d) Las costas se impondrán al recurrente, conforme el criterio objetivo de la derrota (arts. 68/69, Cpr.; art. 278, LCQ; C.S.J.N., Fallos, 311:1914; 312:889; 314:1634; entre otros; esta Sala, 27.2.13, «Siembra y Cosecha S.A. s/quiebra s/incidente de revisión por Forexfin S.A.»).

5. Como corolario de lo expuesto, y de conformidad con lo propiciado por la señora Fiscal General, se RESUELVE: Rechazar el recurso sub examine; con costas.

6. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13) y notifíquese electrónicamente a las partes y a la Fiscal. Fecho, devuélvase la causa, confiándose al magistrado de primera instancia las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Cpr.).

Pablo D. Heredia

Juan R. Garibotto

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Frick

Prosecretario de Cámara

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