Te lo digo con lenguaje inclusivo: Inconstitucionalidad del DNU 669/19, en cuanto disminuye el cálculo de las prestaciones dinerarias por enfermedades y accidentes del trabajo

Partes: Fernández Miguel Ángel c/ Experta ART S.A. s/ accidente – Ley especial

Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral

Sala/Juzgado: 41

Fecha: 9-oct-2019

Cita: MJ-JU-M-121209-AR | MJJ121209 | MJJ121209

Inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto 669/19, en cuanto disminuye el cálculo de las prestaciones dinerarias por enfermedades y accidentes del trabajo al actualizarlas mediante el índice RIPTE y no la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, beneficiando a las ART en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

Sumario:

1.-Corresponde decretar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del dec. 669/19 , en cuanto disminuye el cálculo de las prestaciones dinerarias por enfermedades y accidentes del trabajo, por las siguientes razones: a) por haberse dictado mientras el Congreso está sesionando, lo que le resta su carácter necesario y urgente; b) no constituye una ‘Ley en sentido general’ ya que se dirige a privilegiar un sector minoritario de la comunidad en detrimento de todas las personas que trabajan; c) viola el principio de progresividad de los derechos contenido en el enunciado profético del art. 14 bis , CN. y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que expresamente lo prevé en su art. 9 y d) es retroactiva afectando la garantía constitucional de protección del trabajo en sus diversas formas.

2.-Con la nueva redacción del art. 12 conforme el dec. 669/19, el monto del IBM deja de devengar intereses equivalentes al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, como se había dispuesto en la anterior reforma legislativa (Ley 27.348 ), constituyendo este cambio un perjuicio para los trabajadores, porque se traduce en menores montos indemnizatorios afectando unilateralmente los créditos de los trabajadores, de carácter alimentario y violando el derecho de propiedad de los mismos.

3.-La abrogación tutelar del art. 12, inc. 2 , LRT (texto según el dec. 669/19) implicaría la aplicación del índice RIPTE desde la consolidación del daño y hasta la etapa del art. 132 LO, en lugar de la tasa ordenada por el texto anterior, modificación que favorece a los empleadores lo cual, obviamente, implica una mejora para las aseguradoras de riesgos del trabajo.

4.-Parecería ser que la necesidad y urgencia que han inspirado el dec. 669/19 es la de garantizar lo más pronto posible (urgencia) la mayor ganancia para las aseguradoras, mientras se intenta argumentar que si los trabajadores ven actualizados sus créditos por una tasa medianamente razonable, dado el contexto económico, el desequilibrio que esto genera hace que el sistema no sea rentable para las ART y, por ende, supuestamente en salvaguarda de los derechos del trabajador, viene en su auxilio el Poder Ejecutivo.

5.-De los considerandos del dec. 669/19 parece desprenderse que la necesidad y urgencia radica en la falta de incentivos para arribar a acuerdos conciliatorios, dado que el descalce entre las desproporcionadas ganancias de los trabajadores accidentados y las pocas de las ART fomentan la litigiosidad, argumento que resulta contra fáctico, ya que es conocido el inconstitucional calvario impuesto a los trabajadores obligados a transitar por el sistema de Comisiones Medicas de la Ley 24.557 , ratificado por las reformas sucesivas y recientemente agudizado y empeorado por la Ley 27.348, transforma a las aseguradoras en juez y parte del litigio, siendo que la mayoría de los dictámenes médicos confieren cero de incapacidad o rechazan el nexo causal.

6.-El dec. 669/19 ha marchado en sentido opuesto al que impone la mentada justicia social, al agravar aún más la notoria desigualdad que media entre la persona que trabaja y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, al introducir una ‘preferencia legal’ en favor de estas últimas, esto es, las partes más poderosas, en perjuicio del trabajador y la trabajadora, la parte más vulnerable.

7.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto hizo lugar a la demanda por enfermedad accidente, pues surge acreditada la relación causal entre las patologías que padece el trabajador y las tareas periodísticas realizadas para su empleadora, ya que a pesar de que se probó que el actor es desde hace años un paciente cardíaco, de la pericia medica también surge que todas las situaciones de estrés a las cuales se vio expuesto en su trabajo colaboraron a que se vea agravado su cuadro.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Buenos Aires, 9 de octubre de 2019.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Nombre de las partes. Estas actuaciones, donde Miguel Ángel Fernández inicia demanda contra Experta ART SA por el cobro de una indemnización por accidente de trabajo.

Contenido de la pretensión. Afirma que ingresó a trabajar para Torneos y Competencias SA y Fox Sports Latin America SA el 13-3-1994.

Relata que en ocasión y con motivo de las tareas que cumplía para su empleadora cubriendo el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, el 2-7-2014 a raíz de un accidente automovilístico, fallece su hija Soledad en dicho país, y como consecuencia, dice que comienza a padecer fuertes dolores en el pecho y mareos que afectaron seriamente su salud. Relata que tuvo varias intervenciones, y mientras tanto compelido a seguir desempeñándose de forma normal y habitual en sus tareas de Director de Programas Periodísticos y Conductor Periodístico, teniendo la responsabilidad de llevar la información a millones de televidentes.

Relata que a mediados de julio del 2015 se descompensa y concurre al Sanatorio Mitre, donde le indican reposo por un pico de presión y estrés postraumático. Le diagnostican problemas de corazón, presión arterial, con un cuadro de estrés con intensa angustia y la sensación de estar excedido de obligaciones y responsabilidades con serios inconvenientes en cuanto al ejercicio de su autonomía personal. Asimismo, dice que la intensidad del trabajo y la falta de elementos adecuados para realizar la tarea, determinó que quedara inhabilitado.

Plantea inconstitucionalidad de las normas de la LRT y sus modificatorias que refiere con profusa cita de dogmática jurídica en abono a su tesis.

Practica liquidación sobre la base de un IBM de $174.710 y una incapacidad laboral parcial y permanente.

Asimismo, reclama el 20% previsto en el art. 3, ley 26.773 y solicita la actualización por índice RIPTE.

Peticiona se declare la inconstitucionalidad de la fórmula de la ley de riesgos.Solicita aplicación de índice RIPTE.

La contestación de la demanda. A fs. 25/39 contesta demanda Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA.

Solicita se dé intervención de las comisiones médicas a fin de que se expidan respecto del grado y carácter de la incapacidad reclamada.

Manifiesta sobre la opción excluyente del actor respecto de las indemnizaciones previstas en el régimen de la LRT.

Reconoce que celebró un contrato de afiliación con el empleador del actor -Torneos y Competencias SA- en virtud del cual las partes contratantes se someten a lo normado por la ley 24.557.

Dice que no existe nexo de causalidad alguno entre el estado de angustia, depresión y estrés postraumático, con las labores desarrolladas por el demandante.

Refiere que no ha recibido denuncia por la enfermedad que dice padecer el actor y que en el caso de existir patología, es de carácter inculpable.

Solicita citación de tercero a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA., ya que, según su versión, el Sr. Fernández trabajaba para Fox Sports Latin America SA, además de hacerlo para Torneos y Competencias, por lo cual dice que se trataría de un caso de pluriempleo.

Contesta planteos de inconstitucionalidad y de aplicación de RIPTE.

Solicita aplicación de las leyes 24.307, 24.432 y dec. 1813/1992.

Contestación de la citación del tercero. A fs. 69/94 contesta la citación el tercero Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA.

Reconoce que celebró un contrato de afiliación con el empleador del actor -Fox Sports Latin America SA- en virtud del cual las partes contratantes se someten a lo normado por la ley 24.557.

Dice que no recibió denuncia respecto de las patologías que dice padecer el actor.

Alega improcedencia del procedimiento judicial incoado.

Plantea inexistencia de seguro por no cobertura de dolencias de naturaleza inculpable.Excluidas del dec 658/96.

Subsidiariamente solicita se habilite la repetición del eventual monto de las prestaciones a cargo de la ART, del fondo fiduciario de enfermedades profesionales.

Impugna la liquidación. Contesta planteos de inconstitucionalidad.

Solicita aplicación de las leyes 24.307, 24.432 y dec. 1813/1992. Se opone a la aplicación de intereses desde la fecha del siniestro. Responde planteo de aplicación del RIPTE.

Programa básico metodológico para el análisis de la prueba.

Incumbe a la parte actora acreditar el daño invocado (art. 377, CPCCN), ello en atención a que el actor circunscribió su reclamo a las prestaciones dinerarias previstas en la LRT y ante el desconocimiento del evento expresamente formulado en el responde, la relación causal adecuada entre el daño y el motivo u ocasión del trabajo prestado como causante del mismo.

Análisis de la prueba pericial médica. A fs. 110/118 el perito médico practica su informe del que resulta lo siguiente: “.Del examen semiológico, psiquiátrico, de los estudios médicos efectuados actualmente, de la referencia de los hechos de la demanda, se deduce que en el actor la sumatoria de todas y cada una de las patologías (fibrilación auricular crónica, hipertensión

arterial con complicaciones arteriales, artropatía obstructiva de miembro inferior sometida a revascularización, coronariopatía sometida a cirugía de revascularización, síndrome depresivo) de la que es portador, superaría el 100%, pero considerando lo atribuible a su involución etaria, la tarea desarrollada durante casi 24 años, es compasible de ser responsable del 50% del total y correspondería a una incapacidad del orden laboral para cualquier tarea por mínimo que fuera su esfuerzo. Incapacidad otorgada 50%. Factores de ponderación: dificultad para la realización de tareas habituales alta 20%. amerita recalificación sí. 10%. edad del damnificado. 2%. Incapacidad Final 67%. El Sr. Miguel Ángel Fernández se desempeñó durante casi 24 años en Torneos y Competencias cubriendo eventos deportivos.Las tareas laborales del actor son causantes de estrés físico o mental permanente o durante episodios repetidos, que son finalmente dañinos para el sistema cardiovascular. Durante las situaciones de estrés laboral como sucedieron con el actor, hay un aumento de la reactividad cardiovascular.” La tercera Galeno ART SA impugnó el informe a fs. 120/124 y 137 y Experta ART SA a fs. 125/128 y 136, suscitándose secuelas en ese sentido a fs. 130/134 y 149, que consideraré cuando infra emita mi convicción judicial.

Prueba testimonial. Interesa para establecer la relación causal entre el estado de incapacidad laborativa en que se encuentra el demandante, las tareas y circunstancias de las mismas que prestaba para ambos co-empleadores.

Gustavo Manuel Carneiro (fs. 188/189), ex compañero del actor, señala “.Que hace 4 años atrás en el año 2014 pierde la hija el actor en el mundial. aclara el dicente que el actor nunca lo vio enfermó salvo en ese momento.” Relata (y ese es un tristísimo hecho conocido por todos los futboleros) “.que en ese momento estaban con el actor haciendo la cobertura del mundial de Brasil de 2014 para la televisión pública, no recuerda bien si era para Futbol para todos. Ambos estaban haciendo la cobertura de la selección y ese día 2 de julio a las 9 horas de la mañana tenían que hacer su trabajo cotidiano y debido a la noticia quedo trunco, hasta ese día trabajaban a full y entonces dejaron de trabajar por esta situación y de allí tuvieron que hacerse cargo del reconcomiendo de la hija, y. la empresa Torneos no se hizo cargo de nada, estuvieron solos completamente, y en ese momento estuvieron los dos solos.tramites de vuelos y demás cree que corrieron por cuenta de Titi Fernández y una de las partes más complicadas y molestas fue el asedio de la presa.” Denuncia “.Que en Brasil había directivos, gente y había productores, deberían haber 3 productores de Torneos, y cuando habla de personal con peso no habla de productores sino de directivos, hasta la tarde muy tarde no vio a nadie de Torneos, ver a alguien no vio el dicente, el dicente todo se comunicó por teléfono.” Relata aclarando “.que la gente de peso de torneos que estaba en Brasil debería ser entre 10 o 12 personas o 20.” Señala (y creo que debe concedérsele al testigo por su cercanía, el carácter altamente persuasivo de su apreciación) “.Que a partir de esta noticia trágica el dicente lo vio al actor derrumbado.” Sin embargo, “.Volvió a Buenos Aires y volvió a trabajar, tuvieron con el dicente un periodo de 15 días de no verse, cuando lo volvió a ver y lo volvió a ver trabajando pero gris, se refiere cuando dice gris que conoció a un Titi divertido, sano, y se encontró con un tipo que perdió a la hija hacia 15 días, afrontando su trabajo.” Alejandro Javier Lescano (fs. 190) personal de la salud del sanatorio donde Fernández se atendió, señala “. Que conoce al actor. paciente de ellos de hace más de 10 años del Sanatorio La Trinidad Mitre. Que en el año 2014 el actor tuvo el fallecimiento de su hija y bueno a partir de allí el deterioro del actor fue inminente.” Indica que “.se refiere a la situación de estrés que eso le produce sumado a una arritmia para lo cual el actor esta medicado y le generaron sucesivas internaciones por diferentes causas pero todas como punto de origen la parte cardiovascular.” Señala “.que después de la tragedia de la muerte de su hija los controles médicos al actor fueron continuos.todos los eventos cardiovasculares tienen como evento el estrés y eso desencadena muchos accidentes a nivel vascular.” Pericial contable. Del informe original obrante a fs. 219/223 tomaré los siguientes puntos interesantes: a) “. Según consta en registros de Experta ART SA se recibió denuncia del supuesto siniestro por Seclo el día 14/07/2016 indicando fecha de ocurrencia el 01/06/2016.” b) “.Experta ART SA. Emitió un contrato de afiliación a favor de Torneos y Competencias SA. con vigencia desde el 01/07/1996 hasta el presente.”; c) “. .No se le brindaron prestaciones médicas.” d) Calcula un IBM de $89.304,12.”; e) En lo relativo a la citada Galeno ART informa que “.Según registros hay una denuncia de siniestro. No se exhiben prestaciones en especie otorgadas al actor.” La codemandada Experta ART SA (fs. 225/226) y la actora (fs. 227), impugnaron el informe. El experto replicó a fs. 229/230 y ello merecerá las consideraciones que más abajo formularé.

Resultado de las probanzas rendidas. Bajo la premisa del art. 386, CPCCN, el veredicto sobre los hechos probados que sustentan ambas posturas de las partes, se dictará teniéndose por acreditados los daños sufridos por el actor frente a una contingencia cubierta por la LRT.

En principio, considero que el perito contestó adecuadamente las objeciones que le fueran formuladas y fundado su dictamen en estudios científicos adecuados y consideraciones propias del arte de curar, genera en mi convicción judicial el carácter de certeza, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art.477, CPCCN).

Ahora bien, acreditado el daño, debo decir que a pesar que la demandada y el tercero dicen no haber recibido denuncia del siniestro, el perito contador en su informe, manifiesta que consta en los registros que si recibieron dicha denuncia.

También considero acreditada la relación causal entre las patologías que padece el trabajador y las tareas realizadas para su empleadora, toda vez que a pesar de que surge de autos que el actor es desde hace años un paciente cardiaco, de la pericia medica también surge que todas las situaciones de estrés a las cuales se vio expuesto en su trabajo, colaboraron a que se vea agravado su cuadro, motivo por el cual habré de hacer lugar a la demanda.

Es elocuente el testimonio del Sr. Carneiro sobre la inenarrable situación sufrida por el demandante mientras se encontraba prestando servicios fuera del país y la repercusión que ello tuvo sobre su integridad psicofísica. Las empleadoras del trabajador y, por extensión sus aseguradoras no podían desconocer que esta penosísima circunstancia impactaría de la forma devastadora en la salud del trabajador. Sabemos que el art. 6º, LRT brinda cobertura a las enfermedades “. provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.” Desde esta perspectiva contemplo en mi convicción judicial una evidente relación causal entre lo sufrido por el demandante con fecha 2-7-2014 y su estado de salud cuya manifestación incapacitante se reveló en julio de 2015. Ello en la medida que las exigencias de labor a una persona en situación de vulnerabilidad como era el actor, debieron ser tenidas en cuenta por ambas empleadoras (y sus aseguradoras), bajo las siguientes reglas que satisfacen el enlace lógico diseñado en el segmento del art. 6º, LRT que cité en el párrafo anterior.

Repasemos la lógica de Vélez Sársfield, ya que los hechos que indagamos en este legajo son anteriores a la vigencia del CCyCN:a) “.Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código ‘consecuencias inmediatas’. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman ‘consecuencias mediatas’. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman ‘consecuencias casuales’.” (art. 901) [Se intenta establecer si el fallecimiento de la hija del actor mientras éste desarrollaba su actividad periodística influyó en el daño a su salud psicofísica]; b) “.Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.” (art. 902) [Los empleadores del actor supieron del hecho, debían prever sus consecuencias devastadoras sobre el ánimo del trabajador, sin embargo no demostraron en autos un aminoramiento de sus obligaciones laborales acordes a que disminuyera un impacto sobre su salud psico-física; c) “.Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.” (art. 903) [en este segmento entran las obligaciones laborales que cumplía el actor, quien en un momento determinado comenzó a sufrir las consecuencias de lo que había sucedido con su vida]; d) “.Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.” (art. 904) [indudablemente las demandadas no obraron con previsión, como un buen empleador, art. 63, LCT, y continuaron recibiendo la prestación laboral de Fernández, como si “nada hubiere sucedido”].

Viene a cuento recordar que las personas que trabajan merecen un trato digno acorde a lo que resulta de su condición de tales. He dicho en la causa “Dragani, Luciano Emilio v. Sony Argentina SA y otro s/despido”, (SD del 27-11-2017, Expte. Nº 13.717/2014) que cito en homenaje al principio democrático del stare decisis, fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los justiciables:”.Acaba de decir el Papa Francisco que el trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo, tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital: ‘.De ahí el imperativo ético de preservar las fuentes de trabajo, de crear otras nuevas a medida que aumenta la rentabilidad económica, como también se intenta garantizar la dignidad del mismo.’ Sin embargo, continuó el Papa, ‘.tal como lo advirtió Pablo VI, no hay que exagerar la mística del trabajo. La persona `no es solo trabajo´; hay otras necesidades humanas que necesitamos cultivar y atender como la familia, los amigos y el descanso. Es importante, pues, recordar que cualquier tarea debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de esta, lo cual implica que debemos cuestionar las estructuras que dañan o explotan a personas, familias, sociedades o a nuestra madre tierra’, subrayó (https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-persona-no-essolo- trabajo-37986, consultada el 27-11-2017).” En “Musacchio, Cristian Walter v. Telearte SA s/ despido (Expte. Nº 91.436/2016, SD del 10-9-2019), volví a citar al Líder Global de la actualidad: “.El Papa Francisco condenó, una vez más, la cultura del descarte y la comparó con la crueldad de los espartanos, que asesinaban a los niños que tenían malformaciones arrojándolos desde la cima de un monte. ‘De niños en las escuelas nos enseñaban la historia de los espartanos. A mí siempre me impactaba lo que nos contaba la maestra, que cuando nacía un niño o una niña con una malformación lo llevaban a la cima de un monte y lo arrojaban para que así no hubiera niños con problemas. Nosotros, los niños, decíamos: ¡Qué crueldad!’. El Pontífice exclamó con contundencia: ‘.Hermanos y hermanas, ¡nosotros hacemos lo mismo!. Con más crueldad, con más ciencia. Aquel que no sirve, que no produce, lo descartamos: esta es la cultura del descarte.Los pequeños no son queridos hoy. Y por ello Jesús es apartado.’ El Santo Padre hizo esta valoración en la homilía de la Misa que celebró en San Giovanni Rotondo, durante el viaje apostólico que realizó este sábado 17 de marzo con motivo de la celebración del 50 aniversario del fallecimiento del Padre Pío. En la homilía, Francisco llamó a preocuparse por los pequeños de la sociedad, porque ‘quien cuida a los pequeños está de parte de Dios y vence a la cultura del descarte que, por el contrario, prefiere a los poderosos y considera inútiles a los pobres. Quien prefiere a los pequeños, proclama una profecía de vida contra los profetas de la muerte de todos los tiempos’.”

(https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-compara-la-cultura-deldescarte- con-las-practicas-espartanas-mas-crueles-63540, consultada el 10-9-2019) ¿Qué rol le cupo a cada empleadora en esta misión inclusiva fallida respecto del actor? En el terreno de los derechos y obligaciones que surgen de la LCT tal vez aminorando las exigencias de labor a una persona que acababa de sufrir un lamentable trance que, bueno es resaltarlo, tuvo una mediata relación con la tarea que como periodista deportivo cumplía el accionante.

Recordemos -y estoy humanamente conjeturando- que es plausible sostener que Fernández se viera afectado concomitantemente con su función de periodista deportivo; ello dado que, como trascendió públicamente, María Soledad había viajado a Belo Horizonte dos semanas antes del accidente para darle una sorpresa a su padre por su cumpleaños.El desgarrador relato de Carneiro es reforzado, en lo relativo a la relación causal que ya ha entrado en mi convicción judicial, por la circunstancia que en el lamentable accidente también resultaron heridos -según informó en su momento La Nación- Fernando Bruno y Daniel Tervidovicius, que eran productores de Torneos y Competencias (ver https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/muerte-hija-de-titifernandez- belo-horizonte-nid1706446, consultada el 7-10-2019).

No me caben dudas que si este terrible hecho no hubiere tenido lugar, el actor aún expuesto a las exigencias propias de la labor periodística deportiva, no hubiera sido tan vulnerable y expuesto a las mismas, de modo tal que no se hubiere producido esta enfermedad- accidente.

Habré de considerar resarcible su incapacidad definitivamente establecida y de acuerdo a los factores de ponderación que aplicaré al 50% de la t.o. -dificultad 20% (10%); amerita recalificación 10% (5%) y edad 2% (1%), el cálculo de la indemnización debe realizarse sobre la base del 66% de la t.o.

Declaración de inconstitucionalidad de normas aplicables al caso. Para resolver este caso, declararé la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22, 46, inc. 1, LRT, normas pertinentes del dec. 717/1996 y, demás normas reglamentari as y complementarias utilizando los argumentos expuestos en la Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Castillo” (Fallos: 327:3610 ) y “Venialgo” (Fallos: 327:4607 ).

A mayor abundamiento, entiendo que los arts. 21 y 22, LRT resultan inconstitucionales por dos motivos. El primero, la sustracción de facultades no delegadas al Estado nacional por las provincias, que en el presente caso resulta inaplicable. El segundo, por violación del derecho a la jurisdicción (acceso a la justicia y debido proceso) previsto en el art. 18, CN al haber reemplazado la competencia de los órganos judiciales jurisdiccionales para resolver las cuestiones suscitadas en materia de reparación de infortunios laborales, por verdaderos tribunales administrativos investidos de una función jurisdiccional, como son las Comisiones Médicas.Es absolutamente cuestionable que un organismo de esa naturaleza pueda considerarse idóneo para cumplir con las funciones encomendadas por la ley y de carácter jurídico, dado que está integrado por profesionales en el arte de curar. No se discute que los galenos se encuentran capacitados para el diagnóstico y la determinación del porcentaje invalidante (máxime, esto último, si su actuación se encuentra fuertemente acotada por baremos predispuestos que disminuyen el riesgo de arbitrariedad), como así también para indicar algunas prestaciones no dinerarias. Lo que es cuestionable es que les sea confiada la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, sin que el dictamen jurídico previo no vinculante introducido por el dec. 1278/2000 sea suficiente para remediar tal incongruencia. Solo el Poder Judicial puede determinarlo y por ello cabe declararse inconstitucional a dicha disposición. Argumentos que hago extensivos a la ley 26.773.

Aplicación del precedente “Espósito”. En cuanto a la actualización por índice RIPTE considero que la situación resultó zanjada a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Espósito, Dardo Luis v. Provincia ART SA s/accidente – ley especial” (Fallos: 339:781 ) cuyos argumentos comparto: “.[d]el juego armónico de los arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de: 1) aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que los dejara ‘actualizados’ a esta última fecha y 2) ordenar, a partir de allí, un reajuste cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación del mismo índice; y del art.17.5 también se desprende claramente que esos nuevos importes ‘actualizados’ solo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación.” y que “.[l]a ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los ‘importes’ a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/09 exclusivamente.” Silogismo judicial. Solución del caso. Por la forma en que quedaron establecidos los hechos y el derecho aplicable, juzgo procedente resarcir al trabajador por las consecuencias dañosas del evento sufrido, conforme lo establece el art. 14 y concs, LRT.

Determinación del monto de condena de acuerdo a la LRT. El perito contador ha hecho el cálculo del IBM en su informe pericial, pero a su vez en las aclaraciones ha hecho referencia a los topes máximos fijados por la ANSES. En consecuencia debo decir que, conforme lo dispuesto por el art. 9 de la ley 24.241 y modificaciones de las leyes 26.222 y 26.417, decretos 1346/07 y 279/08 y Res. 27/2014, 449/2014, 44/2015 de ANSES, la base imponible máxima existente a partir del mes de marzo de 2014, alcanzaba la suma de $31.167,56, la correspondiente a partir de septiembre de 2014 alcanzaba la suma de $36.531,48 y a partir de marzo de 2015, $43.202,17. Desde tal perspectiva, en función del período tomado en consideración, esto es el año anterior a la fecha del infortunio, incluido el sueldo anual complementario y aplicando el tope en los meses que corresponde, el ingreso base mensual que debe tomarse en cuenta para el cálculo de la fórmula de la ley 24.557 asciende a la suma de $37.840,31 ($454.332,68:365 x 30,4).

En consecuencia, teniendo en cuenta que se trata de un pluriempleo, toda vez que el actor trabajaba al momento del accidente para Torneos y Competencias SA y para Fox Sports Latin America SA, el IBM será de $75.680,62; es decir, el tome máximo aplicado a ambos empleos.

En consecuencia, el monto indemnizatorio surge del siguiente cálculo: 53 x $75.680,62 x 67% x 1.01 (65/64) (art. 14, apart. 2, ley 24.557) = $2.714.292,80, que deben ser incrementados con el art. 3º, ley 26.773, esto es por $542.858,56. Asimismo, se le debe adicionar la compensación de pago único (art. 11, inc 4, apartado b), según resolución 3/14, esto es: $289.935.

Por lo tanto la demanda tendrá favorable acogimiento por la suma de $3.547.084,30 ($2.714.292,80 + $542.858,56 + $289.935), con más la actualización monetaria e intereses de conformidad con lo que se consignará en los considerandos siguientes, desde mediados de julio de 2015, fecha del siniestro y hasta su efectivo pago.

Dado a forma en que se resuelve el litigio no cabe expedirme sobre el resto de las inconstitucionalidades y cuestiones planteadas.

Situación del tercero citado. Galeno ART SA ha tenido oportunidad de plantear todas las defensas y/o derechos con amplia materia de debate y decisión en esta carpeta (art. 96 in fine, CPCCN). Consecuentemente, será condenada en forma solidaria con la demandada Experta ART SA (art. 828, CCyCN), sin perjuicio de las acciones recíprocas que pudieren tener entre ellas para determinar o no proporción parcial o total de cada una, determinación que resulta inoponible al trabajador.

El DNU 669/2019. Su manifiesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad. ¿Debo aplicar este decreto que hoy mismo entra en vigencia de acuerdo con el art. 5ª, CCyCN? La norma de “aplicabilidad inmediata” sería su art. 3º que dispone:”.Las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.” Si no formulara las consideraciones que siguen, debería establecer en la parte dispositiva de la sentencia, que la suma de $3.547.084,30, por la que condeno a ambas codemandadas a pagar a Miguel Ángel Fernández, debería ser actualizada de acuerdo al nuevo art. 12, especialmente su inc. 2 que determina: “.Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado.”, prescindiendo del criterio que vengo aplicando inveteradamente desde agosto de 2015 y que detallaré infra (actualización monetaria e intereses puros) o bien, como también en forma consecuente me viene revocando la Cámara de Apelaciones al considerar a un crédito laboral no como una deuda de valor sino como una obligación de dar sumas de dinero, los intereses de su Acta 2658.

Queda claro que en ambos casos: mi propuesta y la del órgano revisor, los guarismos que se calculen en la oportunidad del art. 132, LO, siempre resultarán significativamente superiores a los que resulten de aplicar este DNU. El propio redactor del DNU lo reconoce cuando sostiene como “fundamento” para la abrogación del art.12, LRT que se dicta “.dada la necesidad de continuar con esa misma línea de correcciones regulatorias que contribuyen a mejorar las condiciones de sostenibilidad del sistema.”, se consideró inadecuado “.al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.” y es suprimida por la regla que cité en el párrafo anterior (el RIPTE). En tal sentido, el presidente de la República funda su decisión en que “.no obstante el propósito tenido en vista por el legislador, la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que este método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores.” Da la impresión que el Poder Ejecutivo opera como un comentarista de la realidad, desentendiéndose de su rol en la construcción del estado de cosas que critica. ¿A quién le es atribuible la responsabilidad de las variables económicas? ¿Quién fija la tasa de interés? ¿Quién es el responsable de los crecientes índices de costo de vida? Seguramente los trabajadores y las trabajadoras enfermxs y accidentadxs nada han tenido que ver con ello.

Sin embargo, el Estado, mediante este DNU ha conseguido transferirle las cargas de su fallida política económica a los más necesitados.Nótese que en los fundamentos del DNU se sostiene “.Que así se advierte que actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria [sic] aseguradora es del orden del cuarenta y dos por ciento (42%) promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al noventa por ciento (90%).” Queda claro que lo que se está urdiendo es una transferencia de responsabilidad en la asimetría entre la tasa de interés y la tasa de ganancia de las aseguradoras, de lxs enfermxs y accidentadxs a éstas.

Ello me hace recordar al anuncio del ex ministro Iguacel cuando dispuso, antes de ser eyectado de la vida pública, el pago un importe extra en 24 cuotas mensuales de los usuarios de gas a las distribuidoras por la devaluación.

En aquél momento el gobierno transfirió las consecuencias de una devaluación que él mismo impuso, a los usuarios (luego a la comunidad en general por vía de impuestos) que nada tuvieron que ver con esa decisión de política monetaria/cambiaria; en esta oportunidad los desequilibrios que se les presentan a las aseguradoras por una rentabilidad negativa frente a la descontrolada tasa de interés que fija el gobierno, es solventada por lxs enfermxs y accidentadxs con motivo y en ocasión del trabajo. Una acción propia un imaginario Hood Robin.

Luego el redactor del DNU hace una reflexión que, paradójicamente, he venido sosteniendo al declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las leyes 23.598 y 25.561, esto es, el desenganche axiológico entre los créditos laborales como deudas de valor y la tasa de interés como precio del dinero; pero en sentido inverso ya que todo lo que en mi discurso posee una télesis pro operarii en el redactor del DNU tiene justamente el propósito de beneficiar a las aseguradoras:”.la situación descripta crea incentivos adversos para el propósito mismo del sistema ya que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiarios resultante de la actualización de sus pasivos, fomenta la litigiosidad (y los costos concomitantes) desalentando el logro de acuerdos conciliatorios que permitan acelerar los plazos de pago a los beneficiarios pronunciamientos.” Esto significa, sin hesitación alguna, que la disposición así como está, de ser aplicada, constituye una flagrante violación al principio de progresividad de los Derechos sociales (entre los que contamos los laborales), produciendo una innovación de carácter legislativa de ese carácter. El Estado, ya lo hemos dicho, es el responsable (si la hubiere) de “.la perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguros.” y a él le es atribuible la posibilidad de “.provocar un riesgo sistémico que la presente medida busca evitar.” Para que se entienda bien: si hay riesgo (riesgo empresario) en primer lugar la responsabilidad recae sobre la empresa (estoy enunciando un principio propio del capitalismo), esa ha sido la decisión estatal cuando se creó el sistema de la LRT. El segundo lugar para paliar ese riesgo, por el principio de subsidiariedad, recae en el Estado que, como hemos dicho varias veces, optó por un sistema privado de atención de los riesgos de trabajo poniendo en cabeza de empresas con fines de lucro, la tutela y prevención de la salud de lxs trabajadorxs. Lo que es imposible de sustentar es que el riesgo recaiga sobre estos últimos.Que las personas que trabajan y haciéndolo se enferman o accidenten paguen “los platos rotos” por el riesgo empresario y el des/manejo estatal de “las variables macroeconómicas” es un acto de injusticia proverbial muy difícil de presentar.

Además, hay una abierta admisión de que la norma burla el principio protectorio (protectorio para los trabajadores): “.Que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, tanto en los siniestros en instancia administrativa como en los pasivos judiciales, en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema.” Ello me obliga a indagar si el DNU es inconstitucional o inconvencional -o, como aquella propaganda de Lutz Ferrando y su bifocómetro- posee ambas condiciones a la vez.

Tengo en consideración que al tratarse de un DNU, el control natural de la norma está regido por el art. 99, inc. 3º, CN y la ley 26.122.

La Constitución dispone, al efecto que “.El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara.Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.” A su vez, la ley 26.122 crea y reglamenta el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (CBTL) y regula paso por paso el trámite de aceptación o rechazo del DNU.

En el caso que nos ocupa ese procedimiento no se ha iniciado, ya que aún no ha transcurrido siquiera el plazo de diez días que estipula los arts. 12 y 18, ley 26.122, para el tratamiento respectivo.

Hay un largo tratamiento doctrinario sobre las facultades que posee (o no) el Poder Ejecutivo para disponer de de esta delegación legislativa en momentos en que de acuerdo al art. 63, CN, el Congreso Nacional esté en tiempo de sus sesiones ordinarias (como sucede en la especie, ya que el DNU se dictó el 30-9-2019). Al respecto memoro que el diputado Tonelli sostuvo en su oportunidad “.que partía de la base de lo establecido en el artículo 99, inciso 3, primer párrafo de la Constitución Nacional, que establece un criterio rector, que a su entender es una lógica consecuencia del sistema republicano que rige en la República Argentina y de la división de poderes que es consecuencia del sistema republicano.Señaló que ‘la Constitución establece un primer principio rector, que el Poder Ejecutivo no puede legislar bajo pena de nulidad absoluta, y una excepción para casos excepcionales [sic], cuando sea imposible seguir el trámite ordinario de las leyes y haya que atender a una situación que requiera urgente solución’. A juicio del legislador, ‘la combinación del principio rector y la excepción prevista en la Constitución, llevan a la conclusión de que el criterio con el cual debe interpretarse la atribución del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia debe ser un criterio restrictivo, porque precisamente el principio general es que el Poder Ejecutivo no puede legislar.

Además, la excepción está sometida a requisitos bastante precisos establecidos en la Constitución.” y cita los precedentes de la Corte Suprema “Verrocchi”, “Peralta”, “Video Club Dreams”, “Risolía de Ocampo”, “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, “Leguizamón Romero”. Destaca que “.debemos estar ante una situación de grave riesgo social, un descalabro, y es necesario que el Congreso esté impedido de funcionar. Además la medida que se adopte debe estar destinada a proteger intereses generales de toda la sociedad.” (la cita del parecer del Diputado y Consejero de la Magistratura doctor Pablo Tonelli la efectúa, Claudio Matías Posdeley, “Apuntes sobre el rol y las funciones de control de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo”, en “El Control de la Actividad Estatal – Discrecionalidad, División de Poderes y Control Extrajudicial”, pub. por la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UB, 1ª edición, Octubre de 2016).

Como vemos, esta doble situación no se presenta en la especie (no hay urgencia, ni necesidad, y el Congreso está en sesiones ordinarias). Quiero detenerme en un punto que ha resaltado la cita. ¿Este DNU es una ley general en sentido material? ¿Está tratando una situación general o solo resulta ser un artilugio jurídico con forma de “bombero para apagar un supuesto incendio” declarado en una determinada porción de la sociedad? El precedente de Fallos:323:1934 es paradigmático, ya que lo que allí se debatía era la naturaleza jurídica de un DNU que declaraba el estado de emergencia por un plazo de 36 meses a la actividad aseguradora del autotransporte público de pasajeros y a la situación de las empresas prestadoras de ese servicio, disponiéndose más allá de la cosa juzgada el pago en cuotas de costas emanadas de sentencias condenatorias en procesos de daños y perjuicios producidos por vehículos afectados y en ocasión de la presentación del autotransporte público de pasajeros. Digo paradigmático, porque tanto en aquélla como en esta ocasión, se recurrió a un DNU para “aliviar” la situación de las compañías aseguradoras en juicios en su contra, como en esta carpeta.

Reseñemos algunos puntos de su Doctrina teniéndose en cuenta dos aspectos nada desdeñables para partir un válido análisis silogístico: a) la composición de la Corte Suprema de aquél entonces (y dejo que el lector establezca sus propias conclusiones); b) el fallo se dictó cuando todavía no estaba reglamentada la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia.

Repasamos: “.Uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto de necesidad y urgencia es que éste tenga la finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos.” “.El texto del inc. 3 del art. 99 de la Ley Fundamental no deja dudas en cuanto a que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones excepcionales y con sujeción a exigencias materiales y formal es.” (Votos de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert) “.Corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.” (Votos de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A.Bossert). “.Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas -en materias no excluidas expresamente por la Constitución Nacional (art. 99, inc. 3, párrafo tercero) es necesario: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.” (Votos de los Dres.

Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert). “.Los decretos de necesidad y urgencia, como integrantes del ordenamiento jurídico, son susceptibles de eventuales cuestionamientos constitucionales -antes, durante o después de su tratamiento legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese en ese trámite- siempre que, ante un ‘caso’ concreto conforme las exigencias del art. 116 de la Constitución Nacional, se considere en pugna con los derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental.” (Voto del Dr. Antonio Boggiano). “. Únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deban ser conjuradas sin dilaciones, puede el Poder Ejecutivo Nacional dictar normas que de suyo integran las atribuciones del Congreso, siempre y cuando sea imposible a éste dar respuesta a las circunstancias de excepción.” (Voto del Dr. Antonio Boggiano).

“.La mera conveniencia de que por un mecanismo más eficaz se consiga un objetivo de gobierno en modo alguno justifica la franca violación de la separación de poderes que supone la asunción por parte de uno de ellos de competencias que sin lugar a dudas le pertenecen a otro.” (Voto del Dr. Antonio Boggiano). “.El objeto de los decretos de necesidad y urgencia consiste en la protección del interés público en situaciones excepcionales que requieren que el Poder Ejecutivo adopte medidas específicas que no pueden esperar la sanción legislativa del Congreso Nacional.Con respecto al decreto 260/97, se trata del interés de un sector, grupo de empresarios de autotransporte público de pasajeros y sus aseguradoras, que se encuentra beneficiado, sin justificación suficiente, en el pago de la indemnización por los daños causados en accidentes de tránsito.” (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert). “.La moratoria sectorial que contempla el decreto 260/97 conduce a la creación de una nueva categoría de víctimas de los accidentes de tránsito discriminadas por el sujeto que les causó el daño, que a su vez resultan discriminadas entre los acreedores de los beneficiarios del decreto ya que cualquier otro acreedor de las aseguradoras o de las empresas de transporte podrá cobrar sus créditos o agredirlas patrimonialmente sin cortapisa alguna.” (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).

Parecería ser que en esta materia no puede sostenerse siquiera formalmente la validez de esta norma, aunque no se haya pronunciado la CBTL. La Corte nos obliga a juzgar, sin afectar las incumbencias constitucionales del Poder Legislativo, si de su texto se extrae una “necesidad” o una “urgencia” que implique la imposibilidad de darle el tratamiento normativo normal a la iniciativa. Pero aun sorteando estos escollos metodológicos y concediendo que el DNU es “formalmente válido” hasta tanto se produzca la participación constitucional de la CBTL, voy a juzgar su carácter sustancial. Ello nos conduce a un cuestionamiento de fondo. ¿Puede un DNU establecer una norma menos beneficiosa para lxs trabajadorxs? ¿Puede un DNU determinar su aplicación retroactiva? Voy a responder ambos interrogantes en forma negativa animado por el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho, seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de Derecho Civil Parte General, si hubieran tenido la suerte de estudiar, al menos por sendos tratados de los maestros Jorge Joaquín Llambías y Guillermo Antonio Borda.Ni hablar del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

En primer lugar porque ley, en sentido material es una regla social obligatoria, emanada de autoridad competente, cuyos caracteres son la generalidad, la obligatoriedad y la competencia del órgano que lo dicta.

Una ley tiene como característica diferencial su generalidad por referirse a una situación de carácter general y no con relación a cierta persona o grupos de personas en particular, y este DNU solo tiende a regular un aspecto acotado de la realidad, digámoslo crudamente, la rentabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo. No voy a citar a Marx, Lenín o el Che Guevara, pero si por ciencia ficción pudiera traerlo al presente a William Henry Beveridge, redactor del inigualable Full Employment in a Free Society, y pusiere bajo su consideración a este DNU, se horrorizaría al ver que todavía hay en el mundo gente que piensa que los derechos de los menos valen más de los derechos de todos, todas y todes. Los sistemas sociales se resuelven en clave dworkiana reconociendo la jerarquía axiológica y política de los derechos más inclusivos sobre los menos abarcativos. Fue Lord Beveridge quien acuñó el concepto que, incluso, avanzaba sobre los derechos de los propietarios. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras comprenden mayor cantidad de personas que los de los propietarios. ¿Cómo no reconocer su jerarquía axiológica? Uno de esos contenidos que el DNU pisotea es precisamente el carácter protectorio y progresivo de los derechos laborales en juego.

Voy a contar dos anécdotas para completar este sencillo silogismo que aniquila los fundamentos del DNU 669/2019. ¿Recuerdan a “Mordisquito” (Enrique Santos Discépolo) y aquella intervención sobre que “.ya en tiempos de Yrigoyen los obreros gozaban. ¿gozaban?. los gozaban que no es lo mismo.”?, cuando le contesta a su imaginario interlocutor que pretendía descalificar el Derecho Social instaurado al abrigo de la Constitución Justicialista de 1949. Me explico. El DNU viola la exégesis literal del art.14 bis, CN que, como solía enseñar en sus maravillosas pláticas Rodolfo Capón Filas, está redactado en tiempo futuro, en clave de prognosis teilardchardiana, nunca tan válida la expresión. El gran Eduardo Galeano instauró (aunque él decía que la frase era de otro), eso de que “. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” Los derechos laborales se dirigen hacia el futuro y cuando surge una regla regresiva, como este insólito DNU, se rompe la lógica de redacción. “.El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes.” dice el art. 14 bis. “El trabajador accidentado gozaba” dice el DNU. De allí la semiosis con Mordisquito. Para el DNU los trabajadores gozaban y, sin hipocresías, esta norma “los goza” en ese sentido discepoleano, tan visible como reprochable.

Cuando una reforma laboral reconoce menores niveles de protección, quien la suscribe, sea un legislador o un presidente de la República, lo que hace es cambiar la redacción de la norma (“El trabajo en sus diversas formas gozaba de la protección de las leyes”).

Más adelante, cuando reitere en los considerandos respectivos mi opinión en orden a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las leyes de convertibilidad y post-convertibilidad que impiden la corrección de las deudas laborales por el índice de precios al consumidor y una tasa de interés moratorio pura, pondré claramente de manifiesto que postular normas regresivas en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, implica poner a la Argentina en una posición sub-estándar en materia de Derechos Humanos (Principios de Limburgo).

Pero además de ser regresivo, porque los Derechos sociales son progresivos, es retroactivo. Porque la norma que consagra menores niveles de protección a lxs trabajadorxs enfermxs y accidentadxs podría determinar que solamente se aplicaría, como dice el art.5º, CCyCN, “.a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.” Cuando explico al Derecho laboral, con su principio protectorio, el in dubio pro operarii y la ultractividad, los alumnos formados en el Derecho civil no alcanzan a comprenderme. Si hablo que la aplicabilidad erga omnes de un convenio colectivo de trabajo, tal vez a un comercialista se le represente alguna similitud con el concordato. Los que mejor me comprenden son los penalistas, por el in dubio, claro está, y también por la retroactividad de la ley más benigna.

Un laboralista puede entender que la ley especial no siempre deroga la general (art. 2º, LCT) o que la ley posterior no deroga a la ley anterior (art. 6º, LCCT). Pero lo que no puede entender es que una ley se aplique de modo retroactivo rebajando los derechos conquistados.

La abrogación tutelar del art. 12, inc. 2, LRT (texto según el malhadado DNU), implicaría la aplicación desde la consolidación del daño y hasta la etapa del art. 132, LO, del índice RIPTE, en lugar de la tasa ordenada por el texto anterior. Ya sabemos que esta modificación favorece a los empleadores lo cual, obviamente, implica una mejora para las aseguradoras de riesgos del trabajo.

Está expresamente mencionado en los “considerandos” del DNU, pero requiere una pequeña explicación que potencia la nocividad del “cambio”. El RIPTE posee dos variables fundamentales: a) el nivel de ocupación efectiva de lxs trabajadorxs y b) su nivel salarial. Son justamente los dos indicadores cruciales en la si tuación actual que se vive en el mundo del trabajo, porque la desocupación aumentó desde el 5,9% en diciembre de 2015 al 10,9% actual y el salario real medido en relación a la inflación del INDEC Todesca, cayó en igual período un 20%. ¿Qué significa ello?Que en relación a los dos parámetros a utilizarse en autos (mi concepción de aplicar al crédito laboral el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires o, en caso de revocarse en ese tópico la sentencia, los intereses que utiliza la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), la diferencia peyorativa supera holgadamente el 40% del valor real del crédito. ¡Si esta no es una transferencia de ingresos de lxs trabajadorxs a las aseguradoras, la transferencia de ingresos donde está! Por eso la modificación perjudicial y des/protectoria se lee nítidamente hacia el futuro.

Queda claro esta tacha: la modificación viola el carácter protectorio y progresivo del art. 14 bis, CN.

Pasemos a la segunda objeción, su retroactividad, también peyorativa. El DNU dice que “.Las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.”. Esto significa que la desprotección no cuenta solo hacia el futuro sino que proyecta sus tenebrosos efectos hacia atrás.

El/los redactor/es del DNU desconoce los rudimentos del Derecho Civil Parte General). De lo contrario no se explica cómo ha/n sido capaz/ces de dictar una norma tan aberrante como este art. 3º, DNU 669/2019.

Ya dijimos que resultaba muy dificultoso calificar a este DNU como ley en sentido material porque su carácter general está en crisis. Pero respecto de la “retroactividad” voy a citar al más sencillo de los autores mencionados párrafos atrás que nos interpela hoy, desde el prisma del nuevo CCyCN a partir de la pluma de su mejor exégeta, su hijo, el doctor Guillermo J. Borda.

Analiza la evolución Código Vélez, dec. ley 17.711, CCyCN y, al respecto, postula: “.El principio de la irretroactividad aparecía confundido con el respeto de los derechos adquiridos.Las leyes eran retroactivas cuando afectaban derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior; en cambio, si sólo afectaban meras expectativas no habría propiamente retroactividad y la nueva ley debía ser aplicada (art. 4044, derogado por [el dec.] ley 17.711). Era fundamental, por consiguiente, precisar el concepto de derechos adquiridos, lo que, de primera impresión, parece simple. Cuando se dice: ‘He adquirido un derecho’, ‘tengo un derecho adquirido’, se sabe muy bien lo que se quiere expresar: se trata de un derecho que me pertenece, del cual soy titular, que está incorporado a mi patrimonio si es de índole económica. La expresión derechos adquiridos será quizá redundante, pero de todas maneras el concepto es claro hasta para los profanos. E, inclusive, podría afirmarse que lo es más para los profanos que para los juristas, que tienen ya deformada su noción con el conocimiento de la controversia sobre el punto. Las dificultades comienzan cuando se pretende vincular el concepto de derechos adquiridos con el sistema de la irretroactividad de la ley. Es muy difícil, en verdad, que una ley nueva modifique otra anterior, sin afectar de alguna manera u otra los derechos adquiridos al amparo de aquélla. Con razón ha podido decirse que sí se consideran retroactivas las leyes que afectan derechos nacidos o adquiridos bajo la legislación anterior, todas las leyes, de cualquier clase, serían retroactivas. En vista, pues, de que hay una contradicción lógica irreductible entre el deseo de proteger todos los derechos adquiridos y la necesidad de hacer posible el progreso jurídico mediante la reforma legislativa puesto que toda reforma implica afectar derechos adquiridos, los autores se empeñaron, no ya en precisar lo que es un derecho adquirido, pues eso es muy sencillo y todo el mundo lo sabe, sino cuáles derechos adquiridos que las leyes nuevas no pueden afectar. Es claro que, de este modo, resulta posible toda una gama de soluciones entre los dos extremos dados por la protección absoluta de todos los derechos, y el imperio sin limitaciones de la nueva ley.Dentro de ese vasto campo, cada uno de los autores que se ha ocupado del tema ha dado su propia solución; pero es bien claro que ni su preocupación ni su propósito, han sido definir lo que es un derecho adquirido, sino simplemente cuáles son, a su criterio, los derechos que las leyes nuevas deben respetar. De ahí que, dependiendo todo de opiniones personalísimas, el acuerdo haya sido imposible. Todos los grandes juristas modernos coinciden unánimemente con este punto de vista y están de acuerdo en que la doctrina de los derechos adquiridos no puede dar solución alguna al problema de los efectos de la ley con relación al tiempo. Por lo demás, a poco que se profundice el estudio de este problema, se advertirá que es desde todo punto de vista imposible identificar las leyes retroactivas con las que afectan derechos adquiridos. Dos ejemplos bastan para demostrarlo. Si se dictara una ley que dispusiera: ‘A partir de la publicación de la presente ley queda abolida la propiedad privada sobre la tierra’, podría decirse que la ley es injusta, ruinosa para el país, contraria a nuestro estilo de vida, pero no podrá decirse que tiene efectos retroactivos, puesto que dispone sólo para lo futuro. Y sin embargo, ha afectado radicalmente los derechos adquiridos de los propietarios. Si se dicta otra disponiendo la rebaja de las locaciones a partir de la fecha de su promulgación, podrá decirse que atenta contra los derechos de los propietarios, que debilita la confianza en la palabra empeñada, etc.; pero no que tiene efectos retroactivos, puesto que sólo se ocupa del porvenir. Retroactiva sería si hubiere dispuesto la rebaja de los alquileres con anterioridad a su vigencia y ordenara la devolución de lo ya percibido. En cambio, es indiscutible que ha afectado los derechos del locador.” Hasta aquí Borda delinea la frontera entre los “derechos adquiridos” y la retroactividad de las leyes, con meridiana claridad.En el caso del DNU 669/2019 sería discutible su constitucionalidad y convencionalidad por violar el carácter progresivo de los Derechos sociales; ello, siempre y cuando la modificación en la forma de preservar el método para establecer las indemnizaciones tuviere lugar hacia el futuro. Pero el caso es que la norma, expresamente, dice ser retroactiva.

Borda no pudo tener en cuenta tamaño dislate jurídico. Por eso, sus enseñanzas deben leerse contrastando lo que debe ser con lo que es. Es decir, el texto del art. 5º del Código de Vélez, Dice “.ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. Lo que en otras palabras significaba que el

principio de la irretroactividad no rige en este caso, y que las leyes de orden público pueden retro-obrar. Sin embargo, la Corte Suprema, fiel a su principio de que las leyes no pueden afectar derechos adquiridos de orden patrimonial, declaró que ni siquiera las leyes de orden público pueden lesionarlos, pues es de toda evidencia que una disposición simplemente legal, como es el artículo 5º del Código Civil, no puede prevalecer sobre una garantía constitucional. Por lo demás, es necesario tener presente que también la cláusula constitucional que protege la propiedad es una ley de orden público y, sin duda, de una jerarquía superior a cualquier ley del mismo carácter, precisamente por estar inscripta en la Carta Magna. Si, por lo tanto, se considera como lo estimó la Corte, que la afectación de los derechos adquiridos importa una violación de esa garantía constitucional, ninguna ley, cualquiera que sea su carácter, puede tener validez. Así planteada la cuestión, resultaba evidente que las leyes de orden público no jugaban ningún papel en el problema de la retroactividad en nuestro derecho positivo.Porque siendo el principio del artículo 3º meramente legislativo, el Congreso podía dictar leyes retroactivas, fueran o no de orden público; salvo que esas leyes afectaran derechos adquiridos de orden patrimonial, en cuyo caso, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, no podían tener efectos retroactivos, sean o no de orden público.” Va de suyo que los Derechos laborales, como el art. 12, LRT, se asienta en el principio protectorio de raigambre constitucional y -Beverdige dixit- poseen mayor entidad inclusiva que el derecho de propiedad.

Esa hermenéutica que proponía Borda lo era con relación al texto original del Codificador. La corrección que introdujo el dec. ley 17.711 es tratada con la sencillez que su texto le brinda a la cuestión “.no por ser de orden público una ley es retroactiva. Era ya la solución admitida por la jurisprudencia bajo el régimen anterior, si bien la cuestión había suscitado algunas dudas originadas en el desafortunado artículo 5º, hoy derogado. El tercer párrafo del artículo 3º dispone que la retroactividad establecida por la ley, en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Este principio se vincula con la jurisprudencia de la Corte Suprema, según la cual las nuevas leyes no pueden afectar derechos adquiridos de orden patrimonial. La nueva disposición acoge en lo sustancial la jurisprudencia de la Corte, pero le introduce dos variantes importantes: prescinde del concepto equívoco y erróneo de derechos adquiridos y extiende el alcance de la excepción a todo derecho amparado por garantías constitucionales. Advertimos que el artículo 3º se limita a establecer que no podrá afectarse retroactivamente un derecho amparado por la Constitución. En verdad el concepto es más amplio. Un derecho protegido por la Constitución no puede ser afectado ni por leyes retroactivas ni por leyes que dispongan para lo futuro. Ello no significa que tales derechos deban mantenerse impolutos y que la ley no pueda modificarlos.Los puede modificar siempre que no los desnaturalice, que mantenga su esencia que es lo que interesa conservar.” (Borda, Guillermo J., sobre el texto original de su padre Borda, Guillermo A., “Derecho Civil – Parte General”, Buenos Aires 2016, Ed. Thomson Reuters La Ley, págs. 89/92 y 95/97) Para no extenderme más sobre una cuestión que parece clara -ya que el derecho al resarcimiento de un enfermx o accidentadx nace en el momento en que se consolida su incapacidad- ni siquiera este DNU establece un parámetro para diferenciar lo que la doctrina llama “efectos inmediatos” que carecen e retroactividad, y que operan sobre los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas. En cualquier caso, la norma no puede afectar garantías constitucionales como burdamente, lo hace el presente DNU.

El art. 7º, 2º párr., CCyCN posee la misma redacción que el glosado art. 5º, CCiv.: “.La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.” Es sumamente importante tener en cuenta que la aplicación de la ley laboral de accidentes del trabajo, en la histórica jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo, ha sido inalterable al determinar como norma aplicable, la vigente a la consolidación de la incapacidad (CNAT, en pleno “Prestigiácomo, Luis v. Haroldo Pinelli SA”, Plenario Nº 225 del 19-5-1981).

El DNU nunca, por tanto, puede aplicarse de modo retroactivo; ello implica, en esta causa, la inalterabilidad del crédito reconocido al Sr. Fernández, que jamás pudo haber sido afectado por esta norma cuya desactivación decido.

De acuerdo todo lo que he venido expresando, el DNU es inconstitucional e inconvencional por violar cuatro aspectos que hacen a su validez y correlato con el BCF:a) por haberse dictado mientras el Congreso está sesionando, lo que le resta su carácter necesario y urgente; b) no constituye una “ley en sentido general” ya que se dirige a privilegiar un sector minoritario de la comunidad en detrimento de todos, todas y todes les personas que trabajan; c) viola el principio de progresividad de los derechos contenido en el enunciado profético del art. 14 bis, CN y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que expresamente lo prevé en su art. 9 y d) es retroactiva afectando la garantía constitucional de protección del trabajo en sus diversas formas.

No voy a citar íntegramente la Observación General Nº 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre El Derecho a la seguridad social (art. 9 del Pacto). Pero estoy totalmente persuadido que el redactor del DNU en crisis desconoce plenamente su punto 42: “.Existe una fuerte presunción de que el Pacto prohíbe que se adopten medidas regresivas con respecto a la seguridad social. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte probar que las han adoptado tras un examen minucioso de todas las alternativas posibles y que están debidamente justificadas habida cuenta de todos los derechos previstos en el Pacto, en el contexto del pleno aprovechamiento del máximo de los recursos de que dispone el Estado Parte. El Comité examinará detenidamente:a) si hubo una justificación razonable de las medidas; b) si se estudiaron exhaustivamente las posibles alternativas; c) si en el examen de las medidas y alternativas propuestas hubo una verdadera participación de los grupos afectados; d) si las medidas eran directa o indirectamente discriminatorias; e) si las medidas tendrán una repercusión sostenida en el ejercicio del derecho a la seguridad social o un efecto injustificado en los derechos adquiridos en materia de seguridad social, o si se priva a alguna persona o grupo del acceso al nivel mínimo indispensable de seguridad social; y f) si se hizo un examen independiente de las medidas a nivel nacional.” Nada de eso se ha hecho, sino invocar la rentabilidad empresaria, lo que -a mi juicio- coloca al Estado argentino en crisis respecto del cumplimiento del PIDESC y la OG Nº 19, del Comité DESC.

Declaro formalmente que el DNU 669/2019 no resulta aplicable al presente caso por inconstitucional e inconvencional, debiéndose estar, en lo pertinente a la forma de cálculo del crédito laboral consagrado en el presente pronunciamiento, a lo que se decidirá en el siguiente parágrafo.

Además, desde el lugar de la realidad, creo que el DNU debe ser arrastrado por un imaginario ratón, directo, a la papelera de reciclaje.

Tomo esta decisión porque participo, junto a centenares de miles de mujeres y hombres, de lo que he dado en llamar en la causa “Pelossi, Fabián Alfredo v. Inc SA s/juicio sumarísimo” (SD del 30-9-2019, Expte. Nº 2766/2016) el ethos matancero: Sistema de ideas delineado por la Pastoral Social de Mons. Bufano y el Mensaje a los Sindicatos de San Juan Pablo II del 10 de abril de 1987 en el Mercado Central. Entre nuestrxs hermanxs accidentadxs y enfermxs por trabajar y la rentabilidad de las aseguradoras, este magistrado no abriga dudas sobre cuál es el bien jurídico que debe tutelar.

Dije al sentenciar en la causa “Conde, Mariela v. IAFH Global SA s/despido” (SD del 26-10-2017, Expte.Nº 55.474/2015) “.Siempre he dicho (parafraseando a Monseñor Angelelli) que soy un juez con un oído en la ley y el otro en el Pueblo.” Y en tal sentido, adaptando a mi labor lo que nos enseñó el gran Héctor Germán Oesterheld (¿o fue Juan Salvo?), “el verdadero juez es el juez colectivo” voy a reproducir una cantidad de opiniones coincidentes con los párrafos y conclusión jurídica que antecede, de manera tal que quede bien claro que nos encontramos frente a una norma que en muy poco tiempo concitó el rechazo generalizado de amplísimos sectores provenientes de distintos lugares y quehaceres que se sitúan en la intersección entre los mundos jurídico y del trabajo.

El propósito es reseñar cual es el estado general de la opinión pública iuslaboral sobre un tema crucial cual es la preservación de la reparación de los accidentes, enfermedades profesionales y enfermedades- accidentes del trabajo, peyorativamente llamados “riesgos del trabajo”.

Seré injusto en las citas, porque seguramente omitiré muchos actores que ya han condenado este malhadado DNU.

La Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social “.manifiesta su rechazo al Decreto de

Necesidad y Urgencia Nro. 669 del 27 de septiembre del corriente año, que disminuye el cálculo de las prestaciones dinerarias por enfermedades y accidentes del trabajo, afectando gravemente créditos indemnizatorios de naturaleza alimentaria, en violación a derechos constitucionales. La modificación del art. 12 de la Ley de Riesgos de Trabajo según texto aprobado hace dos años y medio por ley 27348, no obedece a ninguna necesidad ni urgencia, y pretende ser aplicada retroactivamente, lesionando lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial, significando un retroceso en materia de derechos sociales adquiridos por los trabajadores.” El Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, integrado por la Confederación General del Trabajo y la CTA de los Trabajadores emitió un comunicado el 30-9-2019: “.¡Para este Gobierno la vida no vale nada!A 10 días del accidente de trabajo en Ezeiza donde perdió la vida un trabajador, el Gobierno dicta un decreto que de manera retroactiva disminuye las indemnizaciones. El Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores rechaza en forma categórica el DNU Nº 669/19 firmado por el Sr. Presidente Ing. Macri, dictado exclusivamente en beneficio de las ganancias de la ART y a costa de las discapacidades y muertes por causas laborales. Este Gobierno una vez más, demuestra que en vez de generar normas que garanticen trabajo digno y seguro para todos y todas, siguen legislando en contra de los y las trabajadoras. El neoliberalismo mata.” El Diputado de la Nación Fernando Asencio presentó el 30-9-2019 un Proyecto de Ley cuyo art. 1º dice “.Deróguese el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019 del Poder Ejecutivo Nacional de Reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo publicado en el Boletín Oficial el día 30 de septiembre de 2019.” La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio posteó en su facebook a las pocas horas de conocerse el DNU: “.La muerte del trabajador de Ezeiza los hizo pensar en la Ley de Riesgos del Trabajo. Entonces, deciden disminuir la reparación a quienes se accidentan para asegurar las ganancias de las ART, y como si esto les pareciera urgente, lo hacen por DNU y con efecto retroactivo. La familia de ese trabajador también cobraría menos. Van contra la Constitución sin sonrojarse y carecen de sensibilidad.” La Diputada Nacional Cecilia Moreau sostuvo: “. Otra vez demuestra que piensan como patrones y nunca se ponen del lado del trabajador. parece una tomada de pelo a los trabajadores, que no sólo sufren sus políticas económicas sino que además padecen las decisiones regresivas que toma este gobierno.” El doctor Jorge Rizzo, titular de la Agrupación Gente de Derecho que conduce el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, publicó en su cuenta de Twitter @DrJorgeRizzo:”.El @CPACF ya trabaja en el planteo de la inconstitucionalidad del DNU 699/19 atento que cambia bajando el cálculo de ingreso base para las indemnizaciones por accidentes. Para peor, lo hace retroactivamente violando el principio del artículo 7 del Código Civil y Comercial.” El doctor Pedro Ávalos, en su carácter de Vicepresidente de CONJUB (Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País), sostuvo: “.Macri con este DNU autoritario que reduce las tasas de interés para los juicios por accidentes laborales beneficia a las aseguradoras, en perjuicio de los trabajadores, y tambié n de los empresarios. La medida solo logrará eternizar los juicios, beneficiando a la aseguradora, que cuenta con abogados, médicos, economistas, etc., y perjudicando al trabajador que lucha solo con las consecuencias del accidente y con los gastos. El DNU 669, que además modifica la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, que es un seguro para el trabajador, administrado por las ART, se aplicará en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.” El Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo, comunicó lo siguiente: “.El pueblo argentino viene soportando un brutal ajuste, con una significativa pérdida del poder adquisitivo producto de las devaluaciones y de una inflación incontrolable. Esto sumado a la incesante pérdida de empleo y a los indiscriminados aumentos de tarifas de servicios y transporte, ha generado que las cifras de pobreza e indigencia hayan alcanzado niveles realmente preocupantes. A horas de la publicación de estas lapidarias cifras y con un insólito decreto, se modifica el cálculo de intereses hasta el cobro de los beneficios aplicando el RIPTE lo cual genera un claro perjuicio a los trabajadores beneficiarios de accidentes. Esta medida tiende a favorecer a las empresas aseguradoras licuando las actualizaciones entre la fecha de ocurrencia del accidente y el efectivo pago de la sentencia que en la gran mayoría de los casos demora años.A su vez, se desoye el acuerdo parlamentario original donde se establecía, como condición para la aprobación de la modificación de la ley en el año 2017, la utilización de la tasa activa del Banco Nación para abonar intereses hasta el cobro de los beneficios por ser claramente más beneficiosa.” La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas – entidad decana del colectivo iuslaboralista en nuestro País-, ha emitido un enjundioso comunicado donde fundamenta su rechazo al DNU 669/2019: “.Es una norma regresiva e inconstitucional. En primer lugar, no existe fundamento alguno que justifique la necesidad y menos la urgencia, vulnerando las exigencias constitucionales para la utilización de este instrumento por parte del PEN y los estándares fijados por la Corte SJN en ‘Consumidores Argentinos c/ EN -PEN- Dto. 558/02 -ley 20.091 s/ amparo ley 16.986′. Asimismo, prevé su aplicación retroactiva, en perjuicio de la persona que trabaja, estableciendo que las modificaciones se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. Cabe resaltar que el sistema de vigente se desentiende de la prevención de los riesgos laborales, rechaza la cobertura de la mayoría de las enfermedades profesionales, no repara adecuadamente los daños causados en la integridad psicofísica de las personas que trabajan y no crea instancias de participación obrera en los establecimientos para evitar los siniestros. Por el contrario, ha transferido todo lo relacionado a la gestión de la salud y seguridad laboral a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entidades privadas, con fines de lucro, cuya rentabilidad es financiera. La reforma operada en el año 2017 tuvo como una única finalidad dificultar al extremo la posibilidad de acceso a la justicia de las personas damnificadas y sus derechohabientes, violando este derecho humano fundamental. El decreto en cuestión tal cual lo expresa sus propios fundamentos, tiene por único objeto garantizar el equilibrio del balance entre activo y pasivo de las ART. Vergonzosamente, en sus fundamentos establece frases como:’.mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma’. ‘resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable, mediante garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las Aseguradoras’. ‘la situación descripta crea incentivos adversos para el propósito mismo del sistema ya que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiarios resultante de la actualización de sus pasivos, fomenta la litigiosidad (y los costos concomitantes).’ ‘la perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguros podría provocar un riesgo sistémico que la presente medida buscar evitar’. De este modo, queda de manifiesto que en lugar de proteger a las y los sujetos de preferente tutela, de acuerdo a la manda constitucional del art. 14 bis CN, invierte la prevalencia normativa y pretende garantizar la rentabilidad económica de estas entidades privadas que operan en el mercado financiero, desconociendo los derechos humanos fundamentales en juego a la protección de la integridad psicofísica, el principio de indemnidad y la obligación de seguridad. Asimismo, la norma en cuestión menoscaba el bloque de constitucionalidad federal, en diferentes y graves aspectos. Primero, dado su carácter notoriamente regresivo, vale decir, en el caso, reductora del grado de protección jurídica que habían alcanzado las y los trabajadores en orden a la reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo de los que resultaran víctimas.En tal sentido, tiene dicho y repetido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Corte SJN) que su jurisprudencia ha consagrado, desde 2004, ‘el principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas [el cual] no solo es un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en la materia’ (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c. Poder Ejecutivo Nacional y otro, Fallos 338:1347 , 24/11/2015, § 6 y sus citas). En segundo lugar, dicho menoscabo también deriva de violentar sin rebozos el principio constitucional de justicia social, vale decir, la justicia por medio de la cual se consigue o se tiende a alcanzar el ‘bienestar’, i.e., ‘las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad’ (Corte SJN, Berçaitz, Fallos: 289:430,436 -1974-). Antes bien, el decreto 669/2019 ha marchado en sentido opuesto al que impone la mentada justicia social, al agravar aún más la notoria desigualdad que media entre la persona que trabaja y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, al introducir una ‘preferencia legal’ en favor de estas últimas, esto es, las partes más poderosas, en perjuicio del trabajador y la trabajadora, la parte más vulnerable. Ha olvidado así el Poder Ejecutivo Nacional, paladinamente, arraigados precedentes de la Corte SJN, que le indican que no es otro que este último, el trabajador, el sujeto de ‘preferente tutela constitucional’ (Corte SJN, Vizzoti, Fallos: 327: 3677 -2004-; Aquino, Fallos: 327: 3753 -2004-; Pérez, Fallos: 332:2043 -2009-; Álvarez , Fallos: 333: 2306 -2010-, entre otros). También ha olvidado, en tercer término, de manera no menos patente y potente, que las normas que desde hace más de cincuenta años han reconocido las obligaciones del Estado de tutelar a la persona que trabaja no pueden ser entendidas fuera de la nueva cláusula del progreso (art.75.19, Constitución Nacional), según la cual corresponde al legislador proveer lo conducente ‘al desarrollo humano’ y ‘al progreso económico con justicia social’ (Corte SJN, Blanco, Lucio Orlando c.ANSeS, Fallos 341:1924 , 18/12/2018, § 20). Bueno es memorar, entonces, que a partir de la reforma constitucional de 1994 ha cobrado especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Imperativo constitucional este que resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, ya que no es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de dictarlas reglas relativas a las reparaciones por accidentes y enfermedades laborales (Corte SJN, doctrina de García, María Isabel c.AFIP, Fallos 342:411 , 26/3/2019, § 15). Más aún; la citada reforma dio un nuevo impulso precisamente al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo ‘medidas de acción positiva’ en beneficio de ellas.Es que, como se ha dicho, ‘en determinadas circunstancias, que con suficiencia aprueben el test de razonabilidad, resulta constitucional favorecer a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras, si mediante esa discriminación se procura compensar y equilibrar la marginación o el relegamiento desigualitarios que recaen sobre aquellas’ (ídem, § 12). Todo ello, por lo demás, se ve reforzado por los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional, tal el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que reclaman de los Estados parte el establecimiento de distinciones basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran, como es el caso del trabajador (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 17/11/2003, Serie A N° 18, §§ 89 y 149). Insistamos: ‘toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre’ (ídem, Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 20/10/2016, Serie C N° 318, § 337). Sostiene con acierto, pues, el juez García Ramírez: ‘[l]a verdadera igualdad ante la ley no se cifra solamente en la declaración igualitaria que ésta pudiera contener, sin miramiento para las condiciones reales en que se encuentran las personas sujetas a ella.No hay igualdad cuando pactan -para formar, por ejemplo, una relación de trabajo- el empleador que cuenta con suficientes recursos y se sabe apoyado por las leyes, y el trabajador que sólo dispone de sus brazos e intuye – o conoce perfectamente- que las leyes no le ofrecerán el apoyo que brindan a su contraparte’ (Corte IDH, Condición Jurídica., cit., § 18). Acotemos que estos lineamientos de la Corte IDH adquieren un peso inocultable en la presente cuestión, toda vez que el tribunal regional ha reconocido, con arreglo al art. 26, Convención Americana cit., no solo los derechos al trabajo (Lagos del Campo vs. Perú, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 31/8/2017, Serie C N° 340, § 141 y ss.)y a la seguridad social que garantice condiciones que aseguren ‘la vida, la salud y un nivel económico decoroso’ (Muelle Flores vs. Perú, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 6/3/2019, Serie C N° 375, § 183), sino también reafirmado el principio de progresividad en cuanto ‘impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados’ (ídem, § 190), lo cual, asimismo, ‘resulta justiciable’ ante ‘las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos’ (ídem: Acevedo Buendía y otros (‘Cesantes y Jubilados de la Contraloría’) vs. Perú, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 1/7/2009, Serie C N° 198, §§ 102/103; Cuscul Pivaral y otros vs.Guatemala, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 23/8/2018, Serie C N° 359, § 81). Por todas las razones expuestas, la Asociación de abogados y abogadas laboralistas rechaza el DNU mencionado, e insta a las juezas y jueces a ejercer el control de convencionalidad debido, como asimismo, a los demás poderes públicos, a cumplir con los estándares de constitucionalidad vigentes en materia de accidentes y enfermedades profesionales, conforme la protección establecida en los Convenios 155 y 187 de OIT y demás normas que integran el bloque de constitucionalidad vigente.” La Asociación Abogados del Fuero, bajo la pluma de lxs doctores Daniela Ducros Novelli, Nahuel Altieri y Agustín Conde “.repudia enérgicamente el DNU 669/2019, que hoy se publicó en el Boletín Oficial por cuanto modifica el Art. 12 de la LRT, en forma inconstitucional y regresiva. Se dispone cambiar el modo de actualizar el IBM que hasta la fecha devengaba los intereses del promedio de la Tasa Activa Cartera General anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, por la variación del Índice RIPTE, barriendo así con una de las pocas modificaciones a favor del trabajador que incorporó la Ley 27.348. Con la nueva redacción del Art.12, el monto del IBM deja de devengar intereses equivalentes al promedio de la Tasa Activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del BNA, como se había dispuesto en la anterior reforma legislativa (Ley 27.348). Este cambio, según los considerandos contradictorios del DNU, que en parte menciona que se trata de un nuevo ‘beneficio de los trabajadores’ y por otra parte de un cambio necesario a raíz de un desequilibrio sistémico, atento a que la aplicación de esta tasa de interés ha devenido en ‘ultra utilidad en favor de los beneficiarios’; es claramente un perjuicio porque se traduce en menores montos indemnizatorios afectando unilateralmente los créditos de los trabajadores, de carácter alimentario y violando el derecho de propiedad de los mismos (art 14 y 17 de la CN). Las razones expresadas como fundamento de la medida, hacen alusión a un desequilibrio financiero determinado por el rendimiento de un 42% para las aseguradoras, mientras la tasa de interés por contingencias de la Ley 24.557, ascendería a niveles cercanos al 90%. Aun dando por válidos los números referidos, lo cual es bastante discutible ya que la tasa del 90% corresponde a un momento coyuntural de nuestra economía y no es la regla, el RIPTE del año pasado fue del 27,72%, con lo cual al cambiar la tasa por este índice, se estaría legitimando un desajuste tan grande como el otro, pero esta vez no ya a favor del sujeto que por mandato constitucional y la de la CSJN debe gozar de tutela preferencial (Art. 14 Bis), sino de las aseguradoras. A lo dicho cabe agregar, que la presente medida no se aplica únicamente a los casos futuros, como todas las demás leyes. El Art. 3, en abierta violación a lo dispuesto por el Art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación expresamente indica su aplicación retroactiva, ‘a todos los casos, independientemente de la fecha de la primer manifestación invalidante’, por ende la norma resulta tan aplicable a un caso que hace 7 años está esperando sentencia definitiva como a la familia del trabajador que sufrió la semana pasada un accidente en Ezeiza, probablemente porque el mismo gobierno que sacó el DNU para que ahora la familia cobre menos apuró esa obra sin tomar los recaudos suficientes para evitar que sucediera lo que sucedió, con tal de tener algo que mostrar antes de las elecciones, aunque sea insuficiente. Sabido es, un DNU, como señala su mismo nombre, debe justificarse en una necesidad y urgencia que impidan llevar a cabo los mecanismos normales para la sanción de la leyes. De los considerandos de la medida parece desprenderse que la necesidad y urgencia radica en la falta de incentivos para arribar a acuerdos conciliatorios, dado que el descalce entre las desproporcionadas ganancias de los trabajadores accidentados y las pocas de las ART fomentan la litigiosidad (ante el lector desprevenido, aclaramos que se trata de una ironía). El argumento dado en el DNU realmente es contra fáctico, cuando todos sabemos que el inconstitucional calvario impuesto a los trabajadores obligados a transitar por el sistema de Comisiones Medicas de la Ley 24.557, ratificado por las reformas sucesivas y recientemente agudizado y empeorado por la Ley 27.348, transforma a las aseguradoras en juez y parte del litigio, siendo que la mayoría de los dictámenes médicos confieren 0% (cero) de incapacidad o rechazan el nexo causal. Si, médicos se expiden sobre una de las cuestiones más complejas de la ciencia jurídica como es el nexo causal. Quizás esas sean las verdaderas razones de la litigiosidad y no el transitorio descalce.Parecería ser, que la necesidad y urgencia que han inspirado esta medida es la de garantizar lo más pronto posible (urgencia) la mayor ganancia para las aseguradoras (necesidad), mientras se intenta argumentar que si los trabajadores ven actualizados sus créditos por una tasa medianamente razonable, dado el contexto económico, el desequilibrio que esto genera hace que el sistema no sea rentable para las ART y, por ende, supuestamente en salvaguarda de los derechos del trabajador, viene en su auxilio el Poder Ejecutivo dictando esta norma. Cinismo. Estamos ante una norma inconstitucional, regresiva, retroactiva y cínica, profundamente cínica. Ante la volatilidad macroeconómica que se ha generado en el país, el estado debería velar por los derechos de los beneficiarios del sistema, de los trabajadores, que son derechos humanos y gozan del más alto rango por estar consagrados en el Art. 75 Inc. 22 CN, no por el de las empresas que corren con el riesgo de su negocio. Desde la sanción de la ley 24.557 no se ha puesto el foco en la prevención, esta modificación continua en ese sentido, si se abarata el accidente por reducción de intereses, ningún sentido tiene para la industria aseguradora, que ha demostrado ser también la industria del incumplimiento, invertir en prevención, cuando resulta mucho más rentable continuar dilatando los pagos primero en las Comisiones Medicas y luego en los Tribunales. En síntesis, este gobierno una vez más como tantas otras, nos demuestra que no tiene respeto por la voluntad popular ya que reforma la Ley 27.348 por DNU en violación del Art. 99 Inc. 2 CN, alterando la jerarquía normativa del Art. 31 CN, en violación al Principio de Progresividad consagrado en el Art. 26 del PDESC, in pejus para el trabajador vulnerando su derecho de propiedad (Art 17 CN) y pasando por alto su condición de sujeto de preferente tutela constitucional (Art.14 Bis CN). De este modo, también una vez más, los abogados no tendremos otra opción que recurrir nuevamente a los tribunales del trabajo para que coloquen las cosas en cuanto a lugar por derecho y alentamos a toda la comunidad abogadil en el mismo sentido.” El “decano” de los abogados laboralistas, Héctor Pedro Recalde en estos días de dictado el DNU ha realizado múltiples intervenciones (nota del 4-10-2019 en “Intercomunicados”, http://www.larz.com.ar; “La necesidad y urgencia de este gobierno es beneficiar a sus amigos” en http://www.radioestacionsur.org del 30-9-2019; nota radial del 2-10-2019 en ” De este lado de la grieta”, Radio Rebelde 740; Radio Caput “No hay dos sin tres”, nota del 1-10- 2019 donde cuestiona el decreto bajo la ironía “Habría que explicar cuál es la necesidad y la urgencia”; Radio Colonia “Volver a las Fuentes” con Roberto Caballero, “. Macri sabe quiénes son los grupos de poder que lo apoyan, y hacia ellos está dirigido este DNU. Son los últimos manotazos de ahogado, Macri sabe que va a perder las elecciones.” Obviamente son connotaciones de orden política que el lector podrá constatar en cada caso citado, con la aplicación Radio Cut compartiéndolas o no, pero en todas sus intervenciones no desatiende el formato jurídico en el reproche a la norma.

Interesa el Dictamen No 54.576 del Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal doctor Gabriel de Vedia en la causa “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal v. Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/acción de amparo” (expte.Nº 36.004/2019 del Registro del Juzgado Nº 76 del Fuero) que, aunque estrictamente se vertió no estando vigente la ley (es de fecha 7-10-2019 y el DNU es formalmente válido a partir del día de hoy), contiene enjundiosos argumentos respecto a la asintonía entre la norma y se pronuncia sobre la legitimidad del Colegio actor (aunque no sugiere la inscripción de la acción de clase como lo establece la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), destaca que la norma pone en crisis el principio protectorio, el principio de irrenunciabilidad, el principio de progresividad y el principio de indemnidad y avanza sobre el fondo del asunto al sugerir que “.no aparecería claramente configurado en la especie la existencia de algún fundamento objetivo que justifique la necesidad y menos la urgencia que se invoca en los mentados considerandos, como para obviar las pautas sentadas por el art. 99, inc 3 de la CN sobre el uso de los DNU por parte del PEN, y las previsiones que sobre el tópico sentó la Corte Suprema, tanto en el referido precedente [habla de “Verrocchi”] como en el fallo ‘Consumidores Argentinos c. EN – PEN – Dto.558/02 -[dec.] ley 20.091 s/amparo [dec.] ley 16.986’, donde sostuvo que ‘Las facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no para ampliar el sistema presidencialista” (considerandos 1 a 10) y que ‘Los jueces pueden controlar la existencia del estado de necesidad y urgencia, la que no es igual a la mera conveniencia política’ (considerandos 11, 12, 13).” Ante todo ello, analiza el DNU, el principio de irretroactividad vulnerado flagrantemente y entiende verosímil el derecho y peligro en la demora por lo que lo lleva a postular “.sin que implique adelantar criterio alguno acerca la suerte final de la controversia [algo que resulta difícil de creer], soy de opinión que la medida precautoria resulta prima faccie procedente; sin perjuicio de lo que podría llegar a decidirse de formularse otras alegaciones jurídicas o de acompañarse nuevos elementos en una temática que, por su esencia, no causa estado.”

No puedo dejar de citar, como cierre, a un maravilloso trabajo producido en tiempo real, por el distinguido publicista santafecino José Daniel Machado llamado “Interrogantes marginales que suscita el DNU 669/2019″, publicado en RC D 1336/2019 del soporte Rubinzal – Culzoni”. Luego de desbrozar los acápites argumentales por los que hemos transitado páginas atrás, desde distintos insumos y autores, llega a la paradigmática conclusión que citamos con mucho sarcasmo:

“.Juguetes perdidos. Tentado estuve, lo confieso, de titular este artículo refiriéndome al DNU que lo motiva como ‘Decreto Bulacio’, en línea con la moda de nombrar a las leyes a modo de homenajes a las víctimas en cuya tragedia se inspiran. Tentación mayor todavía cuando alguna lotería del infierno quiso que José Humberto, el muerto en el ‘accidente’ de Ezeiza, tuviera el mismo apellido que otro Bulacio, Walter, asesinado por un garrote fácil y enfermo, para quien se escribió en los años 90 el más bello himno del que fuera capa un músico argentino.Ese de Solari que lleva por título el mismo que este pasaje, aunque se lo conozca más por su primera estrofa, la de ‘banderas en tu corazón, yo quiero verlas’ y que proclama en su final, como quien reza a una esperanza, ‘cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón’. Desistí por razones obvias. Este decreto no se hizo para conmemorar a ningún Bulacio. El de entonces ni el de ahora. No es un himno. No responde a la épica del trabajo sino a la patética del lucro. Casi se puede decir que su efecto, acaso su propósito, es el perjudicar a los familiares del siniestrado en Ezeiza. Y no daba tampoco para bautizar al engendro con el nombre de les canalles que lo pensaron y escribieron, nombres aturados de ‘emes’, a los que no cabe premiar con la estatura de nuestro rencor.” Hoy es 9 de octubre, y los reproches siguen.

Fórmula de cálculo del capital de condena a determinarse cuando se practique liquidación. Determinados los rubros por los cuales prosperará la acción que tienen el carácter de créditos laborales, seguidamente estableceré la forma que serán calculados en la oportunidad procesal del art. 132, LO.

La historia de la corrección de la desvalorización monetaria de los créditos laborales. Decía el texto original de la ley 20.744 en su art. 301: “.Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados judicialmente, serán

actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria que se operara desde que cada suma es debida hasta el momento del efectivo pago.A tal fin los jueces, de oficio o a petición de parte, aplicarán los índices oficiales de incremento del costo de vida”.

Cumpliendo con sus “objetivos básicos” destinados a desmejorar la situación general de lxs trabajadorxs (y la sociedad toda), la dictadura cívico-militar de 1976 dictó en mayo de ese año la ley de facto 21.297 que mantuvo el sistema de indexación, pero ordenando que la corrección se efectúe con la variación del índice de salarios del peón industrial de la Capital Federal, decisión de por sí peyorativa, pero agravándola con la condición de que tal actualización se contaría a partir de la fecha de promoción de la demanda.

El caso “Valdez”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación designada por esa dictadura, luego de una larga batalla librada por los abogados laboralistas que insumió casi tres años, e innumerables fallos de ambas instancias de la Justicia Nacional del Trabajo que rechazaron sistemáticamente los planteos, declaró la inconstitucionalidad de la reforma en la causa “Valdez, Julio H. v. Cintioni, Alberto D.” del 3 de mayo de 1979 (Fallos: 301:379). Allí se utilizó un menú de argumentos que puntualmente iremos repasando para adoptar un temperamento que reconozca antecedentes históricos fundados en la irrazonabilidad de la abrogación de la norma originaria.

El primero de ellos atañe al contexto de una norma, contemplación esencial para medir su razonabilidad: “Si bien el legislador tiene la facultad de establecer el criterio que estime adecuado a la realidad para proceder a la actualización de los créditos laborales las cambiantes circunstancias pueden hacer que la solución legal no ostensiblemente incorrecta, tal vez, en su inicio, se torne irrazonable y la norma que la consagra devengue así indefendible desde el punto de vista constitucional que es lo acontecido con el índice salarial oficial del peón industrial de la Capital Federal establecido por el art. 276 del Régimen de Contrato de Trabajo, t.o., pues es manifiesto que dicho índice dista de reflejar razonablemente el hecho notorio de emergencia inflacionaria durante el lapso que interesa en el caso en litigio”. Ello nos lleva a pensar si la legislación que hoy debemos aplicar consagra una solución “ostensiblemente incorrecta” y, en su caso, obrar como en aquél entonces, declarándola inconstitucional.

Segundo tema, la atribución de responsabilidad en el caso de deterioro del signo monetario: “De no reajustarse los créditos laborales desde que fueron exigibles y no se abonaron por culpa del deudor moroso, el deterioro de la moneda acaecido durante el lapso que media hasta la interposición de la demanda beneficia indebidamente a quien con su conducta provoca el litigio y obliga a ocurrir a las instancias judiciales importando un manifiesto desmedro patrimonial para el acreedor, en términos que lesionan el derecho de propiedad y los llamados derechos sociales consagrados, respectivamente, por los arts. 14, 17 y 14 bis de la Constitución Nacional”, reflexión que nos conduce al enriquecimiento sin causa que podría presentarse en estos autos si como Juez de Derechos Humanos no me pongo a repensar el sistema de “intereses” o “actualización” de las sumas objeto de condena.

El paso siguiente está dirigido al Juez, quien debe obrar con prudencia y sin incurrir en arbitrariedad:

“Declarada, en el caso, la inconstitucionalidad del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.), corresponde actualizar el crédito proveniente de una relación individual de trabajo, desde la promoción de la demanda según las pautas que el juez estime prudentes, sobre la base de criterios objetivos de ponderación de la realidad, y evitando que la discrecionalidad judicial se convierta en arbitrariedad.Asimismo, corresponde conjugar la tasa de los intereses con el monto definitivo de la condena para asegurar una reparación justa y evitar un enriquecimiento sin causa de cualquiera de las partes”. Si a lo largo de todo este razonamiento llego a la conclusión de que hay que declarar inconvencional e inconstitucional las leyes que impiden la actualización monetaria, deberé establecer una pauta de actualización acorde con la realidad actual que es mutable y requiere obrar contextualmente. Por supuesto que ello no implica descartar los intereses moratorios, los que correrán por cuerda separada.

La cuarta enseñanza de Valdez no parece escrita en 1979 cuando azotaba la nuit et brouillard dictatorial: “El principio de afianzar la justicia y la garantía de una retribución justa (Preámbulo y art. 14 bis, Constitución Nacional) exigen que la equivalencia de las prestaciones recíprocas responda a la realidad de sus valores y a la finalidad de cada una de ellas, situación

equitativa que resulta alterada cuando por culpa del deudor moroso la prestación nominal a su cargo ha disminuido su poder adquisitivo, en relación a sus fines propios de naturaleza alimentaria, por influencia de factores que no dependen del acreedor”. Se utilizan dos conceptos centrales “valores” y “poder adquisitivo con fines alimentarios”, que solamente pueden mitigarse con la actualización por costo de vida y de ninguna manera por tasas de interés bancarias. Por otra parte, como intentaré establecer más adelante, adoptaré la solución más equitativa, anclada en el Mundo del Trabajo y el carácter alimentario del salario.

Quinta obviedad y esta debería ser lo suficientemente significante como para romper el mito sobre que la actualización monetaria produce inflación:

“El reajuste de los créditos laborales no hace a la deuda más onerosa en su origen, sólo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento”. De manual; y estaba en “Valdez”.

Otra enseñanza para no olvidar:”La actualización de créditos salariales responde a un claro imperativo de justicia, cual es el de eliminar los efectos perjudiciales que la demora en percibirlos ocasiona a los trabajadores, atento a que las prestaciones de esa especie tienen contenido alimentario y las indemnizaciones laborales se devengan, generalmente, en situaciones de emergencia para el trabajador”. Durante las etapas que llamaremos “convertibilidad” y “post-convertibilidad” en las que se prohibió la actualización, se liberaron los efectos “perjudiciales para lxs trabajadorxs” que se avizoraban en 1979, curiosamente, y que tanto las crisis de 1991 y 2001 que aquéllos ethos vinieron “a remediar”, dejaron en la intemperie a las personas que trabajan.

Estos seis tramos argumentales del fallo “Valdez” estarán presentes a lo largo de las siguientes páginas.

La ley 23.616. Retorno al texto original del art. 301, LCT.

Recuperada la Democracia, en 1988 se dicta la ley 23.616, que reforma el art. 276 del texto ordenado de la ley, con una redacción similar a la original: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, serán actualizados, cuando resulten afectados por la depreciación monetaria, teniendo en cuenta la variación que experimente el índice de los precios al consumidor en la Capital Federal, desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento del efectivo pago.

Dicha actualización será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa de aplicación de oficio o a petición de parte incluso en los casos de concurso del deudor, así como también, después de la declaración de quiebra”.

La era de la “convertibilidad”. En marzo de 1991, en el contexto de una gravísima crisis económica, se dicta la ley 23.928 comúnmente denominada “de convertibilidad del austral”; como es sabido, será uno de los pilares del orden económico neoliberal que rigió durante 10 años (interesa la opinión de Pablo Guerchunoff, que identifica a ese período como el segundo “.intento de modernización, un tercer intento de reforma e ingreso pleno a la globalización.” que alude hablando del momento actual (ver:”No hay duda que 2011-2020 será una década perdida en la Argentina”, https://elpais.com/internacional/2017/10/05/argentina/1507218303_606 369.html, consultada el 8-12-2017) En 2015, es decir en el momento histórico donde juzgaré la irrazonabilidad de la prohibición de indexar, comenzó la tercera oleada neoliberal.

El art. 7° de dicha norma, se refiere al “.deudor de una obligación de dar una suma determinada de Australes, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada”, lo que implica la imposición del nominalismo (con respaldo en los dólares estadounidenses, claro está). Fundado en su carácter de ley de orden público (económico) interviene autoritariamente en las relaciones privadas (entre las que se encuentran las concernientes al Mundo del Trabajo), estableciéndose que “.En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral”, procediendo a la derogación de todas “.las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto.”, entre las que se encuentra la ley 23.616 que adecuó el texto del art. 276, LCT a la doctrina del fallo “Valdez”. Pero además de ello, el art. 8°, ley 23.928, alteró el principio rector de la cosa juzgada, ya que dispuso que “.Los mecanismos de actualización monetaria o repotenciación de créditos dispuestos en sentencias judiciales respecto a sumas expresadas en Australes no convertibles, se aplicarán exclusivamente hasta el día 1º del mes de abril de 1991, no devengándose nuevos ajustes por tales conceptos con posterioridad a ese momento”.

El énfasis interventor en las relaciones privadas, que en el capítulo laboral implicó una fuerte transferencia de ingresos a expensas de lxs trabajadorxs, quedó evidenciada con la contundente mención del art.13 de la ley “.Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.” expresión de robusto contenido semiótico que construyó una ficción de cuño nominalista en el que estaba prohibido el ajuste por inflación, tal como si la misma se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Quedó enterrado aquello de que “El reajuste de los créditos laborales no hace a la deuda más onerosa en su origen, sólo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento”.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en consonancia con el ethos vigente, con fecha 10 de abril de 1991 dicta la Resolución Nº 6/1991, cuyo art. 6° establecía: “Sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de marzo de 1991 sobre créditos indexados, a partir del 1° de abril de 1991 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara. Para las fracciones del período mensual que se halle en curso, se aplicará el promedio del mes anterior”. Sin embargo, y a propósito del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos: 315:1209, se vio obligada a ir contra sus pasos y sustituir en la acordada del 24 de junio de 1992 (Acta N° 2100), la tasa activa por la pasiva.

Finalmente y para este período histórico nuevamente sesgado su proceder por las decisiones del Tribunal Cimero, específicamente lo resuelto en Fallos:317:507, la Cámara laboral acordó, mediante Acta N° 2155 del 9 de junio de 1994, dejar sin efecto el punto 6º de la Resolución 6/1991, así como su modificación por acta 2106 y determinar un modo de “corrección” fijo con un menú de tasas de interés fijas para períodos sucesivos, la última de las cuales era 12% anual.

Tomo esta referencia porque si durante la convertibilidad hubo “inflación cero” (una verdadera ficción con profuso sesgo semiótico), los intereses que se aplicaban eran meramente moratorios, terminología que hoy la encontramos anclada en el art. 768, CCyCN.

Supuestamente “sin inflación”, no había que compensar vía intereses, absolutamente nada.

La crisis de 2001. Los diez años que transcurrieron entre la sanción de la ley “de convertibilidad” y la crisis de 2001 dejaron como saldo el gravísimo deterioro del salario de lxs trabajadorxs y el crecimiento del índice de desocupación a tasas que jamás se habían registrado en la historia laboral argentina. Sin embargo, como paliativo a esa crisis y a modo de “salida” de la misma, se diseñó lo que se ha dado en llamar la “pesificación asimétrica” que, además de producir una brutal transferencia de ingresos al sector concentrado de la economía en perjuicio de ahorristas que habían confiado en el sistema anterior, ratificó los lineamientos de la “convertibilidad” en orden a la prohibición de “indexación” de la economía, bajo el presupuesto semiótico (otra vez) de que la misma incentiva la inflación. Fue así que en el marco de la ley 25.561, su art. 4° modifica los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, ratificando la desactivación del art.276, LCT.

La primera norma quedó redactada así: “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada.

En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto”. Y el art. 10, ley 23.928: “Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación

se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior , como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar”.

Sabido es que el desastre económico que llevó al País al borde de la disolución, el brutal deterioro de la capacidad de compra de los sectores populares como efecto de la salida de la convertibilidad, se tradujo en un trato desigual que en aquél momento hubiera hecho renacer los postulados de “Valdez” en orden a la manifiesta irrazonabilidad de tratamiento que el Legislador dispensó al mundo laboral -que permaneció sumido en el nominalismo dinerario-, mientras otros sectores de la economía fueron fuertemente beneficiados con la pesificación asimétrica y corrección cambiaria sucedánea.

Además, como se verá infra, en este período de “post-convertibilidad” no todas las “indexaciones” estuvieron prohibidas. El Acta CNAT 2357/2002. La tasa activa.Hasta ese momento, y mientras duró la “convertibilidad”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sumida en el nominalismo, solo consagró como correctivo los intereses contemplados en el viejo art. 622, CCiv. escogiendo la tasa más desprotectora, del 12% anual. El nuevo escenario determinó que el 7 de mayo de 2002 el Superior dictara otra norma, Acta N° 2357, reglamentando los arts. 2º y 3º de la ley 25.561.

En los considerandos de esta nueva acordada se contextualiza la situación, reconociéndose estar en un escenario diverso al que diera lugar a la abrogación del art. 276, LCT. Se sostuvo que “.la supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca, modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento”. Esta mención alude nítidamente al contexto en que se sanciona la norma, lo que remite a la razonabilidad de su contenido, partiendo de la base que afrontar la nueva etapa con una cobertura mejor, pero

siempre, como lo dice la propia Cámara “.sin pretensiones tampoco de constituirse en norma que este Tribunal carece de atribuciones para dictar.”, dado que los jueces mantenemos nuestra plena independencia de criterio para fijar aún en el marco de las restricciones impresas por el Legislador, el mejor modo de garantizar la intangibilidad de los créditos laborales.

Puestos a escoger un método que paliara el daño acumulado en el tiempo que duró la convertibilidad sumado al colapso de su fin, el Superior escogió “.la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, pacíficamente empleada por los tribunales hasta el inicio del período en que se aplicara la indexación.”, por considerarla a su criterio como “.la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener,en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito”.

De este modo, a través de una fórmula que, a mi juicio, es inapropiada -porque confunde la etiología de los créditos de naturaleza totalmente disímil-, quedaron atados los créditos laborales a los vaivenes de la economía bancaria, financiera y monetaria del país, sin tener en cuenta las otras variables, más cercanas a la cotidianeidad de la vida de nuestrxs trabajadorxs, como se trata del precio de las mercaderías de consumo básico.

Se utiliza un tibio eufemismo “postergación de consumos o privaciones”, como si el trabajador o la trabajadora fueran meros “ahorristas” y esos consumos postergados y privaciones créditos carecieran de naturaleza alimentaria. Las operaciones bancarias o financieras no tienen anclaje en el mundo laboral. La lógica que venimos criticando liga la obligación de valor por el trabajo humano prestado, a las operaciones bancarias y financieras que nada tienen que ver con el Mundo del Trabajo, reciclando un sustrato de indecencia laboral, ya que no puede ser la misma mirada la que contemple a los tomadores de préstamos que los utilizan con fines económicos indiferenciados, que a las personas que trabajan y que, por tal motivo social, sólo son poseedores y poseedoras de su fuerza de trabajo como modo de insertarse (y ser incluidos como tales) en el mercado económico y social.En estos autos intentaremos corregir esa lógica unidireccional para preservar la intangibilidad de los créditos que aquí se reconocen de un modo más adecuado al Derecho internacional de los derechos humanos y principios rectores del Derecho del trabajo.

Tan ilógica es esa lógica de atar los créditos laborales a la tasa de interés capitalista, que ante cualquier convulsión social debe reactivamente corregírsela y, si se quiere, con poca coetaneidad. Una corrida bancaria, devaluación, la llamada “crisis de las hipotecas subprime”, la “nota” que nos asigne las calificadoras de riesgos de deuda o cualquier crisis internacional hará subir o bajar la tasa de interés y ello muchas veces sin reflejar de modo sinalagmático las nocivas consecuencias que tales avatares provocan en los alimentos de primera necesidad. Cuando escribí esta parte de la sentencia por primera vez, en agosto de 2016, no creí que en agosto de 2019 esas palabras poseyeran el carácter profético que nuestro Pueblo está sufriendo con el aumento del dólar estadounidense trasladado a los precios de los alimentos básicos que drásticamente han dejado de consumirse. A ello me refiero cuando digo falta de coetaneidad y poca adaptabilidad de la tasa de interés bancario con las necesidades de las personas que trabajan. Fue así que recién el 7 de mayo de 2014 se decide poner fin a la tasa activa como mecanismo de corrección de las acreencias de los trabajadores.Tanto en el acuerdo de ese día (Acta N° 2600), como en el que tuvo lugar en su consecuencia el día 21 de ese mes (Acta N° 2601), el debate develó al menos dos cuestiones que tendré muy puntualmente en cuenta para no seguir el temperamento que allí se decidió: a) La pluralidad de opiniones que llevó a un muy desdibujado consenso -la decisión final se adoptó por 12 a 10 miembros de la Cámara sobre un universo de 30- y b) que los propios vocales reconocen que lo decidido no puede ser vinculante para los jueces de grado, de acuerdo a nuestro sistema constitucional.

Voy a reseñar algunas intervenciones que estimo indispensables para afirmar lo que acabo de señalar y la necesidad de adoptar un camino completamente diferente al que resulta de las dos acordadas.

Opiniones en la CNAT acerca la forma de paliar los efectos de la inflación en los créditos laborales. Comenzaremos por la opinión más restrictiva, que es menester considerar para partir de esa base en la necesidad de volver a tratar un tema iniciado hace más de 40 años cuando el Legislador consagró el señero art. 301, ley 20.744. La Dra. Fontana, para justificar una actitud prudente y conservadora, hizo mérito de una figura que el tiempo se encargó de desdeñar “.en este caso sería estar tomando medidas de fondo frente a un paciente con 40 grados de temperatura, cuando lo prudente es esperar a que el cuadro se estabilice.” Para ello hace un análisis contextual pronunciándose por la necesidad de que esta cuestión sea resuelta por el Legislador sobre la base de un piso indisponible (la tasa activa), respecto de la cual emite la siguiente prognosis -estamos en mayo de 2014-: “Es decir que la propuesta sería mantener el piso de la tasa activa del Banco Nación.Por otro lado, esa tasa le parece muy razonable, ya que considerando los montos de condena y los incrementos que tienen lugar por la aplicación de intereses no advierte que se pueda afirmar que existe licuación alguna de los créditos alimentarios de los trabajadores. Expresa que tiene en cuenta que como fundamento para el cambio pretendido se ha aludido a la demora en la ejecución de las sentencias pero cree que ese es un punto diferente. Vencido el plazo para cumplir con la sentencia, no tiene personalmente objeción alguna a la aplicación de intereses punitorios, los que de hecho vienen aplicados en sentencias de primera instancia y la sala que integra los confirma en todos los casos, precisamente porque se trata de un incumplimiento de la sentencia dentro del plazo legal correspondiente. Pero en su opinión, reitera, no existen en este momento motivos que justifiquen que este cuerpo adopte una decisión modificatoria del Acta CNAT Nº 2357”.

Como vemos, en este discurso hay un juicio de valor que vincula el bien jurídico protegido -los créditos alimentarios de origen laboral- con el paliativo técnico para que no se produzca su “licuación”, atribuyéndole a la tasa activa (o su piso) el efecto correctivo y luego, como argumento subordinado, una eventual aplicación de intereses punitorios que, como va de suyo, nada tienen que ver sobre la cuestión en debate. Ello con mayor razón hoy, que el art. 769, CCyCN los pone fuera del alcance de una condena.El doctor Arias Gibert expresa dos ideas que son centrales para formar mi opinión en el sentido que resolveré cuando declare la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 23.928, aunque, como veremos más adelante, cuando tuvo que revisar mis fallos aparentemente las abandonó: a) Muy gráficamente dice que “.el trabajador no es un prestamista forzoso del empleador.” lo que divorcia a la operatoria bancaria y financiera del Mundo del Trabajo y b) Determina la imposibilidad de avanzar sobre otras incumbencias en la medida la función jurisdiccional forma parte del poder contramayoritario de la Democracia “.tanto él como sus pares son jueces y no políticos” lo que lo lleva con determinación a colocar al problema en su justo lugar habida cuenta que para él “.la cuestión bajo análisis no es un problema circunstancial sino de carácter permanente.” Pluralidad de voces. Inconveniencia de que el tribunal ad quem fije posiciones que detraigan la jurisdicción de grado y el principio de Juez Natural. El “problema permanente” ha sido causado por la pérdida de una normalidad que el sistema poseía hasta la abrogación del sencillo mecanismo del art. 276, LCT. Sin embargo, ese concepto valioso – repito, “el trabajador no es un prestamista forzoso del empleador”- ha sido soslayado en el terreno de la práctica por el distinguido camarista, cuando en la causa “Barrera, Miguel Ángel v. Galeno ART SA (ex Mapfre Argentina ART SA) s/accidente – ley especial” (Sala V, 23-4-2018, SD 81.668) Sostuvo: “.La determinación de la tasa de interés comprende tanto las expectativas inflacionarias, la tasa vigente de ganancia en el período y sociedad dada y un componente político no justiciable, utilizado generalmente desde la autoridad del BCRA para orientar el destino de los ahorros en un marco más complejo como es el de la política financiaría y cambiaria.Cuando la tasa de interés aplicada por los Tribunales refleja el costo del dinero por operaciones de mercado realmente existentes, no hay agravio constitucional alguno.” Esta nueva elaboración de quien expresara en el pasado un pensamiento tan claro (el trabajador no se mueve “en el mercado”, carece de independencia para participar en él con autonomía negocial) constituye, a juicio del suscripto, una declaración sobre la subordinación del “orden público laboral” de raigambre internacional y constitucional a un orden público económico. Pensábamos que estos criterios dejados de lado por innumerables fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habían quedado anclados en el pasado. Seguidamente hay una deliberación que tiene como protagonistas a las doctoras Ferreirós y Fontana que discurren sobre la naturaleza jurídica y/o fundamentos de mecanismos como los intereses punitorios, la multa del art. 2º, ley 25.323 o la sanción de temeridad y malicia.

Por nuestra parte creemos que esos no son los puntos en discusión cuando se debate sobre la forma de preservar el valor de un crédito laboral agredido por la inflación.

Tal ha sido el objeto primigenio de la atención de la Cámara en el acuerdo, bueno es recordarlo, y que aquélla venía degradándose por la persistencia de la tasa activa. Las instituciones en cuestión atienden otros bienes jurídicos protegidos y los punitorios, con la nueva formulación del art.769, CCyCN solo podrían estar contemplados en un acuerdo conciliatorio y como modo conminatorio de cumplimiento.

Desechado el tratamiento de esos temas periféricos, se advierte un encauzamiento del debate a partir de la intervención del doctor Pompa quien lo sitúa en el lugar correcto al estimar “.que el proceso tiene que acompañar al derecho protectorio laboral sustantivo.” y bajo esa perspectiva “.da cuenta de la importante pérdida, producto de tasas que han quedado desactualizadas”. Sin embargo, no abdica del mecanismo escogido, solamente de su insuficiencia, por lo que “.considera prudente buscar una tasa que recompense de manera adecuada al crédito del trabajador, manteniendo el valor del crédito”. Nadie, al parecer, se acuerda del art. 276, LCT muerto y sepultado. La línea general de ideas se orientó a establecer por amplia mayoría, y con solo los votos en contra de los doctores Fontana y Vilela, la necesidad de terminar con el sistema del Acta N° 2357, difiriéndose para un siguiente acuerdo dos cuestiones cruciales que ubican a la cuestión en el mismo “lugar” que el abrogado sistema del art. 276, LCT (lo que casi nos devuelve a los puntos de discusión del caso “Valdez”) esto es, el mecanismo de corrección y la fecha a partir de la cual el mismo sería operatorio.

El Acta 2601/2014. La tasa de libre destino. Con fecha 21 de mayo de 2014 tiene lugar el segundo acuerdo, instrumentado mediante Acta N° 2601 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El primer punto que se tuvo en consideración fue el concerniente a qué mecanismo de corrección de la depreciación de los créditos laborales se iba a utilizar, dado el cercenamiento legal de utilizar uno objetivo y general como el que establecía el art. 276, LCT.

El doctor Arias Gibert lleva adelante la propuesta que finalmente prosperará, esto es utilizar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino que otorga el Banco Nación con plazo de 49 a 60 meses.A la negativa de los dos jueces que no prestaron acuerdo en la anterior decisión, se sumó la de la doctora Pinto Varela quien “.expresa que a su juicio la tasa más adecuada sería la que se viene aplicando, pero una vez y media, como lo hacen algunos jueces de primera instancia”. Puede decirse entonces que en este punto -el mecanismo a aplicarse para corregir la desvalorización monetaria- hubo suficiente consenso (19 a 3). Pero el mismo quedó completamente alterado cuando se debatió a partir de cuándo debía establecerse que la tasa de “libre destino” resultaría aplicable.

En este lugar es donde, a mi juicio, se pierde un poco el rumbo de la discusión, alterándose el sentido que una disposición de esta clase -acordada de Cámara- debería poseer. Destaco al respecto las posturas de los doctores Brandolino y Guisado. El primero “.advierte sobre el carácter jurisdiccional que reviste la determinación de la fecha en que va a comenzar a regir la nueva tasa de interés.” lo cual es estrictamente cierto, ya que en nuestro sistema jurídico no es posible a la luz de los arts. 1° y 3°, CCyCN que los jueces puedan adoptar decisiones que afecten a las personas fuera de los “casos” en que deben intervenir. El doctor Guisado es muy enfático al respecto cuando postula “.que se debe fijar una tasa hacia el futuro a los fines de no afectar la cosa juzgada.” En este sentido interesa lo que aclara con cierto énfasis el doctor Pompa: “.no estamos imponiendo sino haciendo una sugerencia”. Afortunadamente las objeciones quedaron zanjadas por la fórmula que se utilizó para expresar la acordada -aprobada por estrecho margen, 12 a 10- y que dejó incólumes las garantías de irretroactividad y cosa juzgada al determinarse que “.la tasa de interés aplicable comience a regir desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador”.

¿Quién fija el correctivo ante la depreciación de los créditos laborales?¿El Legislador o los jueces del trabajo? De alguna manera, la cuestión en el día de hoy sigue empotrada en un debate que olvida el punto de partida reafirmando, de modo totalmente anacrónico, si la situación social que diera lugar al dictado de las leyes 25.561 y 23.928 persiste y elucidado que no (lo que es obvio), cuál es la tasa que conviene aplicar. Algunos, muy convencidos, entienden que debería dejarse en manos del Legislador, justamente todo lo contrario de lo que dicen las leyes citadas. Va de suyo que ello sería absolutamente sobreabundante, dado que ambas normas no prohibieron que los jueces fijaran los intereses conforme las normas aplicables del antiguo Código Civil (solamente el art. 11, ley 23.928 reformó los arts. 617, 619 y 623). Dictar una ley que fije una tasa de interés para actualizar los créditos laborales -como lo sugirió alguno de los señores jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-, respetuosamente, no resiste el más mínimo análisis, ya que desliga su fijación del punto esencial a preservar, esto es, el carácter alimentario del salario naturalmente contingente y variable.

Lo que debe rescatarse como método para afianzar la Justicia en este caso, es otro medio de actualización, que guarde correspondencia sistemática con la etiología de los créditos en cuestión, y posea una articulación suficientemente robusta con la historia de la institución que divorcie definitivamente aquél de toda vinculación con la política monetaria, financiera o bancaria del Estado. Eso lo hizo Norberto O. Centeno en 1974 y no hay hasta el momento un sistema que lo supere en coherencia, adaptabilidad a la realidad y contenido protectorio.

Los derechos en juego.Para encarar el cometido expuesto deberé referirme a la naturaleza jurídica de los créditos laborales como obligaciones, a la ruptura contextual que dio lugar a la sanción de las leyes 23.928 y 25.561 (etapas de la “convertibilidad” y la “postconvertibilidad”), y la nueva situación que vive nuestro País (muy distinta a tales “etapas”) que fuera puesta de manifiesto como “política de Estado” en el discurso de asunción del nuevo Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa del día 10 de diciembre de 2015 y en los fundamentos de la primera norma laboral dictada por el Poder Ejecutivo Nacional en esta nueva etapa política que atraviesa el país.

Avizoro tres argumentos: (a) Los créditos laborales no son deudas nominales o de dar sumas de dinero sino deudas de valor; (b) La obsolescencia de las leyes 23.928 y 25.561 que derogaron el art. 276, LCT según ley 23.616 y (c) La inflación recurrente, hecho público y notorio. son diversas caras de un prisma que constituye un obstáculo para la efectiva promoción de los Derechos humanos en juego. Es por ello que los señores jueces de Cámara expresaron su preocupación en orden a imponer un correctivo que no “licue” los créditos laborales, y que ello se ha visto desbordado por los avatares de la inflación. Creyendo que el art.276, LCT hubo “de tener su mármol y su día”, se le confió a las entidades bancarias la custodia de aquel valor, lo que para el ojo profano (que es saber popular) equivale a “enviar al perro a buscar la carne”.

Otra variable que activa esta decisión es la introducción en el nuevo Código Civil y Comercial del concepto jurisprudencial de las obligaciones de valor, concepto históricamente ligado, en el Mundo del Trabajo, con la preservación d el valor salarial vilipendiado desde Celestino Rodrigo hasta el presente (con alguna honrosa “anomalía” histórica como el período 2003/2015 donde los salarios vencían a la inflación), por la recurrencia de la inflación como agente de ajuste. No puedo dejar de mencionar en esta “lucha por el derecho”, por la indexación de los créditos laborales en cuanto deuda de valor, la inclaudicable prédica académica y jurisdiccional del inolvidable Dr. Rodolfo E. Capón Filas. Vaya cada uno de los siguientes argumentos como homenaje permanente a su excelsa persona.

Las obligaciones laborales son obligaciones de valor. El art. 772, CCyCN establece que “Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección”.

Para seguir avanzando en el análisis tendré que referirme a algunos conceptos básicos que tal vez aburran al lector, pero los considero necesarios para fundamentar debidamente la decisión a la que arribo (art. 3°, CCyCN).

En primer lugar debo señalar que las “obligaciones de valor” poseían amplia recepción en la doctrina y jurisprudencia antes de su reconocimiento en el nuevo código y su enunciación ha sido una sabia medida para paliar los efectos de la inflación monetaria.Por ello, y como sucedió con otras instituciones como la unión convivencial -por poner un ejemplo muy caro a los sentimientos de la sociedad- la “indexación” tuvo su matriz en el Derecho del trabajo. Norberto O. Centeno -el

mártir de la Ley de Contrato de Trabajo argentina- escribió un señero artículo cuyo espíritu aquí se recrea también a guisa de homenaje: “El salario como deuda de valor”, publicado en Legislación del Trabajo, Tomo XX, pág. 598 y sigts.

La dialéctica que utilizaremos, por tanto, no constituye novedad alguna y está totalmente resuelta. Me refiero a establecer si el salario o las indemnizaciones laborales (incluso las originadas en accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o enfermedadesaccidente), son obligaciones dinerarias -es decir su objeto es la entrega de una suma de dinero- o constituyen obligaciones de valor. En la primera acepción lo que se debe es dinero, él está en el modo de pago y también constituye el objeto propiamente dicho de la obligación o medio de pago. En cambio, si nos inclinamos por la segunda opción, el objeto de la obligación es un bien que sencillamente es medido por el dinero y no dinero en sí mismo.

Hecha esta sencilla digresión, voy a obviar y dar por sentado que las diversas formas en la apropiación de la fuerza de trabajo a lo largo de la historia de Occidente, han tenido por objeto captar el valor del trabajo, para movilizar las fuerzas productivas. No se conoce otro modo que no sea el trabajo humano en sus diversos matices en ese sentido. También sabemos que esa apropiación tuvo dos manifestaciones inexplicables según ciencia alguna más que resultar un acto de fuerza (esclavismo y feudalismo). La restante, es el producto de la ficción kantiana sobre que las dos partes de un contrato (luego llamado de trabajo) “son iguales” y producen un intercambio sinalagmático que guardaría una suerte de relación lógica (y económica). No hay diversidad sobre el objeto de la apropiación.El contrato de trabajo no altera la relación óntica de apropiación de valor preexistente en el esclavismo y el feudalismo.

También debo establecer que es una obviedad que la fuerza de trabajo es la única capaz de agregar per se valor a los otras fuerzas productivas y que el “salario” intenta significar otro valor que retribuya el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor. Para que el producto se valorice, estoy simplificando, es necesario que en algún sentido se trueque el valor de algún medio de producción de manera tal que brote un valor nuevo, un plusvalor. Ese valor no es otro que la fuerza de trabajo devaluada, si se me permite el juego de palabras.

No me detendré mucho por tratarse de conceptos muy claros y harto conocidos respecto de esta formulación que cuenta con suficiente reflexión crítica en la conciencia de la humanidad. Sencillamente diré que es ilógico suponer que lo que percibe el trabajador y la trabajadora no sea un “valor” por su fuerza de trabajo, si lo que precisamente hace es, desarrollándola, valorizar los productos o la actividad que aprovecha el empleador. A primera vista la valorización de la fuerza de trabajo en el proceso productivo no resulta ser de la misma magnitud del valor propiamente dicho de la fuerza de trabajo, ya que de ser iguales no habría acumulación ni reproducción de capital, otra obviedad.

Al menos desde una perspectiva totalmente científica y sistemática, acotada a la homogeneidad que debe poseer todo razonamiento, si lo que entrego es “valor”, lo que se me da a cambio es “valor”, aunque sea un “menor valor”, no muta la naturaleza de lo trocado. El resto es hojarasca y tosco prejuicio macartista, curiosamente redivivo en los últimos estertores de la fase neoliberal en curso.

Ahora volvamos al texto legal que se inscribe en este concepto.Quiero decir que una ley podrá decir que la obligación laboral es una obligación de dar dinero, pero ello tendría la misma dosis de razonabilidad de sostener que se pueda hacer lo imposible como, parafraseando a Calle 13, “.Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores.”; no se puede cambiar la naturaleza del trabajo que permanece esencialmente inalterado como “valor” desde que las personas habitamos la faz de la Tierra. Tú no puedes llamar mercancía a lo que es fuerza transformadora y creadora de valor. Se me ha criticado por citar a un tema musical en una sentencia, sin saber que “.toda la vida tiene música hoy, todas las cosas tienen música del sol de los hombres.” (Luis A. Spinetta). Pero no le leído críticas sobre aquello a lo que la analogía se refiere: la falta de correspondencia entre significado y significante cuando se desconoce que el trabajo humano es valor y nada más que valor.

Pero salgamos de este ubicuo arte de combinar los sonidos y vayamos al de articular dogmática jurídica, algo supuestamente “más serio”. El art. 4°, LCT de marcado contenido humanista dice que: “Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.

El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley”. El art. 103, LCT, habla de “contraprestación” y no de “obligación dineraria”: “A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo.Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél”. Y, finalmente, la referencia al salario mínimo vital nos representa la robustez del concepto de salario como representativo de un “valor”, el art. 116, LCT lo define con un lirismo impar: “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Casi debería leerse como el valor socialmente necesario fijado para que el trabajador y la trabajadora recuperen su fuerza laboral luego de una jornada de trabajo medida en tiempo de servicio. A tal punto el trabajo es valor (y debo hacer esta referencia por indicativo de la Ley Micaela) que el último párrafo del art. 455, CCyCN dice que “.el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.” lo que implica su carácter oneroso y, por tanto, estimable en valor.

Volviendo al concepto de obligación de valor, dijimos que su objeto es un bien que es medido por el dinero. Sabemos que el art. 105, LCT lo indica como una de las formas en que se expresa: “El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias”, que conforme el art. 107, 2° párr. “El empleador no podrá imputar los pagos en especies a más del veinte (20) por ciento del total de la remuneración” y que cuando los jueces determinamos una remuneración en un juicio su cuantía será fijada “. ateniéndose a la importancia de los servicios y demás condiciones en que se prestan los mismos, el esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos” (art.114, LCT), es decir procediéndose a su “cuantificación”.

He abordado un montón de tópicos harto conocidos para desbrozar consecuencias que me instan a buscar una solución alternativa a la de fijar una tasa de interés totalmente arbitraria y desligada del Mundo del Trabajo.

Ello, desde el punto de vista de la labor jurisdiccional se llama resolver equitativamente. Desde una perspectiva contextual estos conceptos de cuño humanista que estaban inscritos en la ley 20.744 no podían tener absoluta realización sin un mecanismo que fuere paliativo a los efectos de la inflación. Por ese motivo el texto legal poseía el art. 301, hoy reproducido en el abrogado art. 276, LCT.

Hace ya 40 años una de las más lúcidas juristas de nuestro País, afortunadamente implicada en la redacción del CCyCN, Aída Kemelmajer de Carlucci, escribía su señero trabajo “Deudas pecuniarias y de valor; hacia una jurisprudencia de valorizaciones”, que encontramos en la página 276 de la histórica revista Jurisprudencia Argentina, tomo 1976-IV, y cuya lectura debería ser obligatoria en las Universidades que graduaren abogados y abogadas. Ella nos ha enseñado con sobrados fundamentos que en una obligación de valor donde lo debido es el bien, que en el caso de un trabajador es mínimamente algo que “.en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, aquél se valoriza recién en el momento del pago y en una cantidad de dinero (porque así lo establecen los ya citados arts. 105 y 107, LCT) y que ese dinero fluctúa o varía según el aumento del precio del bien.

Ligar una obligación de valor como el salario y las indemnizaciones laborales al nominalismo como lo ha pretendido hacer las leyes 23.928 y 25.561 es restarle su naturaleza alimentaria expresada enfáticamente a la luz del piso mínimo constitucionalmente garantizado en el art.14 bis, que llamamos salario mínimo vital.

Anclaje de la tutela del valor salarial e indemnizatorio en el DUDH. Hasta el momento deslizamos conceptos básicos y algunas normas de la LCT para demostrar que nos hallamos frente a una típica obligación de valor y su regulación legal en el art. 772, CCyCN.

La ontología de la obligación permanece constante. Esto significa que nace como una obligación de valor y que una vez reconocida por sentencia judicial, como aquí se hace, la liquidación que se practicará en la oportunidad procesal del art. 132, LO nada modifica dicha conclusión ya que siempre subsistirá como una deuda de valor, hasta el momento que opere el pago.

El menú de normas internacionales que preservan la intangibilidad salarial es muy ilustrativo. A partir de su análisis surge palmario que la depreciación monetaria del salario -como deuda de valor- atenta contra la intangibilidad salarial, lo que equivale a decir que el tiempo transcurrido desde que la deuda salarial o indemnizatoria debió abonarse y el momento en que efectivamente se hizo, si permaneciéramos atados al nominalismo se produciría una merma significativa en su cuantía que termina desnaturalizándola.

El PIDESC norma rectora. Cumplimiento en autos de los Principios de Limburgo. Debo resolver este “caso” conforme el 1°, CCyCN. Por ello, el art. 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el marco del reconocimiento del derecho “.de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.”, y en lo relativo a la remuneración (inc. a), la define nítidamente como una acreencia de valor. Establece que los Estados Parte deben reconocer “.Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.” (sub. inc. i) “.Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto.” (sub. inc.ii); “.La seguridad y la higiene en el trabajo.” (inc. b); “.Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.” (inc. c) y “.El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos” (inc. d).

El Protocolo de San Salvador -ley 24.658- reproduce en líneas generales tal formulación (art. 7°).

Interesa, como en todo lo concerniente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que siempre aplico como Juez de Derechos Humanos, el art. II.7, de la Observación General N° 18 del Comité: “.El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto, debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya en el artículo 7 del Pacto.” La “renta” del trabajo es valor apropiado que debe devolverse en términos sinalagmáticos, es decir, en valor.

Nunca debemos olvidar que el 10 de mayo de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial y cuando aún no se avizoraban los gravísimos crímenes de lesa humanidad que se estaban perpetrando, la Conferencia General de la OIT, resolvió emitir una Declaración relativa a sus fines y objetivos, cuyo punto I.a es más que elocuente:”el trabajo no es una mercancía” y, con absoluta precisión el punto III.b se compromete a promover políticas que signifique “.adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección” y un resto de medidas que guardan relación con la plena promoción de la persona que trabaja en orden a sus condiciones de vida y de labor (punto III, inc. c, f, g, h, i, j).

La mención expresa o tácita al “valor” que significa la remuneración no admite discusión seria alguna. En forma contundente el art. 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos esboza el principio general que sitúa al concepto en sintonía con nuestro art. 4º, LCT y -como vimos- la razón de ser de la OIT: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

La inflación agrede estos conceptos, en la medida que el transcurso del tiempo disminuye de modo exponencial la capacidad de la persona que trabaja para acceder a los derechos básicos que le proporciona una “remuneración equitativa y satisfactoria”.

No escapa a mi convicción judicial que al intentar preservar el valor de las obligaciones que por esta sentencia se reconocen, estoy realizando en nombre de la República Argentina y para el caso de autos, algunos Principios que son fundamentales para la real vigencia del PIDESC. Concretamente, tengo obligación de hacerlo porque como Juez Federal mi primera obligación es promover el Bloque de Constitucionalidad Federal.

Dice el punto 21 de los Principios de Limburgo: “La obligación de ‘lograr progresivamente.la plena efectividad de los derechos’ requiere que los Estados Partes actúen con toda la rapidez posible para lograr la efectividad de los derechos. Bajo ninguna circunstancia esto será interpretado de manera que implique que los Estados tienen el derecho de aplazar indefinidamente esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad. Al contrario, todos los Estados Partes tienen la obligación de comenzar inmediatamente a adoptar medidas dirigidas a cumplir sus obligaciones bajo el Pacto”.

Ello me lleva a reconocer que si mantengo la restricción a la cuantificación de una obligación de valor que me imponen las leyes 23.928 y 25.561 en detrimento de un grupo vulnerable de la sociedad como son lxs trabajadorxs, estoy actuando de un modo regresivo. Además “.Los Estados Partes tienen la obligación, independientemente de su nivel de desarrollo económico, de garantizar el respeto de los derechos de subsistencia mínima de todas las personas.” (punto 25), situación que nítidamente se desvanecería si dejáramos que un crédito laboral se “licue” por el efecto del tiempo y la inflación sin adoptar una medida rápida, objetiva y eficaz que le ponga fin a dicho deterioro.

No me cabe duda alguna que el sistema del art. 276, LCT es el más eficaz para la realización del derecho en cuestión. De este modo estoy cumpliendo con el punto 27 de los Principios de Limburgo: “Al determinar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto, se tendrá en cuenta el acceso y uso equitativos y eficaces de los recursos disponibles”.

Luego, como Juez de Derechos Humanos, tengo obligaciones que su inobservancia comprometen al Estado Argentino. Se me ocurre que si no desactivo por anticonvencional las leyes 23.928 y 25.561 en tanto impiden la aplicación del art.276, LCT estoy omitiendo eliminar “.rápidamente los obstáculos a que está obligado a eliminar para permitir la efectividad inmediata de un derecho.” no aplicando “.sin demora un derecho a que está obligado a garantizar de inmediato conforme al Pacto.”, imponiendo “.una limitación a un derecho reconocido en el Pacto en contraposición con lo estipulado en el Pacto.” y retrasando o interrumpiendo intencionalmente “.la realización progresiva de un derecho, al menos que se actúe dentro del contexto de una limitación admitida por el Pacto o por razones de la falta de recursos disponibles o de fuerza mayor” (punto 72).

La declaración de anticonvencionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 que abrogaron el art. 276, LCT realiza la vigencia y plena efectividad de la DUDH, el PIDESC, el Protocolo de San Salvador y otras normas que no voy a citar para no ser reiterativo. Tengo la obligación de hacerlo por imposición de los Principios de Limburgo.

La ley de convertibilidad y de post-convertibilidad para el mundo del trabajo son anacrónicas; ergo, irrazonables. Ya he hecho mención al señero fallo de la Corte Suprema sobre este punto concreto, recaído en la causa “Valdez”.

Como en todos los casos que debe resolver un Juez de Derechos Humanos, al tiempo de cuestionar la validez de una norma y declarar su anticonvenci onalidad y anticonstituionalidad, debe someter la cuestión a la famosa fórmula de Radbruch, es decir: “la validez de las normas jurídicas no depende de la justicia o injusticia de su contenido, salvo que éste sea insoportablemente injusto”.

La ley 23.928 que abrogó el art.276, LCT instaurando un sistema nominalista y de estabilización monetaria anclada en el dólar estadounidense se está refiriendo a un contexto histórico que no es el actual.

No hay convertibilidad y esa moneda foránea vale varias veces más de aquél ficticio y dulce “uno a uno”. Tenga en cuenta el lector que la primera vez que declaré la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley 23.928 -agosto de 2016-, el dólar estadounidense cotizaba a $15,10 (puede corroborarse en google). ¿Cuánto cuesta hoy después de 3 años de neoliberalismo? Volviendo a 1991, el propósito de la norma era “frenar la inflación” y, como es de público y notorio conocimiento, al tiempo que se dicta esta sentencia una de las pulsiones económicas que vive nuestro País y sufren los trabajadores, es la alta inflación que impacta en la canasta básica, esto es, en lo que más destinan sus ingresos. Según los estudios que periódicamente publica el IET -Instituto de Estadística de los Trabajadores-, articulado por el Centro de Innovación de los Trabajadores, el CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y pueden consultarse en http://www.umet.edu.ar, todos los análisis estadísticos del comportamiento de los precios refleja la mayor incidencia de los ítems “alimentos y bebidas”, “vivienda y sus servicios” y “transportes y comunicaciones”, en los deciles más bajos, esto es, que la inflación impacta con mayor robustez entre los sectores de menores ingresos, entre los que destacamos a los trabajadores asalariados.

En un interesante trabajo de Santiago Fraschina, Director de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda aparecido en el Suplemento Cash de Página/12 del 28-5-2017, se postulan, respecto de esta situación acuciante que viven los sectores más desaventajados de la sociedad los siguientes puntos quiciales descritos como “Claves” de lo que llama “inflación ajuste”: “.Los aumentos de precios se dispararon en 2016, ubicándose en los niveles más altos de los últimos catorce años.La batería de medidas que se implementó avivó la escalada de precios, lo cual afectó los niveles de consumo, atentando contra el desarrollo del mercado interno. En los servicios públicos, los aumentos fueron particularmente intensos como consecuencia de la reducción de los subsidios que se habían implementado durante el anterior gobierno. Cuando se la mide desde el inicio del macrismo, utilizando el índice general del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, ya acumula un 57 por ciento. A pesar de la retórica antiinflacionaria, el combo de medidas implementadas en este segundo año no parece estar contribuyendo a solucionar el problema.” Esto se escribía en mayo de 2017. Luego de ello hubo dos brutales devaluaciones que llevaron el índice de inflación a niveles de 1989 cuando “la híper”.

Como se podrá apreciar, desde que dicté la primera sentencia como Juez subrogante de este Juzgado (“Corigliano, Antonia v. HSBC Seguros de Vida Argentina SA s/despido” [SD del 10-8-2016, Expte. Nº 62.034/2013]), vengo siguiendo la evolución del costo de vida y ratificando permanentemente mi convicción en orden a que para corregir los siniestros efectos que produce la inflación sobre el salario de los trabajadores, es el más idóneo de los métodos.

A su vez, la ley 25.561, de salida de la convertibilidad o “pesificación asimétrica” se dictó como saldo de la crisis social de 2001, en un contexto de virtual disolución nacional que, gracias a Dios no es el que volvimos a vivir los argentinos. Se supuso allí que volver a la “indexación” acompañaría la inflación y por ello se mantuvo la abrogación al art. 276, LCT.Entiendo que esa decisión legislativa violó el principio de igualdad y en detrimento de los trabajadores, ya que a éstos se les vedó un método para mantener la intangibilidad de sus créditos, mientras que a otro sector de la sociedad se implantó un sistema de indexación -llamado pomposamente Coeficiente de Estabilización de Referencia CER- mediante ley 25.713 publicada el 8 de enero de 2003. Esto constituye un tratamiento desigual en perjuicio de lxs trabajadorxs lo cual es axiológicamente intolerable. También hubo formas de “indexación impropia” como la suscripción de contratos atados a subas escalonadas; el acortamiento de los plazos de contratos; las llamadas “cláusulas gatillo” que imponen la obligación de renegociar cuando la inflación llega a cierto nivel preconvenido; los ajustes periódicos en tarifas, salud o educación, etc.

Muchos sectores han instaurado mecanismos que sortean la prohibición de indexación en “defensa propia” frente a la inflación.

Es interesante señalar que en este movimiento de auto-tutela, debe inscribirse la ley 26.417 que rompió la lógica de la inmovilidad del haber jubilatorio, a su vez cautiva del nominalismo de la “convertibilidad” ethos en el cual fuera sancionada la ley 24.241 en su concepción original. Como es sabido la norma consagra un índice (que no deja de ser un índice de actualización por desvalorización) que se calcula según un promedio entre las variaciones producidas en los recursos tributarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y el índice general de salarios determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o la variación del RIPTE -índice basado en la Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables- publicado por la Secretaría de Seguridad Social. De ambas se aplica la más favorable, durante el lapso enero-junio para el ajuste de septiembre del mismo año, y julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente.Al incluir ambos componentes intenta asegurarse que los haberes jubilatorios seguirán la evolución de los salarios, a la vez que acompañarán el aumento de los ingresos al sistema. Luego, lamentablemente, se modificó la fórmula de movilidad en perjuicio de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, pero manteniéndose un sistema que vincula la adecuación, al índice de precios al consumidor. Métodos indexatorios se han utilizado, por ejemplo en el casi desaparecido plan Procrear de construcción de viviendas con una tasa de interés modificada por un “índice UVI” -unidades de vivienda- que se actualiza diariamente por el Coeficiente de Estabilización de Referencia CER, ya aludido.

El art. 6º, ley 27.271 establece, concretamente, “.El valor inicial en pesos de la UVI será determinado por el Banco Central de la República Argentina, utilizando como referencia la milésima parte del valor promedio del metro cuadrado construido con destino a vivienda en la República Argentina, de forma tal que 1.000 UVIs serán equivalentes a un metro cuadrado (1.000 UVIs = 1 metro cuadrado). El valor del UVI será actualizado mensualmente a través del índice del costo de la construcción para el Gran Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar modelo 6. El Banco Central de la República Argentina publicará periódicamente el valor diario en pesos de la UVI.” El Banco Central “re-bautizó” este medio de indexación, denominándolo UVA -como en Chile- (Unidades de Valor Adquisitivo), en varias entidades bancarias (públicas y privadas) se ofrecen créditos hipotecarios bajo esta modalidad, e incluso el método sirve para los prendarios y personales. Un portal de noticias explicaba cómo sería esta nueva forma de actualización: “.El crédito no se toma ni en pesos ni en dólares, se toma en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se convierten a pesos y se ajustan por el índice de inflación CER.Todos los meses el deudor paga un porcentaje de UVA convertido a pesos y se achica la cantidad de unidades que debe. Hasta ahí todos de acuerdo. El problema es que si en un mes la inflación es más alta que la cantidad de UVA que se cancela, la deuda pendiente de pago no sólo no se reduce, sino que aumenta. Pero si a eso se agrega que el dólar fluctúa a la baja, en ese período el deudor recibirá la noticia de que el capital que debe en dólares es mayor al que se tomó cuando contrató el crédito. Así, por ejemplo, quien tomó un crédito de 71.174 UVA, recibió del banco 1.025.617 pesos, equivalentes a 71.973 dólares en abril, cuando se lanzó el sistema. En mayo pagó la primera cuota de $ 6932 y canceló por el sistema de amortización francés 174 UVA, ya que el grueso de la cuota va a pagar intereses, por lo tanto pasa a deber 71.000 unidades, que equivalen a $ 1.052.220, es decir, que su deuda con el banco se incrementó en $ 25.000. Pero hay algo peor, si esa deuda se convierte a dólares, pasó a ser de US$ 75.104. El capital adeudado aumentó US$ 3930 en un mes. En el BCRA explican que esa situación se da sólo porque se concentraron los meses de mayor nivel de inflación en la etapa inicial de un crédito, que es cuando el grueso de la cuota va a cancelar intereses y no capital, y con el dólar planchado. E insisten en que la secuencia debe medirse en el mediano plazo. Una apreciación del tipo de cambio en un contexto de inflación alta, como el que se dio en el segundo trimestre, tendría también un aumento de los salarios medidos en dólares, por lo tanto el incremento de la deuda tendría como contracara un aumento de los ingresos en dólares.Algo parecido pasa con la inflación y los salarios, porque la correlación de las dos variables es muy alta medida en plazos extensos, como los que requiere un crédito hipotecario. El Santander Río evaluó la serie de salarios e inflación de los últimos 50 años y detectó que sólo se registró un desvío en 2002. El resto del tiempo las dos variables fueron de la mano sin alejarse más de un 5%.” (http://www.lanacion.com.ar/1952455-el-despegue -de-los-creditos-uvauna- opcion-no-apta-para-cardiacos, consultada el 17-4-2017) En Argentina tenemos créditos hipotecarios in-de-xa-dos.

Algunos analistas económicos avizoran la posibilidad de que el método pueda generar una vernácula Subprime Mortgage Originations, si algunos fondos de inversión comenzaran a comprar estas carteras de crédito hipotecario a “valor buitre” (http://www.ambito.com/880145- alertan-por-los-riesgos-de-los-creditos-hipotecarios-uva-si-semantiene- inflacion, consultada el 8-12-2017) Por desgracia, las megadevaluaciones de 2018 y 2019 y las tasas de inflación descontroladas volvieron a estos créditos en impagables, devolviendo a sus tomadores una angustia que sufrieron en su momento las víctimas de la tristemente célebre “Circular 2050”.

La realidad se desenvuelve con mayor elasticidad que los conceptos académicos. Prueba de ello es que mientras se desarrollaba el cíclico conflicto salarial docente (año 2017), la entonces gobernadora de la provincia más importante de la República, propuso pagarles a los trabajadores de la educación “.todo lo que suba la inflación.” (ver http://www.clarin.com/sociedad/provincia-propone-aumentarlesdocentes- suba-inflacion_0_rJ6Lusm5g.html consultado el 1-3- 2017). Seguramente esa propuesta se inscribe en lo que venimos sosteniendo en esta sentencia: no hay mejor punto de referencia para el valor de la fuerza laboral y establecer su carácter “remunerador” que tener en cuenta la inflación de los precios.Todas estas reflexiones sirven, como saldo argumental a tenerse en cuenta que muchos sectores de la economía social han buscado mecanismos que mantienen incólumes sus ingresos frente a la inflación, con excepción de los trabajadores, salvo alguna expresión muy aislada que parcialmente se cumplió.

Aun con estos paliativos, la situación social ha mutado ostensiblemente. Quiero resaltar, para descontextualizar esos dos momentos históricos -1991 y 2003- el Mensaje del Excmo. Señor Presidente a la Asamblea Legislativa del día 10 de diciembre de 2015 para advertir en qué lugar axiológico se sitúa su visión del Mundo del Trabajo. Dijo en esa oportunidad: “.Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños. Quiero darles una vez más la confirmación de que vamos a cuidar a todos. El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en especial para los que menos tienen.” Más allá de la concreción efectiva de estos anuncios (el lector podrá establecer si estas promesas se han cumplido o no), la igualdad de oportunidades, la confesión de cuidado a los sectores más desaventajados de la sociedad claramente no parecen ser compatibles con el envilecimiento de una obligación de valor, de contenido internacional y constitucional como es el salario, por efecto de la inflación y un tratamiento peyorativo en orden a otros ingresos que se preservan de la misma utilizando verdaderas técnicas de indexación. De este modo, colocar la mirada del Estado en las personas que trabajan constituye una oportunidad que nadie puede desperdiciar, desde el lugar en que se encuentre. mucho menos desde la función judicial. Ha dicho el Sr. Presidente y en esta sentencia intentamos cumplir con sus anhelos:”.Pero para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable.” Dejemos de lado que, efectivamente, la pobreza creció como el índice de desocupación. Tomemos esta proposición como una “aspiración axiológica” más allá de su utilización declamatoria. Bajo tal premisa, no se me ocurre mejor mecanismo para preservar el trabajo existente que mantener incólume su contraprestación, el salario. Esta mirada que se nos proporciona desde la más alta magistratura del País, no escatima referencias contextuales que aquí utilizaré para interpretar si es razonable o no mantener pretéritas normas en orden a su convencionalidad o constitucionalidad. Para ello, viene a cuenta los fundamentos del dec. 701/2016. En el texto normativo y con motivo del veto a la ley antidespidos, el Poder Ejecutivo Nacional hace referencia a menciones de naturaleza contextual que se habrían efectuado en los años 2010 y 2014. En un adecuado ejercicio de la diacronía hermenéutica dice la norma:”.Que dichas manifestaciones son públicas y se refieren en forma negativa a este tipo de normas (se refiere a la agravación del despido).

Así, se ha manifestado en forma pública que ‘tiene efectos completamente opuestos’, que ‘iban a tener una reacción inversa a lo que necesitaban los trabajadores’, que son ‘una repetición de lo que se hizo después de la convertibilidad y que significó una licuación del poder adquisitivo’, que ‘resulta evidente la intención de ayudar a fabricar artificialmente otras crisis’.” Hay una doble referencia -en la cita y en lo que se decide en el decreto- a una asincronía entre las situaciones mencionadas como existentes en 2010, 2014 y 2016 disimiles a la operada “después de la convertibilidad”, infundiéndose soluciones jurídicas diversas a las adoptadas en ese momento (concretamente la “doble indemnización”). Debo interpretar que al vetar la ley antidespidos el PEN descontextualiza situaciones pretéritas invocando el beneficio del empleo y bienestar de los trabajadores; ello, por lógica, autoriza a descontextualizar otra (la prohibición de indexar) que también garantiza una mejor promoción de sus derechos. La aplicación del criterio razonable por la modificación del escenario contextual es un interesante ejercicio que resalta los fundamentos del dec. 701/2016: “Que tales manifestaciones son también aplicables para la situación actual, por lo que luce irresponsable que en una materia sensible como es el de la creación de empleo se modifique la posición en función de una supuesta conveniencia puntual”. Sin “convertibilidad” ni “post-convertibilidad” en el escenario actual también es irresponsable que en una materia fundamental como la preservación del valor del salario, se mantenga la inhibición de utilizar un mecanismo idóneo para que el mismo se contenga incólume, como el art. 276, LCT.

En otra recordada intervención, el Sr.Presidente ha declarado que “.Los convenios laborales del siglo XX, en muchos casos, no sirven en el siglo XXI, porque estamos en un mundo distinto.” (https://www.cronista.com/economiapolitica/Macriinsiste- Los-convenios-laborales-del-siglo-XX-no-sirven-20161202- 0050.html, consultada el 8-12-2017), lo que implica su anacronismo.

Si para impedir la agravación indemnizatoria vale decir que no estamos en 2002, si para propugnar un cambio de paradigma en la negociación colectiva vale decir que no estamos en 1975, también vale para autorizar la aplicación del art. 276, LCT, ya que no estamos en 1991 ni en 2001. Es irrazonable, injusto e inequitativo mantener, pues, la restricción de la indexación de los créditos laborales mecanismo inigualable para su cuantificación en tanto obligaciones de valor. Ha cambiado el contexto, ergo, debe adecuarse la norma jurídica individual, esta sentencia.

La cuantificación del valor. Art. 772, CCyCN. “Resurrección” del art. 276, LCT. A esta altura de la cuestión debo indicar una circunstancia que no merece pasarse por alto. En el texto del anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, el Poder Ejecutivo ha suprimido la frase que establecía que la cuantificación de una deuda de valor no podía ser realizada empleando exclusivamente índices generales de precios, manteniéndose lo demás.

Esto significa que el nuevo ethos implantado por el codificador no prohíbe expresamente utilizar un mecanismo como el que establecía específicamente para el Mundo del Trabajo el art.276, LCT.

Con el obstáculo de las leyes 23.928 y 25.561, como se ha visto ut supra, los jueces utilizaron diversas tasas de interés mezclando promiscuamente su componente “compensatorio” y “moratorio”.

Desde esa perspectiva, se ha atravesado dos etapas lógicas y ficticias como todo modelo de análisis.

Una primera, la de la “convertibilidad”, “donde no había inflación” hubo una tasa de interés “pura” que, por definición, sería interés moratorio y no compensatorio ya que -sin inflación- no había por qué compensar los efectos de la desvalorización. Luego, en la “postconvertibilidad”, vigente la prohibición de “indexar” se echó mano a parámetros supuestamente objetivos para tener por contempladas ambas tasas de interés -la compensatoria y la moratoria- en una misma bolsa. Se pasó, de este modo, de la tasa pasiva a la activa y finalmente a la de libre destino, etc. Citando ex profeso al doctor Arias Gibert supongo que estas ficciones convirtieron al trabajador en un “.prestamista forzoso del empleador.” y ello nada tiene que ver con la naturaleza de la obligación a cuantificar que, recordemos, está definida por los art. 4° y 116, LCT y las normas internacionales que indican para qué el salario debe ser equitativo y satisfactorio.

Llenaría de lugares comunes esta sentencia si definiera qué es la tasa de interés, sea como un costo de un crédito que alguien ha tomado, la rentabilidad de un capital ahorrado o, para los monetaristas, un instrumento de la política económica. No veo en ninguno de esos tres componentes el rostro de un trabajador o una trabajadora.

Contrariamente a ello, entiendo plenamente al Legislador de 1974 que escogió otro mecanismo do lugar do pobre (el art.301, ley 20.744) disponiendo que, para que su salario judicialmente demandado continúe siendo equitativo y satisfactorio (y por lo tanto esencialmente alimentario), lo ató para preservarlo de la inflación a su condición de consumidor de bienes y servicios de primera necesidad.

Por eso, entre optar entre el mundo de los financistas, bancarios e inversionistas, y el de lxs trabajadorxs consumidores, la ley 20.744 escogió este último camino. Cuando hay una demanda judicial y se reconoce un crédito, los mismos “.serán actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria.” aplicándose “.los índices oficiales de incremento del costo de vida.” Si sometemos los créditos laborales al mundo financiero consagramos una verdadera indecencia laboral, ya que el salario no es el resultado de la valorización de una “mercancía” (que ya vimos que no lo es) sino un bien social en sí mismo cuya naturaleza desde los Derechos Humanos debemos defender. Si postulamos a partir del art. 4°, LCT que constituye un paliativo al tiempo socialmente necesario para que el trabajador o la trabajadora además de reproducir su fuerza laboral le alcance para que se “.le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.”, voy a contestar el axiológico llamamiento del citado camarista laboral. en este expediente la parte actora no va a ser “prestamista forzoso” de la demandada, cualquiera que fuere la tasa que me sugieran.

Declaración de inconvencionalidad e inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561. El nuevo art. 1°, CCyCN me autoriza a aplicar directamente la normativa que he venido reseñando de jerarquía internacional y constitucional que se contrapone a reglas de inferior valor como las leyes 23.928 y 25.561.

Es decir, voy a contestar la fórmula de Radbruch en el sentido que me resulta insoportablemente injusto que la parte pretensora no vea preservado el valor del crédito que aquí se reconoce sin un mecanismo idóneo como el que contempla el art. 276, LCT.

Aquella norma que cité al comenzar este parágrafo no admite discusión alguna.Este “caso” debe ser resuelto “.conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte”.

Con eso bastaría. Sin embargo, para satisfacer una más depurada técnica jurídica, voy a declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7°, 8º y 13 de la ley 23.928 y 4° de la ley 25.561 en tanto derogan y/o abrogan el art. 276, LCT -texto según ley 23.616- que declaro aplicable a la causa.

La declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de oficio la resuelvo de conformidad con la doctrina del Tribunal Cimero en autos “Mill de Pereyra, Rita Aurora; Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa”, de fecha 29 de septiembre de 2001, ampliamente utilizada por el Tribunal ad quem que, para no ahondar en su muy conocido desarrollo conceptual, se resume en que “.si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces, que se resume en el antiguo adagio romano iura novit curia y que incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución”.

Va de suyo que al declararse la inconstitucionalidad en esta primera instancia, las partes que estimen que la misma causa agravio, podrán articular sus defensas ante la alzada, lo que garantiza plenamente su derecho de defensa y el principio de congruencia (art. 277, CPCCN).

Me declaro competente para mirar el pasado. Dije, en agosto de 2016: “.Es muy probable que esta decisión de establecer que el crédito reconocido a la parte actora se actualice por el índice de precios al consumidor genere reacciones que merecen aquí algunas aclaraciones.” Pasado ya un tiempo prudencial ese propósito no fue tan catastrófico como pensé en aquél momento.Pero como esta decisión es aplicable sólo al caso de autos, repetiré los argumentos que, creo humildemente, no han sido refutados en la alzada donde sistemáticamente se siguieron los criterios impuestos por las decisiones de la propia Cámara sobre tasa de interés, sin detenerse a considerarlos ni tampoco advertir que el nuevo CCyCN ha producido una verdadera revolución sobre la materia al introducir el concepto de deuda de valor y discernir claramente entre los intereses compensatorios y los moratorios, sin desmedro de la facultad jurisdiccional de reducirlos, como haré en la presente causa.

Lo que primero se dirá es que se ha roto un “tabú”.

En realidad, un conjunto de “tabúes”. Uno, obsoleto y sepultado, el de la “convertibilidad” que fue precisamente el que eyectó del escenario económico a la “indexación” vinculándola como causa eficiente del segundo tabú, el de la “inflación” (aumento continuo de precios de bienes y servicios en el mercado en un tiempo considerado). La ley 23.928 ha sido el mecanismo que en aquél entonces (1991), se escogió para “desindexar la economía”. Ya hemos visto que ese contexto no es el actual y que resulta por tanto irrazonable seguirla aplicando cuando la realidad ha variado sensiblemente.

El tercer “tabú” es más reciente. Tomado de la biología se ha utilizado la palabra “esperilización” (ya vimos que se habló de ella al resolverse el Acta 2601/2014), una suerte de combinación de causas económicas que conjugadas entre sí aceleran el proceso inflacionario de modo robusto. La lógica indica que “inflación” y “esperilización” poseen la misma homogeneidad y lo que diferencia uno del otro es el grado de magnitud.En realidad, el neologismo encubre una palabra que ya no es tabú sino activadora de pánico:

“hiperinflación”. Si se acepta esta premisa, tanto “inflación” como “esperilización/hiperinflación” tienen una misma etiología y lo que varía es la robustez de aquella siendo el último estadio el que provoca un rechazo irracional que recicla el “tabú”. No resulta lógico, en esta concepción tan sencilla, poner en el lugar de “causa” al índice que representa la “inflación/esperilización/hiperinflación” ya que aquél sencillamente establece una comparación entre un precio y la cantidad de bienes y servicios que se pueden consumir en un período de tiempo y representa la magnitud de estas últimas, siendo la “hiperinflación” la semióticamente intolerable.

No parece serio atribuirle a la “indexación” de una deuda de valor, expresada en términos pretéritos (y en esto quiero ser muy claro) el carácter de “causa” de la inflación. Ésta, en sus diversas magnitudes, puede atribuirse al aumento de costos (entre los que podrían encontrarse los “laborales”), el desequilibrio entre la oferta y la demanda (por razones obvias y harto conocidas erigidas al grado de “ley económica”), la devaluación del peso (que en un país productor de materias primas y alimentos adquiere un matiz dramático porque arrastra sus precios a la alza en el mercado interno), sus efectos sobre el aumento de los precios de los bienes medianos de importación que abastecen la industria nacional (el llamado efecto stop and go), la emisión monetaria, el encaje bancario, el desequilibrio fiscal, el endeudamiento externo, la “primarización” de la economía, las tarifas (o tarifazos) de los servicios públicos indispensables como el transporte, agua, luz y gas, la internacionalización del precio de los combustibles líquidos, etc. Son todas causas plausibles y de acuerdo a las distintas escuelas económicas.Pero indicar que la indexación “hacia atrás” de una deuda de valor es causa de inflación es insostenible; tiene la misma entidad significante que suponer que administrar paracetamol produce al enfermo más fiebre. Que el remedio no baje la fiebre no significa que sea causa de la fiebre; mucho menos que la aumente. Habrá que buscar otras causas.

Pero he hablado de un “tabú” y cabe la posibilidad de que el lector me atribuya que al “indexar” una deuda de valor he roto el “tabú de la desindexación” (¿sería el cuarto?). Trataré de demostrar que se trata de un prejuicio terminológico y no conceptual. Hasta aquí hemos aceptado que por efecto del tiempo, la deuda de valor que debió percibir la parte actora al tiempo en que se produjeron los hechos de la litis, ha quedado desvalorizada. Desde 2002 ese daño que está en la naturaleza de las cosas se compensa utilizando un mix de intereses compensatorios y moratorios. ¿No constituye ello una forma de “indexarla” utilizando un índice impropio (la tasa de interés)? En efecto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ante la abrogación del art. 276, LCT se vio en la loable necesidad de escoger un método que a nuestro juicio resulta totalmente extraño al mundo del trabajo.

¿Es el trabajador un agente del mercado de capitales, opera en el mercado financiero, adopta decisiones racionales recorriendo bancos en búsqueda de uno o dos puntos más o menos de interés para imponer un plazo fijo, toma préstamos para invertir el dinero en emprendimientos económicos, etc.? ¿Su vida cotidiana guarda relación con la tasa “pasiva”, la “activa” o “la de libre destino”? Obviamente no. Sus ingresos se miden en cantidades de litros de leche, kilogramos de carne, de pan, verduras, alquiler, precios de tarifas, prestación médica, escuela para sus hijos, etc. que consume en un mes.Me resulta más equitativo para ambas partes utilizar un índice corrector de la desvalorización monetaria desde el lugar del consumo de bienes de primera necesidad que tomar el precio de la moneda (en tanto mercadería) como el interés.

Incluso, en algunas circunstancias, el índice de precios al consumidor resulta más equitativo para el deudor. Más equitativo y utilizo el concepto ex profeso.

No es raro suponer que en ciertas circunstancias que la tasa de interés sea utilizada por la autoridad fin anciera, por ejemplo, como instrumento para bajar la demanda de dólares estadounidenses subiendo su valor a términos artificiales termine, tal vez, ganándole a la inflación misma. En ese caso el índice del costo de la vida será menos gravoso para el deudor, lo que coloca a esta decisión en el punto exacto de equilibrio. Desde la crisis de las “Lebacs” que desencadenaron la megadevaluación de abril y mayo de 2018 el BCRA fija tasas exorbitantes que han desatado el proceso llamado carry trade, fuga de capitales y default técnico.

Indexar como lo había pensado el Legislador de 1974 significa restañar el daño que la inflación -cualquiera

sea su grado- ha provocado en la cuantía del valor salarial o indemnizatorio que debe percibir el trabajador y la trabajadora, medido en la forma que el propio texto de la ley 20.744 define al salario como medio de vida para las personas que trabajan, esto es, su carácter alimentario. Y ahora rescato el valor temporal del procedimiento que corresponde utilizar (hacia atrás).

Esta sentencia no es la que ha causado la inflación que ha sufrido la parte actora. Voy a hacer un ejercicio de sencilla comprensión. Contrariamente a lo que declama Irene Menéndez Hastings -personaje de “El secreto de sus ojos” (“Mi vida entera fue mirar para adelante, atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente”)-, los jueces debemos mirar hacia atrás.Por eso y porque nuestras sentencias sólo afectan al caso concreto, la forma que aquí se determina para mantener el valor del crédito laboral reconocido no puede producir un efecto general ni altera la lógica de quienes continúen aplicando el Acta 2601 o la reciente 2658. Se trata de un método diverso que corrige lo pasado, a mi juicio más razonable y equitativo que la “tasa de libre destino” o la recientemente reimplantada “tasa activa anual, vencida, cartera general diversa del Banco Nación”.

¿Por qué digo que miro “hacia atrás”? El ilustre riojano Joaquín Víctor González, primer exégeta de nuestra Constitución, acuñó un lugar común que aparece palmario en esta sentencia. Sostuvo en su ciclópea obra de 1897 “Manual de la Constitución Argentina” que la triple división en funciones del poder estatal, signo de republicanismo, es la más adecuada para la satisfacción de los fines de todo gobierno y una inigualable manera de defender y garantizar los derechos y libertades del hombre.Al indicar las incumbencias de cada poder sostuvo que mientras uno se encarga del dictado de la ley conforme a la Constitución, el Poder Ejecutivo su función administrativa correspondiéndole velar que las leyes se cumplan y observen y el Judicial interpreta y aplica las leyes a los casos en los cuales se suscitan conflictos.

Concluye (y este es el “lugar común”): “.En otras palabras, el legislativo obra para el futuro, el ejecutivo para el presente y el judicial para el pasado”.

Por eso, esta sentencia no debería producir más efectos que el caso concreto y mal se interpretaría que al declararse la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación de los créditos laborales implica alterar la incumbencia de los otros poderes del Estado o, alterar la política general del gobierno.

Miro el pasado, me declaro competente, intento restañar el daño a la luz del Derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional y aspiro a que los otros Poderes de la República se decidan a regular de modo general esta situación, de manera de garantizarle a todos los ciudadanos, especialmente a las personas que trabajan, un sistema que preserve la intangibilidad del valor salarial. No encuentro otro mejor que el que consagrara la ley 20.744 y por eso lo aplico.

Índice aplicable para realizar el ejercicio del art. 772, CCyCN. IPCBA. La norma que voy a aplicar, el art. 276, LCT establece que debo proceder a cuantificar el valor utilizando un mecanismo que al menos tenga “.en cuenta la variación que experimente el índice de los precios al consumidor en la Capital Federal.” Por tal motivo, considero como más representativo de esa variación al índice que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (para mí, Capital Federal), conocido como IPCBA, que tanta difusión ha tenido en estos últimos años y se publica sin solución de continuidad desde julio de 2012.Debo señalar que no utilizo el tradicional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC por los motivos de público y notorio conocimiento, por sus indescifrables alteraciones en orden a los parámetros para medir la variación de los precios y que hubo períodos en que no informó los índices (el llamado “Apagón Todesca”).

En lo demás se seguirá el parámetro para cuantificar las obligaciones de valor que aquí se reconocen que utiliza el propio art. 276, LCT, esto es desde que cada suma fuera debida -en este caso desde el 31-7-2015- y hasta su efectivo pago.

Siguiendo la lógica y sistemática legal, en caso de producirse pagos parciales en la etapa de ejecución de sentencia (art. 260, LCT), los mismos se deducirán actualizados por el mismo método (doctrina art. 255, LCT), a fin de mantener incólume la equidad de las prestaciones.

Los índices de actualización no son exactos, claro está. Es un lugar común sostener como lo hacía George Bernard Shaw que “.La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno.” Basta leer una reflexión del Padre Francisco “Paco” Olveira, referente de los Curas en Opción por los Pobres: “.me gustaría que alguien del Indec me explicara cómo puede haber menos pobres con una inflación del 5,2 por ciento en la canasta básica solo en los meses de enero y febrero y proyecciones del 2,5 por ciento para marzo y aún mayor para abril; una baja en lo que reciben lxs padres beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos gracias a la última reforma-saqueo-previsional y un ajuste en los sueldos de, quienes tienen la suerte de tener un empleo formal, con un aumento estimado del 15 por ciento frente a un 20/25 por ciento de inflación anual. No creo en esos datos del Indec, con ‘buena fe’ puedo llegar a pensar que al ser de 2017 ya están más que desactualizados.Los curas en los barrios, como los que militan los territorios, tenemos otro termómetro y puedo asegurar que la situación es más que angustiante. No se llega a fin de mes, para decirlo crudamente: no hay para comer todo el mes y por tanto no hay para transporte (que va a volver a subir), para comprar la garrafa (que está a 250 pesos y ayer anunciaron un aumento del 40 por ciento), para comprar un remedio. Mucho menos para vacunar al perrito de la casa o hacer un revoque. ¿Quién en nuestros barrios tiene 17.500 pesos de sueldo?, que es lo mínimo que ha de entrar en una casa, según el Indec, para no caer en la pobreza una familia ‘tipo’ (pareja y dos hijos). ¿Cuántas familias hay en mi barrio que no llegan a los 7000 pesos que, según el Indec, es lo necesario para no ser indigentes? Muchas, demasiadas.” (https://www.pagina12.com.ar/104515-disculpe-el-senor, consultada el 3-4-2018). Coincido en que los índices oficiales pueden ser manipulados, pero siempre serán un mejor método para valorizar un crédito laboral -en tanto obligación de valor- que una tasa de interés.

Intereses moratorios. Limitación del art. 771, CCyCN. Al aplicar el índice de actualización monetaria fijando la cuantificación definitiva de la obligación de valor a la fecha del efectivo pago, lo que se está visualizando es una discordancia entre el momento en que la obligación se tornó exigible y la fecha de su cuantificación.

El sistema del art. 276, LCT que mediante la técnica judicial escogida aquí y para el caso concreto se le da ultraactividad, contempla la compensación que hasta el momento se ha venido haciendo por la vía de los intereses compensatorios (art. 767, CCyCN). Aquél por el solo hecho de mantener corregida la desvalorización, depura de “escorias inflacionarias” a la obligación de valor ya cuantificada.El Acta N° 2601/2014 de la CNAT y la hoy vigente N° 2658 del 8-11-2017, tenían la pretensión que englobara la situaciones previstas por los arts. 767 (intereses compensatorios) y 768 (intereses moratorios) estableciéndose una “ficción” más alejada de la realidad que el art. 276, LCT para mitigar los efectos de la desvalorización monetaria. Como aquí estoy escogiendo como método de cuantificación uno que del modo más eficaz la previene de la inflación, abdico de la facultad de consagrar intereses compensatorios.

Siguiendo la lógica del CCyCN entonces, como el art. 276, LCT redivivo es el mejor método para cuantificar la obligación de valor incumplida (art. 772, CCyCN), entre otras cosas porque lo pensó el Legislador de 1974 y como lo consagra el art. 2°, CCyCN ésa es la finalidad de la ley (mantener tangible el crédito laboral), una vez producida la cuantificación, es decir actualizado el crédito por el IPCBA desde que cada suma fuera debida y hasta su efectivo pago, es menester aplicar el resto de las disposiciones del parágrafo 6º – Obligaciones de dar dinero- y, en su consecuencia referirnos a los intereses moratorios.

Sin “escorias inflacionarias”, tomaré el mismo criterio que el Superior cuando estimó que la “convertibilidad” había eliminado la inflación y, por tanto, consagraré un interés moratorio (arts. 137 y 149, LCT) “puro” del 12% anual, que se aplicará sobre la suma corregida por la indexación y por igual período (desde que es debida -31-7-2015- y hasta su efectivo pago).

No escapa a mi criterio el hecho que el art.768, CCyCN determina como tasa aplicable en caso de no haber acuerdo de partes o disposición en contrario de leyes especiales, aquéllas que se fijen “.según las reglamentaciones del Banco Central”, expresión que en su literalidad vedaría a los jueces fijarla pretorianamente.

Por lo que se ha venido coligiendo en esta sentencia, todas las tasas de mercado reguladas por la autor idad bancaria y financiera no guardan estricta relación con la valorización del crédito laboral que aquí se establece por vía de aplicación del índice de costo de vida, ya que en su fijación se tiene en cuenta el efecto de la inflación; por lo que ceñirme al inc. 3º, del art. 768, CCyCN conduciría a una distorsión inequitativa (v. gr. aplicar la tasa pasiva, la activa o de la libre destino sobre una suma actualizada). Es por ello que utilizando en el caso la facultad conferida por el art. 771, CCyCN, reduzco aquéllas tomando una tasa pura del 12% anual para impedir un cálculo injustificado y desproporcionado del interés moratorio. A este respecto, la Sala VII de la Excma. Cámara, al sentenciar la causa “Recchia, Daniel Rubén v. Provincia ART SA s/accidente – ley especial” (SD Nº 51.377 del 25-9-2017, Expte. Nº 66.647/2014), estimó adecuada la tasa de interés fijada.

En efecto, por voto del Dr. Rodríguez Brunengo se tuvo en cuenta lo siguiente: “.Agravia a la parte actora que el magistrado [el suscripto] haya aplicado la tasa de interés moratoria del orden del 12% anual. Sostiene que no cumple con la función sancionatoria y admonitoria, por resultar irrisoria y en consecuencia no satisface la función esperada por el derecho, inclusive si considera la actualización monetaria, que la apelante no cuestiona. Entiende que el a quo debió aplicar la tasa de interés fijada en el Acta CNAT 2630.Ahora bien, en este caso en particular que el señor juez de grado ordenó actualizar por el IPCBA el crédito laboral del actor y dado que esta solución no mereció reproche de la parte demandada, considero que los intereses moratorios dispuestos en el pronunciamiento, ante la forma de reajustar el crédito, resultan equitativos para compensar la mora en dar la suma de dinero adeudada.”

Imposibilidad de anatocismo. Los intereses que aquí se reconocen, esterilizados de la mácula inflacionaria, y lo dispuesto por el art. 137, LCT, impiden aquí y en el futuro, la aplicación de cualquiera de las variantes del art. 770, CCyCN. Cuando se practique la liquidación del art. 132, LO deberá tenerse en cuenta esta expresa prohibición que emito, para elucidar cualquier duda al respecto.

Incidencia eventual de la reformatio in pejus. El desenganche ontológico entre el valor de un crédito laboral y el precio de la moneda puede presentar “sorpresas”. Las partes y el Tribunal ad quem, en su caso deberán tener en cuenta que puede presentarse en el caso una situación que ratifica mi parecer, en el sentido de que no estoy adoptando esta forma de valorizar el crédito laboral con el mezquino propósito de favorecer al trabajador o la trabajadora, sino porque estoy plenamente convencido que el método equitativo que aplico se encuentra anclado en los Principios generales del Derecho del Trabajo, esto es, que el salario no es una mercancía.

A ese respecto, esta cuestión puede presentar una asimetría entre la ética de la convicción que postula el fallo y la ética de la responsabilidad que enmarca la parcial (en el sentido de defender una parcialidad) actuación abogadil.Y digo esto porque en determinadas circunstancias, si la autoridad financiera y monetaria continúa aumentando la tasa de interés con el propósito de bajar la inflación, fijar las ya fracasadas “metas de inflación” (ver un interesante artículo del economista Guillermo Calvo en http://www.lanacion.com.ar/2080067-guillermocalvo- la-tasa-de-interes-es-una-herramienta-muy-debil-para-bajar-lainflacion, consultado el 8-12-2017) o mantener el valor del dólar, puede presentarse la situación paradójica que corregir el crédito laboral mediante el procedimiento resuelto en Actas 2601 y 2658 sea más gravoso para la apelante (obligado al pago) que hacerlo con la actualización por la desvalorización monetaria según el índica de costo de vida y los reducidos intereses

moratorios. Por otra parte, ya sabemos cuál es el concepto de “metas de inflación”, gracias a la aclaración brindada por el ministro Dujovne: “.la meta de inflación del 15% no es un pronóstico.” (https://lmdiario.com.ar/noticia/67997/caputo-y-dujovne-anunciaronque- se-licitaron-dos-bonos-en-precios-a-tasa-fija consultada el 18- 5-2018), revelándose, por lo demás, el carácter artificial que tienen estos conceptos para valorizar las deudas laborales. Paradójicamente, la “meta” del ministro para el año 18 quedó triplicada en la realidad.

Todo ello obligaría a ceñir un eventual interés recursivo a la reformatio in pejus (porque aquí no puede flexibilizarse la congruencia utilizando sin más el iura novit curia cuando ello atenta contra el derecho del agraviado) y será menester medir aquél en función del resultado en uno u otro caso. En la causa “Medina, Carlos Omar v. Tejidos Catamarca SRL s/despido” (Expte. N° 49.249/2014, SD 103.394 del 24-10-2017, del registro de la Sala IV), el doctor Guisado utilizó este sencillo método para rechazar los agravios de la propia parte actora. En “Mendez, Nora Beatriz v. Security Professional Group SRL s/despido” (Expte.Nº 29.054/2014, SD Nº 80.989 del Registro de la Sala V), el doctor Arias Gibert fue más explícito: “.Igual suerte habrá de seguir el agravio dirigido contra lo resuelto respecto de la actualización del crédito dispuesta en la instancia anterior, como asimismo la tasa de interés allí decidida. En primer lugar debo señalar que no se advierte perjuicio para la recurrente y a mayor abundamiento indicar que la quejosa en ningún momento. indica cuál es la medida del perjuicio que lo decidido en la instancia anterior le ocasiona. Lo cierto es que la recurrente no formula ningún cálculo comparativo que indique cuál es la medida de su agravio. Se limita a formular manifestaciones genéricas, pero sin asumir ninguno de los extensos argumentos expuestos por el sentenciante anterior para fundamentar su decisión y por ello cabe concluir que la queja no cumple con lo exigido por el art. 116, LO.” No obstante ello, el mismo juez, preopinante en la SD 81.494 del 27-3-2018, en autos “Canosa, Claudia Mónica v. Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente – ley especial”, acudió a una forma muy peculiar para resolver sendas apelaciones -de la demandada y la actora- contra mi resolución de aplicar el IPCBA y los intereses puros del 12% anual. Respecto del agravio de la demandada le aplicó el art. 116, LO: “.

Por tanto ante la inexistencia de una crítica concreta y razonada de los fundamentos vertidos por el sentenciante de la anterior instancia corresponde declarar desierto el agravio en este punto por cuanto la conclusión de grado no ha sido adecuadamente cuestionada en esta instancia (conf. art. 116, cit).” Y luego, sin advertir que el método que había quedado firme resultaba más favorable para el apelante (hecho que también fue inadvertido por la parte actora), sostiene: “.No obstante ello ante la presencia de agravio vertido por la aquí accionante según presentación que luce a fs. 143 vta.resulta aconsejable la utilización de una tasa de interés que tenga relación con las operaciones más comunes de mercado, evitando la utilización de porcentuales fijos con el riesgo de que la variación de las condiciones económicas generales pudieran tornarlos usurarios para el deudor o insuficientes para compensar la pérdida sufrida por el acreedor.” El Dr. Arias Gibert confía más en la tasa efectiva anual de créditos personales para préstamos de 49 a 60 meses “.por ser la que mejor se ajusta a las condiciones promedio de acceso al crédito y al tiempo medio de duración del proceso.”, que en el índice de precios al consumidor, lo que significa virtualmente que en ese caso concreto ha considerado a la Sra. Canosa en “prestamista forzosa” de la ART. La Dra. María Cecilia Hockl, en un ejercicio encomiable de su rol revisor de mi sentencia, se toma el trabajo de practicar los cálculos respectivos y concluye que “.En este contexto, ante las particulares circunstancias del caso, propicio confirmar lo decidido en origen, puesto que de ser seguidas las tasas de interés que reclama el apelante, se alcanzaría un importe menor al que resulta de aplicar el criterio establecido por el a-quo y se perjudicaría su situación anterior. Con todo, entiendo que debe quedar claramente establecido que la solución propiciada no implica transgresión alguno a los criterio establecidos en los precedentes del máximo Tribunal relativos a la prohibición de indexación. Como se puede advertir, fueron reparos de estricta índole procesal -que igualmente tutelan principios constitucionales- los que determinaron dejar firme lo decidido en grado.” (C. Nac. Trab., sala 1ª, 28-12-2017, en autos “Infantes, Jorge Roberto v. ART Interacción SA s/accidente – ley especial”, SD 92.283) En “Verruto, Blas Brian v. QBE Argentina ART SA s/accidente” (SD 92.308 del 20-2-2018), la misma Vocal hace los cálculos y llega a la conclusión inversa, por lo que desdeña el IPCBA (obviamente sin tener en cuenta el art.772, CCyCN cuya aplicabilidad no ha sido tratada por ninguna Sala), y aplica la tasa de interés, que reconoce una acreencia inferior a la originariamente prevista. Hubo algunos casos en los que la parte actora confundió a los “intereses” con la forma de valorizar el crédito laboral que hemos escogido. En la causa “Figueredo, Yesica Beatriz v. Compañía de Marketing Directo SA s/despido” (C. Nac. Trab., sala 9ª, 18-12-2017, SD del 18-12-2017), el Dr. Pompa en su voto inicial -al que adhirieron en este punto los doctores Fera y Balestrini- señala: “.El sentenciante -a diferencia de lo manifestado por la actora en su queja-, en base a lo establecido en el art. 276 de la L.C.T., dispuso que el monto de condena debía ser actualizado desde que cada suma fuera debida y hasta su efectivo pago mediante la aplicación del índice que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA). Así también resolvió que la suma resultante debía aplicarse un interés moratorio ‘puro’ – en virtud de lo establecido en los arts. 137 y 149 de la L.C.T.- del 12% anual por igual período que el antes referido. El recurso articulado no ha de tener favorable recepción, en tanto el mismo se sustenta en la supuesta insuficiencia de la aplicación de la tasa del 12% citado, sin contemplar que el señor magistrado ordenó que – previo a aplicar la tasa aludida- el monto de condena debía actualizarse mediante la aplicación del índice (IPCBA) aludido precedentemente, lo que sella la suerte de la queja (art.116 de la L.O.).”

En un expediente donde la parte actora y la Cámara no hicieron los cálculos como lo hiciera la doctora Hockl y otros tantos distinguidos camaristas, sucedió algo inesperado que llevó al suscripto, luego de aprobar la liquidación de autos, a dictar la siguiente resolución:

“.A los fines de salvaguardar mi responsabilidad institucional ante la ciudadana Norma Edith Francisconi, en atención a la apelación deducida por su representación letrada a fs. 635 vta, pto. V (principio tantum devolutum quantum appellatum) y el decisorio de fs. 643/647 (principio de prohibición de la reformatio in peius), por Secretaría, practíquese liquidación de la suma objeto de condena de acuerdo a las pautas de mi sentencia de fs. 592I/627 y compáresela con la de fs. 649/650.” (autos: “Francisconi, Norma Edith v. Interhouse SA y otros s/despido”, Expte. 45.663/2016, resolución del 2-11-2018). La diferencia en contra del patrimonio de la trabajadora ascendió a $6.130.658 ($16.128.446,37 liquidación conjetural (fs. 652), menos $9.997.788,27, liquidación aprobada de fs. 649/650).

Esta asimetría que, insistimos, puede presentarse, no hace sino ratificar mi convicción de que “resucitar” por declaración de inconvencionalidad e inconstitucionalidad de las normas que lo abrogaron, el art. 276, LCT es el método más razonable, anclado en la naturaleza del crédito a valorizar y más allá de alguna consecuencia relativa sustentada en el fluctuante precio de las operaciones financieras.

Hago esta observación porque en un caso puntual donde acogí un reclamo laboral (más allá de la brutal gaffe que acabo de destacar dos párrafos atrás) y ordené su actualización por el IPCBA, la Excma. Cámara -Sala I-, cuando rebajó el monto por el que había prosperado la acción, aplicó el Acta 2601 para corregir la suma disminuida, sin que en el memorial de apelación de la condenada (que luce a fs.179/188 de los autos en cuestión), la misma se haya agraviado de la forma en que la sentencia de grado había ordenado actualizar la cuantía por la cual progresaría la acción lo que implicaría que ese tópico hubo obtenido firmeza (ver causa “Román, Liliana v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/juicio sumarísimo” [Expte. Nº 28.268/2014]) En cada “caso” (como dice el art. 1º, CCyCN) pueden presentarse situaciones que, si no se atienden los preceptos procesales conjugándoselos con los de fondo, pueden llevar a sorprendentes soluciones. Por eso, la Sala VII actuó conforme a derecho cuando confirmó mi sentencia en los autos “Gómez, Nadia Soledad v. Cielorrasos San Francisco SRL y otros s/despido”, advirtiendo que la accionada no se agravió de la forma de actualizar el crédito, por lo que resolvió “.Confirmar el fallo apelado en todas sus partes.” (fs. 256/259 de los autos referidos, SD Nº 50.445 del 10-2-2017).

En el expte. 13291/2015 caratulado “Jara, Evangelina Noemí v. ART Interacción SA s/accidente”, la Sala IX (SD del 30-8-2019) confirmó mi parecer ya que “.Dicho procedimiento -más allá de su acierto o error- implica que el monto de condena devengará intereses superiores a los que resultarían de aplicarse la tasa pretendida, por lo que a fin de evitar una ‘reformatio in pejus’ (teniendo en cuenta que la cuestión fue únicamente recurrida por la parte actora) aconsejo confirmar este aspecto del decisorio, pues no cabe perjudicar al único apelante.” Algo muy peculiar sucedió también cuando la Sala IV y por voto del Dr. Guisado revocó la forma en que ordené actualizar los créditos laborales por el índice IPCBA en los autos caratulados “Arias Rodríguez, Laura Coromoto v. Asociación Civil Universidad Argentina John F. Kennedy s/ despido”. En esa oportunidad, la Excma.Cámara procedió a dejar sin efecto la forma en que se valorizó el crédito (SD Nº 101.847 del 28-12-2016), haciendo mérito de sus propios antecedentes citando sentencias del 13-12-2006 y 28-12-2012, esto es cuando todavía no había entrado en vigencia el nuevo CCyCN y su art. 772 -puntal argumental que justificó allí (y en autos) la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561-. La remisión lisa y llana a antecedentes pretéritos descontextualizados indica que en la revisión de dicha sentencia no se ha tenido en cuenta la completa argumentación y fundamentación revocada, en especial lo que constituyen para el nuevo plexo normativo las “deudas de valor”, lo cual implicaría una merma en la calidad institucional que se merecen nuestros justiciables y cabría tener en cuenta en los futuros precedentes.

Al revocar mi sentencia en lo atinente a la actualización monetaria en la causa “Chavez, Hugo Rafaél v. Yafelop 1º SA y otro s/accidente” (SD del 23-12-2016, Expte. Nº 20.285/2013), la Sala VII dispuso -por voto del Dr. Rodríguez Brunengo- la constitucionalidad de las normas que he objetado “.por cuanto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la validez constitucional de las leyes 23.928 y 25.561 y del régimen nominalista [cita dos fallos], pues considero que la prohibición legal de indexación consagrada por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 modificados por el art. 4º de la ley 25.561, y por el art. 5 del dec. 214/92, no vulnera por el momento los derechos constitucionales invocados por el sentenciante.” (SD 50596 del 27-3-2017). La misma omisión de tratamiento de las cuestiones que dieran lugar a la declaración de inconstitucionalidad de las normas en cuestión -específicamente el art. 772, CCyCN que no estaba vigente cuando se dictaron los “antecedentes”- se reiteró en la causa “Luna, Daniela v.Galeno ART SA s/accidente”, esta vez por voto de la Dra. Ferreirós de la Sala VII (SD 50.636 del 31-3-2017 que revocó la actualización que dispusiera en mi SD del 31- 10-2016 en el Expte. Nº 35.721/2014. Los pronunciamientos en cuestión aluden a la doctrina de Fallos: 333:447, que se refiere a la cláusula de un acuerdo de pago suscripto por las partes “.una vez firme la sentencia que hizo lugar a la demanda por indemnización de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, según la cual ambas pactaron que en caso de derogarse la ley de convertibilidad, dejando de existir la paridad peso/dólar, cada una de las cuotas se abonarían en los pesos necesarios para adquirir la cantidad de dólares equivalente a cada una de las cuotas pactadas, pues tiene un inequívoco propósito indexatorio de las obligaciones pendientes de pago, siendo su objeto estabilizar el valor de las prestaciones vinculándolo con el de una moneda extranjera, correspondiendo aplicar la prohibición de indexar que el art. 4º de la ley 25.561 mantuvo vigente al sustituir los arts. 7º y 10 de la ley 23.928.” Como vemos, este precedente ha sido anterior a la vigencia del art. 772, CCyCN, núcleo de mi declaración de inconvencionalidad e inconstitucionalidad de las leyes de convertibilidad y post-convertibilidad. En el voto del Dr. Petrachi, queda clara la normativa aplicable que no es la de autos donde, reitérase, sostenemos que el crédito laboral se trata de una deuda de valor y no de entregar meras sumas de dinero:”.Si la indemnización fue fijada en pesos y debía cumplirse en dicha moneda de curso legal, no corresponde aplicar el reajuste equitativo previsto por la ley 25.561 y el decreto 214/2002 para las obligaciones de dar suma de dinero pactadas en moneda extranjera, pero ello no impide que si una vez practicada la liquidación definitiva sobre la base del convenio a ejecutar y de las pautas fijadas por la cámara en su sentencia, para el demandante se hubiera producido una marcada desproporción que vulnerase la integridad de la condena y con ello su derecho de propiedad, pueda recurrir a los instrumentos incorporados en el Código Civil por el derecho modernoteoría de la imprevisión, abuso del derecho y frustración del fin del contrato-, a fin de preservar la equidad de la prestación al tiempo de su cumplimiento, siendo además la tasa de interés un remedio para dicha situación una alternativa a ponderar por los jueces fin de evitar los efectos de la depreciación monetaria que tuvo lugar durante la crisis económica y financiera.” Queda claro que en el precedente no se han tenido en cuenta los argumentos en orden a la naturaleza del crédito que, reitérase, en el futuro deberían meritarse antes de sostenerse dogmáticamente que la prohibición de indexación no vulnera “.por el momento los derechos constitucionales invocados por el sentenciante.” Dos argumentos tampoco han sido tratados en ambos fallos de la Sala VII: a) Que las leyes en cuestión se dictaron en un momento histórico en el que había una crisis económica y financiera que ahora no existe (al menos en su etiología porque hoy crisis hay) y b) Que obran muchos dispositivos en la economía actual que ordenan indexar los créditos, siendo irrazonable que las personas que trabajan no cuenten con uno homogéneo poniéndolos en una peor situación que el resto.

Muchas veces los conceptos jurídicos aparecen más visibles si los traducimos bajo un formato de significación gráfica.He demostrado en varios fallos que desde que declaré la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las leyes de convertibilidad y post-convertibilidad (en autos: “Corigliano, Antonia v. HSBC Seguros de Vida Argentina SA s/despido” (SD del 10- 8-2016, Expte. Nº 62034/2013), la tasa de interés que aprobó la CNAT en muchas oportunidades superaron al IPCBA.

He graficado en muchos antecedentes que luego d el cambio de la política monetaria de público y notorio conocimiento, la tasa de interés que publica la Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (tasa activa efectiva anual vencida) ha sido superior a la inflación en el mismo período.

Si tuviera que condenar a un empleador a pagar las tasas de interés que consagra el BCRA luego de la megadevaluación de abril y mayo de 2018 tendría que verse la cuestión desde el prisma del art. 1794, CCyCN: “.Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda.” Estas tasas de interés, pensadas para ese microclima que el saber popular ha denominado “bicicleta financiera”, me producen una distorsión desde la lectura del art. 961, CCyCN: “.Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.” ¿Qué empleador pudo prever que el valor salarial fuera corregido con estas tasas usurarias?En su Homilía frente a una multitud de trabajadores llevada a cabo en la Peregrinación de Fe a Lujan, organizada por el Movimiento Sindical para el Modelo Nacional, con fecha 20-10-2018, Monseñor Radrizzani, Obispo de Mercedes y Luján denunció “.un sistema globalizado de avaricia a través de mercados financieros que no ponen el capital al servicio de la producción.” y llamó a construir “.una alternativa humana a la globalización excluyente.” Someterse a las reglas de esa naturaleza atenta contra el sistema social pensado por nuestros Padres Constituyentes, cuya acción se dirigió a “.afianzar la justicia. promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.” Dije, además, que en innumerables ocasiones el método que vengo postulando resulta aritméticamente “menos beneficioso” para el trabajador y la trabajadora, lo que echa por tierra los metajurídicos cuestionamientos tendientes a tildarlo de “desproporcionado” como he visto en alguna sentencia de cámara. En varios fallos quedó demostrado que la desproporción se acentúa nítidamente a partir de abril de 2017, tendencia que, luego de 2018 y aun más con la segunda megadevaluación del 12-8-2019, se ha vuelto crítica.

Habrá que practicar el cálculo en cada caso concreto. Sea la parte que apele (para prevenir que ejerza un recurso que vaya contra sus propios intereses), sea el órgano ad quem, para no violar el principio de la reformatio in pejus. Tengo decenas de casos en donde ha sucedido esta asimetría. Se dejó sin efecto la actualización monetaria perjudicándose a la apelante. Por razones de delicadeza me abstengo de citarlos.

Sí traeré a colación un tramo del voto de la Dra. González en la causa “Silva, Sebastián Fernando v. Federación Patronal Seguros SA s/accidente – ley especial” (Expte.Nº 52.109/2014, SD Nº 111.146 del 18-9- 2017, del registro de la Sala II): “.Es menester puntualizar que las normas cuya inconstitucionalidad se declaró atañen no sólo al ámbito propio de la actualización de los créditos laborales, sino que abarcan también al valor de la moneda, tema ligado a la soberanía de la Nación, que está sujeto a criterios de política económica, totalmente ajenos a la instancia jurisdiccional, dado que una intromisión en tal terreno podría conspirar en contra de la división de poderes, que es el resultado de la confluencia de valores de rango superior aún a los de política social, pues podrían comprometer la supervivencia de su sistema en su totalidad.”, sin discernirse en el pronunciamiento que, justamente, lo que se hizo fue procederse a cuantificar un valor (art. 772, CCyCN). Sin embargo, pocos párrafos atrás, el fallo que glosamos indicó que “.el eventual envilecimiento de la moneda, teniendo en cuenta el doble carácter resarcitorio y moratorio de las tasas precisas, y no demostrada la entidad de la depreciación como insusceptible de ser cubierta por tal metodología.” (se refiere al acta 2630), lo que implica que en definitiva se trocó un método por otro, corrigiéndose el “envilecimiento de la moneda” esto es, operando sobre “el valor de la moneda”, lo que coloca en un tautológico lugar a la crítica de quien critica, con la salvedad que en ningún punto de mis sentencias he avanzado sobre tópico alguno del orden público estatal, permaneciendo incólume en cada caso concreto la división de poderes de la República, signada por la prevalencia axiológica indiscutible de los preceptos internacionales y constitucionales que ponen a resguardo el valor del salario a mérito de su contenido tuitivo, sobre meras leyes de excepción a tales principios.Preceptos por cuya primacía los jueces y juezas debemos velar sí o sí.

El andamiaje argumental se desvanece, siempre en cada caso concreto, cuando por efecto de un método ficcional como la tasa de interés financiero, se avasallen los derechos de unos y otros. Si se acude a comparar la Tasa activa efectiva anual vencida con el IPCBA corregido con el interés puro, ha acreditado sin espacio para duda alguna, que lxs magistradxs operamos sobre el valor del salario utilizando distintas metodologías y ello no trasgrede principio constitucional o soberanista de ninguna especie.

Un claro ejemplo del sometimiento al principio de la reformatio in pejus lo constituye el fallo recaido en la causa Nº 40.562/2015, autos “Chavez, Mario Celso v. QBE Argentina SA s/accidente -ley especial” (SD 104.159 del 25-4-2018, voto de la doctora Pinto Varela): “.En cuanto al planteo referido a la tasa de interés fijada en el pronunciamiento anterior, considero que no le asiste razón al recurrente. Digo ello por cuanto el actor se queja ‘de que el juez de grado (.) no utilice (.) la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses, tal como lo establece la CNAT en el Acta CNAT nº 2601’. Sin embargo, dicho cuestionamiento soslaya que el Dr.Segura declaró la inconstitucionalidad de las leyes Nº 23.928 y 25.561 y dispuso que ‘el crédito reconocido a la parte actora se actualice por el índice de precios al consumidor’ que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -‘conocido como IPCBA’-. A su vez, al resultado del monto actualizado agregó la aplicación de una ‘tasa pura del 12% anual’. De este modo, el monto de condena no devengará solo una tasa anual del 12%, sino que previamente se ‘actualizará por el índice de precios al consumidor’, conclusión que -más allá de su acierto o error- llega firme a esta etapa e implica que el monto de condena devengará intereses superiores a los que resultarían de aplicarse la pretendida tasa prevista en las Actas CNAT Nº 2601 y 2630. Por lo expuesto, y a fin de evitar una ‘reformatio un pejuis” sugiero confirmar lo resuelto en autos” Exactamente los mismos argumentos se utilizaron según el discurso de la doctora Pinto Varela en las causas “Coronel, Lucas Matías v. Swiss Medical ART SA”, SD 104.143 y “Sachetti, José María v. Provincia ART SA s/accidente – ley especial”, SD 104.949.

El Acta Nº 2658 “acto jurisdiccional de gobierno”. El 8-11- 2017 los señores jueces de Cámara doctores María Cecilia Hockl, Miguel Angel Pirolo, Graciela A. González, Alejandro Hugo Perugini, Silvia E. Pinto Varela, Luis A. Rafaghelli, Carlos Pose, Luis A. Catardo, Víctor A. Pesino, Mario S. Fera, Roberto C. Pompa, Gregorio Corach y Daniel E.Stortini, llamaron a un acuerdo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para modificar la forma de paliar el envilecimiento de la moneda para los créditos laborales.

Hemos anticipado en párrafos anteriores que esta decisión del Superior, encuentra plausible explicación en el hecho que la tasa de interés que venía aplicando la Cámara superaba -como lo demostramos en numerosos fallos a lo largo de ese período- a todos los índices que miden los precios, fundamentalmente de los artículos de primera necesidad que consumen los trabajadores y trabajadoras. Dijo el doctor Pesino que, “.estando al contexto económico actual resulta necesario reducir la tasa y volver a la tasa activa del Banco Nación la que cree está alrededor del 24% anual.” Recordemos que en algún precedente de los que hemos citado, se enrostró al suscripto que el método que utilizo para valorizar las deudas laborales constituye una eventual conspiración “.en contra de la división de poderes.” (sic). Será por ello que en el Acuerdo del 8-11- 2017 el Dr. Pompa señaló con mucha crudeza “.que este tema se relaciona con el contexto político actual, y advierte que modificar la tasa de interés vigente significaría una muestra de dependencia política con el Poder Ejecutivo. en este momento, no existe una situación financiera o de mercado clara que justifique la modificación de la tasa de interés. Que no hay datos objetivos que permitan y avalen la modificación, propone que se postergue el tratamiento del tema hasta contar con más información.” En abono a esa postura que podría ser considerada vinculada a la postulación de la independencia del Poder Judicial sobre un tema tan crucial como la valorización de los créditos, el Dr.Raffaghelli sostuvo que “.este es un tema de suma trascendencia y que, ante la ausencia de varios colegas, se está sesionando con un quórum ajustado, además advierte sobre la necesidad de contar con mayor información para su análisis, ya que se encuentra en juego la garantía constitucional a una justa reparación. Agrega que no encuentra justific ativo en el apuro para modificar hoy la tasa de interés y que debería suspenderse el tratamiento del tema, en coincidencia a lo expresado por el doctor Pompa. No concuerda con el Dr. Pesino en volver a la tasa activa del Banco Nación de un 24 % anual, puesto que, de esta manera quedaríamos a la saga de la Provincia de Buenos Aires, considerando, además que las LEBAC están pagando casi el 28,75 anual. De esta manera, y aún de modo indirecto se alentaría a que el deudor encontrara más atractivo invertir y prolongar así los juicios laborales. Aclara que no habla de cuestiones políticas; la tasa de interés es un tema concreto de protección alimentaria. Recuerda que muchas provincias toman como ejemplo a ésta Cámara para la aplicación y menciona a las provincias de Mendoza y Entre Ríos que aplican nuestras mismas tasas.” Como vemos, la discusión no dejó de tener como eje central la variable monetaria, esto es y si se me permite la brutal expresión de ¿cuál es el precio del dinero? Y aunque en el discurso del Dr. Raffaghelli se avizora una preocupación por el carácter alimentario de los créditos que se pretenden tutelar, no deja de hacer especulaciones de naturaleza financiera, bancaria o monetarista al referirse a las distintas variables y conjeturar sobre qué harían los empleadores condenados con el dinero en caso de tener que pagar un juicio.

No obstante ello y la mención sobre el parecer en otras jurisdicciones, el Dr.Corach resaltó que “.la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en su toma de decisiones y con su jurisprudencia ejerce un ejemplo para todas las provincias.”, lo que a mi juicio pone en valor todos los argumentos que he esbozado en orden a que el art. 276, LCT es el mejor mecanismo de corrección para realizar el propósito federal de igualdad entre las provincias que no se verían “tuteladas” por los criterios de un tribunal ordinario de la Capital Federal. A mi juicio, solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación o, eventualmente un tribunal de casación federal podrían tener esa robustez auto-atribuida; el primero mediante un control difuso y el segundo en clave de “doctrina legal”.

Es muy interesante el argumento que desliza el Dr. Fera: “.cuando se fijó la tasa vigente se consideró la situación de los mercados de ese momento.” lo cual implica someter -una vez más- el valor del crédito laboral a las fluctuaciones del mercado y no del costo de los artículos de primera necesidad que sirven para restañar la fuerza laboral. Coincide con el criterio centralista de que “.la tasa de interés que se fije resultará de importancia en todo el país.” y en esa búsqueda admite que “.al momento de evaluar las distintas opciones para definirla, se debe utilizar, como un elemento más de análisis las circunstancias políticas, económicas y sociales.” lo que ubica a la determinación en un lugar de trascendencia institucional.Pese a ello “. No considera que definir una nueva tasa resulte una alineación con el Poder Ejecutivo.” y cree “.que no es bueno mantener una tasa fija en un porcentaje, ya que no es serio como tasa perdurable.” A tal efecto invoca la afectación de los créditos alimentarios para lo cual somete la decisión “.a las fluctuaciones de los mercados en las circunstancias actuales.” Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta cuáles son las razones objetivas y científicas que sustentan ese parecer, que impliquen una mejor ecuación entre lo “alimentario” y su adecuación a las fluctuaciones del mercado (léase precios fundamentalmente de los artículos de primera necesidad), que el índice de precios al consumidor, por lo que su parecer se orienta solo en el arbitrio de “.considerar la aplicación de la tasa activa del Banco Nación.” la mejor solución. Justamente esta objeción lógica que esterilizaría a la decisión de todo componente arbitrario, fue lo sustentado por el Dr. Pompa: “.que éstas son discusiones políticas dado que se carece de información acerca de las variables económicas y financieras, datos objetivos en los que debería abrevarse para decidir la modificación de la tasa de interés a aplicar. Todo esto lo lleva a pensar que se trata de una manifestación política. Agrega que no hay elementos objetivos y estadísticos que justifiquen el apartamiento de la tasa de interés con la que se cuenta, quizás el año que viene, y con más información podría hacerse una revisión del tema, teniendo en vista de manera expresa que se trata de créditos alimentarios.” No existe ningún dato objetivo más robusto de la medición del índice de precios al consumidor para establecer el valor de los créditos alimentarios como los salariales. Hasta el propio Dr.Corach parece reconocerlo al sustentar en el acuerdo que “.Se cuentan con datos objetivos para discutir este tema como ser la tasa activa, la tasa pasiva anual, además de la estadística que refleja la inflación.” ¿Sabiendo precisamente cuál es esta última “estadística” es que propicia bajar la tasa de interés? ¿No es lógicamente más sencillo remitirse a esa “.estadística que refleja la inflación.” en lugar de fluctuar con tasas que tienen su anclaje en otras variables que no son precisamente el valor del trabajo o de las cosas que se pueden comprar con ese valor? El doctor Pirolo recuerda “.que con la modificación del Código Procesal (art. 767 y subsiguientes). [en realidad es el CCyCN] se ha facultado a los jueces para aplicar una de las tasas que están en el sistema bancario.” olvidando dos cosas: a) que las deudas laborales son deudas de valor y deben previamente “valorizarse” como lo indica el art. 772, CCyCN y b) que el art. 771, CCyCN, permite a los jueces disminuir la tasa como se hace en este pronunciamiento.

Para concluir, interesa la mención final que formula el Dr. Corach: “.Destaca que para el trabajador, para la gente humilde el costo siempre fue muy alto, la decisión que se tome hoy es un acto de gobierno -desde lo jurisdiccional-, y por lo tanto, no hay juez que pueda fallar sin tener conciencia de las consecuencias económicas de sus decisiones.” La decisión -acto jurisdiccional de gobierno y como tal detracción de las facultades propias del poder legislativo en la medida que implica una norma general- fue finalmente adoptada por los señores jueces Hockl, Pirolo, Perugini, Pinto Varela, Guisado, Pose, Catardo, Pesino, Fera, Corach y Stortini: “.1º) Establecer que la tasa de interés aplicable resulte la Tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación que al día de la fecha es del 29,32% anual.2º) Disponer que la tasa de interés aplicable comience a regir a partir del 1º de diciembre de 2017.” Del acuerdo que reseñamos, adoptado por solo 11 jueces de un tribunal de 30 y sin votos de los de las Salas V y VII, surge que los créditos laborales serán valorizados por una tasa mensual del 2,44%. Habrá que ver si el ritmo de la inflación sobrepasa ese límite para ver si este acto de gobierno realiza los Derechos Humanos que hemos destacado a lo largo de este pronunciamiento.

Un primer indicio sobre la inestabilidad de la situación lo ha dado la Sala VI del Tribunal. En la causa: “Paz, Diego Vicente v. Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente – ley especial” (SD 70.367 del 6-12-2017, Expte. Nº 9386/2013), el vocal preopinante, doctor Pose sin mayor fundamento que afirmar dogmáticamente y omitiendo establecer parámetros aritméticos sostuvo que “.el IPCBA sumado al interés moratorio aplicados por el juzgador exorbita la función compensatoria y moratoria propia de la figura que nos ocupa. Ello a tenor de lo estipulado por el art. 771 del CCCN por ser desproporcionada la tasa referida durante el período referido [sic] ya que la práctica forense aconsejaba una menor.” El voto de la mayoría – constituida por sus colegas doctorxs Craig y Raffaghelli- decidió aplicar los actas 2601 y 2630, esto es, desoyeron la acordada 2658 que disponía otra tasa a partir del 1- 12-2017. Curiosamente, en el voto minoritario tampoco se propiciaba esta solución plenaria, lo cual abre un gran interrogante sobre el criterio de esta Sala en el futuro.

La única verdad es la realidad. La frase de controvertido origen viene a colación por el sencillo hecho que justo cuando la Cámara decide bajar la tasa de interés – diciembre de 2017- sucedieron dos hechos de singular relevancia:a) diciembre ha sido el mes donde mayor índice de precios al consumidor registró el IPCBA en el período, índice que durante todo 2018 y lo que va de 2019 se desbarrancó a niveles cercanos a una “híper”; b) el 28-12-2017 el jefe de gabinete de ministros, junto a los secretarios de hacienda y economía y el presidente del Banco Central de la República Argentina, un día después de aprobado por el Congreso Nacional el Presupuesto 2018, anunció unilateralmente el aumento de cinco puntos para las metas de inflación con las que éste se había convertido en Ley de la Nación. Saque el lector sus propias conclusiones. Las metas de inflación corregidas para 2018 del 10 al 15% son risibles. Ya sabemos los niveles irracionales que tuvieron en el bienio 2018/2019.

La verdad está en la realidad y el juez no puede escapar a su inmanencia. Parece obvio resaltar que la realidad trasvasa el lugar común de que “todo lo que no está en el expediente no está en el mundo”. La Sala IX de la Excma. Cámara ha escogido una proposición: “.En consecuencia, como ya adelanté, no comparto el lineamiento seguido en la sentencia, máxime que la misma -en relación al tópico que nos ocupa- deviene en una serie de manifestaciones meramente dogmáticas, donde se omite analizar la incidencia de los conceptos que allí se vierten en el marco de las constancias del caso concreto, en tanto no se demuestra en concreto [sic] que con la aplicación de las tasas de interés que se proponen se afecte algún derecho constitucional.” Esta mención ha sido vertida por el doctor Fera en los autos “Maceiro, Alexis Javier v. Asociart SA ART s/accidente – ley especial” (SD del 3-10-2018, Expte. Nº 68.198/2014) y, reiterada textual -palabra por palabra, signos de puntuación inclusive- por el Dr. Pompa en la causa “Rodríguez López Serra, Daniel Edmundo v. Neositios SA s/despido” (SD del 3-10-2018, Expte. 20.253/2015).

Respetuosamente.¿Qué anclaje en la realidad y referido a ésos y este caso concreto, tiene la tasa del Acta Nº 2658? O, mejor dicho, ¿dónde, en tales casos, se ha analizado la incidencia de los escuetos conceptos que allí se vierten en el marco de las constancias de cada caso concreto, en tanto no se ha demostrado allí que con la aplicación de las tasas de interés vigentes no se esté afectando algún derecho constitucional, como sobradamente se ha formulado en mi hipótesis? La diferencia entre uno y otro acto jurisdiccional, más allá de la calidad institucional que posea y será materia de análisis del ciudadano que incumba esta sentencia o la llegue a leer, es una cuestión de grado. La decisión del órgano ad quem desactiva la producida en la instancia inicial y punto.

Ambos poseen una homogénea proposición y cada uno sabrá si un método u otro ponen en resguardo las garantías del Bloque de Constitucionalidad Federal que aquí se resaltaron. Pero desde la perspectiva formal, puedo yo atribuir desapego a las constancias de la causa la aplicación del interés del Acta 2658, con el mismo andamiaje argumental que se me atribuye peyorativamente tan sólo por ser juez a quo.

Afortunadamente, aquí, allá y en todas partes y cuando se analice el rol jugado por la Justicia Nacional del Trabajo en estos tiempos tormentosos, habrá habido – como una vez escribió Víctor Hugo Morales- un verdadero grito en el desierto proferido por el único juez que, a hombros de Norberto O. Centeno, aplicó la actualización monetaria. He advertido que en muchas de mis sentencias aparece una raya o marca cuando comienzan estos extensos considerandos sobre el art. 276, LCT. Ello, como si por conocidos mis argumentos, no vale la pena desbrozarlos en el análisis revisor.Quiero decir que las argumentaciones a las que me estoy refiriendo, en estos tres años ya han tenido veintitrés versiones, actualizándose permanentemente con nuevos argumentos, por lo que lejos de ser “manifestaciones meramente dogmáticas”, revelan de mi parte la celosa observancia que todo juez debe cumplir en el desempeño de la noble función juridiccional.

Con respeto, invito a romper el dogmatismo. abrirse al nuevo Código Civil y Comercial es un buen comienzo. Una Judicatura comprometida con la Democracia y puesto su paradigma en los Derechos Humanos, debería advertir que ejerce su jurisdicción ceñida al marco del “caso” y, a partir de tal singularidad, someter la “normalidad” del stare decisis a las circunstancias diacrónicas y sincrónicas en las que se emite el silogismo judicial.

Este acto jurisdiccional solo alcanza a actora y demandada de autos y no pretende erigirse en norma general aplicable a otros casos. En este sentido, bajo tales alcances, debe ser revisado en la alzada.

Siempre será más sencillo remitirse “al precedente”, claro está, pero cuando muta el contexto y la congruencia procesal exige el mérito de la existencia o no de agravios concretos, al tribunal ad quem se le presenta una oportunidad nada desechable de asumir el riesgo de contrastar los argumentos novedosos con los pretéritos, consolidados, que ya fueran emitidos. De eso se trata la jurisprudencia, de derecho vivo, no de arqueología jurídica.

En el cuestionamiento de las leyes de convertibilidad y post-convertibilidad que aquí nos ocupa, el argumento central para soslayar un irrazonable “nominalismo” ha sido el concepto de las obligaciones de valor introducidos por el nuevo art. 772, CCyCN.

Remitirse a lo pensado antes de su vigencia parecería argüir argumentos anacrónicos y caer en el riesgo de un dogmatismo que puede conspirar contra el deber de considerar razonadamente todas las cuestiones sometidas a la jurisdicción.

Citaré un ejemplo muy ilustrativo que seguramente no dejará de sorprender. En la causa “Salas Ramírez, Yanna Tatiana v. Malher SRL s/despido” (SD del 23-8-2016, Expte.Nº 24.845/2014) se condenó a la accionada a satisfacer el crédito laboral valorizado según el art. 276, LCT y con los intereses moratorios del 12% anual aplicándose las normas contenidas en el Derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Nacional y resoluciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de los arts. 771 y 772, CCyCN. La misma decisión de estos autos. A fs. 204 vta. de esa causa, la parte demandada sostuvo como único argumento quejoso: “.Por último, agravia a esta parte la excesiva aplicación del índice aplicable [sic] del IPCBA, la dirección general de estadísticas y censos de la ciudad autónoma de buenos aires [sic] como índice de actualización del crédito laboral, con más un intereses moratorio, [sic] haciendo que el trabajador se haga acreedor de una suma por demás desmedida y desproporcionada por la aplicación de los índices antes mencionados apartándose del acta 2601 de la Cámara Nacional del Trabajo en el hipotético caso que V.E. Confirme [sic] una sentencia de primera instancia el cumplimiento será muy perjudicial para ésta [sic] parte.” Resulta muy arriesgado interpretar que esta sencilla argumentación que se formuló bajo el rótulo de “agravios” cumpla mínimamente con el precepto contenido en el art. 116, LO. Sin embargo, la Sala VII de la Excma. Cámara trató el tema sin abordar siquiera el concepto de “desvalorización monetaria” (mal aludida en la queja), ni la aplicación de las nuevas normas del CCyCN (inadvertidas por el apelante). Se limitó a revocar el dispositivo escogido para mantener la intangibilidad de la deuda de valor salarial por los siguientes argumentos que obran a fs. 242, pto. IV -voto de la Dra. Ferreirós-:

“.Cuestiona la agraviada, el monto en que se han fijado los intereses.[en realidad, como vimos, “cuestionó” el índice IPCBA que es un índice de actualización] En el contexto descripto, he tenido la oportunidad de expresar mi voto afirmativo en el Acta 2.601 de la CNAT de fecha 21/05/2014, en el que se resolvió establecer que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación; y que dicha tasa fuera aplacible desde que cada suma fuera debida respecto de las causas que se encontraran -a la fecha del dictado de resolución- sin sentencia, lo que conduce a modificar lo resuelto en la instancia anterior, de prosperar mi voto y fijar la tasa según Acta 2601 de la CNAT con los alcances de lo previsto en el Acta 2.630 CNAT.” En la causa “Tullo, Romina Valeria v. Asociart SA ART s/accidente” (SD del 31-10-2017, Expte. Nº 20.018/2016, del Registro de la Sala X), el Dr. Stortini dijo: “.las litigantes no rebaten de modo circunstanciado (art. 116, LO) los diversos fundamentos articulados por el juez de la anterior instancia [un servidor] (ver fallo a fs. 93/115 vta.) para decidir la aplicación al monto de condena del índice de actualización que elabora la dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA), con más una tasa del 12% anual desde la fecha del accidente. Además las apelantes no cristalizan la medida del agravio al no indicar de modo preciso -con cifras y cálculos- en sus respectivos memoriales (ver fs. 119 vta./120 punto I y fs. 123/124) elementos que permitan determinar en concreto la existencia y el grado de perjuicio económico invocado. Ello no posibilita habilitar el tratamiento revisor por ante este Tribunal y conduce sin más a declarar desiertas las apelaciones en el aspecto analizado (cfr. art.116 antes citado).” Quedan invitados en autos partes y tribunales revisores a debatir con mayor amplitud los temas abordados en esta sentencia, los que han sido tenidos en cuenta para declarar la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561. Un debate jurídico procesal que se centre, concretamente en pocos pero robustos tópicos: a) el concepto de la remuneración como deuda de valor; b) el anclaje del salario del trabajador en la realidad como medio principalmente utilizado por éste y su familia para comprar cosas consumibles de primera necesidad gravemente expuestas a la inflación (no como un “prestamista forzoso”); c) resolver el presente “caso”, a 17 años de la post-convertibilidad, teniendo en consideración la existencia de varias normas que implantan sistemas indexatorios soslayando las leyes los prohíban; d) preguntarse por qué estos sistemas que bancos, locatarios, propietarios, etc. poseen para preservar el valor de sus ingresos, continúan ilógicamente vedados a las personas que trabajan.

Demás está decir que ninguno de esos tópicos fueron abordados en la deliberación previa al dictado del Acta N° 2658. En estos tres años que han transcurrido desde mi primer fallo donde apliqué el art. 772, CCyCN, sólo he visto un pronunciamiento en el que se tuvo en cuenta la norma. Me refiero al voto del doctor Perugini en los autos “Sánchez, Pablo Ariel v. Provincia ART 21 s/accidente – ley especial” (SD del 29-6-2018, Expte. 56.043/2016). En esta causa la Sala III revocó mi declaración de inconstitucionalidad de las leyes de convertibiliadad (año 1991) y post-convertibilidad (2002) y trató la cuestión de la tesis valorista, con los siguientes (escuetos) argumentos. Cito textual:”.Al respecto y como punto de partida para el análisis, con la sanción del Código Civil y comercial de la Nación no se ha introducido ninguna modificación a las previsiones de las leyes 23.928 y 25.561, según las cuales ‘el deudor de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley’, y aunque cabe reconocer que la regla general ha merecido algunas excepciones en determinadas materias donde se han dispuesto mecanismos de ajustes no anclados al sistema nominalista, no es ese el caso de los créditos laborales.” Claro está que el doctor Perugini no está citando ninguna norma del CCyCN, ya que este cuerpo legal no prohíbe la actualización monetaria.

También soslaya que en la sentencia que ha leído se dieron varios “mecanismos de ajustes” de créditos laborales como las “cláusulas gatillo”, por citar la más frecuente. Cuando analiza concretamente la norma que da sustento a nuestra tesis valorista (digo “nuestra” subiéndome a hombros de Norberto Centeno y Rodolfo Capón Filas) formula un juicio a-crítico: “.La previsión contenida en el art. 772 del Código Civil y Comercial no aporta mayor novedad en la cuestión, pues aun con el respeto que me merece el análisis realizado en la sentencia recurrida, considero que las deudas objeto de consideración en este proceso, aun relacionados con un valor como lo sería el trabajo cumplido, son obligaciones de dar dinero de las definidas en el art.765 del mismo cuerpo legal, aspecto sobre el cual vale tener en cuenta, sin ánimo de ingresar en debates ajenos a la función jurisdiccional, que el dinero nunca es un valor en sí mismo, sino un objeto representativo de un valor que se utiliza como medio de intercambio.” A nuestro juicio dar todos los debates sobre los hechos sometidos a juicio siempre constituye materia de la jurisdicción, ya que de acuerdo al art. 3º, CCyCN le debemos a los justiciables una decisión razonablemente fundada. En en caso citado la clausura del debate por vía de la facultad revisora de un órgano ad quem se produjo con un sencillo argumento: “los créditos laborales son obligaciones de dar sumas de dinero porque los créditos laborales son obligaciones de dar sumas de dinero”. Esto significa, en buen castellano, que la veracidad del argumento ya se incluye entre sus premisas.

Fallos como el glosado, y la acuciante situación crítica que vive el salario en la Argentina frente a la escalada de los precios de los artículos de primera necesidad ahora mismo (consultar Rapoport, Mario, “La falacia de los 70 años” en Suplemento Cash de Página/12 Nº 1479 del 16-9-2018), me ratifican y posicionan axiológicamente en el “lugar correcto”, al ordenar la valorización de los créditos laborales reconocidos del modo que lo he venido haciendo desde que asumí la magistratura laboral.

De todos modos, hay en la mentalidad o conciencia de los magistrados laborales una concepción que los acerca a la tesis valorista. La doctora María Dora González, en la causa “Candela, Susana v. La Segunda ART SA s/accidente – ley especial” (SD del 21-9-2018, Expte. Nº 53.587/2016, del registro de la Sala VIII), la acepta sin ahondar en reflexiones: “.Sin perjuicio de la reseña jurisprudencial transcripta precedentemente [se refiere a los casos “Puente Olivera”, “Chiara Díaz” y “Massolo”, que analizamos profusamente] es cierto -circunstancia que no puedo soslayar- que las deudas de valor, tal como refiere el a-quo en su sentencia, han sufrido desvalorización monetaria.Sin embargo, ese desfase, en mi opinión, ha sido corregido razonable y adecuadamente, a partir de las pautas sugeridas por la Excma. Cámara, plasmadas en las Actas Nº 2601, 2630 y 2658.” Esto significa, que esta juez de cámara, contrariamente a lo que opina el doctor Perugini, postula que las deudas salariales son deudas de valor y, a pesar de ello, en lugar de “valorizarla” por los índices más idóneos al efecto, aplica una tasa de interés que, a guisa de ejemplo, a partir del 16-10-2018 llegó al 72,58%.

Tan alto ha llegado esta tasa que motivó el pedido de fecha 26-11-2018 suscripto por el doctor Héctor C.Guisado en orden a la revisión de la tasa de interés fijada por Acta 2658/2017. Dice el distinguidísimo camarista que “.dicha tasa, que en aquél momento se encontraba en un nivel que nos parecía razonable, comenzó a subir a niveles desmesurados a partir de septiembre de 2018. Tanto es así que desde el 13 de noviembre oscila alrededor del 130% anual.” Como vemos, considerar a los créditos salariales como “deudas de dar sumas de dinero” y someter su corrección a tasas de interés fijadas por el “mercado”, conducen a lógicas distorsiones y razonables “arrepentimientos”. Me han criticado por citar canciones en mis sentencias, aun cuando su ubicuidad en el relato argumental fuera incontrastable. La petición de modificar una vez más la tasa de interés me hace evocar al gran Catulo Castillo “. Estás desorientado y no sabés, que trole hay que tomar para seguir.” ¿Saben a dónde nos condujo ese imaginario trolebús? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Bonet, Patricia Gabriela por sí y en rep. Hijos menores v. Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima y otros s/accidente – acción civil”, de fecha 26- 2-2019 dispuso:”.aún cuando los agravios remiten al examen de materias de derecho común y procesal ajenas, como regla y por su naturaleza, al ámbito del recurso reglado en el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a tal principio cuando, como sucede en el caso, la decisión resulta claramente irrazonable en virtud de la aplicación automática de tasas de interés que arrojan un resultado desproporcionado. que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento (Fallos: 316:1972; 315:2558). esa desproporción se comprueba per se dado el empleo de una elevada tasa de interés sin tomarse en consideración que la utilización de intereses constituye solo un arbitrio tendiente a obtener esa ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento. Si ello no opera así, como ocurre en el sub lite, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas (Fallos: 323:2562 ; 319:351 316:1972; 315:2558; 326:259 , entre otros).” Por eso, declara arbitraria para el caso el Acta 2601/2014 y ordena a la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo a dictar un nuevo pronunciamiento. Las tasas de interés son irrazonables porque traspolan el mundo de las finanzas a la realidad del Pueblo Trabajador. En este caso, la arbitrariedad afectó al demandado, pero muchas veces recae sobre trabajadores y trabajadoras.

Enrique Adan Arias Gibert dijo, al revocar mi sentencia en autos “Font, Leandro Ernesto v. Galeno ART SA s/accidente – ley especial” (SD 82.090, Expte. Nº 108567/2016, SD 82.090): “.el análisis realizado en origen en relación al artículo 772 CCC da por supuesto que las obligaciones reclamadas en la presente causa son obligaciones de valor.Esto resulta interesante discutirlo en términos de una acción civil donde lo que se compensa es el valor perdido o la capacidad laborativa perdida, pero no son los supuestos de salarios, de multas, cláusulas penales o una acción sistémica (como por ejemplo las indemnizaciones del artículo 232, 233, 245, RCT o LCT) en la cuales la prestación debida es dar sumas de dinero. Por este motivo, el planteo de inconstitucionalidad falla en su origen.” Supongo que se ha olvidado en esta hermenéutica del art. 772, CCyCN, una discusión saldada hace ya cuatro décadas, lo que convierte a la alusión del doctor Arias Gibert en un verdadero anacronismo. Si las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245, LCT constituyen prestaciones debidas de dar sumas de dinero, qué sentido tuvo en su momento el art. 301, ley 20.744 (“.Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados judicialmente, serán actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria que se operara desde que cada suma es debida hasta el momento del efectivo pago. A tal fin los jueces, de oficio o a petición de parte, aplicarán los índices oficiales de incremento del costo de vida.”). ¿Por qué razón el Legislador de 1974 para instaurar el sistema de desvalorización monetaria, dejó de lado el nominalismo? Si la deuda salarial fuera, ontológicamente, como lo suponen Perugini y Arias Gibert, entregar una suma de dinero, jamás se hubiere instaurado un sistema que ata la determinación de su cuantía a un índice que cuantifique el valor del costo de vida. Creo que lejos de errar en mi planteo como paso inicial, el yerro le cabe al intérprete, que omitió un sencillo análisis histórico que desmiente en la realidad, lo que se propugna desde la teoría. Quisiera recordar, al respecto, una anécdota contada por el propio Juan Domingo Perón en la obra de su biógrafo oficial Enrique Pavón Pereyra (“Yo Perón. La Biografía”, Buenos Aires, 2018, Edición definitiva, págs.167/168): “.Yo no he ido a los tratados de trabajo, ni a las leyes, ni a los teóricos que hablan de trabajo. He ido al trabajo. A propósito de esto, recuerdo que uno de mis técnicos me dijo un día trayéndome unos libros sobre Derecho de Trabajo y Previsión Social: ‘Léalos, mi coronel, son muy interesantes’. Le respondí con un recuerdo histórico. ‘Refiere Plutarco que cierta vez pasaba cerca de Esparta un circo, y un amigo de Licurgo lo invitó a que lo acompañara a verlo. Le preguntó qué había de bueno allí, y contestó su amigo que había un hombre que imitaba maravillosamente al ruiseñor’. Del mismo modo, cuando el abogado me trajo los libros, le dije: ‘Querido amigo: Yo quiero ver eso en la fábrica y entre los obreros’. En todo di más importancia a las realizaciones prácticas inmediatas que a las discusiones bizantinas sobre la estructura de los organismos que tengan confiada, o deba confiárseles, la tarea ejecutiva. Más que buenos proyectistas, necesitábamos decididos realizadores.” Lxs trabajadorxs saben más de índice de costo de vida -porque lo sufren- que de finanzas y tasas bancarias. Saben del valor que rep resenta su salario más de su académica caracterización como “deuda de sumas de dinero”. Muchas teorías, pocas nueces. Curiosamente, sin abandonar la alusión al saber profano (muy profano), desde la primera magistratura de la Nación, hay una adscripción formal al “valorismo teórico”, en la medida que se vincula al salario con el concepto de valor. En la cuenta oficial de Twitter @mauriciomacri, publicó el 17-10-2018 a las 20:46 hs.: “. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque así deja a cientos de miles de argentinos sin empleo. Nadie se puede creer por arriba de la ley; nadie puede creer que puede prepotear a los demás. #NadiePorArribaDeLaLey.” (ver https://mobile.twitter.com/ mauriciomacri/status/1052707549017976832?p=v, consultada el 22-10- 2018)

Nadie puede negar que el trabajo es valor.Tal vez sea la razón por la cual es la única variable de la economía que permanece anclada sin una forma indexatoria que la preserve de las corridas cambiarias o de la inflación. Alfredo Zaiat demuestra este aserto con magistral claridad y hasta un dejo de sarcasmo cuando califica la situación actual de lxs trabajadorxs en el período 2015/2019 como “Ozairalas” -salariazo al revés- (ver https://www.pagina12.com.ar/147036-el-ozairalas, consultada el 22-10-2018).

Inaplicabilidad al sub-lite del precedente “Puente Olivera”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sin efecto un fallo de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala III- que declaró la inconstitucionalidad del art. 4º, ley 25.561 y 7 y 10, ley 23.928 (Sent. Del 8-11-2016, in re “Puente Olivera, Mariano v. Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL s/despido”, CSJ 536/2013 [49-p]/CS1, recurso de hecho), basándose en el dictamen de la Dra. Irma Adriana García Neto, fiscal subrogante.

Ninguno de los argumentos allí expresados sería aplicable al sub-lite.

En el precedente, el tribunal a quo había utilizado un doble método de corrección del valor del crédito: a) intereses hasta su efectivo pago a la tasa equivalente al promedio mensual de la activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales y b) a su vez dispuso la actualización de los montos adecuados conforme a la variación de los valores de la Canasta Básica Total elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Como he venido postulando en este fallo, aquí solamente se dispone la actualización por el índice de costo de vida elaborado por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y a tal suma, desprovista de escoria inflacionaria, la aplicación de una tasa de interés moratorio pura del 12% anual.Obviamente que en la operación casada por la Corte, se arribó a una conclusión que en el dictamen de la Dra. García Netto se describe: “.sumado a la tasa activa de interés y el ajuste por depreciación monetaria implica una repotenciación desproporcionada que lesiona su derecho de propiedad”. Por nuestra parte hemos sostenido que la desproporción solo puede surgir de la aplicación de una tasa de interés que no está anclada en el Mundo del trabajo (en el caso “Puente Olivera” la “tasa activa” o, peor aún, la “tasa de libre destino”) y su adecuación al grado de describirla como “tasa moratoria pura” se fundó en el art. 771, CCyCN que obviamente no mereció el tratamiento en aquél fallo. El mero cotejo entre la fórmula que propugno en este decisorio y la que se utiliza en la mayoría de las Salas de la Cámara del Trabajo demostrará que no se propugna una “repotenciación desproporcionada” como en el antecedente que venimos analizando.

El segundo argumento aquí inaplicable es el reproche en el sentido de que “.los jueces carecen de atribuciones para fijar el valor de la moneda porque ello queda reservado al Congreso de la Nación.” Hemos dispuesto la actualización monetaria porque estimamos irrazonable la aplicabilidad de las leyes 23.928 y 25.561 pensadas para otro segmento histórico que no es el presente. Pero además, no estoy fijando el valor de la “moneda argentina” sino, tal como lo establece el art. 772, CCyCN, estableciendo la cuantía de una deuda de valor.Si aplicar este artículo del Código significare un alzamiento de la judicatura a las incumbencias del Poder Legislativo, no se habría redactado dicha regla que recepta décadas de doctrina y jurisprudencia acerca lo que significan las “deudas de valor”. Como en el fallo “Puente Olivera” no se trató este tema (y por eso la subrogante no hace alusión a las mismas), resulta inaplicable al “caso”.

El tercer argumento es la mención que hace el dictamen de la procuradora subrogante al caso “Chiara Díaz, Carlos Alberto v. Estado provincial s/ acción de ejecución” (Fallos 329:385 ). Allí se estaba analizando la remuneración de un magistrado, a la luz de una norma provincial que contradecía las leyes federales 23.928 y 25.561 (las leyes 8069 y 8654 de la Provincia de Entre Ríos), operación lógica que bien podría enmarcarse en lo que la Corte llamó una “medida de política económica” seguramente sustentada en los poderes delegados que las Provincias Argentinas han hecho al Gobierno Federal y que vedan su trasgresión. En nuestro caso hablamos del pago del salario en términos internacionales y constitucionales como deuda de valor y procedemos conforme el art. 772, CCyCN a ese efecto, operación ceñida al caso concreto, como cuando se ejerce esa facultad contenida en un Código ordinario, algo que dista mucho de entrometerse en la política económica de un gobierno.Por lo demás, en el precedente “Chiara Díaz” no se ha considerado la argumentación que vertimos extensamente sobre que una prohibición de “indexación” no constituye en sí un “objetivo anti-inflacionario”, del mismo modo que un carro no puede anteponerse con éxito al noble caballo que lo tira o, en mejor léxico jurídico, que es imposible no tener en cuenta que la inflación es la “la” causa de la “indexación” y no está probado que sea correcto afirmar lo inverso.

El argumento final del fallo es casuístico “.no se encuentra acreditada una afectación al derecho de propiedad del actor de tal magnitud que sustente la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas”. Se trata de un razonamiento residual que, por su relatividad no puede ser utilizado para establecer una Doctrina útil que pueda proyectarse a la pluralidad de los casos. Como he indicado en el punto anterior -El desenganche ontológico entre el valor de un crédito laboral y el precio de la moneda puede presentar “sorpresas”- el resultado de la conversión de la obligación de valor en una obligación de pagar sumas de dinero variará en cada caso concreto y habrá que tenerla en cuenta para establecer la entidad de cada agravio.

En definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha tocado en el precedente analizado, los tópicos específicos y particulares que se sustentan en el presente pronunciamiento; por lo que técnicamente no estoy apartándome de su doctrina, referida a supuestos (fundamentalmente fácticos) totalmente ajenos a los del presente “caso” (arts. 1º y 3º, CCyCN).

Inaplicabilidad de los casos “Massolo, Alberto Jorge v. Transportes del Tejar SA y otro s/daños y perjuicios” y “Belatti, Luis Enrique v. Ferrocarriles Argentinos s/ cobro de australes”. En la causa “Flores, Carlos Marcelo v. Lema Productos de Higiene SRL s/despido” (SD 70.624 del registro de la Sala VI), el Dr.Raffaghelli, al revocar mi decisión de actualizar los créditos laborales con el índice de precios al consumidor, tal como lo establecía el at. 276, LCT, citó los dos fallos del epígrafe -de la CSJN- que, indudablemente, no son aplicables a autos, ya que fueron dictados 5 años antes de que el Legislador sancionara el nuevo Código Civil Comercial de la Nación, bajo cuyo art. 772 se procedió a valorizar los créditos de marras. De este modo, la mención de una doctrina anacrónica, revela que no se ha tratado la norma sobreviniente que se refiere a una situación claramente apreciable en el subexamine:

“.Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección.” Otro camarista (que obviamente no es el doctor Raffaghelli) sostuvo al revocar mi temperamento en otra causa que el mismo era contrario a la ley (obviamente desde el prisma del art. 31, CN ello no es cierto) y de la doctrina judicial, citando fallos pretéritos. Ello no se ajusta a la verdad.

La Corte Suprema, en 2010, no pudo tener en cuenta una norma que sobrevino a la convertibilidad y postconvertibilidad; no pudo analizar si un crédito es una deuda de valor porque no había norma que permitiera hacerlo, ni pudo evaluar la irrazonabilidad de normas desfasadas por el cambio de la situación socio-económica en la cual fueran sancionadas, lo que invalida la objeción que la Excma. Cámara formulara a mi sentencia, por razones obvias. Cuando concretamente el máximo Tribunal de la República diga que el salario no es valor y por lo tanto respecto del mismo no debe aplicarse el art.772, CCyCN la afirmación del camarista que he aludido incidentalmente tendrá asidero.

Primeros pronunciamientos de la Alzada que ratifican esta forma de actualización monetaria y los intereses de los arts. 772 y 771, CCyCN. Esta declaración constituye, parafraseando a Mao Tse Tung, “el primer paso de una larga marcha de diez mil li.” Con fecha 28-4-2017, la Sala III de la Excma. Cámara confirmó la actualización monetaria según el IPCBA y la tasa de interés del 12% anual en los autos caratulados: “Gómez, Carlos Ezequiel v. Central de Restaurantes SRL s/ despido” (Expte. Nº 52.805/2014).

El 29-6-2017, la Sala II confirmó la forma de actualizar y los intereses en autos “Có rdoba, Hernán Gustavo v. Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción Sociedad Anónima s/accidente”, (Expte. Nº 65.492/2013).

El 7-7-2017, la Sala X hizo lo propio al confirmar en todos sus términos mi sentencia recaída en los autos “Rocha, Çarlos Alberto v. Galeno ART SA s/accidente – ley especial”, (Expte. Nº 27.474/2014).

El 7-8-2017 la Sala V no objetó la forma de actualización al dictar sentencia en autos “Salguero, Marianela v. R.H.S. Argentina SA s/despido” (expte. Nº 68.988).

Otros fallos han tenido en cuenta y tomado nota de la forma en que se procedió, sin alterarla, por limitaciones procesales pero bien pudo dejarla sin efecto al sostener la constitucionalidad de las leyes de convertibilidad y post-convertibilidad. La Sala VII confirmó: “Suárez, Mariano Damian v. Grintec SRL y otro s/despido” (Expte. Nº 65.848/2014, SD 51.319 del 6-9- 2017). La Sala IX procedió de la misma forma en: “Ferreyra, Manuel v. Banco Santander Rio SA s/despido” (Expte. Nº 52.611/2014).

Cuando se confirmó totalmente el quantum indemnizatorio que dispuse con la actualización monetaria e intereses en la causa: “Montes, Oscar Enrique v. Consolidar ART SA s/accidente – acción civil” (Expte. Nº 27.472/2012), la Sala I lo consideró adecuado con los parámetros que la Excma.Cámara adoptó siguiendo los precedentes “Aquino” y “Aróstegui” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SD 92.047 del 25-9-2017).

En los autos “Roberto, Miguel Luciano v. Cebreiro, Agustín José s/despido” (Expte. Nº 24.678/2014, SD 112.805 del registro de la Sala II, 5-9-2018), el doctor Miguel Ángel Maza sostuvo: “.el pretensor esboza términos genéricos que no evidencian, realmente, que lo resuelto por el Dr. Segura le provoque un agravio patrimonial susceptible de ser examinado en esta instancia, ni, puntualmente, que la indexación de su crédito por el IPCBA sumada a una tasa de interés anual del 12% arroje, para el período comprendido entre su distracto (19/6/2012) y el 1/12/2017, una tasa de interés inferior a la nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para el período posterior, una menor a la activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco de la Nación Argentina (Acta 2.658 de la CNAT); que esta sala entiende adecuadas para compensar la mora del deudor y para reparar el daño causado por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda (arts. 767 y 768 del Código Civil y Comercial y 622 del Código Civil derogado). Es requisito subjetivo sine qua non de la admisibilidad del recurso que la resolución en crisis ocasione, a aquél que lo interpone, un agravio o perjuicio personal actual, pues, de lo contrario, faltaría otro requisito genérico pero indispensable, como lo es el interés; así lo ha sostenido el maestro Lino Enrique Palacio (Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, T. V, págs. 85/86). Y, en mi opinión, la crítica en examen, en la que se hace hincapié, de manera abstracta, en el porcentaje de variación de precios que habría tenido lugar entre ‘noviembre de 2015 y noviembre de 2016’, no contiene tal recaudo, y, por eso, sugiero desestimarla por infundada (art.116 de la L.O.).” Destaco muy especialmente la mención que realizara la Dra. Cañal al sentenciar la causa: “Decoud, Teodoro v. Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente -ley especial” (Expte. Nº 71.612/2014, SD del 12-9-2017 de la Sala III de la Excma. Cámara, con adhesión del Dr. Rodríguez Brunengo: “.Luego, en lo que respecta a la actualización monetaria, aspecto que viene firme y consentido ante esta alzada, cabe destacar que el juzgador de primera instancia [el suscripto], realizó un análisis histórico y detallado de la cuestión (ver. fs. 99 vta./119 vta.), arribando al mismo resultado que el que la suscripta lo viene sosteniendo hace tiempo, junto al Dr. Capón Filas en el sentido de que ambos hemos declarado la imperiosa necesidad de actualizar los créditos salariales (Ver, por ejemplo ‘Larotonda, Sergio Bruno c/ Del Campo Materiales SRL y otros s/ despido’, sentencia nº 1881, del 22 de octubre de 2003; ‘Paz, María Isabel c/Met AFJP SA s/despido’, sentencia nº 2422, del 30 de octubre de 2007; o ‘Gutiérrez, Edgardo David c/Labora SA s/despido’, sentencia nº 2454, del 18 de marzo de 2008, entre muchas otras, todas del juzgado 74, en mi labor como juez de primera instancia; o ‘Santucho, Sergio del Valle c/Castagnola, Pablo Daniel s/despido’, Sentencia nº 93533, del 22 de mayo de 2013; ‘Leguizamón, Ricardo Hernán c( R. Carpaccio SRL s/despido’, sentencia nº 93.570, del 31 de marzo de 2013, entre muchas otras, todas del registro de esta sala.” Ya en minoría, la Dra. Cañal reiteró y amplió este excelso razonamiento al sugerir sin éxito la confirmación de mi sentencia (autos: “Chidichimo, Alejandra Irene v. Provincia ART SA s/accidente – ley especial”, SD del 12-9-2018, Expte. Nº 31.626/2015, del Registro de la Sala III).

La Sala VI, por voto del Dr. Raffaghelli confirmó el método de actualización monetaria escogido por el suscripto al sentenciar la causa: “Toledo, Carolina del Valle v.Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar SA s/ accidente – ley especial” (Expte. N° 28.048/2014, SD 70.253 del 7-11-2017).

Un fallo muy interesante ha sido el que el doctor Pirolo sostuvo -como preopinante- lo siguiente: “.Ahora bien, la parte demandada cuestiona que el judicante haya aplicado el índice IPCBA y señala que el Sr. Juez a quo efectúa una doble imposición de actualizaciones económicas. Indica que el sentenciante calculó intereses sobre un monto actualizado, todo lo cual, según explica, le coloca a la indemnización ‘un valor superior al real y actual’. En primer lugar, corresponde señalar que el Sr. Juez de la anterior instancia declaró la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley 25.651 y de la 23.928 y ordenó actualizar los créditos de acuerdo al índice contemplado en el art. 276, LCT; y, este aspecto del decisorio, no mereció crítica concreta y razonada alguna por parte de la apelante (cfr. art. 116, LO), por lo que tal aspecto del decisorio arriba firme a esta Alzada y resulta irrevisable en esta instancia. Sin perjuicio de que esta Sala no comparte el criterio del Sr. Juez de grado, cabe destacar que, al no haber sido cuestionado por la parte demandada, corresponde estar a lo decidido en la sentencia de grado anterior en este aspecto. En el caso de autos, si bien la apelante cuestiona la aplicación del índice IPCBA, no critica la declaración de inconstitucionalidad antes referida y tampoco indica cuál sería -a su criterio- el índice que debió haberse aplicado. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que los intereses que ordenó el Sr. Juez a quo no contienen variable ‘actualizatoria’ alguna pues dispuso la aplicación de una tasa pura del 12% anual. Por ello, propicio desestimar el segmento recursivo y mantener lo decidido en la instancia a quo, en el punto” (CNAT, Sala II, 6-4-2018, in re “Giménez, Sergio Javier v. Galeno ART SA s/accidente”, SD 112.094, Expte.Nº 45.207/2015) En otro interesante antecedente, votaron los doctores Pinto Varela, Guisado y Raffaghelli (Sala IV, autos “Ozuna, César David v. Provincia ART SA s/accidente – ley especial”) La jueza -vocal preopinante- sostuvo, al analizar los agravios de la demandada “.Respecto de la manifestación ‘mi parte se agravia por la arbitraria aplicación del IPC CABA para la actualización del crédito, violando así la Ley 25.561’. más allá de la opinión que me merezca la solución de primera instancia lo cierto es que el agravio no cumple con los recaudos del art. 116, LO. Por ende, cabe declarar la deserción de este aspecto de la queja.” Sorprendentemente, el doctor Guisado saltó la congruencia procesal al postular que “. disiento de la solución propuesta en torno a la actualización monetaria por aplicación del IPC. Digo ello, pues, por tratarse de una cuestión de puro derecho, la alegación de que dicha indexación vulnera las disposiciones de la ley 25.561 basta -a mi juicio- para tener por planteado el agravio, ya que rige en este tipo de cuestiones la regla ‘iura novit curia’.” Finalmente, el doctor Raffaghelli, cuando trata lo que él denomina “.el conocido criterio del Sr. Juez Alejandro Segura en la materia.” comparte la solución de Pinto Varela en orden a la insuficiencia de los agravios y la obvia no aplicación del iura novit curia en la especie y emite una interesantísima reflexión obiter dictae: “.Debo reconocer no obstante, que la grave situación económica que atraviesa el país impacta sobre el salario justo, protegido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y viene a de la Constitución Nacional, y viene a actualizar el añejo debate sobre la mejor forma de proteger el valor del crédito del trabajador en juicio, presente desde la sanción misma de la Ley de contrato de Trabajo y sus posteriores reformas, lo que obligará a los jueces a renovar los análisis sobre tan delicado e importante tema.” En “Aguirre, Susana Luisa v.Diagnóstico por Imágenes de Alta Complejidad Dr. Deragopyan SA s/despido”, (Expte. Nº 4359/2014, SD del 19-2-2019 de la Sala IX), el Dr. Fera sostuvo “.Tampoco ha de innovarse en cuanto al disenso de la parte demandada tendiente a desestimar la aplicación de los accesorios fijados en origen (tasa e indexación), toda vez que, aun cuando asista razón al apelante, lo cierto y concreto para lo que aquí interesa- es que el recurrente no concreta la medida del interés en la alzada, pues soslaya expresar cuál es el perjuicio que le causa la decisión que le fue adversa -indexación y aplicación de una tasa de interés menor (12%)- frente a la tasa de interés Acta Nº 2601 que pretende se aplique, pero sin indexación alguna.” Sorprende por su inigualable lucidez la reflexión previa y ulterior resolución de la doctora Gabriela Vázquez en autos “González, Mariano Eliseo v. Galeno ART SA s/accidente – ley especial” (Expte. Nº 70.413/2016, SD 93.256 del 18-12-2018): “.Sus agrav ios [los de la parte demandada] deben considerarse desiertos porque no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo que se apela, según el artículo 116 [del dec. ley 18.345/1969]. Digo esto porque los argumentos medulares del ‘a quo’ no fueron objeto de impugnación específica. Básicamente me refiero a los siguientes argumentos:a) que los créditos laborales no son deudas dinerarias sino deudas de valor, conforme el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 1/8/2015; b) la obsolescencia de las leyes 23.928 y 25.561 que derogaron el artículo 276 de la ley de contrato de trabajo, texto según ley 23.616; c) la inflación recurrente, como hecho público y notorio, como obstáculo para la promoción efectiva de los derechos humanos en juego; d) la irrazonabilidad o falta de lógica del anclaje del crédito laboral a tasas de interés financiera que están ligadas a los vaivenes de la economía bancaria, financiera y monetaria del país; d) la existencia de numerosos supuestos en los que la indexación no está vedada, verbigracia: la movilidad del haber jubilatorio (ley 26.417), el Plan PROCREAR para construcción de viviendas; el régimen de los créditos denominados por el BCRA como UVA -Unidades de Valor Adquisitivo-, según la ley 27.271, entre otros. Por otra parte, la recurrente se limita a invocar precedentes jurisprudenciales anteriores a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, soslayando que el juez ‘a quo’ explicitó motivadamente las razones por las cuales estima que son inaplicables al caso. Finalmente, no es cierto lo que afirma la apelante en cuanto a que el ‘a quo’ habría determinado ‘una doble imposición de actualizaciones económicas’ al aplicar intereses sobre un monto ya actualizado, porque la tasa del 12% anual que el juez Segura fija sobre el ‘valor’ de condena, se refiere al interés moratorio puro que, como afirmó el Magistrado, impide ‘un cálculo injustificado y desproporcionado’, que sí se editaría si se aplicase una tasa que, como las de mercado bancario y financiero, tiene en cuenta el efecto de la inflación.En síntesis, en pureza técnica, al indexarse el crédito conforme un índice de precios -lo que debe como propicié, quedar al abrigo de revisión por la deserción recursiva-, la tasa luce razonable ya que la actualización dispuesta no hizo la deuda más onerosa para el deudor, sino que, como lo sostuvo la CSJN en sus precedentes anteriores a la vigencia de la ley 23.928, ‘El reconocimiento al acreedor del derecho a percibir su crédito actualizado en función de la depreciación monetaria desde que tuvo lugar el nacimiento de la obligación, no importa desmedro patrimonial alguno para el deudor y reafirma la vigencia del derecho de propiedad, puesto que la actualización nominal no hace la deuda más onerosa en su origen, sino que sólo mantiene su valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda’ (Fallos 312:2141, 2493; 313:748, 1469; 315:2622, entre muchos otros).” En la causa “Caamaño, Diego v. Experta ART s/accidente – ley especial” (expte. Nº 44.206/2016, SD del 23-8-2019 del Registro de la Sala III), la doctora Cañal sostuvo “.Al respecto, cabe destacar que el juzgador de primera instancia, realizó un análisis histórico y detallado de la cuestión, arribando al mismo resultado que el que la suscripta lo viene sosteniendo hace tiempo, junto al Dr. Capón Filas en el sentido de que ambos, hemos declarado la imperiosa necesidad de actualizar los créditos salariales.” A punto de cerrar mi subrogancia en el Fuero Laboral, luego de tres años de sustentar contra viento y marea como medio para preservar el valor salarial la actualización monetaria tal como la soñó Centeno, parece que al fin la paradoja de Éxodo 7:3-4 está tocando a su fin.

Costas. Regulación de honorarios de acuerdo al valor del UMA.

No encontrando motivos para apartarme del principio general que, en materia de costas, consagra el art. 68, CPCCN, éstas serán impuestas a la demandada Experta ART SA.Cabe destacar que la imposición de costas no constituye una pena, sino un resarcimiento que la ley le reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le causó el pleito con prescindencia de valores subjetivos, independientemente de la buena o mala fe con que pudo haber actuado el vencido. En consecuencia, la distribución de costas por su orden es de carácter excepcional y debe fundarse no en una mera creencia, sino en cuestiones jurídicas dudosas, complejas, sin antecedentes o con antecedentes contradictorios, las cuales no se verifican en las presentes actuaciones.

A tal efecto, en atención a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha procedido a fijar el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), en los términos del art. 19, ley 27.423 (Acordada Nº 20/2018), regúlese los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora (en conjunto), de la parte demandada Experta ART SA (en conjunto), del tercero citado en garantía Galeno ART SA (en conjunto), del perito médico (Carlos Enrique Díaz) y de la perito contadora (Graciela Pires Madeira) en las sumas de ($.), ($.) ($.), ($.) y ($.), respectivamente y a valores actuales, incluida la actuación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, suma a la que deberá adicionarse el IVA en caso de acreditarse la condición de responsable inscripto de los profesionales intervinientes.

Por todo lo expuesto y citas legales, FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por Miguel Ángel Fernández contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y por ende, condenando a éstas a abonar de forma solidaria, al actor dentro del quinto día de quedar firme la liquidación prevista en el art. 132, LO, la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($3.547.084,30), con más la actualización monetaria e intereses determinados en los considerandos de este fallo. 2) Declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 3º, dec. 669/2019.3) Imponer las costas a la demandada. 4) Regúlese los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora (en conjunto), de la parte demandada Experta ART SA (en conjunto), del tercero citado en garantía Galeno ART SA (en conjunto), del perito médico (Carlos Enrique Díaz) y de la perito contadora (Graciela Pires Madeira) en las sumas de ($.), ($.) ($.), ($.) y ($.), respectivamente y a valores actuales, incluida la actuación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, suma a la que deberá adicionarse el IVA en caso de acreditarse la condición de responsable inscripto de los profesionales intervinientes. 5) Condenar a la accionada Experta ART SA en la proporción de las costas a su cargo para que, dentro del plazo de cinco días, depositen en el Fondo de Financiamiento previsto en el art. 14, ley 24.635 el honorario básico a que alude el art. 12, párrafo primero de la misma ley, bajo apercibimiento de dar intervención al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 6) Cópiese, regístrese, notifíquese y previa citación fiscal, archívese.