Las decisiones se toman juntos: Nulidad de la sentencia que hizo lugar a la demanda de escrituración ya que no consta la intervención de la cotitular del inmueble ni su asentimiento

Partes: Garín Eduardo F. c/ Casola Enrique s/ escrituración

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 15-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-121135-AR | MJJ121135 | MJJ121135

Nulidad de la sentencia que hizo lugar a la demanda de escrituración ya que no consta la intervención de la co titular del inmueble ni que hubiera brindado el asentimiento conyugal.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que hizo lugar a la demanda y en consecuencia condenó a la parte demandada, proceda a extender la escritura traslativa de la propiedad del inmueble en favor del actor, pues no consta ninguna intervención en el acto de la co titular dominial del inmueble; ni tampoco que hubiera brindando el asentimiento conyugal correspondiente respecto de la disposición efectuada por su cónyuge y dichas falencias afectan garantías tales como el derecho de defensa de aquélla accionada que no habría dispuesto de su porcentaje en el inmueble.

Fallo:

En la ciudad de Venado Tuerto, a los 15 días del mes de agosto de 2019, se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López, Juan Ignacio Prola y Federico Gustavo Bertram de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la 3era Circunscripción, para resolver en los autos caratulados “Garin, Eduardo c/ Casola, Enrique y otra s/ Escrituración” (Expediente N° 34/2017 – CUIJ N° 21-24819954-4), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino. Hecho el estudio del juicio, se procedió a plantear las siguientes cuestiones:

1)¿Es nulo el fallo recurrido?

2)¿Es justa la sentencia apelada?

3)¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: -Dres. Bertram, López y Prola Corresponde indicar en primer término que por Sentencia N° 1505 de fecha 17/10/2016 el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil Comercial y Laboral de Rufino (fs. 142/144) dispuso lo siguiente: “.1) Haciendo lugar a la demanda y en consecuencia condenar a la parte demandada, proceda a extender la escritura traslativa de la propiedad del inmueble inscripto al dominio en Rosario al Tomo 270 Folio 122 N° 143808 Departamento General López Provincia de Santa Fe, en favor del actor, bajo apercibimiento de hacerlo el Juez en su nombre; 2) Imponer las costas al demandado con la excepción citada a favor del defensor ad hoc; 3) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sea practicada la planilla definitiva en autos; 4) Notífiquese por edictos la presente sentencia.”. Posteriormente, interpuso recurso de apelación y conjunta nulidad contra el fallo el Dr. Rey Castro, letrado designado ad hoc en representación de la parte accionada (cfr. cargo N° 13072/2016 a fs. 146). Concedido el mismo (fs. 147) fueron posteriormente elevadas las actuaciones a este Tribunal de Alzada (constancias de fs.161/162/176). Ello motivó que se dispusiera correr traslado al apelante para que exprese agravios (fs. 179) cumplimentando con dicho acto procesal el Dr. Rey Castro a fs. 180 (cfr. cargo N° 3852/2017). Sustanciado lo anterior con la actora no apelante (fs. 183) brindo su respuesta el Dr.

Saenz en representación de esa parte a fs. 184/185 (cfr. cargo N° 484/2018). Previo a ordenarse el pase a resolución del asunto, se dejó constancia de la vacancia de la vocalía del Dr. Chasco por haber accedido éste al beneficio jubilatorio (fs. 188); lo que incidió a los fines de remitir estos actuados a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario con objeto de la integración del Tribunal. Concretado este extremo (fs. 188/192) se hizo saber a las partes cuál resultaría la integración del Tribunal que dictaría sentencia (fs. 193). Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo asumido el Suscripto como nuevo vocal de Cámara en reemplazo del Dr. Chasco, se dispuso que esta Alzada dictaría sentencia con su integración natural (fs. 203). Notificadas las partes de dicho extremo (fs. 204/205) sin que se realizaran objeciones o impugnaciones al respecto, vuelven las presentes a despacho a efectos del dictado del acto jurisdiccional correspondiente.

A la primera cuestión el Dr. Bertram dijo: Que la parte demandada recurrente no denunció ningún vicio de procedimiento.

Sin embargo, cabe efectuar en forma inicial una suerte de relevamiento de variadas circunstancias que surgen de los elementos documentales y probatorios reunidos.Luego de ello, y con las reflexiones parciales que pudieren volcarse en relación a cada uno de ellos, podrá emitirse una conclusión en relación a la temática de la nulidad, siempre pasible de ser dispuesta oficiosamente ante la vulneración de algún derecho fundamental, especialmente los relativos al derecho de defensa, debido proceso, y/o garantías constitucionales.

Desde esta perspectiva, se vislumbra que el presente resulta un juicio ordinario, en el que el objeto principal buscado por la parte actora resultaba la materialización de una obligación de hacer, como lo era la emergente de los instrumentos cuyas copias lucen agregadas a fs. 4/5 de las presentes; es decir, la escrituración del inmueble objeto de dichos negocios jurídicos.

Se desprende también que otorgada la vía ordinaria, en cuánto al procedimiento impreso al asunto (fs. 7) no hubieron de comparecer a estar a derecho ni tampoco contestaron demanda los accionados. En relación a éstos, inicialmente lo fue el llamado Enrique Casola; y posteriormente -merced a la información brindada por el Registro General de la Propiedad en informes que se observan glosados a fs. 37/43- pudo determinarse que al primer demandado le correspondía el 50 % del inmueble y el restante a la señora Juana Palmira Borroni.

Dichos informes ponen de resalto, -conforme el extracto de dominio de fs. 41-, que en la transmisión efectuada mediante escritura N° 287 de fecha 22/06/1971 pasada ante el escribano Enrique Macchi figuran como compradores del inmueble los cónyuges en primeras nupcias Enrique Casola y Juana Palmira Borroni. Consta que ambos tenían domicilio en la ciudad de Bella vista Provincia de Buenos Aires. Además, en los informes de dominio que fueron solicitados (fs.37/38) -que no constan objetados por la autoridades registrales que los suscriben, señora María Pignolo Sub Jefa de Departamento y Luis Angel Amuchastegui Jefe de División-, se visualiza que el inmueble figura incripto en un 50 % indiviso a nombre de cada uno de los cónyuges.

Esta circunstancia debe ser necesariamente correlacionada con lo que surge del boleto de compraventa original que luce en copia agregado a fs. 5. En efecto, en el mismo el enajenante del inmueble es solamente el señor Enrique Casola.

No consta ninguna intervención en el acto de la señora Juana Palmira Borroni, ni en carácter de co titular dominial del inmueble; y eventualmente -si fuere el caso- tampoco brindando el asentimiento conyugal correspondiente respecto de la disposición efectuada por su cónyuge. En este último supuesto, el asentimiento conyugal ha debido ser un elemento necesario tanto para la disposición del 50 % que le correspondía al llamado Casola; como también si la señora Borroni hubiera dispuesto su 50 %, aunque en este caso lo habría debido realizar el propio Casola. De igual manera, y aún ante la hipótesis de que el inmueble hubiere sido adquirido únicamente por el llamado Casola -y que se dejaran de lado las referencias que surgen de los informes emanados del Registro General Rosario-, nuevamente debe concluirse en que el asentimiento conyugal de Borroni era necesario.

Dentro de esta misma situación, nótese que la cesión que surge del instrumento glosado en copia a fs. 4, por parte Ewer Wilton Moleker, contempló específicamente la presencia de su esposa María Isabel Pereyra. Ergo, no puede dejarse de lado que dicha virtualidad debe estar presente tanto en uno como otro instrumento que generan la posibilidad de inicio del juicio al hoy actor Garin.

Esta circunstancia enunciada, no puede ser suplida por el hecho de que la señora Borroni haya sido incorporada como nueva parte demandada (vide cargo N° 2329/2011 a fs. 44 presentado por el Dr.Saenz en representación de la actora) puesto que no hubo de establecerse en carácter de qué se la demandaba. Unicamente se mencionó que dado que el llamado Enrique Casola había dispuesto de la totalidad del inmueble y que era cónyuge de Borroni, debía emplazarse a esta en el presente juicio. Sin embargo, dicha observación no luce como pertinente -y ello a pesar de que en los presentes autos fue asumida la defensa de Borroni por el defensor ad hoc Dr Dr. Rey Castro-; puesto que esta suerte de reacomodamiento de la demanda de la parte actora no suple en modo alguno la ausencia de Borroni en el instrumento base de la acción. Ergo, cómo podría haber dispuesto el inmueble en su totalidad el llamado Casola? Unicamente merced a algún poder o mandato de la señora Borroni. Este elemento nunca fue aportado en la causa. Cómo se dijo, y debe reiterarse, tampoco obra el asentimiento conyugal de la señora Borroni. Y si se profundiza más el asunto, la ampliación de la demanda hubiera debido efectuarse de manera concreta, especificándose claramente que se ampliaba la misma sobre los aspectos puntuales relativos a la venta que se había efectuado y a la carencia del asentimiento conyugal; o bien alguna cuestión relativa a la existencia del mandato. Ninguno de estos elementos surge en modo alguno de la demanda de fs. 6 y tampoco fue ampliado a la hora en que se incorporó a la señora Borroni dentro del proceso.

Sin embargo, si desde esta mirada del asunto, ya existirían elementos tales como para establecer que la regularidad del procedimiento no podría determinarse como prístina, lo que implica la posibilidad del dictado del acto nulificatorio por parte de este Tribunal de Alzada; habrá de aditarse otro que también surge del relevamiento efectuado.

En este sentido la inicial notificación del señor Casola fue despachada por vía postal (vide fs.8) incorporándose como motivo de la devolución total de la carta certificada con aviso de retorno que el requerido “falleció”. La continuidad del procedimiento se visualiza en el decreto de fs. 10 vta, con el llamamiento a los herederos del causante mediante edictos. Sin embargo, esos edictos hubieron de ser publicitados mediante el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, siendo que el último domicilio que surge de la carta certificada enviada se encontraba en la provincia de Buenos Aires.

Desde ya debe señalarse que los edictos hubieran debido publicarse en el Boletín Oficial de aquélla provincia, no en la de Santa Fe. Es más, hubiera sido deseable que se agotara la indagación -para lo cuál el Juzgador de grado tiene facultades para ordenarla conforme lo normado por el artículo 21 del CPCC con fin de evitar cuestionamientos y/o nulidades-, que se requiriese info rme al Registro de Procesos Sucesorios, tanto de la Provincia de Santa Fe, cómo principalmente al de la Provincia de Buenos Aires. Ello, combinado con la publicación edictal correspondiente al último domicilio del causante, hubiera despejado cualquier posibilidad de sospecha en cuánto a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso. Sin embargo, ninguna de estas acciones han sido materializadas en autos.

La cuestión no culmina aquí, sino que es factible también considerar que el despacho de una informativa al Registro Nacional de las Personas, o al Tribunal Nacional Electoral, hubiera brindado la precisión correspondiente en torno al último domicilio del causante, puesto que solamente se cuenta con la denuncia efectuada por la parte actora del mismo.Y esa denuncia determinó únicamente una publicación edictal en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, la que -cómo fuera indicado precedentemente- no aparece pertinente.

Nótese que las observaciones formalizadas son plenamente trasladables a la situación de la señora Borroni, por lo menos desde la perspectiva del posicionamiento procesal en el que es colocada ésta por la parte actora, sin que hubiera surgido de manera clara que la disposición dominial la contemplara a ella tanto desde la disposición en sí, como del asentimiento que hubiera debido otorgar. De tal manera la citación por vía postal obtiene el resultado de “cerrado/ausente/se dejó aviso de visita” (vide fs. 49).

Otra cédula dirigida por vía de lo normado por la Ley 22172 (fs. 54) únicamente da cuenta que fue fijada sin que obre una recepción de ésta por alguna persona que se identificara.

El propio letrado de la parte actora, infiere que la llamada Borroni habría fallecido (vide comparendo de fs. 56) y solicita que se le designe como defensor también al Dr. Rey Castro, lo que se materializa de esa forma de acuerdo al decreto de fs. 61. Sin embargo, cómo ya fuera esbozado en párrafos precedentes, dicha designación no puede suplir las inconsistencias que se detectan en torno a todo el asunto. Es más, siendo el caso que la propia actora deduce la posibilidad de fallecimiento de la señora Borroni, se advierte que en relación a los eventuales herederos de ésta -que en este tren hipótetico pudieren resultar no similares a los del señor Casola-, no hubieron de publicarse edictos, ni tan siquiera en la Provincia de Santa Fe.Obviamente que tampoco fue solicitado informe al Registro Nacional de las Personas, ni al Registro de Procesos Sucesorios.

En síntesis, las reflexiones que se han vertido dan cuenta de que es necesario que este Tribunal de Alzada disponga una ordenación o encuadre del procedimiento, vistas las falencias que se detectan; y que las mismas afectan garantías tales como el derecho de defensa de aquélla accionada que no habría dispuesto de su porcentaje en el inmueble; como que las notificaciones realizadas no poseen la completitud que hubiera sido necesaria para aventar los cuestionamientos que pueden realizarse de forma notoria en el pronunciamiento de grado. Es por lo anterior, que la inferencia inevitable que surge de todo el análisis, resulta la declaración de nulidad del pronunciamiento, lo que así se propone como voto del Suscripto, y en la medida en que la solución propuesta sea compartida por los restantes colegas vocales de este Tribunal. Si así fuere, corresponderá también que la continuidad del asunto sea operativa mediante la radicación del juicio por ante el reemplazante legal del señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino; debiendo hacerse notar que resultaría deseable que los intersticios detectados pudieren ser superados en mérito a la ordenación de medidas tales como las que pueden disponerse en atención a las propias facultades de los Magistrados, que les confiere el ordenamiento adjetivo. Y lo anterior, sobremanera cuándo se trata de un asunto en el cuál la consecuencia inmediata de la decisión judicial favorable al actor resulta la quita del derecho de dominio a quién lo tiene a su nombre por vía de la intervención jurisdiccional. Es por lo anterior que, debe reiterarse, las mayores prevenciones y cuidados han de ser contemplados a la hora de la tramitación de los connotados juicios de escrituración.

Vista la conclusión arribada, y si la misma es compartida por los restantes colegas de la Alzada, no corresponderá dar tratamiento a la expresión de agravios formalizada por el Dr.Rey Castro.

En lo que hace a las costas por la tramitación en segunda instancia, en atención a la situación planteada, se entiende prudente y equitativo imponerlas en el orden causado.

Así vota el Suscripto.

A la misma cuestión el Dr. Héctor Matías López dijo: que adhiere a los fundamentos vertidos por el Vocal preopinante por lo que vota de la misma manera.

A la misma cuestión el Dr. Juan Ignacio Prola dijo: que adhiere a los fundamentos vertidos por el Dr. Federico Bertram por lo que vota de la misma manera.

Por todo ello la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto RESUELVE: I) Declarar la nulidad de la sentencia N° 1505 de fecha 17/10/2016 emanada del señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino, conforme los fundamentos explicitados en los considerandos; debiéndose tomar razón por ante aquél Tribunal y luego de ello remitir el expediente al reemplazante legal de aquél Juzgador, teniéndose presente las observaciones que han sido efectuadas en torno al asunto; II) Las costas de la alzada se imponen en el orden causado.

Insértese, agreguése copia en autos, hágase saber y bajen.

Dr. Federico Bertram

Dr. Héctor Matías López

Dr. Juan Ignacio Prola

Dra. Andrea Verrone