Con mayor responsabilidad pero el mismo salario: Se rechazan las diferencias salariales reclamadas pues no se impugnaron los actos administrativos que fijaron sus niveles de revista

Partes: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Bambill Gabriel c/ INIDEP s/ laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 13-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-120709-AR | MJJ120709 | MJJ120709

Rechazo de las diferencias salariales reclamadas por los actores debido a la mayor función como responsables de proyectos en el marco del Dec. 993/91 (SINAPA), en tanto no impugnaron los diferentes actos administrativos que fijaron sus niveles de revista.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la diferencia salarial reclamada por los actores a fin de que se los reencasillara en un nivel superior al que ostentaban por aplicación del Dec. 993/91 (SINAPA) debido a la mayor función desempeñada como responsables de proyectos, pues el reconocimiento de una determinada situación escalafonaria, y el consecuente pago de los adicionales correspondientes, debe ser producto de un acto expreso de la administración dictado en el marco de los procedimientos previstos en la normativa aplicable y los demandantes no impugnaron los diferentes actos administrativos que fijaron sus niveles de revista o bien los que les asignaron funciones como ‘responsables de proyectos’.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 689/695 de los actuados principales (a los que me referiré), la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió rechazar la apelación del Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP) y confirmar parcialmente la sentencia de la instancia anterior que reconoció el pago como legítimo abono de las diferencias salariales de los actores, adicionando el consecuente pago de intereses.

Para así decidir, la cámara entendió que: a) la decisión del a quo de rechazar el reencasillamiento pretendido por los demandantes no sólo era correcta, sino que había quedado firme; b) la ponderación de las aptitudes personales de los agentes administrativos no es materia justiciable mientras no se incurra en una grave descalificación o arbitrariedad, pues ello es una facultad privativa de la autoridad administrativa puesto que de lo contrario implicaria «una intromisión indebida «en la esfera de reserva de la administración y una inadvertencia y desobediencia a lo que disponen leyes y decretos» (v. vs. 690 vta.); c) los demandantes pudieron probar en autos que si bien detentaban las categorias B y C, ejercian una función correspondiente a la categoría A, es decir que realizaban tareas superiores y de mayor responsabilidad que aquéllas para las que habían sido designados; por tanto de las constancias de la causa y teniendo en miras lo dispuesto en los arts. 16 y 14 bis de la Constitución Nacional se les debe reconocer a los demandantes la diferencia remunerativa reclamada so peligro de que, caso contrario, se consagre un abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa del INIDEP en contradicción con la legislación laboral

-II-

Disconforme, la demandada interpone el recurso extraordinario de fs. 702/716, contestado a fs. 719/722, que, fue declarado inadmisible a fs. 724/725 y vta., lo que motiva la presente queja.

Los agravios del INIDEP respecto del pronunciamiento son los siguientes: a) soslaya la legislación de empleo público vigente al momento de los hechos controvertidos:la ley 22.140 (régimen jurídico básico de la administración pública), el decreto 993/91 que estableció el SINAPA -régimen en los que considera no se encuentran incluidos los demandantes- y demás normas reglamentarias; b) provoca una afectación en el presupuesto del INIDEP al obligarlo al pago de diferencias salariales, con más intereses; c) vulnera las potestades discrecionales de la administración referidas a la organización de sus recursos humanos; d) aplica principios y normas de la legislación laboral común en lugar del régimen de derecho administrativo, específico de los empleados públicos y propio de la relación jurídica existente entre los actores y el INIDEP; d) confunde las funciones de las unidades orgánicas de la estructura del instituto con la asignación de proyectos operativos inherentes al cargo para el que habían sido designados los demandantes; e) en el fallo se decide la aplicación de un tasa de interés incorrecta y se omite la aplicación de la ley de consolidación de deuda pública.

-III-

Adelanto que asiste razón al demandado y corresponde admitir formalmente la queja.

Ello es asi desde que, a mi modo de ver, el recurso extraordinario es admisible y fue mal denegado, toda vez que los agravios se refieren a la prescindencia de aplicar normas de carácter federal (ley 22.140 régimen jurídico básico de la administración pública, el decreto 993/91 SINAPA y demás normas reglamentarias y la ley de consolidación deudas del Estado) y la decisión del tribunal ha sido contraria a los derechos que el recurrente funda en ellas (art. 14, inc.3°, de la ley 48).

-IV-

Tengo para mí que el pronunciamiento merece ser descalificado esencialmente porque el tribunal a quo prescindió, sin fundamento válido, de disposiciones que resultan de inexcusable aplicación a los empleados del INIDEP, a quienes, al momento del reclamo, se los debió considerar regulados por la ley 22.140 Y el decreto 993/91 (SINAPA) y demás normas reglamentarias y complementarias que comprenden el régimen jurídico de la Administración Pública.

Dicha prescindencia, provoca la contradicción en la que incurre el fallo ya que éste: a) por un lado, re confirma el rechazo del pedido de reencasillamiento de la parte actora con sustento en que el ponderar las aptitudes y funciones de los empleados públicos es una facultad privativa de la administración; es indebida la intromisión de los tribunales en la creación o producción de vacantes en la estructura administrativa a partir de sus sentencias y en la carencia de presupuestos es un limite para que los cargos sean creados (ver fs. 690 vta); y b) por el otro, entendió que las funciones de los demandantes correspondían a una categoría superior (ver fs.693) y que como tal, debían ser remuneradas.

De este modo, en verdad, la cámara al reconocerle a los actores la diferencia salarial por supuesta tarea de categoría superior, no está sino otorgando -de manera oblicuael reencasillamiento de los actores lo que, por ser una facultad privativa de la autoridad administrativa, ya había sido rechazado expresamente por sentencia firme.

En razón de lo expuesto, no resulta necesario el análisis del agravio referido a la prescindencia de aplicar la ley de consolidación -de orden público- por resultar inoficioso.

-V-

Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia en cuanto fue materia de recurso extraordinario ante la omisión de aplicar la normativa específica de los empleados públicos y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que dicte una nueva de acuerdo a derecho.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 13 de agosto de 2019

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Bambill, Gabriel c/ INIDEP s/ laboral», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que los actores, agentes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP-, promovieron demanda con el objeto de que se los reencasillara en un nivel superior al que ostentaban por aplicación del decreto 993/91 (SINAPA) y que se les abonaran las diferencias salariales derivadas de la mayor función desempeñada. Sostuvieron ser investigadores del INIDEP a quienes se les asignaron tareas correspondientes a «responsables de proyectos» que, en su criterio, implicaron el ejercicio de una función superior a la que era propia de los niveles en los que se encontraban encasillados. Por ello, afirmaron tener derecho a ser reescalafonados en el Nivel «A» del Agrupamiento Ciéntífico Técnico del SINAPA, dada la relevancia y complejidad de tales tareas.

2°) Que el juez federal de Mar del Plata rechazó el pedido de reencasillamiento e hizo lugar al reclamo de diferencias salariales.La actora no recurrió la decisión en lo que se refiere a la primera de las pretensiones mencionadas.

3°) Que, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el pronunciamiento apelado por el INIDEP en cuanto hizo lugar a la diferencia salarial reclamada por los actores. En primer lugar destacó que el rechazo del reencasillamiento había quedado firme y recordó que el valorar la aptitud y funciones de los empleados públicos era una facultad privativa de la administración. No obstante ello, señaló que, aun cuando de manera excepcional pudiera admitirse la posibilidad de que el empleador asignara interina y transitoriamente al agente tareas superiores y distintas para las que fue nombrado, por aplicación el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea surgía la obligación de abonarle el salario de la labor que efectivamente cumplía. Explicó que en el caso se encontraba demostrado que los actores habían desempeñado sus servicios en tareas superiores, en un área donde se llevaban a cabo funciones esenciales del INIDEP, sin que se les abonara la retribución debida. En ese entendimiento, concluyó en que la posición de la administración de no acceder al pago de las diferencias salariales reclamadas consagraba una manifiesta arbitrariedad.

4°) Que contra esta decisión la parte demandada dedujo recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la queja en examen. En sustancia, aduce que: a) la ley 22.140 y el decreto 993/91, aplicables a la relación de empleo público objeto de autos, no fueron tenidas en consideración en el fallo de la cámara; b) la decisión contradice la inteligencia de los arts.18 y 43 de la ley 22.140 en tanto determinan la forma en la que el personal permanente puede ascender a cargos superiores, así como establecen las situaciones de excepción de prestación de funciones ajenas a las del nombramiento; c) los ministros son los únicos funcionarios habilitados para la designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal en los cargos correspondientes a la función pública de conformidad con el decreto 101/1985; d) el acto mediante el cual los actores fueron designados como «responsables de proyectos» no tiene efectos remuneratorios; e) no se han conferido a los demandantes funciones ajenas a su situación de revista ya que la asignación de dichas tareas lo fue dentro de las funciones, responsabilidad y autonomía de los Niveles Escalafonarios que ostentaban al momento de su reencasillamiento, en el año 1992 conforme al decreto 993/91; f) la designación como «responsables de proyectos» no implica la asignación de jefaturas, responsabilidades o funciones superiores; g) la sentencia vulnera las potestades discrecionales reconocidas a la administración para tomar decisiones en la organización de sus recursos humanos conforme la legislación que rige en materia de empleo público; h) la aplicación de la tasa de interés activa eleva en forma inconmesurable los valores de capital de condena resultando confiscatoria, desproporcionada Y redundando en un enriquecimiento ilícito a favor de su bene ficiario, correspondiendo la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA; i) el supuesto de autos se encuentra regido por las normas de consolidación de deuda pública fijadas por la ley 25.344 y decreto 1116/00.

5°) Que en el caso existe cuestión federal que justifica la apertura de la instancia extraordinaria pues se encuentra discutida la inteligencia de normas federales (en especial el decreto 993/91) y la decisión recurrida ha sido -3- contraria a los derechos que la demandada funda en ellas (art.14, inciso 30, de la ley 48).

6°) Que el reclamo de los actores tuvo por objeto obtener el reencasillamiento en el Nivel «A» del Agrupamiento Científico Técnico del SINAPA y que se condene a la demandada a abonarles las diferencias salariales derivadas de la mayor función que habrían realizado en razón de la asignación de tareas como «responsables de proyectos».

7°) Que, tal como lo sostiene la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, la sentencia recurrida, al convalidar el pago de diferencias salariales, omitió aplicar las normas que rigen la relación de empleo público de los actores. En efecto, el decreto 993/91 -texto ordenado 1995-, de aplicación al personal del INIDEP, establece pautas y procedimientos específicos para la designación, reencasillamiento y promoción de los agentes (conf. arts. 2°, 8° y 11 del decreto y arts. 6°, 8°, 30 y 31 de su Anexo I). En particular, dispone que la ubicación escalafonaria debe ser definida por acto administrativo y que la promoción a los distintos niveles y grados se hará, «en todos los casos», con sujeción a los sistemas de selección y procedimiento de evaluación de desempeño establecidos en el SINAPA.

8°) Que de lo expuesto se desprende que el reconocimiento de una determinada situación escalafonaria, y el consecuente pago de los adicionales correspondientes, debe ser producto de un acto expreso de la administración dictado en el marco de los procedimientos previstos en la normativa aplicable.

Ello es así pues el cumplimiento de las formalidades del decreto 993/91 resulta constitutivo del derecho al cobro de diferencias salariales por los suplementos allí previstos (ver Fallos: 333:792 y 2344).

En el caso, los demandantes no impugnaron los diferentes actos administrativos que fijaron sus niveles de revista o bien los que les asignaron funciones como «responsables de proyectos». En especial, no se advierte que hayan cuestionado oportunamente las resoluciones INIDEP 201/94 y 184/97 que aprobaron los Programas y Proyectos de Investigación a los cuales estaban afectados.Tampoco existe una decisión administrativa o judicial que admita el pretendido cambio de ubicación escalafonaria. En efecto, el INIDEP desestimó los reclamos presentados por los actores en ese sentido (ver nota 544/2001, fs. 218 de los autos principales) y el rechazo en sede judicial de la pretensión de reencasillamiento, que suponía cuestionar la validez de tal decisión, se encuentra firme. Estas circunstancias, que no han sido debidamente valoradas por la cámara, justifican la revocación de la sentencia recurrida pues el reconocimiento de diferencias salariales por la realización de tareas de categoría superior -cuando expresamente se rechazó en el sub examine el encasillamiento en dicho nivel- carece de causa jurídica e implica una contradicción en los propios términos del decisorio objeto de recurso.

9°) Que, por lo demás, de la lectura de la normativa aplicable al caso tampoco se advierte que la función de «responsables de proyectos» resulte distinta o superior a las tareas que corresponden a los niveles en que se encuentran encuadrados los actores.

10°) Que, en atención a la forma en que se resuelve, se torna innecesario que el Tribunal se expida respecto de los agravios del recurrente vinculados con la tasa de interés fijada por el a quo o con la aplicación al caso de las leyes de consolidación.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario deducido y revocar la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito de fs. 51. Vuelvan los autos al tribunal de origen a efectos de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase.

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