Los abogados no son empleados de comercio: No corresponde aplicar las escalas salariales de empleados de comercio a los dependientes de estudios jurídicos

Partes: Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (H) S.C. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 14-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-120604-AR | MJJ120604 | MJJ120604

Se resuelve que no corresponde aplicar las escalas salariales del CCT 130/75 de Empleados de Comercio y Actividades Civiles a los dependientes de estudios jurídicos.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la Resolución de AFIP que desestima el recurso de revisión presentado por un estudio jurídico contra la resolución dictada por la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) que determina deuda por tal concepto, atento que no corresponde aplicar las escalas salariales del CCT 130/75 a los dependientes de los profesionales del derecho.

2.-Ningún empleador queda obligado a la normativa de un convenio colectivo si no intervino en su celebración por el sector patronal, una asociación que lo represente, o al menos, un grupo representativo de empleadores; por lo tanto, no le son aplicables al personal del estudio jurídico recurrente las escalas salariales del CCT 130/75, que han servido de base para la determinación del cargo por parte de AFIP.

3.-No es posible catalogar como mercantil la actividad que desarrollan los profesionales del derecho, y quienes desempeñen funciones dependientes en sus establecimientos no resultan encuadrables en el C.C.T. 130/75.

4.-Ni los trabajadores con su representación sindical, ni los abogados con sus respectivos colegios o federaciones, han participado en la celebración del C.C.T. 130/75 por lo tanto resulta claro que esta convención no es aplicable, ni por las partes signatarias, ni por el ámbito de aplicación personal, para las relaciones entre empleados y titulares de estudios jurídicos.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14/03/2019, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos PEREZ ALATI, GRONDONA, BENITES, ARNTSEN & MARTINEZ DE HOZ (H) S.C. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO

La parte actora apela la Resolución Nº 1839/17( DI CRSS) por la que se resuelve no hace lugar al recurso de revisión presentado contra la Resolución Nº158/2015 dictada por la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles ( OSECAC) El apelante ha dado cumplimiento al depósito previo de la suma cuestionada en autos, (fs 69 y 71) por lo que se analizará el recurso interpuesto.

La cuestión sometida a consideración de la Alzada, se endereza a determinar si los trabajadores en relación de dependencia del estudio jurídico, se encuentran dentro de las previsiones del Convenio Colectivo de Trabajo 130/76 La AFIP refiere lo dispuesto por el artículo 2ª que establece “Este convenio será de aplicación a todos los trabajadores que desempeñen como empleados u obreros en cualquiera de las ramas del comercio o en actividades civiles con fines de lucro, . “a titulo ilustrativo, se anuncia a que actividades en especial será de aplicación c) actividades afectadas a . Estudios jurídicos.”. Este convenio se encuentra homologado por el Ministerio de Trabajo por lo que resulta de cumplimiento obligatorio ( conf. arts.4º y 5º de la ley 14250) Destaca la Administración que habida cuenta que la Convención Colectiva ha sido homologada por el Ministerio de Trabajo, en uso de las facultades conferidas por la mencionada ley 14.250 mal podría ese organismo desconocer la validez de la misma, como su aplicación respecto de los estudios jurídicos, expresamente contemplados en ella.

Señala, en cuanto a la pretensión del contribuyente de que se excluya del ajuste al personal que se desempeña en jornada completa, que en atención a los términos del punto 4 de la ley 26.474, regulatoria del “contrato de trabajo a tiempo parcial”, se prevé el ingreso de aportes y contribuciones con destino a las obras sociales sobre la remuneración que corresponda a un trabajador “de tiempo completo”. Debe colegirse que, tanto los trabajadores contratados “a tiempo parcial” como los “de tiempo completo” deben tributar, con relación a las cotizaciones de obra social, sobre la misma base remuneratoria.( ver fs.26) Por otro lado, sostiene la parte actora que su actividad es la de estudio jurídico. Pero “ni la sociedad civil ni el personal en relación de dependencia con la misma se encuentra comprendido en convenio colectivo de trabajo, sea el CCT 130/75 ( empleados de comercio) o cualquier otro”. Tema este central de su memorial recursivo.

El artículo 9º de la ley 14.250 en su parte pertinente señala “En caso de no existir asociación profesional de empleadores, en la actividad objeto de una convención, el Ministerio de Trabajo y Previsión podrá integrar la representación patronal con empleadores de la rama respectiva, o bien considerar suficientemente representativo al grupo de empleadores que intervengan en la negociación.” La jurisprudencia laboral más reciente, por su parte ha señalado ” No explota un establecimiento comercial una persona que, como el demandado, ejerce, con fines de lucro, una profesión liberal, ya sea que lo haga individualmente o en conjunto con otros individuos que cuentan con idéntico título habilitante.Los abogados no realizan actos de comercio sino locaciones de servicios, en tanto la obligación comprometida en el ejercicio de su profesión es de medios y no de resultados, ello, claro está, a excepción de que se demuestre que complementan su actividad profesional con otra de tipo comercial, lo que no sucede en la lid. Por ende, y dado que no es posible catalogar como mercantil la actividad que desarrollan los profesionales del derecho, es evidente que quienes desempeñen funciones dependientes en sus establecimientos no resultan encuadrables en el C.C.T. 130/75. Incluso cuando pudiera decirse, por hipótesis, que los abogados sí llevan a cabo actos de comercio, la realidad es que tampoco a sus empleados les resultaría de aplicación la convención colectiva en cuestión, pues los estudios jurídicosincluidos los unipersonales- no estuvieron representados en el pacto colectivo. No debe, pues, hacerse lugar al reclamo actor”. ( 42059/2012 ” Ferder Alejo c/Villaroel Ignacio s/despido 14/07/16″ Cámara Nacional De Apelaciones Del Trabajo. Sala II) “Resulta claro que ni los trabajadores con su representación sindical, ni los abogados con sus respectivos colegios o federaciones, han participado en la celebración del C.C.T. en que se funda el reclamo y por lo tanto resulta claro que esta convención no es aplicable, ni por las partes signatarias, ni por el ámbito de aplicación personal, para las relaciones entre empleados y titulares de estudios jurídicos”. ( 39.876/11 ” Waessle Guillermo Walter c/ Gutman Marcos Gabriel s/ Despido 27/08/13″ Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX) Comparto la doctrina judicial señalada y considero que ningún empleador queda obligado a la normativa de un convenio si no intervino en su celebración por el sector patronal, una asociación que lo represente, o al menos, un grupo representativo de empleadores.

Por lo tanto, entiendo que no le son aplicables al personal de la recurrente las escalas salariales del CCT 130/75.que han servido de base para la determinación del cargo en estos actuados.Siendo en todo caso aplicables los parámetros del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Por consiguiente, propicio revocar la resolución recurrida, en los términos antedichos. Ordenar la devolución del importe depositado en el término de 15 días bajo apercibimiento de aplicar intereses en caso de mora. Con costas. Se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 4% de las sumas cuestionadas en estos actuados.

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO

Adhiero al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: Revocar la resolución recurrida, en los términos antedichos. Ordenar la devolución del importe depositado en el término de 15 días bajo apercibimiento de aplicar intereses en caso de mora. Con costas. Se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora, en el (%) de las sumas cuestionadas en estos actuados.

Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

La vocalía N°3 se encuentra vacante (art. 109 del RJN)

LUIS RENE HERRERO

Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

ANTE MÍ:

AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara