La verdadera contratación: Despido indirecto ante la simulación de la empleadora de la relación laboral bajo la apariencia de una locación de servicios

Partes: Elorza María Eugenia c/ T4F Entretenimientos Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 3-jul-2019

Cita: MJ-JU-M-119981-AR | MJJ119981 | MJJ119981

Legitimidad del despido indirecto ante la simulación por parte de la accionada de la relación laboral bajo la apariencia de una locación de servicios.

Sumario:

1.-Cabe confirmar parcialmente la sentencia en cuanto acogió los rubros indemnizatorios reclamados, pues no puede plantearse seriamente que el acto simulado -relación laboral bajo la apariencia de una locación de servicios-, que engendra un beneficio para el empleador en el caso, se encuentra consentido por el trabajador que sufre el perjuicio de esa simulación, ni mucho menos actuación conjunta en la simulación, en tanto es justamente uno de los perjudicados por el ilícito.

2.-Si una persona presta servicios a otra que los recibe y esta prestación implica la puesta a disposición de la fuerza de trabajo, la dependencia económica existe por añadidura, ya que las relaciones económicas son relaciones sociales y el valor económico de una cosa o servicio está vinculada a la cantidad de trabajo humano social medio que el producto o servicio insume.

3.-La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

4.-La locación de servicios o los contratos comerciales afines son figuras residuales aplicables sólo a los supuestos en que el empleador no pueda ser considerado empresario, como el servicio doméstico no comprendido en el Estatuto; o que el trabajador posea los medios para ser considerado empresario, aunque la sola fungibilidad de la prestación no es suficiente para excluir la naturaleza laboral de la prestación como en el supuesto del trabajo en equipo.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 3 días del mes de JULIO de 2019 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I.- Contra la sentencia de grado de fs. 1023/1030 que hizo lugar a la demanda, se agravia la parte actora a fs. 1031/1032 y la parte demandada a fs. 1036/1062.

II.- Por una cuestión de orden metodológico, trataré en primer término los agravios formulados por la demandada. Para comenzar, se queja por la decisión de la Sra. Jueza de grado de considerar que el vínculo laboral existente entre las partes rigió desde el 13/12/2007 hasta el 25/02/2011, pues si bien reconoce la prestación de servicios desde la fecha denunciada en la demanda, afirma que hasta el 06/03/2008 estuvieron unidos por un contrato de locación de servicios y no por un contrato de trabajo. En apoyo de su tesitura menciona -entre otras cosas- las facturas anejadas a la causa, el resultado de la pericial contable, el hecho de que la actora estuviera ingresada en la AFIP desde el 06/10/2006 y la inexistencia de subordinación. No obstante señalar que la contabilidad a la que alude el apelante no prueba en contra del trabajador, ya que se trata de un instrumento privado de uso obligatorio para el empleador, asimilada a una declaración de parte que no puede probar en contra de quien no es comerciante ni está amparada por presunción de legitimidad alguna, lo cierto es que si el demandante prueba los extremos de la pretensión, las facturas registradas en la contabilidad comercial no constituye prueba en contrario pues es una afirmación de parte.

Por otro lado, el análisis siempre debe hacerse desde el punto de vista del tercero perjudicado por el negocio jurídico simulado.En otras palabras, todo acto jurídico se encuentra sometido al principio del artículo 955 del Código Civil de Vélez: La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Obvio es decir que para que esta investigación tenga interés ha de estarse a lo normado por el artículo 957 del Código Civil: “La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito”. En otras palabras, no puede plantearse seriamente que el acto simulado, que engendra un beneficio para el empleador en el caso, se encuentra consentido por el trabajador que sufre el perjuicio de esa simulación, ni mucho menos actuación conjunta en la simulación, en tanto es justamente uno de los perjudicados por el ilícito. En este sentido, el objeto de análisis es si la relación habida entre las partes puede considerarse dependiente. Para realizar un adecuado encuadre de la relación, resulta menester analizar en primer término si la empresa accionada prestaba un servicio a la actora o viceversa. Esta distinción resulta fundamental teniendo en cuenta la definición de contrato y relación de trabajo.

En el caso, no existe confusión posible ya que desde el mismo escrito de conteste se expresa: “Las tareas rendidas surgen de la descripción de cada una de las facturas y órdenes de pago y son las siguientes: Coordinación obras Edificio Cabrera -62 horas- y Servicios Profesionales Proyecto Coordinación Estado Obras.(.) La dinámica de la organización de eventos artísticos, determina según el tipo de espectáculo, de los más variados profesionales y personal para su realización, desde el armado de los asientos, ubicaciones, ventas de tickets, controles de tickets, personal de seguridad, limpieza, coordinación de venta de bebidas y alimentos entre otros. La relación entre la empresa y estos proveedores, entre los cuales se hallaba la propia actora, se encuentra normada por las disposiciones del Código de Comercio, por tratarse de un vínculo netamente mercantil, en atención a la naturaleza de la relación, determinada esta última por la modalidad en la prestación, consistente en la coordinación de obras” (ver fs. 174vta y 176vta.). En otras palabras, si los clientes a los cuales había que asistir son de la demandada, el servicio es prestado por la actora a la empresa. Por otro lado, si bien menciona que no estaría acreditado que la Sra. Elorza cumpliera un horario de trabajo, lo cierto es que el apelante no se hace cargo del análisis de los dichos de los testigos que depusieron en la causa efectuado por la a quo a fs. 1024/1026vta. En efecto, no resulta conducente el argumento relativo a la fecha de ingreso de ellos, dado que la prestación de servicios desde fines del 2007 se encuentra reconocida por el apelante en su escrito de conteste.- En este punto, no es ocioso memorar que la impugnación de los testigos es un derecho que tienen las partes que, su falta de utilización, solamente produce la pérdida del derecho dejado de usar y, de ninguna manera, puede implicar que un decisorio quede firme o significar una alteración a su derecho de defensa juicio, pues es deber de los jueces analizar todas las constancias probatorias de la causa que estimen necesarias, con prescindencia de las objeciones que pudieran formular las partes respecto de aquellas (conf.artículo 386 CPCCN). Así las cosas, para que una determinada relación contractual pueda ser tipificada como contrato de trabajo es menester que las prestaciones se adecuen a la definición del tipo contractual pero, a su vez, que estas prestaciones sean la causa objetiva de la contratación. El contrato de trabajo requiere que una de las partes preste servicios bajo dependencia de la otra.

En consecuencia, el objeto para el empleador es este servicio en el ámbito de su organización de medios. Para el trabajador es la obtención de medios de existencia. En este orden de ideas, la aplicación de la presunción del artículo 23 RCT no importa que exista necesariamente una relación de trabajo pues la relación laboral se excluye cuando por “.las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario”. El objeto determina típicamente la contratación que se ha realizado desde un punto de vista objetivo. Un contrato ha de incluirse en una tipicidad contractual si la causa objetiva de la contratación (el “para qué” se contrata) se ajusta a las prestaciones esenciales determinadas por el tipo contractual. De esta manera, conductas entre las partes idénticas pueden ser clasificadas en contratos distintos teniendo en cuenta ese “para qué” de la contratación que representa el objeto de la contratación. Por ejemplo, un grupo de amigos ayuda en la colocación de ladrillos de una parrilla de otro amigo común con la promesa de un asado de inauguración. Esto no constituye un contrato de trabajo aunque los amigos se hayan subordinado a la dirección del dueño de la obra, hayan prestado servicios y la prestación sea onerosa (el asado es una prestación en especie). El acto material es idéntico al de un albañil contratado para la construcción. Lo que denota el objeto del contrato que descarta la subsunción de la rela-ción contractual en el régimen de contrato de trabajo es la relación contextual. El para qué las partes brindaron su cooperación.Este objeto no es el resultado de la indagación de una “esencia” que esté más allá de la apariencia, sino de una objetividad (por ello no se identifica con el “motivo” que impulsa a cada uno de los sujetos de la contratación) que resulta de elementos contextuales confrontables. Nótese que el artículo 21 RCT define al Contrato de trabajo del siguiente modo: Contrato de trabajo. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. De modo similar, la relación contractual creada por el contrato de trabajo -en tanto acto jurídico que expresa un consentimiento instantáneo – es definida por el artículo 22 RCT del siguiente modo: Relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Tal como se viene señalando, el objeto del contrato o de la relación de trabajo designa a los sujetos de estos actos o relaciones jurídicas. La definición de la prestación objeto del contrato y de la relación tiene las siguientes características: La prestación comprometida por uno de los sujetos es: a) realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, característica genérica que comparte con la locación de obras o la locación de servicios; b) bajo la dependencia de otra, que es el elemento que determina la especificidad del contrato y de la relación de trabajo respecto de las figuras contractuales genéricas precedentemente señaladas. La prestación comprometida por el otro de los sujetos importa el carácter oneroso de la vinculación, quedando excluido cualquier lazo contractual a título gratuito.Obsérvese que lo que es necesario, de acuerdo a los términos del artículo 46 RCT, es que el contrato sea oneroso, ya que el monto de la remuneración es determinable. Determinado y lícito el objeto del contrato, los demás efectos pueden ser regidos por las normas supletorias ante la falta de enunciación de una voluntad jurídicamente válida. Establecido ello, no cabe duda respecto de los sujetos entre los cuales la relación se trabó, en la que el actor aparece como elemento y la demandada aparece como empleadora. La demandada centra su postura recursiva en la existencia de un contr ato de locación de servicios. Sin embargo, estos contratos, o las figuras comerciales afines, son figuras residuales aplicables sólo a los supuestos en que el empleador no pueda ser considerado empresario (servicio doméstico no comprendido en el Estatuto), que el trabajador posea los medios para ser considerado empresario (la sola fungibilidad de la prestación no es suficiente para excluir la naturaleza laboral de la prestación como en el supuesto del trabajo en equipo). Lo que caracteriza al contrato de trabajo respecto del contrato de locación de servicios son las condiciones que deben reunir cada uno de los sujetos y la naturaleza de la contraprestación: 1) el empleador es empresario; 2) el trabajador es no empresario y; 3) la prestación es onerosa. Si concurren estos tres supuestos estamos ante un contrato de trabajo. La dependencia jurídica, económica y técnica, más que notas emergentes de la contratación, vienen impuestas por el modo de producción de una sociedad capitalista y por las facultades jurígenas que la ley acuerda al empleador. Si una persona presta servicios a otra que los recibe y esta prestación implica la puesta a disposición de la fuerza de trabajo, la dependencia económica existe por añadidura, ya que las relaciones económicas son relaciones sociales y el valor económico de una cosa o servicio está vinculada a la cantidad de trabajo humano social medio que el producto o servicio insume.Si se presta servicios en el marco de una organización empresaria total o parcialmente ajena, la dependencia técnica se impone y, finalmente, si una persona puede dejar de requerir y pagar los servicios de la otra, que requiere económicamente esa prestación por no ajustarse a los marcos de esa dependencia técnica en la que está inserta, existe dependencia jurídica.

La definición del trabajador como no empresario y del empleador como empresario no constituye una distinción caprichosa o una consecuencia del ordenamiento positivo vigente, sino que se adentra cualitativamente en la relación en análisis modalizando prestaciones y expectativas en apariencia similares. La incorporación a una empresa ajena y el sometimiento a sus usos y costumbres hace nacer el poder de organización y, en la medida que ello implica someterse a pautas programadas desde la cadena jerárquica estamos ante el poder de organización y, si el incumplimiento puede ser sancionado con la exclusión, existe el poder disciplinario. Estas notas caracterizan al empresario quien, en principio, por la facticidad y, en segundo lugar, por el reconocimiento legal expreso, configura la existencia de un poder jurígeno. La empresa es entonces, desde el punto de vista normativo, un ordenamiento jurídico parcial, subordinado al general del Estado, pero con su propio sistema de mandatos, órdenes y jerarquías dentro del cual los sujetos comprendidos interactúan. De allí nace la importancia de definir al sujeto receptor de los servicios como empresario. Si quien presta el servicio tuviera los medios propios para caracterizarlo como empresario, es decir, tuviera a su disposición los medios materiales, inmateriales y personales suficientes para la consecución de los fines benéficos o con fines de lucro con viabilidad social y los empeñara o tuviera la posibilidad de hacerlo en el contrato, las condiciones de sujeción propias de la dependencia se atenúan (es posible, como ya hemos visto, la dependencia empresaria) o desaparecen. Ello excluiría la relación contractual así constituida del marco del derecho del trabajo.Por todo lo hasta aquí expuesto es que se torna irrelevante el argumento utilizado por la quejosa respecto a que el trabajo de la Sra. Elorza no era exclusivo, ya que la exclusividad no es una nota distintiva del contrato de trabajo. Si la empresa demandada tenía el poder de organizar y dar el trabajo, el poder disciplinario se encuentra ínsito en la relación, aún así sea informal, ya que la posibilidad de exclusión de las tareas de modo temporario o definitivo, total o parcial, constituye el sustento del poder disciplinario del empleador. La informalidad con que ese poder puede ejercerse no niega su carácter sino que, sencillamente, lo hace más salvaje. Bajo la misma línea argumentativa, también deviene inconducente lo relativo a la cantidad de horas facturadas pues -conforme los lineamientos establecidos ut supra- la relación laboral no depende de una prestación cuantitativamente determinada con relación a horas, sino por el efecto de ser el trabajador un medio personal de una organización total o parcialmente ajena con fines propios. Por todos los fundamentos expuestos, propicio la confirmación del decisorio de grado en este tramo.- El siguiente agravio se dirige a cuestionar el acogimiento del reclamo del pago del bono anual por objetivos, pues el apelante afirma que las metas anuales eran conocidas por la actora.

En tal sentido, cita documental y prueba producida en la causa. Sin embargo, y sin perjuicio de destacar el reconocimiento que efectúa a fs. 1046vta. cuando expresó: “Si bien en la época de contratación los objetivos no se encontraban fijados.”, lo cierto es que el quejoso no ataca el argumento esbozado en origen para acoger el reclamo por lo que el agravio técnicamente se encuentra desierto (artículo 116 LO). Digo esto, pues la sentenciante a fs. 1028 sostuvo:”Ello se colige, además, con las propias manifestaciones vertidas por la accionada en su escrito de contestación de demanda, al señalar que recién “.en el mes de abril de 2010 la demandada decidió implementar por escrito la política aplicable al Bono Anual.” (v, fs, 182vta.) y pese a que afirmó que la actora suscribió el documento que contenía las políticas vinculadas al bono (el 01.06.2010, v. fs. 39/41), la actora desconoció esa documental (v. fs. 215 punto I b.-) y la demandada no produjo prueba alguna tendiente a demostrar la autenticidad de esos documentos” y si bien la demandada reitera y cita la documental acompañada, ello no obsta al desconocimiento efectuado y a la ausencia de controversia respecto de éste, máxime si fue uno de los argumentos principales utilizados en la sede de origen. En igual sentido deviene inconducente todo el análisis efectuado respecto a las diferencias del Bono Anual, dado que las mismas están estrictamente vinculadas (pues dependen de ellos) a los objetivos planteados por la empleadora que eran desconocidos por la Sra. Elorza. Debe tenerse presente que si bien de la oferta citada surge cuál sería el parámetro de cálculo de los objetivos, ello no es lo mismo que manifestarlos y definirlos. Sólo a mayor abundamiento, tampoco resulta viable el argumento respecto a que la trabajadora no tendría derecho -en teoría- a reclamar el Bono Anual del año 2011, pues lo cierto es que la demandada decidió romper el vínculo el día 25/02/2011 sin invocación de causa y, dicha decisión -que resulta ajena a la dependiente-, no puede significar para ella un perjuicio por no haber tenido la posibilidad de cumplimentar los objetivos ese año debido a la extinción de la relación laboral.En consecuencia, no hallando motivos para apartarme de lo decidido en origen, propicio la confirmación de fallo atacado en este tramo, lo cual torna abstracto el tratamiento del agravio formulado respecto a los certificados del artículo 80 RCT.- Para finalizar, se queja por la inclusión del rubro de telefonía pues sostiene que el aparato electrónico era una herramienta de trabajo que la Sra. Elorza no podía utilizar para beneficio personal. Sin embargo, y sin perjuicio que conforme lo establecido ut supra se encuentra determinada la naturaleza salarial y habitual del Bono, hallo contradicciones en el propio escrito recursivo, toda vez que mientras que por un lado afirma que era una herramienta de trabajo, por otro lado reconoce que la actora realizaba llamadas de índole personal pero que las mismas “no implicaron un mayor costo para la demandada toda vez que se había contratado un abono mensual con la prestadora del servicio” (ver fs. 1059). En este sentido, es de destacar que el hecho de que la demandante no hubiera reclamado durante la vigencia del vínculo laboral el pago de dicho concepto, bajo ningún aspecto implica la renuncia a derechos pues el derecho laboral es de orden público y ajeno al ámbito de la mera voluntad de las partes (artículo 12 RCT). Por ello, propicio la confirmación del decisorio de grado en este tramo.-

III.- Habiendo sido tratados la totalidad de los agravios formulados por la representación letrada de la demandada, procederé a analizar aquellos esgrimidos por la parte trabajadora. En este contexto, se agravia porque la a quo tuvo en cuenta los cálculos efectuados por el perito contador en el cuadro I de fs. 341 y no en el cuadro II. Adelanto que concuerdo con el apelante ya que, de acuerdo a lo analizado precedentemente respecto del Bono Anual, lo cierto es que basarse en un cálculo de 3 sueldos brutos y no de 5 implicaría que la Sra.Elorza sufra un menoscabo en sus derechos por el mero hecho de que su empleadora omitió la determinación de los objetivos a cumplir, tornándolos de satisfacción imposible.

En este orden de ideas, corresponde modificar la sentencia de grado en este aspecto y estar a los cálculos efectuados por el experto contable en el cuadro II de fs. 341, lo que arroja un total de $183.414 (tal como fuera peticionado en el líbelo inicial) y no de $99.792. En consecuencia, el monto total al cual la actora es acreedora asciende a la suma de $279.590,50 -PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS- (adicionado la suma de $198.698,50 por Bonos adeudados + incidencia del SAC), con más intereses conforme tasa aplicada en origen, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago.-

IV.- El modo en que se modifica la sentencia amerita aplicar la norma del artículo 279 CPCCN con relación a costas y honorarios. Atento el resultado del litigio corresponde imponer las costas por esta acción en amba s instancias a la demandada vencida (artículo 68 CPCCN). Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, la observación del art. 64 del texto normativo sancionado por el Congreso de la Nación y la promulgación parcial dispuesta por el decreto 1077/2017 (art. 7), corresponde determinar cuál es la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho texto normativo. Al respecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido por mayoría -con arreglo a lo decidido por ese Tribunal ante situaciones sustancialmente análogas- que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la liquidación (Fallos:321:146 ; 328:1381 ; 329:1066 , 3148 , entre muchos otros). Por ello, concluyeron que “el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos: 268:352, 318:445 -en especial considerando 7-, 318:1887 , 319:1479 , 323:2577 , 331: 1123 , entre otros” (CSJ 32/2009 (45-E) /CS1, originario, “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” , sentencia del 4 de septiembre de 2018). De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales sustanciales por la labor cumplida en primera instancia se realizaron estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 LO, el art. 13 de la ley 24.432 y el decreto ley 16.638/57, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas. Por ello, los honorarios de origen deberán ser regulados en los siguientes porcentajes respecto del monto de condena con sus accesorios teniendo en cuenta la actuación en el doble carácter de abogado y procurador de los letrados de parte, la calidad y extensión de los trabajos, el éxito obtenido y las escala arancelaria antes referidas: Para la representación y patrocinio letrado de la parte actora (%), para la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el (%) y para el perito contador en el (%).

V.- Los honorarios de alzada se establecen en el (%) de lo que les fuera regulado a los Sres. letrados en origen (LA).

LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:1) Modificar la sentencia de grado condenando a T4F Entretenimientos Argentina S.A a abonarle a la Sra. María Eugenia Elorza la suma de $279.590,50 – PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS- con más intereses conforme tasa aplicada en origen, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. 3) Regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora en el (%), a su similar de la parte demanda en el (%) (ambas incluyen la actuación ante el SECLO) y al perito contador en el (%) por su actuación en primera instancia. 4) Regular los honorarios de alzada a los profesionales intervinientes en el (%) de lo que le corresponda a cada uno por su intervención en la anterior instancia. 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art- 109 R.J.N). MMV

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Beatriz E. Ferdman

Juez de Cámara