La responsabilidad del organizador: La ACTC debe indemnizar por pérdida de chance al acompañante de un conductor que sufrió un accidente y se vio privado de recibir una rápida atención médica

Partes: Romero Gustavo Antonio c/ Automóvil Club Argentino y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 8-may-2019

Cita: MJ-JU-M-119607-AR | MJJ119607 | MJJ119607

La asociación de turismo de carretera y la federación codemandadas deben indemnizar por pérdida de chance al acompañante de un conductor que sufrió un accidente y se vio privado de recibir una rápida atención médica. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Es procedente condenar a la asociación de turismo carretera y a la federación de automovilismo deportivo demandadas a indemnizar al actor por pérdida de chance, en tanto se acreditó que durante una competencia en la cual participó como acompañante de un conductor, ocurrió un accidente en el cual aquel resultó lesionado y se vio privado de una atención apresurada de sus lesiones y fue trasladado en una camioneta sin los medios básicos de una primera atención de auxilio frente a la gravedad del cuadro que presentaba.

2.-La reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, lo cual implica que debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas frustradas.

3.-Por incapacidad sobreviniente debe entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades tanto laborativas como de relación y que sonconsecuencia inmediata de la producción del accidente, prologando sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 8 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “ROMERO, Gustavo Antonio c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO y otros s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri, Liliana E. Abreut de Begher y Víctor Fernando Liberman.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I) Antecedentes.

a) Gustavo Antonio Romero inició demanda por daños y perjuicios contra Automóvil Club Argentino (en adelante ACA), Federación Nacional de Automovilismo Deportivo (en adelante FNAD), Asociación Turismo Carretera Bonaerense (en adelante ATCB), al titular del Circuito Silvia Zunino y/o contra quien en definitiva resulte haber sido el responsable o propietario o guardián del circuito automovilístico donde aconteciera el accidente el día 26 de mayo de 1996. Contó que practicaba automovilismo en la categoría denominada “Turismo Carretera Bonaerense” y que en razón de ello, con fecha 26 de mayo de 1996, mientras participaba de una competencia en la categoría como acompañante del rodado conducido por el Juan Carlos Rodríguez sufrió un gravísimo accidente que estuvo a punto de perder la vida. Explicó que en oportunidad de realizarse las series clasificatorias el rodado en que viajaba colisionó con el automóvil número 25, conducido por el debutante Jorge Esteban Sáenz y como consecuencia del impacto sufrió las lesiones por las cuales inició esta acción. Agregó que el rodado, casi completamente destruido, quedó con muchos tripulantes en su interior, los cuales fueron auxiliados por la gente circundante pues la precariedad de los medios existentes en el autódromo impedía una rápida y eficaz asistencia.Señaló que la grúa existente en el lugar no estaba en condiciones operables y los bomberos demoraron por demás en arribar a dar auxilio. A ello adicionó que el circuito en cuestión se encontraba homologado por el Automóvil Club Argentino, no obstante carecer de los más elementales recaudos de seguridad. Expuso que con las graves lesiones sufridas fue trasladado a la Clínica Pilar en una ambulancia asignada al circuito, que no era más que un rodado vetusto marca Ford tipo F 100 -vehículo de carga- con una simple tabla como camilla, sin elementos ortopédicos, suero, oxígeno, ni personal capacitado para la atención de heridos en emergencias graves, donde quedó alojado en terapia intensiva. Fue intervenido varias veces (cadera y rodilla), para luego volver a internarse por un virus hospitalario hasta el alta con fecha 31 de julio de ese año. Atribuyó que a la mala y escasa atención médica recibida se sumó la total falta de apoyo y dedicación, tanto por parte de las autoridades de la Federación Nacional de Automovilismo Deportivo como de la Asociación Turismo Carretera Bonaerense. Imputó responsabilidad a los organizadores del evento deportivo por haberlo dejado abandonado a su suerte, por no haber solventado los innumerables gastos ocasionados como consecuencia de los tratamientos médicos a que fue sometido, no obstante haber abonado la licencia correspondiente, la cual incluye un seguro para el caso de accidentes, al ACA por resultar el fiscalizador de la carrera y a la ATCB y FNAD como explotadores comerciales del circuito. b) Automóvil Club Argentino se presentó a estar a derecho y opuso excepción de prescripción. Subsidiariamente contestó demanda. Sostuvo que su parte resultó ajena al hecho de autos pues no tuvo participación alguna en la competencia en cuestión. Aclaró que el ACA no fue el organizador, ni el fiscalizador, ni ninguno de sus funcionarios, comisarios deportivos, cronometristas estuvo presente, ni participó de la competencia regional, la que fue en definitiva organizada por otras entidades que tienen sus propios estatutos y reglamentos técnicos.Agregó que en el caso hubo una asunción voluntaria de riesgos de la propia víctima al aceptar ser acompañante del piloto del auto accidentado. Negó los hechos alegados por la actora, en especial que su parte haya homologado o autorizado el circuito o autódromo donde se habría realizado la competencia. También aseveró la inexistencia de un grupo empresario entre su mandante y los demandados. Afirmó que tanto las consecuencias del accidente y sus gastos médicos corresponden a cada uno de los pilotos y que incluso ni siquiera son asegurados estos últimos toda vez que las empresas de seguros no asumen ese riesgo. En cuanto a la excepción de prescripción, manifiesta que el accidente ocurrió el día 26 de mayo de 1996 y teniendo en cuenta la caducidad de instancia decretada en la causa 51.287/1998 (iniciada años antes), esta acción instruida casi diez años después se encuentra prescripta. c) ATCB no contestó demanda y se presentó solo a estar a derecho a fs. 291. d) FNAD tampoco contestó demanda. e) Más adelante la aparte actora desistió de la acción contra “Circuito Silvia Zunino”. f) A fs. 580/90 se dictó sentencia admitiendo la excepción de prescripción opuesta por ACA y, en consecuencia, se rechazó la demanda promovida por el actor contra la mencionada, con costas a su cargo (art. 69 del CPCC), fundándose en lo normando por el art. 4037 y 3987 2do. párrafo del CCiv. y art. 29 del decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573).

Por lo demás, admitió parcialmente la demanda entablada por Gustavo Antonio Romero contra Asociación Turismo Carretera Bonaerense y Federación Noroeste de Automovilismo Deportivo a quienes condenó en forma solidaria a abonar al actor la suma de $72.000 más sus intereses y las costas del juicio. Por último difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

II) Agravios

La sentencia fue apelada por la parte actora a fs. 596, con recurso concedido libremente a fs. 597 y expresión de agravios a fs.617/31 rebatida por el ACA a fs. 633/8.

ACA y ATCB también apelaron el fallo, desistiendo el primero de ellos del recurso a fs. 615 y declarándose desierta la apelación del segundo a fs. 644.

III) La solución.

a) La excepción de prescripción.

Se queja el accionante por la admisión de la excepción interpuesta por ACA. Aduce que el señor Juez de grado omitió la aplicación de lo normado por la ley 7412/1968 que si bien no fue mencionado por el quejoso en su demanda, el inferior debía aplicarla por el principio “iura novit curia”. Explica que la norma en cuestión, vigente a la fecha de los acontecimientos de autos, establece que el contralor de la totalidad de las competencias automovilísticas a desarrollar en la Provincia de Buenos Aires corresponde a la Comisión Ejecutiva de Competencia Automovilística, integrada entre otros por el ACA y dispone la intervención de dicha entidad en la autorización y contralor de la totalidad de las contiendas automovilísticas a realizase en esa jurisdicción. Insiste que la relación que une a su mandante con el ACA es de tipo contractual y por lo tanto el plazo de prescripción de la acción aplicable en la especie es el decenal y no el bienal tal como equivocadamente lo establece el sentenciante. Por otra parte alega que existen documentos (licencia deportiva) que se encuentran reconocidos por la confesión ficta de la codemandada FNAD con la que se prueba la intervención del ACA y el aval del este club quien de hecho -dice- interviene en su otorgamiento, exigiendo el conocimiento y acogimiento a sus reglamentos por parte de los pilotos. Finalmente cita jurisprudencia en la que dice que en un caso similar se ha condenado al ACA.Pide se revoque la sentencia y se rechace la excepción opuesta por la accionada.

En primer lugar diré que la prescripción liberatoria es el instituto en virtud del cual la inacción del titular de un derecho durante los plazos establecidos por la ley, produce la pérdida de la facultad de exigirlo compulsivamente. Por derivar de su aplicación la pérdida de una prerrogativa, es de interpretación restrictiva y en caso de duda debe optarse por la solución que implique la subsistencia del derecho.

Ahora bien, en el caso el recurrente sostiene que la relación que lo unía con el ACA era contractual y por lo tanto el plazo de prescripción a computarse debería ser bienal.

Disiento con tal afirmación.

Recordemos que el accidente por el cual se inicia la presente acción data del 26 de mayo de 1996. Con fecha 22 de mayo de 1998 Romero inició una primer demanda por ante el Juzgado Civil No 43 caratulada “Romero Gustavo c/ ACA s/ Ds y Ps” Expte No 51287/1998 en la que se reclamó los daños y perjuicios sufridos en la misma competencia de Turismo Carretera Bonaerense. Dicha causa finalizó por caducidad de instancia (conf. Resolución de fs. 92).

Luego, el 17 de abril de 2006, casi 10 años después, se inició la presente demanda -en un primer término como interrupción de la prescripción- ampliada a fs.75/86.

Así las cosas, analizando la prueba producida en estas actuaciones no encuentro probado de manera alguna que el actor, como acompañante del piloto que comandaba el automóvil No 1, haya tenido una relación contractual con el Automóvil Club Argentino.

Se produjo pericial contable a fs. 404/10. Allí el Cdor. Alfredo Juan Rivanera informó cuales eran a la fecha las competencias fiscalizadas por el ACA según el Reglamento Deportivo Automovilístico, entre las que no se hallaba el Turismo Carretera Bonaerense.También agregó que en días anteriores y posteriores a la fecha de la competencia en cuestión -26/5/96- no se verificaron de los libros contables registros individualizados con el autódromo en el cual se realizó esta competencia, ni con la categoría TCB, encontrando solo registros de facturaciones por otras categorías. Tampoco halló registros o documen tación alguna referida a la competencia de autos ni a la inscripción del actor y mucho menos algún tipo de registro que permita determinar algún tipo de vinculación entre el ACA y la codemandada Federación Noroeste de Automovilismo Deportivo.

La pericia no fue impugnada por ninguna de las partes.

Con relación a la constancia de Licencia Deportiva (v.fs. 42) que menciona el quejoso en sus agravios, tal como lo señaló el sentenciante, dicha copia no fue autentificada por el reclamante y el A.C.A. desconoció tal documentación al contestar la demanda (fs. 121 vta. pto. 2). De ninguna manera puede afirmarse que dicha copia quedó reconocida solo por que otra de las accionadas ha quedado confesa en los términos del art. 417 del CPCCN.

Por lo demás y con relación a las leyes que ahora el recurrente cita en sus agravios debo destacar primero que la ley 7412/68 vigente hasta el 9 de diciembre de 1999 (cuando se dictó la ley 12391 de la Pcia. de Buenos Aires) en ninguna parte de su texto hace alusión al Automóvil Club Argentino. La ley hace referencia a que “.sólo podrá autorizarse la realización de competencias de velocidad que sean organizadas por entidades afiliadas a la Comisión Deportiva Automovilística de la República Argentina, fiscalizadas y controladas por dicho organismo” (art. 2o). En su artículo siguiente se establece que el Ministerio de Obras Públicas designará una Comisión Ejecutiva de Competencias Automovilísticas que será presidida por el Director del Transporte del Ministerio de Obras Públicas y estará integrada por un representante de cada una de las siguientes entidades: Dirección de Vialidad de la Pcia.de Buenos Aires, Policía de la Pcia de Buenos Aires, Comisión Deportiva Automovilística de la Rep. Argentina y Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Véase aquí tampoco se menciona al ACA.

Esta ley se derogó con la sanción de la ley 12391 en el año 1999, es decir después del accidente de esta litis, donde en su art. 2 se establece la creación de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo donde sí se menciona por primera vez que estará integrada por varios miembros dentro de los cuales se indica “Automóvil Club Argentino” más olvida el recurrente de mencionar que no solo esta ley fue posterior al hecho de autos sino que dicho artículo fue vetado por el Decreto 309/99.

En definitiva, no encuentro probada ninguna relación contractual entre el Sr. Gustavo Romero y el Automóvil Club Argentino.

A mayor abundamiento y tocante al fallo que menciona el recurrente en sus quejas en la causa “Angelakis c/ Tamago” (del 2 de Noviembre de 2004 Cam. Ap en lo Civ. y Com. de Lomas de Zamora, Id SAIJ: FA04994215) debo destacar que a diferencia de nuestro caso, allí se afirmó que: “.Expresa el Reglamento Deportivo Automovilístico de la República Argentina que el Automóvil Club Argentino, en su carácter de Autoridad Deportiva Nacional, conforme el reconocimiento que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se erige como poseedor y depositario del Poder Deportivo para aplicar el Código Deportivo Internacional y todas sus normas complementarias y regir el deporte automotor en la República Argentina.Dentro de tales lineamientos, haciendo aplicación de los principios doctrinarios y jurisprudenciales enunciados y estando a lo que surge acreditado en el caso de autos.la fiscalización de la carrera fue realizada por el ACA en virtud de tratarse de una carrera de carácter nacional.”(Sic) circunstancia que no se acreditó en estas actuaciones.

Por lo tanto considero más que acertada la solución brindada por el “a quo” proponiendo al Acuerdo la confirmación del fallo en crisis y el rechazo de los agravios esgrimidos por el accionante, con costas al vencido (art. 68 del CPCCN).

b) Daño Físico.

Se agravia el accionante del rechazo del rubro en estudio. Afirma que al contrario de lo sostenido por el magistrado de grado es ineludible que las demoras verificadas en la atención médica como consecuencia de la total desidia de los demandados ha redundado en gravísimos perjuicios para su salud. Cuestiona la suma que por “pérdida de chance” se le otorgara en la sentencia de $40.000 como consecuencia de la falta de oportuna, inmediata y efectiva atención médica brindada el día del accidente. Hace mención a las irregularidades que presentaba el circuito, el que carecía de las más elementales medidas de seguridad. Concluye que de haber existido una organización y fiscalización debida del encuentro competitivo el actor no hubiera sufrido el gravísimo accidente de autos.

Se ha expedido esta Cámara Civil en el sentido que “la incapacidad sobreviniente comprende, salvo el daño moral y el lucro cesante, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada” (conf.CCiv, sala “M” 13/09/2010 Estévez, María Cristina c/ Amarilla, Jorge Roberto y otros, La Ley Online; AR/JUR/61637/2010).- La reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas frustradas.- En consecuencia, por incapacidad sobreviniente debe entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades tanto laborativas como de relación y que son consecuencia inmediata de la producción del accidente, prologando sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente.- Ahora bien, debo destacar que en el caso el accidente que sufrió el accionante no tiene directa relación con las “irregularidades” que menciona en sus quejas sino en el choque producido en la pista cuando el automóvil en el que viajaba como acompañante y al mando de piloto Juan Carlos Rodríguez impactó con otro vehículo de la competencia, habiéndose montado un auto sobre otro, saliendo despedido para posteriormente clavarse de frente, romper el tren delantero, dar vueltas y caer brutalmente contra el piso (ver descripción de la demanda).

En definitiva, el actor se accidentó participando de una competencia deportiva por demás peligrosa.

El deporte como juego, como profesión, como espectáculo, forma parte importante de la vida contemporánea, siendo una de las características de esta actividad los riesgos que genera, que son frecuentísimos. Ello hace que en principio, cuando se produce alguna lesión derivada de ese riesgo propio de la actividad, no haya obligación de reparar, la que si existiría cuando el mismo hecho se produce fuera del juego (C.C. y C.S.M., 50741, RSD 129-2 S (-5- 2002, JUBA 7, B2002209).

Se distingue entre los deportes de alto riesgo que llevan implícito un serio riesgo para la vida, salud o integridad del participante (como el alpinismo, boxeo, full contact, automovilismo, parapente, paracaidismo, etc.), de los que no llevan implícito un alto riesgo para la vida, salud, integridad del participante y en los que alguna lesión o resultado dañoso sobreviene excepcionalmente (por ejemplo, voleyball, handball, fútbol, etc.) (Trigo Represas F., López Mesa M.J., “Responsabilidad civil”, t. II, p. 786).

También se ha dicho que en el caso del transporte benévolo, quien acepta ser transportado lo hace sobre el presupuesto de que el conductor durante el viaje respetará las normas de tránsito y pondrá la pericia y cuidado propios de quien tiene el manejo de una cosa riesgosa. Por ello, si ocurre un accidente y el pasajero se lesiona, el dueño o guardián responderá por ese daño como si se tratara de un transporte oneroso (art. 1113, 2o parte del párr. 2o, Cód. Civil). Por su parte, en el caso del acompañante de un corredor de autos en una carrera, en cambio asume los riesgos propios de ese deporte, donde las altas velocidades y las maniobras audaces que constituirían infracciones a las leyes de tránsito fuera de ese ámbito, forman allí parte sustancial de las reglas de juego que incluso le dan brillo y emoción a la competencia, no pudiendo por ello reclamar indemnización alguna si el riesgo asumido cobra actualidad y resulta lesionado, salvo que pruebe dolo o culpa grave del conductor. La responsabilidad por riesgo de la cosa, en este supuesto, queda absorbida por la aceptación del juego, donde en muchos casos asumir y superar esos riesgos constituye, precisamente, parte de los atractivos de la actividad (C.C. y C., S.M., 50741, RSD- 129-2-9-5-2002).

En el caso nada probó con relación al conductor del vehículo en el que viajaba.Es más siquiera se lo ha demandado, por lo que más allá de lo que surge de la pericia médica efectuada en autos (v.fs. 453/63) y el grado de incapacidad y lesiones sufridas que con ella se acreditan, lo cierto es que lo sucedido en la competencia era un riesgo al que el actor se sometió de forma absolutamente voluntaria, no habiéndose comprobado el grado de incidencia que le provocara en su salud la falta de atención rápida posterior al evento.

Nótese que la perito nada mencionó al respecto y la experticia fue consentida por todas las partes.

El actor no logró acreditar la relación de causalidad entre las lesiones sufridas y el actuar de las demandadas Asociación Turismo Carretera Bonaerense y FNAD.

Por lo expuesto y valorando que sí quedó comprobado (con la misma confesión ficta de los accionados) que el reclamante se vio privado de una atención apresurada de sus lesiones y fue trasladado en una camioneta sin los medios básicos de una primera atención de auxilio frente a la gravedad del cuadro que presentaba, considero acertada la decisión del sentenciante de otorgar en los términos del art. 165 del CPCCN una suma en conce pto de pérdida de chance.

Por ello, propongo la confirmación del rubro en análisis y el rechazo de las quejas al respecto.c) Daño Moral.

El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.

Se ha decidido en distintos pronunciamientos de esta Cámara que, es tarea delicada la cuantificación de este concepto pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil.

El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y malestares subsistentes.

En primera instancia se reconoció por este ítem la suma de $25.000 y de ella se queja la parte actora solicitando su sensible elevación.- Tomando en cuenta las pautas señaladas, y a la luz de las pruebas rendidas en autos, lo resuelto en el apartado anterior sobre las lesiones físicas, su edad al momento del siniestro (25 años) y demás condiciones personales de la víctima que surgen de las constancias de autos, considero prudente y equitativa la suma concedida en la sentencia por este ítem.d) Gastos médicos, de farmacia y traslados.

La juez de grado incluyó aquí la cantidad de $7.000 para cubrir estos consumos.

Reiteradamente la jurisprudencia ha admitido la procedencia del reintegro de estos gastos a la víctima como consecuencia de un hecho ilícito.

Ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas.

La presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo, o pretende una suma inferior, o superior, a la fijada en el fallo.

Esto no ha sucedido en el caso de marras, pues ninguna prueba concreta exterioriza el recurrente en sus quejas como para se justifique elevar o reducir el monto fijado en la instancia anterior. Se reduce a mencionar todas las intervenciones y gastos que tuvopero olvida que en definitiva las lamentables lesiones que sufrió se encuentran en relación directa con el accidente sufrido en la pista del autódromo, competencia a la que se sometió voluntariamente y en la que sufrió un grave accidente -muy común en este tipo de deporte- donde dos pilotos de competición colisionaran y a raíz del cual resultara afectado en su salud.

En consecuencia, se desestiman las quejas al respecto.-

VI) Conclusión.

Por todas las razones que dejo expuestas, y si mi opinión es compartida por mis distinguidos colegas, propongo al acuerdo: 1) Rechazar los agravios presentados por la parte actora y confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes en tanto fue materia de apelación.

2) Imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida (conf. art. 68 del Código Procesal).

Así mi voto.- Los señores jueces de Cámara doctores Liliana E.Abreut de Begher y Víctor Fernando Liberman, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI- LILIANA E. ABREUT DE BEGHER -VíCTOR FERNANDO LIBERMAN -.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de mayo de 2019.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1) Rechazar los agravios presentados por la parte actora y confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes en tanto fue materia de apelación. 2) imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Patricia Barbieri

Víctor Fernando Liberman