Imperio de la ley vs. facultades instructorias

Autor: Ruiz, Juan

Fecha: 18-jun-2019

Cita: MJ-DOC-14898-AR | MJD14898

Doctrina:

Por Juan Ruiz (*)

Es un hecho que salvo raras excepciones, en el campo del derecho civil la doctrina judicial en nuestro país mayoritariamente ha adoptado la tesis que predica el llamado «activismo procesal» según la cual el juez no sólo está facultado sino casi obligado a interpretar con gran latitud las normas procesales con la finalidad de llegar al esclarecimiento de la verdad material de la cuestión sometida a su conocimiento aunque en ocasiones ello suponga directamente ignorar el precepto de que se trate y preterir principios constitucionales.

No es el objeto de este trabajo ingresar en la discusión doctrinaria sobre los aspectos jurídicos de la postura activista vs. la postura garantista, debate en el cual se han vertido muy respetables razones en pro y en contra de ambas posiciones, sino poner el foco sobre puntos que estimo deben ser escrutados con mucho detenimiento en orden a graves implicancias que por cierto exceden el campo específico del Poder Judicial para internarse en la raíces mismas del sistema republicano adoptado por la Constitución Nacional y por consiguiente en un principio agonal de nuestra organización política como es el de la soberanía popular.

Para ello analizaremos una reciente resolución del STJ de Corrientes que tramitando un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley llamó autos para resolver para luego desdecirse, suspender el llamamiento y ordenar la producción de una prueba pericial a pedido de una de las partes.

En los autos «Rodeles Viviana Teresita c/ Petrona Delicia Guido Vda. de Sand y Carlos Oscar Nieva» esta medida para mejor resolver dictada por el STJ fue recurrida mediante un recurso in extremis previsto en el ordenamiento procesal local, en el cual se señalaban las irregularidades que lo viciaban pero fue rechazado con fundamento en que «Que por aplicación de las directrices expuestas, el poder instructorio judicial es amplísimo, e independiente de la facultad probatoria concedida o negada a los litigantes. El espíritu que inspira el artículo 36 del código procesal, lo convierte en una prerrogativa discrecional de carácter privativo del juez.De allí que las diligencias que a su tenor se disponen devienen, en principio, irrecurribles»

En primer lugar cabe recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal busca asegurar la corrección jurídica del fallo impugnado a través del control de su legalidad y su ajuste a las normas constitucionales, pero como expresamente lo dice la jurisprudencia y lo ha dicho también este mismo Tribunal en reiterados fallos contradictorios con el que se analiza, su competencia para entender en el recurso extraordinario no constituye una tercera instancia ordinaria susceptible de provocar un reexamen de los hechos y de la prueba, pues ello incumbe a los órganos judiciales de mérito.

Es más, el C.P.C de Corrientes expresamente prohíbe en su artículo 277 el ofrecimiento de prueba, y por ende su producción, en esta instancia.

Recapitulando cronológicamente los pasos procesales seguido en esta instancia, se advierte que el 19/10/2018 el Tribunal llama autos para sentencia, luego de transcurridos casi tres meses, el 11/02/2019 el demandado perdidoso presenta un escrito solicitando que se ordene la producción, entre otras, de la prueba pericial que durante el proceso ordinario había perdido por su propia negligencia.

El 14/02/2019, tres días después, con inusual celeridad el presidente del STJ invocando el pedido de uno de los ministros, provee a este pedido disponiendo sin mayor fundamentación la realización de dicha pericial en primera instancia como medida «para mejor resolver» salteando así la prohibición del art.277 bajo el manto del del «amplísimo poder instructorio» de los jueces.

La pregunta inevitable que se deriva de esta fundamentación es que ¿Es tan amplio ese poder instructorio que autoriza a los jueces a barrer de un plumazo varios principios procesales, varios artículos del código procesal vigente sustituyéndose de facto al legislador y contradiciendo su propia doctrina?

Como nota al margen obsérvese que el fallo habla de «poder» y no «facultad» instructoria, lo que trae reminiscencias del origen de esta visión activista que muchos autores sitúan en la justicia alemana en los tiempos del nazismo en la cual eran los jueces los que dictaban y aplicaban la ley y otros en la Francia posrevolucionaria y en la Rusia que sobrevino a la revolución bolchevique de 1917 donde existieron intentos institucionales que persiguieron abolir el ejercicio liberal de la abogacía y terminar con las «formas» o «reglas» en base a las cuales se tramitaban los procesos, sustituyendo de esta manera los mandatos de la ley por el criterio de «justicia» del juez aplicado en cada caso singular, reminiscencia que es despertada por la frase autoritaria del fallo comentado que dice «El Superior Tribunal no acepta una formulación tan rígida y absoluta como la que plantea el recurrente»

Es decir, el Tribunal mencionado no acepta que se le señale:

a) La violación de la prohibición de ofrecer prueba; b) La contradicción de su propia jurisprudencia; c) La violación del principio de cosa juzgada en materia de prueba; d) La modificación de una sentencia de Cámara mediante una providencia simple firmada por un ministro; e) El desconocimiento del principio de preclusión; f) Que se cuestione el dictado de una medida a pedido de la parte beneficiada cuyo efecto directo e inocultable es que subsana su propia negligencia; g) la violación del principio de igualdad de las partes ante la ley y por ende el derecho a la defensa y al debido proceso adjetivo de la parte perjudicada.¿Es esta una formulación excesivamente rígida?

¿Tan amplio es ese «poder instructorio» que hasta puede pasar por encima del mandato de respetar el derecho de defensa de las partes que impone la ley como condición para autorizar diligencias extemporáneas?

En el caso relatado la medida ordenada no luce como complementaria de las aportadas por las partes porque no se invocó error judicial notorio ni exceso ritual manifiesto ni del juez de grado ni de la alzada, simplemente y sin más trámite se aplicó el formulismo «para mejor resolver» como fundamento de la providencia impugnada.

Como puede verse en este caso, el poder que se auto atribuyen algunos jueces hace que la línea entre activismo y arbitrariedad sea sumamente delgada y cada vez es más fuerte la tendencia de ciertos magistrados a cruzarla amparados en esa capa que hace muy difícil distinguir los móviles, que pueden ser impartir justicia o bien esconder favoritismo, interés personal o amiguismo, dejando en indefensión al justiciable perjudicado, máxime cuando se trata del último escalón provincial sin acceso a la Corte en búsqueda de corrección por no tratarse de sentencia definitiva.Ahora que se han vertido ríos de tinta y se ha debatido en toda su profundidad la cuestión quizás sea hora de que las instituciones que nuclean a los abogados exijan que el legislador tome el asunto en sus manos y elabore una solución legal que restrinja la posibilidad del uso exorbitante de la facultades instructorias durante el proceso, porque con esta formulación actual que habilita soluciones judiciales tan particularizadas, o hechas a la medida de cada controversia – y a veces de alguno de los litigantes – que se justifica con la remisión a la jurisprudencia de la Corte nunca se sabe a ciencia cierta qué reglas procesales concretas serán aplicadas en definitiva, por lo que el derecho pasa a tener una nota de aleatoriedad inadmisible y absolutamente incompatible con su esencia científica

Es cierto que se debe tender a que prime un imperativo de justicia y tanto los jueces como las partes deben colaborar mutuamente para establecer quien tiene el derecho sobre la base del principio de buena fe procesal, pero son los litigantes quienes deben poner diligencia y cuidado en su gestión y atenerse a las reglas comunes para ambas partes – y a las consecuencias de su inobservancia – porque de ninguna manera puede ser el espíritu de la ley estimular el accionar negligente de los actores con medidas que en la práctica resultan una dispensa de oficio para uno en perjuicio del otro que ha cumplido con las disposiciones de la ley, como en el caso reseñado.

Es que tal como sostiene Mariano Arbonés (1) con gran precisión, «los jueces deben juzgar las causas conforme a la ley sancionada por el Poder Legislativo, pero no juzgar la bondad o la insuficiencia de la ley.Si la ley es injusta, perimida o simplemente, inadecuada es asunto ajeno a la función judicial, puesto que de no ser así se rompe la división y equilibrio de los poderes y se infringe el sistema republicano del Estado.»

Y esto que dicho así parece ser sólo retórica en realidad es extremadamente grave porque el abuso judicial de la autorización legal so color de la búsqueda de la verdad objetiva socava los cimientos mismos del sistema político y jurídico vigente en nuestro territorio, porque cuando el juez se sustituye al legislador mediante una amplitud interpretativa exorbitante se está desplazando de hecho atribuciones constitucionales de uno de los estamentos funcionales del Estado a otro en contradicción con el sistema básico adoptado por nuestra Constitución que pone la soberanía en cabeza del pueblo y el poder de hacer la ley en manos de sus representantes.

Una conceptualización gelatinosa del proceso civil según la cual las reglas que lo informan pueden ser alteradas por los mismos magistrados a quienes se encomienda hacerlas respetar invocando facultades implícitas supra legales para remediar estrecheces normativas, excesos rituales o insuficiencia de prueba, es en ciertos casos como el aquí glosado una invitación a la arbitrariedad, algo que por cierto no pudo estar en el ánimo del legislador.

Que el imperio de la ley pase a ser desplazado por el imperio de los jueces nunca es algo saludable en una sociedad de mocrática, pero menos aún en este momento en que es objetivamente apreciable la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en la administración de justicia justamente a raíz de los desvíos de poder de algunos magistrados que tomaron estado público en los últimos tiempos.

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(1) ARNBONÉS, Mariano: «Juicio por jurados y escabinado. El tema con relación a la última reforma puesta en vigencia por el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba», Cuaderno Nº 3, del Departamento de Derecho Procesal y Práctica Profesional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, UNC, Cba. 1998, pág. 9 y SS.).

(*) Abogado, Universidad Nacional del Nordeste. Constitucionalista. Ex asesor de la Cámara de Diputados y actual asesor en la Comisión de Justicia y Asuntos penales de la H. Cámara de Senadores. Autor de publicaciones de su especialidad.