Menú del día: El límite de 2 kgs por persona para el ingreso de alimentos y/o paquetes los días de visitas a detenidos cercena el derecho de los internos a recibir alimentos de sus allegados

Partes: Hábeas corpus correctivo y colectivo interpuesto por el SPPDP de Rosario (Dres. Franceschetti – Bassini) en favor de los internos de las Unidades de Detención N° 3, 5, 6, 11 y 16 del SPP s/ límite reglamentario de ingreso de alimentos en días de visita carcelaria

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario

Fecha: 4-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-119274-AR | MJJ119274 | MJJ119274

El límite de 2 kgs impuesto por persona mayor para el ingreso de alimentos y/o paquetes los días de visitas a detenidos cercena indignamente el derecho de los internos a recibir alimentos de sus allegados.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar a la acción de amparo al considerar que el límite de 2kgs impuesto por persona mayor para el ingreso de alimentos y/o paquetes los días de visitas a detenidos cercena indignamente el derecho los internos a recibir alimentos de sus allegados, pues más allá del derecho general a una alimentación adecuada del sujeto encarcelado, el objeto de la problemática involucrada en el hábeas corpus es, en estricto sentido, el ejercicio en condiciones dignas del ‘derecho de visitas’ de familiares o allegados, el que es reconocido en favor de todas las personas privadas de libertad, siendo regulado por los arts. 158 y ss. de la LEP, el arts. 171 y ss. del dec. provincial 4127 del 25/11/16 y las disposiciones reglamentarias.

Fallo:

Rosario, 4 de febrero de 2019.-

AUTOS: El recurso de apelación planteado por el Dr. Juan Manuel Martínez Saliba, titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Luzzini (Fiscal de Estado adjunto de la Provincia), contra lo resuelto en el punto 1° del auto N° 708 de fecha 09 de noviembre de 2018 dictado por la Dra. E. Verón (Colegio Jueces 1ª. inst. de Rosario) en el caso «Hábeas corpus correctivo y colectivo interpuesto por el SPPDP de Rosario (Dres. Franceschetti – Bassini) en favor de los internos de las Unidades de Detención N° 3, 5, 6, 11 y 16 del SPP s/ límite reglamentario de ingreso de alimentos en días de visita carcelaria», carpeta judicial CUIJ 21-07013085-5 del Registro de la Oficina de Gestión Judicial, de trámite por ante este Tribunal Unipersonal del Colegio de Cámara de Rosario;

Y VISTOS:

I) que la Magistrada de grado consideró procedente el amparo mencionado, disponiendo «suspender sin plazo los efectos de la Resolución nro. 533/2018 de fecha 14/3/18» dictada por el ahora apelante Dr. Martínez S. -director del Servicio Penitenciario-, al sostener que la misma conduce a agravar las condiciones de detención de los interesados.

II) La resolución impugnada se focaliza en una de las restricciones impuestas en el primer punto del Anexo I de la Res.533, que determina que en todos los institutos penitenciarios, en el día de visitas, «se permitirá solamente el ingreso de un bolso y/o paquete cuyo peso máximo será de 2 kg. por visitante mayor».

En la audiencia de apelación las partes coincidieron que ese es el punto en el cual se circunscribe esta impugnación, esto es: determinar si el límite de 2kgs.impuesto por persona mayor para el ingreso de alimentos y/o paquetes los días de visitas a detenidos, fijados por alegadas razones de seguridad y de celeridad en las requisas de ingreso, agrava o no ilegítimamente las condiciones de encarcelamiento de los internos.

III) La Jueza de primera instancia sostuvo, en la línea propuesta por el accionante, que la medida -a pesar de las razones alegadas- cercena indignamente el derecho los internos a recibir alimentos de sus allegados. Señala que ello, al vulnerar derechos legales, habilita el control judicial. Agregó que el acogimiento de la pretensión no implica una evaluación de las razones de mérito, oportunidad o conveniencia en el trazado de políticas relacionadas con las medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar el ingreso de elementos prohibidos A la par, específica que no es materia de su pronunciamiento «determinar cuál es el límite concreto que debe fijarse al ingreso de alimentos», lo que es extraño a un Hábeas Corpus, dejándolo librado al reajuste que efectúe la autoridad penitenciaria. Para ello exhorta a que las partes continúen con las instancias de diálogo interrumpidas.

Reparó no se ponderaron otros medios menos lesivos de los derechos, y que la cuestión de seguridad en los controles no puede cargarse sobre personas privadas de su libertad, destacando la existencia de tecnologías hoy disponibles para la detección de elementos prohibidos ocultos.

III) La autoridad penitenciaria, impugnó la decisión respectiva, abriéndose el recurso conforme las razones expuestas en el proveído firme del 18/12/18. En la audiencia de apelación del 27/12/18 expusieron los representantes del SPPDP, el MPA y del Poder Ejecutivo (Fiscalía de Estado, Ministerio de Gobierno y Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios).

IV) El Dr. Miguel Antón (por el Poder Ejecutivo) postuló la revocación de lo resuelto.

Considera que hubo una intromisión en el ámbito de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo contemplada en la Ley de Ejecución Penal (arts. 10, 161/2/3) y en la Constitución Provincial (art.72.17).

Añade que la medida regulada en la resolución N° 533 tiene como base la búsqueda de la seguridad, tanto interna como externa. Añade que no expresa el A quo cuál es el agravamiento concreto de las condiciones de detención, ya que el límite de los dos kilos es por visitante (cuya cantidad no tiene tope), y no por detenido.

V) Que el Dr. Martínez Saliba (Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Director del SPP) sostiene que la suspensión sin plazo de los efectos de la resolución Nro. 533/2018 invada una facultad propia del Poder Ejecutivo (art. 10 LEP), lo cual impide al Servicio Penitenciario reglamentar un régimen sobre el que tiene conocimientos técnicos y empíricos, sin dar el A quo argumentos valederos para apartarse del criterio adoptado en la decisión administrativa.

Afirma que de ningún modo la reglamentación dictada provoca una violación de derechos o restricción de los mismos en torno a las condiciones de alojamiento de los internos, el cual sería el único motivo para que judicialmente se suspenda sin plazo la mencionada reglamentación.

Manifiesta que la resolución atacada es contradictoria en sí misma, puesto que en sus considerandos expresamente se reconoce que el Director General del Servicio Penitenciario es competente para determinar las pautas para el ingreso de alimentos, pero luego termina suspendiendo una resolución que se dictó para dar una respuesta adecuada y oportuna a la problemática en cuestión.Advierte que el A quo no toma en cuenta los informes acompañados por el Servicio Penitenciario a la carpeta judicial, y realiza una valoración negativa sobre los resultados que provocaría la medida, haciendo mención a circunstancias fácticas, pero sin explicar cuáles son esas circunstancias de las que solo saca conjeturas.

Arguye que en modo alguno la resolución 533/18 afecta el derecho de los internos de recibir periódicamente visitas y que lleven alimentos, sino que por el contrario, solo reglamenta dicha situación, sin restringir o lesionar derecho alguno, teniendo como andamiaje cuestiones de seguridad, conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario (art. 10 LEP), para evitar muchos de los problemas que advierten hoy en día respecto a la seguridad de los penales de la provincia.

Que el ingreso sin límites de alimentos es abusivo, habiéndose detectado casos de valijas con hasta 23 kgrs., siendo que el Estado asigna 200 millones de Pesos para alimentos (el 20% del total del presupuesto penitenciario).

Expresa que a partir de las dos opciones implementadas (ingreso irrestricto, o ingreso con no más de 2 kgrs.), en la Unidad 6, por ejemplo, hicieron un testeo por el lapso de 6 meses y resultó que el 41% de los visitantes optó por ingresar paquetes con menos de dos kilos, por lo que muchas personas se vieron beneficiadas con esta medida.

Agrega que además de la seguridad, se buscó con dicha reglamentación que no haya acopio de alimentos y comida podrida dentro de los pabellones, que se evite la presión de algunos internos sobre otros para que les ingresen alimentos, o que se introduzcan elementos prohibidos.

Asimismo, sostiene que el A quo dijo que hay que poner un scanner, el cual es importado y tiene un costo unitario de aproximadamente USS 35.000 para cada una de las 12 unidades penitenciarias y el proceso licitatorio llevaría alrededor de dos años, por lo que es muy difícil de implementar.También refiere que en relación a la supuesta insuficiencia de personal para controlar, están afectados a ello 78 empleados, de los que más de 30 son de las unidades comprendidas en este hábeas corpus.

Preguntado por el Tribunal cuáles fueron las pautas para fijar el límite en dos (2) kilos por visitante mayor de edad, expresa que es lo que se consideró como adecuado para que la visita pueda compartir un alimento con el interno el día respectivo, dado que para el alimento del detenido está el Estado.

Señala que los menores no tienen límites de kgrs., siendo su promedio de edad de 10 años; que la resolución 533 está dirigida sólo a los «días de visitas», ya que para los «días de (ingreso) de paquetes» no hay límites, por lo que en esas fechas es posible entregar paquetes y también alimentos; y que los 2 kgrs. comprende las bebidas.

Pide se deje sin efecto el auto apelado y se resuelva conforme lo manifestado, posibilitando la operatividad de la Resolución Administrativa Nro. 533/2018. Hace reserva de derechos.

VI) A su turno la Fiscalía de Estado (Dr. Luzzini), expresó que hay una clara injerencia del Poder Judicial en las potestades del Estado. Cita jurisprudencia relacionada con el tema (casos Peralta, Verbistky e IRAR). Refiere que la cuestión del scanner al que hace mención la Magistrada de grado es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, el cual debe ceñirse al presupuesto que les dice cuándo y en qué gastarlo. Pide la revocación de lo dispuesto por el Aquo.

VII) Por su lado, la Defensa Pública accionante (Dr. Franceschetti) sostiene que la Jueza en su resolución solo ordena que el Servicio Penitenciario se abstenga de aplicar la nueva reglamentación y le brinda otras opciones. No hay ninguna injerencia en las atribuciones del Poder Ejecutivo.Añade que todo tiene revisión judicial, más en esta situación, en la que se afecta el derecho a una alimentación adecuada, a la visita amplia, al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva. Cita jurisprudencia relacionada (Irar, HC de A.Gutiérrez, y Verbistky) en aval a su postura sobre que los jueces pueden ordenar a la Administracion que se abstenga de vulnerar derechos, o hacer cosas concretas o acciones positivas.

Que con la Resolución N° 533 se viola el principio de igualdad y progresividad, porque en las unidades penitenciarias del norte de la provincia no se está aplicando por decisión judicial.

Que la Defensora Asinari, sostiene que el agravamiento en las condiciones de detención es el hambre que sufren los internos por la deficiente cantidad y calidad de la comida, y es por esa razón que los familiares les llevan alimentos.

Que 2 kgrs. no alcanzan para compartir el día de visita -ya que si no fuera necesaria no ll evaría alimentos- y además agrava la cuestión de la mala calidad dela comida que se les suministra a los internos Que ante la pregunta de este Tribunal a la Defensa sobre cuál es el peso que consideran adecuado para que ingresen las visitas, se sostuvo en la audiencia un límite de 15 kilos por visitante, exponiendo la demandante que sin perjuicio de ello, habría que sumar los paquetes (con efectos o comida) que se les pueden enviar a los internos el día respectivo (los jueves).

Se expuso también que en la Mesa de Diálogo el P.E. dijo que no se iban a mover de los 2 kgrs.Aludió el amparista al derecho del interno a recibir alimentos no sólo destinado a la misma visita, con cita de la LEP y las Reglas de Mandela; al peculio de cada detenido con valores al año 2015, etc.

Se dijo que en orden a la seguridad externa, la situación está vinculado al tema de los celulares y su relación con las «balaceras»; que el SPP hizo un protocolo de detenidos de «Alto Perfil», y que la mayoría de los internos no ingresan con cosas ilegales. Que en cuanto a la cuestión de la seguridad interna según la información penitenciaria recabada comprensivo de determinados días de visitas en septiembre de 2018, no hubo en ninguna de las unidades informadas ningún secuestro de efectos prohibidos.

VII) Por último, el MPA (Dra. K. Bartocci) manifestó que se está a favor de la realización un acuerdo, que el diálogo es necesario porque el único punto en conflicto es el monto de kgrs.; que solicita se revoque la decisión recurrida, por considerar que la Resolución N° 533 hace un control que es por razones de seguridad, pero no cercena ningún derecho.

Agrega que en el hábeas corpus resuelto por la Dra Castelli, a raíz de los valores nutricionales de los alimentos que proporciona el Estado en la Unidad 5, se concluyó que los stándares nutricionales estaban cumplidos.

VIII) Al ejercer su derecho a réplica, el representante del Servicio Penitenciario sostiene que es irracional la propuesta de la Defensa de 15 kilogramos por visitante y que la disposición fue dictada conforme lo que establece la Ley de Ejecución Penal, reglamentándose de esa forma el derecho de alimentos del interno (art. 65).

Finalmente las partes respondieron positivamente a la pregunta de esta instancia si la cuestión a dirimir responde exclusivamente a la cantidad de kilos a ingresar por visitante.

Y CONSIDERANDO:IX) Que analizado el caso y los argumentos de las partes corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.

XII) Se advierte que, más allá de su procedencia, la demandante (el SPPDP) plantea adecuadamente este amparo en forma colectiva, esto es: ejerciendo una acción de clase, en favor de un grupo de personas (los encarcelados en los presidios de esta jurisdicción) que requieren especial tutela en la preservación de sus derechos frente a una regulación reglamentaria única y con alcances comunes al colectivo afectado. Sin perjuicio de los intereses individuales de cada interno, el derecho comprometido en el caso (el derecho de visita y su digno ejercicio) es homogéneo a todos ellos, siendo común la causa originaria. Por ende el tratamiento y decisión de la pretensión debe ser conjunta y uniforme (erga omnes) a fin de evitar el desgaste y los riesgo de procesos y resoluciones aisladas y potencialmente contradictorias 1 .

Que el hábeas corpus correctivo es un procedimiento constitucional dirigido a hacer cesar agravamientos ilegítimos en la forma o condiciones de detención (43 CN), sin desmedro de las facultades propias del juez del proceso respectivo2.Procede cuando no haya otras vías o recursos legales expeditivos, rápidos o idóneos para soslayar el daño irreparable denunciado.

Su objetivo es hacer cumplir, entre otras garantías, el mandato que las cárceles sean «para seguridad y no para el castigo de los reos», la prohibición de toda medida «que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija» (18 CN), y la exclusión de cualquier pena o trato inhumano, indigno, cruel, degradante o que trascienda la persona del sujeto privado de libertad.

Para ello se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes cumplen encarcelamiento 4 y el principio de judicialización y control de legalidad permanente de la ejecución de la pena de prisión en todas sus modalidades5, protección legal que se extiende a quienes cumplen prisión preventiva (11 LEP).

En este marco, la intervención judicial no sólo debe ser eficaz y oportuna, sino guardar el equilibrio adecuado para no involucrarse en cuestiones exclusivamente de competencia de la autoridad administrativa (10 LEP), límite muchas veces difuso que, aun así, se derrumba frente a la jurisdicción cuando las decisiones penitenciarias conducen a una negación, cercenamiento o recorte desmedido, arbitrario, abusivo, injustificado, irrazonable o caprichoso de derechos de la persona privada de libertad, lo cual es susceptible de revisión y permanente control judicial (3 y 4.a LEP).

El ámbito de la actuación de los entes ejecutivos comprende atribuciones y límites atinentes a cuestiones de seguridad que incluso contemplan los instrumentos internacionales, los que establecen, vgr., que los órganos carcelarios «velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes» (Regla 1 de Mandela 6).

Sin embargo, se prohíbe a la vez imponer restricciones que no estén estrictamente justificadas en razones de cautela procesal (evitar que se entorpezca la investigación o la administración de justicia) o «para el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención» (Regla 36.2 del «Conjunto de Principiospara la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión»).

En resumen, no hay resquicio posible que pueda trasuntar abandonar a la persona encarcelada en manos de la administración carcelaria, despojándolo de la protección de las leyes. La judicatura, si bien no debe avanzar sobre atribuciones propias de la autoridad ejecutiva, tampoco puede desentenderse de la protección de los derechos del interno cuando éstos aparecen afectados de un modo incompatible con las leyes y la Constitución.

XIII) Por regla y dada su naturaleza, el hábeas corpus correctivo no puede emplearse para sustituir o desarticular políticas o decisiones de la esfera penitenciaria, como son las medidas de seguridad interna y externa que se adoptan en el ámbito de las cárceles. Este ha sido un argumento invocado en el caso por el Gobierno (invasión judicial de competencias propias).

Sin embargo, el Supremo Tribunal federal a través de múltiples fallos ha sostenido su doctrina por la que reforzó el perfil del Hábeas Corpus correctivo y colectivo como un instrumento efectivo de control de políticas públicas, con el objetivo de dotar de efectividad a la tutela de los derechos de incidencia colectiva reconocidos en la Constitución, sin buscar suplantar directamente a los órganos ejecutivos ni extralimitarse en la jurisdicción, pero asumiendo un rol activo que no se reduzca a la mera exhortación de buenas intenciones 8 .

Al respecto, la Corte Nacional descalificó argumentos que, como en el sub-lite, son frecuentemente esgrimidos por las autoridades gubernamentales, reparando en que «cuando una política es lesiva de derechos, siempre se argumenta en contra de la jurisdicción, alegando que en tales supuestos media una injerencia indebida del Poder Judicial en la política cuando en realidad, lo único que hace el Poder Judicial, en su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona» (HC «Gutierrez» -19/2/15- y «Verbistky» -3/5/05).

XIV) En el caso concreto, lacuestión que es materia de apelación se circunscribe a determinar la legitimidad o no de la restricción impuesta a la cantidad de bolsos/paquetes/alimentos que puede ingresar cada persona mayor de edad que visita a un interno en cualquiera de las unidad penitenciaria de esta Circunscripción Judicial, lo que la Resolución 533 fija en un peso máximo de 2 kg.

El límite aludido comprende las cosas (objetos, alimentos) que lleva cada mayores de edad los días asignados a «visitas» (sábados o domingos).

No abarca los comestibles y demás necesarios para visitantes menores, ni los que el SPP permite enviar a los internos los jueves, que son los días de «recepción de paquetes» -artículos de uso personal y consumo personal- (art. 220 y ss. del dec.prov.4127/16). Esto carece de restricciones de peso.

También quedan al margen de este amparo el régimen especial establecido para los internos calificados por el SPP como «de Alto Perfil», los que por su vinculación a situaciones de criminalidad de muy elevado riesgo, cuentan con límites incluso más estrictos 9, lo que ha sido avalado uniformemente por los tribunales de esta jurisdicción, en particular, atendiendo a lo acotado de su aplicación y las excepcionales circunstancias de seguridad que rodean tales supuestos.

Se enfatizó en el curso del proceso y de esta apelación que el límite establecido para el «día de visita» de 2kgs. impacta especialmente sobre los alimentos que llevan los familiares. Ellos se destinan por el visitante a su consumo personal y a compartirlo con su familiar detenido durante toda la jornada.

La autoridad penitenciaria expuso, ante la pregunta expresa de este Tribunal, que ese fue el parámetro que se siguió para cuantificar la restricción de 2 kgrs., esto es: lo que se estimó como necesario para compartir entre interno y visita en la jornada respectiva.De acuerdo a lo consignado como fundamento de la resolución 533, ese límite se impuso con el objetivo de «agilizar el procedimiento de requisa y paralelamente dar una respuesta adecuada y oportuna a fin de preservar la seguridad de las personas y de la Unidad».

XV) Que más allá del derecho general a una alimentación adecuada del sujeto encarcelado, el ob jeto de la problemática involucrada en este hábeas corpus es, en estricto sentido, el ejercicio en condiciones dignas del «derecho de visitas» de familiares o allegados, el que es reconocido en favor de todas las personas privadas de libertad, siendo regulado por los arts.

158 y ss. de la LEP, el arts. 171 y ss. del decreto provincial 4127 del 25/11/16 y las disposiciones reglamentarias.

En síntesis, lo que se busca con la visita es, en lo posible, mantener y afianzar intramuros los lazos familiares y sociales del interno, atemperando los efectos negativos y disociantes del encierro carcelario.

La normativa vigente asegura, al menos una vez por semana (sábados o domingos), la posibilidad de recibir especialmente familiares directos. Estos son requisados en forma previa y obligatoria por razones de seguridad. Cada jornada se extiende hasta 8 (ocho) horas, lapso durante el cual los protagonistas interactúan, compartiendo entre otras cosas propias de la visita, alimentos, bebida no alcohólica, mate, etc. Por fuera de los comestibles de los que dispone el interno (ración diaria, o por compra en cantina), lo que el mismo consume el día de visita junto a su familiar es lo que éste lleva, lo cual también comprende un derecho asegurado por la ley (art. 65 LEP).

Y en este orden, el tope general de dos kilogramos es, por su insuficiencia, irracional y abusivo.Abarca no sólo los alimentos, sino los demás elementos que se le llevan al interno para uso personal y cotidiano; no se discrimina la bebida, con lo cual, vgr., un litro y medio de agua mineral o gaseosa -a compartir por 2 personas durante una jornada de 8 horas-, consume las ¾ partes del límite, lo que maximiza la irrazonabilidad del máximo reglamentario. Es más: sin perjuicio del día específico existente para entrega de «paquetes» (los jueves), el doble traslado semanal a la cárcel al que ello conduce le genera al familiar gastos de transporte que son muchas veces inabordables para los sectores postergados, que son mayoritarios en esta temática.

XVI) Parece claro también que distintas razones muestran como muy atendible que se fije un límite cuantitativo a lo que puede introducir un visitante en una cárcel. Basta con citar la seguridad interna y externa del presidio, la prevención del acopio o la transacción ilegal interna de alimentos u otros efectos, etc. La inexistencia de límites en el volumen de los ingresos no parece ajustado a los requerimientos de seguridad de un establecimiento penitenciario. Y un techo tan elevado como el propuesto por la actora en la audiencia de apelación (15 kilos por visitante) tampoco se muestra hoy como posible ni aconsejable, en especial en las grandes unidades como Piñero y Coronda, con una alta conflictividad agravada por el riesgoso perfil que registran no pocos de sus internos.

Sin embargo, la creciente complejidad de la realidad carcelaria no debe impactar masivamente sobre el ejercicio regular y digno de ciertos de derechos básicos de los detenidos, como ocurre imponiendo una cuota de 2 kgrs. para compartir entre el interno y su familiar o pareja visitante.Es así ostensible la necesidad de implementar otras medidas materiales o reglamentarias diversificadas, un control más eficaz sobre el desempeño del personal penitenciario infiel, e incorporar más y mejor tecnología en las inspecciones de las visitas que permita una prevención eficiente y rápida en el ingreso de materias prohibidas como celulares, sus componentes, sustancias ilegales, etc.

XVII) En este proceso las partes (el SPPDF, los representantes del Poder Ejecutivo, e incluso el MPA que abogó en favor de la restricción fijada por el SPP) prácticamente se han mantenido inamovibles en sus pretensiones, sosteniendo posiciones extremas como las únicas viables, en un erróneo contrapunto a un todo o nada: ninguna limitación, o hasta 15 kgrs., o no más de 2 kilos. Como bien señalamos, y es así una línea que también sigue el tribunal aquo, los tribunales de Justicia no están para ejecutar, suplir o diseñar las políticas públicas ni siquiera las medidas que las implementan (ordenando licitaciones para construir o mejorar cárceles, o fijando los kilos de alimentos permitidos en una visita), sino, llegado el caso, para juzgar si ellas vulneran o no derechos y garantías. En este sentido, no se determinan aquí cuántos kgrs. de comida son los razonables para compartir en una visita carcelaria, siendo que un quantum razonable a reformular está seguramente al alcance de las posibilidades de su coetáneo control por el Estado y conforme incluso a pautas referidas precedentemente.

XVIII) De esta forma concluye este tribunal que el panorama aludido conduce a sostener que el límite de 2 kgrs.de peso en alimentos y efectos a ingresar los días de visita ordinaria, fijado por la Resolución 533/18 de la Dirección Provincial del Servicio Penitenciario, por su excesiva insuficiencia, cercena irrazonablemente el ejercicio del «derecho de vista» de familiares, que es un derecho esencial de toda persona privada de libertad para atemperar los efectos nocivos del encierro carcelario, dado que condiciona su regular ejercicio en forma indiscriminada e ilegítima y sin que las razones de agilización de las requisas previas de los visitantes o las cuestiones de seguridad esgrimidas puedan justificar la asimétrica y exigua entidad de la restricción cuantitativa impuesta, la que , en su caso y a futuro, deberá reformularse con proporción y sin que afecte el ejercicio digno del derecho afectado.

La disposición cuestionada conforma, por lo analizado, un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las que se cumple el encarcelamiento de los afectados en los términos del art.

43 CN, el art. 3.2 ley nacional 23.098/84 de HC, la LEP 24.660 y el art. 370.3 CPP, por lo que la interrupción de su vigencia deviene forzosa.

Así las cosas, considera esta instancia que la Sra. Juez de grado ha dirimido acertadamente la cuestión, correspondiendo entonces confirmar su pronunciamiento.

Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada. Costas por su orden (448 inc. 2° CPP).

Vuelva a la OGJ de 2da. instancia a sus efectos, debiéndose notificar la presente en forma inmediata y por vía electrónica.

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