Pactos incorrectos: Se multa a la letrada que firmó con un cliente pactos de honorarios prohibidos por tratarse de cuestiones de familia no patrimoniales

Partes: R. A. M. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23187 – art 47 c

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-may-2019

Cita: MJ-JU-M-119220-AR | MJJ119220 | MJJ119220

Procede la multa para la letrada que firmó con un cliente pactos de honorarios prohibidos, por tratarse de cuestiones de familia no patrimoniales.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la multa impuesta a la letrada actora toda vez que el Tribunal de Disciplina consideró las conductas reconocidas por la propia encartada, como ser el hecho de haber firmado los pactos que se encuentran prohibidos por tratarse de cuestiones de familia no patrimoniales; haber admitido que dejó sin efecto el acuerdo respecto de su cliente -obligada principal- otorgándole una carta de pago y manifestando que no tenía más nada que reclamarle sin especificar cuánto percibió por su labor, ni a qué concepto fue imputado el dinero que efectivamente cobrara y sin perjuicio de ello, continuar el cobro de la supuesta deuda con respecto al garante; todo lo cual configuran omisiones de cumplimiento a sus obligaciones profesionales.

2.-Se juzga que las actitudes adoptadas por la matriculada, como ser pactar honorarios por los diferentes procesos cuando refieren a cuestiones de familia no patrimoniales, dar carta de pago a la obligada principal -su cliente- sin especificar el monto percibido para luego manifestar que nada recibió por las tareas desarrolladas y pretender continuar la ejecución contra el garante de la obligación-; implican comportamientos inadmisibles en la gestión profesional, resultando ello prueba suficiente de conductas éticamente reprochables y configurándose así, una falta a los valores éticos.

3.-Corresponde desestimar el planteo de prescripción efectuado por la sancionada toda vez que la adecuada interpretación del art. 48 de la Ley 23.187 y del art. 5º del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina lleva a concluir que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria -cuando ésta se inicia de oficio- debe computarse desde que el Colegio Público de Abogados tomó conocimiento de los hechos que autorizan el ejercicio de la acción disciplinaria, los que no transcurrieron en el presente.

4.-Toda vez que la matriculada tuvo oportunidad de defenderse en su contestación de traslado, en la audiencia de vista de causa ante el Tribunal de Disciplina y en su alegato, mal puede pretender que se considere que se ha visto vulnerado su derecho de defensa cuando de las constancias de la causa se desprende que no sólo pudo conocer, oportunamente, los hechos, pruebas y faltas por los que se la imputaba sino que además pudo efectuar sus descargos en todas las instancias posibles.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de mayo de 2019.

VISTOS; CONSIDERANDO:

1?) Que a fs. 146/154vta. la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal aplicó a la Dra. A. M. R. (T° 21 F° 334) la sanción de “multa”, por un importe de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), prevista en el art. 45 inc. c) de la ley 23.187, por haber infringido lo dispuesto en los arts. 6 inc. e) y 44 incs. e), g) y h) de la ley 23.187 y arts. 10 inc. a) in fine, 18, 19 incs. a) in fine, c) y h) y 22 inc. a) del Código de Ética. Para así decidir, tuvo en cuenta que la letrada reconoció haber firmado pactos de honorarios con su cliente -Sra. Borrello- aun conociendo que éstos se encuentran prohibidos por ley por tratarse de cuestiones de familia no patrimoniales (confr. Ley 21.839, Capítulo II, Artículo 4º). Asimismo, consideró que la Dra. R. reconoció haber dejado sin efecto el acuerdo suscripto con su cliente -Sra. Borrello-, aunque no especificó cuanto percibió por su labor, ni a qué concepto fue imputado el dinero que efectivamente cobrara, otorgándole una carta de pago, manifestando que no tenía nada más que reclamarle y desistía de la acción respecto a ella, y sin embargo, prosiguió el cobro de la deuda respecto del garante, cuando la profesional debió conocer efectivamente que sí había reconocido el pago a la obligada principal, nada podía reclamarle al garante. Destacó que, de tal modo, se advertía en forma clara la falta de ética profesional y lealtad que la letrada le debe no solo a su cliente sino a todos los sujetos involucrados.

2?) Que a fs. 167/179 la Dra. R. apeló y fundó sus agravios. Explicó que la denunciante -Dra. Borrello- “[c]ontrató mis servicios profesionales para que la representara en su demanda de divorcio, alimentos y disolución de la sociedad conyugal, (que tramitaron en el Departamento Judicial de San Isidro) llevando a cabo acciones judiciales y extrajudiciales que fuere menester.Con fecha 12 de marzo de ese año suscribimos el convenio de honorarios que ella misma acompañó a su denuncia. No obstante no haberse incluido en el Convenio, la suscripta inició acciones por exclusión del hogar, tenencia y medidas cautelares tendientes a proteger el patrimonio de la Sr. Borrello, actuando siempre con la debida diligencia en beneficio de la cliente”. -ver fs. 167vta.-. Destacó que el “[c]itado Convenio de fecha 12-03-10, obrante en la causa, se convino un monto por los asuntos de familia, a abonar por la cliente a la terminación de estos procesos, y respecto a la disolución de la sociedad conyugal se pactó una suma equivalente al 10% de los bienes que efectivamente se adjudicara la Sra. Borrello” -fs. 167vta.-. Indicó que su cliente “[n]o abonaba ni los gastos a su cargo, sumas estas que iba erogando la suscripta. Llegado el mes de noviembre de 2012, convinimos en rescindir el Convenio de Honorarios. Le efectué una importante quita a la suma originalmente pactada, y suscribimos un acuerdo de Rescisión y Reconocimiento de honorarios por los trabajos ya realizados, comprometiéndose la Sra. Borrello a abonar la suma de $ 80.000 en la forma y oportunidades que surgen del referido acuerdo de fecha 12-11-12, firmando también el Sr. Francisco Borrello, padre de la cliente, en carácter de fiador solidario” -fs. 167vta.-. Reveló que “[n]i la Sra. Borrello ni su fiador abonaron una sola cuota, motivo por el cual inicié el expediente ejecutivo” . “(R., A. M. C/ BORRELLO CECILIA F. y otro S/ PREPARA VIA EJECUTIVA, Expte. Nº 103.097/13, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 31” – fs. 167vta.-. Señaló que “[e]n las mencionadas actuaciones, se ordenó el embargo sobre los fondos depositados en una cuenta bancaria del BBVA, de titularidad de la Sra. Borrello. Producida la traba, la entidad notificó dicha circunstancia a la deudora mediante carta documento que acompaño a su denuncia” -fs. 168-. Alegó que quedó evidenciado “[e]l verdadero propósito de Borrello: NO ABONAR MIS HONORARIOS” -fs.168-. Invocó que “[t]ranscurrió en exceso el plazo de 2 (dos) años fijado por la ley 23.187 para que opere la prescripción” -fs. 168vta.-. Advirtió que “[s]i bien la audiencia de vista de causa se fijó en base a la denuncia presentada por la Sra. Borrello”,. “la sentencia se basó en hechos que no estaban incluidos en la denuncia, ni fueron objeto de debate, defensa ni prueba, y respecto de los cuales NUNCA se me corrió traslado” -fs. 170-. Se agravió por cuanto “[l]a sentencia se basa en HECHOS POSTERIORES a la DENUNCIA, respecto de los cuales JAMAS se me corrió TRASLADO, y por ende me vi PRIVADA de ofrecer PRUEBA y en definitiva de ejercer mi legítimo DERECHO DE DEFENSA” -fs. 170-. Entendió que “[l]a sentencia se basó en hechos que no estaban incluidos en la denuncia” -fs. 170vta.-. Detalló que del escrito “DA CARTA DE PAGO. DESISTE.”, surgía que desistió “[e]xpresamente de la Sra. Borrello y dejo constancia que subsisten las obligaciones del codemandado Francisco Borrello” -fs. 171/172vta.-. Expresó que “[e]l estado de todos estos expedientes fue debidamente rendido a la Sra. Borrello quien lo aprobó, y ambas, de común acuerdo, CONSENSUAMOS un monto único de honorarios por todo concepto, por los trabajos ya realizados, hecho lo cual celebramos la Rescisión del Convenio y el Reconocimiento de Deuda, no correspondiendo en modo alguno adjudicar montos a uno u otro expediente, máxime la quita efectuada” -fs. 173vta.-. Arguyó que “[j]amás pude reconocer haber firmado un pacto de cuota litis cuando no fue así. Solo firmé un Convenio de Honorarios y un posterior acuerdo de Rescisión de Convenio y Reconocimiento de Deuda por un monto libremente consensuado con la cliente, y también aceptado por su padre y fiador, Francisco Borrello” -fs. 174-. Aseveró que “[e]n el presente caso no asistimos a una simple modificación de la calificación legal sino que ha sido alterada la imputación fáctica entre los actos previos a la acusación y la sentencia condenatoria.Los hechos delimitados en la acusación debieron mantenerse inconmovibles hasta el veredicto del tribunal para no desbaratar la estrategia defensista del acusado, lo que constituye violación al art. 18 de la Constitución Nacional” -fs. 177-. Solicitó se revoque la sentencia apelada, desestimándose la denuncia formulada.

3?) Que a fs. 150/204 el representante legal del C.P.A.C.F., contestó el respectivo memorial. Sobre la prescripción planteada, señaló que “[d]icha excepción, al ya haber sido opuesta y oportunamente resuelta, no cumple con el mandato del art. 265 del C.P.C.C.N., en cuanto establece que “no bastará remitirse a presentaciones anteriores” -fs. 196-. Recordó que “[l]a prescripción sólo puede oponerse dentro de marco del proceso disciplinario ante el Tribunal de Disciplina”-fs. 196-. Destacó que “[l]a recurrente pretende agraviarse de lo que considera una decisión ultrapetita, sin embargo no individualiza cuáles son los supuestos reproches sobre los que no se le corrió traslado, ni que defensas se vio imposibilitada de oponer” -fs. 197-. Señaló que “[l]a apelante sugiere que la actuación disciplinaria debe ceñirse exclusivamente a la denuncia formulada por su ex clienta, y ante la incomparecencia y falta de ratificación de la misma, el Tribunal Disciplinario estaría atado de manos para proceder oficiosamente” -fs. 198-. Al contrario sensu, “[l]a legitimación para actuar de oficio surge palmaria del art. 5 del RPTD” -fs. 198-. Advirtió que “[l]a tesis defensista., pretende que el análisis del expediente de preparación de vía ejecutiva, así como del escrito de carta de pago generaron un estado de indefensión, por ser posteriores, obviando, que fue con el primer descargo., que la propia recurrente se refiere a ellos, y es quien los trae a la causa” -fs. 198-. Refirió que la recurrente pretende que “[l]a prueba ofrecida debe ser tomada en cuenta sólo si le es favorable, más en el caso de que no la beneficie debe estimarse posterior y violatoria de su derecho de defensa” -fs.198vta.-. Explicó que “[l]a prueba una vez ofrecida por las partes, es prueba del proceso” -fs. 198vta.-. Enfatizó que “[l]a Dra. R. nunca acompañó el acuerdo al que dice haber arribado con la Sra. Borrello, por el cual le habría abonado las sumas adeudadas, tampoco realizó una liquidación precisa respecto de los honorarios cobrados y los intereses, discriminando que monto percibió de la Sra. Borrello. Decimos esto pues la Dra. R. no fue clara con sus explicaciones, en el expediente judicial dio carta de pago total y luego refirió que la Sra. Borrello no le había abonado, aunque ante sede disciplinaria manifestó que la Sra. Cecilia Borrello le pagó $ 80.000 y el resto debía abonarlo su padre” -fs. 199-. Resaltó que “[l]a Sra. Borrello prestaba conformidad con la labor desarrollada por la Dra. R. en los expedientes citados en el anterior convenio, aunque el primero alude a asuntos en los que además la Dra. R. nunca intervino” -fs. 200-. Indicó que “[s]i bien el Tribunal de Disciplina no se inmiscuye en los pactos entre profesionales y clientes, sí debe A.lizar la conducta profesional desplegada por los abogados, a la luz de la normativa ética, y desde esta óptica, reprochar la actuación que contraríe la misma, en el caso, la suscripción de un convenio que incluía asuntos en los que se prohíbe el pacto, o se plasma un reconocimiento de labores no desarrolladas, a modo de contrato de adhesión” -fs. 201-. Finalmente, solicitó se confirme la sentencia dictada.

4°) Que a fs. 206/vta. obra el dictamen del Sr. Fiscal General quien opinó que la acción resultaba formalmente admisible.

5º) Que en primer término, corresponde tratar el planteo de prescripción efectuado. Al respecto, cabe referir que en el art. 48 de la ley 23.187 se establece que “[l]as acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas hubieran podido -razonablemente- tener conocimi ento de los mismos.Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Colegio”. A la luz de lo anteriormente indicado, resulta evidente que el fundamento de la prescripción reside en la necesidad de preservar la seguridad jurídica, siendo la inacción de la parte interesada aquello que se interpreta como desinterés y abandono del derecho, situación que en modo alguno se vislumbra en autos. Sobre el particular, este Tribunal tiene dicho que la adecuada interpretación de las normas reseñadas -y sus concordanteslleva a concluir que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria -cuando ésta se inicia de oficio- debe computarse desde que el Colegio Público de Abogados tomó conocimiento de los hechos que autorizan el ejercicio de la acción disciplinaria (confr. esta Sala in re “Izus Diego Hernan c/ CPACF”, causa nº 32.127/2016, sentencia del 28/03/2017). Por lo demás, según lo previsto por el art. 5º del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina, cuando la causa se iniciare de oficio “.la Unidad de Instrucción emitirá su dictamen que será elevado a la Sala interviniente. Si se propiciare el traslado de la denuncia, la Unidad de Instrucción indicará la supuesta infracción disciplinaria, el tiempo y modo en que llegó a su conocimiento, el lugar en que se habría cometido y cualquier otra circunstancia que estime de interés (confr. Reglamento aprobado por la Asamblea de Delegados del 11/02/2009 y publicado en el Boletín Oficial el 13/02/2009). Así cabe advertir que desde el 16/09/2016 (fecha en la que el C.P.A.C.F. recibió la comunicación del Colegio de Abogados de San Isidro -fs. 27vta.-) y hasta el 30/03/2016 (fecha del dictamen de la Undiad de Instrucción -ver fs. 53/55-), no transcurrió el plazo de dos (2) años previsto en el art. 48 de la ley 23.187.Tampoco modifica esta conclusión, si se tiene en cuenta como “notitia criminis” la fecha en que tomó conocimiento el Colegio Público de Abogados de San Isidro que data del 20/08/2015 – fs. 6-, pues hasta la fecha del acto impulsorio del procedimiento sancionatorio (30/03/2016) no transcurrió el plazo legal previsto. En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de prescripción efectuado por la sancionada.

6º) Que en lo que respecta al agravio referido que “[l]a sentencia se basó en hechos que no estaban incluidos en la denuncia, ni fueron objeto de debate, defensa ni prueba, y respecto de los cuales NUNCA se me corrió traslado” (sic), tampoco puede prosperar, pues la encartada no individualizó cuáles son los supuestos reproches sobre los que no se le corrió traslado, ni qué defensas se vio imposibilitada de oponer. Es de destacar que la matriculada tuvo oportunidad de defenderse en su contestación de traslado, en la audiencia de vista de causa ante el Tribunal de Disciplina y en su alegato. Por consiguiente, mal puede pretender la letrada recurrente que se considere que se ha visto vulnerado su derecho de defensa cuando de las constancias de la causa se desprende que no sólo pudo conocer, oportunamente, los hechos, pruebas y faltas por los que se la imputaba sino que además pudo efectuar sus descargos en todas las instancias posibles. Asimismo, corresponde resaltar que la Dra. R. pretende que la actuación disciplinaria se ciña exclusivamente a la denuncia formulada por su ex cliente, y ante su incomparecencia y falta de ratificación, el Tribunal Disciplinario no proceda de oficio, lo que se encuentra estipulado claramente en el art. 5º, inc. c) del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados.Así las cosas, vale recordar que el Tribunal de Disciplina consideró para aplicar la sanción, las conductas reconocidas por la propia encartada, como ser el hecho de haber firmado los pactos que se encuentran prohibidos por tratarse de cuestiones de familia no patrimoniales; haber admitido que dejó sin efecto el acuerdo respecto de su cliente -obligada principal- otorgándole una carta de pago y manifestando que no tenía más nada que reclamarle sin especificar cuánto percibió por su labor, ni a qué concepto fue imputado el dinero que efectivamente cobrara y sin perjuicio de ello, continuar el cobro de la supuesta deuda con respecto al garante. A mayor abundamiento, resulta necesario indicar lo anómalo del contenido del convenio suscripto entre la Dra. R. y su cliente la Sra. Borrello pues alude a asuntos en los que la letrada nunca intervino -expediente de divorcio donde la Sra. Borrello estuvo representada por otra profesional- y se fijó un porcentaje en dinero en efectivo de lo que su cliente recibiría “[a]ún cuando la cliente pacte recibir bienes que no sean dinero” -ver fs. 2-.

7°) Que entonces, la omisión de la letrada de dar cumplimiento a sus obligaciones profesionales es lo que motivó la sanción impuesta. Al respecto, cabe destacar que en materia sancionatoria la duda debe beneficiar al imputado cuando la conducta ética reprochada no pueda apreciarse claramente. Dicha premisa no se contempla en las presentes actuaciones, ya que a la luz de los hechos ocurridos -cuya materialidad no ha sido desvirtuada por la recurrente-, los argumentos esgrimidos en la apelación no logran conmover los fundamentos del pronunciamiento respecto de la falta ética.Conductas como las descriptas y A.lizadas en autos comprometen el respeto y la dignidad de la profesión y afectan la lealtad, probidad y buena fe que el abogado le debe no solo a su cliente sino a todos los sujetos involucrados en el proceso judicial y, seriamente, a la ética como valor trascendente y social de los que se espera del comportamiento de un abogado.

8°) Que las actitudes adoptadas por la matriculada – pactar honorarios por los diferentes procesos cuando refieren a cuestiones de familia no patrimoniales, dar carta de pago a la obligada principal -su cliente- sin especificar el monto percibido para luego manifestar que nada recibió por las tareas desarrolladas y pretender continuar la ejecución contra el garante de la obligación-; implican comportamientos inadmisibles en la gestión profesional, resultando ello prueba suficiente de conductas éticamente reprochables y configurándose así, una falta a los valores éticos. En efecto, la defensa intentada en cuanto que “[S]olo firmé un Convenio de Honorarios y un posterior acuerdo de Rescisión de Convenio y Reconocimiento de Deuda por un monto libremente consensuado con la cliente, y también aceptado por su padre y fiador, Francisco Borrello”, no resulta suficiente para rebatir los argumentos sostenidos por el Tribunal de Disciplina y demuestra que se encuentran configuradas las conductas reprochables y la omisión en el cumplimento de las obligaciones contempladas en el art. 44 incs. e), g) y h) de la ley 23.187. Máxime, que tales conductas contradictorias exteriorizan la falta de lealtad, probidad y buena fe y resultan reprensibles pues no corresponden al accionar que se espera de un letrado y además, denotan un desconocimiento del derecho y la normativa aplicables. Vale decir que configuran una violación a los deberes del abogado previstos en el art. 6 inc. e) de la ley 23.187 en tanto establece, como regla general de conducta, su deber de comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional.Consecuentemente, el Código de Ética prevé tal conducta como deber inherente al ejercicio de la abogacía, sustentado en el principio de solución de todo conflicto conforme a las reglas del derecho (confr. art. 10 inc. a) en sentido concordante sentencia de esta Sala, causa nº 25.178/2017, in re “Michaud, Eduardo Félix Oscar y Otro c/ CPACF”, sentencia del 04/07/2017). Por lo demás, el abogado debe demostrar interés efectivo en el cumplimiento de los deberes a su cargo. La actitud contraria a las conductas descriptas configuran una violación al deber de fidelidad, en tanto, no se protegen los intereses confiados, con celo, saber y dedicación según lo previsto en el art. 19 inc. a) del Código de Ética.

9°) Que en lo relativo al quantum de la sanción, para esta Sala rige el principio general en deferencia al criterio del Tribunal de pares pues, como regla, la apreciación de los hechos, de la gravedad de las faltas y la graduación de las sanciones pertenece al ámbito de las facultades discrecionales del tribunal administrativo, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces (Fallos: 304:1335 y 314:1251; y esta Sala in re “Gossis, Norberto Daniel c/ CPACF”, del 01/06/2017). La actividad jurisdiccional resulta limitada al contralor de ilegalidad o arbitrariedad.

En el sub examen, la sanción impuesta a la Dra. A. M. R., aparece razonable, a juicio de este Tribunal, teniendo en cuenta que su actitud negligente y éticamente reprochable configura una omisión grave en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. Cabe agregar que no parece excesiva aun meritando los antecedentes de la sancionada (fs. 34 y fs. 145), que no resultan ser la única circunstancia a tener en cuenta a los fines de la graduación de la sanción (confr. art.26 del Código de Ética). En efecto, la facultad disciplinaria del Colegio Público de Abogados, atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional (Fallos: 321:2904 ) y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la matrícula y aplicar las sanciones correspondientes, previa tramitación de un procedimiento determinado, que debe desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los citados profesionales (Fallos: 324:2449). Asimismo, las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o i nespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos (confr. Sala III in re “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, sentencia del 27 de julio de 2009). Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológico profesional es, como principio, atribución primaria de quien está llamado -porque así lo ha dispuesto la ley- a valorar comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala IV in re “Mosquera, Carlos Alberto c/ CPACF”, sentencia del 14/08/2012).

Finalmente, tampoco se advierte en autos un supuesto de exceso o arbitrariedad en la determinación de la sanción aplicada que justifique su anulación o reducción en esta sede judicial.En consecuencia, la multa no aparece como manifiestamente arbitraria ni desproporcionada si se tiene en cuenta la entidad de la infracción cometida -que fue calificada como “grave”, sin que aparezca ello irrazonable a tenor de las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

10º) Que a fin regular los honorarios, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito. Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala sentencia dictada in re “Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos” del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/ Baiter S.A.” del 2-IV-98, entre otras). Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).

En atención a la naturaleza del asunto, resultado y el monto involucrado-conf.sanción de multa impuesta-; atento atento el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del recurso tramitado y las presentaciones realizadas en sede administrativa, corresponde regular la suma de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS ($ 16.600.-) -equivalente a (8) UMA- los honorarios del DR. LUCAS EZEQUIEL LORENZO, por su actuación como letrado apoderado, actuante en la defensa de la demandada (arts. 16, 20, 21, 29, 44, 51 y ccdtes. de la ley 27.423-Dto. Nº 1077/17 y la Acordada 27/18 de la C.S.J.N.). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo -c/Colegio Públ. de Abog.” del 16 de julio de 1996). Para el caso de que la profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de notificados la presente resolución (art. 54 de la ley de arancel). En caso de incumplimiento, el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, hágase saber al presentante que, en virtud de lo normado por la ley 26.685 como así también en razón de lo dispuesto en el pto.2º) de la Acordada Nº 6/14 de la C.S.J.N., los documentos electrónicos que surgen del Sistema de Consulta de Causas del Poder Judicial de la Nación (http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam) tienen la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; de modo tal que al no resultar necesaria su certificación, las mismas deberan ser presentadas en la mesa de asignaciones de la secretaría general de la Cámara para el ingreso del respectivo incidente. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se remitirán a la instancia de origen sin más trámite. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: a) confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.) y b) se regulan los honorarios conforme el considerando 10º). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA