Malas decisiones: Multan a un abogado que difamó a una empresa de servicios eventuales a través de una página de Facebook

Partes: R. M. A. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 9-may-2019

Cita: MJ-JU-M-119134-AR | MJJ119134 | MJJ119134

Se justifica la aplicación de una multa al abogado que difamó a una empresa de servicios eventuales a través de una página de Facebook.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta al abogado actor que fuera denunciado en virtud de que a través de la red social Facebook difamó e insultó a una empresa de servicios eventuales, en tanto mencionó que cometía fraude laboral, toda vez que es una conducta contraria al debido respeto que le es impuesto, violentando así lo previsto en el régimen normativo que regula su profesión, que le impone el deber de comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño de la profesión, absteniéndose de publicar avisos que atenten contra la ética profesional.

2.-Toda vez que el Tribunal de Disciplina efectuó concretas consideraciones en orden a fundamentar la graduación de las sanciones aplicadas, pues entendió que la conducta del profesional fue manifiestamente perturbadora del deber previsto en los arts. 10 inc. a) y f) , 16 , 17 y 19 inc. a) del Código de Ética y, asimismo, consideró grave la falta cometida por el denunciado en consonancia con lo dispuesto por los arts. 26 inc. b) y 28 inc. b) del citado Código, por infringir deberes de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía; se concluye en que no se verifica la existencia de arbitrariedad en la determinación de la sanción apelada.

3.-Corresponde confirmar la multa impuesta al abogado actor pues está acreditado que era titular de una página de Facebook en donde instaba a realizar reclamos laborales a aquellos empleados de empresas de servicios eventuales, que había enviado cartas a los empleados de la empresa denunciante, que a su vez ya había remitido carta documento al letrado para que cesara en su conducta, en tanto son conductas desprovistas del respeto y sutileza que requería el ejercicio profesional de la abogacía, al publicar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión, y realizar acciones o esfuerzos, directos o indirectos, para atraer asuntos o clientes de otro abogado.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de mayo de 2019.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que, por pronunciamiento que obra glosado a fs. 66/70vta., la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Sentencia N° 5290) resolvió imponer al Dr. M. A. R. (T° 60 F° 742 CPACF) la sanción de multa por el importe de Pesos Diez Mil ($10.000), conforme el art. 45 inc. c) de la Ley 23.187, por los hechos investigados en la presente causa. Para así decidir, indicó que las actuaciones se habían iniciado con motivo de la presentación que efectuara el denunciante -Dr. Sebastián Calzetta- contra el Dr. M. A. R. Acto seguido, señaló que el letrado Calzetta se desempeñó como apoderado de la firma “Adecco Argentina S.A.” y, en tal carácter, denunció al Dr. R. porque a través de la red social Facebook difamó e insultó a la citada empresa, mencionándola específicamente y refiriéndose a que la misma cometía fraude laboral, con la supuesta intención de captar como clientes a sus empleados.

En tal contexto, describió que el letrado denunciado poseía una cuenta de Facebook cuyo nombre era “Estudio Jurídico Laboral M. A. R.” y, además, tenía una página web con el mismo nombre. A lo que añadió que, dicho letrado, había enviado al domicilio particular de los empleados de Adecco Argentina S.A. una serie de misivas ofreciendo sus servicios y adjuntando su tarjeta personal. En razón de lo antedicho, explicó que el representante de la citada empresa le había enviado una carta documento al Dr. R. con el fin de que cesara en su conducta. Informó que, del análisis de la documental agregada a fs. 8/10, se visualizaba la página web http://www.Facebook.com/(.)/ en la cual se leía “Estudio Jurídico Laboral M. A. R.”, www.(.)com.ar, número telefónico 4(.( A Continuación, advirtió que en otra parte de la página web decía:”¡Atención trabajadores de Empresas de Servicios Eventuales, si trabajas en una empresa de servicios eventuales y te quieren cambiar de destino o suspender, asesórate! ¡Podes reclamar como mínimo 10 sueldos brutos de indemnización! llámanos al (.) (Suc. Microcentro) o (.) (Suc. Once) o consúltanos por WhatsApp al (.). ¡Si trabajas en Manpower, Adecco, PT SA, Diplomat, Suministra, Guía Laboral, Gestión Laboral, Pullmen, Rest, Optima, no dudes en consultarnos! No renuncies a tus derechos”. Puntualizó que a fs. 26, el representante de la firma Adecco Argentina S.A. -Dr. Calzetta- ratificó la denuncia que diera origen a estos actuados. Indicó que a fs. 27/29, la Unidad de Instrucción solicitó el traslado de la denuncia presentada al Dr. R., por encontrarse “prima facie” vulnerados los arts. 6 inc. e), 10 inc. e), 44 inc. f), g) y h) de la Ley 23.187 y art. 10 incs. a) y f) del Código de Ética. Señaló que a fs. 34/43, el Dr. R. se presentó y contestó el traslado conferido, interponiendo excepción de litispendencia en cuanto la misma denuncia estaba siendo evaluada por el Colegio de Abogados de San Isidro -que la notificó con antelación- y con el fin de que no se comprometa el principio “non bis in idem”, peticionó el archivo de esta última denuncia. En cuanto a los fundamentos esbozados por el letrado denunciado al contestar el traslado conferido, el Tribunal describió los siguientes:i) su página web era su lugar de expresión; en donde hacía saber y alertaba a las posibles víctimas de fraude laboral, sobre la eventualidad de asesorarlos en los derechos que les correspondían; ii) no era una campaña publicitaría, sino que lo consideraba un espacio de conocimiento e información; iii) la dirección de Facebook aparecía en un link de su página y era para las personas que seguían la web de su estudio, como ex clientes, conocidos, personas recomendadas; iv) resultaba violatorio de su libertad de expresión; v) el posteo de Facebook que se le imputaba no había sido incluido por la empresa Adecco Argentina S.A. en la misiva enviada; vi) ni bien recibió la denuncia dio de baja su página de Facebook; vii) había numerosas páginas de abogados que se manejaban de la misma manera; viii) jamás perdió un juicio contra la firma citada, lo que evidenciaría que todos los casos no son inventos sino que fueron validados por la Justicia Laboral, y ix) no instó a la conflictividad. A fs. 48, la Sala II del Tribunal de Disciplina ordenó un oficio al Colegio de Abogados de San Isidro a los fines de que informe el resultado de la denuncia iniciada contra el aquí actor. En cuanto a la excepción de incompetencia planteada, el Tribunal de Disciplina destacó que el Colegio de Abogados de San Isidro se declaró incompetente, dado que los hechos ocurrieron en el ámbito de la Capital Federal, rechazando de este modo la excepción opuesta, y habilitando la competencia. En relación con la cuestión principal -luego de analizar exhaustivamente la prueba documental aportada en autos- concluyó que el profesional procuraba captar eventuales clientes que tuviesen inconvenientes o dudas vinculadas con cuestiones de índole laboral, y más precisamente, asesoraba acerca de los derechos de los trabajadores vinculados con las empresas cuya lista hacía figurar abiertamente.Refirió que el profesional, en un intento por aclarar que la información no llegaba al público en general, sostenía que los destinatarios de su perfil eran personas que llegaban por recomendación o bien que accedían mediante el enlace que se encontraba en su página web. Por otra parte, indicó que el medio elegido por el profesional para asesorar a potenciales clientes debía manejarse con el cuidado que merecía, en tanto la información que los abogados ventilaban a través de las redes sociales, por más que se tratara de un grupo cerrado, podía utilizarse para un destino distinto al que los letrados hubieran querido darle. En tal contexto, el Tribunal entendió que la falta de cuidado que el Dr. R. demostró al alertar a los trabajadores de Adecco Argentina S.A. sobre si alguno “podría estar siendo víctima de un fraude laboral” y que “antes de renunciar, aceptar un cambio de destino laboral o arreglar su desvinculación, debían consultarle”, evidenciaba un ejercicio profesional desprovisto de respeto y sutileza que merecía el reproche ético de sus pares.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el letrado relativos a que su página web era un lugar de expresión que hacía saber y alertaba a potenciales víctimas, advirtió que distaba mucho del decoro que de un letrado se esperaría en tanto tratar a los posibles clientes de “víctimas”, o bien hacer referencia al “fraude laboral” era, sin dudas, una invitación al conflicto, sobre todo si teníamos en cuenta que el público al que iría destinado eran legos y podían no tomar estas expresiones en un sentido literal. En este sentido, sostuvo que no podía pasarse por alto lo antiético de la publicidad consumada, la que además permaneció en infracción por varios años, según evidenciaban las constancias de autos.Así también, manifestó que el proceder del denunciado que aconsejaba al trabajador no renunciar, intentaba torcer su voluntad ya que quizás había tomado la decisión de hacerlo, y ahora se veía tentado por la oferta de un profesional que le decía que podía formular un reclamo y hasta le indicaba los porcentajes de incapacidad que podrían darle, atenuando sensiblemente la posibilidad de otro abogado de conseguir sus clientes respetando las normas imperantes. En cuanto a la introducción del nombre de la empresa Adecco Argentina S.A. en la publicidad, consideró que del otro lado existía un destinatario concreto y real a quien el letrado pretendía asesorar, utilizando un lenguaje agresivo e incisivo, en franca transgresión de las normas éticas, y procurando la captación de clientes de manera desleal. Finalmente, tuvo por configuradas las infracciones contempladas en los arts. 6 inc. e), 10 inc. e) y 44 incs. f), g) y h) de la Ley 23.187 y los arts. 10 inc. a) y f), 16, 17 y 19 inc. a) del Código de Ética, considerándola falta grave, por infringir los deberes trascendentales del ejercicio de la abogacía.

II. Que, mediante presentación de fs. 75/82, el Dr. R. interpone recurso de apelación directa contra la decisión individualizada precedentemente y, al efecto, sustancialmente, postula:i) es falso que se buscaba captar clientes porque el posteo no estaba dirigido al público en general, sino a un grupo cerrado de personas que son clientes del estudio; ii) el objetivo era alertarlos para que, antes de tomar una decisión que luego no puedan revertir, se asesoren; iii) se le exigía un estándar de “moralidad” o “decoro” extra por lo que los terceros pudieran realizar con la publicación; iv) se marcaba su carrera profesional intachable con una sanción grave simplemente por no coincidir con los parámetros de estilo que consideraba el Tribunal; v) la publicidad no poseía ninguna información de porcentaje de incapacidad resarcible, en tanto iba destinada a situaciones de potenciales despidos y no de accidentes; vi) que el Tribunal le diera la razón a una empresa como Adecco Argentina S.A. -a la que había vencido en numerosos juicios- sería permitirle que callara las bocas de quienes detectaban, en los casos que violaba la ley, su engaño a terceros (sus trabajadores) y perpetuara el mismo; vii) la sanción impuesta había sido calificada como “grave”, solicitaba el cambio a “leve” y que se le imponga un llamado de atención.

III. Que, corrido el pertinente traslado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presenta a fs. 102/107 y contesta el recurso deducido en autos.

IV. Que, en tales condiciones, corresponde inicialmente precisar que -por regla- el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala in rebús:”Torre, Hu go c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.” , del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986” , del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ ENDto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, del 21/10/10, entre otros).

V. Que, ahora bien, corresponde señalar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica profesional es, como principio, resorte priM. de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Sala, in rebus:”Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006;. “Crescentini, Leticia Liliana c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía – Ley 23187 – Art 47”, del 27 de abril de 2017; “Alvarez Alejandro Ramiro c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 29 de agosto de 2017; “Noli Liliana Beatriz c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía – Ley 23187 – Art 47″, de l3 de octubre de 2017 y; Gilszlak, Marcelo Sergio c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 1 de febrero de 2018, entre muchos otros más). En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la Ley 23.187 (esta Sala in rebus: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”; “Alvarez Alejandro Ramiro”; “Noli Liliana Beatriz”; cit., en igual sentido, Sala I, in re: “Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III in rebus: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”; “Crescentini Leticia Liliana”; “Gilszlak Marcelo Sergio”, cit., en igual sentido, Sala II, in re: “Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de febrero de 1992; entre otros).

VI. Que, sentado ello, se debe destacar que de la compulsa de la decisión impugnada y del escrito de interposición del recurso de apelación, se verifica que no está controvertido -en lo que aquí interesa-: i) que el matriculado -Dr.R.- era titular de una página de Facebook posteriormente dada de baja- cuyo nombre era “Estudio Jurídico Laboral M. A. R.” y que además tenía una página web con el mismo nombre; ii) que en dicha página surgía la leyenda “Atención trabajadores de Empresas de Servicios Eventuales!!!!!!!!!!, si trabajas en una empresa de servicios eventuales y te quieren cambiar de destino o suspender, asesórate! ¡Podes reclamar como mínimo 10 sueldos brutos de indemnización! llámanos al (.) (Suc. Microcentro) o (.) (Suc. Once) o consúltanos por Whats app al (.). ¡Si trabajas en Manpower, Adecco, PT SA, Diplomat, Suministra, Guía Laboral, Gestión Laboral, Pullmen, Rest, Optima, no dudes en consultarnos! No renuncies a tus derechos”; iii) que el denunciado había enviado cartas a los empleados de Adecco Argentina S.A. en las que figuraba “Sr. Trabajador de Adecco: ¿Sabe usted que podría estar siendo víctima de un fraude laboral y que -en ese caso- debería estar registrado como empleado de la empresa en la que presta tareas todos los días? Antes de renunciar, aceptar un cambio de destino laboral o arreglar su desvinculación, consúltenos. Somos especialistas en trabajadores de empresas de servicios eventuales”; iv) que la empresa Adecco Argentina S.A., había remitido carta documento al letrado para que cesara en su conducta (ver en este sentido, documental obrante a fs. 6/10 de estas actuaciones). Ello así, se impone observar con relación a las constancias de la prueba documental aportadas por el denunciante y agregadas como prueba de cargo por el Tribunal, que el acto cuestionado precisó que resultaba evidente que el abogado sancionado había incurrido en conductas desprovistas del respeto y sutileza que requería el ejercicio profesional de la abogacía, al publicar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión, y realizar acciones o esfuerzos, directos o indirectos, para atraer asuntos o clientes de otro abogado.En este sentido, es fácil advertir que se encuentra acreditado, conforme las constancias reunidas en la causa, que el letrado no obro con el debido respeto, violentando así lo previsto en el régimen normativo que regula su profesión, que le impone el deber de comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño de la profesión, absteniéndose de publicar avisos que atenten contra la ética profesional, por lo que, las manifestaciones vertidas en el escrito por el que pretende fundar su defensa contra el acto administrativo que le impuso una sanción pecuniaria, en modo alguno satisfacen lo dispuesto por el art. 265 del código procesal, que impone al apelante la obligación de formular una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de rigor formal. En efecto, nótese que el apelante no se refiere concretamente a los argumentos que sustentan la decisión cuestionada ni mucho menos a la razón por la que éstos resultarían errados, limitándose a reiterar su postura mediante lacónicas y genéricas afirmaciones desprovistas del necesario fundamento técnico jurídico, así como por la transcripción de argumentos autónomos que fueron objeto de debido y oportuno tratamiento en sede de la demandada, cuya relación con las circunstancias de la causa no resultan conducentes, todo lo cual resulta insuficiente a fin de constituir agravios serios y motivados.

VII. Que, por último, se impone destacar que el Tribunal de Disciplina efectuó concretas consideraciones en orden a fundamentar la graduación de las sanciones aplicadas. Al respecto, entendió que la conducta del profesional fue manifiestamente perturbadora del deber revisto en los artículos 10 inc. a) y f), 16, 17 y 19 inc. a) del Código de Ética y, asimismo, consideró grave la falta cometida por el denunciado en consonancia con lo dispuesto por los arts. 26 inc. b) y 28 inc.b) del citado Código, por infringir deberes de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía. En tal contexto y, teniendo en cuenta la multa impuesta al recurrente, se concluye en que no se verifica la existencia de arbitrariedad en la determinación de la sanción aquí apelada. En tales condiciones, toda vez que -cabe insistir- el recurrente no refutó concretamente los fundamentos en que se sustenta la Sentencia Nº 5290, de la Sala II, del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, corresponde se declare desierto el recurso interpuesto (art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). y se confirme la sentencia apelada, con costas, desde que no se verifica circunstancia alguna que justifique apartarse del principio rector de la derrota (art. 68, primer párrafo del código citado).

En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE: declarar desierto el recurso de apelación directa deducido en autos y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas a la parte actora (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dra. Nancy Griselda Blasi- en la suma de pesos.$.-, que equivalen a .UMAS (arts.16, 19, 20, 21 y 29 de la ley 27.423). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante la primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite. Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ