La ‘trata’ en internet: Procesamiento por el delito de trata de personas respecto de quienes sacaron fotos sensuales a mujeres y las publicaron en una página web

Partes: A. de T. M. y otros s/ infracción ley 26.364

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 18-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-118440-AR | MJJ118440 | MJJ118440

Procesamiento por el delito de trata de personas respecto de quienes sacaron fotos sensuales a mujeres y las publicaron en una página web.

Sumario:

1.-Corresponde procesar a los imputados como partícipes necesarios del delito de trata de personas mayores de dieciocho años y trata de personas menores de dieciocho años, en tanto uno de ellos habría sacado fotos sensuales a mujeres y las habría publicado en dos páginas web cuya titularidad correspondía al otro imputado, más se advierte la existencia de elementos de convicción que permiten concluir que dicho accionar no se habría limitado a la realización y publicación de las fotografías porque, por el contrario, implicaría un eslabón esencial dentro de la cadena de conductas que generalmente tienen lugar en una red delictiva dedicada a la explotación sexual de mujeres.

2.-El delito de trata de personas es de carácter doloso, permanente, que protege la libertad de autodeterminación de las personas físicas, cuyo tipo objetivo se configura con la realización de sólo una de las acciones típicas previstas -ofrecer, captar, trasladar, transportar, acoger, recibir- y cuyo tipo subjetivo requiere la finalidad de explotación.

3.-Los Tribunales de Alzada tienen habilitada plenamente la competencia para dictar el auto de procesamiento, al momento de revisar decisiones adoptadas por un Juzgado de Instrucción, en aquellos casos en los que las constancias de autos así lo indiquen.

4.-El dictado de un auto de procesamiento por una Cámara de Apelaciones no supone un quebrantamiento de la garantía constitucional de la defensa, ni carece de fundamento legal, en especial si se recuerda el principio general -aplicable a todos los procesos- de que la competencia de los tribunales de alzada sólo se halla limitada por las cuestiones sometidas a examen en primera instancia e incluidas en la impugnación, y no por los temas específicamente resueltos por el juez inferior.

5.-Las Cámaras Federales de Apelaciones deben restringir su facultad a la de revocar soluciones intermedias, sin avanzar sobre el dictado del auto de procesamiento o su ampliación, pues esas decisiones se hallan en cambio reservadas al juez de primera instancia, de modo de constituir materia de impugnación y ulterior evaluación por parte de dicho órgano jurisdiccional, al que compete el control de los actos producidos durante la instrucción (Del voto en disidencia parcial del Dr. Rueda).

Fallo:

Córdoba, 18 de marzo de dos mil diecinueve.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “A. DE T., M. – L., P. D. P. – S. U., C. A. – A., J. A. – S., M.- INFRACCIóN LEY 26.364” (EXPTE. No 4000/2014/CA11), venidos a conocimiento de la Sala B de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el señor Fiscal Federal, doctor Enrique José Senestrari (v. fs. 1554/1556) y por los doctores J. J. B. y C. A. C., abogados defensores del imputado L. A. G. (v. fs. 1557/1559vta.), en contra de la Resolución No004000/2014 dictada por el señor Juez Federal No 1 de la ciudad de Córdoba con fecha 15 de noviembre de 2018, obrante a fs. 1543/11550, en la que decide:

“RESUELVO: I.-ORDENAR el SOBRESEIMIENTO de M. S. S. por el delito de “trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años” (art. 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.) y por “Infracción a la ley 12.331 art. 15 y 17 del C.P.; en el carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.), de acuerdo al art. 334 y 336 inc. 4 del C.P.P.N., haciendo expresa mención que la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los nombrados.

II.-.

III.-ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIóN PREVENTIVA de L. A. G., ya filiado en autos, por el delito de “Promoción y Facilitación de la prostitución ajena” (art. 125 bis del C.P. texto según ley 26.842 y art. 312 del C.P.P.N.) en el carácter de autor (art. 45 del C.P.).

IV.-TRABAR EMBARGO sobre los bienes de L. A. G. por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art.518 del C.P.P.N.).

V.-PROTOCOLíCESE y HáGASE SABER.

Y CONSIDERANDO:

I.-Dentro del contexto de los hechos investigados en los presentes autos, en orden a los cuales oportunamente se promovió acción penal en contra de P. del P. L., C. A. S. U., J. A. A., J. N. A. L. y M. A. de T., los hechos objeto de controversia en el presente recurso, en orden a los cuales fueron imputados M. S. S. y L. A. G., han sido descriptos: a)-en la requisitoria fiscal de fecha 13 de diciembre de 2013, dictamen sobre el que Juzgado de instrucción declaró la nulidad parcial, en lo atinente a la imputada S., decisorio confirmado por esta Alzada con fecha 7 de octubre de 2014 (v. fs. 414/416 y fs. 1150/1152vta.); b) en la ampliación de requisitoria de fecha 5 de diciembre de 2016, mediante la cual el señor Fiscal Federal estableció nuevamente el hecho imputado a M. S. S. (v. fs 1233/vta.).

En homenaje a la brevedad, se remite a la lectura de ambos dictámenes.

II-El señor Juez Federal No 1 de Córdoba, mediante la Resolución No004000/2014 del señor Juez Federal No 1 de la ciudad de Córdoba, dictada con fecha 15 de noviembre de 2018, obrante a fs. 1543/1550, dispuso el sobreseimiento en favor de M. S. S. en orden al delito de “trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años” (art. 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.) y por “Infracción a la ley 12.331 art. 15 y 17 del C.P.; en el carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.; arts. 334 y 336 inc. 4 del C.P.P.N.).

En cuanto al prevenido L. A. G., dispuso su procesamiento y prisión preventiva en orden al delito de “Promoción y Facilitación de la prostitución ajena” (art. 125 bis del C.P. texto según ley 26.842 y art.312 del C.P.P.N.) en el carácter de autor (art. 45 del C.P.) y embargo sobre sus bienes por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.).

Para así resolver, el Magistrado instructor tuvo presente los elementos contenidos en la prueba instrumental o documental, testimonial y pericial obrante en autos y puntualizó que los presentes autos se iniciaron en virtud de una denuncia por trata de personas con fines de explotación sexual.

En tal sentido, hizo alusión a la investigación que logró establecer las líneas telefónicas, los domicilios, las páginas web, el “modus operandi” y los distintos roles que desempeñaban los prevenidos en el marco de los hechos ilícitos investigados.

Recordó que las intervenciones telefónicas realizadas por la instrucción permitieron obtener diálogos entre Patricia L. y una persona identificada como “Lili”, a partir de los cuales se consiguieron el número de celular utilizado por quien resultó ser el actual imputado L. G., quien manejaría una página web en la ciudad de Rosario (www.portaldiosas.com.ar.) y el celular de M. S.

Destacó que en ninguna parte de la investigación existió un llamado directo de Patricia L. “Pato” o algún otro miembro de esta red de trata de personas, hacia “A.”, es decir, L. A. G.

Puntualizó que la intervención telefónica de la línea utilizada por G. permitió obtener diálogos con mujeres que se comunicaban para publicarse en la página que administraría G. Esta situación se habría verificado respecto de dos páginas (www.portaldiosas.com y http://www.masajistacapital.com, ambas registradas a nombre de M. S. (v. fs. 288 y ss.; v. fs. 888/889).

En cuanto a la imputada M.S., el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, consignó que no surge de las escuchas ni de las tareas investigativas que la nombrada haya participado en alguna forma de explotación sexual de esas mujeres, obteniendo algún rédito económico, puesto que simplemente era la pareja de G. y quien prestó su nombre para figurar como titular de las páginas mencionadas.

De igual modo, destacó que de las intervenciones telefónicas no surge ningún contacto con las personas que se encargaban de pagar los servicios de fotos o con la misma Patricia L. (Pato), o su pareja, S. U.

Por otra parte, en lo atinente a L. A. G., sostuvo que si bien habría hecho un aporte a la explotación sexual de las supuestas víctimas, este aporte no puede vincularse a las acciones típicas del delito de trata y tampoco se le puede achacar que haya conocido la situación de vulnerabilidad de las mujeres que iban a su estudio de fotografía. Además, agregó que de las conversaciones telefónicas de autos no surge un contacto directo entre Patricia L. y L. A. G.

En este orden, entendió que la publicación de la prestación de servicios sexuales a cargo de terceros, siendo este L. A. G. mediante la administración de la página http://www.portaldiosas.com, y las fotos “sexies” que el nombrado habría tomado a las chicas para luego promocionarlas en su página, constituye una modalidad delictiva de promoción de la prostitución de personas adultas.

III- A-En contra de tal decisorio interpuso recurso de apelación el señor Fiscal Federal, doctor Enrique José Senestrari. Señaló como motivo de agravio el sobreseimiento de M S y de L. G. en orden al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en base a una fundamentación aparente e incongruente (v. fs.1554/1556).

Para fundamentar su postura, puntualizó que el decisorio desconoce las tareas de investigación de la instrucción (vigilancias, constatación de domicilios, intervenciones telefónicas, allanamientos), todo lo cual permitió demostrar las numerosas infracciones a la Ley N° 26.364 cometidas por Patricia L. y su pareja S. U.

En este orden, en lo que a este recurso interesa, destacó que los nombrados captaban a las mujeres en esta ciudad y las transportaban o enviaban, en algunos casos, a la ciudad de Rosario. En dicha ciudad, S. y su pareja, L. A. G., las acogían en el departamento “F” del piso 3ro, ubicado en calle Corrientes N° 1723, inmueble lindante con el domicilio particular de S. (Departamento “F”).

Destacó que ha quedado acreditado con el grado de probabilidad requerido que G. fotografiaba a las mujeres enviadas por “Pato” en el referido departamento, para que luego su pareja M. S. las publicara en la página web de su propiedad (www.portaldiosas.com), administrando y dándoles así publicidad a los servicios sexuales que las mujeres prestaban para el provecho económico de L. y sus cómplices.

Así, sostuvo que, tanto M. S. como L. G., mediante la toma de fotografías realizada por G., la publicidad en la página web de S. y el acogimiento de las mujeres en el referido departamento, desempeñaron un rol específico en la cadena delictiva dedicada a la captación, traslado, acogimiento, mediante abuso de su situación de vulnerabilidad, con finalidad de explotación sexual de mujeres.

Destacó especialmente que dichas conductas no deben ser valoradas en forma aislada, tal como lo hizo el Juez de instrucción en el decisorio apelado “el árbol le tapo el bosque”. Por el contrario, sostuvo que deben ser merituadas dentro de un contexto, lo que a su entender conduce a establecer la existencia de conductas que claramente quedan atrapadas en las prescripciones de la Ley 26.364.

En cuanto a las numerosas denuncias a la línea 145, el señor Fiscal destacó especialmente que de autos surge que, tanto G. como S.fueron dos delincuentes perseguidos durante años por este tipo de delitos, y no solamente en la ciudad de Rosario, sino que también en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, e incluso Chile (país donde además se encontraban prófugos por imputaciones en orden a delitos de idéntico tenor).

Efectuó reserva del caso federal.

Ante esta Alzada, el señor Fiscal General, doctor A. Gabriel Lozada, efectuó el informe previsto por el art. 454 del C.P.P.N. mediante el escrito glosado a fs. 1592/1595vta.

En el mismo desarrolla una estructura argumental en absoluta sintonía con la expuesta por el señor Fiscal Federal N° 1, sin perjuicio de lo cual, agregó referencias a distintos elementos probatorios: a) denuncia de Marta Rosales (fs. 1) donde detalla cómo su hija fue a Chile con promesas laborales y fue retenida mucho tiempo sin ver a sus familiares, ni poder volver al país. Destacó que por entonces G. y S. estaban ya radicados en Chile y hacían trabajar a mujeres en un departamento de esta última (v. fs. 1026/1028); b)Informe de Gendarmería Nacional que menciona a G. como interlocutor de la coimputada Patricia L. y sus constantes llamadas a la línea de S. (v. fs. 160/161); c)sában as de llamadas entrantes y salientes del abonado de Movistar N° 0341-153871614 con G. y S., obrantes respectivamente a fs. 287/301 y fs. 566/66; d)Informe de Gendarmería Nacional que en el (punto 7) menciona detalladamente las actividades de G. y S. dentro de la red de explotación sexual (v. fs. 368/370); e)testimonio del Inspector Rolando Abalos de la Policía de Rosario a cargo de la investigación, donde declara acerca del incesante movimiento de personas de ambos sexos en el inmueble y de la utilización del mismo como lugar donde se tomaban fotografías y ejercía la prostitución (v. fs. 1075, 1079, y 1080); f) Informe de la Fiscalía General de Rosario, donde se consignan las causas seguidas contra G. y S.y su vinculación en la causa “Srio Av. S/Infr. 145 Ley 26.364 del Juzgado Federal N° 4, Secretaría n° 1 de Rossario (v. fs. 1131).

En idéntico sentido, destacó las reiteradas denuncias a la línea 145 y constancias que contienen comentarios y dichos de mujeres que refieren que los nombrados habrían realizado trata de personas en Chile (v. fs. 1020/1028).

Como elemento probatorio independiente destacó, como prueba del estado de vulnerabilidad que afectaba a las víctimas y la presión sicológica que sobre las mismas se ejercía, que a las mismas se les impedía retirarse, sin previa entrega del dinero obtenido por las mismas, obligándoselas en algunos casos a mantenerse despiertas por mucho tiempo en su trabajo mediante el consumo de estupefacientes.

Finalmente, solicitó el procesamiento y prisión preventiva de L. A. G. y M. S. S. por ser coautores del delito de trata de personas mayores y menores de 18 años, con fines de explotación sexual (art. 145 ter, incs. 4 y 5 del C.P.).

B-Por su parte, los doctores J. J. B. y C. A. C., abogados co-defensores del imputado L. A. G., interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución referida, en cuanto dispuso el procesamiento y prisión preventiva de L. A. G. en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 bis del C.P. texto según Ley 26.842 y 312 del C.P.P.N.). Además, se agraviaron respecto del embargo dispuesto sobre los bienes del nombrado por la suma de $ 150.000. o, en su defecto, inhibirlo de su libre disposición (v. fs. 1557/1559).

Al fundamentar su postura señalaron: 1) No existen en autos elementos de convicción para tener por acreditada la materialidad del hecho imputado. Que la resolución trasciende los elementos de convicción que le brinda la pesquisa y formula conclusiones sin sustento fáctico.Que no existe una sola víctima; 2) No existen elementos de convicción que acrediten la autoría o participación de su defendido en el hecho investigado. No existe en la causa un solo elemento de cargo que indique que G. fotografió mujeres enviadas por L.; 3) El decisorio es auto contradictorio en cuanto parece indicar que existió vinculación entre G. y Patricia L. y, al mismo tiempo, afirma que G. no habría tenido vínculo directo con la principal responsable de la red de trata investigada; 4) Erróneamente se le asignó a su defendido el carácter de autor, puesto que eventualmente su colaboración con el hecho sería la de un partícipe secundario; 5) Que es aparente la fundamentación de la prisión preventiva, no se ha analizado el riesgo procesal en el caso concreto. Que no existe riesgo de entorpecimiento y que el riesgo de fuga puede ser neutralizado mediante una medida cautelar menos gravosa. Señaló que, en base a la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la imposibilidad de la declaración de reincidencia y las condiciones personales de G., se acreditará que su libertad durante el proceso no implica peligro procesal; 6) que el monto del embargo dispuesto no se ha fundamentado.

Ante esta Alzada, el doctor Jorge Juan Bedouret efectuó el informe previsto por el art. 454 del ritual mediante el escrito obrante a fs. 1587/1591.

Desarrolló idéntica estructura argumental a la esgrimida en el escrito recursivo. Finalizó solicitando la revocación del procesamiento impuesto a su defendido, su sobreseimiento y recuperación inmediata de su libertad.

B(bis)-Por su parte, el doctor Pablo Bedouret, abogado defensor de la prevenida M. S. S. efectuó el informe previsto por el art.454 del ritual mediante el escrito obrante a fs.1584/1586.

En líneas generales, propició la confirmación del sobreseimiento dispuesto en favor de su defendida y en apoyo de su postura consignó que no existen elementos de convicción para tener acreditada la materialidad del hecho ni la autoría y/o participación de su defendida en el mismo.

IV.- Sentadas así y reseñadas en los precedentes parágrafos las posturas asumidas corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida, de acuerdo al sorteo realizado para determinar el orden de votación a fs. 1596:

La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro dijo: a)-Situación procesal de L. A. G. y M. S. S.:

Conforme los agravios expuestos por los recurrentes, en lo atinente a la situación procesal de L. A. G., debe el Tribunal establecer si el decisorio impugnado, en cuanto dispuso el procesamiento, prisión preventiva y embargo sobre los bienes del nombrado en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 y 45 del C.P.) resulta ajustado a derecho, o, si por el contrario: a) tal como lo propicia el Ministerio Público Fiscal, corresponde disponer el procesamiento y prisión preventiva de G. en orden al delito de trata de personas mayores y menores de 18 años, con fines de explotación sexual, en carácter de probable partícipe necesario (arts. 45 y 145 ter, incs. 4 y 5 del C.P.; arts. 306, 312, 316 y 319 del C.P.P.N.); b) tal como lo postula la defensa de G., corresponde revocar el procesamiento, prisión preventiva y embargo sobre los bienes del nombrado en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 y 45 del C.P.) y, en consecuencia, ordenar su sobreseimiento en orden a dicho delito, en los términos del art. 336 del ritual.

En lo concerniente a la situación procesal de M. S. S., debe el Tribunal decidir, si conforme las probanzas de autos, el sobreseimiento dispuesto en favor de M. S. S.en orden al delito de trata de personas mayores y menores de 18 años, en carácter de partícipe necesario (arts. 45 y 145 ter, agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; art. 336, inc. 4, del C.P.P.N.) resulta ajustado a derecho, o, si por el contrario, tal como lo propugna el Ministerio Público Fiscal, corresponde revocar dicho decisorio y disponer el procesamiento de la nombrada en orden al delito de trata de personas mayores y menores de 18 años, con fines de explotación sexual, en carácter de probable partícipe necesario (art. 145 ter, incs. 4 y 5 del C.P.), en los términos del art. 306 del ritual.

Sentado ello, atento los agravios expuestos por el Ministerio Público Fiscal, corresponde puntualizar de manera preliminar que, de conformidad a la descripción de los hechos efectuadas en la requisitoria fiscal obrante a fs. 414/416 y su ampliatoria de fs. 1233/vta., la calificación legal asignada provisoriamente a los mismos (art. 145 ter inc. 4 y 5 del Código Penal) y el marco temporal de los mismos, corresponde aplicar al presente análisis las prescripciones de la Ley 26.842, modificatoria de la Ley 26.364.

Cabe destacar que el delito de trata de personas es de carácter doloso, permanente, que protege la libertad de autodeterminación de las personas físicas, cuyo tipo objetivo se configura con la realización de sólo una de las acciones típicas previstas -ofrecer, captar, trasladar, transportar, acoger, recibir- y cuyo tipo subjetivo requiere la finalidad de explotación.

Por mayores precisiones conceptuales sobre el delito que nos ocupa, es mi voluntad rendir tributo a la brevedad, por lo que remito a lo expresado en precedentes de esta Sala en los que se ha plasmado el marco normativo aplicable, entre ellos: MARTíNEZ, TITA LYLIAN” y lo expresado en estos actuados en el pronunciamiento de fecha 13 de agosto de 2015.

Aclarado ello, resulta insoslayable consignar que surge de autos, que los hechos imputados a L. G. y M. S.se habrían verificado dentro del contexto de una red delictual que se dedicaría a la trata de personas con fines de explotación sexual, tanto en esta ciudad, en Rosario y en la vecina República de Chile, presuntamente liderada por la coimputada Patricia L. (prófuga).

En este sentido, cabe acotar que esta Sala analizó oportunamente el contexto delictual referido y que con fecha 13 de agosto de 2015 resolvió la situación procesal de los co-imputados C. S. U., J. N. A. L. y J. A. A., confirmando el procesamiento de los nombrados en orden al delito de trata de personas mayores de 18 años agravado, por lo que remito a dicho pronunciamiento en tributo a la brevedad (v. fs. 1046/1066).

Conforme ello, si bien la investigación en el caso de autos se inició en el mes de setiembre del 2012, la misma se prolongó hasta el día 20 de febrero de 2014, fecha en la que se realizaron los allanamientos de los lugares en los cuales las presuntas víctimas habrían sido explotadas sexualmente en beneficio de los imputados, es decir, más de un año después de que la Ley 26.842 entrara en vigencia, por lo que la reforma introducida a la Ley 26364 mediante dicha norma resulta aplicable a los presentes autos. Dicho entendimiento ha sido sostenido el Máximo Tribunal en reiterados precedentes.

Tal como antes se expresó, los presentes autos se originan en virtud de la denuncia efectuada por Marta Rosales el día 7 de setiembre de 2012, mediante la cual dio cuenta de que su hija Liliana Noemí Romero habría sido captada por una red delictiva que la tendría privada de libertad en la República de Chile, cuyos términos motorizaron en un primer momento para llevar a cabo las actuaciones prevencionales (v. fs.1).

Con posterioridad, la instrucción logró obtener un prolífico plexo probatorio, especialmente, los contundentes elementos que surgen de las numerosas desgravaciones de las intervenciones telefónicas incorporadas en autos, los informes y testimonios efectuados por los funcionarios comisionados, los testimonios de las presuntas víctimas y los elementos que surgen de las actas labradas en los allanamientos pertinentes, deben ser valorados de manera conjunta, en función del contexto fáctico y a la luz del marco normativo antes plasmado.

Efectuadas las precedentes precisiones, de conformidad con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, en líneas generales y dentro del contexto constituido por la red delictual antes reseñada, a partir del mes de junio de 2013, el imputado L. A. G. habría sacado fotos sensuales a mujeres, en el departamento “F” del piso 3ro de calle Corrientes N° 1723 de la ciudad de Rosario “Apart Victoria”, quienes le habrían sido enviadas por Patricia L. (coimputada prófuga), habría publicado las mismas en dos páginas web cuya titularidad correspondía a su pareja, la co-imputada M. S. El accionar de G. y S. se trataría de una colaboración necesaria con el designio ilícito de L., esto es, la finalidad de explotar sexualmente a las referidas mujeres en los departamentos 4 “a” y 5 “b” de la calle Balcarce N° 634 de la ciudad de Rosario.

Sentado ello, entre los elementos de cargo en contra de G. y S. que indican, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, que G. habría sacado fotos sensuales a mujeres y las habría publicado en dos páginas web cuya titularidad correspondía a su pareja M. S., cabe destacar los siguientes (fs. 288; fs. 888/889).

En primer lugar, los allanamientos de los departamentos “E” y “F” del piso 3ro. de Calle Corrientes N° 1723 de la ciudad de Rosario arrojaron como resultado el secuestro de numerosos elementos claramente indicativos de la actividad referida. En tributo a la brevedad se remite a las constancias pertinentes (v. fs. 609vta./610 y fs.642/vta.).

En idéntico sentido nos orienta el informe de Gendarmería Nacional Argentina, en el que se lee: “.Que con respecto a G. se sabe que es fotógrafo y continúa administrando el sitio web http://www.portaldiosas.como.ar, junto a su pareja M. S. S., donde realizan la publicación de distintas chicas tanto de Rosario como de otras provincias que van a trabajar en la mencionada ciudad y que se ponen en contacto con él a los fines de que éste les publique sus fotografías y oferta de servicios. Que todas las actividades relacionadas a la página web, las lleva a cabo en un departamento ubicado en CALLE CORRIENTES Nro XXXX, TORRE 3, PISO 3RO, DPTO “F”, complejo habitacional “VICTORIA”.” (v. fs. 368).

A dichas constancias se suman las manifestaciones del Oficial de la Policía Federal Argentina, Inspector Rolando Aldo Martín Abalos, quien intervino en investigación en la ciudad Rosario y contactó telefónicamente a tres mujeres que eran publicadas en la página web “portaldiosas” (v. fs. 897/899).

En suma, se encuentra acreditado en autos, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, que el imputado L. A. G. habría sacado fotos sensuales a mujeres en el inmueble referido y que eran publicadas en dos páginas web de propiedad de su pareja M. S. S. (www.portaldiosas.com.ar y http://www.sexyvip.com.ar. ).

Ahora bien, si se efectúa una valoración de las constancias de autos en conjunto, con una adecuada contextualización de las mismas y ajustada a los principios de la sana crítica racional, se advierte la existencia de numerosos elementos de convicción indicativos de que el accionar de L. A. G. y su pareja M. S. S.no se habría limitado a sacar fotografías sensuales y a publicarlas en las referidas páginas web, sino que por el contrario, implicaría un eslabón esencial dentro de la cadena de conductas que generalmente tienen lugar en una red delictiva dedicada a la explotación sexual de mujeres, tal como la que se investiga en el caso de autos, la cual habría sido liderada por la coimputada prófuga, Patricia L., con bases operativas en esta ciudad, en Rosario y en la República de Chile.

En efecto, el informe elaborado por (CIPER) da cuenta claramente de dicho extremo, en cuanto a las actividades ilícitas en Chile, expresa: “.Las bases del lucrativo e ilegal negocio que desarrolló Rubén Zapata en pleno barrio El Golf. Fueron sentadas por su compatriota L. A. G., originario de Córdoba. G. llegó por primera vez a Chile a mediados del 2003, venía acompañado de su pareja, también argentina, M. S. S.

Cabe destacar que, en dicho informe se consignan los dichos de una supuesta víctima, que habría expresado: “.Conocí a M. en Córdoba, trabajábamos en un bar nocturno. Pero la cosa no estaba bien. Ella me dijo que su pareja venía a Chile a poner un negocio. Que aquí las cosas andaban mejor y que si funcionaba, ella me avisaba para que me viniera a trabajar. No habían pasado más de dos o tres meses y me llama M. y me dice que necesitan chicas, que si yo estaba dispuesta a venirme y si podía invitar a más chicas-contó a CIPER una mujer argentina que se prostituyó en la red que lideró G. y que ahora trabaja en una tienda en Providencia” (v. fs. 846).

Similar valoración corresponde efectuar en cuanto al anónimo que expresa: “.Soy M. de Chile, y este ser repugnante L. A.G., prostituyó a mi hija menor de edad, tengo denuncias hechas y está prófugo en Argentina, en la ciudad de Rosario, es fotógrafo de una página Portal Diosas y sigue engañando y prostituyendo chicas, estoy muy al tanto. Se dio a la fuga de Chile entregando lo que tenía y se fue sin nada a cometer delitos en otro lado. Ya vas a caer traficante, por mi hija te lo aseguro¡ Alguien va a hacer justicia.” (v. fs. 896).

Cabe agregar que en dicha constancia también se consigna que los nombrados desarrollarían las actividades ilícitas aquí referidas -captación de mujeres para explotarlas sexualmente- y que eran investigados judicialmente en Chile.

En cuanto al extremo, esto es, explotación sexual de mujeres en Chile, cabe acotar que de autos surge un indicio que, según mi entendimiento, no resulta menor, puesto que se encuentra en sintonía con los términos de las constancias antes transcriptas.

Concretamente, hago alusión a la licencia de conducir expedida por la República de Chile a nombre de M. S. S., instrumento que fuera secuestrado en el allanamiento del departamento “E” del piso 3ro. de calle Corrientes Nro. 1723 de la ciudad de Rosario (v. fs. 610).

Cabe destacar, que dicha constancia constituye un anclaje objetivo en total sintonía con los elementos e indicios que en la presente estoy refiriendo.

Además, cabe destacar que las numerosas denuncias efectuadas a la Línea 145, constituyen indicios que nos orientan en idéntico sentido (v. fs 1216; 1511; 1516 y 1524).

De igual modo, resulta de especial gravitación traer a colación que sobre G. y S. se tramitaron investigaciones por el delito de trata de personas en distintas fiscalías de la ciudad de Rosario, tal como se desprende del informe de fecha 23 de mayo de 2014 (v. fs. 1106).

En este orden, cabe destacar especialmente que de los dichos de Waldemar Gómez, agente de la Policía Federal de Rosario surge que la pareja constituida por L. G. y M. S.habría alquilado un departamento en la calle San Martín N° 1416, piso 4° “B” con la finalidad de explotar sexualmente mujeres (v. fs. 834).

Entonces, de las constancias de autos surgen numerosos elementos e indicios, con anclaje objetivo que los sustentan, tales como investigaciones judiciales, artículos periodísticos, testimonios de investigadores y la licencia de conducir referida, todo lo cual, de manera unívoca nos indica que los nombrados estarían involucrados en la explotación sexual de mujeres, tanto en la ciudad de Rosario como en la República de Chile, al menos con el grado de probabilidad exigido en esta etapa.

Por otra parte, de las constancias de autos surgen elementos de convicción que acreditan, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, que la co-imputada Patricia L. (prófuga) habría tenido vinculación con G. y S., habida cuenta de que una persona que se identificaría como “Lili”, que trabajaría para L., habría proporcionado a ésta los números telefónicos de G. (0341-15635208) y de S. (0341-153871614) y se habrían efectuado los contactos pertinentes.

En efecto, en el informe de Gendarmería Nacional Argentina de fecha 15 de julio de 2013 se lee: “.Que de las escuchas telefónicas y mensajes de texto se pudo comprobar que PATO a mediados del mes de junio de este año, mandó chicas a trabajar a la ciudad de ROSARIO, en donde las mismas se alojaban o alojarían en un departamento ubicado en la calle Balcarce Nro. 634, en un primer momento mandando dos mujeres y luego otras dos, teniendo un total de cuatro mujeres trabajando en la ciudad de Rosario, donde LILI era la encargada de organizar y pasarle las novedades que puedan surgir a PATO.también se pudo saber que LILI le pasa a PATO un número telefónico 034115635208, de un ciudadano masculino que se llamaría A.quien manejaría una página web en la ciudad antes mencionada http://www.portaldiosasrosario.com.ar., a los fines de que ella hablara con él y arreglara para que las mujeres puedan trabajar también a través de ese sitio web y asimismo LILI le pasa a PATO en una conversación por mensajes de texto donde PATO le recomienda que consiga un departamento para dos personas a LILI.” (v. fs. 160/vta.).

Similares términos surgen del informe de fecha 15 de noviembre de 2013 efectuado por Gendarmería Nacional, motivo por el cual una valoración ajustada a los principios de la sana crítica racional permite sostener que ambas constancias acreditan con mayor fuerza convictiva el extremo ahora referido (v. fs. 367/369).

A ello cabe agregar, que sobre el punto, esto es, la probable vinculación de L. con G. y S., los términos de ambos informes se encuentran en absoluta sintonía con los dichos del Alferez de la Gendarmería Nacional, Leonardo José Gilardi (v. fs. 1010/1011vta.).

Finalmente, cabe destacar que de autos surge que el preve nido L. A. G. adoptaría distintos recaudos que lo llevarían a abstenerse de diálogos que eventualmente lo pudiesen incriminar en conductas como la que se le enrostra en los presentes autos.

En efecto, el Alférez Leonardo José Gilardi, comisionado en estos autos, con fecha 06 de agosto de 2013 expresó: “.A. recibe una llamada del número de abonado 0341-153614087, el día 02 de agosto de este año a las 15:57 horas, con el cual mantiene una conversación con una ciudadana de sexo femenino quien se identifica como SILVIA, quien residiría en la Provincia de Buenos Aires, apreciándose como A. le dice a la nombrada anteriormente que “por esa línea no puede hablar ningún tema referido a eso y que todos los arreglos los hace en forma personal”, contestándole SILVIA que “sí que lo disculpe que ya le va a avisar a las chicas cuando lleguen allá y que lo vean”, asimismo A.le menciona que “el cel terminado en 028 no lo utiliza más”.-.” (v. fs. 186/vta. -el subrayado me pertenece).

Los términos de la transcripción que anteceden autorizan a sostener que G. habría sido muy cauteloso con los diálogos que habría mantenido por vía telefónica, extremo este que, a su vez explicaría, en principio, la inexistencia de diálogos directos entre G. y L., sin perjuicio de la intervención de la persona identificada como “Lili”, quien sería la encargada de los asuntos de L. en Rosario.

Entonces, la probable vinculación de L. A. G. y M. S. con la explotación sexual de mujeres y, más, precisamente con la estructura delictual liderada por por L. (prófuga) y S. U. (condenado en estos autos en orden al delito de rufianería por el TOCF N° 2) son extremos que se encuentran acreditados, con el grado de probabilidad, por los numerosos elementos e indicios antes aludidos, todos los cuales, de manera unívoca nos orientan en sentido positivo respecto de la imputación que pesa sobre ambos nombrados.

Ahora bien, en lo atinente a los indicios, resulta procedente traer a colación lo expresado por el doctrinario E. M. Jauchen en su obra “LA PRUEBA EN MATERIA PENAL” (RUBINZAL – CULZONI EDITORES) (pág. 28 vta.) que, al abordar el tema de los indicios sostiene: “Constituye una circunstancia o hecho que, probado, permite mediante un razonamiento lógico, inferir la existencia o inexistencia de otros. La operación mental mediante la cual se pueden inferir circunstancias desconocidas tomando como base un hecho probado en la causa”, a continuación el citado doctrinario, remite a lo sostenido sobre el particular por otro jurista como Nicolás Framarino en su obra “LOGICA DE LAS PRUEBAS EN MATERIA CRIMINAL” (T. I. pág. 256) quien manifiesta: “indicio es aquel argumento probatorio indirecto que va a lo desconocido de lo conocido mediante relación de causalidad”.

A la luz de dichos conceptos, cabe reiterar que los elementos de cargo en contra de L. A. G. y M. S.S., constituyen un entramado de probanzas, que cuanto menos son indicios unívocos, sobre la vinculación de los nombrados con los hechos que se les enrostran, los cuales son numerosos y encuentran anclaje objetivo en diversas constancias.

A ello cabe agregar que esta Sala en el pronunciamiento de fecha 13 de agosto de 2015, mediante el cual se confirmó el procesamiento de varios co-imputados en orden al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, analizó la situación de M.A.T., presunta víctima -entre otras-, siendo del caso traer a colación que el Vocal de esta Sala, doctor Abel Sánchez T., al emitir su voto transcribió parcialmente los dichos de la presunta víctima, con destacados. Se remite a dichas constancias en tributo a la brevedad (v. fs. 505/507; fs. 1064vta./1065).

Los términos de las manifestaciones de M.A.T. ponen en evidencia que la red ilícita dedicada a explotar sexualmente mujeres que habría liderado Patricia L., habría recurrido a diversas formas de intimidación con eficacia en el presente caso para menoscabar o anular la libertad de autodeterminación de M.A.T.

Cabe destacar especialmente que el T.O.C.F. al emitir sentencia con fecha 20 de octubre de 2016 valoró los dichos de M.A.T. como absolutamente veraces (v. fs. 1265/1268).

Por otra parte, no soslayo que el resultado del allanamiento del inmueble de calle Balcarce N° 634, cuarto piso, Dpto. “B”, de la ciudad de Rosario no obtuvo elementos de interés para la causa. No obstante, ello es una cuestión que, según mi entendimiento, resulta de escaso valor convictivo si se tiene presente:a)-que en el acta pertinente se consignó que dicho inmueble se encontraba habitado; b)-que el horario del procedimiento -11.10 horas- permite sostener que la ausencia de personas en el lugar resulta explicable atento las actividades en cuestión normalmente no se desarrollan en horarios matutinos; c) que en el acta pertinente no existe referencia alguna sobre eventuales moradores del inmueble; d)-los elementos que surgen de la declaración del investigador que refirió que los prevenidos G. y S. habían alquilado un departamento en el que explotarían sexualmente mujeres, en especial, que los nombrados se ausentaban durante el día (v. fs. 834).

Conforme las consideraciones precedentes, resultado de una valoración de las probanzas de autos en conjunto y ajustada a los principios de la sana crítica racional, surge con el grado de probabilidad, que el accionar de L. G. y su pareja, la co-imputada M. S., en modo alguno se habría limitado a obtener fotos sensuales de mujeres en el referido departamento de calle Corrientes N° 1723 de la ciudad de Rosario, que luego publicaban en las dos páginas web de titularidad de S., por el contrario, tal como se ha analizado precedentemente, ambos habrían tenido vinculación con la explotación sexual de mujeres en Rosario y en Chile. De igual modo, se vincularían con la coimputada prófuga Patricia L., quien probablemente habría enviado mujeres a Rosario, contando con la intervención de una persona que se identificaría como “Lili”, quien sería encargada de los negocios de L. en Rosario. Todo ello indica, cuanto menos, que G. y S. habrían tenido plena intención de prestar una colaboración esencial, dentro de la estructura o red ilícita que lideraría L., cuya finalidad habría sido la explotación sexual de mujeres (v. fs. 1).

En virtud de todo lo expuesto, entiendo que la existencia material de los hechos investigados en autos y la participación responsable de los nombrados se encuentran acreditadas con el grado de probabilidad exigido a esta altura del proceso, correspondiendo calificar la conducta de G.y S. como, partícipes necesarios de los delitos de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (arts. 45 y 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; art. 306 del C.P.P.N.).

Cabe destacar que el auto de procesamiento implica tan sólo un juicio de probabilidad que permite el avance del proceso, que en modo alguno requiere certeza apodíctica respecto de los extremos objetivos y subjetivos de la imputación, sino que se verifique una prevalencia de los elementos de cargo sobre los de descargo y que puede ser revocado en cualquier momento del proceso, en el caso que las constancias de la instrucción así lo indiquen (art. 306 del C.P.P.N.).

En conclusión, corresponde revocar la resolución dictada con fecha 15 de noviembre de 2018, en cuanto dispuso el sobreseimiento de M. S. S. (D.N.I. N° xx.xxx.xxx) por el delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (art. 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.), en el carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.), en los términos del art. 336 del C.P.P.N., y, en consecuencia, ordenar el procesamiento de la nombrada en orden a dicho delito, en el carácter de partícipe necesario, debiendo el Juzgado de instrucción pronunciarse sobre la procedencia de la prisión preventiva y embargo (art. 45; 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; arts. 306, 312, 319 y 518 del C.P.P.N.); confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso el procesamiento de L. A. G., modificando tan sólo la calificación legal impuesta, la que queda establecida en, partícipe necesario del delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (arts. 45 y 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; art.306 del C.P.P.N.).

b).-prisión preventiva de L. A. G.:

De manera preliminar, resulta necesario una vez más acudir a los conceptos dados por el suscripto, inherentes particularmente a la interpretación de las normas legales relativas a las medidas de coerción que implican la privación de la libertad de los imputados durante el desarrollo del proceso penal.

En tal sentido, en autos “BOTTERI, Roberto R.” (Lo 268, Fo 109); “GAUNA, Agustín” (L° 270 F° 85); “PIETROBóN, Abel” (L° 272 F° 8); “CARDOSO, Ma.Pía” (L° 290, F° 60); “LUDUEñA” L° (292, F° 167); y “CAMPOS, Lorena” (L° 296, F° 77), y recientemente “OTIN, Lucas Ariel” (L°310 F°21), entre otros, sostuve que en orden a las normas que en el Código Procesal Penal de la Nación contemplan la “eximición de prisión”, se advierte que el principio rector en la materia es el de la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados, tal como se desprende de la norma prevista en el art. 280 del Código de Rito.

Partiendo de dicha base, una exégesis sistemática de las disposiciones contenidas en los artículos 312, 316, segunda parte, y 317, primer inciso, del C.P.P.N. indica que, como regla, la libertad procesal tiene relación inmediata con la penalidad del delito imputado y es aceptable si: a) La pena máxima del delito no fuera superior a los ocho años de pena privativa de la libertad; o, bien, b) aunque la pena máxima fuera mayor a ese límite, cuando el juez estime “prima facie” que procederá una condena de ejecución condicional (SANDRO, Jorge A., Condiciones de la prisión procesal, Rev. La Ley, 2005-C, p. 638).

Sin embargo, por los principios antes dichos, las regla consagradas por los arts. 312, 316 y 317, inc. 1°, del C.P.P.N.son de interpretación flexible, debiendo subrayar que el presupuesto de procedencia de la prisión preventiva contemplado en el artículo 312 citado debe ser interpretados como una presunción iuris tantum., en respeto de la garantía constitucional del estado de inocencia.

Por otra parte, y de un correcto análisis e interpretación de la voluntad del legislador, puedo afirmar que la disposición prevista por el art.319 ibid, contempla las pautas que autorizan a imponer la prisión preventiva, incluso a aquéllos casos que pese a no resultar procedente según la pauta del art.312, por las circunstancias propias del caso, igualmente corresponde la restricción de la libertad por la probabilidad de que el imputado, encontrándose en libertad, intente eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.

Así y de acuerdo a ello, el art.319 reclama un test completo de riesgo procesal, esto es, de afectación de los fines del proceso, sea por peligro de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones por parte del inculpado.Y éste ha sido en definitiva y en líneas generales, el criterio expuesto por la Cámara Nacional de Casación Penal en el Acuerdo Plenario n° 13, de fecha 30 Octubre del corriente año, en los autos “Díaz Bessone”, y que en particular es citado por la defensa, como sostén de su postura.

Asimismo debo señalar, como ya también lo sostuviera en mis anteriores intervenciones, que la interpretación expuesta debe ser complementada por el test mínimo de las tres indicaciones de fuga o entorpecimiento judicial y en tal sentido, corresponde al Estado la comprobación o verificación de tres aspectos diversos, a saber, a) el peso de las pruebas de cargo conocidas por el imputado, b) su personalidad y situación particular y c) la actitud procesal respecto a la investigación de la verdad.

Es importante también traer a colación, lo dispuesto por el art.26 del C.P., relativo a la condenación condicional, del que se colige que toda condena que supere los tres años fijados por la norma antes dicha necesariamente debe ser de cumplimiento efectivo.

Bajo tales parámetros interpretativos, entiendo que la valoración del riesgo procesal en concreto que implicaría la recuperación de la libertad por parte del prevenido L. A. G. se ajusta a los parámetros de la sana crítica racional y a los criterios plasmados por la jurisprudencia y doctrina sobre el punto, por lo que se remite a la misma en homenaje a la brevedad.

A ello se agrega, que de conformidad a la solución procesal que propicio, la situación procesal de L. A. G. se agravaría.

En efecto, el Juzgado de instrucción dispuso el procesamiento en contra de L. A. G. en carácter de probable autor en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución (arts.45 y 125 bis del C.P.), habiendo evaluado el Magistrado instructor el riesgo procesal en concreto, con relación a la escala penal establecida para dicho ilícito, la (cuatro a seis años de prisión).

Ahora bien, conforme lo expuesto en el apartado anterior, el procesamiento en contra de G. se agravaría por ser en orden a un delito más severamente penado, trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años, en carácter de partícipe necesario (arts. 45 y 145 ter agravado por los inc. 4 y 5 del C.P.), cuya escala penal en abstracto va desde los diez hasta los quince años de prisión.

Más allá de la gravosa imputación que pesa en contra G. (trata de personas), las pautas del art.319 ibid, hacen presumir riesgo serio de peligrosidad procesal, tal como evaluó el Juzgado de instrucción.

Acorde tal encuadramiento jurídico, y en atención a la pena conminada en abstracto para los delitos que se le imputan al señor L. A. G., en principio resultaría procedente la imposición de la prisión preventiva, de conformidad a los parámetros establecidos por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación.

Asimismo, teniendo en cuenta especialmente el precedente “Diaz Bessone”, de la Cámara Nacional de Casación Penal, más allá de la calificación legal asignada a la conducta del imputado y de la pena conminada en abstracto, existen en la causa datos objetivos que permiten confirmar la presunción que pesa sobre el encartado.

Al respecto, opino que las condiciones personales del imputado y las particularidades de los hechos que se le enrostran, no permiten pronosticar, con la precariedad que todo juicio sobre conductas futuras implica, que el encartado L. A. G.se someterá al proceso penal que se sigue en su contra.

En otras palabras, ninguna de las particularidades del presente caso se muestran frente a la posible condena a recaer, como factores de peso que permitan eventualmente conjeturar que el imputado cumplirá con las obligaciones procesales que se le impongan.

Conforme las razones expuestas, no encuentro circunstancias excepcionales que permitan demostrar la inconveniencia de aplicar la presunción legal establecida por los artículos 312, 316, 317 y 319 del C.P.P.N., por el contrario los elementos incorporados confirman aquella presunción, en el sentido que el imputado, en caso de recuperar la libertad, intentará fugarse. En otro lenguaje, las constancias de la causa no permiten sostener que la presunción legal que pesa sobre el imputado carezca de virtualidad, pues la prueba colectada no ha podido desvirtuar esta sospecha.

En el punto, cabe destacar que la decisión sobre la presente cuestión es eventualmente revocable, por lo que la misma puede ser revisada a la luz de los elementos de juicio que se incorporen en el curso de la instrucción.

Por todo lo expuesto y normas legales citadas, corresponde confirmar la resolución de primera instancia en cuanto impuso la prisión preventiva al imputado L. A. G., de conformidad a lo establecido por los artículos 312, 316, 317 y 319 del C.P.P.N.). c)- monto de embargo impuesto:

Conforme surge de los considerandos de la resolución impugnada, el Juez Federal N° 1 de Córdoba dispuso el embargo sobre los bienes del encartado L. A. G. hasta cubrir en total la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00), a los fines dispuestos en el artículo 518 del C.P.P.N., o en caso de carencia o insuficiencia de los mismos, anotar la inhibición general del nombrado.

Concretamente, la defensa del imputado se agravia respecto al monto del embargo dispuesto sobre los bienes, que asciende a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000), por resultar -a su juicio- excesivo. Considero al respecto que debe asimismo confirmarse la resolución.

El art.518 del CPPN dispone que, al dictarse el auto de procesamiento, el Juez ordenará el embargo de bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y costas. Si el imputado no tuvieren bienes, o lo embargado fuere insuficiente, se podrá decretar su inhibición.

Así, el embargo consiste en la afectación provisoria y anticipada de un bien determinado e implica una limitación a la libre disposición de uno o varios bienes que forman parte del patrimonio del imputado. Por lo tanto, es una medida cautelar de tipo económico que tiene como objeto asegurar la ejecución de la pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso, cuyo dictado procede de oficio junto al auto de procesamiento.

De tal modo, son tres las pautas valorativas que debe tenerse en cuenta para fijar el monto del embargo. Con respecto a la pena pecuniaria, se considera en base al delito endilgado al imputado, sí prevé, además de la pena de prisión, una pena de multa. La segunda categoría refiere a la existencia de actor civil en el proceso y la tercera a las costas del proceso, que incluye la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos y los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa (art. 533 del CPPN).

Por su parte, la inhibición general de bienes es una medida de excepción, que sólo procede en los casos en que se desconocen bienes en cabeza del embargado, o bien cuando resultan insuficientes para cubrir el monto del embargo decretado. Posee carácter subsidiario, pues debe dejarse sin efecto cuando se presenten a embargo bienes suficientes.

En el caso de autos, habiéndose acreditado con el grado de probabilidad la participación de L. A. G. en el hecho que se le atribuye, esto es, en el delito previsto en el art. 145 ter, agravado por los incs.4 y 5 del C.P., cuya pena es únicamente de prisión, entiendo que resulta razonable la cuantía del embargo fijada en pesos ciento cincuenta mil, en atención a las costas del proceso.

En lo atinente a la inhibición general dispuesta, su dictado obedece al sólo efecto subsidiario de garantizar el embargo preventivo ordenado.

Por las razones dadas, considero ajustado a derecho el monto cuestionado, debiendo rechazarse la objeción del impugnante.

En consecuencia, corresponde confirmar el monto del embargo dispuesto en la resolución recurrida (art. 518 del CPPN), no correspondiendo la aplicación de costas. (conf. art. 530 y 531 del C.P.P.N.). Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor L. Roberto Rueda dijo:

Coincido con las consideraciones efectuadas por la señora Juez del primer voto, doctora Liliana Navarro, en que debe revocarse la resolución dictada con fecha 15 de noviembre de 2018 por el Juez Federal No 1 de Córdoba en cuanto dispuso el sobreseimiento de la imputada M. S. S. por el delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (art. 145 ter agravado por los incisos 4 y 5 del CP), en carácter de partícipe necesario (art. 45 del CP).

Sin embargo, disiento con el voto que antecede en cuanto propicia el dictado de procesamiento de la nombrada en orden al delito descripto. Ello en razón de que, según mi criterio, no corresponde a esta Alzada dictar el procesamiento de la imputada, por considerar que dicha medida compete al Juez instructor, y no a este Tribunal de Alzada, a fin de garant izar el derecho al recurso por parte de la defensa y el doble conforme judicial.

Debo advertir que este criterio es sostenido por el suscripto a partir de autos: “CAPDEVILA, Horacio p.s.a. de infracción a la Ley 23.737” – (Expte.N° FCB 45760/2014), precedente que constituyó un cambio de posición respecto de pronunciamientos precedentes (v., por todos, “SPENGLER, Edgardo Hugo y otro s/Defraudación a la Administración Pública” (FCB 53040021/2010), 23.04.2015, y, más recientemente, “MARTíNEZ Tita Lilian y otros – Infracción Ley 26.842” (FCB 62001988/2012/CA1), 14.05.2015) que obedeció a un nuevo examen de la cuestión y que sigue en definitiva el temperamento adoptado por la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, en numerosos fallos.

En efecto, dicho Tribunal ha sostenido que las Cámaras Federales de Apelaciones deben restringir su facultad a la de revocar soluciones intermedias, sin avanzar sobre el dictado del auto de procesamiento o su ampliación.

Estas decisiones se hallan en cambio reservadas al juez de primera instancia, de modo de constituir materia de impugnación y ulterior evaluación por parte de dicho órgano jurisdiccional, al que compete el control de los actos producidos durante la instrucción (Registro no 2021.14.2, “Transancos, Lucas A. s/rec. de casación”, 3.10.14, causa no 16202, voto de los Doctores Slokar y Ledesma, disidencia Doctor Catucchi; Registro no 1719.13.2, “Caro Figueroa, José Armando s/recurso de queja”, 24.10.13, causa no 563/13, voto de los Doctores Slokar y Ledesma, disidencia Doctor D.; asimismo, Registro no 1108.13.2, “Renzi, Walter Gabriel y otros s/rec. casación”, 08/08/13; causa no 15247, voto de los Doctores Slokar y Ledesma, disidencia Doctor D.).

Por consiguiente, en atención al imperativo de salvaguarda de las garantías del debido proceso, estimo que no compete a este Tribunal el dictado de auto de procesamiento del imputado.

Por todo lo expuesto, estimo que debe revocarse el sobreseimiento de la imputada M. S. S. en orden al delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (art.145 ter agravado por los incisos 4 y 5 del CP), debiendo el Juzgado de instrucción dictar nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos expuestos en el primer voto.

Por su parte, coincido en que procede la confirmación del auto impugnado en cuanto ordenó el procesamiento y prisión preventiva de L. A. G., con la modificación de la calificación legal en términos de partícipe necesario del delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (arts. 45 y 145 ter agravado por los incisos 4 y 5 del CP) y en cuanto al monto de embargo impuesto en primera instancia. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

El señor Juez doctor Abel G. Sánchez T. dijo:

Coincido con las consideraciones de hecho y de derecho efectuadas por la señora Juez del primer voto, doctora Liliana Navarro y en cuanto a la solución por ella propiciada respecto del prevenido L. A. G., esto es, su procesamiento, el cambio de calificación del delito que se le enrostra, su prisión preventiva y el embargo sobre sus bienes.

De igual modo, comparto el análisis de mérito efectuado en orden a M. S. S.y el procesamiento propiciado en su contra.

Sin perjuicio de ello, entiendo procedente efectuar las siguientes consideraciones respecto a que los Tribunales de Alzada tienen habilitada plenamente la competencia para dictar el auto de procesamiento, al momento de revisar decisiones adoptadas por un Juzgado de instrucción, en aquellos casos en los que las constancias de autos así lo indiquen.

En tal sentido, surge de manera clara -según el análisis efectuado en el primer voto- la presunta responsabilidad penal de los nombrados en base a las comprobaciones efectuadas por el personal policial interviniente en la investigación y prueba testimonial, lo que ha generado un estado de probabilidad suficiente para juzgar que los imputados de mención serían partícipes necesarios en orden al hecho por el cual fueron indagados.

De tal modo, en relación con lo expresado por el señor Juez preopinante, doctor L. Roberto Rueda, en el que – mutando su posición respecto del criterio seguido en numerosos precedentes de la Sala- se afirma que no corresponde a este Tribunal de Alzada dictar el procesamiento de la imputada M. S.S., por considerar que dicha medida compete al Juez instructor, dejo expresado aquí mi disentimiento con dicho entendimiento, por las razones que expongo a continuación:

Sin desconocer el voto mayoritario de una de las Salas del Tribunal casatorio -más precisamente de los doctores Slokar y Ledesma, Sala II-, no puede soslayarse en esta cuestión la amplia práctica de los tribunales nacionales de apelación del país en el ejercicio de la denominada “competencia positiva”, que supone el dictado de autos de procesamiento, a la luz de la valoración concreta de los casos sometidos a su revisión, sin afectación de las consabidas garantías procesales.

Frente a esta cuestión, es preciso acotar que, en consonancia con las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Casal” (causa n° 1681, 20.09.2005), la Cámara Federal de Casación Penal no ha anulado fallos de esta instancia en los que se ha procesado como consecuencia de la apelación presentada contra un sobreseimiento o falta de mérito, sino que ha considerado que la vía casatoria configura, en cambio, el cauce procesal más acorde para garantizar al imputado el derecho a recurrir ante un tribunal superior. De tal forma, dicho Tribunal ha equiparado tales autos interlocutorios a las decisiones que -según los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional- deben ser alcanzadas por la garantía de doble instancia judicial (art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos).

La doctrina procesalista coincide en aceptar que la Cámara de Apelaciones pueda disponer por sí misma el procesamiento de un imputado, al revocar un auto de sobreseimiento o de falta de mérito.Así lo ha precisado con claridad Lino Palacio, afirmando que “siendo la finalidad de todo recurso la sustitución de la resolución impugnada por otra que satisfaga el interés de la parte que lo dedujo, no se advierte en modo alguno la necesidad de norma expresa que, durante el período instructorio del proceso penal, habilite a la Cámara de Apelaciones, como tribunal superior en el orden jerárquico, para sustituir el auto de falta de mérito por el de procesamiento” (PALACIO, Lino, “El auto de procesamiento dictado por la Cámara de Apelaciones y la garantía constitucional de la defensa en juicio”, LA LEY, 1995-B, 599). En relación con la posibilidad de revocar un sobreseimiento y procesar al imputado, el autor ha expresado por su parte que “el dictado del auto de procesamiento por la cámara cuando media, naturalmente, recurso fiscal, no transgrede los límites de la competencia funcional de aquélla ni afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio adecuadamente preservada por la intervención del imputado en primea instancia e incluso en el trámite del recurso” (PALACIO, Lino; “Nuevamente sobre el auto de procesamiento y la garantía de doble instancia” LA LEY, 1998-C, 832).

En concordancia, Vélez Mariconde había postulado que “el auto de procesamiento puede ser dictado por la Cámara en lo Criminal.cuando revoca un auto de falta de mérito. El recurso del Ministerio Público le atribuye al tribunal de grado esa competencia, haciendo necesaria, lógicamente, una declaración opuesta a la revocada. Queda dicho que es incorrecto el sistema (inventado por alguna cámara) de limitarse a revocar el auto de falta de mérito y devolver el expediente al juez de instrucción para que este magistrado dicte el procesamiento” (VéLEZ MARICONDE, Derecho Procesal Penal, Tomo II, Ed. Astrea, Bs. As. p.448).

De manera similar, Clariá Olmedo ha señalado -en referencia al auto de falta de mérito- que “los códigos modernos expresamente lo declaran apelable por el Ministerio Fiscal, con lo cual el órgano acusador puede provocar el procesamiento a dictarse por el tribunal de alzada” (CLARIá OLMEDO, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IV, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2008, p. 370).

Por su parte, la jurisprudencia mayoritaria -lo que incluye la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha aceptado la posibilidad de que el procesamiento sea dictado por la Cámara de Apelaciones, al conocer de la apelación interpuesta por la parte acusadora contra el auto de falta de mérito o de sobreseimiento (Fallos, 324:4039, “Abraham Jonte Ronaldo”, 07.12.2001, con opinión favorable del Procurador General). En efecto, el Máximo Tribunal tuvo ocasión de convalidar el criterio de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que había afirmado la legitimidad del dictado de un procesamiento por parte del Tribunal de Apelaciones, revocando un auto de falta de mérito que había sido recurrido por la querella.En sentido similar, con posterioridad la Corte ha referido que el recurso de apelación habilita a la Cámara de Apelaciones a reemplazar la decisión apelada por la resolución correcta, autorizándose a subsanar ella misma el defecto advertido (Fallos, 330:4454, “Cabezas Daniel”, 17.10.2007, en este caso la Cámara de Apelaciones había dispuesto la nulidad del procesamiento resuelto por el Juez y había dictado una nueva resolución de procesamiento modificando el encuadre jurídico y la valoración de los hechos).

No cabe pues considerar que ello suponga un quebrantamiento de la garantía constitucional de la defensa, ni que el auto de procesamiento dictado por el órgano superior al juez de instrucción carezca de fundamento legal, en especial si se recuerda el principio general -aplicable a todos los procesos-de que la competencia de los tribunales de alzada sólo se halla limitada por las cuestiones sometidas a examen en primera inst ancia e incluidas en la impugnación, y no por los temas específicamente resueltos por el juez inferior.

No debe perderse de vista tampoco la importancia de que los actos procesales se cumplan en los términos y secuencias determinados por el legislador para asegurar el avance del proceso hacia el cumplimiento progresivo de su objetivo (realización del Derecho de fondo), evitando la repetición y superposición de etapas y actos cumplidos (principio de preclusión). Una concepción opuesta a la habilitación de la cámara para expedirse sobre el fondo del asunto, dictando ella misma el procesamiento del imputado atentaría precisamente contra ello, al condenar al proceso a una marcha atrás e incluso a un círculo vicioso, frente a la posibilidad de la articulación de un nuevo recurso de apelación por las partes.

En razón de lo expuesto, dejo expresada mi disidencia respecto de la noción de que la actuación de las Cámaras de Apelaciones deba restringirse a la facultad de revocar las resoluciones intermedias, esto es, sin avanzar sobre el dictado del auto de procesamiento, o su ampliación, porpostularse que tales decisiones deben quedar reservadas al juez de primera instancia, para una eventual y posterior evaluación por parte del órgano jurisdiccional con tarea de control de los actos producidos durante la instrucción.

En conclusión, adhiero a la postura adoptada por la señora Juez del primer voto, doctora Liliana Navarro, en cuanto propicia la revocación de la resolución dictada con fecha 15 de noviembre de 2018, en cuanto dispuso el sobreseimiento de M. S. S. (D.N.I. N° xx.xxx.xxx) por el delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (art. 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.), en el carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.), en los términos del art. 336 del C.P.P.N., y, en consecuencia, ordenar el procesamiento de la nombrada en orden a dicho delito, en el carácter de probable partícipe necesario, debiendo el Juzgado de instrucción pronunciarse sobre la procedencia de la prisión preventiva y embargo (art. 45; 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; arts. 306, 312, 319 y 518 del C.P.P.N.); confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso el procesamiento y prisión preventiva de L. A. G. (D.N.I. N° xx.xxx.xxx), modificando tan sólo la calificación legal impuesta, la que queda establecida en, probable partícipe necesario del delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (arts. 45 y 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; arts. 306, 312, 316, 317 y 319 del C.P.P.N.); confirmar el monto del embargo dispuesto en la resolución recurrida (art. 518 del CPPN). Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). Así voto.

Por todo ello; SE RESUELVE:

POR UNANIMIDAD:

I.-REVOCAR la resolución dictada con fecha 15 de noviembre de 2018, en cuanto dispuso el sobreseimiento de M. S. S. (D.N.I.N° xx.xxx.xxx) por el delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (art. 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.), en el carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.), en los términos del art. 336 del C.P.P.N., y, en consecuencia, -por mayoría- ordenar el procesamiento de la nombrada en orden a dicho delito, en el carácter de partícipe necesario, debiendo el Juzgado de instrucción pronunciarse sobre la procedencia de la prisión preventiva y embargo (art. 45; 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; arts. 306, 312, 319 y 518 del C.P.P.N.).

II.-CONFIRMAR la resolución apelada, en cuanto dispuso el procesamiento y prisión preventiva de L. A. G. (D.N.I. N° xx.xxx.xxx), modificando tan sólo la calificación legal impuesta, la que queda establecida en, partícipe necesario del delito de trata de personas mayores de 18 años y trata de personas menores de 18 años (arts. 45 y 145 ter agravado por los incs. 4 y 5 del C.P.; arts. 306, 312, 316, 317 y 319 del C.P.P.N.).

III.-CONFIRMAR el monto del embargo dispuesto en la resolución recurrida (art. 518 del CPPN).

IV.-Sin costas (cfme. Arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

V.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

L. ROBERTO RUEDA

Juez de Cámara

LILIANA NAVARRO

Juez de Cámara C

AROLINA PRADO

Secretaria de Cámara

ABEL G. SANCHEZ T.