Se fueron a la B: Es inconstitucional la norma que fija un régimen de cancelación de aportes y contribuciones de la seguridad social distinto para clubes de fútbol de la A y de la B

Partes: Club Sportivo Belgrano c/ A.F.I.P. s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 12-abr-2019

Cita: MJ-JU-M-118411-AR | MJJ118411 | MJJ118411

Inconstitucionalidad de la normativa que establece un régimen de cancelación de aportes y contribuciones de la seguridad social distinto para los clubes que participan en el Torneo Federal A respecto de los que lo hacen en la Primera B Metropolitana.

Sumario:

1.-Es procedente confirmar la sentencia que admitió la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad del Dec. del Poder Ejecutivo N° 1212/2003 en cuanto establece un régimen de cancelación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social distinto para los clubes de fútbol que participan en el Torneo Federal A respecto de aquellos que lo hacen en la Primera B Metropolitana, porque, al no visualizarse razones atendibles que justifiquen un trato diferenciado, lesiona la garantía de la igualdad privar a los clubes del interior que compiten a partir del año 2009 en el fútbol profesional Torneo Federal A, los beneficios fiscales que se le atribuyen a los clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense que juegan en similares categorías.

2.-La inexistencia de otro remedio judicial más idóneo para efectuar el reclamo o para subsanar el grave daño producido por el acto u omisión, prevista en el art. 43 de la CN., configura un concepto jurídico indeterminado que requiere verificar en cada caso puntual si la vía es o no el remedio judicial más apropiado para encauzar la pretensión de la accionante, siendo posible discernir su admisibilidad en caso de existir duda, por cuanto la sola presencia de vías alternativas resulta insuficiente para inadmitir la pretensión del amparo.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo de Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “CLUB SPORTIVO BELGRANO c/ A.F.I.P. s/AMPARO LEY 16.986” (Expte.: 74094/2018), venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el representante legal del Fisco Nacional en contra de la resolución de fecha 19 de octubre de 2018 mediante la cual el señor Juez Federal de San Francisco resolvió hacer lugar a la presente acción de amparo y declaró desde la fecha de inicio de las presentes actuaciones, la inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo N° 1212/2003 en cuanto establece un régimen de cancelación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social distinto para los clubes que participan en el Torneo Federal A respecto de aquellos que lo hacen en la Primera B Metropolitana, resultando aplicable a la actora dicho régimen impositivo, con costas a la demandada.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden:EDUARDO AVALOS-IGNACIO MARIA VELEZ FUNES.

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

I . – Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el representante legal del Fisco Nacional en contra de la resolución de fecha 19 de octubre de 2018 mediante la cual el señor Juez Federal de San Francisco resolvió hacer lugar a la presente acción de amparo y declaró desde la fecha de inicio de las presentes actuaciones, la inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo N° 1212/2003 en cuanto establece un régimen de cancelación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social distinto para los clubes que participan en el Torneo Federal A respecto de aquellos que lo hacen en la Primera B Metropolitana, resultando aplicable a la actora dicho régimen impositivo, con costas a la demandada.

II.- Surge de lo actuado que el apoderado del Club Sportivo Belgrano promovió la presente acción de amparo con fecha 06 de septiembre de 2018 en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitando se declare la inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) N° 1212/2003.Como fundamento de su pretensión esgrimió que el mencionado Decreto fue sancionado a fin de dar una respuesta a la problemática económica-financiera que atravesaban todos los clubes de fútbol profesional y en especial a las deudas que por todo concepto mantenían con el Fisco Nacional y demás organismos, estableciéndose así un régimen de percepción de los aportes y contribuciones de la seguridad social con destino a los regímenes de las Leyes N° 19.032, 23.660, 23.661, 24.013, 24.241 y 24.714, correspondientes a los jugadores de fútbol profesional, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares que atiendan a los planteles que practiquen fútbol profesional en cualquier categoría y demás personal dependiente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y de los clubes que intervengan en los torneos organizados por dicha asociación en las divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”, actuando como agente de percepción y/o retención la Asociación del Fútbol Argentino (el resaltado en el orginial); suspendiendo todo tipo de ejecuciones que, por los conceptos mencionados, hayan sido iniciadas, en cualquier etapa procesal en que se encuentren con los alcances, modalidades y requisitos que establezca la reglamentación. Ello teniendo en cuenta -en el caso de las instituciones- la compleja situación económica en la que se encontraban, y la necesidad de ordenar las deudas que mantenían con el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, otorgándoles un modo adecuado de saldarlas. Agrega que en dicho marco el Club Sportivo Belgrano fue dado de alta en el sistema referido el 01 de julio de 2013 y por lo tanto la Asociación de Futbol Argentino -en su calidad de agente de retención- procedió a efectuar las retenciones previstas y a depositar dichos fondos a favor de la AFIP- DGI, acreditando dicho extremo con el certificado obrante a fs. 5.Por ello sostiene que el Club al haber sido dado de alta y estar incluido dentro del sistema y régimen establecido, tiene un derecho adquirido en tal cuestión ya que el Organismo tributario (AFIP) consintió el ingreso de su poderdante a dicho régimen y percibió los fondos depositados por tal motivo, sin oposición alguna. En esta línea de pensamiento aduce que de la lectura del Decreto aludido no surge que el descenso de categoría sea una sanción para los clubes que ya ingresaron al sistema; y que su Club fue excluido de los beneficios de los cuales gozaba a partir del 31-12-2015 cuando descendió al Torneo Federal “A”. A su vez aduce que la normativa en cuestión consagra una solución inequitativa y arbitraria que colisiona abiertamente con el principio constitucional de igualdad ante la ley al excluir de sus alcances a los clubes que participan en el Torneo Argentino “A” (hoy Federal “A”) organizado por el Consejo Federal dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino, no obstante reunir la condición de fútbol profesional y de detentar una jerarquía similar a la divisional Primera “B” Metropolitana cuyos clubes si se encuentran comprendidos en los beneficios del decreto en cuestión. Destacó también que los clubes participantes de ambas categorías se encuentran en un pie de igualdad ya que todos están sujetos al régimen profesional regulado tanto por las normativas dictadas por la A.F.A. y F.I.F.A. como así también a lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/2009 de futbolistas profesionales. Sostuvo entonces que no se encuentra razón o elemento alguno que justifique la exclusión del beneficio que contempla el mentado digesto, sino que por el sólo hecho de ser del interior, deben soportar un notable perjuicio económico derivado de la perdida de los beneficios instituidos por el Decreto N° 1212/03, perjuicio que no deben soportar los clubes con igual jerarquía de la Capital federal y alrededores.Finalmente, como cuestión previa a la resolución de fondo, solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordenare a la AFIP tener por incluido al Club Sportivo Belgrano dentro de los beneficiarios de las disposiciones del Decreto N° 1212/2003 y por ende se dispusiera aplicar el régimen establecido por el art. 1, subsiguientes y concordantes del mismo, a partir de la promoción de la presente acción; ordenándose a su vez la suspensión de todas las intimaciones y acciones judiciales en curso y el levantamiento provisorio de las medidas cautelares trabadas de acuerdo a lo establecido en el art. 3 de dicha norma. Todo con costas.

A fs. 77/86vta. obra agregado el Informe del art. 8 evacuado por el representante del Fisco Nacional. Mediante proveído de fecha 9 de octubre de 2018 -en lo que aquí interesa- el Juez de primera instancia ordenó correr traslado a la actora de dicho informe y declaró la cuestión como de puro derecho. Evacuado el mismo a fs. 89, quedó la causa en condiciones de ser resuelta.

III.- Así, el Juez de grado, mediante Sentencia de fecha 19 de octubre de 2018 resolvió hacer lugar a la presente acción de amparo y declaró -desde la fecha de inicio de las presentes actuaciones- la inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo N° 1212/2003, en cuanto estableció un régimen de cancelación de aportes y contribuciones a la seguridad social distinto para los clubes que militan en el Torneo Federal A, respecto de aquellos que lo hacen en la Primera B Metropolitana, resultando aplicable dicho régimen impositivo a la actora; con costas a la demandada.

Para así decidir tuvo en cuenta que en primer lugar y respecto de la vía elegida por la actora, que estando en juego la interpretación de la garantía de igualdad explícitamente prevista por la Constitución Nacional en su art.16, era procedente la vía de amparo admitida.

En segundo lugar, rechazó el argumento esbozado por la accionante en relación a tener un derecho adquirido al régimen del Decreto cuestionado con fundamento en que el organismo tributario consintió el ingreso de la entidad deportiva al régimen establecido por dicha normativa. Ello por cuanto de la norma bajo examen se desprendería con claridad que dicho régimen previsional se aplicaba con exclusividad a los clubes que se encontraban en la actualidad interviniendo en las categorías Primera A, Nacional B y Primera B sin hacer ninguna referencia a los clubes que en otras circunstancias y momentos hubiesen intervenido en tales divisiones. Por lo tanto, al haber fijado una pauta temporal clara que no incluyó a clubes que en el pasado hubiesen intervenido en Primera A, Nacional B o Primera B, consideró que la actora carecía de un derecho adquirido al régimen del Decreto 1212/2003 en tanto no advirtió que por medio de una norma o acto administrativo se hubiere alterado una situación jurídica concreta e individual en cabeza de la actora sino que por el contrario, dejó de aplicársele al no estar comprendida en los supuestos previstos por la norma.

En tercer lugar, frente al planteo de la accionante consistente en que por aplicación del Decreto N° 1212/2003 se violaría de algún modo el derecho constitucional a la igualdad previsto por el art. 16 de la Constitución Nacional, hizo varias consideraciones.Por un lado, analizó la doctrina emanada de diversos pronunciamientos del Alto Tribunal en donde se expidió respecto a la garantía de igualdad, entre ellos, los fallos “Hofft”, “Gottschau” , “Mantecón Valdez”, “Unanue” y “Jewish Colonization Association”. En esta línea de pensamiento afirmó que el fútbol profesional en nuestro país se encuentra bajo la órbita de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), asociación civil facultada de organizar las competencias de fútbol en cualquiera de sus formas en el ámbito nacional, siendo miembros directos de la AFA -entre otros- los clubes de Primera División, Primera B Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y las jurisdicciones deportivas de Ligas y los clubes del Federal A organizados bajo la órbita del Consejo Federal (conforme art. 10 del Estatuto de la AFA). A su vez, que existía similitud entre las categorías Primer B Metropolitana y Torneo Federal A -en el que se desempeña actualmente el club actor- en tanto una y otra agruparían a los clubes que se encuentran en la división inmediatamente inferior, ascendiendo desde allí a la Primera B Nacional dependiendo su participación en una u otra según se encuentren directa o indirectamente afiliados a la AFA. Desde otro costado, analizando los objetivos tenidos en cuenta por el Decreto N° 1212/2003 sostuvo que el mismo realizaba una diferenciación arbitraria entre los clubes pertenecientes a la Primera B Metropolitana y los del Torneo Federal A ya que si tal normativa era otorgar beneficios impositivos a los clubes deportivos por su valioso fin social, no parecía razonable que se hubiera resuelto excluir de tal régimen a los clubes que, como la actora, jugaban en el Torneo Federal A por el solo hecho de tener su origen en el interior del país y encontrarse indirectamente afiliados a la AFA.También sostuvo que el mencionado decreto creó categorías de contribuyentes diferentes de modo arbitrario ya que si bien ambas categorías de futbol -Primera B Metropolitana y Torneo Federal A- se encontraban en situaciones análogas, la primera de ellas se encontraba incluida en un régimen de cancelación de aportes y contribuciones más ventajoso. Por dichas razones, concluyó que el decreto afectaba la garantía constitucional de igualdad, por lo tanto, debía hacerse lugar a la acción de amparo y declarar su inconstitucionalidad en lo que a este aspecto se refería. Finalmente, en lo concerniente a los efectos temporales de tal declaración, advirtió que una aplicación retroactiva del régimen del Decreto 1212/2003 en favor de la actora resultaría de cumplimiento imposible, por lo que consideró justo establecer que dicho decisorio comenzara a producir efectos desde la fecha del inicio de las presentes actuaciones. Las costas las impuso a la demandada perdidosa en virtud de lo dispuesto por el art. 14 de la Ley 16.986 y reguló honorarios a los letrados de la actora.

Corrido el traslado de ley, el apoderado de Fisco Nacional interpuso recurso de apelación (fs.99/106).

IV.- Se queja el recurrente por cuanto considera que la sentencia que recurre carece de una verdadera fundamentación, ya que el A-quo ha declarado la inconstitucionalidad de una norma vigente al solo fin de otorgarle al Club Sportivo Belgrano la posibilidad de acceder a un régimen de percepción y retención para el cual no cumple con las condiciones mínimas legales exigidas por la norma cuestionada, apoyado solo en argumentaciones dogmáticas, sin fundamento legal y solo fundada en una errónea interpretación del régimen de retenciones y percepciones del régimen de la seguridad social.

En relación a la acción impetrada y la vía elegida afirman que en el caso de autos no se cumplen ninguno de los requisitos que exige nuestro orden jurídico para la procedencia de la acción entablada, encontrándose en clara contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Agrega que la actora cuenta con otras vías para el ejercicio de los derechos que pretende, desconociendo que la acción impetrada es un procedimiento excepcional y que solo procede en los casos en que el acto impugnado sea manifiestamente ilegal y arbitrario conforme lo dispone el art.1 de la Ley 16.986 de modo que resultan excluidas de su ámbito las cuestiones opinables que requieren debate y prueba; y a su vez no se ha demostrado la urgencia o peligro que justifique la elección de esta vía.

Sostiene también la inexistencia de afectación del derecho a la igualdad, la cual solo podría darse si el Club Sportivo Belgrano estuviere participando del Nacional “B” y fuera excluido del régimen de retenciones y percepciones que estableció el Decreto 1212/2003; en el caso la diferencia estriba en que por los partidos de los clubes del Federal “A” la Asociación de Futbol Argentino (AFA) no percibe suma alguna de dinero en concepto de televisación toda vez que esos partidos de futbol no son televisados así como tampoco recauda o participa de la recaudación por las entradas a los encuentros de futbol de la categoría del amparista. En esta línea agrega que el decreto impugnado establece una serie de condiciones que los clubes deben reunir para que se pueda aplicar el régimen de retenciones y percepciones, es decir que se tiene que cumplir la condición del art. 1 del decreto en cuanto a que los clubes tienen que intervenir en los torneos de Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B” que son los que perciben ingresos por televisación y que la AFA interviene directamente en su organización percibiendo los fondos originados por los Autos: “CLUB SPORTIVO BELGRANO c/ A.F.I.P. s/AMPARO LEY 16.986” participantes y luego debe distribuirlos de acuerdo con la participación de cada uno de ellos; por lo tanto el fallo es arbitrario ya que ordena incluir al actor en un régimen de retención para el cual no reúne las condiciones legales para que ello ocurra.Afirma también que si bien la Primera “B” y el Federal “A” son categorías menores del fútbol argentino no tienen la similitud legal y administrativa que pretende concederle el a-quo; y por otro lado, que si el legislador hubiese querido incluir a todas las categorías del futbol argentino en el decreto 1212/2003 lo hubiera hecho pero evidentemente solo incluyó a los clubes que intervienen en dichas categorías para que a través de la AFA -como organismos que administra los ingresos que dichos clubes general por la televisación, recaudaciones y transferencias de jugadores- que puedan cancelar sus obligaciones previsionales.

También se queja porque considera que el Juez de grado no ha interpretado correctamente el régimen de percepciones y retenciones en su concepto fundamental y tampoco ha analizado dentro de ese marco el Decreto 1212/2003 y las normas reglamentarias y concordantes, los cuales no constituyen un beneficio impositivo, sino que se trata de un sistema de percepción y retención para el pago de aportes personales y contribuciones patronales.

Finalmente arguye que para determinar la declaración de inconstitucionalidad de una norma se debería haber demostrado de manera efectiva y concreta de qué manera y en que proporciones se conspiró contra el derecho invocado; lo cual considera no está demostrado en el caso de autos, configurando una intromisión del Poder Judicial respecto de facultades legislativas ejercidas por el Poder Administrador, las cuales se encuentran previstas en el art. 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional. En definitiva, solicita se revoque el fallo recurrido y hace reserva del Caso Federal.

Corrido el traslado de ley, la parte actora contesta los agravios a fs. 108/113vta. solicitando en síntesis se rechace el recurso de apelación planteado por la contraria y se confirme la sentencia de primera instancia, con costas. Hace reserva del Caso Federal.

V.- En virtud de la reseña que antecede, la situación a dilucidar en esta instancia consiste en determinar si resulta ajustada a derecho la sentencia dictada por el Inferior.Ingresando al primer agravio de la recurrente, esto es la vía utilizada por la accionante, he de hacer diversas consideraciones que considero necesarias. En primer lugar, soy de opinión que la finalidad de la acción de amparo no es otra cosa que la búsqueda de protección del afectado contra los alcances de un acto u omisión de una autoridad pública o de un particular, del cual resultaría una lesión a un derecho reconocido por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Los constituyentes de la reforma de 1994, tomando el criterio garantista que caracterizó a la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Siri” y “Kot”, reconocieron expresamente a esta acción en el art. 43 de nuestra Carta Magna; el cual reza, en su primer párrafo: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.”; por su parte el art. 1 de la Ley N° 16.986 establece que:”La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.”.

Coincido con Sammartino en que el área de revisión del amparo, luego de la reforma de 1994, se abre sin rodeos la más importante misión que la Constitución le asigna al Poder Judicial, el control de constitucionalidad, el cual puede ser indirecto en tanto se habilita el control constitucional de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, con finalidad reparadora (Patricio Marcelo E. Sammartino, “Amparo y Administración. En el Estado Constitucional Social de Derecho”, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012).

Seguidamente, el art. 43 mencionado precedentemente alude, como condición de admisibilidad, la inexistencia de otro remedio judicial más idóneo para efectuar el reclamo o para subsanar el grave daño producido por el acto u omisión, lo cual fue invocado por la recurre nte a los fines de cuestionar la vía elegida por la amparista, tanto en oportunidad de evacuar el informe del art. 8 de la Ley 16.986 como en su memorial de agravios obrante a fs.99/106.

En relación a ello considero que nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado que requiere verificar en cada caso puntual si la vía es o no el remedio judicial más apropiado para encauzar la pretensión de la accionante, siendo posible discernir su admisibilidad en caso de existir duda, por cuanto la sola presencia de vías alternativas resulta insuficiente para inadmitir la pretensión del amparo.

En el caso de autos, si bien la amparista no ha justificado de qué manera otra vía procesal hubiera resultado inútil para restablecer en tiempo útil el derecho que considera afectado, debo sostener -en este caso concreto- que cuanto más clara es la inobservancia a un derecho fundamental reconocido en el bloque de constitucionalidad, menor debe ser el rigor con el que se deben apreciar los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo. Ello por cuanto rechazar la acción solo por este motivo, sin posibilidad de dilucidar si efectivamente se está en presencia de una violación a la garantía de igualdad consagrada por nuestra Carta Magna implicaría convalidar dicha situación y negar la supremacía de la Constitución Nacional -y los valores que ella reconoce y consagra- por sobre cualquier otra norma positiva.La exclusión del amparo por la existencia de otras vías no puede fundarse en una mera apreciación ritual ya que el instituto tiene por objeto la protección de un derecho más que el resguardo de competencias.

A mayor abundamiento, cabe también destacar que el señor Juez de primera instancia mediante proveído de fecha 9 de octubre de 2018 ha declarado la cuestión como de puro derecho, lo cual se encuentra firme y consentido por la demandada, por lo tanto, no existiría en las presentes actuaciones la necesidad de una mayor amplitud de debate o de prueba a los fines de decidir sobre la cuestión planteada.

Hechas éstas consideraciones y teniendo en vista que la finalidad de la acción de amparo no es otra que la de asegurar la efectiva vigencia de la Constitución misma, coincidiendo con el señor Juez de grado que estando en juego la tutela de la garantía de igualdad explícitamente prevista por la Constitución Nacional en su art. 16, considero el agravio de la recurrente en este punto no puede prosperar.

VI.- Sentado ello, a continuación, ingresaré al estudio de los restantes agravios, esto es el análisis si en el caso planteado en autos existe o no una violación al principio de igualdad que consagra nuestra Constitución Nacional. Es decir, dilucidar si la garantía de igualdad se cumple o es afectada.

Como primera medida debo adelantar que considero que la igualdad no es un concepto preciso, absoluto o matemático que conduzca al igualitarismo, sino más bien una noción relativa, por lo cual los tratamientos legislativos deben ser iguales en igualdad de condiciones. Así, de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se desprende en diversos fallos la facultad legislativa de dictar leyes singulares para distintos grupos, pero siempre que los criterios de diferenciación se exhiban razonables o respondan a una finalidad económica o social; en otras palabras, que no se hagan discriminaciones o distinciones arbitrarias y las distintas clasificaciones reposen sobre una base razonable.Es decir, que lo que consagra el principio receptado en el art. 16 de la Constitución Nacional es que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en idénticas circunstancias, más no impide que el legislador contemple en forma diferente situaciones que considera distintas, siempre y cuando no encierre un indebido privilegio personal o de grupo.

Analizando el Decreto N° 1212/2003 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional se desprende que mediante el mismo se estableció un régimen de percepción y retención para el ingreso de los aportes personales y contribuciones patronales con destino a los regímenes de las Leyes N° 19.032, 23.660, 23.661, 24.013, 24.241 y 24.714, correspondientes a los jugadores de fútbol profesional, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares que atiendan a los planteles que practiquen fútbol profesional en cualquier categoría y demás personal dependiente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y de los clubes que intervengan en los torneos organizados por dicha asociación en las divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”, actuando como agente de percepción y/o retención la Asociación del Fútbol Argentino (el resaltado me pertenece); suspendiendo todo tipo de ejecuciones que, por los conceptos mencionados, hayan sido iniciadas, en cualquier etapa procesal en que se encuentren con los alcances, modalidades y requisitos que establezca la reglamentación.Ello teniendo en cuenta -en el caso de las instituciones- la compleja situación económica en la que se encontraban, y la necesidad de ordenar las deudas que mantenían con el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, otorgándoles un modo adecuado de saldarlas.

No existen dudas de la lectura del referido Decreto que el mencionado régimen constituye un beneficio para aquellos que lo integran, ya que sustituye el régimen general de aportes con una alícuota diferencial, suspende las ejecuciones fiscales en curso y otorga un modo alternativo para la financiación de los pasivos.

Ahora bien, dentro de las categorías elegidas por el legislador -en el año 2003-, se observa que taxativamente solo se encontraban incluidas las divisiones Primera A, Nacional B y Primera B, es decir, aquellas categorías que a dicha fecha ostentaban la de futbol profesional.

Cabe destacar que en el año 2009 el Consejo Federal estableció la profesionalidad del Torneo Argentino “A” -el cual fue reemplazado por el Torneo Federal “A” a partir del segundo semestre de 2014, en el cual se encuentra la amparista-, que se corresponde con la tercera división de fútbol profesional integrada por los clubes del interior del país. Es decir que adquirió la condición de profesional con posterioridad al dictado del mencionado decreto.

Esta división -Federal A- resulta equivalente a la Primera B, que es la tercera división del fútbol profesional integrada por los clubes de fútbol pertenecientes a la zona del Gran Buenos Aires. Es decir que ambas categorías, a partir de la profesionalización del Torneo Federal A, están en un mismo escalafón en cuanto a Torneos se refiere, con la diferencia que unos pertenecen a la C.A.B.A. y Gran Buenos Aires (Primera “B”), directamente afiliados a la A.F.A. y el reclamante (Federal “A”) pertenece a los clubes del interior del país -que por esta circunstancia- se hallan indirectamente afiliados a la A.F.A.a través del Consejo Federal; solo por dicha circunstancia, unos se encuentran amparados por los beneficios emanados del Decreto 1212/203 y los otros no. Es decir que aun cuando los clubes de ambas categorías estén en situaciones análogas y a un mismo nivel de competencias, unos se ven beneficiados y los otros no.

Es dable advertir en este punto que si bien en virtud de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional establecida en el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, éste se encontraría habilitado para dar -a priori- tratamientos diferentes a clubes de fútbol que participen en distintas divisiones, ello se desvanece a poco que se repare en que el sentido del Decreto bajo estudio fue dar un salvataje a los todos los clubes de futbol que participaran de manera profesional de los torneos, por el fin social que ellos cumplen, y frente a un alto grado de endeudamiento con el Fisco. Ello traducido en la suspensión de todo tipo de ejecuciones que hubieren sido iniciadas y que se encontraren en cualquier etapa procesal, el cobro diferenciado en concepto de Aportes y Contribuciones a la seguridad social, otorgándoles un modo adecuado de saldarlas, y a su vez -aunque en menor medida- asegurar la recaudación.

En estas condiciones, resulta lesivo a la garantía de la igualdad privar a los clubes del interior que compiten a partir del año 2009 en el fútbol profesional Torneo Federal A, los beneficios fiscales que se le atribuyen a los clubes de CABA y conurbano bonaerense que juegan en similares categorías.En esto se finca la lesión constitucional sobreviniente que a través de la presente acción tiende a ser reparada en relación al Club Sportivo Belgrano sin que se visualicen razones atendibles que justifiquen un trato diferenciado que la actora reputa discriminatorio y arbitrario.

Al respecto nuestro Alto Tribunal ha dicho que para que el diverso tratamiento legal sea razonable, tiene que estar justificado “. por los hechos y las circunstancias que les dieron origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido, y proporcionadas a los fines que se procura alcanzar a fin de coordinar el interés privado con el público y los derechos individuales con los de la sociedad.” (CSJN, 1998/02/05, S., V. E. y F., M. I., LA LEY, 1998-C, 653). A su vez, como bien resalta Rosatti, la Constitución Nacional prescribe la regla de la razonabilidad en su artículo 28: “Los principios, derechos y garantías reconocidos por la Carta Fundamental no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”; no solo el legislador debe aplicar el principio que se analiza, sino que también debe hacerlo la administración (art. 99 inc. 2) y la justicia. En términos generales, la razonabilidad de una reglamentación o de una interpretación jurídica no puede juzgarse en abstracto sino en una situación concreta -el llamado test de razonabilidad-, y su desnaturalización puede provenir no solo de la instancia reglamentaria -en este caso a cargo del Poder Ejecutivo- sino también de la instancia aplicativa practicada por la Administración Pública. El principio de razonabilidad s e traduce en la elección de la alternativa más racional (aspecto técnico) y más justa o equitativa (aspecto valorativo) de todas las posibles para obtener el fin deseado. (Horacio Rosatti, “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires 2010, pág.167/188). Aspectos que no encuentro justificados en el presente caso.

En este marco, opino que corresponde confirmar la Resolución de fecha 19 de octubre de 2018 dictada por el señor Juez Federal de San Francisco en todo lo que decide y ha sido materia de agravios, por los fundamentos dados en el presente decisorio. Las costas de la instancia se imponen a la demandada perdidosa (art. 68, 1ra parte del CPCCN) atento el principio objetivo de la derrota, regulándose honorarios al doctor Nicolás D. Capello – apoderado de la actora- en el 30% de lo regulado en la primera instancia (art. 30 de la Ley N° 27.423). No se regulan honorarios al representante legal de la demandada atento ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2 de la Ley N° 27.423). ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez de Cámara preopinante, doctor Eduardo Avalos, vota en idéntico sentido.- La presente resolución se emite por los señores jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, encontrándose apartada la señora Jueza de Cámara, doctora Graciela S. Montesi.- Por el resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE:

1) Confirmar la Sentencia de fecha 19 de octubre de 2018, dictada por el señor Juez Federal de San Francisco, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios, por los fundamentos dados en el presente decisorio.

2) Imponer las costas a la demandada perdidosa (art. 68, 1era parte del C.P.C.C.N.) atento el principio objetivo de la derrota.

3) Regular los honorarios al doctor Nicolás D. Capello -apoderado de la actora- en el 30% de lo regulado en la primera instancia (art. 30 Ley No 27.423). No se regulan honorarios al representante legal de la demandada atento ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2 de la Ley No 27.423).

4) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA

EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA