Mala maniobra: Rechazo de la excarcelación del imputado que provocó un accidente múltiple, conduciendo a alta velocidad y bajo los efectos de estupefacientes

Partes: P. G. s/ excarcelación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 27-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-118513-AR | MJJ118513 | MJJ118513

Se rechaza la excarcelación del imputado que provocó un accidente de tránsito múltiple, conduciendo a elevada velocidad y bajo los efectos de estupefacientes.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la excarcelación en tanto, al ponderar la descripción de los hechos y su calificación, se advierte que el mínimo de la escala penal resultante se encuentra en el límite máximo del instituto de la condena condicional, que remite al art. 26 del CPen. en el que se contempla, conminado con sanción de nulidad, la obligación de tener en cuenta la naturaleza del hecho y la personalidad moral del encausado y ello, trasladado al caso, permite concluir que se impone un pronóstico negativo en orden a la posibilidad de una sentencia en suspenso porque es evidente la gravedad objetiva del hecho -una violenta secuencia que habría involucrado a ocho automóviles llevándose en un instante la vida de dos personas- y la conducta desaprensiva del imputado, quien conducía a elevada velocidad y bajo los efectos de estupefacientes.

2.-Cabe denegar la excarcelación si, pese a que el margen punitivo previsto para esa calificación encuadra el caso en la primera hipótesis del previsiones del art. 316 en función del art. 317, inc. 1 , del CPPN., existen elementos que permiten presumir que el imputado intentará eludir el accionar de la justicia, por lo que corresponde la aplicación de la razonable restricción que autorizan los arts. 280 y 319 del mismo cuerpo legal, en consonancia con las exigencias constitucionales y convencionales que limitan el encarcelamiento preventivo a la verificación objetiva y circunstanciada de riesgos procesales.

Fallo:

Buenos Aires, 27 de febrero de 2019

AUTOS Y VISTOS:

Interviene la sala a partir del recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que denegó la excarcelación de G. P. (fs. 27/30vta.).

Tras la celebración de la audiencia del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal deliberó conforme el artículo 455, ibídem.

Y CONSIDERANDO

I. La descripción fáctica plasmada en la indagatoria de G. P., luego valorada en el auto de procesamiento apelado por la defensa, refleja que al nombrado se le endilga haber conducido una camioneta de considerables dimensiones, peso y potencia mecánica, pese a las severas limitaciones debidas al consumo de estupefacientes, que él mismo reconoce en concordancia con los peritajes agregados a la causa, conducta esta que habría resuelto continuar incluso a bordo del vehículo, en razón de los restos secuestrados en su interior.

Así, la atribución delictiva reposa en el dato de que en esas condiciones se habría introducido a excesiva velocidad en una zona de la ciudad caracterizada por el constante y abundante tránsito de automóviles y personas, en un derrotero zigzagueante que terminó en múltiples impactos, arrasando una fila de taxis de la parada frente al . A resultas de ello, conforme se sostuvo en el procesamiento, habría producido la muerte a dos de los conductores y heridas a otros tres, hasta detenerse recién con el vuelco de su propio vehículo, que continuó incluso con fuerza suficiente para girar sobre su techo.

En el auto de fs.395/420, tales hechos fueron calificados como homicidio ocasionado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por hacerlo bajo los efectos de estupefacientes y por haber sido más de una las víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravada por haber conducido bajo los efectos de estupefacientes y por haber sido más de una las víctimas lesionadas, en los términos de los artículos 45, 54, 84 bis y 94 bis, del Código Penal-.

Sentado ello, y aún cuando el margen punitivo previsto para esa calificación encuadra el caso en la primera hipótesis del previsiones del art. 316, en función del art. 317, inciso 1ro del Código Procesal Penal de la Nación, existen elementos que permiten en este estado del proceso presumir que intentará eludir el accionar de la justicia, por lo que corresponde la aplicación de la razonable restricción que autorizan los artículos 280 y 319 del mismo cuerpo legal, en consonancia con las exigencias constitucionales y convencionales que limitan el encarcelamiento preventivo a la verificación objetiva y circunstanciada de riesgos procesales.

Al ponderar la descripción de los hechos y la calificación a la que debemos aquí ceñirnos (último párrafo del artículo 318 del código de forma), se advierte que el mínimo de la escala penal resultante se encuentra en el límite máximo del instituto de la condena condicional, que remite a las previsiones del artículo 26 del Código Penal en el que se contempla, conminado con sanción de nulidad, la obligación de tener en cuenta la naturaleza del hecho y la personalidad moral del encausado.Trasladando tales presupuestos al caso que constituye el objeto de esta decisión, consideramos que se impone un pronóstico negativo en orden a la posibilidad de una sentencia en suspenso.

Así como es evidente la gravedad objetiva del suceso, una violenta secuencia que habría involucrado a ocho automóviles llevándose en un instante la vida de dos personas, tampoco exige mayores esfuerzos de argumentación la conducta desaprensiva del imputado, señalada expresamente por la a quo en sus resoluciones.

El desbalance que subyace a todo acto injusto se ve profundizado en el caso por el contraste entre los riesgos y luctuosas consecuencias a los que sometió a sus semejantes y la seguridad en la que se mantuvo él mismo en todo momento, ajustado al cinturón que reconoció que llevaba colocado y la protección de los airbags que, como obviamente no escapaba a su conocimiento, habrían de activarse en una emergencia semejante.

Esta prognosis sobre la improbable aplicación del mínimo de la

escala penal se ve reforzada por un elemento normativo expreso puesto que la conducta reprochada fue encuadrada en primera instancia en dos de los supuestos del tipo penal en cuestión -el resultado doblemente mortal y el consumo de estupefacientes-.

Ahora bien, la doctrina de nuestros tribunales y de los organismos internacionales en la interpretación de las normas que rigen la libertad durante el proceso y el debido respeto al principio de inocencia, razonablemente advierten que la severidad de la expectativa de pena o el eventual modo de ejecución no puede erigirse sin más como un obstáculo para la excarcelación. Sin embargo, y siempre en un estudio concreto de cada caso, la gravedad de la amenaza de un encarcelamiento en ciernes puede razonablemente sostener el consecuente riesgo de fuga, puesto que es lógico suponer que tales certezas difícilmente lo mantendrán a derecho, a la pasiva espera de la prisión.

En consideración entonces a G. P. -en la perspectiva de su conducta y las características del hecho que se ha tenido por acreditado en el procesamiento de fs.395/420, aún no firme-, a los elementos señalados para presumir que una eventual condena será de cumplimiento efectivo, se agregan los indicios precisos y concordantes sobre una actitud de desprecio o al menos de manifiesta indiferencia a las normas que resguardan los derechos del prójimo y permiten una convivencia pacífica y segura, incluso en el marco de una realidad de por sí riesgosa como es el manejo y circulación masiva de vehículos automotores.

En el caso de P., la secuencia en la que se tuvo por configurada la conducta imprudente, tanto habría supuesto una gravísima indolencia frente a los deberes a su cargo al conducir su vehículo a alta velocidad y bajo los efectos de estupefacientes, como implicaría un nivel de injusto mayor puesto que se verían involucradas substancias cuya producción, comercialización y tenencia se encuentran prohibidas por la ley y reprimidas como delitos, aun en el caso de hallarse destinadas al consumo (art. 14 de la Ley 23.737) con tipos y sanciones penales.

II. La defensa alegó en la audiencia sobre la obligada consideración, aún de postularse un eventual riesgo procesal, a la aplicación de reaseguros menos gravosos que la prisión preventiva. Sin embargo, en el caso concreto, se limitó a enunciar tal argumento y a señalar de forma nominal la opción de la cautela real. También aludió a la entrega voluntaria del pasaporte y de la licencia de conducir del encausado y destacó lo que considera una correcta actitud de P.luego de los hechos, permaneciendo en el lugar, prestándose a la extracción muestras para los peritajes y exhibiéndose compungido por lo ocurrido.

Valorando en primer lugar esta última serie de agravios, debemos decir que tales actos encontrarían eventual relevancia en orden al pronóstico de condenación condicional, que hemos realizado y fundado más arriba en torno al resto de las pautas del artículo 26 del Código Penal y que no se ve modificado por la invocada actitud del encartado, que no guarda relación con las cuestiones valoradas -gravedad del hecho y personalidad moral evidenciada antes de provocado el resultado típico-; con más razón si se tiene en cuenta que la permanencia de P. en el lugar puede haberse debido también a las circunstancias mismas del episodio en el que se vio involucrado, donde su vehículo quedó en situación imposible para una huida, rodeado de un número considerable de víctimas y testigos que, como surge de las actuaciones, se mostraron dispuestos a agredirlo e impedir toda eventual pretensión de impunidad.

Lo mismo puede decirse de la decisión de acceder a la extracción de muestras, que no tiene entidad para sostener a futuro o ante mayores compromisos el apego del acusado a las normas, mucho menos para refutar la evidencia en contrario, proveniente de su conducta inmediatamente anterior, que hemos valorado antes de manera circunstanciada, aunque dentro de los límites que nos impone esta decisión incidental.

En cuanto a lo que constituiría una voluntaria y absoluta restricción de la actividad de conducción de automóviles, lo cierto es que se trata de un supuesto de precauciones ajenas a la discusión en torno a los riesgos procesales, propio del juicio de reaseguros remanente o marginal -al que habilitan los artículos 310, 311 bis y 321 del Código Procesal Penal de la

Nación-, pero siempre en el marco de una libertad que se considera previamente procedente, y agotada incluso la discusión y decisión cautelar propiamente dicha.Análoga, en cuanto a su accesoriedad es la entrega del pasaporte y las eventuales disposiciones complementarias a una libertad ya acordada.

En lo que hace a la evaluación de los reaseguros de la sujeción del imputado al proceso y el argumento subsidiario de la aplicación de una caución real, consideramos que, amen de la ausencia de motivación por parte del recurrente y de la naturaleza extrapatrimonial del delito por el que fue procesado su asistido, el depósito de una suma de dinero y la amenaza de su pérdida no son suficientes para conjurar el riesgo de fuga antes explicado.

Así como no se ha fundado tal extremo, ha sido el propio recurrente el que dio cuenta del especial valor que la libertad -seriamente amenazada por las consecuencias de sus actos- tiene para su pupilo en razón de sus condiciones personales, por un lado, y por el otro la evidencia de una holgada situación patrimonial que, lejos de convencer sobre la pertinencia de la alternativa solicitada, proporciona un indicio más de la necesidad de asegurar su sujeción al proceso con su encarcelamiento preventivo.

Todo lo expuesto, impone entonces neutralizar mediante el encierro cautelar el riesgo de elusión que así queda en evidencia, máxime cuando el tiempo que lleva en detención no luce desproporcionado, teniendo en cuenta su confronte con el mínimo de la escala aplicable como en razón de las perspectivas ciertas de una pronta finalización de esta etapa preparatoria, tal como fuera ello señalado por el propio recurrente en su escrito de apelación.

En tales condiciones, corresponde confirmar la decisión de fs. 27/30vta.), en todo cuanto fuera materia de recurso, lo que así se RESUELVE.

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

Se deja constancia de que el juez Rodolfo Pociello Argerich integra el tribunal por resolución de la Presidencia de esta Cámara y que no suscribe la presente por no haber presenciado la audiencia, en razón de encontrarse desarrollando otras funciones en la Sala V de esta Cámara.

Carlos Alberto González

Ignacio Rodríguez Varela

Hugo Sergio Barros

Secretario de Cámara

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