Violencia de género y familiar. Qué sucede cuando la víctima es quien desobedece la orden judicial

Autor: Brest, Irina D.

Fecha: 15-abr-2019

Cita: MJ-DOC-14855-AR | MJD14855

Doctrina:

Por Irina D. Brest (*)

Uno de los interrogantes y problemática actual para el labor judicial, es saber cómo actuar cuando es la propia víctima de violencia familiar o de violencia de género que luego de realizar la denuncia, y el juez ordenará la medida cautelar de protección pertinente, ya sea exclusión de hogar y/ o restricción de acercamiento, es ella misma la que incumple la orden judicial.

Es por este emblema que, en la resolución se debe recomendar tanto a la persona violentada y al denunciado que ambos deben dar estricto cumplimiento de la medida dispuesta bajo apercibimiento de pasar las actuaciones al Sr. Juez de Instrucción en turno por la desobediencia a la orden judicial.

Precisamente, este delito está contemplado en el art. 239 del Código Penal el que estable que: «Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

El art. 239 del CPen. protege el orden que debe imperar en la conducción del Estado y se materializa por un mandato cuya legitimidad no se discute, directamente dirigido a alguien en particular (1).

Respecto a este tema, en Villa María (Provincia de Córdoba) una mujer de 39 años quedó detenida junto a su expareja por desobedecer una orden de restricción de acercamiento dictada por la Justicia.

Dicha situación fue detectada luego que la Policía advirtiera a través del Sistema de Alerta para Víctimas de Violencia Familiar (Salva) que se había apagado el botón antipánico que debía tener siempre prendido y en su poder. Por dicha circunstancia, un móvil policial fue enviado para verificar porqué se había apagado el dispositivo. Se encontraron con que el aparato estaba en el lugar, y la mujer no se encontraba en la casa.Luego de recorrer la zona, la encontraron en compañía del hombre con quien tiene una orden de restricción vigente.

La Justicia le había entregado un botón antipánico y había dispuesto que no podían acercarse, pero aparentemente la mujer apagó el dispositivo para ir a verse con esa persona. Tanto ella, como el hombre de 37 años de edad, fueron aprehendidos por desobediencia a la autoridad, al violar la orden de restricción vigente (2) .

Por esta situación narrada, se dice que es necesario que se ponga en conocimiento a la Comisaria que por jurisdicción corresponda según el domicilio de las partes, la orden judicial que se decreta a los fines de hacerla cumplir y acudir en auxilio de la víctima si fuera menester.

Asimismo, para que alerten a los vecinos de la denunciante de la medida dispuesta y facilitarle el número telefónico a quien deberán llamar en el caso de que adviertan el incumplimiento de la misma.Es conveniente que el Juez que ordena la prohibición de acercamiento oficie a la comisaría correspondiente al domicilio de la víctima fin de que la autoridad policial este notificada de la medida, de modo de hacerla efectiva ante cualquier incumplimiento por parte del agresor (3).

La clave para la eficacia de las medidas de distancia está en la diligencia con la que deben obrar las autoridades policiales con jurisdicción en la zona para hacerlas respetar, y para acudir en auxilio de la víctima con prontitud tantas veces como resulte necesario (4)».

Por cuanto la denunciante efectivamente ha demostrado ser víctima de violencia por parte de su pareja o familiar, mediante los informes psicológicos, sociales y/o médicos, y que dieran origen a las medidas de protección dispuestas, resulta imperante otorgar un marco de seguridad aun cuando la misma encuentra naturalizada la violencia, y más en el supuesto en que existan niños, niñas o adolescentes víctimas directas o colaterales del circulo de la violencia, siendo el interés superior del niño de orden público.

En caso de haber niños, niñas y adolescentes involucrados en situación de violencia, dicha mirada debe ir acompañada de un marco normativo nacional e internacional especial del que emanan los postulados y de una interpretación particular cuya premisa fundamental sea la protección de la integridad psicofísica de los niños, niñas y adolescentes. La guarda es uno de los institutos vinculados en este procedimiento que debe ser analizado con dicha mirada (5).

En este sentido, señala Víctor Abramovich, que «el esquema de obligaciones de la Convención de Belém do Pará y en especial el deber de debida diligencia, sólo puede entenderse a partir de la relación que se establece en ese instrumento entre violencia y desigualdad.Las relaciones desiguales de poder son claves para entender la dinámica de la violencia de género y de allí la imposición al Estado de un deber de prevención y protección diferenciado o reforzado» («Responsabilidad estatal por violencia de género: comentario sobre el caso “Campo Algodonero”, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos», http://www.anuariocdh.uchile.cl) (6).

En concordancia, ha dicho la Corte Interamericana que: «.los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niños pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en caso de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará» (caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México, 2009, párr. 258) (7).

La maquinaria estatal no puede permanecer inerte ante la situación violenta que se vislumbra en el grupo familiar involucrado, al que se intenta proteger y ayudar.Mal puede, entonces, de esa forma, violentarse el derecho a la intimidad y a la vida familiar libre de injerencias arbitrarias (8).

La Cámara Civil de Apelaciones de Viedma tras analizar las conclusiones y recomendaciones del Equipo Técnico del Juzgado de Familia, el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y los referentes de la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia Familiar del Hospital Zatti, las camaristas concluyeron que la mujer, como tantas víctimas de violencia de género, tiene «su capacidad de autodeterminación abolida o limitada» debido a «las propias características de la naturaleza del conflicto, donde la violencia contra las mujeres tiende a presentarse de forma cíclica, intercalando periodos de calma y afecto hasta situaciones que puedan poner en peligro la vida».

Con esa dinámica, se establece «un vínculo de dependencia emocional y posesión difícil de romper, tanto para el agresor como para la víctima». Ejemplo de ello es que, en un lapso de pocas semanas posteriores a su denuncia inicial, la mujer desistió, volvió a denunciar y luego volvió a desistir de la presentación, intentando finalmente que se levanten las medidas de protección dictadas para ella y sus hijos (9).

Por esta situación, es necesario el seguimiento en el Expediente de la acreditación del cumplimiento a tratamiento psicoterapéutico ordenado, y la evolución del mismo mediante constancias suscriptas por los profesionales, facilitándole para ello a la denunciante información de dirección, de turnos y de lo que fuera necesario, de los organismos públicos y/ o privados en que puedan realizarlo.

Las situaciones de violencia que se dan en una relación de pareja de parte del que ejerce violencia, generalmente se repiten de manera cíclica, como si fueran las vueltas de una calesita, en donde se vuelve siempre al mismo lugar o situación, una situación de angustia y malestar para la persona en situación de violencia.Frente a esto, el procedimiento debe ser un elemento que contribuya a la protección de las personas en situación de violencia (10).

En estas causas están en juego derechos de raigambre constitucional, y el Estado en sus tres fueros (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tiene la responsabilidad y compromiso ante la comunidad internacional de utilizar todos los mecanismos posibles para erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará) así como también de resguardar el interés superior del niño (Convención sobre los Derechos del Niño ).

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(1) C. Penal Santa Fe, sala 1ª, 27/9/1985, Juris 79-225.

(2) https://viapais.com.ar/cordoba/868317-apago-el-boton-antipanico-para-ver-a-su-expareja-los-dos-detenidos/?fbc
id=IwAR1FOF-F3mLUo7Lu-VSvxVbAD6Ee5RcoFBNXymGpgts6MM5fZ1geRtOKEdg

(3) conf. KEMELMAJER DE CARLUCI, Aída: Protección contra la Violencia Familiar. Ley 24.417. Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2007, Pág. 129

(4) conf. GALLI FIANT: «Tratado de las Medidas Cautelares…» Pág. 321, Ed. Jurídica Panamericana. Año 2005.

(5) ORTIZ, Diego O.: «LA GUARDA EN CONTEXTO DE VIOLENCIA FAMILIAR», https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/3877-guarda-contexto-violencia-familiar.

(6) G. M. A. c/ Poder Ejecutivo s/ pretensión indemnizatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, uprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Fecha: 28-nov-2018, https://aldiaargentina.microjuris.com/.

(7) G. M. A. c/ Poder Ejecutivo s/ pretensión indemnizatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Fecha: 28-nov-2018, https://aldiaargentina.microjuris.com/.

(8) V.D.G.C / G.I.H.S/ LEY 3040, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familiar y Minería de la ciudad de Viedma)

(9) https://www.noticiasnet.com.ar/106-noticiasnet/viedma/seguridad-y-justicia-viedma/43229-fuerte-proteccion-par
-una-mujer-que-tiene-naturalizado-el-maltrato.

(10) ORTIZ, Diego O.: «EL CICLO DE LA VIOLENCIA Y SU RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO CIVIL», https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2659-ciclo-violencia-y-su-relacion-procedimiento-civil

(*) Procuradora y abogada, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, extensión Goya, provincia de Corrientes. Diplomada en la Dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Jud iciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Lugar: Universidad de la Cuenca del Plata, Goya, provincia de Corrientes. Posgrado de especialización en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE. Carrera de especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial, Colegio de Abogados, Goya, provincia de Corrientes. Mediadora, FIME.