Violencia doméstica: Exclusión del agresor del inmueble que habitaba junto con la actora, a los fines de permitirle a ésta regresar junto a sus hijos

Partes: C. A. F. c/ P. M. D. s/ medidas preventivas urgentes (ley 26.485)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico

Fecha: 26-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-118011-AR | MJJ118011 | MJJ118011

Se decreta la exclusión del demandado del inmueble que habitaba junto con la actora, a los fines de permitirle a ésta regresar junto a sus hijos.

Sumario:

1.-Corresponde admitir el pedido de exclusión del demandado del hogar que habitaba junto a la actora y a los hijos de ambos, permitiéndole a ésta regresar al inmueble (art. 26, b.3 , Ley 26.485), pues está acreditado que tuvo que retirarse a los fines de evitar seguir siendo víctima de la violencia física, moral y psicológica que le proporcionaba el demandado, quien admitió haber ejercido esa violencia.

2.-Es procedente rechazar el pedido de exclusión del demandado del hogar que ambas partes habitaron junto a sus hijos, pues, considerando que desde que se dispusieron las medidas iniciales el accionado no volvió a molestar a la actora y que no obran informes suficientes sobre el grupo familiar ni sobre el demandado, a quien se le aconsejó consultar a un Psicólogo y/o Psiquiatra desconociéndose las razones, la exclusión deberá hacerse efectiva luego de recabarse los informes necesarios acerca del grupo familiar y del demandado, cuya opinión acerca del pedido de exclusión no se conoce ni siquiera desde el punto de vista jurídico a pesar de la asistencia letrada que tuvo (voto en Disidencia del Dr. Costantino).

Fallo:

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, se reúne en ACUERDO la SALA A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados «C., A. F. c/ P., M. D. S/ MEDIDAS PREVENTIVAS URGENTES (LEY 26485)» (expte. Nº 6364/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes Nro. 2 de esta Circunscripción.

El Dr. Horacio Alberto COSTANTINO, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

1. Conforme a lo establecido por las leyes 26.485 y 2.550, A. F. C. promovió medidas preventivas urgentes contra M. D. P. Dijo que vivieron en concubinato durante diez años, que tuvieron dos hijos y una relación de constantes agresiones y peleas que terminaban con golpes de puño. Agregó que P. es muy temperamental y celoso y que la controla todo el tiempo. La desvaloriza, pero luego se le pasa, la abraza y olvida lo ocurrido. Por ello le ha dicho que se vaya de la casa varias veces, pero él, llorando, pide regresar. Meses antes estuvo demorado porque la había agredido en la vía pública y cuando le dieron la libertad volvió a la casa. Las discusiones continuaron y ya cansada, se fue a vivir sola momentáneamente hasta poder regresar a su casa a vivir con sus dos hijos. Añadió que la vivienda está a su nombre y pidió las siguientes medidas: a) que se prohíba a P. acercarse a su lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los que habitualmente concurre y se le ordene cesar en los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente la afectan; b) medidas de seguridad urgentes en su domicilio y las necesarias para garantizar su seguridad; y c) la exclusión del nombrado del hogar para retornar ella a vivir en él con sus hijos (fs.6/7).

La jueza ordenó la prohibición de acercamiento y que cesen los actos de intimidación. También dispuso un efectivo rondín policial en el domicilio de la demandante, pero difirió el tratamiento de la exclusión del hogar (fs. 9/10). Luego de escuchadas las partes y sus hijos adolescentes F. D. y Y. R. (audiencias de fs. 27, 28 y 33), y previo dictamen del asesor de Niños, Niñas y adolescentes (fs. 35/35 v.), la jueza rechazó el pedido de exclusión del hogar (fs. 37/38 v.).

Apeló C., quien expresó agravios a fs. 43/45 v. La Defensora oficial de P. no contestó.

2. Al denegar la exclusión la jueza argumentó que fue la propia C. que decidió irse a vivir sola después de acordar con P. que él se iba a quedar al cuidado «de la casa y los chicos», lo que a su juicio constituyó un acto contrario a la pretensión de exclusión y reintegro a su anterior domicilio. También tuvo en cuenta que los hijos de la pareja mantienen una buena relación con sus padres y que incluso Y. se queda en ocasiones a dormir con su madre en el departamento que alquila.

3. La apelante no ataca ni se refiere a los fundamentos del decisorio apelado.

No obstante, hace hincapié en los antecedentes de violencia de género que padeció y en el informe del Equipo Técnico del Servicio de Violencia Familiar de la Municipalidad local que recoge su relato. Se apoya, además, en lo normado por la ley 26.485 y en el dictamen favorable del Asesor de Menores en cuanto entendió que debía intimarse a P. a retirarse del hogar en un plazo de quince días.

En la audiencia celebrada a fs. 28, P. admitió la veracidad de los hechos relatados por C. en las exposiciones policiales de fs. 3 y 5. Aunque también dijo a fs. 28 que C.estaba muy cambiada y que también «tiene carácter muy fuerte», las agresiones que reconoció habilitan, en principio, la medida preventiva urgente prevista por el art. 26 inc. b3, que contempla el reintegro de la mujer que ha sido víctima de violencia a la vivienda de la que se había retirado y que compartía con su pareja, previa exclusión del presunto agresor.

No obstante, las circunstancias aconsejan obrar con prudencia, pues según la propia C., desde que se dispusieron las medidas iniciales P. no volvió a molestarla y, particularmente, porque no obran en autos informes suficientes sobre el grupo familiar ni sobre el demandado, a quien se le aconsejó consultar a un Psicólogo y/o Psiquiatra desconociéndose las razones (fs. 28).

Siendo así las cosas, la exclusión deberá hacerse efectiva luego de recabarse los informes necesarios acerca del grupo familiar y del demandado cuya opinión acerca del pedido de exclusión no se conoce ni siquiera desde el punto de vista jurídico a pesar de la asistencia letrada que tuvo, sin perjuicio de la provisoriedad de esta decisión, en un plazo no menor de treinta días.

4. Voto en el sentido expuesto precedentemente.

El Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:

1. A. F. C. vivió en concubinato con M. D. P. durante veinte años. De dicha unión nacieron los hijos F. D. P. (17 años en la actualidad) y Y. R. P. (15 años en la actualidad). El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) en fecha 2 de junio de 2014 le entregó a A. F. C., para ser utilizada por el núcleo familiar referido, la tenencia precaria de la vivienda N° xxx perteneciente al Plan Federal Plurianual de Vivienda, ubicada en calle xxx N° xxx de esta ciudad (fs. 21/24).

2. Ante una agresión física que P. le propinó a C. en la vía pública en rigor se encontraban dentro de un automóvil, la mujer dio aviso a la policía que intervino de inmediato.En el marco de esas actuaciones el día 22 de octubre de 2017, A. F. C. prestó declaración testimonial ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. Área Género, de General Pico, oportunidad en que explicó con detalles de qué modo era objeto constante y permanente, dentro del ámbito de la convivencia familiar, de violencia física, verbal y psicológica por parte de su compañero M. D. P. Formalizó la denuncia contra el mencionado y admitió ser asistida por el equipo técnico de la Unidad Funcional (asistente social y psicóloga). Manifestó que quería que P. se fuera de la casa y que disponga contra él una restricción de acercamiento (ver acta de fs. 3/4). Se desconoce qué se hizo al respecto, pero todo indica que C. se reconcilió con P., volviendo a vivir juntos.

3. Evidentemente los problemas de convivencia subsistieron, como también la violencia física, verbal y psicológica de la que era víctima la Sra. C., quien decidió, con el acuerdo de sus dos hijos y su pareja, en el mes de julio de 2018 mudarse a un departamento que alquiló en calle 24 N° 222 de esta ciudad. P. se quedó conviviendo con sus dos hijos en la casa que les entregó el IPAV. La situación fáctica precedentemente apuntada la Sra. C. la dejó asentada mediante declaración efectuada el día 31 de julio de 2018 ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. Área Género, de General Pico. En el acta se dejó aclarado, al menos así se interpreta, que ambos hijos entendieron que era conveniente que su madre se retirara del hogar de convivencia familiar y de ese modo procurar evitar ser objeto del maltrato permanente a la que la sometía su padre (ver acta de fs. 5). La víctima de violencia se desempeña como empleada doméstica.

4. A. F.C., con patrocinio de la Defensora Pública Civil, el día 8/9/2018 solicitó medidas preventivas urgentes, protección de persona y exclusión del hogar (fs. 6/7). Los hechos fundantes de la pretensión procesal son los mismos y que en parte constan en las actas de fechas 22/10/17 (fs. 3/4) y 31/7/18 (fs. 5), ya mencionadas.

Ante los pedidos concretos de la actora en su presentación inicial de fs. 6/7, el a quo resolvió lo siguiente: a) decretó la prohibición de acercamiento del Sr. P. a 200 metros del domicilio transitorio de la actora, esto es el departamento que alquilaba en la calle xx; b) dispuso que el Sr. P. debía cesar en todo acto de intimidación o perturbación (incluidos llamados y/o mensajes de texto y/o redes sociales) que directa o indirectamente afecten la integridad psicofísica de la Sra. C.; c) ordenó el efectivo Rondín Policial en el domicilio de la Sra. C. , «para garantizar su seguridad, haciendo cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato.»; d) refirió que las medidas dispuestas (art. 27 de la ley 26.485) tendrán una vigencia de 90 días, «. debiéndose llevar a cabo un informe por un equipo interdisciplinario que determine los daños físicos, psicológicos, económicos y de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro. Debiendo coordinar la presentante con las Áreas Sociales de la Municipalidad ., o con el Servicio de Violencia Familiar del Ministerio de Desarrollo Social., a fin de cumplimentar dicho informe (art. 29 de la ley N° 26.485.»; (fs. 9/10).

5. Además, la actora solicitó se excluya del hogar al Sr. P., dado que su deseo era seguir viviendo con sus dos hijos. La jueza de grado en principio denegó esa pretensión porque, según surgía del acta de fecha 31/7/2018 (fs. 5), fue la Sra. C.quien ante la Unidad Funcional de Género declaró que para esa fecha ya se había retirado del hogar y alquilado un departamento. En razón de ello, el a quo criteriosamente dispuso que previo a resolver la cuestión de la exclusión del hogar, escucharía en audiencia a C. y a P. (fs. 9/10). El asesor de menores prestó conformidad (fs. 19).

La Sra. C. en la audiencia manifestó que desde el momento en que el Juzgado dispuso las medidas ya referidas, P. no la molestó más. Manifestó que pretendía regresar a su casa para poder vivir con sus hijos (fs. 27). El accionado Sr. P. admitió en audiencia judicial, que los hechos de violencia física, verbal y psicológica a los que sometió a su pareja Sra. C. y que se describieron en las actas de fs. 3/4 y 5, eran ciertos (fs. 28). Luego agregó que desde que se fue la Sra. C., él hacía de padre y de madre de sus hijos. Admitió que la relación con la actora había sido muy conflictiva, afirmando que C. había cambiado, que también tenía un carácter fuerte. Dijo que se llevaba muy bien con sus dos hijos, y que lo mismo sucedía con la madre. En la audiencia se le hizo saber al compareciente «. que deberá consultar a un psicólogo y/o psiquiatra.» (sic) (fs. 28). 6. Ambos hijos fueron escuchados por el a quo. Refirieron que su madre vivía en un departamento en la calle 24 entre calles 5 y 7. Yazmín dijo que visitaba a su madre y que se quedaba a dormir con ella debido a que tenía comodidades. Por su parte Federico expresó que estaban bien; que cuando su padre ha discutido por teléfono con su madre le ha pedido que no lo hiciera ya que su hermana se pone mal (fs. 33).

7.El Equipo Técnico del Servicio de Violencia Familiar, dependiente de la Dirección de Familia, Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de General Pico, en fecha 11 de septiembre de 2018 confeccionó un informe que presentó en el tribunal interviniente el día 14/9/2018. Del mismo surge que los integrantes de dicho equipo mantuvieron una entrevista con la Sra. C. quien les relató la problemática familiar consignándose al respecto lo siguiente: «. En esta oportunidad relata acerca de su relación con el Sr. P., en la que habría sido víctima de violencia física y psicológica, a saber golpes, celos, control, aislamiento; agresiones que eran presenciadas por los hijos que tiene en común. Agrega que ha tenido separaciones previas con su ex pareja, en las que ella solicitaba al Sr. P. que se retire de la vivienda, pero luego regresaba. En esta última separación ella toma la decisión de retirarse del hogar ante la negativa por parte de Mario de hacerlo»; «Actualmente en la vivienda se encuentra su ex pareja con su dos hijos. Expresa que son sus deseos recuperar el inmueble y que la decisión de retirarse habría sido la única estrategia que habría encontrado para cortar definitivamente con el vínculo, poniéndose al resguardo las agresiones físicas y verbales no cesaban.». El Equipo Técnico informó, entre otras cosas, que de la entrevista se desprendía que la Sra. C. se encontraba en una situación de vulnerabilidad socio económico y emocional; que no contaría con los recursos materiales para solventar un alquiler y abastecer necesidades básicas ya que no posee empleo formal ni estable; se observaba baja autoestima, dependencia afectiva, angustia, etc.; que la damnificada cuenta con una escasa red de contención, etc. Se dejó expresa constancia que el informe se basó exclusivamente en los dichos de la actora (ver informe de fs. 29/30).

8. El Ministerio Pupilar estimó que sería conveniente otorgarle al Sr. P.un plazo de 15 días para que pueda retirarse del hogar, para que la progenitora pueda asumir plenamente el cuidado personal de sus hijos, resguardando el contacto y comunicación con el padre (fs. 35).

9. La jueza de grado en la resolución de fs. 37/38 rechazó el pedido de exclusión del hogar solicitado por la actora.

Los fundamentos esgrimidos para decidir de ese modo fueron los siguientes: a. que conforme surge del acta de fs. 5, fue la propia actora quien decidió irse a vivir sola a un departamento que alquiló, (. «habiendo acordado previamente con Mario que él se iba a quedar al cuidado de la casa y los chicos (.) quiero dejar en claro que yo decidí irme porque Mario no tiene donde irse y para mí es más fácil.»); que la decisión de alquilar un departamento donde vivir constituía un acto contrario a la pretensión de exclusión y reintegro a su anterior domicilio, que fuera interpuesta 45 días después de retirarse voluntariamente de su hogar; que a ello se sumaba al hecho que fueron los progenitores quienes acordaron que los hijos permanecieran bajo el cuidado del progenitor residiendo en el domicilio que fuera asiento del hogar conyugal; b. que se encuentra acreditado que P. vive con sus hijos adolescentes en el domicilio que fuera asiento del hogar familiar y que los mismos mantienen una buena relación con ambos progenitores, manteniendo comunicación con la madre; c. que resultaba evidente «. la relación conflictiva entre las partes, que los ha llevado en varias ocasiones a separarse, para luego retomar la convivencia, no pudiendo desconocer que éstas desaveniencias, cambios, desencuentros, separaciones y reinicio de la relación han sido presenciados y vividos por sus propios hijos, perjudicados indirectos de la conflictiva pareja de sus padres. En consecuencia, mantendré el statuquo, no haciendo lugar a la exclusión del progenitor del hogar.» (sic fs. 38); y d. le hizo saber a la actora que si pretendía reclamar derechos sobre la vivienda adjudicada por el IPAV, debía recurrir por la vía pertinente (fs.37/38). Apeló la actora a fs. 39, expresando agravios a fs. 43/45 los que no fueron contestados por el demandado.

10. No se comparte en nada lo resuelto por el a quo, asistiéndole la razón a la recurrente, especialmente en los argumentos expresados en el primer, tercer y cuarto agravio.

No pueden quedar dudas y corresponde tener por acreditado que la Sra. A. F. C. se retiró de su casa en donde vivía con sus dos hijos y su pareja, procurando evitar seguir siendo víctima de la violencia física, moral y psicológica que le proporcionaba el Sr. P., siendo su vida insoportable. El demandado P. admitió ante el tribunal haber ejercido dicha violencia contra la demandante, siendo más que evidente que no se trató de un hecho aislado. La actora no se fue de su casa para desentenderse de sus hijos y/o de otras obligaciones que generalmente se generan en la convivencia familiar. Todo lo contrario. Se retiró de su hogar para alejarse de un sujeto violento y de muy mal carácter, decisión que resultó ser atinada y conveniente frente a las circunstancias del caso. Quizá ese retiro del hogar, que nada de voluntario tuvo, le permitió ordenar su ideas, reflexionar, y pedir un correcto asesoramiento de los pasos a seguir como víctima de violencia por parte de su pareja, como finalmente lo hizo.

Compartiendo con lo dictaminado con el Asesor de Menores a fs. 35, dictamen ratificado en la alzada a fs. 54, propongo se admita el recurso de apelación de fs. 39, se revoque la resolución de fs. 37/38, y se disponga la exclusión del hogar del Sr. M. D. P., a quien se le otorga un plazo de 15 días para que se mude del domicilio sito en calle xxx N° xxx de esta ciudad, para que posteriormente pueda acceder a la vivienda la Sra. A. F. C. (art.26, b.3, Ley 26.485).

Sin perjuicio del informe actualizado que pudiese brindar el equipo interdisciplinario, en coordinación con el Servicio de Violencia Familiar del Ministerio de Desarrollo Social y/o demás los organismos públicos que correspondan, y de las nuevas medidas protectorias que pueda disponer el a quo del modo que las dispuso a fs. 9/10, entiendo que resulta conveniente mantener la prohibición de acercamiento del Sr. P. a 200 metros del domicilio de la actora, sito calle 446 N° 630 de esta ciudad.

Así voto.

Ante las disidencias que anteceden y conforme a lo establecido por el art. 51 L.O.P.J. y Mario Daniel P.Acuerdo Nº 76, se pasan las actuaciones al Dr. Mariano Carlos MARTÍN, quien dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Alejandro Pérez Ballester.

Por todo ello, la SALA A de la Cámara de Apelaciones: RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 39 y, en consecuencia, revocar la resolución de fs. 37/38 y ordenar la exclusión del hogar del accionado M. D. P. del domicilio sito en calle xxx N° xxx de esta ciudad en un plazo de 15 días de notificado, para que posteriormente acceda a la vivienda A. F. C.

II. Mantener la prohibición de acercamiento del Sr. P. a 200 metros del domicilio de la actora, sito calle XXX N° XXX de esta ciudad, sin perjuicio de las nuevas medidas protectorias que pueda disponer el a quo.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen.

Dr. Horacio A. COSTANTINO

Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER

Dr. Mariano C. MARTIN

Juez de Cámara

Dra. María Teresa SALVATIERRA

Secretaria de Cámara Civil

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