Un daño indirecto: La falta de agresión directa al empleado no implica que no haya desarrollado un cuadro psiquiátrico y físico en un ambiente de trabajo perjudicial

Partes: Pivac Cristian Rodrigo c/ Asociart ART S.A. s/ enfermedad accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 21-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117400-AR | MJJ117400 | MJJ117400

La falta de hechos de agresión directa al empleado no implica que no haya desarrollado un cuadro psiquiátrico y físico, a partir del ambiente de trabajo que pueda considerarse perjudicial.

Sumario:

1.-Cabe acoger la demanda por enfermedad accidente, ya que la falta de hechos de agresión directa al empleado no implica, necesariamente, que él no haya desarrollado un cuadro psiquiátrico y físico, a partir del ambiente de trabajo que pueda considerarse perjudicial para él por conflictos interpersonales o por cualquier otra causa; ello así, ya que para la seguridad social no es la culpa del empleador el aspecto relevante a efectos de fijar la cobertura del sistema, sino la pérdida de la salud laboral, que genera incapacidad ganancial o directamente discapacidad funcional.

2.-El complejo de antecedentes médicos, tratamientos, diagnóstico de su tratante y posteriormente diagnóstico de la perito médica, sumado a los signos evidentes de angustia en la accionante, señalados por sus compañeros de trabajo, conducen a encontrar una serie de indicios positivos en el sentido pretendido en la acción y que no han sido conmovidos por la actividad probatoria de la demandada.

3.-El concepto de enfermedad profesional tiene la omnicomprensividad necesaria para trascender los límites de los listados cerrados de enfermedades, los que ofician como presunción autoejecutiva de la cobertura en la hipótesis de que se den los tres o cuatro extremos que los contienen (patología, actividad que la ocasiona, nivel de exposición y agente causal presente en la actividad), pero que no impiden tener por ciertas otras condicionantes laborales en la medida que estén científicamente justificadas y tengan origen directo en las tareas.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los 21 DE FEBRERO DE 2019, se hace presente en la Sala Unipersonal de esta Excma. SEGUNDA CÁMARA DEL TRABAJO – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DE MENDOZA, el Sr. Juez Dr. Julio Gómez Orellano, con el objeto de dictar sentencia definitiva en en el expediente con CUIJ: 13-03954614-5 ((010402-155477)), caratulado PIVAC CRISTIAN RODRIGO C/ ASOCIART ART S.A. P/ ENFERMEDAD ACCIDENTE, de cuyas constancias

RESULTA:

Que a fs. 41 se introduce demanda del DR. LUIS SERER FRIGERIO en representación de CRISTIAN PIVAC contra ASOCIART ART S.A. por $ 259.554,82 derivado de patología profesional. Señala que comenzó a trabajar en la Fundación Postgrado de Congreso (U. de Congreso) en fecha 01 de agosto de 1998. Comenzó en el buffet, para luego ir progresando y llegar a jefe de intendencia, con once personas a su cargo, manejando los eventos del auditorio, la escuela de negocios, el campus, etc. Señala las condiciones que tuvo para llegar a este cargo de muchísima responsabilidad, y que se le colocó a la Sra. Irene Casati como su supervisora, quien por motivos desconocidos para él empieza a hostigarlo continuamente, generándole grandes problemas físicos y psíquicos. Que hasta su ingreso el trabajador estaba apto, sin ningún tipo de dolencias. Que sus tareas se terminaron realizando en la mesa de entradas de la universidad, en atención a futuros alumnos. Luego de 15 años en la institución, en el año 2015 inicia con dolores de estómago, imposibilidad para conciliar el sueño, dolores de espalda y de cabeza, no pudiendo tolerar las comidas que le caen mal. Consulta con la especialista en gastroenterolgía Dra. Silvana Ferrero quien le recomendó reposo por 48 horas, diagnosticó “gastritis aguda”, manifestándole que era consecuencia de la presión laboral que tenía. Se le realizaron distintos estudios de orden gastrointestinal que relaciona. Con los meses dice que la relación con la supervisora era cada vez peor:no le permitía ir al baño, lo hostigaba, le colocó una cámara detrás de él logrando una mayor presión sobre el empleado. No obstante ese seguimiento el actor continuaba con su trabajo por necesidad, por lo que lo amenaza que lo iba a despedir, desconociendo los certificados médicos que había presentado, hablando mal frente a sus compañeros y maltratándolo verbalmente frente a sus colegas. Como el Sr. Pivac no respondía a las agresiones, su superior decidió instrumentar los medios para que lo despidan, hecho que se concretó a fin del mes de marzo de 2016. Frente a la sintomatología del actor, quien estaba muy estresado, no podía conciliar el sueño, tenía dolencia física, se ordena una interconsulta con la Dra. en psiquiatría Marisa Ponce. En fecha 02 de marzo de 2015 le ordena tratamiento medicamentoso por “crisis de ansiedad”: le ordenan que tome Gastromax, Miopropan, Argeflox, Neuril, Dozic, etc. En marzo de 2016 es tratado por la Dra. Ana Interlandi ordenándole tratamiento con Risperidona y Alplazolan. Relata informe que acompaña de la Lic. Romina Miranda. Señala que padece una RVA GII neurótica con manifestación depresiva, que le causa un 10% de incapacidad parcial y permanente. Realiza consideraciones técnicas. Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 85 se presenta el Dr. RAÚL MONTOYA en representación de ASOCIART ART S.A. Pide se denuncie la litis a la empleadora. Dice que hay falta de acción, ya que el actor nunca denunció la patología, y por tanto no se le remitió la carta de rechazo que habilitaría la demanda (conf. art. 4 Ley 26773). Dice que no hay seguro fuera del listado Dec. 658/96, por lo que la patología es inculpable. Formula negativas. Solicita la aplicación de la Ley 26994 art. 730 (Código Civil y Comercial). Realiza consideraciones técnicas y ofrece pruebas.

A fs. 95 replica el actor.

A fs. 98 opina el Sr. Fiscal de Cámaras.

A fs. 105 se admiten pruebas.

A fs.113 acepta el cargo la Dra. Laura Altamira perito psiquiatra

A fs. 115 se acompaña historial clínico de Asociart

A fs. 130 acepta el cargo el Contador Nelson Carabajal.

A fs. 132 se presenta pericia médica psiquiátrica de la Dra. Laura Patricia Altamira. Diagnostica RVA GIII: 20% IPP

Resulta impugnada a fs. 151. Es contestado a fs. 156.

A fs. 142 se presenta pericia contable.

Resulta impugnada a fs. 149.

A fs. 170 se realiza la audiencia de V.C. Se acompañan memoriales. Queda en estado de sentencia.

PRIMERA CUESTIÓN: Competencia

SEGUNDA CUESTIÓN: Relación de aseguramiento

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO GÓMEZ ORELLANO DIJO:

Como dije recientemente en la sentencia del expediente “Rosales Raúl c. Experta ART S.A.” (07/09/17, 50243), aún frente al dictado de la Ley 27348 que ordena que previamente a cualquier juicio los trabajadores concurran a ser evaluados por la Comisión Médica, pudiendo luego los jueces revisar lo que resuelva esta última, hay en estos casos razones de justicia que impiden que el Tribunal envíe la causa a la Comisión Médica. La tendencia uniforme en los Tribunales, aún de antes que se introdujera la demanda, venía diciendo que eran contrarias a la Constitución las limitaciones técnicas establecidas en la Ley (arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos de Trabajo número 24.557); por eso, cuando el demandante propuso su demanda obró correctamente, de acuerdo al derecho que en ese momento se aplicaba.

Sabiamente nuestra Corte Nacional ha considerado que los cambios del sistema legal, que sean posteriores a que inicie un juicio, no pueden perjudicar a los demandantes obligándolo a retroceder hacia etapas ya superadas (CSJN – “TELLEZ, María c. BAGALA S.A.”, publicado en la revista de la Fallos de la Corte, Tomo 308, pág. 552, 15/04/86), o bien obligándolo a iniciar nuevos trámites o procesos (CSJN – “CERIGLIANO, Carlos c. GOBIERNO DE C.A.B.A. U. Poliv. de Inspecciones”, Rev. Fallos:334:398 , 19/04/2011), demorándose eternamente la percepción de un crédito alimentario.

Todos los que solicitan justicia tienen derecho a la “resolución de sustancia adecuada y en tiempo oportuno” (Según dice el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), lo que es parte del derecho a una “justicia justa”.

En consecuencia, corresponde que me declare competente para dictar sentencia, independientemente de los cambios legislativos ocurridos a partir de la Ley 27348 (Conf. Art. 1 inc. H Código Procesal Laboral).

Así voto.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JULIO GÓMEZ ORELLANO DIJO:

1. El derecho de riesgos de trabajo como rama de la Seguridad Social

Como ha precisado nuestra Corte en recientes pronunciamientos, el asegurado por la LRT es cada uno de los trabajadores que prestan servicios en una empresa afiliada. Esta es la correcta lectura del seguro social: la cobertura consiste en la atención a una contingencia que sufre el propio beneficiario. A diferencia de los seguros de accidentes o mercantiles, el seguro social se caracteriza por la atención universal a la pérdida vital que ocasiona la contingencia. Desde su origen, el seguro social se caracterizó por cubrir riesgos a que está sujeta toda la población, como son la muerte, la invalidez, la vejez y la pérdida de la salud. Así los previó Otto Von Bismarck en las leyes de seguro de enfermedad para trabajadores industriales (1883), seguro contra accidentes de trabajo (1884) y seguro contra invalidez y vejez (1889). En una evolución posterior, a partir del Social Insurance and Allied Services de William Beveridge (1942) se inicia el derecho de la seguridad social como un sistema universal a cargo del Estado. La Declaración Universal de Derechos del Hombre, 1945, consigna, entre otras: “Art. 23.2. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”, completada por el art.25 que reza el derecho a: “los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. En la “pérdida de los medios” de subsistencia y dignidad está la raíz que obliga a dar vigencia del seguro, antes que en consideraciones algo gastadas derivadas del derecho de daños.

Por ley 26.678 se aprobó el Convenio de 1952 OIT N° 102, que incluye las prestaciones mínimas de seguridad social, entre ellas las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. No obstante, de modo inexplicable, el gobierno argentino, en un acto realizado el 27 julio de 2016 entre el Ministro de Trabajo y el delegado de la OIT, declaró adherir únicamente a las partes II, V, VII, VIII, IX y X del Convenio, que como se ve en el art. 1 de la Ley 26678, había sido integralmente aprobado. El Convenio 102 es un instrumento abierto (art. 2 inc. b C. OIT 102), por lo que la comunicación de ratificación debe acompañarse con una declaración del Estado sobre cuál o cuáles son las partes que se ratificaron (Vide: OIT – Manual sobre procedimiento en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo – Ginebra, 2012, pág. 15 y ss.), cosa que en el caso de Argentina se restringió a esas partes, no comprensivas de la parte número VI relacionada a “Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”. Los convenios, para hacerse obligatorios en el plano internacional, deben ser comunicados al Director General de la OIT; mientras que no lo sean, el Estado podrá considerar que han quedado ratificados para el derecho interno pero no para el derecho internacional (OIT – Manual. pág. 15). En conclusión, para nuestro derecho interno resulta vigente el deber de nuestro país de cumplir con el C. 102, íntegramente, conforme las competencias del art. 75 inc. 22 C.N., mientras que en el plano de las relaciones con la OIT, resulta únicamente exigible la parte ratificada y comunicada al Sr.Director General.

También el Convenio OIT de 1964 (n° 121) prevé la vigencia de la seguridad social ante los accidentes y enfermedades del trabajo, y son de destacar, también, las normas de la Seguridad Social de 1952 (OIT).

En este sentido, celebro que la Res. 886-E 2017 SRT introduce un claro cambio en la sistemática privatista que eclosionara con la Res. 298/17 SRT, luego de un influjo increíblemente originado en pos de los derechos de los trabajadores a partir del célebre “AQUINO” de la CSJN, de 2004, dirigiéndose actualmente a un sistema con más presencia estatal y cobertura más universal.

En este caso deberá tenerse presente que ni la actora ni la empleadora F. P. de Congreso hicieron denuncia de la patología, en los términos del art. 43 LRT, por lo que no se advierte obligación de la ART de acompañar ninguna documentación médica en torno a la atención o rechazo del caso.

2. Pretensión de la actora: englobar su patología en el concepto de enfermedad profesional

La actora señala que el caso engloba en el concepto de enfermedad profesional, es decir, la adquirida por el hecho o en ocasión del trabajo en que el trabajador se emplea. Debe recordarse que el concepto tiene la omnicomprensividad necesaria para trascender los límites de los listados cerrados de enfermedades, los que ofician como presunción autoejecutiva de la cobertura en la hipótesis de que se den los tres o cuatro extremos que los contienen (patología, actividad que la ocasiona, nivel de exposición y agente causal presente en la actividad), pero que no impiden tener por ciertas otras condicionantes laborales en la medida que estén científicamente justificadas y tengan origen directo en las tareas.

En este sentido, la perito Dra. Altamira encuentra al actor afectado por una RVA GIII, de tipo neurótica y con manifestación depresiva, diagnosticada como “trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo” (fs.139). Precisamente la perito experta explica que las relaciones causa – efecto (tan propias del derecho de daños) no se dan linealmente en las patologías psiquiátricas, sino que intervienen las características individuales de cada sujeto y los factores ambientales. En el caso del actor, según la propia pericia, los certificados médicos y la sintomatología hacen referencia a una problemática de origen laboral “que deberá ser dilucidada” con el resto de las pruebas. El informe técnico de parte, suscrito por la Lic. Arcidiácono, pone el acento – igualmente a la pericia médica – en las circunstancias posteriores al despido del actor, es decir, a su situación de desempleado. Hay una coherencia, sin embargo, en los distintos relatos vertidos por el propio actor a las profesionales, ya que tanto la Dra. Altamira como la Lic. Arcidiácono realizaron varios test, de los cuales aislaron la conflictividad laboral puesta de manifiesto por el actor.

Según el Protocolo de estudios médicos actualizado (R. 886 E/17), el psicodiagnóstico para certificar RVAs debiera incluir:”(7).las conclusiones finales se debe consignar el estado de las funciones psíquicas y el signo-sintomatología hallado que justifica el diagnóstico arribado, personalidad de base y diagnóstico según baremo con grado y manifestación clínica”. Precisando luego, a nivel procedimental:

“Conclusiones:

? Observación del comportamiento.

? Consignar si concurre acompañado o solo.

? Prosopografa.

? Orientación, conciencia de situación y de enfermedad.

? Aspecto psíquico.

? Examen de las funciones psíquicas (memoria, atención, lenguaje, juicio, sensopercepción, timia, conducta, actividad, interacción social, etc.).

? Establecer personalidad de base según nomenclatura de Schneider y descripción de la misma.

? Establecer el cuadro que presenta; tiene que quedar claro cómo se arriba al diagnóstico, al tipo clínico y al grado.

? Debe expresarse claramente si el diagnóstico arribado se encuentra exclusivamente derivado del hecho denunciado.”

Como se lee en el informe pericial, claramente la perito ha cumplido con este tipo de procedimientos.

La coherencia del examen al actor, fue comprobada también en la audiencia de vista de causa, donde el suscrito hizo varias preguntas orientadas a determinar si espontáneamente el actor refería hechos más o menos similares a los contenidos en los informes periciales, dando por resultado una total atinencia, sin síntomas de angustia claros pero sí con un relato detallista que denota la frustración del declarante frente a la situación vivenciada. En su relato, el actor es prolijo en cuanto establecer que la sintomatología inicia con problemas gastrointestinales, que lo llevan a la imposibilidad temporal de seguir trabajando (problemas que se han asociado en muchos análisis de este Tribunal o de informes vertidos por los peritos médicos, como directamente relacionados con situaciones de alto estrés). Los problemas intestinales se han documentado adecuadamente en autos, aunque bien podrían haber sido también objeto de pericia médica.Y refiere que luego continúa con tratamiento psiquiátrico.

En cuanto a los testimonios, acierta el abogado de la demandada al afirmar que ninguno de ambos declarantes presenció directamente un conflicto entre el actor y sus superiores, ni tampoco vio o le comentaron una situación de acoso. Pero lo que sí recordaron fue que el actor había sido movido de área, encontrándose frustrado con el cambio, que había empezado a sufrir problemas psicológicos y que era evidente en su comunicación con sus compañeros. El Sr. Alegre recordó que luego del cambio de autoridades, el Sr. Pivac estaba “muy nervioso, muy mal anímicamente, el sólo hecho de trabajar le provocaba malestar”, y que luego de que dejó de trabajar ha mejorado, está “mas tranquilo”. Preguntado por el Tribunal, el testigo Alegre explicó que ese proceso anímico del actor transcurrió durante un año. Además, recordó el testigo que el control de las cámaras lo tenía particularmente nervioso, como que se sintió perseguido, aunque recordó que “habían otras cámaras”, no sólo sobre él, y el testigo no sabe si había una persecución sobre el demandante o si tenía un conflicto con algún directivo, sí recordó que el actor era particularmente controlado pero no sabe la razón. El testigo Villarruel contó que el actor tenía “incomodidades” en su labor, “por ejemplo por el tema de las cámaras, que habían puesto una cámara muy pegada a él”, y además que permanentemente andaba con dolores estomacales y ese tipo de cosas, y esos problemas habrán durado un año, aunque lo ubicó en los años 2013 a 2014. Preguntado si tenía problemas con las autoridades, el testigo dijo que no sabía.Además, recordó que el actor tenía problemas de ánimo, que se sentía mal en el lugar donde lo habían puesto, su semblante no era bueno, etc.

Es decir que la falta de hechos de agresión directa al empleado no implica, necesariamente, que él no haya desarrollado un cuadro psiquiátrico y físico, a partir del ambiente de trabajo que pueda considerarse perjudicial para él por conflictos interpersonales o por cualquier otra causa.

Recuérdese que para la seguridad social no es la culpa del empleador, el aspecto relevante a efectos de fijar la cobertura del sistema, sino la pérdida de la salud laboral, que genera, incapacidad ganancial o directamente discapacidad funcional.

El complejo de antecedentes médicos, tratamientos, diagnóstico de su tratante y posteriormente diagnóstico de la perito médica, sumado a los signos evidentes de angustia en la accionante, señalados por sus compañeros de trabajo, me lleva a encontrar una serie de indicios positivos en el sentido pretendido en la acción y que no han sido conmovidos por la actividad probatoria de la demandada.

Su cuadro se asimila al descrito técnicamente por el importante trabajo de Silvina Livellara: “se han podido establecer determinados factores como desencadenantes del síndrome de burnout: a) Sobrecarga de trabajo y ocupación poco estimulante; b) Poca o nula participación en la toma de decisiones, c) Falta de medios para realizar las tareas, d) Excesiva burocracia:no importa el resultado, sólo hacer las cosas de una determinada forma; e) Pérdida de identificación con lo que se realiza; f) Percepción de que no se recibe refuerzo cuando el trabajo se desarrolla eficazmente; sin embargo, sí se puede producir castigo por hacerlo mal; g) Baja expectativa de qué hacer para que el trabajo sea tenido en cuenta y valorado” (LIVELLARA, Silvina – El síndrome de burnout (o de desgaste profesional) y su recepción como infortunio laboral – LA LEY 2008-F , 457).

La Corte de la Provincia, en un fallo ejemplar, refirió al particular valor de los certificados médicos, los tratamientos y las pericias, en estos casos en que la prueba de hechos puntuales suele escapar al análisis judicial. Dijo la Corte: “A los efectos de examinar en el caso concreto si la dolencia denunciada por la Sra. y por la que se demanda laboralmente es producto del acoso psicológico recibido en el Banco donde trabajaba, resultan relevantes las pruebas vinculadas con los certificados médicos, pericias psiquiátricas y tratamientos médicos agregados a la causa, las que deben valorarse dentro del sistema de la sana crítica racional (art. 69 del CPL) y el principio de unidad de la prueba, (LS 351-246 y 381-233). (.) En casos como el que examinamos, los indicios y presunciones que emergen de las pruebas citadas, juegan un papel muy importante para demostrar la existencia de mobbing, por lo que es fundamental la labor del juzgador de saber interrelacionar las pruebas de la causa y apelar a los principios del Derecho del Traba-jo, fundamentalmente al principio de la primacía de la realidad, al principio protectorio y al principio de razonabilidad, habida cuenta que debido a la diferencia de roles y de fuerzas existente entre las partes, por lo general la víctima se encuentra en inferiores condiciones para producir prueba testimonial proveniente del ambiente laboral, (RESTON, ob. y p. citadas)” (SCJ MZA. 28/11/07, “ACEVEDO CARIGLIO C.G. C/BANCO SU QUIA S.A. P/ENF. ACC.” S/INC.”, L.S.384/004, ver también el completo trabajo de BABUGIA, Marinés – La Prueba en el Acoso Laboral – IBdeF editora, 2015, particularmente el estudio de págs. 130 y ss.).

No puedo dejar de considerar, en último término, que al momento de realizarse tanto el informe psicológico de parte como el análisis de la perito psiquiatra, el actor presentaba conjuntamente síntomas reactivos a lo vivido en el ámbito laboral con síntomas propios de la situación de desempleo, tal como ponen de resalto ambas profesionales.

Por ende, reduciré a la mitad de la incapacidad fijada por la perito médica, la incapacidad derivada de las condicionantes laborales: 10% de la T.O. A lo que sumaré como factor de ponderación un 1% por “edad”: 11%.

4. Indemnización económica

La reparación se fija a marzo de 2015 que es la primera manifestación invalidante denunciada por el propio actor, cuando tomó licencia por 15 días. En consecuencia, haré lugar a la observación de fs. 148 y ss., la cual no fue contestada por el perito contador, que por esta causa pierde sus honorarios. El VIBM es de $ 11.242,66 conforme fs. 148 del registro de la ART.

Por tanto: 53 x 11242,66 x 11% x (65/42) = $ 10132,28

Mínimo: Res. 06/15 SSSN — 713.476 x 11% = 78477,96

Art. 3 Ley 26773: $ 20286,46 SUMA TOTAL: $ 121.718,74

Esa suma devengará intereses desde la pericia médica psiquiátrica, que oficiará como determinación de la enfermedad. Desde ese momento la ART conocía la incapacidad y optó por continuar el proceso sin otorgar prestaciones. La tasa, sin embargo, tendrá un componente dirigido a resguardar el valor del monto comprometido.Es decir que desde la demanda y hasta la pericia se cargarán intereses Ley 4087, luego, a partir de la pericia, intereses conforme al fallo “Cruz” según seguidamente se expresa.

En múltiples oportunidades he sostenido que la función de los intereses no sólo es compensatoria, sino que pretende poner a cubierto al empleado de los avatares que resultan, para las prestaciones dinerarias, de la crisis sostenida que afecta nuestra economía. En tal sentido, no es posible que las reparaciones dinerarias cumplan función sustitutiva de la pérdida ganancial del trabajador infortunado, si el sistema de cálculos de prestaciones no refleja la pérdida del valor real del dinero.

Una intensa mayoría jurisprudencial en nuestra Provincia, se hizo eco constantemente de una resolución de la SRT según la cual la mora en el pago de las prestaciones dinerarias genera intereses compensatorios a la tasa activa del B.N.A. (Res. 414/99 SRT). No se me escapa una dificultad técnica evidente en esa aplicación: el origen dudoso de la regla jurídica, dificultad que se podría salvar únicamente en base a la restricción de su campo de injerencia a lo exclusivamente administrativo. Es decir, la exigibilidad, mora y pago a que refiere la Res. 414/99 es la relacionada al pago administrativo. Los propios considerandos de la Resolución hacen clara referencia a la órbita administrativa a la que se aplican, por ejemplo, por la remisión a la Res. 104/98.

Pero como dije antes, nuestro Superior Tribunal hizo un uso más o menos pacífico de la regla, como si se tratara de una verdadera Ley, hasta el leading case CUIJ N° 13-00844567-7/1 caratulada: “GALENO A.R.T. S.A. EN J° N° 26.349 “CRUZ, PEDRO JUAN C/ MAPFRE A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE” S/ RECURSO EXT.DE CASACION.”(15/05/17), en el que en voto dividido, se decidió la aplicación de la “tasa de libre destino” del B.N.A., de consuno con lo que veníamos sosteniendo los jueces laborales desde “Olguín María Elizabeth c. La Caja ART S.A. y OT.” (14/12/2015, n° 45380, de esta Segunda Cámara) y “Rosales Merly c. Prevención ART” (04/06/2015, Cuarta Cámara del Trabajo).

En “Cruz” la Corte se separó de la Res. 414/99, y declaró la inconstitucionalidad de esa Resolución, porque reducía inequitativamente los términos indemnizatorios. De allí, el Superior Tribunal reasumió la función de adecuación de la tasa de interés, mediante una fijación judicial (nobleza obliga, debo decir que la Corte se ha mostrado dubitativa en cuanto a la tasa aplicable en recientes sentencias, con votos diversos).

A partir del 28 junio de 2018 la tasa libre destino sufrió un cambio conceptual, ya que dejó de aplicarse a las operatorias de 36 meses, para aplicarse a toda operatoria de libre destino, con independencia de su duración. Desde allí, este Tribunal viene diciendo, sin embargo, que hay un factor en la tasa de libre destino que es algo ajeno a la dinámica o funcionalidad que le veníamos asignando, como plafón antiinflación: se trata del aumento de las tasas con un objetivo puramente monetario. Por ende, como ya hemos dichos, no resulta lógico aplicar esa tasa directamente desde la mora (o sea, en épocas anteriores a la realidad tenida en vista por el aumento de las tasas), sino que es mas saludable y menos distorsivo, determinar dos tasas a aplicar: la primera, desde la mora hasta el 28 de junio de 2018, la tasa libre destino operaciones 36 meses, y la otra, desde el 29 de junio de 2018, la tasa libre destino general, en la modalidad de las ofrecidas a la clientela, que es algo más baja que la otra.De tal manera se conjuga el aumento de las tasas con otros aumentos notables, regresivos para el trabajador, como el aumento del valor dólar, el aumento de los índices de inflación (6,5% para septiembre, según http://www.indec.gob.ar) y pobreza (www.uca.edu.ar).

CAPITAL — $ 121.718,74

interés ley 4087 (5% anual) —- 27/07/16 al 12/09/17 — 5,64% — $ 6869,61

interés “Cruz” TLD 36 m. 12/09/2017 al 28/06/2018 — 25.34% — $ 30843,53

interés TLD 72 m. (70%) — desde el 29/06/2018 al 21/02/2019 — 45,26% — $ 55.090,24

Total interés — $92.803,37

En consecuencia procede la demanda por pesos DOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 11/00 ( $214.522,11) liquidados a la fecha de sentencia.

ASÍ VOTO.-

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JULIO GÓMEZ ORELLANO DIJO:

Las costas corren a cargo de la demandada vencida.

Los honorarios se regulan del siguiente modo: DRES. SERER FRIGERIO LUIS FELIPE($.) y ALICO CARLOS ($.); DRES. MORESCHI CAROLINA ($.), MONTOYA RAUL ($.) y BOULIN ANDRES ($.); todo sin perjuicio de complementarios e IVA en su caso.

En cuanto a los peritos, tengo presente la reciente regla dictada en la Ley 9109 de reforma del CPL por la que se desvincula los honorarios de los peritos del resultado del juicio (art. 22 Ley 9109, sustitutivo del 63 CPL). Sin embargo esa regla no puede aplicarse en perjuicio de las regulaciones del caso en estudio. No obstante que el art. 42 CPL pone en vigencia la reforma de la Ley 9109 al 1 de noviembre de 2018, para nuevas causas, y que no es el caso, lo determinante en la hipótesis es que los peritos aceptaron sus cargos y realizaron sus servicios bajo una legislación no limitativa, y por tanto, independientemente de cualquier otra determinación, en este caso no corresponde aplicar la regla novedosa (CSJN 18/06/1998, “GARCÍA, Jorge c. REYNOT BLANCO, Salvador C.”, Fallos: 321-1757 , L.L. 1999-F-783).

Por tanto, los honorarios de los peritos se regulan del siguiente modo:

Dra.Laura ALTAMIRA ($.). En cuanto al perito Daniel CARABAJAL se lo sanciona con la pérdida de honorarios por no haber contestado la impugnación de fs. 150, la que prospera ante los fundamentos dados por el impugnante (vide ut supra).

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.

Mendoza, 21 de febrero de 2019

Y VISTOS:

El Tribunal en Sala Unipersonal

RESUELVE:

I.- Haciendo lugar a la demanda interpuesta por CRISTIAN PIVAC contra ASOCIART ART S.A. y en consecuencia condenando a esta última a pagarle en el término de CINCO (5) DÍAS la suma de PESOS DOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 11/00 ( $214.522,11) liquidada judicialmente en la sentencia, CON COSTAS a su cargo.

II.- Regulando los honorarios del siguiente modo, sin perjuicio de IVA y complementarios que pudieran corresponder: DRES. SERER FRIGERIO LUIS FELIPE ($.) y ALICO CARLOS ($.); DRES. MORESCHI CAROLINA ($.), MONTOYA RAUL ($.) y BOULIN ANDRES ($.), DRA. ALTAMIRA LAURA ($.).

III.- Emplazando a la demandada a que pague en el término de DIEZ DÍAS tasa $ 6435, aportes $ 4290 y derecho fijo $ 321.

Notifíquese.

JG

Firmado:

DR. JULIO M. GÓMEZ ORELLANO

JUEZ DE CÁMARA