Habiendo cesado la inhabilitación del fallido, corresponde levantar el embargo trabado sobre los haberes que percibe como empleado en relación de dependencia

Partes: Puchuri Rafael Osvaldo s/ quiebra (pequeña)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117896-AR | MJJ117896 | MJJ117896

Habiendo cesado la inhabilitación del fallido, corresponde levantar el embargo trabado sobre los haberes que percibe como empleado en relación de dependencia.

Sumario:

1.-Ante el cese de la inhabilitación, corresponde levantar el embargo sobre los haberes que percibe el fallido por su trabajo en relación de dependencia, más dicho levantamiento deberá disponerse a partir el depósito décimo tercero efectuado por el empleador ya que en el caso el embargo no se efectivizó en forma inmediata a la declaración de la quiebra sino meses más tarde, de manera que levantarlo con efecto retroactivo al mes en que se cumplió el año de la declaración de quiebra contraría lo normado en la ley concursal (arts. 106 , 107 , 234 y 236 , Ley 24.522).

2.-El cese de la inhabilitación del fallido, además de las consecuencias personales, produce un importante efecto patrimonial ya que implica su liberación respecto de los saldos insolutos, puesto que si todos los bienes que ingresan al patrimonio del fallido mientras no está rehabilitado son aplicados al pago de las deudas concursales, los bienes adquiridos luego de la rehabilitación no quedan sometidos a la liquidación falencial.

3.-La inhabilitación del fallido tiene relación directa con el efecto patrimonial más importante que ocasiona la declaración de la quiebra, que es el desapoderamiento, pues el art. 107 de la Ley 24.522 prescribe que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 121079, caratulada: “PUCHURI RAFAEL OSVALDO S/ QUIEBRA(PEQUEñA)”, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.

La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 532 y vta.?

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEñOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:

I. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a fs. 539/541 y vta. por el quebrado, contra el auto de fs. 532 y vta., en cuanto al decretar el cese de la inhabilitación dispone el mantenimiento del embargo sobre sus haberes hasta tanto se ordene lo contrario. A fs. 542 se rechazó la revocatoria intentada y se concedió la apelación. El día 27 de diciembre de 2018 se presentó el dictamen del señor Fiscal de Cámaras.

II. Expresa el recurrente que debe disponerse el levantamiento del embargo ordenado sobre sus haberes ya que la rehabilitación importa que los nuevos bienes que ingresen a su patrimonio quedan excluidos del desapoderamiento, generando un nuevo patrimonio y que el mantenimiento del embargo de haberes vulnera su derecho de propiedad y las normas de orden público establecidas en la ley de quiebras. Por último, solicita el levantamiento del embargo con fecha retroactiva al día de la rehabilitación, esto es, al 17 de marzo de 2018.

III.A fin de resolver la cuestión planteada hemos de recordar que, en materia concursal, la inhabilitación constituye un efecto personal de la quiebra.

En líneas generales, alude a la idea de una imposibilidad para ejercer ciertos derechos o acciones o para desarrollar cierta actividad o ejercer ciertos cargos, que se hallan explicitados en el artículo 238 de la ley 24.522. No tiene un fin represivo sino que tiende a tutelar el crédito y la seguridad del tráfico mercantil (Junyent Bas-Molina Sandoval, “Ley de Concursos y Quiebras”, T. II, Segunda Edición, Abeledo Perrot, 2009, pag. 482).

Tal efecto personal -inhabilitación- tiene relación directa con el efecto patrimonial más importante que ocasiona la declaración de la quiebra: el desapoderamiento. Ello así, pues el artículo 107 de la ley 24.522 prescribe que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación.

Por tal motivo, el cese de la inhabilitación, además de las consecuencias personales sobre el quebrado, produce un importante efecto patrimonial ya que implica la liberación del deudor respecto de los saldos insolutos, puesto que si todos los bienes que ingresan al patrimonio del fallido mientras no está rehabilitado son aplicados al pago de las deudas concursales (arts. 106, 107 y sigtes., ley 24.522), los bienes adquiridos con posterioridad a la rehabilitación no quedan sometidos a la liquidación falencial.

Asimismo, cabe señalar que, como principio general, la inhabilitación del deudor quebrado persona humana tiene el plazo de duración de un año computado a partir de la sentencia de quiebra (arts. 234, 236, ley 24.522).

En el caso se dispuso que la inhabilitación del fallido cesó de pleno derecho con fecha 17 de marzo de 2018, pues la quiebra fue declarada el día 17 de marzo de 2017 (fs.532 y vta.).

Ahora bien, se aprecia que a pesar de haberse dispuesto el cese de la inhabilitación, la Juez a quo dispuso que el embargo sobre los haberes del quebrado debía mantenerse. Dicho tópico constituye el motivo del recurso en tratamiento.

Precisamente, el embargo sobre el 20% de los haberes del recurrente implica la incautación de dicho activo el cual se haya sujeto a desapoderamiento hasta la rehabilitación, pues aquí dicha medida no reviste carácter cautelar -como sí lo es la inhibición, la cual debe mantenerse hasta la conclusión de la quiebra- (arts. 106, 107, 177, 236, 238, ley 24.522).

Por lo expuesto podría válidamente colegirse que habiéndose decretado el cese de la inhabilitación correspondería que se ordene el levantamiento del embargo, pues el cese de la inhabilitación del deudor implica el cese del desapoderamiento.

Ahora bien en relación concreta con la duración del embargo decretado en autos sobre los haberes del apelante, se aprecia que tal medida comenzó a hacerse efectiva a partir del mes de noviembre de 2017 y no en forma inmediata a la declaración de la quiebra (fs. 452). De manera que disponer su levantamiento con efecto retroactivo al mes de marzo de 2018 -cuando tan sólo se habían incautado haberes del deudor durante el lapso de 4 meses- contraría lo normado en la ley concursal, pues del juego armónico de los artículos 106, 107, 234 y 236 de la ley 24.522, el desapoderamiento del quebrado persona física -como principio y como se dijo en esta resolución- tiene el plazo de duración de un año desde la declaración de la quiebra.

Consecuentemente, siendo que al 17 de marzo de 2018, tan sólo se había hecho efectivo el embargo decretado el 6 de abril de 2017 por cuatro meses (fs.452, 488, 508, 502 y según informa la Actuaria en este acto, conforme surge de la página web de la SCBA “consulta de saldos”), y que, por tanto, a esa fecha restaba aún su efectivización durante 8 meses más, si bien cabe levantar el embargo porque ha cesado la inhabiltación, es lo cierto que ello sólo puede hacerse efectivo a partir del depósito décimo tercero efectuado en autos por el empleador del apelante (arts. 106, 107, 234, 236, 238, ley 24.522).

Resolver de otra manera implicaría afectar los derechos de los acreedores concursales quienes sólo pueden percibir sus créditos de los bienes sujetos a desapoderamiento, activo que en el particular se encuentra exclusivamente conformado por los haberes del deudor, los que corresponden sean incautados por el plazo de duración de la inhabilitación que en este caso es de 1 año (arts. 242 CCNN; 106, 107, 125, 200, 234, 236, 237, ley 24.522).

Con el alcance indicado, voto por la NEGATIVA.

El señor Presidente doctor Hankovits, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEñOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:

De conformidad al acuerdo logrado al tratar la cuestión anterior, corresponde modificar la resolución de fs. 532 y vta. y ordenar el levantamiento del embargo sobre los haberes del señor Rafael Osvaldo Puchuri, el que deberá hacerse efectivo a partir del depósito décimo tercero efectuado en autos por el empleador del apelante, lo que deberá instrumentarse en la instancia originaria (arts. 242 CCNN; 106, 107, 125, 200, 234, 236, 237, ley 24.522).

ASI LO VOTO.

El señor Presidente doctor Hankovits, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se modifica la resolución de fs. 532 y vta. y se ordena el levantamiento del embargo sobre los haberes del señor Rafael Osvaldo Puchuri, el que deberá hacerse efectivo a partir del depósito décimo tercero efectuado en autos por el empleador del apelante, lo que se instrumentará en la instancia originaria (arts. 242 CCNN; 106, 107, 125, 200, 234, 236, 237, ley 24.522).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.