Acerca de la ley 1813 de la provincia de San Juan (Pacientes Electrodependientes por cuestiones de salud)

Autor: Suárez, Enrique L.

Fecha: 22-mar-2019

Cita: MJ-DOC-14823-AR | MJD14823

Sumario:

I. Introducción. II. Análisis de la ley 1813-A. III. Conclusiones.

Doctrina:

Por Enrique L. Suárez (*)

I. INTRODUCCIÓN

Con la sanción y promulgación de la ley 27.351 (1), se instituyó una ley marco para una suerte de estatuto tuitivo en el orden nacional para los electrodependientes por razones de salud, de la que a su vez derivaron una serie de normas de jerarquía infra legal que, en conjunto, constituyen un plexo normativo que conforma el marco regulatorio de los electrodependientes por motivos de salud en el orden nacional.

De esta manera, a través de una ley marco como la antedicha, se establecieron los principios generales en la materia, dejando al Poder Ejecutivo la discreción para establecer las condiciones de aplicación utilizando su poder reglamentario. (2)

Atento la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la adhesión a dicha norma, contenida en el artículo 12 de la ley, en razón de tratarse de materias locales no delegadas por las provincias a la Nación (vg. salud y distribución de energía dentro del territorio local), a partir de la ley 27.351 se produjeron adhesiones a la misma a través de diversas leyes provinciales, o bien, en el uso de sus competencias propias, regulaciones que, sin alterar o desviarse de la télesis y principales objetivos trazados por el legislador al establecer el marco regulatorio, se estructuran y contienen previsiones autónomas y particulares, establecidas por el poder legislativo actuante en dichos casos. (3)

En general, puede afirmarse que los institutos y soluciones previstos en la ley 27.351 son recepcionados por el conjunto de las normativas locales, pudiendo haberse derivado la regulación de algún tópico a la reglamentación, o haberse interpretado el alcance y sentido de alguna regulación nacional de modo disímil, sin por ello afectar gravemente el indeclinable objetivo de tutelar al electrodependiente considerado como usuario hipervulnerable del servicio público de distribución de energía eléctrica.(4)

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el contexto antedicho, nos interesa compartir con los lectores un breve análisis de la ley 1813-A de la provincia de San Juan, sancionada el 25 de septiembre de 2018, promulgada de acuerdo a lo previsto en el Artículo 168 ss. y cc. de la Constitución Provincial (5) y publicada en el Boletín Oficial del 28 de septiembre de 2018, a través de la cual se instituye una regulación normativa para los electrodependientes, denominada «Régimen Tarifario Especial para pacientes electrodependientes por razones de salud». (6)

II. ANÁLISIS DE LA LEY 1813-A

Iremos compartiendo las apreciaciones pertinentes respetando la exposición temática de la ley, referenciando a su vez su contenido con el de la ley nacional 27.351.

a) Régimen Tarifario Especial (artículo 1°)

Al respecto, estipula la creación en todo el territorio provincial de un «Régimen Tarifario Especial, para los usuarios del Servicio Público de Distribución de Electricidad que revistan la condición de pacientes electrodependientes por cuestiones de salud, consistente en la bonificación mensual del 100 % de la tarifa eléctrica, la eximición del pago de los derechos de conexión en la habilitación de nuevos suministros; y demás cargos de la factura de energía eléctrica de acuerdo a las normas vigentes».

El mismo se encuentra en consonancia con los artículos 3° , 4° y 5° de la ley nacional, alcanzando dicha bonificación a la totalidad de la tarifa por la energía demandada (7), a los derechos de conexión, si ésta se hubiere realizado, y cualquier otro cargo devengado por la prestación del servicio en cada período.(8)

Si bien puede sorprender la metodología legislativa, que trata en primer término de la consecuencia de acreditar la condición de paciente electrodependiente, la cual es definida a posteriori por el texto legal, ello guarda cierta coherencia, más allá de la consideración que se pueda tener acerca de forma de exposición adoptada por el legislador, pues es indudable – según surge de los términos vertidos en el debate parlamentario – que la finalidad de la norma es proteger al usuario de un servicio público domiciliario hipervulnerable, en el contexto actual de la realidad que el propio legislador identifica y que pone al descubierto la situación de extrema fragilidad en que aquel se encuentra frente a la circunstancia de tener que hacer frente al consumo de energía que exige la electrodependencia para resguardar algo tan vital para la persona y su dignidad, como la salud y la vida misma. (9)

De allí inferimos que quizás lo dicho haya tornado perentorio establecer en primer lugar dicho «régimen tarifario especial», por ser la motivación especial perseguida por la ley.

b) Determinación del concepto de paciente electrodependiente (artículo 2°)

Se consideran como «paciente electrodependiente», las personas que, por problemas de salud, «deben permanecer conectadas gran parte o prácticamente todo el día, dentro de su hogar mediante una infraestructura especial y un equipamiento prescripto por los médicos, que requiere la provisión de energía eléctrica de forma ininterrumpida y con niveles de tensión estables, para evitar riesgos en su salud o en su vida».

La señalada conceptualización se corresponde con el artículo 1° de la ley nacional, ya que se hace hincapié en la necesidad de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados, para poder alimentar el equipamiento médico prescrito que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud.

Como puede apreciarse el concepto de la ley 1813(ref:LEG94936) se estructura en los mismos ejes utilizados en la ley 27.351 (necesidad de una provisión ininterrumpida de energía eléctrica y en niveles adecuados de tensión, con el objeto de poder alimentar todos los equipamientos indicados como idóneos y vitales para evitar riesgos en intereses tan delicados como la salud o la vida del paciente). (10)

c) Certificación de la condición de paciente electrodependiente (art. 3°).

Se estipula al respecto que, la condición de paciente electrodependiente por cuestiones de salud, debe estar certificada por un médico especialista, matriculado en Salud Pública.

En dicho certificado «debe constar diagnóstico, historia clínica, tratamiento y equipos eléctricos que requiere el paciente electrodependiente para no poner en riesgo su salud o su vida. Dicha información será presentada ante la autoridad de aplicación la cual deberá ser actualizada anualmente».

Esta prescripción es una novedad, ya que la ley 27.351 per se no prevé la certificación médica como exigencia, ni tampoco los requisitos que debe cumplimentar el mismo.Esto colabora, por un lado, con la operatividad de la norma, ya que prevé los extremos que debe verificar y exigir la autoridad de aplicación de la ley.

Sin perjuicio de la lógica y la razonabilidad del requisito exigido, consideramos humildemente que, cuestiones tan puntuales pueden también llegar a ser tenidas en cuenta en rangos normativos inferiores, a fin de facilitar la adaptación a las cambiantes circunstancias de una materia tan dinámica como la salud, y hacer más rápida y viable la modificación, simplificación o extensión de los requisitos aludidos.

En ese sentido, es dable recordar que una previsión de igual sentido en el orden nacional se encuentra contemplada en la Resolución 1538-E/2017 del entonces Ministerio de Salud de la Nación, por la cual se crea el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS).

Allí, en el Anexo I, en la parte correspondiente al susodicho registro, se estipula que, para poder inscribirse en dicho Registro, debe presentarse un formulario que debe ser suscripto por el médico tratante, en su parte pertinente, consignando el resumen de historia clínica, patología y equipamiento médico que considere necesario para evitar riesgos en su vida o su salud.

Como puede apreciarse, además de la similitud, si los nuevos horizontes sociales van planteando cambios para adaptarse mejor a las necesidades de este colectivo, la norma aquí es más simple de modificar, y la evolución más fácil de plasmar y obtener, a través de una modificación de dichas normas reglamentarias.

Por el contrario, si ello fuere necesario realizarse en el futuro en el orden provincial, no puede dimensionarse en el tiempo, el plazo que demande la modificación de la ley 1813 a los fines de adecuar a nuevos términos o requisitos, según sea el caso, el procedimiento para la inscripción en el RECS.

De todos modos, además de la novedad y la operatividad consiguiente, que deviene en una obligación para la autoridad de aplicación de controlar el cumplimiento de los extremosallí fijados, cabe mencionar que todo lo dicho reduce además la discrecionalidad del funcionario competente a la hora de aplicar e implementar las normas en cuestión, lo cual es altamente valioso en aras del debido ejercicio de la función administrativa.

d) Domicilio del beneficiario (artículo 4°)

La norma puntualiza que la bonificación instituida en el art. 1° de la misma, se asigna «a una única unidad habitacional por beneficiario, sea este titular del servicio o conviviente de la persona que se encuentra registrada como paciente electrodependiente».

Al propio tiempo, estipula la condición de que la demanda del usuario, conforme al cuadro tarifario del servicio de distribución eléctrica, establecido por el marco regulatorio local de dicho servicio público, sea identificada como residencial.

También debe acreditarse que la unidad habitacional constituye «la vivienda permanente del paciente electrodependiente por cuestiones de salud y cuyo medidor deberá estar debidamente identificado». (11)

La regulación descripta nos motiva los siguientes comentarios:

1.Más escuetamente, la ley 27.351, en su artículo 2° alude al «domicilio» del titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, pero a los fines de garantizarle en el mismo el servicio eléctrico en forma permanente (12). También allí, en relación con el domicilio, y del mismo modo que la ley 1813, se prevé que el medidor de dicho domicilio deberá estar debidamente identificado.

Tampoco contiene exigencias respecto de la acreditación del domicilio como vivienda permanente de paciente, porque creemos que, con la acreditación de identidad del usuario titular del servicio y las constancias pertinentes del contrato de suministro oportunamente suscripto entre las partes, quedarían acreditados los extremos expuestos.

De todos modos, no escapa a la lógica y al sentido común las consideraciones contenidas por el artículo bajo nota, ya que resulta evidente que el marco tuitivo de derechos contemplado para los electrodependientes, debe corresponder a un único domicilio que a su vez debe ser por lógica la vivienda permanente del paciente, atento a las características concomitantes a la electrodependencia.

No está de más recordar que, conforme al artículo 73 del Código Civil y Comercial de la Nación, la residencia habitual de la persona humana en un lugar concreto es la que determina su domicilio real, siendo la nota caracterizante del mismo. Por ello, la distinción primaria entre la noción de domicilio general y domicilio especial responde a que el primero se considera el lugar donde la persona puede ser ubicada para el ejercicio de la generalidad indiferenciada de los derechos y obligaciones de los que sea titular. (13)

Por ello el domicilio real, regulado por el art. 73 CCC, se vincula de manera directa con la noción de residencia de la persona humana en un lugar determinado, con el calificante de habitualidad. Todo lo dicho no se contrapone en absoluto con los conceptos contenidos en el art.4° de la ley.

Deseamos enfatizar que todos los requisitos previstos en esta norma, o en el conjunto de reglamentaciones de la misma que se dicten a futuro, siempre deben buscar cumplimentar los extremos requeridos de acreditación de cualquier circunstancia o requisito de manera sencilla, simple y accesible, para su posterior procesamiento rápido, expedito y eficaz, de modo de no frustrar con burocracia innecesaria el acceso a beneficios tan importantes para el colectivo aquí contemplado.

2. Conforme a la estructura tarifaria vigente, la TARIFA N°1 – PEQUEÑAS DEMANDAS, que contempla la facturación bimestral, consta de un cargo fijo (haya o no consumo) y de un cargo variable por energía, y contempla dentro del «uso residencial» 3 (tres) categorías tarifarias:

– T1-R1 (Hasta 220 kWh)

– T1-R2 (Mayor a 220 kWh y hasta 580 kWh) y

– T1-R3 (contempla 4 (cuatro) sub categorías en orden creciente de consumo):

– Mayor a 580 kWh y hasta 1000 kWh

– Mayor a 1000 kWh y hasta 1400 kWh

– Mayor a 1400 kWh y hasta 2800 kWh

– Mayor a 2800 kWh (14)

En definitiva, en el Régimen Tarifario, conforme señala el Distribuidor provincial (vg. Empresa Energía San Juan S.A.), se clasifica a los usuarios, a los efectos de su ubicación en el Cuadro Tarifario, en las siguientes categorías (15):

– Usuarios de pequeñas demandas: Son aquellos cuya demanda máxima promedio de 15 minutos consecutivos es inferior a 10 kW (kilovatios).

– Usuarios de medianas demandas: Son aquellos cuya demanda máxima promedio de 15 minutos consecutivos es igual o superior a 10 kW (kilovatios) e inferior a 50 kW (kilovatios).

– Usuarios de grandes demandas: Son aquellos cuya demanda máxima promedio de 15 minutos consecutivos, es de 50 kW (kilovatios) o más.

El uso residencial se encuentra comprendido dentro de las pequeñas demandas.Ello nos hace pensar que, al determinarse por la ley como requisito para la bonificación, el carácter «residencial» de la categoría tarifaria del titular del servicio que es electrodependiente o que convive con una persona registrada como tal, siempre debe tenerse en mira tanto el consumo generado en el bimestre en el domicilio, por los usos normales y habituales de los habitantes de la vivienda, sino también el consumo generado por los diversos equipamientos necesarios para la preservación de la salud y la vida del electrodependiente. (16)

Por ello, estimamos que se debe siempre tener en cuenta que se debe tratar de evitar en lo posible, rigorismos en la regulación tuitiva que puedan en alguna circunstancia incidir en forma negativa en el objetivo trazado, que es la protección de un usuario hipervulnerable, como lo es el paciente electrodependiente.

e) Autoridad de Aplicación (artículo 5°)

Se designa como autoridad de aplicación de la presente Ley, al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan u organismo que en el futuro lo reemplace, la que será encargada de la reglamentación de la presente.

Consideramos un acierto la identificación de la autoridad de aplicación de la ley, lo que marca una diferencia con la técnica adoptada en el artículo 11 de la ley 27.351 (17). La concreta determinación de quien asume dichas funciones permite ciertamente que desarrolle sus competencias a fin de viabilizar la vigencia de las disposiciones operativas de la norma y, reglamentación mediante, deberá arbitrar los medios para aplicar en forma eficaz e inmediata las disposiciones infra legales que vayan dictando a fin de posibilitar la vigencia de todos los preceptos que integran el Sistema creado por la normativa, que incluye aspectos en el marco de la salud y la energía, en lo atinente al servicio público de distribución o suministro de la energía eléctrica.

En ese sentido, no debemos olvidarnos que el Ministerio de Salud Pública deberá conjugar esfuerzos con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (18) yel Ente Provincial de Regulación de la Electricidad (E.P.R.E.) (19), a fin de implementar, previo dictado del nivel reglamentario del Marco Normativo que nos ocupa, todos los temas de índole sanitaria y energética que conforman la compleja problemática de la protección de los electrodependientes.

f) El Registro de Pacientes Electrodependientes (artículo 6°)

Este es un tema fundamental por varias razones:

1. Un registro permite determinar el universo alcanzado por los derechos reconocido por las normas y genera un dato cuanti y cualitativo que permite luego el diseño de políticas públicas para optimizar las acciones de las autoridades públicas, para atender la problemática de marras. Esta información debe ser periódicamente actualizada, a fin de operar con información actual y real que evite distorsiones o abusos en el funcionamiento del sistema.

2. La incorporación al Registro facilita a posteriori las presentaciones que deban hacerse tanto ante la distribuidora de energía eléctrica, como ante el Ente Regulador, a fin de acceder a los beneficios regulados en la ley 1813.

Respecto de todo ello, se prevé la creación en el ámbito provincial del «Registro de Pacientes Electrodependiente por Cuestiones de Salud», el cual no «invalida los registros especiales para pacientes electrodependientes por cuestiones de salud constituidos con antelación a la fecha de sanción de la presente Ley». (20)

Como mencionáramos supra, la autoridad de aplicación deberá remitir anualmente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) una actualización del Registro antes mencionado, la cual por lógica debe incluir los ingresos, egresos y renovaciones producidas en la composición de los integrantes de dicho Registro.

Es sumamente importante que la reglamentación establezca procedimientos administrativos sencillos, comprensibles y de fácil cumplimentación por parte de los usuarios, y que las autoridades competentes provean la infraestructura y los recursos necesarios para la eficiente gestión del mismo.Si la gestión para inscribirse en el Registro se ve demorada más allá de lo razonable, se verá seriamente afectada la salud del paciente electrodependiente y la economía de su familia, ya que no podrán acceder a los beneficios otorgados por la norma comentada. Es un punto que debe tenerse en cuenta especialmente a futuro. (21)

g) Interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica (art. 7° )

Cabe aquí formular algunas consideraciones de utilidad:

1. Es fundamental la importancia que reviste la continuidad permanente del servicio para el electrodependiente, quien puede verse severamente afectado por los cortes de servicio. Por ser un servicio público, la continuidad reviste el carácter de esencial para cualquier usuario del servicio, lo que se halla tutelado bajo la consideración del derecho a que dicho servicio sea brindado con calidad y eficiencia por el prestador al usuario (cf. artículo 42 de la Constitución Nacional).

Por ello, dentro de la consideración de la continuidad y no interrupción del servicio, no debe perderse de vista la obligación de las Distribuidoras de cumplir con ello y también el deber estatal del Ente Regulador de fiscalizar y sancionar los desvíos respecto del nivel de calidad vinculado con la permanente prestación del servicio en cuestión.

En ese orden de ideas, cabe recordar que se define como calidad de servicio al conjunto de normas que especifican la calidad de la energía eléctrica a suministrar (producto) y del servicio a prestar, desde el punto de vista técnico y comercial.

A su vez, la calidad del servicio técnico prestado tiene en cuenta la frecuencia y duración de las interrupciones en el suministro, debiendo ser los límites de lo que se considera un servicio prestado satisfactoriamente, en el contrato de concesión del servicio de distribución, lo que implica determinara el nivel de tolerancia de la duración y la frecuencia de los cortes, superados los cuales se aplicarán las reglamentaciones atinentes a las penalidades por incumplimiento establecidas en el contrato.

La calidad de servicio técnico,específicamente, se vincula con la interrupción de la prestación del suministro, debiendo ser evaluada en base a los siguientes indicadores:

a) Frecuencia de interrupciones (cantidad de veces en un período determinado que se interrumpe el suministro a un usuario) y

b) Duración total de la interrupción (tiempo total sin suministro en un período determinado).

En función de todo ello, aparece como primordial la previsión del artículo 2° de la ley nacional 27.351, cuando establece que «El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente», lo cual habla a las claras de la importancia de la continuidad y calidad del servicio eléctrico para todos los usuarios, pero más aún para los pacientes electrodependientes, por su condición vulnerable.

2. Asimismo, debe tenerse en cuenta que una interrupción del servicio eléctrico es un evento durante el cual el voltaje, en el punto de conexión del cliente, cae a cero y no retorna a sus valores normales automáticamente. De acuerdo a su origen, las interrupciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: Interrupciones Programadas e Interrupciones Imprevistas.

Las «interrupciones programadas» son aquellas que se avisan con la suficiente anticipación a los clientes y al Ente Regulador, de así corresponder. Se deben por lo general al mantenimiento de la infraestructura de distribución eléctrica y a la realización de obras de ampliación y mejora de instalaciones.

Están claramente definidas y regladas en todos sus aspectos en los marcos regulatorios del servicio.

Las «interrupciones imprevistas» son todas las que no se contemplan en el concepto anterior.En general, versan sobre fallas y cortes e interrupciones intempestivas e inesperadas del servicio al usuario domiciliario (en este caso, categorizado como residencial).

La distinción obedece a los diversos efectos que, a los fines registrales y sancionatorios que puede tener la diferente naturaleza de la interrupción, ya que la programada es comunicada con anterioridad y obedece a necesidades naturales de la operación del servicio, como lo es el mantenimiento y modernización de la infraestructura.

Es bajo estas consideraciones puede apreciarse la importancia del artículo 7° de la ley 1813 que, bajo la consideración implícita del derecho a un suministro continuo del servicio, (22) prevé la obligación de la empresa prestadora de notificar a quienes se encuentren en el Registro de pacientes electrodependientes por cuestiones de salud, de toda interrupción programada del servicio, con una antelación de 48 (cuarenta y ocho) horas, a fin de que se tomen los recaudos pertinentes.

Es una prescripción de gran importancia, no sólo por su contenido, sino porque la misma no ha tenido el tratamiento antedicho en la ley 27.351, siendo en el orden provincial una expresa obligación que impone con razonabilidad el texto legal.

3. Ahora bien, se entiende que la finalidad del aviso anticipado es para que el usuario titular del servicio pueda prever el funcionamiento durante el corte del sistema de alimentación ininterrumpida, a fin de no discontinuar el funcionamiento del equipo médico que asiste al electrodependiente (cf. art.8° de la ley 1813).

Ello implica que resulta necesario que lo antes posible se reglamente la ley 1813 y, además, que se ponga en marcha la gestión del Registro de Electrodependientes, estableciéndose los procedimientos que permitan la provisión de dichos servicios de alimentación eléctrica a los usuarios, de modo que ante una circunstancia como la señalada, ningún paciente quede expuesto a las consecuencias de sufrir una interrupción del servicio y a la falta de funcionamiento de sistemas alternativos, con el consiguiente peligro para su vida y su salud.

h) Sistemas de Alimentación Eléctrica alternativos (artículo 8°)

Es muy importante lo dispuesto en este artículo, ya que se regula el derecho del paciente a acceder a una fuente alternativa de energía que le permitiría superar aquellas circunstancias en donde se produzca una interrupción imprevista del servicio de suministro, sin ver afectado el funcionamiento del equipamiento especial del que debe de hacer uso, y salvaguardar de este modo su salud.

Puntualmente, estipula dicho artículo que «la Concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad en el departamento de la Provincia en el que se encuentre ubicado el suministro del paciente electrodependiente por cuestiones de salud, deberá proceder, previa solicitud expresa del paciente, a la entrega en comodato y por el tiempo que sea requerido en el diagnóstico, de un sistema de alimentación ininterrumpida, que deberá permitir la alimentación del equipamiento médico declarado por un tiempo mínimo de cinco (5) horas continuas sin suministro de energía eléctrica desde la red de distribución»

Veamos cómo se ha estructurado el alcance de los derechos de los electrodependientes en función del eventual acaecimiento de un corte imprevisto o no programado, a fin de superar la situación:

1. La obligación que se impone a fin de garantizar el acceso a un suministro eléctrico continuo (cf. art.2°) (23) se extiende a todas las Distribuidoras que presten el servicio público en cuestión en todos los Departamentos de la provincia de San Juan, lo cual resulta lógico ya que quienes son alcanzados como beneficiarios de la norma, son los pacientes electrodependientes con domicilio en el ámbito de la provincia, y en un Departamento dado de la misma.

2. La referida obligación debe cumplimentarse ante la previa «solicitud expresa» del paciente.

Cabe señalar que el artículo 8° se basa en los lineamientos de lo que se ha previsto a su vez en el artículo 6° de la ley nacional 27.351, la cual también establece la necesidad de una previa solicitud de un equipo de alimentación alternativo o grupo electrógeno, para poner en marcha el procedimiento de entrega del mismo a todos aquellos que se encuentren habilitados a recibirlo, conforme lo que disponga oportunamente la reglamentación. (24)

3. La entrega de las fuentes alternativas de energía se canalizará a través del contrato de comodato y por el tiempo que sea requerido en el diagnóstico, lo cual se condice con lo reglamentado al respecto en la reglamentación pertinente (25) en el orden nacional.

4. No obstante, la redacción del artículo 8° nos genera dos dudas a futuro:

4.1. Si bien no hay duda de que el paciente accede a un grupo electrógeno o fuente alternativa «sin cargo», la ley 27.351 (art. 6°) agrega expresamente que dicha gratuidad incluye los «costos de funcionamiento asociados».

En cambio, nada dice al respecto el art. 8° de la ley 1813. Sin perjuicio de que la reglamentación clarifique en el futuro la cuestión, debe tenerse en cuenta dicho aspecto, ya que no es una cuestión menor.A nuestro humilde juicio, la obligación no se agota con la mera provisión, sino que los costos de funcionamiento asociados incluyen la enseñanza del uso del mismo, su mantenimiento y la provisión de repuestos e insumos, a fin de que se encuentre permanentemente el equipo en debidas condiciones de funcionamiento. En caso de ser ello necesario, también ante la solicitud en tal sentido y comprobación de los extremos alegados, se deberá proceder al reemplazo y provisión de un nuevo equipo, ante fallas acreditadas del equipo reemplazado.

4.2. El artículo 8° brinda un estándar de índole técnica acerca del alcance del funcionamiento del «sistema de alimentación ininterrumpida» a proporcionar al usuario que así lo ha solicitado.

En tal sentido, el mismo «debe permitir la alimentación del equipamiento médico declarado por un tiempo mínimo de cinco (5) horas continuas sin suministro de energía eléctrica desde la red de distribución».

Humildemente, consideramos que esta especificación, es más propia de un texto reglamentario, no debía ser incluida en el texto legal, ya que, si bien persigue establecer un piso o un mínimo de idoneidad o calidad para la fuente alternativa, la diversidad de aparatos puede tornar necesario modificar este aspecto técnico en el futuro en función de los progresos de la tecnología. De todos modos, más allá del margen de autonomía que posea la fuente, siempre se propende a que la misma se encuentre siempre debidamente mantenida y con todos los insumos necesarios para su funcionamiento, ya que el objetivo es su funcionamiento durante toda la duración de la interrupción no programada del servicio.

De ese modo, se pone a resguardo verdadero la salud y la vida del paciente electrodependiente. El estándar establecido puede dar lugar a alguna interpretación disvaliosa, amparándose en el cumplimiento de una aptitud requerida del sistema que no es un techo, sino un piso.(26)

Esperamos que la reglamentación aclare esta cuestión, a fin de facilitar el funcionamiento del sistema y la provisión de los sistemas alternativos.

i) Obligaciones del Ente Regulador (artículo 9°)

El mismo establece como expresas obligaciones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.), garantizar la aplicación del tratamiento tarifario especial, así como las condiciones a cumplir en el comodato del sistema de alimentación ininterrumpida.

Ello se relaciona con las previsiones de los artículos subsiguientes (10 y 11), vinculados a la mejor atención del funcionamiento del sistema y la difusión de la temática en la sociedad.

Obviamente lo previsto en el articulado es correcto y se corresponde con las disposiciones contenidas en la ley 524-A (27), pero creemos que el alcance de las funciones de tutela del usuario y contralor de las empresas distribuidoras, en relación con el marco regulatorio eléctrico en general y con la materia especifica bajo trato, es mucho mayor.

De la lectura del texto legal surge a modo indicativo que:

– la política provincial en materia de distribución eléctrica tiene el objetivo de «Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios» debiendo el E.P.R.E. sujetar su accionar -entre otros- al objetivo enunci ados y deberá controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste al mismo (art. 2°, inciso a) y último párrafo).

– se considera distribuidor a quien, siendo titular de la concesión del servicio de distribución, es responsable de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en forma independiente, o que, teniendo la facultad, soliciten ser abastecidos por el distribuidor (art. 12).

– los distribuidores deben establecer durante las veinticuatro horas del día un servicio de información, atención y asesoramiento a los usuarios (art.17, inciso b).

– también deben informar a los usuarios con la anticipación indicada en el reglamento dictado al efecto, «sobre cortes o restricciones programados en el servicio de energía eléctrica» y también deben informar al E.P.R.E., con la periodicidad que éste determine, sobre los parámetros de calidad del servicio que prestan (art. 17, incisos e) y f ).

– es la función principal del E.P.R.E. hacer cumplir el Marco Regulatorio vigente, su reglamentación y disposiciones complementarias, controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión (art. 53, inciso a).

– asimismo, debe organizar y aplicar los regímenes para la resolución de controversias que estime conveniente (art. 53, inc. i ).

– debe reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación a disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio del debido proceso y aplicarlas, de corresponder (art. 53, incs. l) y ñ).

– los usuarios tienen derecho a recibir un suministro de energía continuo, regular, uniforme y general que cumpla con las metas y niveles mínimos de calidad que determine el E.P.R.E., a través de los respectivos contratos de concesión otorgados a los concesionarios de servicios públicos de electricidad (art. 68, inc. a ).

– también deben poder efectuar reclamos ante las empresas, referidos a deficiencias en la prestación del servicio y/o a errores en la facturación que recibe, debiéndoseles brindar a los mismos un trámite diligente y responsable, dándole adecuada respuesta en los plazos y modalidades que se estipulen en el régimen de suministro (art. 68, inc. d).

– los usuarios también tienen el derecho de efectuar sus reclamos ante el E.P.R.E., cuando entiendan que los mismos no hayan sido evacuados en tiempo y forma por los concesionarios de servicios públicos de electricidad, o cuando interpreten que no han sido debidamente tenidos en cuenta sus derechos (art. 68, inc.e).

Como puede apreciarse, las tareas a cargo del ente regulador conforme a la ley 523-A ostentan desde lo cuali y cuantitativo una magnitud muy importante, que no se circunscribe solamente a lo dispuesto por el art. 9° de la ley 1813.

Partiendo de la base de que el Registro de Electrodependientes será gestionado de modo eficiente por el Ministerio de Salud, es tarea del E.P.R.E. controlar la calidad del servicio técnico del suministro; la cantidad y duración de las interrupciones del servicio producidas por las distribuidoras; el adecuado ejercicio de su poder sancionatorio; auditar de manera permanente que la bonificación dispuesta en el artículo 1° de la ley 1813 se aplique efectivamente para aquellos usuarios que, inscriptos en el registro, la soliciten ante la distribuidora; el otorgamiento de la fuente alternativa de energía (cf. art. 8°) y la determinación de los derechos y deberes de las partes, entre otros aspectos.

Un aspecto contemplado en general en la ley 524-A y que no ha sido receptado específicamente por la ley 1813 es la obligación de habilitar por parte de la empresa distribuidora, de una línea telefónica especial gratuita de atención personalizada, destinada exclusivamente a la atención de los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud disponible las 24 horas incluyendo días inhábiles. (28)

El funcionamiento de dicha línea debe ser objeto de auditoría permanente por parte de la autoridad pública, a fin de controlar su gestión e implementación, y analizar el nivel de satisfacción en solucionar los diversos planteos esgrimidos por los usuarios al utilizar este modo de comunicación con la empresa distribuidora.

j) Denuncias (art. 10).

La norma dispone al respecto que «Los pacientes electrodependientes por cuestiones de salud podrán denunciar en el Centro Integral de Seguridad y Emergencias de la Provincia de San Juan los cortes no programados en el servicio eléctrico, coordinando el E.P.R.E.la reglamentación para la efectiva derivación y atención de los reclamos de los pacientes electrodependientes por cuestiones de salud».

Ya hemos visto en el punto anterior que la ley 524-A establece el derecho de los usuarios a efectuar sus reclamos no sólo ante las empresas distribuidoras, sino también ante el Ente Regulador competente (art. 68, incisos d) y e).

Por ello, y tomando también en cuenta la dinámica que se da alrededor de la cuestión en el marco normativo nacional eléctrico y específico de los electrodependientes, consideramos que, sin dejar de tomar en cuenta características locales de funcionamiento de las estructuras gubernamentales, si bien el Centro Integral de Seguridad y Emergencias de la Provincia de San Juan (29) puede recepcionar como vía alternativa los reclamos por cortes no programados en el servicio eléctrico, de parte de los pacientes electrodependientes por cuestiones de salud, lo más aconsejable es la posibilidad directa de reclamar ante las distribuidoras, y ante la falta o demora en la respuesta, acudir al Ente Regulador, quien se comunicará con aquellas, para tomar dimensión de la magnitud y localización de los cortes de energía, y cuáles son los usuarios electrodependientes afectados, para arbitrar los medios que permitan superar lo antes posible la situación.

Ante una interrupción no programada del servicio, comienza a existir el riesgo o posibilidad de afectación de la salud o la vida del colectivo involucrado. Por ello, la comunicación debe ser lo más inmediata y directa posible, para llegar cuanto antes a la superación de las anomalías producidas.

En general, el tema es tratado vía reglamentación, definiendo el procedimiento especial de reclamo ante los actores involucrados (distribuidoras y ente regulador) a fin de evitar burocracia y arribar a la solución perseguida.

En el orden nacional, la resolución 112/2018-ENRE (B.O. 18/04/2018) aprueba el procedimiento de notificación y seguimiento de reclamos para cortes de suministro de energía eléctrica de los usuarios electrodependientes de las Empresas EDENOR S.A.y EDESUR S.A., que se encuentren incorporados en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) creado por el entonces Ministerio de Salud, el cual como Anexo forma parte integrante de esta resolución. (31)

Concomitantemente las empresas alcanzadas por la medida, deberán determinar y mantener los números telefónicos especiales y directos para la atención de los usuarios electrodependientes y proveer la atención prioritaria en el restablecimiento de esos suministros.

Esperemos que la reglamentación de la ley 1813 apunte a establecer un sistema similar al descripto en eficacia de gestión y rapidez de respuesta, a fin de restablecer a la brevedad el servicio o gestionar los mecanismos que permitan superar las situaciones de gravedad, manteniendo en todo momento la información actualizada y certificada por bases corroborables.

k) Difusión y Concientización (artículo 11)

Reproduciendo los términos del artículo 10 de la ley nacional, aquí la ley 1813 estipula que «La autoridad de aplicación desarrollará campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de los pacientes Electrodependientes por cuestiones de salud. En el marco de la campaña se deberá contemplar que las facturas por los servicios de provisión de energía eléctrica de las empresas distribuidoras contengan la leyenda acorde a los fines de la presente Ley».

Esta disposición es sumamente importante por dos motivos:

– al difundir y educar acerca del alcance de los derechos que le asisten a los pacientes electrodependientes, posibilita que los mismos exijan su cumplimiento, encontrándose más cerca de una tutela verdadera y real. Esto es fruto del empoderamiento que se alcanza en dicho colectivo, ya que resulta fundamental saber cuáles son las tutelas especiales a las que se tiene acceso, atento una condición tan delicada.

Cabe resaltar que lo dicho es un deber indelegable e irrenunciable del Estado, que debe cumplirse a través de la gestión de la autoridad de aplicación.Si bien es encomiable la labor de difusión que realizan las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, sin medios y con mucho sacrificio, ello no es lo que el legislador ha perseguido al establecer este mandato en la ley.

Sin dejar de merituar la labor de la sociedad civil, es el propio Estado quien debe asumir dicha tarea informativa y de difusión, a fin de lograr las metas propuestas.

– la difusión también concientiza al resto de la sociedad, acerca de la naturaleza de esta problemática, haciéndola más solidaria y receptiva a la temática específica que nos ocupa. Ello fortalece el tejido social, facilita la labor del Tercer Sector a través de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y del voluntariado, entre otras consecuencias.

l) Recursos del Fondo Provincial de Energía Eléctrica (artículo 12).

Por último, la ley hace mención aquí a un tema fundamental, como lo es la provisión y determinación de los fondos que solventarán el sistema estructura a través de la norma con el fin de tutelar los beneficios que reconoce la misma en favor de los electrodependientes.

En este sentido, el artículo 11 de la ley 27.351 preceptúa que será el Poder Ejecutivo el que «asignará las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de sus fines», refi riéndose a los objetivos trazados en la ley.Pero no da mayores precisiones al respecto.

Consideramos auspicioso que el artículo 12 de la ley local prevea que será «el Fondo Provincial de Energía Eléctrica – Ley N° 524-A» (31), el que asigne los recursos necesarios para la bonificación dispuesta en las facturaciones, así como para la adquisición y mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida.

Por una parte, se especifica concretamente el origen de los fondos y, por la otra, el destino de los mismos (bonificación de las factura y adquisición y mantenimiento de los sistemas de alimentación alternativa a ser usados ante cortes o interrupciones del suministro de energía eléctrica).

En este sentido, consideramos a la normativa de la ley 1813 en este tema, en aras de la transparencia de la gestión pública y de la eficiencia en el manejo de los recursos presupuestarios, como superadora de la previsión referida al respecto por la ley 27.351.

III. CONCLUSIONES.- Celebramos no sólo la sanción de la ley 27.351 y la posterior conformación de un plexo de normas que en la actualidad nos permiten afirmar la existencia de un marco normativo de protección de los electrodependientes a nivel legal y reglamentario, sino que ello haya generado la creación de normas locales de adhesión o de regulación autónoma con referencia a la ley nacional, que han posibilitado la tutela de este colectivo hipervulnerable en todo el territorio de la Nación.

– Tanto en lo que concierne a la definición del paciente electrodependiente como al alcance y estructura de un Régimen Especial Tarifario para el mismo, la regulación legal persigue los fines tuitivos que el marco regulatorio nacional ha fijado para la temática, lo que fortalece los ejes basales del sistema de protección.

– Facilita la operatividad del sistema establecido y la conformación de los mecanismos necesarios para poner en práctica las cuestiones programáticas de la ley, la concreta designación de un Departamento de Estado como Autoridad de Aplicación en el propio texto de la ley.

– Resulta fundamental, además de la creación del Registro de Electrodependientes, la implementación de procedimientos y de una gestión que facilite el registro de los solicitantes, a fin de que puedan acceder a los beneficios del sistema, a través una labor ágil, rápida y eficiente en la materia.

– Creemos que es una valiosa novedad de la ley, la consignación expresa de la obligación de las prestadoras del servicio de notificar con una debida antelación, las interrupciones programas que pudieran suscitarse en la prestación del servicio de suministro eléctrico.

Dicha circunstancia pone de manifiesto la necesidad de una pronta reglamentación de la ley y de la implementación del mecanismo de provisión al electrodependiente de una fuente alternativa de energía para afrontar circunstancias de dicha naturaleza.

– El E.P.R.E., en su carácter de ente regulador, debe cumplimentar respecto del tema sub examine, no sólo las obligaciones contenidas en la ley 1813, sinotambién las especificadas en la ley 524-A (Marco Regulatorio Eléctrico), a fin de velar por la efectiva vigencia de los derechos del usuario.

– La reglamentación deberá prever la existencia de una línea de atención especial y de funcionamiento permanente, para la atención de los usuarios electrodependientes, a los fines de solucionar cualquier dificultad vinculada con la prestación o interrupción del servicio, cuestiones vinculadas con la fuente alternativa de energía, facturaciones erróneas, etc.

También deberá establecerse un procedimiento especial de reclamo ante inconvenientes en el servicio, especialmente respecto de todo lo vinculado con las interrupciones no programas del servicio de distribución eléctrica.

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(1) LEG94936. Sancionada el 26/04/2017, Promulgada el 17/05/2017 y publicada en B.O. del 17/05/2017.

(2) Ampliar en SUÁREZ, ENRIQUE L.: Un desafío de nuestro tiempo: la temática de los electrodependientes, artículo publicado en la Revista «Enfoques sobre Salud, Bioética y Derecho», María Cristina Cortesi (directora), Volumen 1 (marzo), pp. 87-124, Editorial Visión Jurídica, Buenos Aires, 2017; SUÁREZ, ENRIQUE L.: Marco normativo actual de los electrodependientes, artículo publicado en la Revista «Enfoques sobre Salud, Bioética y Derecho», María Cristina Cortesi (directora), Volumen 3 (noviembre), pp. 139-162, Editorial Visión Jurídica, Buenos Aires, 2017 y PACEVICIUS, IVÁN VLADIMIR Y SUÁREZ, ENRIQUE LUIS, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO USUARIOS HIPERVULNERABLES: LA SITUACIÓN DE LOS ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD, en Consumidores Hipervulnerables, Barocelli, Sebastián (director), pp. 82-94, Editorial El Derecho, Buenos Aires, 2018.

(3) Ver las leyes 9023 (provincia de Tucumán), ley 5211 (Río Negro), ley XIX-66/2017 (Misiones) y ley III-0972/2017 (San Luis), entre otras.

(4) PACEVICIUS Y SUÁREZ, op. cit., pp. 98-102.

(5) La parte pertinente de texto de la Constitución Provincial señala al respecto:

«Remisión.

Artículo 168:Cuando un proyecto de ley es sancionado por la Cámara de Diputados, ésta lo remite dentro de los cinco días al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y publique. El Poder ejecutivo puede vetar dicho proyecto, si la clase del mismo lo permite según esta Constitución.

Este veto puede ser total o parcial y debe ser hecho dentro del término de diez días.

Veto Total o Parcial.

Artículo 169: Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara y si ésta insistiese en su sanción, con dos tercios de votos de los presentes, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse el proyecto en las sesiones del mismo año. Vetada en parte la ley por el Poder Ejecutivo, éste sólo podrá promulgar la parte no vetada, si ella tuviera autonomía normativa y no afectare la unidad del proyecto, previa decisión favorable en tal sentido por parte de la Cámara de Diputados.

Promulgación Tácita.

Artículo 170: Las leyes sancionadas, comunicadas al Poder Ejecutivo dentro de los últimos diez días de clausurada la Cámara, sólo se entenderán vetadas enviando a la Secretaría de la misma el mensaje del caso, sin cuyo requisito se las tendrá por promulgadas.»

(6) Cabe señalar que, según se desprende de los términos vertidos en la intervención de los Diputados Nelson Campero y Graciela Seva, si bien la ley (entonces proyecto) que nos ocupa «no es una simple adhesión a la ley 27.351, a pesar de que ella invitaba a adherirse a las provincias», es indudable que «la ley, en un gesto muy sencillo, muy pequeño, quiere colaborar, si se quiere, un poquito, con esta situación de nuestros semejantes», tutelando con el mismo espíritu que la normativa nacional, la situación de los electrodependientes.

Ver H.Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, 9ª Sesión Ordinaria, Reunión N° 48 del 6 de septiembre de 2018, Versión Taquigráfica, pp. 44-49.

(7) Hemos postulado frente a ciertas críticas referidas a la gratuidad del servicio que, para evitar inequidades o abusos, puede preverse por vía de reglamentación, la toma de ciertos recaudos, como la elaboración de un informe socioeconómico y ambiental que acredite que el usuario y su grupo familiar se encuentran en situación de vulnerabilidad social, debiendo ser primordial en el análisis la situación de electrodependencia y luego otros indicadores como la situación económica, habitacional, etc.

A título de ejemplo, así lo prevé el artículo 3° de la reglamentación de la ley 2904 de la provincia de La Pampa, aprobada por decreto 2566/16.

Ver PACEVICIUS Y SUÁREZ, op. cit., pp. 111-112.

(8) Ello incluye tanto los conceptos tarifarios propios de la prestación del servicio (abono, cargo fijo o variable, cargos específicos, etc.) como los correspondientes a los tributos que se abonan en consecuencia, como carga impositiva asociada al suministro eléctrico.

(9) Es dable señalar que la ya aludida Diputada Seva manifiesta expresamente que «más allá de la legislación y de normas vigentes para el momento que trabajamos el Proyecto, también atendimos y hoy seguimos tratando de buscar una solución a las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, principalmente en esta inescrupulosa suba de tarifas eléctricas, recorte de subsidios y bajas a los planes sociales; de fundamentalmente la pérdida del poder adquisitivo del salario y analizando como impactaban estas políticas, en lo que tenía que ver con las economías domésticas y atendiendo a este grupo de personas que necesitaban la ayuda y protección, porque en ese momento que presentamos el Proyecto y hoy siguen teniendo una situación de máxima vulnerabilidad.».

Ver Diario de Sesiones citado, intervención de la Diputada Seva, p.46.

(10) En el debate parlamentario, el Diputado Campero señala algunos ejemplos concretos que dan pie a la construcción de la noción de electrodependiente (la importancia de la tecnología en terapias intensivas neonatales que, siendo prematuros, requieren luego un sostenimiento de las características apuntadas; secuelas de enfermedades vasculares, cardíacas, que en su máxima expresión obligan a la postración; casos de EPOC, etc., que pueden requerir, ante precarios cuadros de salud, tecnología de sostén como respiradores, equipos portátiles de oxigenación, elementos de oxigenación continua, monitores de presión, frecuencia cardíaca y sensores en sangre, entre otros supuestos).

Ver Diario de Sesiones citado, intervención del Diputado Campero, p. 45.

(11) La debida identificación del medidor es a los efectos de que, al tomarse nota del estado del mismo en cuanto al consumo, también se registre que el mismo se encuentra comprendido dentro del régimen de la ley 1813, a efectos de que, al momento de confeccionar las sucesivas facturas del servicio , las mismas se vean alcanzadas por la bonificación prevista como beneficio en el art. 1° de la misma.

(12) Como veremos infra, la ley 1813 no ha consagrado expresamente la garantía de la prestación permanente del servicio, como lo hace la ley nacional en su artículo, si bien ello se infiere implícitamente de la interpretación de otros artículos de la norma local.

(13) Ver LORENZETTI, RICARDO L. (director): Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo I, pp. 347-350, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2014.

(14) Ver Anuario 2017 (enero 2017 – mayo 2018) del Ente Provincial Regulador De La Electricidad San Juan (E.P.R.E.), p.29 (http://www.E.P.R.E.sj.gov.ar/Anuario/capitulos/Anuario%202017.pdf).

(15) Ver http://www.energiasanjuan.com.ar/index.php?ver=encuadre.

(16) Nos parece importante aclarar dicha circunstancia, porque la sumatoria de ambos factores, unidos a la posibilidad de configurar los parámetros de categorización tarifaria en el futuro de otra manera, pueden quizás llegar a generar situaciones donde la tarifa eléctrica que es bonificada en un 100%, se genere por un consumo razonable que responde al uso residencial, pero que, a la luz de futuras modificaciones en dichos parámetros, ya no sea considerada dicha demanda como tal.

En ese sentido, nos parece más adecuado el criterio adoptado por la ley 27.351 que se refiere al «domicilio» del electrodependiente y su familia, sin hacer alusión a la necesidad impuesta por la ley de que, a su vez, se encuadre dentro de un uso residencial a los fines tarifarios.

(17) Dicho artículo sólo dispone que «El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley», sin identificarla.

(18) https://infraestructura.sanjuan.gob.ar.

(19) http://www.epresj.gov.ar.

(20) Aquí se sigue en términos generales, lo dispuesto por los artículos 8° y 9° de la ley 27.351.

En general, y previo al dictado de leyes referidas al régimen jurídico aplicable a los pacientes electrodependientes por cuestiones de salud, en el plano nacional y en diversos marcos regulatorios eléctricos provinciales, las respectivas empresas concesionarias del servicio de distribución de energía, a los fines de la inclusión de los pacientes electrodependientes en los regímenes de Tarifa Social vigentes, crearon y organizaron registros en el seno de cada empresa a dichos fines.

Obviamente, a los fines de una transición ordenada desde los regímenes vigentes con anterioridad a la sanción de leyes como la que nos ocupa, hacia las disposiciones de las nuevas normativas legales sobre el tema, se ha dispuesto por lo general el mantenimiento de la vigencia de los registros implementados en las empresas,hasta tanto se determinen los mecanismos de inscripción en el nuevo registro creado por la ley, y se comience la gestión del mismo.

Con respecto al Régimen Tarifario y los efectos de las modificaciones dispuestas por las leyes concernientes a los Electrodependientes, por lo general la normativa reglamentaria ha dispuesto cuando cesa el beneficio de la Tarifa Social y comienza a regir la bonificación o el «tratamiento tarifario especial gratuito» (cf. art. 3° de la ley 27.351), debiendo siempre estar el paciente inscripto en el nuevo registro creado en la nueva normativa o en su reglamentación, según se disponga en cada jurisdicción.

En el plano nacional, sobre lo señalado pueden consultarse sobre Electrodependientes, Tarifa Social y Registros de las Distribuidoras, las resoluciones 6/2016 y 7/2016, ambas del entonces Ministerio de Energía y Minería, siendo la última modificada por su similar 219-E/2016-MEyM, y las resoluciones ENRE 63/17 y 64/17.

Con respecto a la puesta en funcionamiento del nuevo Registro a cargo del entonces Ministerio de Salud y la creación del procedimiento administrativo especial para inscripción en el mismo, pueden verse el decreto 740/2017 y la Resolución 1538-E/2017-MS.

(21) En muchos casos, el beneficio del Régimen Tarifario especial resulta fundamental ante la cuantía del gasto por el servicio de suministro eléctrico, atento el nivel de demanda requerido para el funcionamiento constante de los equipos y aparatos requeridos, y ello tiene una consecuente incidencia en el presupuesto familiar, que torna por demás difícil la de por sí angustiante situación que deben afrontar en general, los electrodependientes y sus familias.

(22) Creemos que la previsión expresa del aludido art. 2° de la ley 27.351 respecto de dicho derecho, se puede considerar que está contemplada en la ley local (consagrando de ese modo el derecho de marras) a través de:a) la consideración vertida en la definición de paciente electrodependiente, cuando se indica que la infraestructura de atención requerida debe contar con provisión de energía eléctrica de forma ininterrumpida; b) la regulación de las interrupciones programas (art. 7°) y c) la obligación de la Distribuidora de proporcionar al paciente un sistema de alimentación que permita el funcionamiento del equipamiento médico que utiliza el mismo, y ha sido prescripto y declarado en el Registro pertinente, todo ello conforme al art. 8° de la ley 1813.

Pueden agregarse de modo más amplio, las obligaciones a cargo del Ente Regulador en función del Marco Regulatorio Eléctrico estructurado sobre la base de la ley 524-A y la posibilidad de denuncia del usuario regimentada en el art. 10 de la ley 1813 ante cortes no programados, a fin de superar el imprevisto y evitar que se generen consecuencias negativas a partir de los mismos.

Una interpretación armónica y conjugada de todas estas disposiciones, indudablemente arroja como resultado que el usuario en general y el paciente electrodependiente en particular, gozan del derecho a un suministro de energía continuo, atento el carácter de servicio público del mismo, enfatizado en este caso por los bienes tutelados que podrían afectarse ante el incumplimiento de dicho aspecto de la prestación de distribución eléctrica en ese sentido.

(23) Ver consideraciones de nota 22.

(24) Puede verse en tal sentido la reglamentación vigente en el orden nacional (Resolución 544/2017-ENRE).

(25) Decreto 740/2017 , Resoluciones 1538/2017-MS y 544/2017-ENRE.

(26) Nótese que ni la ley 27.351, ni la reglamentación subsiguiente (resolución 544/2017-ENRE), establecen ninguna disposición respecto de la duración del suministro eléctrico que debe brindar la Fuente Alternativa, ya que se parte de la base de que el usuario tiene derecho al «servicio eléctrico en forma permanente».

Sancionada el 27/11/95, promulgada el 29/11/95 y publicada en el B.O.16/03/2015 (texto consolidado).

(28) Dicha temática ha sido prevista por la ley nacional 27.351 en su artículo 7° y por la resolución 544/17-ENRE, art. 7° y en el Anexo I de la misma, ítem Obligaciones de la empresa y de los usuarios, inciso 16.

La citada línea telefónica debe atenderá cualquier consulta, inquietud, requisitoria, aviso de corte, reclamo, o dificultad vinculada con una Fuente Alternativa de Energía, si se le hubiera efectivamente suministrado al usuario.

(29) El Centro Integral coordina en el ámbito del Ministerio de Gobierno local, los datos que aportan los recursos de videovigilancia, los registros de llamadas al 911 y la actuación del Poder Judicial, con el fin de combatir la inseguridad y prevenir el delito. Ello permite actuar rápidamente en caso de disturbios, contravenciones, emergencias médicas, accidentes, y eventos sospechosos.

Se trata de un sistema de vídeo vigilancia conectado a través de una red de fibra óptima de alta velocidad, con capacidad para integrar múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo.

De allí su importancia como recurso auxiliar para facilitar el reporte de irregularidades en la prestación del servicio de suministro eléctrico y la eventual coordinación de recursos disponibles para el traslado del electrodependiente a un hospital, móvil idóneo mediante, en el caso de agravamiento de su salud con motivo del período transcurrido sin abastecimiento suficiente de energía.

(30) La resolución 112/18-ENRE prevé que las distribuidoras cuentan con sistemas que permiten detectar que un corte de suministro de energía eléctrica afecta un aérea que involucra a un Usuario electrodependiente.

La resolución menciona el sistema CERTA, que es un conjunto de sistemas técnicos para las áreas de Ingeniería, Operaciones y Calidad de empresas Distribuidoras Eléctricas, con características que permiten atender aquellos casos que tienen presión por tener una muy alta calidad de datos o donde la integración consistente de los datos es una prioridad.

Los módulos de la Plataforma permiten visualizarno sólo el estado de la red de distribución, sino monitorear y atender los reclamos ingresados.

Asimismo, se producen reportes e informes de toda la información gestionada, incluyendo los reportes a los organismos reguladores, asegurando la total consistencia de los mismos.

Ampliar en la página web de CERTA (http://4datalink.com/index.html#ini).

(31) El Fondo Provincial de Energía Eléctrica, creado por el artículo 80 de la ley 524-A, y que se integra con los montos provenientes de diversos fondos específicos (entre ellos, los montos correspondientes a la Provincia provenientes del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, previsto en el Artículo 70, de la Ley Nacional Nº 24065), se destina por el artículo 81 (entre otros ítems) a «realizar compensaciones tarifarias para paliar necesidades de carácter social» (art. 81, inciso b). El destino de este Fondo debe ser especificado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante acto administrativo expreso.

Cabe agregar que dichas compensaciones tarifarias se atenderán con la totalidad de los montos obtenidos de los importes correspondientes a la Provincia, provenientes del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarif as a Usuarios Finales (cf. art. 82 de la ley 524-A).

Finalmente, cabe agregar a título ilustrativo lo siguiente:

a) el artículo 30, inciso e) de la ley 15.336, modificado por el artículo 70 de su similar 24.065, crea el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, el cual se constituye por un determinado recargo sobre las tarifas que paguen los compradores del mercado mayorista, es decir las empresas distribuidoras y los grandes usuarios, como asimismo por los reembolsos más sus intereses de los préstamos que se hagan con los recursos del Fondo.

b) por el artículo 31, modificado por el art.70 de la ley 24.065, se prevé que el Fondo se será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles y se aplicará en un sesenta por ciento (60 %) para crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, que asignará anualmente el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo entre las jurisdicciones provinciales que hayan adherido a los principios tarifarios contenidos en esta ley.

(*) Abogado. Magíster en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca (Campus Madrid). Posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas, FLACSO (sede Argentina). Posgrado en Organizaciones de la Sociedad Civil, FLACSO (sede Argentina). Docente invitado de grado y posgrado, UBA y Universidad Maimónides. Autor de obras sobre temas de su especialidad.