La Suprema Corte de Justicia de Mendoza juzga inaplicable la indemnización adicional de pago único a los accidentes in itinere

Partes: Gaia Daniel Eduardo c/ Provincia ART S.A. s/ accidente (154104) s/ recurso extraordinario provincial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 15-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117346-AR | MJJ117346 | MJJ117346

Inaplicabilidad de la indemnización adicional de pago único previsto por el art. 3 de la Ley 26.773 pues el fallecimiento del trabajador acontecido cuando volvía de prestar servicios se considera un accidente in itinere.

Sumario:

1.-Corresponde revocarse parcialmente la sentencia en cuanto acogió el reclamo del pago único de compensación, pues la condición de procedencia establecida por el art. 3 de la Ley 26.773 ‘mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador’ no incluye al evento súbito y violento ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo, y a la inversa.

2.-Si el deceso del dependiente aconteció en momentos en que éste volvía de prestar servicios no se verifica un accidente en el cual el trabajador se encuentra ‘en el lugar de trabajo’ o fuera de él pero mientras está ‘a disposición del empleador’, que son los requisitos condicionantes de la norma del art. 3 de la Ley n.° 26.773 para la procedencia del pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado en las fórmulas de la Ley de Riesgos del Trabajo.

3.-La exclusión del cobro del adicional de pago único del 20% contemplado en el art. 3 de la Ley 26.773 para el caso de accidentes in itinere no resulta irrazonable ni discriminatorio, como tampoco violatorio del derecho de igualdad y de los principios de justicia social y progresividad; en cuanto pretende elevar el resarcimiento por cualquier otro daño (daño moral) a los trabajadores accidentados en situación de trabajo efectivo, lo que no implica discriminación alguna respecto de los que, en circunstancias diferentes, resulten víctimas de siniestros.

Fallo:

En Mendoza, al 15 de febrero de 2019, reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-03818654-4/1, caratulada: «PROVINCIA A.R.T. S.A. EN J° 154.104 «GAIA DANIEL EDUARDO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE» P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL».

De conformidad con lo decretado a fojas 58 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. MARIO DANIEL ADARO; segundo: DR. JOSÉ V. VALERIO; tercero: DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fojas 19/24 se presentó el Dr. César Augusto Vázquez, en representación de Provincia A.R.T. S.A. e interpuso recurso extraordinario provincial contra la sentencia dictada por la Cámara Séptima del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, a fojas 260 y sgtes. de los autos N° 154.104, caratulados: «Gaia, Daniel Eduardo c/ Provincia A.R.T. S.A. p/ accidente».

A fs. 40/41 se admitió formalmente el recurso extraordinario provincial, se ordenó la suspensión de los procedimientos principales limitada a lo que ha sido motivo de agravio y se corrió traslado a la contraria, quien contestó a fs. 44/50.

A fs. 53 y vta se agregó el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso, aconsejó la admisión formal del recurso interpuesto.

A fs. 58 se llamó al acuerdo para sentencia, y se dejó constancia del orden de estudio de la causa.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

I. En lo que aquí interesa, la sentencia recurrida admitió la demanda interpuesta por Daniel Eduardo Gaia contra Provincia A.R.T. S.A. en concepto de pago de las prestaciones dinerarias de los arts.12 y 14, inc. 2), ap. a) de la Ley 24.557 y arts. 3, 8 y 17 inc. 5) y 6) de la Ley 26.773 y art. 2 de la Resolución 22/14 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación con más intereses legales.

Para así decidir y en lo que es materia del presente recurso, dijo:

1. Corresponde tener por admitido tácitamente el accidente laboral «in itinere» denunciado, de conformidad con lo dispuesto por el art. 6 Decreto 717/96, arts. 22/23 Decreto 491/97 y art. 6, inc. 1) de la Ley 24.557.

2. Como consecuencia del mismo, el trabajador sufrió una incapacidad laboral del 32,52% de la total obrera en razón de padecer: fractura de muñeca izquierda operada con osteosíntesis y limitación funcional y, síndrome postconmocional grado II según pericia médica laboral adjunta a fs. 219/222 de los autos principales.

3. Al momento de realizar el cálculo indemnizatorio, adicionó la suma determinada en el artículo 3 de la ley 26.773 y aplicó la tasa de interés del Banco Nación para préstamos de libre destino a 36 meses de conformidad con lo determinado en el precedente «Cruz» de este Tribunal.

II. Contra dicho pronunciamiento el demandado interpone recurso extraordinario provincial con fundamento en el inciso g) del artículo 145 del Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de Mendoza.

Sostiene la incorrecta aplicación al caso del artículo 3 de la ley 26.773 para los casos de accidente in itinere. Invoca la doctrina legal emanada de la Corte Federal en la causa «Espósito, Dardo c/ Provincia A.R.T. S.A. p/ accidente» (07/06/2016).

Funda en derecho y formula reserva de interponer recurso extraordinario Federal.

III. Adelanto que el recurso prospera.

1. El reproche que porta el recurso, en orden a la incorrecta aplicación del artículo 3 de la ley 26.773 a un accidente in itinere, es procedente.

a.Ello resulta coherente con la doctrina sostenida en autos N° 13-02056798-2/1, caratulada: «Galeno A.R.T. en J: 150357 «Muñoz Mario Ernesto c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. p/ accidente» p/ Rec. Ext. de Inconst» (22/02/2018) en la que se determinó el alcance de la norma a los efectos de dilucidar si el accidente in itinere constituye uno de los supuestos comprendidos en la misma.

Esto es, si la condición de procedencia establecida por el artículo 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo «mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador», incluye al evento súbito y violento ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y a la inversa.

b. A tal efecto expresé que tal interrogante fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Espósito» (07.06.2016). En dicho precedente el Tribunal Superior, no obstante resolver como cuestión central la relativa a la aplicación temporal de la ley 26.773, se pronunció expresamente sobre el tema en cuestión en forma negativa, y textualmente resolvió «.en octubre de 2012 la ley 26.773 introdujo nuevas modificaciones sustanciales en el régimen de reparación de los daños derivados de los riesgos del trabajo. Entre dichas modificaciones, interesa destacar que el art. 3° de esta última ley dispuso que, cuando se tratara de un verdadero infortunio o enfermedad laboral, y no de un accidente in itinere, el trabajador damnificado o sus derechohabientes percibirían, además de las prestaciones dinerarias antes mencionadas, una indemnización adicional -en compensación de cualquier otro daño no reparado por las tarifas- equivalente al 20% del monto de ellas.».(Fallos:339:781).

No hay razones para apartarse de esa doctrina más aún cuando el Superior Tribunal ha dicho en el caso «Cerámica San Lorenzo» que si bien sus sentencias deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas (Fallos 307:1094), atento el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia de la C.S.J.N.( Fallos 212:51 y 307:1094).

En conclusión, razones de naturaleza institucional, de previsibilidad, estabilidad y economía procesal aconsejan aplicar el criterio sustentado por la Corte Suprema (SCJM; Sala I, «Sadaic», 13/02/2015).

c. Asimismo, agregué «que igual criterio fue adoptado por Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, en su Resolución N° 146, causa «Ybarra» (12.10.2017) al expresar que: «Si el deceso del dependiente aconteció en momentos en que éste volvía de prestar servicios., no se verifica un accidente en el cual el trabajador se encuentra «en el lugar de trabajo» o fuera de él pero mientras está «a disposición del empleador», que son los requisitos condicionantes de la norma del art. 3 de la Ley n.° 26773 para la procedencia del pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado en las fórmulas de la Ley de Riesgos del Trabajo. Por lo tanto, no corresponde la inclusión de dicha prestación complementaria en la condena.» (Resolución N° 146, 12- 10- 2017)»

d. En similar sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en la causa «Carabajal» al decir que «la norma examinada, al adicionarles a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común.Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, la razón emerge manifiesta: es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador» (SCJBA, «Carabajal», 25/04/2018).

e. En cuanto a la constitucionalidad de la norma, también me pronuncié en el precedente «Muñoz» en el sentido de que la situación que presenta un accidente in itinere no es igual a la de un accidente o al daño acaecido en el lugar de trabajo o mientras el trabajador se encuentra a disposición del empleador: dentro del ámbito de la empresa o mientras se lleva adelante una tarea por orden del empleador hay una responsabilidad de éste frente a la integridad del empleado. Por el contrario, cuando el evento dañoso ocurre en la calle la causa le resulta ajena y extraña («Muñoz», Exp. 13-02056798-2/1, 22/02/2018) .

El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo pone en cabeza del empleador la obligación de asegurar las condiciones dignas de trabajo y el deber de seguridad con el fin específico de prevenir o mitigar las consecuencias dañosas tanto de los accidentes de trabajo como de las enfermedades.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Aquino» señaló que:»Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad, y la prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana.» (fallos: 327:3753 ).

En efecto, el empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad; como así también debe preservar la dignidad del trabajador cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que le garantiza «condiciones dignas y equitativas de labor» (art. 14 bis, Constitución Nacional). Es decir, el principal no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes, sino que ello constituye una exigencia derivada del principio de buena fe exigible al buen empleador y es lo que se espera de éste (arts. 62 y 63, LCT).

Por otra parte, en los accidentes in itinere el trabajador puede reclamar a aquél que resulte responsable del siniestro por los daños que no fueran cubiertos por la Ley de Accidentes de Trabajo y obtener, además de la indemnización tarifada, una reparación integral sin perjuicio de las compensaciones que puedan corresponder.

Por el contrario, el trabajador accidentado dentro de la empresa, una vez ejercida la opción de percibir la indemnización sistémica establecida por la ley 24.557 con las reformas introducidas por la ley 26.773, ya no puede pretender iniciar la acción civil o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad – artículo 4 opción excluyente-.

En los accidentes in itinere no resulta procedente el reclamo de naturaleza civil contra el empleador ajeno a las circunstancias del accidente.El suceso ocurre fuera de su ámbito de control y se encuentra imposibilitado de adoptar medidas preventivas para evitarlos, de allí la imposibilidad de atribuirle responsabilidad por ellos.

El establecimiento de una adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado fue previsto por el legislador para mejorar el valor las reparaciones sistémicas y de alguna manera disuadir el reclamo integral fundado en normas comunes contra el empleador.

En razón de las consideraciones expuestas -reiterando lo expuesto en el precedente «Muñoz»- entiendo que no existe un trato discriminatorio respecto del accidente in itinere, en lo que respecta a su exclusión de la prestación complementaria establecida por el art. 3º de la ley 26.773, ya que al no configurarse supuestos iguales no pueden ni deben otorgarse soluciones iguales.

«. nada obsta a que se trate de modo diferente, a aquellos que se encuentren en situaciones distintas por sus actividades específicas» (CSJN Fallos 340:41).

f. Por ello, la exclusión del cobro del adicional de pago único del 20% contemplado en el artículo 3 de la ley 26.773 para el caso de accidentes in itinere, no resulta irrazonable ni discriminatorio como tampoco violatorio del derecho de igualdad (art. 16 CN) y de los principios de justicia social y progresividad; en cuanto pretende elevar el resarcimiento por cualquier otro daño (daño moral) a los trabajadores accidentados en situación de trabajo efectivo, lo que no implica discriminación alguna respecto de los que, en circunstancias diferentes, resulten víctimas de siniestros.

2. Por todo lo expuesto, el recurso prospera.

ASI VOTO.

Sobre la primera cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

IV. Atento al resultado arribado en la primera cuestión, y lo dispuesto por el art. 150 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, corresponde casar la sentencia pronunciada a fojas 260 y sgtes. de los autos N° 154.104, caratulados: «Gaia, Daniel Eduardo c/ Provincia A.R.T. S.A.p/ accidente», originarios de la Excma. Cámara Séptima del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

1. Acto seguido, procederé a fallar el litigio en forma definitiva, de modo tal de evitar el reenvío, con todos los inconvenientes y dilaciones que el mismo conlleva (conf. nota del codificador al artículo 162 C.P.C. y «Vizcaya», LS 379-113).

2. En tal sentido, y a partir de lo establecido precedentemente, la indemnización que corresponde percibir al actor queda fijada en la suma de $201.758,63 de conformidad con el piso mínimo establecido en el art. 2 de la Resolución 22/14 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación (Ley 26773, art. 8).

3. A dicha suma deberá aplicarse intereses conforme lo determinó la sentencia de grado, decisión que llega firme y consentida a esta instancia.

4. Tal liquidación deberá practicarse a través del Departamento Contable, a efectos de garantizar el contralor de la misma por parte de ambos litigantes.

A tal fin, las actuaciones volverán al Tribunal de origen.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

V. Atento al resultado que se arriba en la primera cuestión, las costas por el presente recurso se imponen en el orden causado (art. 36 del C.P.C.C.yT.) teniendo en cuenta el amplio debate doctrinario y jurisprudencial que existe al respecto.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

RESUELVE:

1. Admitir el recurso extraordinario provincial interpuesto por Provincia A.R.T. S.A. a fs. 19/24 con imposición de costas en el orden causado (arts.36 C.P.C.C.yT.). En consecuencia, el resolutivo censurado quedará redactado, en su parte pertinente, de la siguiente forma: «.II. Hacer lugar a la demandada interpuesta por el Sr. Daniel Eduardo Gaia en contra de Provincia A.R.T. S.A. y, en consecuencia, condenar a esta última a abonar al actor la suma de pesos doscientos un mil setecientos cincuenta y ocho con 63/100 centavos ($201.758,63), en concepto de pago de las prestaciones dinerarias de los arts. 12, 14, inc. 2, ap. a de la ley 24.557, 8 y 17inc. 5 y 6 de la ley 26.773, 2, 3° párrafo, 3, 8 y 17 del decreto reglamentario 472/12 y 2 de la Resolución 22/14 de la S.S.S. del M.T.S.S., con más los intereses legales los que deberán ser calculados por el departamento Contable de las Cámaras del Trabajo conforme las pautas establecidas en la tercera cuestión. Con costas a cargo de la demandada.»

2. Regular, en forma conjunta, los honorarios profesionales de los Dres. Juan Manuel Cáceres y César Augusto Vázquez en el 13%, de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131), y de los Dres. Rubén Raúl Rosas y Pablo Lima en el 9,1%, de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el Art. 16 de dicha norma.

Las regulaciones precedentes no incluyen el IVA, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo (CS expte. 4120/200002 «Carinadu SA c/. Banco de la Provincia de Buenos Aires», 02/03/2016).

3. Emplázase a Provincia A.R.T. S.A., en el término de TRES (3) DÍAS, para que denuncie su N° CUIT/CUIL, N° de C.B.U., Banco, Sucursal, tipo y N° de cuenta, a fin de efectuar la devolución de la suma de $1.965,18 (pesos un mil novecientos sesenta y cinco con dieciocho centavos), en concepto de depósito en garantía y con imputación a la boleta obrante a fs. 27.

NOTIFÍQUESE.

DR. MARIO DANIEL ADARO

Ministro

DR. JOSÉ V. VALERIO

Ministro

CONSTANCIA: Se deja constancia que la presente resolución, no es suscripta por el Dr. Omar Alejandro Palermo por encontrarse en uso de licencia (art. 88 apart. III del C.P.C.C.y T.). Secretaría, 15 de febrero de 2019.

A %d blogueros les gusta esto: