Una renuncia apócrifa: Reclamo por los daños que le ocasionó al actor la negligencia del Correo Oficial al no verificar la identidad del remitente del telegrama de renuncia

Partes: González Rivas Marcos Aurelio c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 7-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117649-AR | MJJ117649 | MJJ117649

Reparación del daño que le ocasionó al actor la negligencia del Correo, al no haber verificado la identidad del remitente de un telegrama de renuncia a nombre suyo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar al reclamo por los daños y perjuicios padecidos por el actor a raíz del envío a la empresa de colectivos en la que se desempeñaba como conductor de un telegrama de renuncia apócrifo, pues el Correo tiene el deber de constatar que quien envía un telegrama colacionado sea quien dice ser así surge de lo manifestado por la propia demandada en su escrito de responde al reconocer que el empleado del Correo Oficial solicita en todos los casos la presentación de documento para acreditar identidad al impositor de este tipo de envíos.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “González Rivas Marcos Aurelio c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo con el orden de sorteo, el doctor Ricardo Gustavo Recondo dijo:

I. La señora jueza de primera instancia admitió la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por la citada como tercero Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A. e hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Marcos Aurelio González Rivas, condenando en consecuencia al Correo Oficial de la República Argentina al pago de $ 25.000, con más sus intereses y costas. Ello, en concepto de los daños y perjuicios padecidos por el actor a raíz del envío a la empresa de colectivos en la que se desempeñaba como conductor de un telegrama de renuncia apócrifo (fs. 500/507vta.).

Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes a fs. 509 y 511, recursos que fueron concedidos a fs. 510 y 512, fundados a fs. 557/561 y 562/569 y replicados a fs. 571/573vta. y 574/575vta.

Median asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado, los que serán tratados, de así corresponder, por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.

Sin perjuicio de ahondar, cuando sea necesario, en las líneas argumentales esgrimidas por las partes, expondré ahora sucintamente el núcleo de sus agravios, a fin de ordenar los recursos.

La actora cuestiona la sentencia en punto al no reconocimiento de la indemnización laboral (fs. 562/563, punto III), al monto concedido en concepto de daño moral (fs. 563/564vta., punto IV), al rechazo del daño psíquico (fs. 565/vta., punto V) y del lucro cesante (fs.565vta., punto VI), a la omisión de tratamiento de la diferencia de indemnización por despido (fs. 566/vta., punto VII) y a la falta de aplicación de un índice de desvalorización monetaria (fs. 566vta./568, punto VIII). A su turno, la demandada se queja de la responsabilidad endilgada a su parte (fs. 557vta./560, primer agravio), de los montos de condena (fs. 560, párrafos cuarto y quinto) y del acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva de la empresa empleadora del señor González Rivas (fs. 560/vta., segundo agravio).

II. Así planteadas las cuestiones traídas a conocimiento y decisión de esta instancia revisora, debo comenzar por dejar asentados los hechos comprobados de la causa.

El señor Marcos Aurelio González Rivas se desempeñaba como conductor de la empresa Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A., a cargo del interno 9 de la línea 118, desde Barrancas de Belgrano hasta Parque Patricios. En el mes de junio de 2005 se produjo la interrupción del vínculo laboral a raíz del envío a la empresa de un telegrama colacionado de renuncia que supuestamente contenía la firma del actor, pero que con posterioridad se comprobó – en la correspondiente causa penal- que no pertenecía a su puño y letra.

A raíz de ello, el actor inició un juicio laboral por despido contra la empresa de ómnibus, el cual fue conciliado (ver documental acompañada por la actora a fs. 12/38; declaraciones testimoniales de fs. 163/vta. y 164/vta.; informativa de fs. 172/186; expte. N° 23.619/06, en especial acuerdo conciliatorio de fs. 376, que en copia luce agregado a fs.96 de las presentes actuaciones).

Lo que aquí reclama el señor González Rivas es el resarcimiento de los daños y perjuicios que le ocasionó la negligencia del Correo Oficial de la República Argentina, al no haber verificado la identidad del remitente del telegrama de renuncia.

Es en el contexto fáctico antedicho en el que debo analizar los planteos de la demandada, a cuyo recurso me abocaré en primer término por cuestiones de orden lógico, ya que su suerte condiciona la de las quejas de la parte actora.

III. En punto a la responsabilidad del Correo (ver agravio de fs. 557vta./560), toda vez que el perito calígrafo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comprobó que la firma inserta en el telegrama no pertenecía al señor Marcos Aurelio González Rivas (fs. 262), la cuestión pasa por determinar si existe de parte de la entidad demandada la obligación de verificar la identidad del emisor de la pieza postal en cuestión.

No está en duda el hecho de que el Correo tiene el deber de constatar que quien envía un telegrama colacionado sea quien dice ser. Así surge de lo manifestado por la propia demandada en su escrito de responde, al reconocer que “el empleado del Correo Oficial solicita en todos los casos. la presentación de documento. para acreditar identidad al impositor de este tipo de envíos” (ver fs. 74, primer párrafo completo; el subrayado me pertenece). Por otra parte, el Manual de Productos y Servicios del Correo Oficial de la República Argentina detalla los documentos identificatorios que deben ser presentados para la realización de operaciones que requieran acreditación de identidad ante el Correo (conf. informativa de fs. 284/331). A ello cabe agregar lo declarado a fs. 351/vta.por el señor Heriberto Alfredo Gertenbach, empleado del Correo, en el sentido de que los documentos habilitados para la imposición de -en lo que aquí interesa- telegramas son el documento nacional de identidad, el pasaporte o la cédula vigentes; son los documentos que pide la empresa para el tipo de trámite que se trata (ver respuesta a la pregunta segunda).

Bajo estas condiciones, correspondía a la accionada la demostración de que adoptó todas las diligencias tendientes a evitar situaciones como las que a su juicio probablemente explican el origen del entuerto, esto es, que le fue exhibido un documento falso del señor González Rivas o que se presentó una persona con su documento verdadero y con rasgos fisonómicos similares a los del actor (ver escrito de responde, fs. 74). Es decir, como la propia recurrente lo invoca, la demostración de la interrupción del nexo causal mediante la configuración del hecho de un tercero por el cual la empresa postal no debía responder. Nada de ello ocurrió en el caso, lo cual conduce a la confirmación del decisorio en crisis en el aspecto que se examina.

IV. Se queja asimismo la demandada de los montos de condena reconocidos en la instancia de grado (fs. 560, párrafos cuarto y quinto). Sin embargo, en los siete renglones que la recurrente dedica a la cuestión, se limita a solicitar la declaración de improcedencia de los rubros y eventualmente la reducción de los montos, sin desarrollar la más mínima línea argumental tendiente a sustentar su pretensión.

Es claro, entonces, que dicha actitud no reviste entidad suficiente para habilitar el análisis del tema en esta instancia revisora (arts. 265 y 266 del Código Procesal).

V. A igual solución cabe arribar en relación a la falta de legitimación pasiva de la empresa empleadora del señor González Rivas, citada como tercero (ver agravio fs.560/vta.). En efecto, en sólo tres escuetos párrafos, la recurrente manifiesta únicamente su discrepancia con lo resuelto al respecto por la a quo, omitiendo no sólo aportar algún argumento que avale su postura en el sentido de que fue el accionar de Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A. el desencadenante del despido indirecto, sino también hacerse cargo de la conclusión a la que se arriba en la sentencia de grado, en cuanto a que la citada como tercero ya fue llevada a juicio por despido sin causa, asunto que quedó concluido por una transacción entre las partes, por lo que la única cuestión a resolver radica en la responsabilidad de la empresa postal por la omisión de las diligencias necesarias para constatar la identidad del autor del telegrama de renuncia. Las consideraciones que expone la apelante no logran llevarme al convencimiento de que el vínculo jurídico entablado entre el actor y la empresa empleadora haga a la pretensión entablada contra el Correo Oficial de la República Argentina.

Corresponde, sin más, desestimar también la presente queja (arts. 265 y 266 del Código Procesal).

VI. Llega el turno, entonces, de ocuparme del memorial de la parte actora. a) Examinaré en forma conjunta los agravios primero, cuarto y quinto, relativos al no reconocimiento de la indemnización laboral (fs. 562/563, punto III), al rechazo del lucro cesante (fs. 565vta., punto VI) y a la omisión de tratamiento de la diferencia de indemnización por despido (fs. 566/vta., punto VII), ninguno de los cuales puede recibir favorable acogida. Ello así, toda vez que en su escrito de inicio, la actora reclamó el rubro “despido”, sujetándolo al “hipotético e improbable caso de no prosperar la demanda” promovida por separado contra la empleadora por despido (ver fs. 5).

En estas condiciones, no puede pasarse por alto que en la causa N° 23.619/06 “González Rivas, Marcos Aurelio c/ Microomnibus Barrancas de Belgrano S.A.s/ despido” las partes arribaron a un acuerdo conciliatorio, mediante el cual la actora reajustó su demanda a la suma de $ 32.000 en concepto de indemnización y se estableció la forma de pago. Dicho acuerdo fue homologado, habiendo adquirido el carácter de cosa juzgada (ver fs. 376/377 de la causa citada y fs. 96 de las presentes actuaciones).

Ello quita sustento a la pretensión de la recurrente, quien -reitero- supeditó la demanda contra el Correo por las sumas por las cuales había accionado contra la compañía de transporte al caso de que fracasara dicha pretensión ante la justicia del trabajo. Y -para despejar toda duda- dentro de ese reclamo debe ser considerado lo que en esta causa se peticiona bajo el rubro “lucro cesante”, toda vez que mediante él lo que se pretende obtener es -en definitiva- el salario dejado de percibir como consecuencia del despido. b) En cuanto a la queja relativa al monto concedido en concepto de daño moral (fs. 563/564vta., punto IV), comienzo por señalar que la recurrente reclamó la suma de $ 20.000 (ver escrito de inicio, fs. 4/vta.), que fue -precisamente- la reconocida por la a quo (fs. 505/vta., considerando IV del decisorio en crisis). Y si bien es cierto que la actora supeditó el monto reclamado a “lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos” (ver demanda, fs. 5, punto VII), también lo es que no explica ante esta instancia por qué dicha suma pasó a ser “exigua”, “irrisori[a]”, “baj[a]”, “mínima” y “agraviante” (ver memorial, fs. 563, punto IV, apartado A, párrafos segundo a cuarto; y fs. 564, sexto párrafo).

Y si la razón de ello radica en “la depreciación que ha sufrido nuestra moneda en los últimos tiempos” (fs. 563, punto IV, apartado A, último párrafo), la cuestión se halla resuelta mediante la aplicación de intereses, destinados -precisamente- a paliar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Corresponde, en consecuencia, confirmar este aspecto de la sentencia apelada.c) El rechazo del daño psíquico también es materia de agravio (fs. 565/vta., punto V), el cual tampoco puede prosperar.

Así lo considero, toda vez que -como es sabido- el deterioro psíquico en sí puede tener consecuencias dañosas en el campo económico (por ejemplo, si impide trabajar en tareas lucrativas, superar un examen preocupacional, etc.) o repercusión en la órbita espiritual (angustias, sufrimientos, fobias, miedos, etc.), o en ambas esferas al mismo tiempo. Según fuera el supuesto, el daño psicológico será indemnizable dentro de la incapacidad sobreviniente, del daño moral o de ambos a la vez (conf. Sala II, causa 8.532/94 del 3/02/04).

En este orden de ideas, la a quo tuvo en cuenta las aflicciones y mortificaciones padecidas por el actor ante la ocurrencia de los hechos denunciados en autos (fs. 505vta./506), por lo que no cabe sino concluir que este tipo de lesiones fue incluido en la reparación del daño moral. Así las cosas, la pretensión de la actora tendiente a obtener su indemnización de modo independiente implicaría en la realidad de los hechos resarcir dos veces un mismo daño, lo cual no se condice con los principios gobernantes del régimen de responsabilidad civil.

Por otra parte, la necesidad de tratamiento psicológico que reclama (fs. 565vta, segundo párrafo) no encuentra asidero en las probanzas de autos (ver peritaje psicológico, fs. 210vta., punto 5; y aclaraciones de fs. 225vta./226, punto d). d) Finalmente, se queja la actora de la falta de aplicación de un índice de desvalorización monetaria, además de los intereses, reiterando el pedido de inconstitucionalidad de diversos artículos de las leyes 23.928 y 25.561 (fs. 566vta./568, punto VIII).

Pues bien, el art. 4° de la ley 25.561 modifica los arts.7° y 10 de la ley 23.928 sólo en el término “australes”, que fue reemplazado por el de “pesos”, y mantuvo vigente la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios y repotenciación de deudas para aquellas obligaciones de dar sumas de dinero. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia estableció que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria significaría traicionar el objetivo anti-inflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales referidas ut supra mediante la prohibición genérica de la “indexación”, medida de política económica cuyo acierto no corresponde evaluar (Fallos: 329:385 ). También manifestó el Alto Tribunal que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa – mantenimiento de la prohibición de toda clase de actualización monetaria- escapa al control de constitucionalidad, pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial (Fallos: 333:447), y que los arts. 7° y 10 de la ley 23.928 constituyen una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75, inc. 11, de la Constitución Nacional de hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras (Fallos: 315:158, 992 y 1209; 319:3241 y 328:2567 ).

En tales condiciones, no se advierte en el sub lite una afectación al derecho de propiedad del actor de tal magnitud que sustente la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, más aún cuando la a quo aplicó al capital de condena un interés a computarse desde el evento dañoso, equivalente “a la tasa para operaciones de descuento a treinta días del Banco de la Nación Argentina (activa)” (fs.506vta./507, considerando V).

Lo dicho se conjuga con el principio según el cual la decisión de invalidar una norma comporta la ultima ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos: 312:2315; 330:855 , 5345 ).

Por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto fue materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de cada una de las recurrentes en relación a su respectivo recurso (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así voto.

El doctor Guillermo Alberto Antelo, por análogos fundamentos, adhiere al voto del doctor Recondo. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada, en cuanto fue materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de cada una de las recurrentes en relación a su respectivo recurso (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Una vez que haya liquidación definitiva, el Tribunal procederá a tratar los recursos contra la regulación de honorarios practicada en primera instancia y a fijar los emolumentos correspondientes a la instancia de Alzada.

La doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo