ART paga acoso: La ART debe responder por la incapacidad psíquica sufrida por la actora a raíz de un ataque sexual mientras se dirigía al trabajo

Partes: S. B. M. c/ Swiss Medical ART S.A. s/ accidente- Ley Especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 28-dic-2018

Cita: MJ-JU-M-116744-AR | MJJ116744 | MJJ116744

La ART debe responder por la incapacidad psíquica que sufre la actora a raíz de un ataque sexual perpetrado cuando se dirigía al trabajo.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto atribuyó 20% de incapacidad psíquica, pues surge probada una considerable merma en la salud mental de la trabajadora ligada al evento traumático padecido, siendo que las indudables secuelas que conllevan haber sufrido un intento de ataque sexual en su trayecto al trabajo se hacen evidentes en el contenido del estudio a cargo de la licenciada y ello constituye una circunstancia que no puede soslayarse.

2.-La reclamante fue víctima de un hecho -ataque sexual- cuyos efectos nocivos no escapan al sentido común, y aunque la licenciada no haya encuadrado la condición actual de la víctima dentro de las previsiones rígidas de la RVAN en grado III (crisis conversivas, trastornos en la memoria y en la concentración, crisis de pánico, fobias y obsesiones), las características traumáticas del evento padecido por la actora ameritan sobradamente la calificación señalada en la sentencia de grado.

3.-La utilización de la ‘fórmula de Balthazard’ o incapacidad restante para establecer la incapacidad integral sólo puede ser empleada para aquellos casos en que un segundo accidente, separado del tiempo del primero, afecta al mismo órgano, aparato o sistema -incapacidades múltiples sucesivas monofuncionales-, situación que no se vislumbra en el presente en tanto lo que aquí se examina son las secuelas psicofísicas de un hecho violento que ocurrió cuando la actora se dirigía a su lugar de trabajo y que ocasionó politraumatismos en la columna cervical, espalda, rodilla derecha y oído derecho.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Diciembre de 2.018, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs. 193/198 arriba apelada por la parte demandada a tenor del memorial de agravios que luce a fs.200/206. Esta presentación mereció la oportuna réplica que luce a fs.210/213 y vta. Por otra parte, a fs. 208 la representación letrada de la parte actora apela los honorarios que le fueron regulados por entender que resultan reducidos.

II. Memoro que el Sr. Juez A Quo receptó la demanda incoada por la accionante contra Swiss Medical ART SA y derivó a condena la cantidad que estimó a fs. 195 (por aplicación de la formula contemplada por el art. 14 inc. 2 a) Ley 24.557) en concepto de indemnización dentro del sistema previsto por la Ley especial, a fin de reparar las consecuencias dañosas del accidente de trabajo que protagonizó la reclamante el día 17 de julio de 2016. En aquella oportunidad, siendo las 5.20 am aprox, la reclamante se dirigía hacia su trabajo en la firma Gapricur S.R.L. donde funcionaba la pastelería “La Italiana” donde trabajaba como vendedora, cuando en la estación de Paso del Rey fue atacada por un delincuente que intentó abusarla sexualmente. Mientras caminaba escuchó una voz que la amenazó y sintió un golpe en la espalda que le provocó cae de rodillas al piso. El malviviente comenzó a propinarle golpes en la cabeza , cuello y espalda a fin de provocarle la pérdida de conocimiento, sin embargo la actora logró gritar y dos personas se acercaron ahuyentando al delincuente que se dio a la fuga.El empleador realizó la denuncia ante la demandada quien brindó las prestaciones en la Clínica Constituyentes de Morón donde la actora recibió atención psicológica, psiquiátrica, farmacológica y fisiokinesiológica (ver fs.7). A fs. 228 la demandada consignó que en fecha 27/12/2016 la Srta. Smaldoni recibió el alta médica. Para decidir, el anterior Magistrado valoró la prueba pericial médica y, conforme las conclusiones allí expuestas y las consideraciones que posteriormente expresó, estableció que la accionante padece un 16% de disminución de su capacidad física y un 20% en el plano psíquico que adicionados los factores de ponderación, arrojan una incapacidad de 46.20% en su T.O. Al monto de la condena el judicante adicionó intereses, desde la fecha del accidente (17/7/2016) y hasta su efectivo pago, aplicando la tasa de interés establecida por las Actas CNAT Nros. 2601, 2630 y 2658. Las costas procesales resultaron impuestas a cargo de la parte demandada (art. 68 CPCCN).

III. La accionada apela la valoración efectuada respecto del informe pericial médico, en particular los factores de ponderación, el baremo utilizado y la omisión de aplicar la fórmula de incapacidad restante para obtener el porcentaje de incapacidad de la trabajadora. Luego recurre el IBM determinado en grado y la fecha a partir de la cual comienzan a correr los intereses del monto de condena.

IV. Examinadas las constancias de la causa, lo resuelto en la sentencia que se intenta criticar y los términos de los planteos formulados por la parte apelante adelanto que, de compartirse la solución que propicio, el pronunciamiento deberá ser confirmado. En primer término, analizaré el segmento del agravio relativo a cuestionar el daño psíquico sufrido por la trabajadora. El informe pericial a cargo del médico legista Guillermo A.Vera receptó el contenido del psicodiagnóstico elaborado por la licenciada Norma Teira -que tengo a la vista y que obra en sobre cerrado por cuerda- y el experto concluyó que “.la personalidad previa de la examinada presentaba un estado de homeostasis (fenómeno de autorregulación interna) que le permitía hacer frente a los distintos requerimientos del medio en forma satisfactoria perdiendo tal carácter a raíz de secuelas emergentes, las que aparecen como consecuencia de las dolencias físicas. Miedo, tristeza y trastornos del sueño y de su imagen corporal, ha desarrollado conductas de aislamiento y evitación, sentimientos distímicos, frustraciones, incertidumbre, alteraciones en la interacción laboral, social y en todas las áreas de despliegue vital (ver fs. 136). Asimismo, el galeno receptó la recomendación de la licenciada relativo a la realización de un tratamiento con las particularidades que expuso a fin de evitar en la reclamante “un marcado empeoramiento de su condición actual” (ver fs. 136 in fine) y determinó que a raíz del evento que sufriera, la actora es portadora de una RVAN en grado II y le asignó un 10% de incapacidad (ver fs. 136 vta.). Frente a ello, el Sr. Magistrado de grado se apartó del dictamen médico y de acuerdo a las conclusiones expuestas en el estudio reseñado (ver pag.6), atribuyó al evento dañoso el 20% de incapacidad (ver fs. 195). Dicha circunstancia generó la queja de la demandada. Sin embargo, advierto que del informe psicodiagnóstico surgen elementos que me persuaden acerca de la adecuada decisión adoptada en grado. En efecto, durante la entrevista psicodiagnóstica la licenciada Teira, observó que la actora es una persona que posee recursos psíquicos e intelectuales propiciatorios pero que como consecuencia de los sucesos vividos éstos se encuentran inhibidos, constatándose signos de depresión – de los cuales ella intenta defenderseque resultan un obstáculo en diversas áreas de despliegue vital (ver pag.5).

Advierto que el material probatorio hasta aquí expuesto refleja una Fecha de firma:01/02/2019 considerable merma en la salud mental de la trabajadora ligada -inexorablemente- al evento traumático padecido; las indudables secuelas que conllevan haber sufrido un intento de ataque sexual se hacen evidentes en el contenido del estudio a cargo de la licenciada Tiera y ello, constituye una circunstancia que no puede soslayarse; la reclamante fue víctima de un hecho cuyos efectos nocivos no escapan al sentido común; y aunque la licenciada no haya encuadrado la condición actual de la víctima dentro de las previsiones rígidas de la RVAN en grado III (crisis conversivas, trastornos en la memoria y en la concentración, crisis de pánico, fobias y obsesiones) reitero, las características traumáticas del evento padecido por la actora ameritan sobradamente la calificación señalada en la sentencia de grado (art. 386 del C.P.C.C.N.). Por lo expuesto, teniendo especialmente en consideración que en el presente se pretende una reparación sistémica, atendiendo las especiales circunstancias que se debaten en la causa y que ha transcurrido ampliamente el plazo previsto por el art. 7 de la Ley 24.557 desde la fecha del accidente (17/7/2016) con lo cual cesó la incapacidad temporal y el daño se encuentra consolidado, observo razonable atribuir el 20% de incapacidad psíquica vinculada al evento que sufrió la actora, confirmando este aspecto del fallo.

V. Despejada la cuestión inicial se impone el tratamiento de planteo esgrimido en torno a la falta de aplicación de la fórmula de la incapacidad restante utilizada para arribar al porcentaje de incapacidad psicofísica de la actora. Adelanto que, en este aspecto, el agravio no tendrá favorable recepción. En efecto, la utilización de la “fórmula de Balthazard” o incapacidad restante para establecer la incapacidad integral -en este caso de la Srita.Smaldoni-, sólo puede ser empleada para aquellos casos en que un segundo accidente, separado del tiempo del primero, afecta al mismo órgano, aparato o sistema -incapacidades múltiples sucesivas monofuncionales-, situación que no se vislumbra en el presente en tanto lo que aquí se examina son las secuelas psicofísicas de un hecho violento que ocurrió cuando la actora se dirigía a su lugar de trabajo y que ocasionó politraumatismos en la columna cervical, espalda, rodilla derecha y oído derecho de acuerdo a la historia clínica que luce a fs. 117 (ver mi voto en S.D. 91397 del 4/4/2017 “López Carlos Raúl c/ Galeno ART SA s/ Accidenteley especial”). En cuanto a los factores de ponderación conforme a la normativa aplicable (cfr.dec.659/96, acápite “Factores de ponderación”, punto 4 operatoria), “Una vez determinados los valores de cada uno de los 3 factores de ponderación, éstos se sumarán entre sí, determinando un valor único. Este único valor será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales.”. Advierto que la sentencia de grado siguió el proceso descripto razón por la cual afirmar que “.ello no corresponde” presenta inoficioso su tratamiento. Con relación al esbozo relativo a la utilización del baremo del decreto 659/96 en la determinación de la incapacidad advierto, que aquél no cumple con los recaudos formales exigidos por el art.116 de la LO.

En efecto, el apelante transcribe en su memorial fragmentos de la normativa aplicable sin consignar cuáles son los agravios concretos que le produce el fallo.Pongo de relieve que el escrito de expresión de agravios destinado a fundar un recurso de apelación, debe señalar las partes del fallo que se consideran equivocadas, desde el punto de vista fáctico o jurídico y fundamentalmente, criticar los errores -de hecho o de derecho- en que se hubiera incurrido mediante la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que pretende se revoque, debiendo indicar en forma detallada los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido. En ese orden de ideas, se ha expresado en términos que comparto, que el escrito de expresión de agravios debe expresar con claridad y precisión porqué el apelante considera que la sentencia no es justa; los motivos de su disconformidad; de qué manera el Juez o Jueza valoró incorrectamente la prueba; omitió alguna decisiva para resolver la cuestión o aplicó mal la ley, todo ello, como señalé, mediante la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo recurrido. (Cfrme. Highton Elena I. y Aréan, Beatriz A. y otros “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial Tº 5, pág.239 y sgtes – 2006- Buenos Aires – Hammurabi). Sin perjuicio de ello, advierto que el judicante de grado al exponer los factores de ponderación (ver fs. 195) consignó, respecto al factor edad, una referencia errada, toda vez que la trabajadora al momento del evento, contaba con 18 años de edad, con lo cual el 3% atribuído es correcto pero referido a la franja etaria de menos de 21 años (ver factores de ponderación tabla de incapacidades baremo decreto 659/96) y responde al 1.08% de la incapacidad psicofísica atribuída al siniestro. En consecuencia y por los fundamentos hasta aquí expuestos, teniendo nuevamente en cuenta el decreto 659/96 y las particularidades de caso, la incapacidad que debe ser considerada para establecer la indemnización es del 44,28% de la TO de acuerdo al siguiente detalle:incapacidad física 16% + incapacidad psíquica 20% + factores de ponderación: 8,28% (7.20% relativo al grado de dificultad 20% de 36 + factor edad -18 años- 1,08%). Al respecto, cabe memorar que las personas expertas en medicina no son quienes fijan la incapacidad, sino que solamente la sugieren y la valoración que realizan en las conclusiones del examen resultan el fundamento adecuado para la determinación de la minusvalía que se ordena reparar, sin dejar de considerar que quien juzga solo puede apartarse del dictamen cuando carecen de rigor científico. Por ello, propicio se confirme, en este aspecto, la decisión adoptada. En cuanto a las demás alegaciones vertidas por la recurrente, tendré en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

VI. El agravio deducido por la parte demandada destinado a cuestionar el valor del IBM tal como ha sido determinado en el fallo de anterior instancia no puede prosperar. Comparto lo resuelto por el anterior juzgador y el método aplicado para arribar a su cálculo, toda vez que para su estimación se ajustó a las pautas establecidas por el art. 12 ley 24.557. La norma en cuestión no efectúa las discriminaciones que el apelante intenta introducir en forma tardía y en modo alguno dispone directivas a los fines de la exclusión de importes como el recurrente interpreta. En concreto, el referido art. 12 ley 25.557 establece:”.a los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante.” y como se observa, es respecto de dichas cantidades (tal como se informa a fs. 178 en la columna que indica “Remuneración total bruta”) donde se proyectan posteriormente los aportes con destino a la seguridad social y a la obra social. Entender lo contrario significaría limitar el ingreso base menguando la reparación y desnaturalizando el valor intrínseco del mismo. En este sentido, sobre cuestiones que reavivan tópicos similares y tendientes, en definitiva, a interpretar el alcance del concepto “remuneración” se ha expedido la Corte en el caso “Perez c. Disco”, a lo que agrego -a mayor abundamiento y sin perjuicio de señalar que no resulta aplicable al presente caso-, la evolución de los términos del artículo cuyos alcances se debaten (art. 12 LRT) al expresar (ver texto art. 11 de la ley 27.348 -B.O.: 24/2/2017) que “.A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el art. 1 del Convenio 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante.” .

Por lo expuesto, sugiero el rechazo de la crítica formulada por la parte demandada y se confirme en el punto lo decidido en anterior instancia. Así lo he resuelto recientemente en el Expte. Nº30091/2015 “Torres David Alberto c/ Provincia ART SA s/ Accidente- ley especial” S.D. 93082 del 7/11/2018.

VII. En definitiva por los fundamentos hasta aquí expuestos, la indemnización relativa al sistema de reparación especial quedará compuesta de la siguiente manera: IBM $14.029,30 x 53 x 65/18=3.61 x 44.28%= $ 1.188.575,20.-

VIII.En cuanto a la fecha a partir de la cual corresponde comenzar a aplicar los accesorios de condena, he sostenido reiteradamente en pronunciamientos dictados por esta Sala (v. “Zalazar, Ramón Ignacio c/ Mapfre Argentina ART SA s/ Accidente ley especial” SD 88727 del 17.5.2013 y en “Salgado, Damián Enrique c/ Consolidar ART SA s/ Accidente Ley Especial” SD 8403 del 21.10.2012, entre otros) que el hecho generador de la incapacidad laboral genera un daño cierto y determina el momento en que nace el derecho de la persona trabajadora a percibir las indemnizaciones que prevé la ley. Estos argumentos han sido ampliados en oportunidad de expresar mi opinión en la causa Nro. 7399/2014 “Herrera, Jorge Manuel c/ QBE Argentina ART SA s/ Accidente Ley Especial” SD 92129 del 27.10.2017; en el sentido que mi criterio original resulta congruente con lo sostenido por la CSJN en el precedente CNT 18036/2011/1/RH1 “Esposito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/ Accidente Ley Especial” donde no se descalificó la solución adoptada sobre la oportunidad en que deben computarse los intereses. La solución que propongo es acorde a las disposiciones incorporadas en el texto de la ley 26.773 (B.O. 26/10/2012), art.2º tercer párrafo que prescribe: “.El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional.” Y, en sentido similar, en la ley 27.348 (B.O. 24/02/2017) el art. 11 que sustituyó al art. 12 de la ley 24.557 prevé expresamente que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará intereses. Es decir que ambas normas resultan armónicas con la pauta general que prescribe el art.1.748 del CCCN, norma que por otra parte consagra -a partir del nuevo código (ley 26.994 B.O: 08/10/2014, vigente desde el 01/08/2015)- un sistema único para el cómputo de intereses al establecer que dichos accesorios corren a partir de la producción del daño, acorde al principio de integralidad de la reparación. Por último, cabe recordar que si bien la doctrina y jurisprudencia al evaluar el tópico en análisis denotó cierta vacilación al respecto, tal cuestión -a partir de las normas y jurisprudencia citadas- ha sido resuelta. De adoptar un criterio diferente -en mi opinión- significaría generar un nuevo daño a la persona trabajadora al no computarse los intereses por un tiempo prolongado (originado en el lapso que implica por ejemplo: los reclamos administrativos y la posterior vía judicial); violando de tal manera el principio de indemnidad y la suficiencia de la indemnización al otorgar una reparación que reflejaría un valor sustancialmente disminuido. Por lo expuesto, propongo que los accesorios a la condena se establezcan a partir de la ocurrencia del accidente (17/7/2016) y se computen hasta su efectivo pago confirmando de este modo el criterio adoptado en la anterior instancia.

IX. Sobre la regulación de los honorarios que han resultado apelados correspondientes a la actuación profesional de la representación letrada de la actora, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art. 38 de la LO, disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la ley 21.839; cfr. arg. CSJN, in re “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, sentencia del 12/9/1996, Fallos 319:1915 y “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa” sentencia del 04/09/2018 considerando 3º y punto I de la parte resolutiva, CSJN 32/2009 45-E/CS1), considero que el porcentaje fijado a su favor luce adecuado, motivo por el cual propicio su confirmación.

X. Finalmente, propongo imponer las costas de Alzada a la demandada objetivamente vencida (art. 68 del CPCCN) y, a tal fin, sugiero regular los honorarios correspondientes a las representaciones letradas de ambas partes, por su actuación en esta instancia, en el 30 % para cada uno, de lo que les corresponderá percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 38 de la L.O., art. 30 Ley 27.423 y normas arancelarias de aplicación).

En definitiva, de aceptarse mi voto, correspondería: 1) Confirmar el fallo recurrido en cuanto pronuncia condena y fijar el monto indemnizatorio en la suma de $1.188.575,20.- que devengará intereses hasta su efectivo pago de acuerdo a las pautas impuestas en grado; 2) Establecer las costas y honorarios correspondientes a la Alzada de acuerdo a lo expuesto en el considerando X.

La Doctora María Cecilia Hockl dijo:

I. Disienta respetuosamente con lo expresado por mi distinguida colega Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara respecto de la fecha desde la cual deben computarse los intereses.

II. Cabe recordar que los frutos civiles deben contarse desde que el daño a resarcir adquiere carácter permanente y, en tal sentido, entiendo que ello ocurre cuando el daño incapacitante se torna definitivo. Considero que el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir una obligación; o sea, al retardo o retraso en el cumplimiento de la prestación por parte del deudor (conf. Belluscio, Augusto -dir-, “Código Civil Comentado”, Editorial Astrea, 1979, Tomo 2, pág.588). Desde esa perspectiva y a la luz de lo establecido en el artículo 508 del Código Civil (art.1747 CCC, conf.ley 26.994), no cabe sino concluir que la demandada se encuentra en mora en el cumplimiento de la obligación a su cargo desde la efectiva consolidación del daño. Cabe recordar en este punto el dictamen del Dr. Humberto Podetti, cuyos términos hizo suyos el Dr. Justo López al votar en el fallo plenario Nº 180 “Arena, Santos c/ Estiport S.R.L.” (del 17 de mayo de 1972), según el cual “.el curso de los intereses debería computarse a partir del día en que el daño quedó configurado, o sea cuando la incapacidad parcial es permanente. De ordinario, esto acaece con posterioridad al accidente de trabajo que da lugar de inmediato a los salarios por incapacidad temporaria. No cabe retrotraer el curso de los intereses a la fecha del accidente porque recién después del alta médica o del transcurso del plazo de un año hay deuda cierta; hasta entonces, no existe el daño que cubre la indemnización.que de no haberse pagado oportunamente debería dar lugar al curso de intereses desde la fecha en que debió satisfacerse. Al cesar esta prestación porque se ‘consolida’ la incapacidad, por el alta o el transcurso del plazo anual, se hace exigible la indemnización. y consiguientemente desde entonces rigen las reglas de la mora.”. Si bien este argumento está referido a la ley 9.688, la doctrina que emerge del referido acuerdo plenario, no deja lugar a dudas que los intereses que acceden a la indemnización por incapacidad derivada de un accidente de trabajo, se devengan desde que dicha minusvalía puede ser considerada “permanente”. Asimismo, “.el artículo 7º de la ley 24.557 (aplicable al caso) establece que la incapacidad temporaria cesa -entre otras razones- por alta médica, por la declaración de incapacidad laboral permanente o bien por haber transcurrido un año desde la primer manifestación invalidante.En otras palabras, como puede apreciarse, en el sistema actual la consolidación jurídica del daño que deriva de un accidente de trabajo (o de una ‘enfermedad-accidente’) también se produce al otorgarse el alta médica, o al efectuarse la declaración de incapacidad laboral permanente (si esto ocurre antes del año subsiguiente al infortunio) o, acaso, a más tardar, al cumplirse el año de acaecido el infortunio -plazo máximo establecido por la norma como de consolidación del daño- .” (ver, entre otros, “Portillo, Adolfo c/ Liberty ART SA s/ accidente”, sentencia definitiva nº 95.564 del 28 de febrero de 2008, del registro de la Sala II). En tales términos he tenido oportunidad de expedirme en la causa “Herrera, Jorge Manuel C/ QBE Argentina ART S.A. s/ accidente – ley especial” (sentencia definitiva nº 92.129 del 27 de octubre de 2017, del registro de esta Sala, entre otras). Asimismo, concuerdo con lo expuesto por el Dr. Miguel Á. Maza cuando analiza la fecha desde la cual deben computarse los accesorios a la luz de la regla introducida por el art. 2º párrafo 3º de la ley 26.773. En su opinión, que traigo a colación pues la comparto in totum-, “no modifica este criterio ya que dicha norma refiere a la determinación de la ley aplicable al aludir a que ‘[e]l derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional’; sin que aluda al régimen de los intereses compensatorios y punitivos que puedan corresponder que, como acabo de explicar, se adeudan exclusivamente desde el momento en que la obligación indemnizatoria nace y ello sucede cuando el daño a resarcir se torna permanente” (CNAT Sala II, SD 112105 del 11.04.2018, expte.12615/14 “Diorio Víctor Adrián c/ Galeno ART SA s/ AccidenteLey Especial”).

Expuesto ello, en el presente caso, corresponde adoptar al transcurso del año desde la toma de conocimiento -es decir, 17 de julio del 2017- como momento desde el que se deban computar intereses y hasta su efectivo pago. Asimismo, se deja aclarado que el monto de condena diferido por la Dra. Gloria M. Pasen de Ishihara, resulta superador del porcentual que le correspondería por aplicación del piso de la ley 26773 conforme resolución aplicable al 17.07.2017 ($1.234.944 x 44,28% = $546.833,20).

III. En materia de costas y honorarios, y si bien la decisión que propicio lleva a aplicar el art. 279 CPCCN, comparto lo resuelto por mi distinguida colega, dejando aclarado que los porcentuales allí indicados deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena más los intereses que se proponen.

IV. En definitiva, propicio: a) Confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia en lo principal que decide, establecer el monto indemnizatorio en la suma de $1.188.575,20 más accesorios desde el día 17.07.2017 y hasta su efectivo pago de acuerdo a las pautas impuestas en grado y b) Establecer las costas y honorarios correspondientes a la Alzada de acuerdo a lo expuesto en el considerando X.

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo: Que adhiere a la postura asumida por la Dra. Pasten de Ishihara.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE 1) Confirmar el fallo recurrido en cuento pronuncia condena y fijar el monto indemnizatorio en la suma de $1.188.575,20.- que devengará intereses hasta su efectivo pago de acuerdo a las pautas impuestas en grado; 2) Establecer las costas y honorarios correspondientes a la Alzada de acuerdo a lo expuesto en el considerando X; 3) 4) Hacer saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordadas CSJN Nº 15/13 y 11/14) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

María Cecilia Hockl

Jueza de Cámara

Gabriela Alejandra Vázquez

Jueza de Cámara

Ante mi:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de , se dispone el libramiento de notificaciones electrónicas y notifiqué electrónicamente al Ministerio Público Fiscal la resolución que antecede. Conste. Verónica Moreno Calabrese Secretaria

MARIA VERONICA MORENO CALABRESE, SECRETARIA DE CAMARA

GABRIELA ALEJANDRA VAZQUEZ, JUEZA DE CAMARA

GLORIA M PASTEN DE ISHIHARA, JUEZA DE CAMARA

MARIA CECILIA HOCKL, JUEZA DE CAMARA