Un juez lengua larga: Condenan a un juez quien se acercaba a la víctima y le hacía insinuaciones sobre su cuerpo

Partes: C. J. A. s/ malversación de caudales públicos

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 6-dic-2018

Cita: MJ-JU-M-116203-AR | MJJ116203 | MJJ116203

Se impone condena a quien en su condición de superior jerárquico se acercaba a la víctima y le hacía insinuaciones sobre su cuerpo, en un contexto de violencia de género evidenciado por la animosidad hacia el género femenino.

Sumario:

1.-Es procedente rechazar el recurso de casación deducido contra la condena del imputado por el delito de abuso sexual simple en grado de tentativa en situación de violencia de género pues se acreditó que siendo superior jerárquico, se acercaba a la víctima y le hacía insinuaciones y comentarios acerca de su cuerpo, lo cual tuvo la capacidad de afectar la integridad y libertad sexual de aquella, a lo que debe agregarse la existencia de un escenario de violencia de género en mérito a la animosidad del imputado hacia el género femenino, porque todos los testigos dieron cuenta de la forma en que constantemente efectuaba comentarios despectivos sobre el físico de las mujeres (voto del Dr. Hornos).

2.-Cabe rechazar el recurso de casación deducido contra la sentencia condenatoria, pues de su lectura surge minuciosamente descripto el contexto en el cual sucedieron los hechos, todos con una similar modalidad, que consistió en que el imputado, valiéndose de su cargo de juez, con violencia (incluso daños a los bienes del juzgado) y amenazas (algunas en contexto de violencia de género) intimidó a sus empleados y otras personas, creando un contexto de miedo generalizado y temor reverencial hacia su persona, todo lo cual fue objetivamente lesivo de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal, máxime si se tiene en cuenta la calidad de funcionario público con la consiguiente conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, en atención a la expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos (voto del Dr. Hornos).

3.-Es procedente confirmar la condena del imputado por el delito de abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicos, al estar acreditado que utilizó fondos públicos que tenían un destino específico -aplicación a un proceso electoral- para la adquisición de bienes para su entretenimiento y confort personal, siendo que el perjuicio viene dado exclusivamente por el cambio de destino fuera de lo previsto legalmente y el abuso de autoridad -en una de sus modalidades- consiste en emplear arbitrariamente una facultad concedida legalmente (voto del Dr. Hornos).

4.-La conducta del imputado debe calificarse como amenazas agravadas por el uso de arma, en una oportunidad y en situación de violencia de género, por haber apoyado una ‘trincheta’ en el cuello de la víctima, ya que en el contexto de producción del hecho debe descartarse el animus jocandi invocado por la defensa, porque se trata de un elemento que resulta apto para infundir temor y porque el modus operandi del imputado -juez en ese momento- consistió en infundir temor a sus empleados y, la conducta descripta luce coincidente con esta intención y este mismo efecto produjo en la víctima y en todos quienes presenciaron o tomaron conocimiento del episodio (voto del Dr. Hornos).

5.-La calidad de funcionario público del autor no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, tranformándolo en una especie de los denominados ‘delicta propia’; sino que directamente el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto es, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario, sino como hecho de infracción a la institución funcionarial y así lo imponen las leyes mediante normas que exigen una serie de conductas en diversos planos que van desde la obligación de denunciar un delito hasta presentar su declaración jurada de bienes (voto del Dr. Gemignani).

6.-El bien jurídico protegido en el delito de malversación de caudales públicos no pretende proteger a la administración pública contra una lesión de carácter patrimonial, sino que quiere asegurar que el dinero y otros activos patrimoniales que se ponen a disposición del funcionario público sean administrados con las finalidades previstas (voto del Dr. Borinsky).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor M.no Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por la Secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación en la presente causa FBB 2782/2013/TO3/CFC2 del registro de esta Sala, caratulada: “C., J. A. s/ malversación de caudales públicos (art. 260)”; de la que RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, provincia homónima, el 18 de mayo de 2018, resolvió, en lo que resulta materia de impugnación por la parte: “.PRIMERO: CONDENAR a J. A. C. (DNI: xx.xxx.xxx, de apellido materno M.) de condiciones personales obrantes en autos, a la pena de CINCO (5) AñOS DE PRISIóN e INHABILITACIóN ESPECIAL PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS QUE TENGAN CUALQUIER TIPO DE VINCULACIóN CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AñOS, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor (art. 45 C.P.) penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad (art. 248 del CP) en concurso ideal (art. 54 del CP) con malversación de caudales públicos (art. 260 del CP) -Hecho no1-, en concurso real (art. 55 del CP) con el delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, en situación de violencia de género (art. 119 primer párrafo, segundo supuesto, del CP y Ley 26.485) -Hecho no2-; en concurso real con daño (art. 183 del CP) en dos oportunidades en concurso real entre sí (art. 55 del CP) -Hecho no3-; en concurso material con amenazas coactivas agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del trabajo (art. 149 ter inc. 2o, apartado b, último supuesto, del CP; art. 55 del CP) -Hecho no4-; en concurso material con amenazas (art.149bis, del CP) -Hecho no5-; en concurso real con amenazas, en situación de violencia de género (art. 149 bis primer párrafo, primer supuesto, del CP y ley 26.485) -Hecho no6-; en concurso material con amenazas reiteradas, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma, en una oportunidad y en situación de violencia de género (art. 149 bis primer párrafo, primer supuesto, 55 y 149 bis primer párrafo, segundo supuesto del CP y ley 26.485) -Hecho no7-; en concurso real con amenazas coactivas en situación de violencia de género (art. 149 bis segundo párrafo del CP y ley 26.485) -Hecho no8-; en concurso real con amenazas (art. 149 bis, del CP) -Hecho no9-; (artículos 396, 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación, 12, 20 bis, 29 inciso 3 del Código Penal de La Nación, todo con sus concordantes y afines).” (cfr. fs. 874/875 cuyos fundamentos obran a fs. 889/962vta.).

II. Contra esta resolución, interpuso recurso de casación la defensa particular de J. A. C., Dr. F. D. P. y Dra. F. L. F. (fs. 969/1046), que fue concedido por el a quo a fs. 1127/1128 y mantenido ante esta instancia a fs. 1134/1143.

III. Liminarmente, la defensa en su recurso argumentó en torno a la procedencia formal de la vía intentada y relató los antecedentes del caso.

Seguidamente, fundó sus agravios en los términos previstos en ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

En primer lugar, sostuvo que en la sentencia recurrida se había efectuado una errónea ponderación de los elementos probatorios recolectados durante la audiencia de debate y que no existían pruebas contundentes acerca de la participación de su defendido en los hechos. En tal sentido, argumentó que el temperamento incriminatorio se había conformado en base a un derecho penal de autor porque se había juzgado a C. por su personalidad y no por las acciones efectivamente realizadas.Es por ello que la defensa afirmó que estábamos en presencia de “excesos” o “conductas desafortunadas” pero que no resultaban abarcadas por el derecho penal.

Cuestionó que para acreditar la ocurrencia de los hechos, el Tribunal haya ponderado los dichos de un solo testigo lo cual, a su juicio, no resultaba suficiente para derribar la presunción de inocencia.

Reiteró su argumentación señalando que el caso de autos se reducía a un conflicto de entidad laboral y no a una hipótesis delictiva.

En otro andarivel, se refirió a la subsunción jurídica de los hechos en el delito de amenazas. Hizo un parangón con la imputación efectuada en la edad media a ciertas mujeres consideradas brujas, para evidenciar que el mal anunciado debía ser gobernable por el imputado, lo cual, a su criterio, no sucedía en el caso de autos. Ello así, porque “J. A. C., en ningún momento podía hacer posible el mal futuro que se atribuye que él anunciaba. Por ejemplo la cesantía en los trabajadores”.

Por otra parte, reiteró su versión de los hechos, señalando que “.el Dr. J. A. C., ha sido víctima de un grupo de empleados judiciales, que no han sabido adaptarse a la figura de un nuevo magistrado subrogante, luego de prestar tareas todos a las órdenes del Dr. Z., quien merece nuestro respeto”.

Para así sostener, citó el testimonio de algunos testigos que depusieron durante la audiencia debate que señalaron que estaban disconformes con las exigencias de C. respecto a los horarios. Así, citó el testimonio de A. T. y lo desacreditó señalando contradicciones en su discurso. Asimismo, ponderó testimonios de testigos que habían afirmado que nunca fueron maltratados por el imputado, tal es el caso de M. L. Á., S. S. y M. M.M.

Agregó que “Recordamos que había un total de 21 mujeres y 11 hombres y sólo 4 han manifestado ser presuntas víctimas, de las cuales 2, de esas 4 no se han presentado a audiencias de debate, y ninguna de las presuntas víctimas según surge de sus testimonios han admitido mal trato en su cara.”.

En otro orden, tras realizar un análisis de la teoría del delito, afirmó que “Esta asistencia técnica, entiende que todos los hechos endilgados a nuestro defendido, no superan el análisis de la tipicidad, y por lo tanto resultan atípicas, salvo en el hecho número uno por resultar culposa la conducta y al no estar prevista en el código penal, no resulta punible”.

Seguidamente, los recurrentes sostuvieron que los hechos no encuadraban en un supuesto de violencia de género toda vez que tal categoría requería que se quisiera causar un daño por el hecho de ser mujer, por lo que no cualquier ejercicio de violencia contra una mujer resultaba violencia de género, sino sólo aquella que se realizaba contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino.

En base a ello, la defensa afirmó que, según surgía de lo declarado por los testigos, su defendido resultaba un “un sujeto históricamente violento pero no un misógino.”. Sostuvo que la violencia fue contra las mujeres porque había más empleados mujeres que hombres y que también se constaron hechos de violencia contra los hombres; todo lo cual llevaba a descartar el encuadre jurídico bajo la categoría de violencia de género.

Retomando su agravio respecto a la errónea valoración de la prueba, la defensa se quejó porque no tuvo la posibilidad de repreguntar e interrogar a la testigo Lía B. Mismo argumento sostuvo respecto de las pericias realizadas sobre los daños registrados en el sillón y en el picaporte.

Luego la defensa se refirió al hecho calificado como malversación de caudales público y afirmó que se trataba de un error de tipo.De esta forma, tras reseñar ciertos elementos probatorios, los recurrentes sostuvieron que “.estamos ante la presencia de un accionar culposo que tiene favorable acogida dentro del derecho administrativo y no de un obrar criminal”.

En cuanto al hecho que damnificó a I. S., la defensa sostuvo que no existió dolo de abuso sexual y que la única prueba eran los dichos de la víctima lo cual, a su juicio, resultaba insuficiente para sostener un veredicto condenatorio. Agregó que el caso se trató de un desencuentro amoroso y que “.insistimos un desafortunado enamorado, por no ser correspondido, no se le puede aplicar sanción penal. Ultima Rattio. Art. 1 CN. En el caso que el condenado se hubiera sentido atraído.”.

En lo atinente al suceso no4, la defensa sostuvo que la sentencia se basó en meras hipótesis de los magistrados carentes de sustento fáctico. Misma apreciación refirió respecto de los hechos 6, 7, 8 y 9.

Por otra parte, retomó su argumentación en torno al hecho calificado como malversación de caudales públicos afirmando que “.es que si bien, es cierto que nuestro asistido realizó un cambio de destino de los fondos, cabe aclarar que no dañó ni entorpeció el servicio en lo más mínimo a la administración pública, en razón a lo que cada testigo durante las audiencias de debate como las declaraciones de los testimonios incorporados por lectura, han manifestado.”.

Añadió a lo expuesto anteriormente -en cuanto a que su asistido habría actuado sin dolo- que C.en su declaración había negado “.saber que con dichos fondos no podía realizar esas compras, ni el destino específico de los mismos, máxime los bienes adquiridos por el Juzgado Federal de Santa Rosa, eran necesarios para un buen desempeño”.

Seguidamente, retomó los hechos calificados como amenazas y refirió que, además de que el mal anunciado no sería gobernable por C., “.nuestro defendido nunca representó un peligro real, en razón que el mismo NO tenía facultades para rescindir el contrato laboral del personal contratado por la Cámara Nacional Electoral.Tampoco es injusto la cláusula séptima del contrato, porque este es un riesgo socialmente permitido a que toda persona que no sea idónea en el ejercicio de sus funciones, sea rescindido de dicho vínculo contractual. Así también lo tiene previsto la ley de Contrato Laboral, como orden público en consecuencia por más que el sujeto pasivo se angustie, porque se representa un mal, en razón que puede quedar en la pobreza y sin el trabajo”.

En otro orden de ideas, criticó la valoración de la prueba en orden a t ener por fehacientemente probado el hecho no6. En tal sentido, se refirió a la declaración de T., señalando que ella misma había manifestado no sentir temor del Dr. C. Agregó que “En cuanto a las palabras despectivas, que le atribuyen a nuestro defendido, las mismas carecen de sustento y relevancia penal, en caso de que efectivamente hubieren sido pronunciadas por nuestro defendido”.

En cuanto al hecho no7, la defensa afirmó que la amenaza a B. con una trincheta se trató de una broma de mal gusto. Agregó que “Los testigos G. y T. han manifestado que fue una broma, que el Dr. se estaba riendo, y la misma B.manifestó que estaba risueño, contento y que fue para ella una broma, pero de mal gusto”. Por lo que la defensa concluyó que este este hecho quedaba fuera de la órbita penal.

Por otra parte sostuvieron los recurrentes que no se había probado la materialidad del hecho porque la trincheta nunca había salido del estuche.

Respecto al hecho no8, los recurrentes arguyeron que “.por conmovedor que sea el testimonio de la supuesta víctima, carece de correlato con el plexo y no se pudo probar la relación causal directa con la supuesta conversación telefónica que consistió en una amenaza; la presunta víctima manifiesta que solo una vez habló con C.”. Por consiguiente, la defensa entendió que no se contaba con pruebas suficientes para acreditar la materialidad fáctica de lo sucedido y solicitó la absolución de su defendido.

Finalmente, en lo que respecta al hecho no9 reiteró su agravio referido a la falta de elementos probatorios que probaran los extremos de la acusación y que, en todo caso, se habría tratado de un supuesto laboral o administrativo pero irrelevante para el derecho penal.

Como último punto de agravio, la defensa se refirió a la excesiva imposición de pena. En tal sentido, sostuvo que “Se desconoce en absoluto las pautas, cálculos matemáticos y/o aritméticos que adoptaron, para la fijación de una punición tan grave, omisiones estas, que obstan la debida motivación de la sentencia para hacer efectiva las garantías del debido proceso e inviolabilidad de la defensa en juicio”.

Agregó que la pena transgredía los principios de proporcionalidad y de culpabilidad.

Asimismo, la defensa añadió que el Tribunal debió ponderar que “J. A. C., tiene un inmejorable legajo criminológico el cual se encuentra agregado a la causa, en un hombre joven y divorciado, con fuertes vínculos familiares con sus padres, y no posee un mínimo antecedente penal”.

Dejó planteada la cuestión federal.

IV. En el plazo previsto en los arts.465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., las partes hicieron sus presentaciones.

En primer lugar, la defensa amplió los fundamentos expuestos en el recurso de casación (cfr. fs. 1134/1143).

Así, en lo que respecta el primer hecho, sostuvo que la conducta devenía atípica toda vez que no se había dictado una resolución contraria a la ley ni a la Constitución Nacional sino que era contraria a una resolución ministerial.

En lo que respecta el delito de malversación de caudales públicos reiteró que se trataba de una caso de error de tipo y no de un error de prohibición vencible como había afirmado el Tribunal. Agregó que todos quienes presenciaron este hecho debieron denunciarlo porque sino hubieran sido coautores.

En lo atinente al hecho que tuvo como víctima a S. sostuvo que su defendido nunca había percibido el ofuscamiento de la nombrada y que no se trató de una conducta criminal. Añadió que “. claramente la Dra. S., no presenta ningún signo traumático de víctima de abuso sexual, ya que apenas es relevado de su cargo nuestro defendido, ella lo reemplaza. Lo que prudentemente nos lleva a concluir que la experiencia no fue traumática para la misma”.

En cuanto al hecho no3 solicitó la exclusión probatoria de las fotos aportadas por la Dra. T.

Reiteró sus agravios respecto al delito de amenazas en lo que concierne al suceso no4.

Asimismo, amplió y reiteró sus argumentos referidos a los hechos números 7, 8 y 9.

En la misma oportunidad procesal se presentó el Fiscal General ante esta instancia, Dr. Marío A. Villar y solicitó que se rechace el recurso de casación de la defensa (cfr. fs. 1145/1154vta.).

Así, tras resumir los hechos acreditados y los agravios de la defensa, el Fiscal controvirtió la fundamentación de los recurrentes en lo que respecta la ponderación del testigo “de oídas” y del testigo único.Respectó a este último concluyó que “.no debe prescindirse de las manifestaciones del único testigo del hecho sino que las mismas pueden ser aptas para la adquisición de certeza si son valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles”.

Seguidamente, refutó las críticas efectuadas por la defensa en cada uno de los hechos probados.

De esta forma, en lo que respecta el primer hecho en cuanto a la invocada existencia de un error de tipo, afirmó que “.la falta de seriedad con la que se toma la posibilidad de cometer ese delito permite sostener, al menos, la existencia de dolo eventual”.

En tal sentido, analizó los testimonios de los testigos presenciales de los hechos y concluyó que “La defensa no explica en forma concreta y coherente cómo es posible interpretar la respuesta mencionada como dudosa o como un ‘tal vez’”; en referencia a la negativa de la secretaria respecto a la posibilidad de utilizar los fondos para los bienes requeridos por C.

En lo atinente al segundo hecho, no coincidió con la defensa en que se tratara de un caso de testigo único toda vez que los testimonios de S. B. y A. C. resultaban coincidentes con los dichos de la víctima.

Descartó que en el tercer hecho se haya violentado el derecho de defensa en juicio de C.ya que “.el recurrente no ha especificado en concreto cuáles fueron las pruebas o defensas que se vio privado de aportar en el juicio como para establecer que efectivamente estamos en presencia de un caso en que se ha violado el derecho de defensa en juico que alega”.

En cuanto al hecho no4 y para refutar la argumentación de la defensa, el Fiscal sostuvo que “. el delito imputado sólo exige que la amenaza se realice con el propósito de compeler a hacer abandono del trabajo, es decir que se trata de un especial elemento subjetivo del tipo que no necesita realizarse, sino que basta que la amenaza tenga esa finalidad, siendo verosímil la misma para la víctima o víctimas”.

Respecto a la posibilidad de la defensa de interrogar a los testigos de cargo, el Fiscal se refirió a los supuestos de excepción contenidos en el artículo 391 del código de rito y aclaró que no se trató de una prueba dirimente en los términos del precedente “Benitez” de la Corte Suprema. Idéntico análisis efectuó respecto al hecho no7 afirmando que “la prueba de cargo no se funda únicamente en los dichos de la víctima A. Lía B. sino en diversos elementos de convicción, valorados conforme a las reglas de la sana crítica racional”.

En lo referente a las críticas formuladas por la defensa al hecho no5, el Dr. Villar afirmó que la defensa no había refutado exitosamente la argumentación del Tribunal por lo que correspondía rechazar sus planteos.Misma opinión sostuvo respecto a los hechos no6, 8 y 9, concluyendo, en definitiva, que “.el recurso se presenta como una reiteración de argumentos faltos de fundamentación y un desconocimiento de la respuesta judicial dada al tema, lo cual determina su rechazo”.

Como último punto, el Fiscal se refirió a la individualización de la pena impuesta, señalando que “.la pena impuesta ha respetado los límites legales correspondientes, conforme las reglas del concurso de delitos, y se han dado fundamentos suficientes al respecto, con sustento en el plexo probatorio de la causa”.

V. En la etapa procesal prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., se realizó la audiencia que prevé dicha norma a la que compareció la defensa del imputado C. y presentó el escrito de fs. 1159.

En su escrito, la defensa volvió a cuestionar la pena de efectivo cumplimiento impuesta a su defendido y agregó “.que se lo prive del beneficio jubilatorio es injusto y no conforme a derecho lo que se solicita que sea revocado”.

Asimismo en esta oportunidad los abogados solicitaron la regulación de honorarios por su actuación en ambas instancias.

Superada esta etapa (cfr. fs. 1158) quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, J. Carlos Gemignani y M.no Hernán Borinsky.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. El recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del código ritual.

II.Previo a ingresar al tratamiento de los agravios de la parte recurrente, corresponde describir los hechos que el Tribunal tuvo por probados. Todos ellos acaecieron en la oportunidad en que el imputado se desempeñó como Juez Subrogante de la provincia de La Pampa, iniciando sus funciones durante la primera quincena de junio de 2013.

En cuanto al hecho no1, el Tribunal Oral tuvo por debidamente acreditado que J. A. C. dictó el 10 de julio de 2013 una resolución por medio de la cual autorizó la compra por un valor de $8.627,64 de un sillón Canela Stanley High; de un televisor Sony Led Full HD 32 y de un reproductor marca Phillips Mod. 3800×700; todos pagos a la firma “Marinelli”. Asimismo tuvo por fehacientemente probado que C. autorizó el 1 de agosto de 2013 la compra de un equipo de música por un total de $9.252 y adquirió sanitarios por la suma de $5.591,40, conforme se desprende de la factura de la empresa “Insagas” y un juego de sillones por la suma de $9500, de la empresa “Fuzion”.

Las compras por orden, cuenta y voluntad de C. para el período julio-agosto 2013 sumaron un total de $32.971,58.

Estos sucesos fueron subsumidos en las figuras de abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicos.

Asimismo, en lo atinente al hecho no2, el Tribunal tuvo por debidamente probado que “.J. A. C., estando en el interior del despacho de la Secretaria Penal del Juzgado Federal de Santa Rosa, un día hábil de trabajo -cuya fecha exacta no ha podido ser determinada, pero sí ubicada durante el tiempo en el que se desempeño como juez subrogante- intentó abusar sexualmente de I. J. S.

El acusado tomó provecho de la situación de intimidad en la que se encontraban y actuó de manera sorpresiva.

Primero colocó una de sus manos sobre el suéter de lana de la víctima para luego pasarle la mano por la espalda. Esto provocó que I. S. lo apartara, antes de que C.pudiese acceder a la zona de sus pechos.

La acción descrita fue la concreción máxima – a la que C. pudo llegar- al cabo de un conjunto de expresiones verbales y acercamientos físicos, de significación sexual, que el acusado le venía destinando a la víctima, abusando siempre de la supremacía funcional que le otorgaba su cargo”.

Este hecho fue calificado como abuso sexual simple en grado de tentativa en situación de violencia de género.

Asimismo, el Tribunal Oral tuvo por debidamente probado que C. rompió “.con un golpe, durante un ataque de furia, parte del machimbre que se encuentra recubriendo las paredes de la Secretaría Privada del Juzgado Federal de La Pampa, donde trabaja la Sra. A. Lía B., hecho ocurrido el día 6 de agosto de 2013” y asimismo, que el imputado rompió en otro ataque de furia, de una patada, la cuerina de un sillón que se encontraba en la Planta Baja del pasillo, en las inmediaciones de la Secretaría Electoral, hecho que acaeció el 10 de agosto de 2013 (hecho no3). Esta plataforma fáctica fue subsumida en la figura de daño reiterado en dos oportunidades.

En el hecho no4, el Tribunal Oral tuvo por probado que C. amenazó a los empleados que se encontraban contratados en la Secretaría Electoral, llamando a cada uno de ellos para que manifestaran a través de quién habían ingresado a trabajar a dicha secretaría y cuál era su afinidad política. A su vez, les hizo saber que “él podía echarlos si así quería.” porque “.quería traer gente de su confianza.su gente.”. A cada empleado hizo entregarle copia del contrato que habían oportunamente firmado, donde lucía resaltado en fluorescente que “el juzgado podía rescindir el mismo por la causa que crea conveniente”. Este episodio acaeció el 8 de julio de 2013 y fue calificado como amenazas coactivas agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono de su trabajo.

En igual orden, el Tribunal Oral tuvo por acreditado que “El día 12 de julio de 2013, el imputado J. A. C., amenazó al Dr. Héctor Raúl Almirall, agente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando éste, luego de esperarlo por más de dos horas en vano, se retiró del Juzgado antes de comenzada la reunión que había sido convocada por el entonces juez, informando que tenía otros compromisos asumidos. Es allí cuando C. comenzó a proferir gritos e insultos, entre los que decía que le prohibía la entrada al Juzgado, que lo iba a hacer echar de su trabajo y distintas groserías contra el abogado” (hecho no5). Este suceso fue subsumido en la figura de amenazas.

Respecto al hecho no6, el Tribunal Oral tuvo por fehacientemente acreditado que J. A. C. expresó en reiteradas oportunidades manifestaciones intimidantes hacia la persona de C. N. T., quien se desempeñaba en el momento de los hechos como Habilitada de la Secretaría Electoral, las que limitaron su libertad de autodeterminación y le causaron temor; plataforma fáctica que fuera subsumida en la figura de amenazas en situación de violencia de género.

Por otra parte, el Tribunal tuvo por acreditado que “.el acusado amenazó al menos en cuatro oportunidades a A. Lía B., Secretaria Privada del Juzgado Federal de Santa Rosa. En ellas, en medio de insultos y gritos que le infundieron temor le hacía saber a la damnificada, de manera directa o indirecta, que iba a adoptar represalias funcionales en su contra -como hacerla echar- ello a partir de las exigencias laborales que le realizaba en su condición de jefe.Las reiteradas amenazas, al menos, incluyeron las siguientes circunstancias: a) en una oportunidad, luego de hablar con la Secretaria de Superintendencia de la Cámara de Bahía Blanca Dra. Beilinson y echarle la culpa a A. B. de lo que estaba sucediendo con los certificados médicos del Dr. Z. profirió insultos, golpes, gritos y patadas a las puertas diciendo “la reputa madre que los parió hijos de remilputas.Los voy hacer mierda a todos”; b) en otra oportunidad, luego de hablar por teléfono con la esposa del Dr. Z., le dijo a A. B. que la esposa del juez era ‘una irrespetuosa hija de remil putas’, que no podía hablarle así a un juez federal, que todo era culpa de B., que por su culpa había tenido que escuchar las barbaridades que le dijo Mónica Z., la esposa del juez titular, y le dijo ‘al que no le guste, hijos de remilputa, van a tener que renunciar.se van a tener que ir ellos, no yo. yo voy a ser titular de este juzgado.’ a los gritos, cerca de la cara de A. B., mientras golpeaba la pared de machimbre, hasta que ésta se rompió; c) en otra oportunidad le dijo a M. del C. A. A., personal de maestranza, sabiendo que ésta se lo diría a A. B., a raíz de que por error lo había llamado por el nombre del juez titular: ‘tengo ganas de matarla.de meterle la cabeza en la laguna hasta que dejen de salir burbujas’; d) en otro momento el acusado C. amenazó a A. B. -fingiendo una inexistente situación de broma- pasándole el brazo izquierdo por el cuello, y colocándole con la mano derecha, cerca del cuello, la trincheta que ella tenía en el escritorio” (hecho no7). Estos sucesos fueron calificados como amenazas reiteradas, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma, en una oportunidad y en situación de violencia de género.

En lo atinente al suceso no8, el a quo tuvo por probado que “J. A. C.profirió, vía telefónica, expresiones de contenido amenazante a la Dra. P. R. B., Directora del Centro Nacional de Reconocimientos Médicos, al solicitarle por sí o por interpósita persona, en reiteradas ocasiones, certificados médicos para justificar la licencia médica del Magistrado titular del Juzgado, Dr. Pedro Z.”. El hecho fue encuadrado en la figura de amenazas.

Finalmente, los magistrados sentenciantes con las pruebas arrimadas al debate acreditaron que “.el día 13 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 17:30 hrs., en el edificio de Vialidad Provincial, de esta ciudad de Santa Rosa, J. A. C. intimidó al periodista A. E. P., periodista de ‘El diario de La Pampa’ diciéndole: ‘ah. usted es del diario, pórtese bien usted.no pueden escribir lo que escriben contra mí, nunca me llaman por teléfono’. Luego lo apartó, lo llevó a un pasillo y le dijo a la cara desde muy cerca, a modo de amedrentamiento: ‘usted sabe que yo tengo el ejército a mi disposición’”; esta plataforma fáctica fue calificada como amenazas.

III. Debe señalarse en primer término, que la invocada arbitrariedad y carencia de pruebas de la sentencia recurrida no surgen de su lectura. Por el contrario, resulta contundente la univocidad de los discursos de las víctimas quienes relataron en forma concordante y bajo un mismo modus operandi situaciones violentas en las cuales el condenado fue el protagonista, en un claro abuso de su función de juez.

Es que, debe resaltarse, a diferencia de lo sostenido por la defensa, que cada suceso enrostrado al ex magistrado contó con numerosa prueba testimonial. Ello así, teniendo especialmente en cuenta las características de esta modalidad delictiva, en la cual el imputado se comportaba sin ningún tipo de cuidado, gritando a viva voz las amenazas acompañadas de golpes, lo cual pudo ser percibido -sin esfuerzo- por la mayoría de los empleados del juzgado. Por ello, todos los sucesos cuentan con abundante prueba testimonial, conforme se verá a continuación.

Nótese al ejemplo, el contundente testimonio de D. M.Solaro quien, conforme surge de la sentencia recurrida, explicó que “.era habitual que C. golpeara las cosas y gritara.Agregó que en una oportunidad registró con el celular -audio que fue ofrecido como prueba y reproducido durante la audiencia de debate- los gritos que C. profería desde su despacho del primer piso, tal como se escuchaban desde el sótano. Aclaró que desde el sótano grabó el audio, y a pesar de existir dos pisos de distancia se pueden escuchar los gritos”.

En este sentido, la sentencia recurrida constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias válidamente incorporadas a la causa en observancia al principio de la sana crítica racional o libre convicción (art. 398 del C.P.P.N.).

Ello es así, ni bien se observa que los sentenciantes realizaron un tratamiento concreto y motivado sobre el plexo probatorio arrimado al juicio para concluir la participación de C. en cada hecho investigado, a través de un razonamiento lógico y crítico de aquéllos distintos elementos, que llevaron a la certeza en la que se fundó la condena pronunciada.

La defensa en su recurso no efectúa un análisis conglobado de todos los elementos probatorios, sino que aísla ciertas pruebas y las refuta, descontextualizando cada conducta de su contexto de producción.

Tal forma de ponderar la prueba quita preponderancia al contexto, respecto al cual sostuve que “La prueba contextual no es un elemento de menor importancia. El contexto de un hecho, si bien aisladamente no lo acredita, es útil para brindar al suceso imputado el adecuado marco fáctico y jurídico. No se puede probar un he cho sin atender a su contexto de producción, el que proporcionará algunos extremos fácticos importantes al momento de recrear el hecho en su conjunto” y que, lo contrario implica efectuar “. una visión parcializada y una reconstrucción histórica deficiente de la base fáctica.” (cfr. mi voto en causa no 45425/2007/TO1/CFC3, registro no 846/16.1 “SCHLENKER, Alan y otros s/ homicidio agravado”, rta.17/5/2016).

De la lectura de la sentencia, surge minuciosamente descripto el contexto en el cual sucedieron los hechos, todos con una similar modalidad, que consistió en que el imputado, valiéndose de su cargo como juez, con violencia (incluso daños a los bienes del juzgado) y amenazas (algunas en contexto de violencia de género) intimidó a sus empleados y otras personas, creando un contexto de miedo generalizado y temor reverencial hacia su persona. Misma conducta abusiva se acreditó en el manejo unilateral y a libre albedrío de los fondos públicos.

Estas conductas fueron objetivamente lesivas de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal, por lo que mal pueden los conflictos descriptos reducirse a situaciones exentas del ámbito penal. Máxime si se tiene en cuenta la calidad de funcionario público del imputado con la consiguiente conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, en atención a la expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos -Convención Interamericana contra la Corrupción -arts. VI, VIII, IX y XI, aprobada por ley Nro. 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley Nro. 26.097; y ley de ética Pública, no 25.188-.

El tribunal fue minucioso al describir la lesión a la libertad de autodeterminación de los empleados que sufrieron amenazas de C., quienes no pudieron actuar conforme su voluntad, sino que se sintieron constreñidos por el magistrado e, incluso, en algunos casos, se acreditaron situaciones de stress postraumático. Estas circunstancias impiden acoger al escenario delineado por la defensa en cuanto refiere conflictos de índole laboral sin relevancia jurídico penal.

Por otra parte, de la lectura de la sentencia recurrida, surge que cada hecho fue acreditado con múltiples pruebas, testimoniales, documentales y peritajes que, siempre atendiendo al contexto de producción, confirmaron las hipótesis acusatorias.

En este escenario, no asiste razón a la defensa en cuanto funda sus críticas a la sentencia invocando la utilización de un derecho penal de autor.Por el contrario, a J. A. C. se lo condenó en base a distintos actos -acreditados a partir de un contundente plexo cargoso incriminatorio- que lesionaron los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico.

Tampoco ninguno de los hechos acreditados se trató de casos de testigo único, como afirmó la defensa. Ello así, no sólo por el contexto de producción -probado con múltiples testimonios y prueba documental- sino también porque cada uno de los nueve hechos enrostrados a C. contó -como extremos probatorios- con el testimonio de la víctima sumado a otros testimonios de testigos presenciales de los hechos que relataron lo que percibieron sobre la relación entre el juez y cada una de las víctimas.

Sin perjuicio de ello, cabe recordar la jurisprudencia de esta Sala IV en cuanto a que, cuando se trata de un testigo en soledad del hecho no cabe prescindir sin más de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo (Cfr. Causa nro. 14396 caratulada: “ACUñA VALLEJOS, J. Carlos s/recurso de casación”, rta. 27/9/2012 registro 1749/12).

Tal fue lo que sucedió en la sentencia impugnada, toda vez que los sentenciantes concluyeron en la veracidad de los distintos testigos a partir de un análisis extrínseco e intrínseco de sus dichos y confrontándolos con los restantes testimonios, como se analizará a continuación.

En forma general, la defensa arguyó que todos los testigos se habrían complotado en contra de su defendido porque no habrían querido adaptarse a las exigencias impartidas por el nuevo jefe.

Esta argumentación da por sentado que existe un contexto que es unívoco en cuanto a que todos los testigos habrían depuesto en similares términos, en forma incriminante, contra C.Lo que difiere de la sentencia impugnada es en el motivo que habría guiado la coincidencia testimonial, la cual la defensa atribuye a una conducta grupal contra una disconformidad laboral. Esta conclusión es producto de una visión sesgada de la prueba acumulada a la causa, toda vez que con los elementos arrimados al debate quedó sobradamente probado los graves insultos, humillaciones, violencia física, verbal y psicológica que padecían todos quienes tomaban contacto con C., lo cual excede con creces lo que podría considerarse discusiones propias de un ámbito laboral, conforme se detallará a continuación.

En el punto, para rebatir este argumento, el Tribunal respondió que “La situación vivida por el personal durante esos cincuenta y ocho días, superó ampliamente lo que podría aparecer como tolerable y esperable de cualquier superior, aun cuando éste trate de justificarlo en base a una supuesta ‘auto exigencia’ que pretendía contagiarles”.

Seguidamente el Tribunal justificó sus dichos en la prueba colectada al señalar que “A. T. lo calificó en la audiencia como ‘un acoso continuo, dado que era el juez’ agregando que en ese tiempo las secretarias dejaron de ser dueñas de sus vidas porque debían estar allí hasta lograr que firmara el despacho. Agregó la testigo que se apropió también de su secretaria (B.), la llamaba a las dos de la mañana y en vacaciones de julio se comunicaba también constantemente porque quería cortarle la licencia a ella. C. decía también que cada vez que uno entraba al despacho, siempre estaba con el teléfono ‘hacía parecer que tenía muchísimos contactos y que si ellos no cumplían sus órdenes quedaban sin trabajo, esa era la sensación que se tenía.”.

La defensa en su recurso no logró rebatir las premisas del a quo fundadas en el unívoco plexo cargoso ni demostrar el yerro lógico del Tribunal.Por el contrario, como bien sostuvo el Fiscal ante esta instancia, los recurrentes se limitaron a reeditar sus agravios sin atender a los fundados argumentos del Tribunal.

Sentado cuando precede, y para una mejor respuesta de los planteos efectuados por la parte recurrente, se tratarán conjuntamente los agravios referidos a la prueba, a las nulidades procesales y a la calificación legal, tomando como unidad de análisis a cada hecho en particular.

IV. Hecho 1:

En lo que respecta este hecho, la defensa no cuestionó la materialidad de lo sucedido en cuanto a que C. utilizó los fondos de las partidas destinadas a las elecciones para la compra de varios sillones, un televisor, un reproductor y sanitarios; cuestión que además, quedó debidamente acreditada con la prueba documental (facturas de compra, oficios firmados por C. autorizando esas compras) y prueba testimonial -declaraciones de C. N. T., I. J. S., A. S. T., A. C. C. y M. T.

Tampoco cuestionó la parte recurrente que los fondos con los que C. había comprado bienes para su personal uso no estaban destinados a tal fin. Ello además surge de la Resolución no 1863/07 del Ministerio del Interior en donde se estableció que “. los fondos asignados al sostenimiento de gastos electorales dispuestos a favor de los Juzgados Federales con esa competencia tenían como destino de inversión los denominados ‘bienes de consumo’ y ‘servicios no personales’”.

Por el contrario, lo que la defensa planteó en su recurso fue la existencia de un error de tipo que eliminaría la tipicidad subjetiva del delito de malversación de caudales públicos, deviniendo atípica su conducta. En tal sentido, afirmó que C. actuó sin conocimiento acerca de los elementos objetivos del tipo penal del artículo 260 del Código Penal en cuanto a que desconocía que le estaba D.a los caudales que administraba “.una aplicación diferente a aquella a que estuvieren destinados.”.

De la lectura de la prueba que fue ponderada por el Tribunal para sustentar su veredicto condenatorio, no surge la existencia de este desconocimiento alegado por la defensa, y, por el contrario, el Tribunal fundadamente probó el dolo del imputado, sin que la defensa ante esta instancia logre demostrar la ilogicidad del decisorio o la falta de correspondencia con el acervo probatorio recolectado durante el juicio.

Ello así, en primer lugar porque los testigos que depusieron en la audiencia afirmaron que le habían destacado al imputado que los fondos estaban destinados a gastos de la actividad electoral y que no podía darles otro destino, en su propio provecho y en bienes suntuosos como lo son un televisor led y un reproductor.

Luego, el conocimiento del imputado acerca del destino de los fondos y el cambio efectuado, está acreditado.

En efecto, durante el debate oral y conforme surge de la sentencia impugnada, la testigo C. N. T. recordó que el magistrado la consultaba si podía comprar una computadora, a lo que ella le informaba que las partidas no eran para ese fin. Si bien aclaró que la negativa no era rotunda porque, en caso de sobrar dinero, se podía solicitar a la autoridad específica, lo cierto es que, ni sobró dinero porque se destinó a otra finalidad ni tampoco fueron solicitadas las autorizaciones pertinentes. La testigo agregó que “.C. compró con fondos del juzgado y de la habilitación a su cargo un televisor, un equipo de música, un juego de sillones, etc. Y que esa plata no era para eso, ella se lo dijo, que era plata para una elección y no lo entendió”.

Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que este conocimiento, surge plenament e acreditado a partir del contexto de producción de los hechos y atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común.Ello así, en tanto no es posible sostener que el máximo responsable de una dependencia judicial desconozca que no puede utilizar los fondos que tienen un destino específico para comprarse bienes para su entretenimiento y confort personal, sin solicitar la correspondiente autorización. Esta premisa se robustece aún más si se tiene en cuenta que las compras efectuadas no se trataron de montos nimios o insignificantes. De adverso, las compras efectuadas superaron los $ 30.000 y representaron más del 61% del total de la remesa, en total detrimento del proceso electoral que se encontraba en curso.

En tal sentido, el a quo sostuvo que “.el simple sentido común indica y/o sugiere a cualquier miembro de una burocracia estatal con niveles decisorios, la prohibición de cambios en el destino asignado a dineros que tienen aplicación específica por reglamentos.”.

En suma, el dolo de C. surge debidamente probado en base a la advertencia efectuada por la empleada responsable a cargo y por la experiencia y trayectoria del imputado para ser nombrado juez, lo cual trae aparejado el conocimiento básico del funcionamiento de una dependencia o, mínimamente, la certeza de que no pueda alterar el destino de los fondos sin la debida autorización.

Misma suerte debe correr el planteo efectuado por los recurrentes en cuanto asignan responsabilidad por el hecho a los empleados de C. Esta cuestión resulta ajena al objeto procesal del presente caso y, además, la eventual responsabilidad de los restantes empleados no interfieren ni obstaculizan ni diluyen la responsabilidad penal del juez. Ello así, toda vez que en la sentencia recurrida quedó probado que C. revestía las cualidades requeridas para ser sujeto activo de este delito porque era el magistrado en ejercicio de la función pública y responsable por la administración de los bienes.Luego, la hipotética participación de otras personas en el hecho no obstan la acreditación de la plataforma fáctica ni la autoría responsable del imputado.

Finalmente, en lo atinente a los agravios referidos a que el accionar del imputado no habría causado un perjuicio a la Administración Pública, razón por la cual no cabría esta subsunción jurídica, debe recordarse que el bien jurídico tutelado no es el patrimonio del Estado, sino la seguridad de afectación de los bienes a los fines para los cuales se los ha reunido.

Lo que se protege es la sujeción del funcionario a la ley, ya que en un Estado de Derecho los bienes públicos están regidos por las leyes del Congreso y sus correspondientes regulaciones y no por la voluntad del funcionario público.

Es por ello que la acción consiste en dar a los caudales o efectos una aplicación diferente de la que corresponde, de manera que el destino no es el establecido sino otro, que arbitrariamente dispone el funcionario dentro de la esfera pública (cfr. Donna, Alberto Edgardo “Derecho Penal. Parte Especial”, Tomo II, Segunda Edición, editorial Rubinzal- Culzoni, Bs. As., 2012 pág. 296 y ss.).

En consecuencia, no se exige la sustracción de los bienes (lo cual sería otra figura) o un perjuicio al patrimonio del Estado, porque el perjuicio viene dado exclusivamente por el cambio de destino fuera de lo previsto legalmente.

En este escenario, la conducta de C. al cambiar arbitrariamente el destino de los fondos, afectó el bien jurídico tutelado por la norma e implicó un claro perjuicio al regular funcionamiento de la Administración Pública.

Finalmente, en lo que respecta los agravios introducidos directamente ante esta instancia, cabe referir que el delito de abuso de autoridad -en una de sus modalidades- consiste en emplear arbitrariamente una facultad concedida legalmente. Así, si bien el imputado podía disponer de los fondos, no podía utilizarlos para los bienes adquiridos porque los fondos tenían otro destino.La facultad (disponer de los fondos) fue ejercida arbitrariamente porque no se daban los supuestos de hecho que lo autorizaban. En el punto, el a quo afirmó que “Y en este legajo nunca se puso en dudas o crisis que las sumas dinerarias consignadas no tuvieran un destino prescripto por ley (o sus equivalentes, tales como decretos o resoluciones) en forma puntual.”; por lo que el haber dictado resoluciones asignando los fondos en forma contraria a lo que la ley y sus reglamentaciones disponían, constituyó un abuso de sus funciones como juez.

En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar estos agravios.

Hecho 2:

La defensa en su recurso se agravió tanto de la acreditación del suceso fáctico como de la relevancia jurídico penal asignada a la conducta y su correspondiente subsunción jurídica en la figura de violencia de género.

En cuanto a lo primero, como se adelantó al inicio del presente voto, no se trató de un supuesto de prueba única y, por el contrario, el Tribunal ponderó numerosos elementos probatorios que acreditaron la hipótesis acusatoria sostenida por el Fiscal.

Así, en primer lugar, el Tribunal citó los dichos de I. S. quien describió las repetidas referencias que venía recibiendo de parte de J. A. C., todas ellas en relación a sus pechos y a su físico. Al momento de ponderar este testimonio el Tribunal lo calificó de “preciso” en tanto brindó una descripción de las conductas de C. que detallaron los movimientos corporales, el tocamiento, la forma que encontró de apartarlo y las consecuencias que el suceso le habían traído aparejadas.

En tal sentido, el a quo fundó la credibilidad del testigo indicando que “Desde el punto de vista del relato este se presenta detallado, coherente, con explicación del modo en que fueron evolucionando los avances verbales y de acercamiento hacia ella”. Asimismo, agregó que “En la estructura del relato no se evidencian signos o inconsistencias que lleven a aducir mendacidad. El tribunal ha tenido conocimiento directo de la víctima y ha podido advertir la veracidad en la que se condujo.Todos los demás testigos han corroborado lo dicho por la víctima”.

En efecto, respecto a las consecuencias que generó el intento de abuso, corroboraron los dichos de S., los testimonios de sus compañeros que, en forma coincidente, relataron la angustia que percibieron de la víctima a raíz del episodio.

Así, conforme surge de la sentencia, el testigo S. B. coincidió con S. en cuanto al temor y a la angustia que le generaban los comentarios de C., a punto tal que ella había solicitado que no la dejaran sola con el juez.

En el punto, respecto a las críticas efectuadas por la defensa ante esta instancia, cabe responder que no interesa si el hecho trajo aparejado mayores o menores secuelas psíquicas, toda vez que la cuantificación del daño se pondera para la graduación de la pena, pero no a los efectos de su configuración típica. En el caso, resulta relevante que el abuso sexual existió y que lesionó el bien jurídico tutelado por la norma, lo cual es suficiente para afirmar la tipicidad de la conducta.

En la sentencia se añadió que el testigo “Refirió que C. se acercaba, le hablaba de sus senos, le hacía comentarios acerca de su marido, que le dijo ‘no te preocupes que tu marido no se entera’. Señaló que el juez ‘le realizó en su cuerpo un contacto físico’, que a partir de allí la ‘notó notablemente angustiada’”.

Asimismo agregó que “Contó que C. le ponía seudónimos a las mujeres que tenían que ver con cuestiones despectivas, como ‘gorda’, ‘gato’. Refirió que C. manifestaba que él era el juez federal, imponía superioridad. Mencionó que sufrieron más las mujeres y las personas del escalafón más bajo. Al respecto el testigo dijo ‘trataba peor a una secretaria privada, o por ahí, se animaba a más con un hombre que no tenía cargo alto’.

En forma coincidente en cuanto a que Iara contó el abuso sufrido por C.y las consecuencias que ese hecho le produjo, se expidieron las testigos A. C. y D. S. A. La última nombrada fue testigo de las referencias efectuadas por C. al cuerpo de Iara y al temor sufrido por la víctima.

Resulta contundente la prueba de cargo toda vez que varios testigos refieren a ver escuchado proferir al juez las mismas frases intimidantes referidas a “.si por ahí había pasado el bisturí”.

También dieron cuenta de estos episodios los testigos J. del S., M. T., D. A. G., D. M. M., J. J. Z. y P. D. F., todos quienes concordantemente declararon la angustia vivida a raíz de los distintos episodios abusivos perpetuados en contra de I. S.

Surge de la sentencia que D. M. M. detalló que “.en presencia de la Secretaria Penal le dijo ‘mirá que tetas que tiene’, eso hizo que ella se pudiera mal. Refirió que a I. S. -también otras mujeres contratadas en la Secretaría electoral- C. siempre les hacía ese tipo de comentarios: ‘viste que linda que está’. Dijo que a él `le parecía extraño que a un ordenanza le hiciera esas referencias’”.

Nótese al respecto que todos los testigos describen un escenario en el cual el imputado exhibe un particular encono con las empleadas de género femenino, lo cual fue percibido tanto por los hombres como por las mujeres. Ello así, atento a los comentarios estereotipados contra las mujeres dirigidos a cosificarlas y a incomodarlas.

En este sentido, declaró D. M. Solaro indicando que “El Dr. C. siempre hacía alusiones incómodas del estilo: ‘qué rico perfume que tenés’; que eran momentos incómodos ‘se te acercaba y te decía algo del perfume o del físico’”.

Con todo este plexo cargoso, el Tribunal concluyó que “La acción emprendida por C., lejos de ser una conducta aislada, se enmarcó en un acoso sistemático que emprendió contra I. S., realizándole continuos comentarios referidos a sus atributos físicos, especialmente en relación a los pechos, con lo que se mostraba obsesionado.La mujer sintió esos comentarios como una agresión que le provocaba gran angustia”.

En este orden, el Tribunal descartó la estrategia de la defensa en cuanto refirieron que estos episodios se trataron de “desencuentros amorosos”. Esta argumentación llevaría implícita la existencia de un consentimiento por parte de la víctima, nada de lo cual surge de la base probatoria reseñada.

Por el contrario, quedó debidamente probado que todas las conductas y comentarios de C. hacia I. S. tuvieron la capacidad de afectar la integridad y libertad sexual de la víctima, toda vez que ella expresó incomodidad, miedo y angustia y vio sumamente reducida su capacidad de actuar de acuerdo a su voluntad.

En estas condiciones, no puede reducirse la plataforma fáctica a la conducta de un “desafortunado enamorado por no ser correspondido” como insistió la defensa. Ello así, en tanto no se trató de una conducta neutral o un gesto de amistad, sino que tuvo la entidad suficiente para afectar los bienes jurídicos en juego porque se trató de una acción de claro contenido sexual, no consentida.

Al respecto, cabe recordar que el Tribunal había respondido a este planteo, señalando que “.la acción de C. significó el comienzo de ejecución de una acción prohibida por la norma, esto es acceder a las zonas pudendas de la mujer sin su consentimiento, conducta que se vio frustrada por una causa ajena a la voluntad del autor.”.

Asimismo, el Tribunal agregó que “Se tiene en cuenta que el acusado y la mujer ofendida no tenían ninguna relación previa de confianza que pudiera transformar el contacto físico que emprendiera C. como una manifestación amistosa o de afecto. Por el contrario, el acusado había hecho repetidas referencias a los atributos físicos de S., a la forma y apariencia de sus senos.Ello no tuvo ninguna otra connotación que no fuere la descripción de deseos o impulsos sexuales”.

De todo lo expuesto, surge debidamente acreditada la plataforma fáctica y la relevancia jurídico penal de la conducta.

En lo atinente al encuadre de los hechos en la figura de violencia de género, cabe resaltar que el Tribunal fundó su decisión de conformidad con lo establecido en Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Estado Argentino, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acuerdo a las disposiciones de la ley 26.485.

De esta forma, y tras reseñar lo que los mentados tratados internacionales y la ley 26.485 definen como violencia de género, el a quo concluyó que “.se han comprobado efectivamente las razones para considerar acreditado el contexto de género en el que se desarrolló el hecho acreditado. El despliegue de la violencia desarrollada contra las mujeres por el acusado J. A. C., ha sido de tal entidad que condujo así, sin más, a configurar la situación de subordinación y sometimiento.”.

En este escenario, la defensa no logra controvertir la conclusión del Tribunal. Sus argumentaciones no logran demostrar el error en el encuadre jurídico adoptado por el a quo.

En efecto, a diferencia de lo señalado por la parte recurrente, en el caso de autos se acreditó sobradamente la animosidad del imputado hacia el género femenino. No sólo por los hechos efectivamente acreditados que fueron encuadrados en las figuras de abuso sexual y amenazas contra varias mujeres, sino además, porque todos los testigos dieron cuenta de la forma en que el imputado constantemente efectuaba comentarios despectivos sobre el físico de las mujeres. Nótese los dichos del testigo M. en cuanto detalló que C.le hacía comentarios como ‘mirá que tetas que tiene’; ‘viste que linda que está’.

Resultan ilustrativas del punto, los dichos del testigo S. B. en cuanto afirmó que las mujeres resultaron uno de los blancos preferidos de C., D. cuenta de la especial animosidad del imputado contra el género femenino. En igual sentido, se expidió la testigo D. M. Solaro quien, conforme surge de la sentencia impugnada “.Remarcó la diferencia de trato que hacía entre el personal femenino y masculino, señaló los descalificativos que decía el juez como ‘hija de puta’, ‘esa yegua’, pero esos términos no los usaba con los varones”.

Esta misma animosidad del juez para con las mujeres fue descripta en los siguientes términos por el testigo D. A. G., quien, conforme se describió en la sentencia, refirió que “Respecto del clima del juzgado notó un trato especial diferenciado con las mujeres, ‘noté que es como que las mujeres se escondían cuando llegaba el juez C., todas tenían miedo’. Acotó que C. hacía diferencia entre los hombres y las mujeres, ‘él era mas fuerte con las mujeres para exigirles’”.

Asimismo, todas las mujeres empleadas del imputado que declararon en la audiencia manifestaron haber recibido o escuchado en alguna ocasión, algún comentario despectivo sobre las mujeres, lo cual prueba la efectiva existencia de violencia psicológica, porque en este mismo sentido, esos comentarios generaban temor y reducción del ámbito de libertad de las víctimas, como se detalló respecto de I. S.

En este contexto, el hecho abusivo perpetrado con I. S. se enmarca en este escenario de violencia de género.

La circunstancia de que, además, el imputado hubiera proferido malos tratos a personas del género masculino no obsta la configuración del contexto de violencia de género contra las mujeres, en tanto no resultan conductas excluyentes entre sí, como pretendió la defensa. En el caso, que C.hubiera amenazado a un periodista y a un empleado de la AFIP no altera la circunstancia que concomitantemente el imputado estuviera valiéndose de su relación de poder para ejercer violencia física y psicológica en contra de las empleadas a su cargo.

Al respecto, y en consonancia con el análisis efectuado en la sentencia recurrida, cabe recordar que sostuve en reiterados precedentes que, en casos donde pueda encontrarse comprometidos los derechos de las mujeres, debe siempre privilegiarse el estudio de la causa desde una perspectiva de género (cfr. causa FLP 51010899/2012/CFC1, caratulada “Luna Vila Diana s/ recurso de casación”, Registro no 1337/16.4, rta. 20/10/16 y causa FLP 58330/2014/CFC1 “Internas de la Unidad 31 SPF s/ habeas corpus”, Registro no 2326/14.4, rta. 4/12/15, del registro de esta Sala IV).

Es por ello que, el estudio de la presente causa tomando como base los Tratados Internacionales que protegen a las mujeres así como la ley integral de protección a las mujeres, resultó acertado.

En todos estos instrumentos se incluye como definición de violencia contra la mujer la agresión – ya sea física o psicológica- perpetrada en contra de una mujer en su ámbito de trabajo (ver artículos 1 y 2 de la Convención de Belem Do Pará).

En igual sentido, el artículo 11 de La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, impone a los Estados partes adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos.”.

El Comité creado por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) emitió la Recomendación No 19, en la cual especificó que “El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer.Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.”.

En lo que resulta de suma aplicación al caso de autos, cabe destacar el artículo 11 de esta Recomendación no19 donde se sostuvo que “La igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se las somete a violencia, por su condición de mujeres, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. El hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil”.

En el ámbito nacional y siguiendo los parámetros convencionales anteriormente reseñados, la ley de Protección Integral a las Mujeres, ley no 26.485 promulgada el 1/4/2009, define a la violencia contra la mujer como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.” (artículo 4). Asimismo, define la violencia psicológica como “La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación” (artículo 5).

Desde es ta perspectiva, fácil resulta advertir que los hechos probados encuadran en esta definición, toda vez que C., basándose en una relación desigual de poder que le otorgaba su rol de juez, ejerció violencia física y psicológica contra varias mujeres, lo cual perturbó el desarrollo personal de las víctimas. Nótese que I. S. tenía temor del imputado.

Finalmente, cabe recordar que “.a partir de las distintas obligaciones asumidas por el Estado, la violencia contra la mujer . es una cuestión que escapa a las partes y tiene trascendencia pública, pues el Estado se comprometió a erradicar esa violencia, como pilar fundamental para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos en condiciones de igualdad” y que “Cada hecho cometido en contra de una mujer, perjudica al conjunto de mujeres que, desde hace varios años, interviene en la esfera pública para que se le reconozcan sus derechos en paridad de condiciones” (cfr. mi voto en causa CFP 8676/2012/1/CFC1 caratulada: “REYES, E. ángel por delito de acción pública”, Registro Nro. 2669/16.1, rta.30/12/2016, del registro de esta Sala IV).

Por lo expuesto, estos planteos deben ser rechazados.

Hecho no3:

Las críticas de la defensa están dirigidas a cuestionar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal para probar la base fáctica, a través de la impugnación del material probatorio referido a las pericias realizadas sobre los daños registrados en el sillón y en el picaporte.

Este agravio se encuentra deficientemente fundamentado toda vez que la defensa no explica ni detalla en qué se basa su impugnación o cuál sería el defecto en los peritajes que habrían impedido utilizarlo para los fines que le son propios.

Es que, las pruebas documentales e instrumentales (informes fotográficos y su respaldo digitalizado, y los informes técnicos) agregadas al debate oral que dejaron constancia de la existencia material de los daños, se encuentran glosadas a la causa y a disposición de la defensa, quien durante toda la instrucción nunca los impugnó o solicitó su reedición.

Tampoco ante esta instancia la defensa señala cuál sería el error o vicio de los peritajes de fs. 159/172, de donde surgen las fotos que claramente ilustran los daños ocasionados a la dependencia judicial. Asimismo, los peritos convocados -tapicero, cerrajero, frentista-, que no conocían a las partes, elaboraron sus respectivos informes, que no merecieron ninguna crítica de la defensa.

Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que todas las circunstancias que rodearon el rapto de furia de C., oportunidad en la cual dañó las paredes y la cuerina del sillón de la dependencia judicial, fueron reconstruidas en la audiencia de debate a partir de los testimonios de los testigos A. S. T., D. S. A., J. C. C., M. del C. A. A., entre otros. En particular, D. S. A.afirmó que “.vio que rompió una pared donde estaba la antesala y escuchó los ruidos y se acercó cuando escuchó los gritos y vio lo que había pasado”.

Al respecto, debe resaltarse que estos hechos contaron con múltiples testigos presenciales y, además, tampoco fueron negados por el imputado, quien los tildó de “insignificantes”.

En el punto y para descartar la insignificancia de los sucesos, el a quo sostuvo que “.comprobamos inéditos e injustificables ataques de furia y descontrol que, según bien y fielmente interpretamos junto a las demás circunstancias sólo persiguieron poner en escena ‘actings’ frente a sus dependientes con el único y deliberado fin de instalar el miedo generalizado entre aquellos. Acciones violentas que trágicamente, tanto para los que las soportaron como para la comunidad toda que perpleja las conocía por distintos medios, fueron protagonizados por el único juez federal con asiento en la Provincia de La Pampa. Sujeto que debía ofrecer conducta ejemplar e intachable, no sólo como forma de honrar la magistratura que por ‘subrogancia’ legal ejercía, sino por las propias obligaciones reglamentarias del cargo, obviamente despreciadas por el acriminado dentro de su deliberado plan de acción.”.

En base a ello, surge debidamente acreditada la plataforma fáctica y las críticas de la defensa no lograron conmover la solidez del decisorio en el punto, por lo que corresponde rechazar sus agravios.

Hecho no4:

En lo que refiere a este suceso, la defensa no cuestionó la plataforma fáctica acreditada en cuanto a que C. había llamado a cada empleado de la Secretaria Electoral para hacerles saber que él podía echarlos si quería porque quería traer gente de su confianza. Asimismo, la defensa no negó que C.hizo entregarle copia del contrato que habían oportunamente firmado, donde lucía resaltado en fluorescente que “el juzgado podía rescindir el mismo por la causa que crea conveniente’”.

Por el contrario, la defensa cuestionó la subsunción legal de dicho suceso en la figura de amenazas porque argumentó que el mal anunciado (dejar a los empleados sin trabajo) carecía de las características para constituir una amenaza típica. Concretamente, sostuvo que el mal anunciado no dependía de C. porque no era su defendido el encargado de renovar los contratos y porque, además, el mal no era injusto, toda vez que resultaba una facultad legal y regulada en el contrato, la posibilidad de prescindir de los servicios.

Como bien sostiene la defensa, en orden a tipificar el delito de amenazas, el mal anunciado por el sujeto activo debe ser: grave, serio, injusto, futuro, concreto y posible.

El mal anunciado es posible cuando el autor tiene “dominio sobre el daño” porque depende de su voluntad. Por el contrario, será atípica la conducta cuando se anuncie un mal de imposible realización tanto física como jurídica.

En este sentido, no existe duda alguna que las prórrogas de los contratos de los empleados de un juzgado requieren, necesariamente, el pedido formal del juez para que continúe en la función. En este escenario, el mal que anunciaba C., dependía directamente de su intervención. Luego, y más allá de que formalmente las prórrogas de los contratos sean dispuestas finalmente por la Corte Suprema en su carácter de administrador del Poder Judicial, lo cierto es que, para que ello suceda, se requiere la intervención del juez a cargo de la dependencia.

En lo que respecta la característica “injusta” o “ilegítima” del mal anunciado; debe destacarse que lo importante es que se trate de algo que el sujeto pasivo no estaba obligado a sufrir, porque el bien jurídico se afecta cuando se eleva el temor del ser humano en convivencia.Así pues, aunque el mal que se amenace sea lícito -como por ejemplo, efectuar una denuncia-, igualmente puede tipificar si la víctima no está obligada a soportar lo exigido – cuando lo que se quiere denunciar no se ajusta a la realidad-. (cfr. “Delitos contra la libertad”, editorial Ad-Hoc, segunda edición, coordinadores Luis F. Niño y Stella Maris M., pág. 266).

Aplicada esta doctrina al caso de autos, cabe razonar que, si bien existía la facultad legal de rescindir los contratos, la forma en que fuera utilizada por C., sin ningún tipo de sustento serio y objetivo en el cual fundarse, tornaron absolutamente injusto el mal anunciado, configurándose, de este modo, el aspecto objetivo del tipo penal.

Sobre estos extremos, el Tribunal explicó que “Sin perjuicio de que, como sostuvo la Defensa, quien finalmente debía resolver en el caso la desvinculación del agente contratado era la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ninguna duda cabe que el juez era quien poseía la facultad de firmar y rescindir los contratos en forma unilateral. Y esa circunstancia era conocida por los contratados que concurrieron a la entrevista y fueron sometidos a un interrogatorio que nada tenía que ver con sus funciones, a quienes se les exhibió además la copia de su contrato remarcada en la forma en que dijimos y que debieron escuchar que el propio juez quería ‘.traer gente de La Cámpora.’ para cumplir las funciones que hasta allí ellos venían desarrollando.

De manera tal que existió esa connotación política a la que aludiera la Sra. Fiscal y dicho proceder, formó parte de una estrategia de C. para lograr que, atemorizados, los contratados desistieran voluntariamente de su vínculo.” De lo expuesto surge claro que la amenaza, invocando a tal fin la facultad contractual, nada tenía que ver con el desempeño de los empleados sino que perseguía una finalidad política ajena a la relación laboral.En tal sentido, no asiste razón a lo afirmado por la defensa en su recurso y corresponde descartar estos agravios.

Hecho no5:

De la lectura del recurso de casación interpuesto no surge una crítica concreta y precisa a los fundamentos de la sentencia en lo atinente a la acreditación de la plataforma fáctica ni a su correspondiente subsunción jurídica.

Por el contrario, del cotejo de la sentencia recurrida surge la ponderación de múltiples elementos probatorios que formaron un cuadro incriminatorio contundente en cuanto a la ocurrencia de los hechos.

Así, declararon coincidentemente durante el debate, la víctima -Héctor Raúl Almirall- y la Dra. D. A., a quien el Tribunal calificó como “testigo privilegiada de la actitud asumida por C. contra Almirall”, toda vez que pudo presenciar la forma en que C. se empecinó en contra de Almirall.

Asimismo, por la actitud asumida por C., otras personas también fueron testigos de este hecho.

En efecto, conforme surge de la sentencia impugnada “.toda esta situación fue anunciada y transmitida en la mesa de entradas de la Secretaria Tributaria, en horario de atención al público mediante gritos y golpes al mostrador de parte de C., quien se encontraba enfurecido con este hombre a quien solamente había ‘cruzado’ una sola vez en la vida y se habían saludado desconociéndose el uno al otro”.

Es por esta situación que también dieron cuenta de este suceso, el testigo F., quien relató la furia de C. y cómo se lo transmitía a A. diciéndole que si volvía a ver a Almirall ‘iba a correr sangre’. En similares términos declaró el testigo Fasano.

Corroboraron esta plataforma fáctica, en especial, la animosidad del imputado en contra de Almirall por el fastidio que le habría producido a C. la actitud de Amirall de no saludarlo como según él correspondía, los dichos de los testigos:Di Zitti, Vicente del Campo, Mingote, Maribel Hernández, Ana Usín Aguilar, Hugo San Pedro, Rosana Benito.

En base a lo declarado coincidentemente por todos los testigos presenciales de los hechos, el a quo concluyó fundadamente que “.existió un amedrentamiento de parte de C. y un temor fundado de parte de Almirall, de que pudiera ´correr sangre’, aún en términos figurados”.

En orden a responder a las críticas de la defensa, cabe precisar que el mal anunciado por C. en el contexto acreditado resultó lo suficientemente serio para infundir temor en el sujeto pasivo. El mal resultó idóneo para alarmar. Nótese que el Tribunal tuvo por probado que, a partir de las amenazas de C., el damnificado dejó de concurrir al juzgado en los horarios que sabía podía cruzarse con el juez. El a quo detalló que “.si C. y Almirall no volvieron a cruzarse nunca más, lo fue por la actitud de este último quien, aceptando tácitamente la prohibición verbal, trataba de concurrir al juzgado en horarios distintos a los del Sr. Juez.”.

Sin perjuicio de lo expuesto y en orden a despejar las críticas de la defensa, lo cierto es que para la consumación del tipo de amenazas no es necesario un resultado, esto es, que el sujeto pasivo efectivamente se amedrente o se alarme, toda vez que el propósito de causar alarma es un elemento del tipo subjetivo. Lo que resulta relevante para conformar la tipicidad del delito de amenazas es que el mal anunciado sea idóneo y eficaz para causar alarma y que se verifique esa finalidad en el sujeto pasivo, lo cual ha quedado acreditado en autos.

En tal sentido y con la prueba reunida, corresponde remarcar que la conducta reprochada a C.afectó el bien jurídico tutelado -la libertad individual en su esfera psíquica, la libertad de autodeterminación- a punto tal que Almirall no obró según su voluntad y modificó su conducta por el temor infundido por C.

Por lo expuesto, no asiste razón a la defensa en cuanto invocó una orfandad probatoria toda vez que resulta contundente la prueba de cargo en orden a tener por acreditado el suceso investigado y la responsabilidad del imputado, como así también, la correcta subsunción jurídica en la figura de amenazas.

Hecho no6:

Para la acreditación de este suceso, el Tribunal ponderó el testimonio de la víctima el cual fue acompañado de numerosos testimonios que dieron cuenta de la veracidad de los dichos de la damnificada. Ello así, y como ocurrió en los hechos anteriores, toda vez que el magistrado profería los insultos y amenazas a los gritos y en frente de todos los empleados para infundir un temor general. Por este motivo, varios son los testigos que pudieron dar fe de las amenazas sufridas por C. N. T.

En tal orden, el Tribunal comenzó señalando los dichos de T. en cuanto ella había sido clara y contundente al indicar las amenezas de C. El a quo sostuvo que “.C. en un momento le ordenó a los gritos al Prosecretario Electoral en presencia de la Secretaria Privada que hiciera saber a los empleados contratados, que por culpa de ella (en referencia a T.) estaban en riesgo todos los contratos. T. sostuvo en su declaración que la forma en que se relacionaba con ella, con insultos y con amenazas permanentes, era consecuencia de la controversia suscitada por el manejo de los fondos electorales”.

La testigo J. del S. fue testigo presencial de la amenaza proferida por C. a T. cuando le dijo: “.a esta yegua la voy a hacer mierda, a mi me van a sacar pero les voy a dejar el éxodo jujeño”.

En igual dirección, la testigo D. A. afirmó que C. dijo barbaridades a T.cuando ella se había negado a firmar los cheques porque no correspondía el uso de esa plata. En este punto, el a quo agregó que “.a los pocos días, C. mandó un mensaje a la Dra. Barrio, a la Dra. C. y a la testigo, ordenando ‘que los empleados no le tenían que hacer caso a C. T.’”.

La testigo C. corroboró este escenario, ya que presenció la oportunidad en la cual, luego de una reunión entre C. y T., el imputado había gritado “.conchuda hija de re mil puta.”,”.yo los voy a poner a todos en caja, en este juzgado nadie sabe trabajar.”.

Seguidamente, el Tribunal citó otros testimonios que corroboraron esta plataforma fáctica, tras lo cual, concluyó que “.en el caso de C. T., se advierte sin hesitación, una actitud más que agresiva de parte de C., que, sin llegar a anunciar un mal a sufrir, encuadra claramente en la figura de amenazas. Ello así por cuanto los insultos, los gritos, y los maltratos continuos, constituyeron una situación de ensañamiento que, sin lugar a dudas, provocaron en T. pánico, desde que dicha situación generada por el entonces juez, se convirtió en una constante.”.

En punto a acreditar el temor generado a partir de las conductas de C., el Tribunal citó la secuencia ocurrida con la hermana de la víctima – A. T.-. En tal sentido, los sentenciantes puntualizaron que “.dicho estado de temor, nerviosismo, y locura, llevó a la hermana de la víctima, a abandonar intempestivamente la sede del Juzgado, para concurrir a la Fiscalía a denunciar, refiriendo la propia A. T.en audiencia, que no recuerda lo que sucedió en el trayecto entre el Juzgado y la Fiscalía, en virtud del estado en el que se encontraba.”.

Al respecto, cabe recordar, conforme se sostuvo en el punto anterior, que el delito de amenazas no requiere para su consumación que la víctima efectivamente se alarme o se amedrente, siendo suficiente que la amenaza llegue a conocimiento de la víctima y que ésta tenga la entidad suficiente para generar temor. Este extremo quedó suficientemente acreditado toda vez que el Tribunal no sólo se expidió en torno a la idoneidad de la amenaza sino que ejemplificó con varios supuestos en los cuales se había afectado la libertad de autodeterminación del sujeto pasivo, queD., en consecuencia, debidamente acreditados el aspecto objetivo y subjetivo del tipo penal.

En tal sentido, el Tribunal tras considerar probado una secuencia en la cual el imputado simulaba hablar con un comisario solicitándole “hacer desaparecer” a T., los magistrados concluyeron en que se encontraba debidamente probado el aspecto subjetivo del tipo penal, al señalar que “.resulta más que suficiente para producir el efecto que el imputado deseaba: amedrentar, alarmar, atemorizar, aterrorizar a C. T., afectando seriamente la libertad para ejercer sus funciones, pero por sobre todas las cosas su tranquilidad en el desarrollo de las mismas. Intranquilidad, amedrentamiento, desestabilidad, que llegó incluso a su vida personal, enfrentando por estos hechos no solo problemas de pareja, sino también de salud, como supo explicar en debate”.

En virtud de todo lo expuesto, debe descartarse que todas estas secuencias carezcan de relevancia penal, como intentó probar la defensa. Nótese que un supuesto acreditado se trata, ni más ni menos, de una amenaza de muerte.Asimismo, todas estas conductas afectaron el bien jurídico tutelado por la norma, con lo cual, estas argumentaciones deben ser descartadas.

Finalmente, cabe remitirse a todo lo analizado en cuanto al contexto de violencia de género, el cual resulta aplicable al presente supuesto.

Hecho no7:

En cuanto al primer motivo de agravio referido a la imposibilidad de interrogar al testigo de cargo, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Benítez, Aníbal Leonel s/lesiones graves” (Fallos: 329:5556), remitiéndose a los criterios interpretativos establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -TEDH- en los casos Bo¨nisch vs. Austria, Sa¨idi vs. Francia y Barberá, Messegué y Jabardo vs. España) sostuvo que “.lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado”.

En tal sentido, lo que considera nuestro más alto tribunal es la invalidez de las condenas cuyo elemento central esté conformado exclusivamente por evidencia que no ha podido ser controlada por la parte afectada. No se trata de un problema de nulidad de la prueba, sino de su valoración (Cfr. Sala IV causa no FRO 74029618/2010/4/CFC1 “ANDRADA, Hugo Viterbo; ANDRADA W. Omar s/recurso de casación”, registro no 1467/15 y Registro n° 382.13.4 “SUAREZ, J. Carlos s/rec. de casación”, rta. 22/03/13, Causa n°: 15468).

Luego, el estándar de la Corte Suprema en ese precedente se aplica a los casos en que la única prueba de cargo que funda el juicio condenatorio lo constituye prueba que la defensa no tuvo oportunidad de controlar en lo absoluto.Ello así en tanto en aquél precedente el Tribunal interviniente habría utilizado como única prueba de cargo en contra del imputado, las declaraciones de los testigos prestadas en la instrucción, que la defensa no había podido controlar.

Nótese al respecto que la Corte Suprema en el precedente “Gallo López” (Fallos: 334:725) concluyó que se podía arribar a un juicio de culpabilidad “si el resto de las pruebas objetivas -que en modo alguno fueron impugnadas por la defensa- consideradas por el tribunal de juicio a los fines de emitir su fallo condenatorio. constituían un curso causal probatorio independiente”.

Sentado cuando precede, en primer lugar debe señalarse que, conforme surge del acta de debate a fs. 879, fue la propia defensa quien desistió de este testimonio, por lo que mal puede ahora agraviarse de esta situación.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que, en el caso de autos, el testimonio de la víctima fue ponderado como un elemento de prueba más dentro del plexo probatorio, ya que la materialidad fáctica de los hechos fue acreditada a partir de la ponderación conglobada de muchísimos testimonios que reconstruyeron el suceso histórico que perjudicó a A. Lía B. Precisamente, los testigos dieron cuenta de las circunstancias de modo tiempo y lugar en el que C. intimidaba, acosaba y amenazaba a B. así como de las consecuencias sufridas por la víctima.

En tal orden se expidió, Manuel A. B. quien, al ser el hijo de la víctima, fue calificado por el tribunal como “un testigo privilegiado acerca de las consecuencias que el hecho le provocó -a manera de estrés postraumático constatado incluso a la fecha de la audiencia oral- a partir de las sucesivas amenazas y el acoso que sufriera de parte de C.”.

Asimismo, el referido testigo dio cuenta de la situación amenazante que sufrió B. cuando C. le apoyó desde atrás, la trincheta en el cuello.

Agregó que su mamá sufría “llamadas, tonos de voz, golpes en los despachos, patadas.”.

El testigo D. M. M.depuso en similares términos en cuanto a las amenazas sufridas por A. B. En tal dirección, el a quo puntualizó que “El testigo fue conteste -lo mismo que el testigo anterior- al referirse al temperamento iracundo y cambiante del juez, cuya destinataria era A. B. y a la situación que se vivió en el juzgado cuando éste manipuló el arma del custodio.”.

Asimismo, se expidió en torno al episodio en el cual C. apoyó una trincheta en el cuello de B. y el efecto traumático que ello le produjo. Al respecto, el testigo detalló que “B. se quedó dura, tenía una guillotina, qué podía hacer, estaba el custodio ahí pero no hizo nada, nadie podía hacer nada, C. hizo como que era un juego”.

En igual orden, el Tribunal ponderó la declaración de J. J. Z. quien corroboró el cuadro anterior al referirse a las sucesivas amenazas sufridas por la damnificada y el daño psicológico sufrido en consecuencia.

Misma plataforma fáctica describieron, la Dra. P. René B. y M. del C. A. A. quien presenció cuando C. decía respecto de B. que tenía ganas de “meterle la cabeza en la laguna hasta que dejaran de salir burbujas”. En igual modo, se expidió D. M. Solaro quien precisó que “A. B. cambió notablemente desde la llegada de C., ella siempre tenía el celular con ella y más de una vez hemos estado trabajando, la llamaba y se escuchaban perfectamente los gritos del Dr. C. y se veía cómo se ponía A.era como que no podía responder, era si doctor, si doctor, era como que estaba vencida”.

Todos los testigos citados por el Tribunal coincidieron en señalar que las amenazas tenían como contexto, la exigencia de C. a B. para que llamara a la esposa del juez titular para solicitarle los certificados médicos para prorrogar la licencia y así él pudiera permanecer en la subrogancia.

Este mismo contexto de producción, amenazas y daño psicológico fue descripto por los testigos: A. S. T., D. A., J.del S. G., M. T., D. A. G., E. A. F., P. D. F. y A. C. C. La última de las nombradas precisó, en torno a la amenaza con una trincheta que “.un día subió y encontró a A. B. que estaba muy mal porque le había agarrado el brazo y le había apoyado una trincheta en el cuello”.

De lo expuesto surgen debidamente probados los hechos enrostrados y, dentro de este plexo cargoso, el testimonio de A. Lía B. incorporado por lectura se irguió como un elemento de prueba más, sin que revista el carácter de dirimente.

La víctima relató el mismo escenario que los restantes testigos al indicar que la mayor parte de los malos tratos eran consecuencia de los certificados que debía conseguir del juez titular. Respecto al episodio de la trincheta, la testigo afirmó que “. C. en una oportunidad la tomó desde atrás, pasándole el brazo izquierdo por el cuello, colocándole cerca del cuello, con la mano derecha, la trincheta que tenía en su escritorio; que eso fue muy atemorizante para ella, que sintió terror, quedó dura, sin poder moverse.”.

En orden a responder las restantes críticas de los recurrentes, cabe precisar que, a diferencia de lo afirmado por la defensa, el testigo T. no presenció el hecho de la trincheta, por lo que mal puede haberse referido a la animosidad del magistrado en ese momento.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que los restantes testigos citados por la defensa -B. y G.- fueron coincidentes en señalar el contexto de permanentes amenazas, y malos tratos de C. hacia sus empleados.

B. no interpretó el episodio de la trincheta como una broma, y, en el contexto de producción del hecho, descripto coincidentemente por todos los testigos, debe descartarse el “animus jocandi” invocado por la defensa. Es que, debe resaltarse que el modus operandi de C. consistió en infundir temor a sus empleados y, la conducta de colocar una trincheta en el cuello de B.luce coincidente con esta intención del ex magistrado y este mismo efecto produjo en la víctima y en todos quienes presenciaron o tomaron conocimiento del episodio.

Por lo demás, corresponde señalar que no empece la calificación jurídica del hecho, la circunstancia que el filo de la trincheta no hubiera sobresalido de su estuche, toda vez que, el elemento así utilizado (apoyado desde atrás sobre la garganta) resulta apto para infundir temor y, asimismo, poner en peligro la integridad física de la víctima, teniendo en cuenta la inmediatez con que tal objeto sale del estuche.

En este mismo sentido, el Tribunal fundamentó que ?Sabido es por todos, el enorme poder de lesionar que contiene una trincheta, -elemento poseedor de un filo peligrosísimo-, de manera tal que el sólo hecho de colocarlo en el cuello de un apersona, excede en demasía, la exigencia mencionada. por más que la misma esté cerrada, ya que el sistema de extracción del filo es un acto más que sencillo pudiendo haber ocasionado, con la colocación de la misma en el cuello de la víctima consecuencias trágicas.”.

Finalmente, este hecho también fue encuadrado en el contexto de violencia de género.

De todo lo expuesto, surge que la defensa no se hizo cargo de rebatir la fundamentación del Tribunal en orden a fundar su agravio, razón por la cual, corresponde rechazar los agravios referidos al hecho no7.

Hecho no8:

En lo que respecta la acreditación de este hecho, la defensa alega dogmáticamente la carencia de pruebas, desconociendo el cúmulo probatorio recolectado durante la audiencia de debate.

En tal sentido, se ponderó, en primer término, la declaración de la víctima, P. R. B. La víctima refirió que C. la llamó para pedirle la licencia médica del juez y ante su negativa, el imputado le manifestó “.’pero vos qué te pensás, no sabés con quién estás hablando??’, diciéndole que iba a concurrir a su lugar de trabajo ‘para hacerle recagar, hija de mil putas.”. B.también sostuvo que ante los dichos de C., cerró su oficina y se retiró a su casa llorando, por temor a que efectivamente concurriera C. y continuara propinándole ese espiral de violencia.

Este testimonio resultó coincidente con los dichos de la testigo B. quien dio cuenta de que C. le exigía llamar a B. en numerosas ocasiones por el tema de los certificados. Este escenario fue recreado por numerosos testigos anteriormente citados que dieron cuenta de la forma obsesiva en que C. exigía los certificados médicos del juez efectivo para poder continuar en funciones.

Pero además, un testigo presenció esa conversación telefónica, corroborando, en forma independiente, los dichos de la víctima. De esta forma, de la lectura de la sentencia surge que “El testigo G. recordó haber presenciado esa conversación telefónica, mediante la cual C. le pedía a B. que adelantara los certificados, enojándose con ella y diciéndole que la ‘iba a hacer echar’. Luego de ello, C. le preguntó a B. quién era el jefe de B., y, sin solución de continuidad, quitó el arma del custodio G., quien por respeto al juez, permitió que se le quitara, impávido ante la situación”.

A este escenario, el a quo agregó que “Corresponde mencionar que el imputado no se conformó con insultar y atemorizar a la víctima, sino que además, logró comunicarse con los superiores de B.en Buenos Aires, para sugerir una sanción a la profesional, agregando mayor alarma y terror en la doctora que a poco de jubilarse, debió soportar este trance que hasta problemas de salud le trajo aparejado.”.

En tal orden, cabe resaltar que, de la lectura de los motivos que fundaron la credibilidad de la testigo como fuente de los hechos probados, surge que el Tribunal analizó sus dichos en forma intrínseca y extrínseca, que, además, los confrontó con el resto del acervo probatorio recolectado, concluyendo en la veracidad de su testimonio, así como en la acreditación de los sucesos con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio.

Así pues, este hecho se tuvo por debidamente acreditado a partir del testimonio de la víctima. El a quo hizo constantes referencias a la situación traumática vivida por la testigo y cómo ello dotaba de veracidad a sus dichos. En particular, pudieron apreciar la sinceridad de la testigo por la tristeza que le producía el recuerdo de los hechos vividos -y que constituyeron la materialidad fáctica enrostrada al imputado-.

Sin perjuicio de ello, el testimonio de B. fue corroborado en su totalidad por los dichos de G. y de B. -conforme se reseñó anteriormente- y, asimismo, no debe perderse de vista, el contexto de producción, en particular, el enseñamiento del imputado con los certificados médicos, de lo cual dieron cuenta numerosos testigos.

En virtud de todo lo expuesto, surge debidamente acreditad la materialidad fáctica del suceso enrostrado a C. y corresponde rechazar los agravios de la defensa.

Hecho no9:

En lo atinente a la acreditación de este suceso, el Tribunal ponderó el testimonio de la víctima el cual fue preciso y contundente y pudo ser corroborado en forma autónoma con prueba documental y con el testimonio de otro testigo presencial de los hechos.

Así, el Tribunal valoró el testimonio de A. E. P.quien se desempeñaba como periodista en el periódico denominado “El Diario de La Pampa”. El referi do testigo tras reseñar las circunstancias de modo tiempo y lugar en el cual el imputado lo habría interceptado y llevado hacia un pasillo, afirmó que C. le manifestó “ah.usted es del diario, pórtese bien usted. no pueden escribir lo que escriben contra mi, nunca me llaman por teléfono. usted sabe que yo tengo el ejército a mi disposición”. Agregó que “.C. lo intimidaba diciéndole que lo llame a W. G.(que era el director). Dijo que lo llamó y habló con él y luego de que hablaron le dijo que podía sacar la foto.”.

De la sentencia, surge que el testigo especificó que “.lo que pudo molestarle al acusado fue una información acerca de los rumores por los acosos. Dijo que al otro día salió en la publicación ‘el gallito canta’ un artículo ‘como que hubo un apriete’ y le comentaron que al otro día, por una radio, C. pidió disculpas”.

Este parte de la plataforma fáctica fue acreditada con el texto de la nota al que hizo referencia el testigo y que fue exhibida durante la audiencia de debate. En esta nota se lee el episodio que fue objeto de investigación en la presente causa, precisando que C. le había advertido al periodista “que tenía el ejército a su disposición. si quiero lo dejo entrar, sino no” y que “.como si esto no fuera suficiente, luego lo tomó de un brazo, lo apartó del resto de los trabajadores de prensa y lo obligó a llamar desde su celular al Director del Diario” El testigo W. René Goñi, director del diario “El Dario de La Pampa” relató los hechos que presenció y que fueran descriptos por el anterior testigo. De esta forma, conforme surge de la resolución cuestionada, el testigo “refirió que por intermedio del teléfono del reportero P.tuvo un contacto telefónico muy breve con el juez C., en una cobertura que se hizo después de las elecciones. Dijo que en un principio no le dio mucha importancia a la cuestión, pero cuando llegó P. le contó el conflicto que tuvo con el Dr. C.: le dijo que el juez lo apartó a un costado y lo obligó a que lo llamara por teléfono.el objetivo era amedrentarme como lo hizo con el fotógrafo.”.

En base a este plexo cargoso, el a quo concluyó que la hipótesis acusatoria se encontraba debidamente probada y que, del contexto de producción del suceso, “la acción referida estaba destinada a influir de manera torpe en la línea periodística crítica que -C. entendía- estaba llevando a cabo en su contra el medio al que pertenecía el damnificado”.

En el recurso de casación de la defensa, no se logra demostrar la arbitrariedad que se denuncia en tanto resulta contundente la prueba de cargo reunida en orden a probar la base fáctica y la responsabilidad de C.

Por lo demás, debe señalarse que el miedo anunciado por C. “tengo el ejército a mi disposición” se presentó como idóneo para amedrentar al sujeto pasivo ya que se trataba de un juez federal, y asimismo, por las circunstancias en que se profirió, a un costado y en privado y por la intensidad de su emisión -que incluyó el llamado al director del diario-. Nótese que la víctima detalló que “.cuando C.lo apartó y lo llevó a un pasillo, él se sintió intimidado; dijo que estaban los dos solos y tuvo una sensación de excesiva cercanía con C.; describió que “si esa conversación hubiese pasado en una cancha de fútbol hubiera esperado que la otra persona le hubiera pegado una piña”.

Todo este episodio resultó serio y contundente para lesionar el bien jurídico tutelado, con lo cual debe descartarse la irrelevancia para el derecho penal sostenida por la defensa.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de la defensa referidos a la errónea valoración de la prueba.

V. Finalmente, corresponde ingresar al tratamiento del agravio referido a la errónea individualización de la pena.

De la lectura de la sentencia impugnada en lo atiente a los hechos acreditados y su correspondiente calificación legal, se advierte que la sanción impuesta no implicó una respuesta punitiva irracional ni ha vulnerado los principios constitucionales de proporcionalidad y culpabilidad.

En efecto, debe señalarse que la escala penal resultante de todos los delitos enrostrados al imputado oscilaba entre un mínimo de cinco años y un máximo de treinta y tres años y ocho meses de prisión; con lo que, el Tribunal, al escoger la pena de cinco años de prisión, no se apartó del mínimo de la escala penal.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que el Tribunal ponderó múltiples elementos agravantes: “a) que los hechos descritos como “2”, “6”, “7” y “8” han sido realizados contra mujeres, en un contexto de violencia de género; b) el impacto social que ha ocasionado en la comunidad pampeana, en general, la pluralidad -y concentración en el tiempo- de acciones ilícitas realizadas por C.como único juez federal de primera instancia y de competencia múltiple; c) la multiplicidad de hechos y de personas afectadas; d) las secuelas psicológicas constatadas en muchas de las víctimas; e) la afectación del servicio de justicia que se vio entorpecido, durante su desempeño y con posterioridad a él, a raíz de las consecuencias que tuvieron sus acciones; e) el abuso de su posición funcional, tanto sobre empleados como sobre integrantes de la misma comunidad, aún en la utilización antirreglamentaria de los bienes puestos a su disposición para el cumplimiento del cargo; f) el desprecio al ser humano en condición de enfermo terminal, desprecio este que extendió a la mujer mayor de edad demolida por la enfermedad de su compañero de vida; g) el ultraje a la libertad de expresión de los medios de comunicación que demostró, a pesar de la no percepción de los perjudicados en ese sentido; h) y finalmente el desprecio a las instituciones del Estado Constitucional de Derecho que patentizó al colocar, a una rama central del Gobierno Federal -el Poder Judicial de la Nación- en medio -incluso- de una elección popular que estaba a su cargo controlar como juez con competencia electoral, en una suerte de parodia tan difícil de creer como de explicar”.

Respecto a la carencia de antecedentes penales, el Tribunal sostuvo que “No se advierten atenuantes, dado que la carencia de antecedentes penales era una condición necesaria para el ejercicio del cargo de juez”.

Es por ello que no se advierte la carencia argumental señalada por la parte recurrente.Por el contrario, la pena finalmente integrada guarda la necesaria proporcionalidad con los hechos sancionados, sin que la impugnante haya logrado enunciar el camino lógico que autorizara a rebatir la logicidad del tribunal anterior ni ha demostrado cómo la imposición de la pena transgredió en el caso concreto las garantías constitucionales de su defendido; razón por la cual corresponde rechazar este agravio.

En lo que respecta los agravios efectuados en la audiencia celebrada en esta instancia en torno a la privación del beneficio jubilatorio, cabe referir que la defensa no sustentó su agravio en la norma que entendió erróneamente aplicada ni fundó -siquiera mínimamente- la arbitrariedad o la ilogicidad del decisorio, razón por la cual, este planteo no puede prosperar.

VI. Finalmente, y en cuanto al pedido de regulación de honorarios reclamado por los recurrentes ante esta instancia -de acuerdo a lo normado en el artículo 47 de la ley 21.839-, cabe consignar que tal solicitud debe efectuarse directamente ante el Tribunal Oral a los efectos de no privar a la parte de la doble instancia judicial (cfr. Causa N° FMZ 91001993/2008/TO1/1/CFC1 “Yacopini Costerelli, A. Arturo por contrabando” registro 683.4/18, rta. 14/6/18, del registro de esta Sala).

VII. En virtud de lo expuesto, propicio al acuerdo: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular en ejercicio de la asistencia técnica de J. A. C. (fs. 969/1046); SIN COSTAS por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (Art. 530 del C.P.P.N. y art. 8, inc. 2, ap. h, de la C.A.D.H); II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

El Señor juez J.Carlos Gemignani dijo:

Del análisis de la resolución impugnada, surge que los jueces de la instancia anterior tuvieron en cuenta las particulares circunstancias del caso, se ha valorado la prueba colectada para cada uno de los hechos enrostrados al imputado, los que detalladamente han sido descriptos en el voto que me precede, y de ello se deriva que la decisión arribada es ajustada a derecho y ha sido tomada en base a los principios de la sana critica racional, habiendo brindado fundamentos suficientes para respaldar su decisión.

En el contexto de los delitos cometidos por C., debe recordarse que la conducta que la sociedad espera de un funcionario del Estado, en este caso un juez federal, es muy diversa a aquella que puede aguardarse de un ciudadano que no se encuentra inmiscuido en la función pública en orden a la vulneración de la ley.

Al respecto, es dable señalar que la calidad de funcionario público del autor no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, transformándolo en una especie de los denominados “delicta propia”; sino que directamente el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto es, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario, sino como hecho de infracción a la institución funcionarial.

Así lo imponen las leyes mediante una gran cantidad de normas que le exigen una serie de conductas en diversos planos que van desde la obligación de denunciar un delito hasta presentar su declaración jurada de bienes.Este especial estatus fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Costa” (Fallos 310:508).

En este sentido, la reconstrucción del hecho no puede realizarse desde la psiquis del funcionario, sino, antes bien, desde su rol en el contexto social en el que se desempeña.

Por otra parte, y sobre las obligaciones del Estado en orden a la prestación a la paz y de investigación, juzgamiento y sanción de hechos cometidos por funcionarios públicos, me h e expedido en la causa “Alsogaray, M. Julia s/recurso de casación, rta. el 24/04/2014, registro 667/2014, en la cual he resaltado la responsabilidad que podría acarrear para nuestro país la impunidad sobre esta clase de hechos.

Ante este cuadro de situación, el análisis que debe realizarse de los hechos traídos a estudio no puede escapar del tamiz de la expectativa social que se exige de un funcionario público y la necesidad del Estado de dilucidar las imputaciones que contra ellos se vierten.

Tengo dicho que en las sociedades organizadas según el principio de la libertad, esto es, en aquellas que dejan librado a cada quien la organización de su vida, sus bienes etc. -en orden a lo cual no pueden caber dudas sobre la Argentina-, el correlato necesario a ello está constituido, por la garantía de que si esa libre organización personal fuera cercenada mediante la agresión de un con- ciudadano, definido como delito, el mismo habrá de ser pertinentemente sancionado.

Quedan comprendidos en la protección de la garantía ciertamente también, los delitos que afectan no solamente los bienes personales, sino todos, dado que sobre ellos existe el consenso que está implícito en la circunstancia de su protección mediante pena legal (ver el voto del suscripto en causa no 1369/2013 de esta Sala IV “BOUDOU, Amado s/recurso de casación” Reg. 895/14, rta.el 16 de mayo de 2014).

Por ello y por compartir en lo sustancial los fundamentos expuestos por el colega que lidera el acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, me sumo a la propuesta de RECHAZAR el recurso de casación interpuesto; sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Téngase presente la reserva del caso federal.

El señor juez doctor M.no Hernán Borinsky dijo:

I. Que comparto en lo sustancial el voto de mi distinguido colega que lidera el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos -que, a su vez, es acompañado por el voto del doctor J. Carlos Gemignani-, al que me remito por razones de brevedad. Ello, sin perjuicio de las consideraciones que a continuación expondré.

II. En su presentación la recurrente se quejó de que los testigos que declararon a lo largo del debate oral han sido testigos únicos y de oídas, y que no se cuenta con otras pruebas que avalen sus manifestaciones. Asimismo, indicó que no pudo controlar los testimonios incorporados por lectura (Concretamente, los de Rosaura Barrio -hecho Nro. 4- y de A. Lía B. -hecho Nro. 7-), razón por la cual pidió que se excluya estos últimos.

Ahora bien, con relación al cuestionamiento formulado por la recurrente cabe señalar que no existen razones valederas para desconocer la validez, utilidad y aptitud probatoria que revisten las declaraciones de los calificados testigos “únicos”. Por el contrario, ante la presencia de un testigo en soledad del hecho no cabe prescindir sin más de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posible, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo (Cfr. C.F.C.P. Sala IV, in re: “Acuña Vallejos, J. Carlos s/recurso de casación, causa 14396, Reg. 1749/12, rta. 27/9/2012; “Portalupis, Fernando D.s/recurso de casación”, causa 16.214, Reg. 1298/13, rta.12/7/2013; causa CCC 35539/2012/TO1/CFC1 “Bravo, Matías Alejandro y otro s/recurso de casación”, reg. 1344/2015, rta. 8/7/2015, causa FCR 91001154/2011/TO1/CFC1 “García Martínez, Héctor y otro s/recurso de casación”, reg. 2469/2015, rta. 23/12/15, causa FPA 9971/2015/TO1/CFC2 “Marchesini, Luis Ernesto s/recurso de casación”, rta. 20/3/18, reg. 155/18, entre muchas otras, de aplicación al caso en lo pertinente). En el mismo sentido, los dichos de los testigos no presenciales o “de oídas”, deben ser avalados y corroborados por el resto de la prueba incorporada a la causa (Cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causas FCB 32016147/2005/TO1/CFC1 “LóPEZ, Carlos E. s/ recurso de casación”, rta. 23/04/18, reg. 378/18 y FMP 33004447/2004/TO1/CFC66 “Arrillaga, Alfredo Manuel y otros s/recurso de casación”, rta. 11/10/18, reg. 1460/18, entre otras).

En lo que respecta al agravio de la defensa de que no pudo controlar algunos de los testimonios incorporados por lectura, conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es necesario que se demuestre en el caso que dicha incorporación guarda una relación de sustancial analogía con el fallo “Benítez, Aníbal Leonel s/lesiones graves” (Fallos 329:5556). En consecuencia, a fin de hacer lugar a dicho agravio es menester que la prueba cuya incorporación por lectura cuestiona la recurrente, se presente como única o como la base principal de la acusación y que la defensa no haya tenido oportunidad de realizar un útil y efectivo control de la prueba de cargo (art. 8.2.f.C.A.D.H. y art. 14.3.e P.I.D.C.y P.) sobre la cual el “a quo” basó la condena. Ello en forma independiente de las declaraciones incorporadas por lectura cuestionadas.En consecuencia, es preciso analizar la totalidad de la prueba valorada por el tribunal “a quo”, a fin de examinar si de éstas se deriva la existencia de un curso causal probatorio independiente (in re: “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa Gallo López, Javier s/ causa No 2222″, G. 1359. XLIII, rta. el 7/6/2011”. en el mismo orden de ideas lo he sostenido al votar en los siguientes precedentes de esta Sala IV: “Carpanzano Medina, R. y otro s/recurso de casación”, causa No 13.851, Reg. N° 1091/13, rta. 24/6/2013; “Blanco M.no Gabriel y Pallaoro, P. Javier s/ recurso de casación”, causa No 15.514, Reg. No 1606/13, rta. 30/8/2013; “Titirico Gómez, Alfredo s/ recurso de casación”, causa no 16.267, Reg. No 1434/14, rta. 8/7/2014 y “Cruz, J. Manuel y Díaz, Enrique Augusto s/ recurso de casación”, causa No 15.960, Reg. No 2157/14, rta. 24/10/2014, no FCR91001111/2010/TO1/CFC1 “TENORIO GARCíA, M. Eugenia y CUEVAS AREQUPA, Edwin s/ recurso de casación, Reg. 2459/15, rta. 23/12/15, FCB 32016147/2005/TO1/CFC1 “LÓPEZ, Carlos E. s/ recurso de casación”, rta. 23/04/18, reg. 378/18 y FMP 33004447/2004/TO1/CFC66 “Arrillaga, Alfredo Manuel y otros s/recurso de casación” , rta. 11/10/18, reg. 1460/18, entre muchos otros).

III. Por otra parte, la defensa cuestionó cada uno de los hechos que se imputan a J. A. C.

En lo que respecta al hecho calificado como 1, la defensa entendió que existió un error de tipo con relación al delito de malversación de caudales públicos (Art. 260 del Código Penal). En dicho orden de ideas, no cuestionó la materialidad de lo sucedido (que C.utilizó los fondos de las partidas destinadas a las elecciones para la compra de diversos objetos ajenos a tal propósito, por un valor mayor de $ 30.000 -pesos treinta mil-) Así, no resulta atendible que el imputado, quien al momento de los hechos era juez subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa, Pcia. de la Pampa, se escude en un error de dicha naturaleza para justificar su accionar, y que achaque la responsabilidad de lo acontecido a un subordinado, más aun cuando se considera que la encargada de la administración de los fondos correspondientes le aclaró al magistrado que ese dinero era “.plata para una elección” y que las partidas eran para ese fin (Cfr. manifestaciones de C. N. T. durante el debate oral, fs. 900).

En dicho sentido, cabe recordar que el bien jurídico protegido en el tipo en análisis no pretende proteger a la administración pública contra una lesión de carácter patrimonial, sino que quiere asegurar que el dinero y otros activos patrimoniales que se ponen a disposición del funcionario público sean administrados con las finalidades previstas (Cfr.D ´Alessio, Andrés J. y Divito, Mauro A. “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, 2da. edición Actualizada y Ampliada, Tomo II, Nov. 2009, pág. 1293)

En función de lo expuesto, la conducta del imputado vulneró el bien jurídico que la norma protege, al cambiar el destino de los fondos otorgados al tribunal a su cargo, perjudicando el normal funcionamiento de la Administración Pública.

En cuanto al hecho individualizado como 2, en virtud de lo indicado respecto al testigo único en el acápite II del presente, es menester recordar que tanto S. B. como A. C. describieron durante el debate oral situaciones similares a las referidas por la damnificada I. S., a lo que se aúnan los dichos de sus compañeros de trabajo que relataron el estado que percibieron en la nombrada luego de lo acontecido y que, incluso indicaron que S. les solicitó que no la dejaran a solas con el juez (Cfr. fs.903vta. y 907 vta.) Asimismo, D. S. A. en la audiencia oral hizo referencia -al igual que los testigos anteriores- acerca del interés concreto manifestado públicamente por C. respecto de los atributos físicos de I. S. y el temor de ésta a quedar a solas con él. También dio cuenta esta testigo del conocimiento de situaciones en las que C. provocaba un indebido acercamiento físico sobre la víctima, lo que la llevó a pedir a sus compañeros que no la dejasen sola con él (Cfr. fs. 903vta./904). D. M. M., D. M. Solaro, J. J. Z. y P. D. F. en la misma ocasión se expidieron en sentido similar (Cfr. fs. 909vta./910). Por su lado, S. B. llevaron al debate oral la distinción de trato que C. tenía entre los empleados del sexo masculino y femenino (Cfr. fs. 908/909).

Conforme lo expuesto, fundadamente el “a quo” descartó que existieran “desencuentros amorosos” entre C. y S., como adujo la defensa, y consideró que sus acciones no conformaron una “conducta aislada”, sino un “acoso sistemático” contra la funcionaria.

En dicho sentido, el tribunal enmarcó los hechos aquí investigados en la figura de “violencia de género”, en línea con lo normado por los tratados internacionales y la ley 26.845 (B.O. 14/04/2009), no contándose con argumentos sufi cientes de la defensa que posibiliten desvirtuar la calificación legal del tribunal “a quo” para este tramo de los sucesos investigados.

En lo referente al Hecho Nro. 3, la recurrente se quejó de que no pudo proponer testigos del hecho calificado como delito de daño (Art. 183 del C.P.) que se le endilga al imputado. También se quejó de que los peritajes efectuados y que fueron agregados a la audiencia oral a fs.558/560vta.

Al respecto, en los cuestionamientos efectuados la parte no ha expresado concretamente cuáles fueron las pruebas que se vio privado de proponer, cómo hubiera afectado ello lo resuelto por los jueces sentenciantes, ni los errores que habrían tenido las pericias mencionadas, máxime cuando se considera las múltiples pruebas que han sido detalladas en el voto que abre el Acuerdo y que demuestran la responsabilidad de C. por el daño de objetos del tribunal a su cargo que se le imputa.

En cuanto al hecho individualizado como 4, la defensa se quejó de la incorporación por lectura de los dichos de Rosaura Barrio (sin perjuicio de que a fs. 879 desistió de ese testimonio). Y de la tipificación de los hechos investigados en la figura de amenazas previsto por el Art. 149 bis del C.P. Ello, porque a su entender el mal anunciado no dependía de su defendido.

En cuanto a la incorporación por lectura de los dichos de Rosaura Barrios -Cfr. fs. 880-, en virtud de lo señalado en el acápite II del presente, cabe recordar que la prueba de cargo no se funda sólo en sus manifestaciones, sino también en los testimonios de I. J. S., A. S. T., C. N. T., D. S. A., A. C. C., D. M. S., J. C. de la C. -quienes prestaron declaración en el debate oral, Cfr. fs. 913vta./915vta.), y de A. C. B., L. A., J. del S. G., B.W., G. P. F. y J. L. M. -cuyas declaraciones fueron incorporadas a la audiencia- (Cfr. fs. 915vta./917vta.), así como a la documentación que se incorporó al debate (Cfr. fs. 558/560.).

Por otra parte, no le asiste razón a la parte, toda vez que se imputa a C. haber intimidado a sus empleados con dejarlos sin trabajo y, en el caso, las prórrogas de los contratos de los nombrados dependían del pedido formal del magistrado para que siguieran en sus cargos.Ello, más allá de que las prórrogas posteriormente fueran dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, no se ha objetado las características de “injustas” e “ilegítimas” de las intimidaciones proferidas por el imputado, en virtud de las cuales atemorizó a las víctimas en virtud de un fin ajeno a la relación laboral.

En lo que respecta al hecho individualizado como 5, se cuenta con las concordantes manifestaciones durante el debate oral del damnificado Héctor Raúl Almirall y de D. A. (Cfr. fs.920/921), a lo que se suma que la situación aconteció en horario de atención al público, oportunidad en la cual se demostró que C. gritó y golpeó el mostrador del tribunal, amenazando al nombrado. Dichos sucesos fueron también corroborados por los testigos F. y Fasano -en el debate oral, Cfr. fs. 921) y de los testigos Di Zitti, del Campo, Mingote, Hernández, Usín Aguilar y San Pedro -cuyas declaraciones fueron incorporadas por lectura, cfr. fs. 921/922).

También se demostró que las amenazas proferidas por el imputado intimidaron a la víctima, ya que a partir de ellas Almirall dejó de concurrir al tribunal en los horarios en los que podía cruzarse con el juez (Cfr. fs. 921vta.).

En cuanto al hecho individualizado como 6, diversos testigos señalaron que C. profería insultos y amenazas a los gritos y con el objeto de infundir un temor general, lo que fue corroborado por las manifestaciones de la damnificada C. T. en la audiencia oral (Cfr. fs. 923/923vta.) y por los dichos en la misma oportunidad de del S., A. y C. (Cfr. fs. 923vta./924).

Consecuentemente, el “a quo” tuvo por debidamente probado que el imputado provocó una situación de ensañamiento que originó en la nombrada T. pánico, toda vez que la situación generada por el juez “se convirtió en una constante”, logrando el efecto que el imputado deseaba, esto es amedrentar y atemorizar a C. T.y afectar su libertad en el ejercicio de sus funciones.

En función de ello, no se cuenta con planteos razonables de la recurrente que posibiliten hacer lugar a esta parte de la impugnación Con relación al hecho calificado como 7, la defensa se agravió de que no pudo interrogar al testigo de cargo. Sobre el particular, y la correspondiente incorporación por lectura de las manifestaciones de A. Lía B., me remito a lo indicado en el acápite II del presente.

En dicho orden de ideas, sin perjuicio que, según se desprende del acta de la audiencia oral a fs. 879, la misma defensa prescindió de ese testimonio, en el caso las manifestaciones de la víctima A. Lía B. se vieron avaladas por otros elementos probatorios, tal como los dichos durante el debate de Manuel A. B., D. M. M., J. J. Z., P. René Bortolozzi, M. C. A. A., D. M. Solaro, J. C. C., A. S. T., D. A., J. del S. G., M. T., D. A. G., E. A. F. P. D. F. y A. C. C. (Cfr. fs. 926vta./936).

En virtud de ello, la postura de la defensa de que los testigos B. y G. habrían señalado que el episodio en que el ex juez agarró a la víctima del brazo y le colocó una trincheta a modo de broma no resultan atendibles y se encuentran desvirtuados por el plexo probatorio indicado.

Así, la defensa no ha logrado refutar los fundados argumentos del “a quo”, quien también enmarcó lo acontecido en el contexto de violencia de género.

En lo referente al hecho calificado como Nro. 8, los dichos de la damnificada P. René B. se vieron confirmados por los testimonios durante la audiencia de B., C., M., Almazá, A., T. y G., algunos de los cuales también señalaron que C. se “ensañó” con los certificados médicos de la nombrada (Cfr. fs.937vta./939).

En cuanto al hecho calificado como 9, la víctima A. E. P. individualizó debidamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que C.lo intimidó, sucesos que fueron apoyados por el testigo W. G.(Cfr. fs. 940vta./941).

En función de ello, el tribunal de la instancia anterior concluyó fundadamente que la acción del imputado estaba dirigida a influenciar las tareas periodísticas de P. y que el medio anunciado era idóneo para coartar su libertad y amedrentarlo, toda vez que un juez federal le había referido que “tenía el ejército a su disposición”, en forma privada e incluyendo un llamado a su jefe -el director del diario en que trabajaba- Consecuentemente, la recurrente no ha logrado demostrar que en el caso el “a quo” haya valorado erróneamente la prueba.

Así las cosas, en el caso, el cúmulo probatorio reunido tras el debate permite afirmar, con el grado de certeza apodíctica que requiere todo pronunciamiento condenatorio, que los extremos vertidos en la acusación se encuentran comprobados en la causa y que fueron debidamente tipificados por los jueces de la instancia previa en la sentencia impugnada.

Por ello, no encuentro margen de duda alguno que pueda modificar los extremos que tuvieron por acreditado los jueces sentenciantes, la intervención del imputado en aquéllos, y su calificación legal.

Por tales razones, no se hará lugar a los agravios impetrados en el recurso de casación en lo atinente a los hechos imputados a C. y a los correspondientes tipos penales en que éstos fueron enmarcados.

IV. En lo que respecta a la mensuración de la pena cuestionada por la impugnante, en el mismo sentido que el plasmado en el voto de mi distinguido colega que abre el acuerdo, corresponde recordar la escala penal con que se encuentran reprimidos los sucesos que se la imputan a C. -5 (cinco) años a 33 (treinta y tres) años y 8 (ocho) meses de prisión-, así como los múltiples elementos agravantes considerados por el tribunal sentenciante en la resolución cuestionada.

En este sentido, J. A. C. fue condenado como autor de delitos de abuso de autoridad (art. 248 del CP) en concurso ideal (art.54 del CP) con malversación de caudales públicos (art. 260 del CP) -Hecho no 1-; en concurso real (art.55 del CP) con el delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, en situación de violencia de género (art.119 primer párrafo, segundo supuesto, del CP y Ley 26.485) -Hecho no2-; en concurso real con daño (art.183 del CP) en dos oportunidades en concurso real entre sí (art.55 del CP) -Hecho no3-; en concurso material con amenazas coactivas agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del trabajo (art.149 ter inc.2o, apartado b, último supuesto, del CP; (art.55 del CP) en concurso material con amenazas (art.149 bis, del CP) -Hecho no5-; en concurso real con amenazas, en situación de violencia de género (art. 149 bis primer párrafo, primer supuesto, del CP y Ley 26.485) -Hecho no6-; en concurso material con amenazas reiteradas, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma, en una oportunidad, y en situación de violencia de género (art. 149 bis primer párrafo, primer supuesto, 55 y 149 bis primer párrafo, segundo supuesto del CP y Ley 26.485) -Hecho no7-; en concurso real con amenazas coactivas en situación de violencia de género (art. 149 bis segundo párrafo del CP y Ley 26.485) -Hecho no8-; en concurso real con amenazas (art. 149 bis, del CP) -Hecho no9- Asimismo, cabe indicar que, más allá de que fundadamente el tribunal señaló diversos agravantes para mensurar la pena -los cuales han sido descriptos en el primer voto por el doctor Gustavo M. Hornos-, en el caso se impuso a C.el mínimo de la pena de prisión prevista para el caso, esto es cinco (5) años, a lo que se sumó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos vinculados con el servicio de administración de justicia habida cuenta la característica de los sucesos imputados.

En consecuencia, contrariamente a lo alegado por la defensa (que cabe destacar, es única parte recurrente ante esta instancia), el tribunal de juicio valoró correctamente las circunstancias de la pena impuesta a J. A. C., a tenor de lo normado en los Arts. 40 y 41 del C.P.P.N.

V. Por último, la defensa de C. a fs. 1159, en oportunidad de la audiencia cuya constancia obra a fs. 1158, cuestionó que se haya privado a su defendido del beneficio jubilatorio, que se le haya ordenado hacer entrega del pasaporte, que se hayan librado oficio a diversos organismos y asimismo pidió que se les regule honorarios por esta instancia y la anterior ya que su defendido “está sumergido en la pobreza absoluta”. Al respecto, toda vez que la recurrente no ha acreditado siquiera mínimamente los argumentos expuestos, ni ha logrado refutar por ende lo resuelto por el “a quo”, no corresponde dar tratamiento a los mismos.

VI. En virtud de ello, de conformidad con lo propiciado por el señor Fiscal General de Casación ante esta instancia, doctor M. A. Villar, corresponde: Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de J. A. C., sin costas en la instancia (Arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

En mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular en ejercicio de la defensa técnica de J. A. C. (cfr. fs. 969/1046); SIN COSTAS en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (acordada 15/13 CSJN “LEX 100”) y remítase al Tribunal de origen sirviendo la presente de atenta nota de envío.

M.NO HERNáN BORINSKY

J. CARLOS GEMIGNANI

JUEZ DE CAMARA DE CASACION

GUSTAVO MARCELO HORNOS

JUEZ DE CAMARA DE CASACION