Sin prueba no hay convenio: Si la actora no probó que sus tareas encuadraran en el estatuto del personal doméstico, no hay obligación de registrar

Partes: Rodríguez Stella c/ Fernández Julia s/ demanda laboral

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: 7

Fecha: 11-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-116500-AR | MJJ116500 | MJJ116500

La falta de recibos de pago no da la certeza de situación irregular si la actora no probó que sus tareas encuadraran en el estatuto del personal doméstico, y por lo tanto la demandada no tenía obligación alguna de registración.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que entendió que las pruebas aportadas resultaban insuficientes para tener por acreditados los extremos invocados por la actora para incluir la relación en el dec. Ley 326/56 , pues el hecho de que la demandada haya confesado que no tiene recibos de pago no da la certeza de que no la tenía anotada y que por ello se la mantenía en una situación irregular’, pues justamente la actora no probó que sus tareas encuadraran en el estatuto del personal doméstico, y por lo tanto aquella no tenía obligación alguna de registración.

2.-No es posible aplicar ni el principio in dubio pro operario ni la teoría de las cargas probatorias dinámicas, cuando no se está ante una organización empresaria que deba tenerse especialmente gravada con cargas de información, documentación o iniciativa.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 11 días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, se reunieron en Acuerdo el Sr. Vocal de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Dr. Sergio F. Restovich, e integrada con las Sras. Vocales de la Sala Segunda, Dra. Adriana Mana y Dra. Aseff a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “RODRIGUEZ STELLA c/FERNANDEZ JULIA s/DEMANDA LABORAL”, CUIJ 21-03660558-5 (N° 310/16), venidos para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la 7° Nominación de Rosario. Efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

I) ¿Es procedente el recurso de nulidad?

II) ¿Resulta ajustada a derecho la sentencia apelada?

III) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dr. Restovich, Dra. Mana y Dra. Aseff.

A la primera cuestión el Dr. Restovich dijo: el recurso de nulidad interpuesto por la actora a fs. 99 no ha sido mantenido en la Alzada y no advirtiendo vicios de procedimiento ni de pronunciamiento que ameriten su declaración de oficio, cabe desestimarlo.

Voto por la negativa.

A la misma cuestión la Dra. Mana dijo: Adhiero en los fundamentos y conclusiones del Dr. Restovich, y voto en idéntico sentido.

A la misma cuestión la Dra. Aseff dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión el Dr. Restovich dijo: 1. Contra la sentencia N° 1.833 del 19 de noviembre de 2012, dictada en autos, que rechaza la demanda en su totalidad, con costas a la actora, ésta interpone a fs. 99 recurso de apelación total, el que es concedido a fs. 102.

Elevados los autos a esta Sala, a fs. 142 y ss.expresa agravios la recurrente, los que son contestados por su contraria a fs. 145 y ss., dejando los presentes en estado de ser resueltos.

2. Abocado al examen del recurso cabe destacar, en primer lugar, que si bien la accionante interpuso apelación contra la sentencia dictada en forma “total”, según lo previsto en el art. 109 del CPL, del escrito fundante del recurso ante esta Alzada emerge que ningún reproche esgrime contra el rechazo de su solicitud de declaración de inconstitucionalidad de las normas que la excluyen del ámbito de aplicación de la ley 20.744 y sus leyes complementarias, quedando por tanto dicha parte del resolutivo firme y consentida.

3. Se agravia la actora “solamente con el pto 2 (fs. 97) del Considerando de SS a quo. Con lo cual, se tratará, que efectivamente la actora está encuadrada en la/s normas/s respectivas y que la amparan el reclamo” (fs. 142).

Afirma la apelante que el Magistrado actuante desechó sus pruebas y no tomó debidamente en cuenta la propia confesional de la demandada, en cuanto la misma reconoció que a la actora nunca le hizo firmar un recibo, lo que da la certeza de que no la tenía anotada y que por ello a la actora se la mantenía en una situación irregular.

Alega que siendo que la relación se desarrolló en la intimidad de una casa de familia, se debe ser muy prudente en la exigencia de la carga de la prueba, cargándosela a aquella parte que tenga mejores posibilidades y/o disponibilidad al respecto, y que en caso de duda debe estarse al principio in dubio pro operario.

No le asiste razón.En primer lugar, no es cierto que la a quo no haya valorado las pruebas de la actora; por el contrario, analizó pormenorizadamente las declaraciones de todos los testigos, concluyendo, respecto de los dos ofrecidos por aquella, que Gómez sólo refiere que sabe que Rodríguez trabajaba para la demandada por comentarios y que la declaración de Corral carece de trascendencia a raíz de que no permite establecer una relación inmediata entre la reclamante y la demandada.

Y con relación a estos fundamentos, absolutamente ningún agravio esgrime la apelante, en cumplimiento de lo normado por el art. 118 del CPL, destacando dónde se encontraría el error de la sentenciante en la valoración de dicha prueba.

Por otra parte, el hecho de que la demandada haya confesado que no tiene recibos de pago no “da la certeza de que no la tenía anotada y que por ello se la mantenía en una situación irregular” (fs. 142), pues justamente la actora no probó que sus tareas encuadraran en el estatuto del personal doméstico, y por lo tanto aquella no tenía obligación alguna de registración.

Al respecto ha dicho Machado (“Protección del decreto 326/56 para trabajadores del servicio doméstico”, RDL, T. 2003-2-277), en posición que comparto, que no es posible aplicar ni el principio in dubio pro operario ni la teoría de las cargas probatorias dinámicas, en la medida en que no se está ante una organización empresaria que deba tenerse especialmente gravada con cargas de información, documentación o iniciativa.

En definitiva, la a quo analizó las testimoniales, y concluyó -acertadamente- que las mismas resultaban insuficientes para tener por acreditados los extremos invocados por la actora para incluir la relación en el decreto ley 326/56.

4. En razón de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación intentado, confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, e imponer las costas de esta Alzada a cargo de la actora vencida (artículo 101, CPL).

5.Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la Dra. Mana dijo: Adhiero en los fundamentos y conclusiones del Dr. Restovich, y voto en idéntico sentido.

A la misma cuestión, la Dra. Aseff dijo: Que se abstiene al votar por análogas razones a las expresadas respecto a la primera cuestión.

A la tercera cuestión, el Dr. Restovich dijo: Los fundamentos que anteceden me permiten concluir en: I. Desestimar el recurso de nulidad deducido por la actora, por no haber sido mantenido en esta instancia. II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionante, confirmándose la sentencia de anterior instancia. III. Imponer las costas de la Alzada a cargo de la apelante. IV. Fijar los honorarios profesionales en el (%) de los que en definitiva sean regulados en Primera Instancia.

Así voto.

A la misma cuestión, la Dra. Mana dijo: Visto el resultado obtenido al votarse las cuestiones anteriores, corresponde dictar pronunciamiento en la forma propuesta por el Dr. Restovich.

A la misma cuestión, la Dra. Aseff dijo: Que se abstiene al votar por análogas razones a las expresadas en las cuestiones anteriores.

A mérito del Acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, integrada, RESUELVE: I. Desestimar el recurso de nulidad deducido por la actora, por no haber sido mantenido en esta instancia. II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionante, confirmándose la sentencia de anterior instancia. III. Imponer las costas de la Alzada a cargo de la apelante. IV. Fijar los honorarios profesionales en el (%) de los que en definitiva sean regulados en Primera Instancia. (Autos:”RODRIGUEZ STELLA c/FERNANDEZ JULIA s/DEMANDA LABORAL”, CUIJ 21-03660558-5 (N° 310/16). Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral n° 7 de Rosario.

RESTOVICH

MANA

ASEFF

(Art. 26, ley 10.160)

ORTA NADAL