Un pedacito de casa: Rechazo del desalojo contra quien acreditó que ocupaba el inmueble en virtud de haber adquirido parte proporcional en la sucesión

Partes: Córdoba Corina Olimpia c/ Stringaro Cristina s/ desalojo

Tribunal: Cámara de Apelación de Circuito de Rosario

Fecha: 17-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-116122-AR | MJJ116122 | MJJ116122

Rechazo de la acción de desalojo contra quien acreditó que ocupaba el inmueble en virtud de haber adquirido la parte proporcional en la sucesión de una de las condóminas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la acción de desalojo por no reunirse los extremos de legitimación pasiva, ya que si bien la actora invoca la condición de intrusa de la accionada, ésta acreditó que la ocupación del inmueble en crisis la efectúa ‘animus domini’, en virtud de haber adquirido la parte proporcional en la sucesión de una de las condóminas del inmueble.

2.-Para que proceda el recurso de nulidad es menester la demostración fehaciente de la existencia de un daño que no pueda ser reparado sino con dicha declaración, dado que no existe nulidad sin perjuicio real, debiendo tenerse presente que su interpretación en todos los casos debe ser estricta, no pudiendo nulificarse una resolución cuando no exista un serio interés jurídico comprometido.

3.-Se le impone a la demandada que invoca la posesión para oponerse a la pretensión jurídica de la actora, el deber de acreditar las circunstancias fácticas que hacen funcionar las normas legales que regulan ese instituto, es decir, la existencia de actos ciertos, auténticos, inequívocos, que revelen el ‘corpus’ y el ‘animus’ que integran la ‘possesio’.

4.-En el juicio de desalojo se ventila sumariamente la acción personal de quien tiene derecho a que se le restituya el inmueble que la demandada ocupa como simple tenedora, y quedan excluidas del mismo, por lo tanto, las cuestiones relacionadas con la propiedad o la posesión del bien, ya que para el reconocimiento de tales derechos existen vías procesales destinadas precisamente a satisfacer reclamaciones reivindicatorias o posesorias.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, el día 17 de septiembre del año dos mil dieciocho, reuniéronse en Acuerdo los Jueces de la Cámara de Apelación de Circuito doctores Eduardo Jorge Pagnacco, Ricardo Juan Pedro Netri y René Juan Galfré, para dictar sentencia en los caratulados “CÓRDOBA CORINA OLIMPIA C/STRINGARO CRISTINA S/ DESALOJO” Expte.N° CUIJ: 21-12236342-9 (Expte. N° 218/16, CUIJ: 21-12236342-9 del Juzgado de Primera Instancia de Circuito 1a. Nominación de Rosario).- Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el siguiente orden: doctores René Juan Galfré, Eduardo Jorge Pagnacco y Ricardo Netri.

Hecho el estudio de la causa, se resuelve plantear las siguientes cuestiones:

1º) ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA ?

2º) EN SU CASO, ES JUSTA ?

3º) QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR ?

A la primera cuestión, el doctor Galfré dijo:

Mediante la Sentencia N° 721/17 (fs. 176/182), a cuya relación de la causa me remito por razones de brevedad, se resolvió rechazar la pretensión de desalojo esgrimida por Corina Olimpia Córdoba contra la accionada Cristina Sara Francisca Stringaro respecto del inmueble ubicado en calle Reconquista N° 1244 P.B. 01 de esta ciudad de Rosario, por no reunirse los extremos de legitimación pasiva en un todo de acuerdo a los fundamentos referidos en los considerandos de dicho fallo; e imponer las costas a la parte accionante (art. 251 C.P.C.C.).-

Contra dicho pronunciamiento se alza la actora, interponiendo recursos de apelación y nulidad en subsidio (f. 183); los que fueron concedidos por el Juez A-quo a f. 191; y llegados los autos a esta instancia la recurrente expresa agravios a fs. 204/210; los que fueron contestados por la demandada a fs. 212/216.-

Encontrándose consentida la providencia que llamó los autos para dictar sentencia (f.219), quedan los presentes en estado de resolver.- La actora recurrente pretende la nulidad de la sentencia alzada, fundada en que “.Surge de los Considerandos de la sentencia recurrida que el A quo en cuanto a la demandada Stringaro alegó la titularidad de derechos hereditarios en el sucesorio de Cárdenes, aunque en estas actuaciones la misma no está emplazada como heredera; en tanto que tampoco .” la actora “.puede iniciar la acción de división de condominio (como sugiere el propio A quo) porque tampoco la demandada está emplazada como titular registral. De manera tal, que.” la actora “.ha sido privada del derecho a la jurisdicción. No solo ha sido privada la actora del derecho a la jurisdicción, sino que dicho pronunciamiento ni siquiera se sostiene, encontrándonos frente a una resolución carente de razonabilidad.; en tanto se nos sugiere iniciar la acción de desalojo,.”.- Entiende que “.la sentencia en crisis debe ser descalificada como acto judicial por haber sido el producto puro y exclusivo de la voluntad del juzgador.”.- Sostiene que la sentencia recurrida no está debida y razonadamente fundada, y es arbitraria.- Refiere jurisprudencia, que la recurrente entiende que la beneficia.-

Finalmente, peticiona la nulidad de la sentencia recurrida.-

A fs. 212/213 la demandada contesta los agravios vertidos por la recurrente, manifestando que “.no existiendo en el sub lite deficiencia alguna en la valoración de la prueba, y por consiguiente, la pretendida arbitrariedad aducida por la actora, y resultando la misma producto directo de la sana crítica, solicito se rechace el pedido de nulidad del decisorio.”.- Entrando al análisis del recurso nulificante, cabe advertir que es sabido que en materia de nulidades rige el llamado “principio de trascendencia”, que se traduce en la necesidad de que el nulidicente invoque y demuestre que tal o cual vicio le produjo un perjuicio serio, que no puede ser subsanado de otra forma que con la declaración de nulidad del acto viciado, ya que no existe nulidad por la nulidad misma y para satisfacer pruritos formales (conf.

PEYRANO, Jorge W., “Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial”, Edit.Zeus, Rosario, 1983, pág. 172, N° 607).- Alvarado Velloso define a la nulidad procesal como “la sanción que priva de efectos (eficacia) a un acto procesal en cuya estructura no se han guardado los elementos ejemplares del modelo, en tanto ellos constituyen garantías de los derechos justiciables”. (ALVARADO VELLOSO, Adolfo, “Presupuestos de la nulidad procesal”, La Ley, 1986-C, 885 y sigts.).-

La procedencia de una nulidad debe ser valorada a la luz de los principios consagrados como presupuestos de toda declaración de nulidad sin cuya concurrencia la irregularidad aun existiendo, no provoca aquella sanción, esto es, los principios de especificidad, convalidación, trascendencia, protección y conservación, todos ellos consagrados por nuestro Código ritual.- Por otra parte, la jurisprudencia tiene resuelto que, preferentemente, se debe estar por la validéz del acto jurisdiccional antes de declarar su invalidéz, y resolver el asunto desde la perspectiva del recurso de apelación si ello resulta idóneo para dar satisfactoria respuesta a los agravios del recurrente, lo que resulta acertado toda vez que no exista un interés concreto que justifique la declaración de invalidéz, dado que, como es postulado en esta materia no cabe declarar nulidades sólo en interés de la ley. (Conf.Zeus, Tomo 67, J-24).-

Remitido al planteo nulificante de la recurrente, no se advierte que el mismo especifique de qué forma el fallo recurrido viola el debido proceso; ni cuáles son las herramientas y mecanismos procesales de los cuales la recurrente se ha visto impedida de hacer valer.- Para que proceda el recurso de nulidad es menester la demostración fehaciente de la existencia de un daño que no pueda ser reparado sino con dicha declaración, dado que no existe nulidad sin perjuicio real, debiendo tenerse presente que su interpretación en todos los casos debe ser estricta, no pudiendo nulificarse una resolución cuando no exista un serio interés jurídico comprometido.- Es decir, las formulaciones de la recurrente, son tan sólo apreciaciones genéricas de la quejosa, lo cual lleva a la desestimación de la nulidad articulada.- Ergo, esta formulación de nulidad de la accionante, es rechazada.- Por ello, voto por la negativa.- A la misma cuestión, los doctores Pagnacco y Netri dijeron:

De acuerdo con lo expuesto por el Vocal preopinante, votamos en igual sentido.

A la segunda cuestión, el doctor Galfré dijo:

La recurrente se queja, en el primer agravio, que el A quo incurre en un gran error, cuando en los Considerandos de la sentencia recurrida se fundamenta en que “.cabe destacar que con las constancias del expediente sucesorio de mención -atendiendo el estado procesal del mismo- no puede precisarse con meridiana certeza la extensión de los derechos sucesorios recibidos por la accionante mediante la Escritura N° 526 de fecha 04 de Octubre de 2012 antes mencionada.”.- Sostiene la apelante, que nada tiene que ver los porcentuales o porciones de los derechos de la actora en la sucesión de Cárdenes, cuando precisamente la actora Córdoba es titular registral del 66% o dos terceras partes del total del inmueble objeto de desalojo; como también Cesionaria de un tercio de los derechos sucesorios en la sucesión de Cárdenes, quien a la postre era titular del 33% del total.- Continúa refiriendo, que “.frente a la clara legitimación esgrimiday probada en autos: la demandada Stringaro expresa que ‘alegó en el escrito de responde que ocupa el bien objeto de pretensión de desalojo en razón de los derechos hereditarios que le corresponden a la señora Silvia Beatríz Cárdenes en el sucesorio de Yolanda Cárdenes’; y que la resolución recurrida, refiere que ‘el carácter mencionado lo documentó la accionada mediante fotocopia autenticada por la Actuaria de la Escritura N° 54 instrumentada en fecha 16 de Julio de 2013 por ante la Escribana Adriana M. Perezlindo y anotada en el Registro General de la Propiedad de Rosario en fecha 1° de Noviembre de 2013 en Cesión de Herencia bajo el N° 390.554 al Tomo 254, Folio 391.’.la resolución recurrida se asienta sobre afirmaciones dogmáticas sin sustento normativo alguno.”.-

Sostiene que “.la demandada Stringaro, que ocupa el inmueble, acompaña una copia certificada de la cesión de herencia de la sucesión de Yolanda Cárdenes, aunque la misma ni siquiera está emplazada como heredera ni ha presentado la misma en la sucesión última.”.- En el segundo agravio, reprocha que la sentencia recurrida resuelve rechazar la demanda de desalojo incoada, tomando en consideración que la ocupación del inmueble por parte de la cesionaria de derechos y acciones hereditarios de una de las condóminas del inmueble -Yolanda Cárdenespuede interpretarse como el derecho de uso y goce que le corresponde a ésta sobre la cosa, en un todo de acuerdo a las prescripciones del artículo 2328 del Código Civil y Comercial.- Aduce que la demandada Stringaro “.no es condómina porque no tiene dominio ni total ni parcial sobre el inmueble de calle Reconquista, objeto de desalojo.Y tampoco es heredera de Yolanda Cárdenes, porque no está emplazada como heredera.- En el tercer agravio, reitera sus planteos anteriores, y -entiendeque las citas jurisprudenciales que refiere el fallo recurrido, no le son aplicables en el presente caso.- Finalmente, en el cuarto agravio, refuta que se le hayan impuesto a su cargo las costas del proceso.- Peticiona que se revoque la sentencia recurrida, y sehaga lugar a la demanda articulada.- A fs. 213/216, la demandada Cristina Stringaro contesta los agravios vertidos por el apelante, y, al respecto, sostiene que “.no tiene obligación de restituir porque: 1) es Cesionaria de Derechos en tal carácter, y sustituyendo al cedente en la relación con los bienes que integran el patrimonio, y en la proporción que a éste le correspondía, Condómina con la actora; 2) Es Poseedora del inmueble, basando el hecho de la posesión en el título que ostenta la cesionaria.” Y agrega, que “.e s Cesionaria de Derechos. Su falta de emplazamiento como heredera de la Señora Yolanda Cárdenes en nada altera la sustancia de sus derechos hereditarios, ni los debilita. No disminuye la calidad, efectos o extensión de su derecho de cesionaria.”.- Solicita se confirme la sentencia recurrida por constituir una justa composición de la litis, con imposición de costas a la actora.- Entrando al análisis del planteo apelatorio, se tratarán el primero, segundo y tercer agravios en forma conjunta, habida cuenta de su afinidad temática.-

En orden a los mismos, se advierte con prístina nitidez que -ambas partes- se encuentran controvirtiendo aspectos referidos exclusivamente a la posesión animus domini del inmueble cuyo desalojo se pretende por parte de la accionante.- Es, a partir de ese planteo, donde comienza la incierta y confusa situación imperante entre las partes hoy devenidas en contendientes.- En tal sentido, es preciso remarcar que en el juicio de desalojo se ventila sumariamente la acción personal de quien tiene derecho a que se le restituya el inmueble que la demandada ocupa como simple tenedora.- Quedan excluidas del mismo, por lo tanto, las cuestiones relacionadas con la propiedad o la posesión del bien, ya que para el reconocimiento de tales derechos existen vías procesales destinadas precisamente a satisfacer reclamaciones reivindicatorias o posesorias.- Mientras la actora invoca la condición de intrusa de la accionada Cristina Stringaro, ésta niega la verosimilitud de tal afirmación, y afirma que la ocupación del inmueble en crisis la efectúa “animus domini”, envirtud de haber adquirido la parte proporcional que le correspondía a la señora Silvia Beatríz Cárdenes en la sucesión de la señora Yolanda Cárdenes.- Ante dicha contradicción -en la causa se encuentran en discusión actos “animus domini”-, corresponde a quien invoca tal condición de ocupación, probar su existencia.- Si bien es cierto que esta Cámara se encuentra enrolada en la postura de que desde el punto de vista objetivo no existe diferencia sobre tenencia y posesión, ya que ambas se exteriorizan mediante la ocupación del bien, de ahí que no baste invocar el carácter de poseedor para enervar la acción de desalojo, sino que sea menester su demostración.- Por ello, se le impone a la demandada que invoca la posesión para oponerse a la pretensión jurídica de la actora, el deber de acreditar las circunstancias fácticas que hacen funcionar las normas legales que regulan ese instituto, es decir, la existencia de actos ciertos, auténticos, inequívocos, que revelen el “corpus” y el “animus” que integran la “possesio”. Quien aduce la posesión para oponerse al desalojo de quienes acreditan el derecho de dominio del inmueble, debe acreditar aunque sea “prima facie” el derecho que invoca.

La prueba de la ocupación no es prueba de la posesión.- Una vez acreditada por la demandada la seriedad de su defensa, no está obligada a probar en forma plena la posesión en el juicio de desalojo.- Pero, probada prima facie la posesión, con elementos probatorios idóneos, la acción de desalojo deberá desestimarse.-

En el sub judice, quedó inicialmente acreditado con la Escritura Pública N° Cincuenta y cuatro, de fecha 16/07/2013, pasada por ante el Registro a cargo de la Escribana Adriana M. Perezlindo, que marcha agregada mediante fotocopia certificada obrante a fs.25/26, que la demandada en esta causa, señora Cristina Sara Francisca Stringaro, ha adquirido por Cesión que le efectuara la señora Silvia Beatríz Cárdenes, en la fecha indicada, “.la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones patrimoniales que actualmente le corresponden o que en el futuro pueda adquirir respecto de los bienes de cualquier clase y naturaleza que sean, quedados por fallecimiento de Yolanda Cárdenes, argentina, de apellido materno Cejas, nacida el 19 de Diciembre de 1922, titular de la Libreta Cívica número 1.516.542.”.- A los fines de determinar el advenimiento de los derechos que esgrimió la cesionaria señora Silvia Beatríz Cárdenes a la hora de efectuar la aludida Cesión de Derechos y Acciones Hereditarios a favor de la demandada Cristina Sara Francisca Stringaro, se peticionó al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 12a. Nominación de Rosario (vide Oficio N° 31/18 obrante a f. 224), la remisión “ad effectum videndi” de los autos caratulados “Cárdenes Yolanda s/Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2.036/2000, CUIJ: 21-01463032-2; y con dichos actuados a la vista, se verifica que a fs. 111/112 del referenciado sucesorio de la señora Yolanda Cárdenes, obra agregado extracto de Transferencia de Dominio -emitido por el Registro General de Propiedades de Rosario-, del cual emerge que el inmueble sobre el que recae la presente causa de desalojo (sito en la calle Reconquista N° 1244 de Rosario), fue adquirido por Escritura Pública N° 165 de fecha 07/06/1971, pasada por ante el Registro N° 288 a cargo del Escribano Carlos A. Lonegro, a Omar Angel Benito y Norma Ana Accursi de Benito, por Julio Francisco Cárdenes, Petrona del Castillo de Cárdenes y Yolanda Cárdenes.Dicha compra se efectuó en condominio, sin especificarse la proporción que le corresponde a cada uno de los adquirentes, razón por la cual, cabe entender que lo es en una tercera parte a cada uno.- En el mismo expediente referenciado, queda acreditado que por fallecimiento de la señora Yolanda Cárdenes, acaecido el día 06/11/1996, le sucedió como heredera su hermana Lina Lucrecia Cárdenes; todo conforme Declaratoria de Herederos N° 250 de fecha 17/04/01, que obra a f. 18 de dichos actuados. En tanto que, por Ampliación posterior de la referida Declaratoria, en fecha 01/07/2016, se dictó la Resolución N° 2102/16 (obrante a f.103 de dichos caratulados), mediante la cual se dispuso lo siguiente: “.Ampliar la Declaratoria de Herederos N° 250 de fecha 17 de Abril de 2001, sin perjuicio de terceros, por el fallecimiento de Yolanda Cárdenes, a favor de sus hermanos Domingo y Manuel Cárdenes y Cejas y a su sobrina Elida Leonor Cárdenes y Del Castillo, en representación de su padre prefallecido Julio Francisco Cárdenes y Cejas;.”.- Seguidamente, por Expediente N° 1105/10, CUIJ: 21-01361327-0, tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 9a. Nominación de Rosario -que fuera requerido “ad effectum videndi” por Oficio N° 32/18 (obrante a f. 225 de los presentes actuados), y que tengo a la vista-, correspondiente a los caratulados “Cárdenes Manuel y otros s/Declaratoria de Herederos”, se ha dictado la Declaratoria de Herederos N° 4498 de fecha 22 de Diciembre de 2010 (obrante a f. 31 de los mismos), la que dispone lo siguiente: “.Declaro que por fallecimiento de la Sra. Rosa Elena Mombardó le suceden como únicos y universales herederos, sin perjuicio de terceros, su cónyuge supérstite Manuel Cárdenes y su hija Silvia Beatríz Cárdenes y Mombardó, y, por posterior fallecimiento de Manuel Cárdenes, le sucede como única y universal heredera, sin perjuicio de terceros, su hija:Silvia Beatríz Cárdenes y Mombardó. Póngase a la nombrada en posesión de los bienes de la herencia que no estuvieren poseídos por terceros. Cese la intervención del Agente Fiscal si por otro motivo no fuere menester.”.- A modo de síntesis, cabe entender que el inmueble sobre el que recae el presente íter controversial, fue adquirido en condominio por la señora Yolanda Cárdenes (en la proporción de 1/3); que a su fallecimiento le sucedió -entre otros herederos- su hermano Manuel Cárdenes; que al fallecimiento de este último, le sucedió en carácter de única y universal heredera su hija Silvia Beatríz Cárdenes; y que, a posteriori, la referida heredera efectuó la Cesión de las Acciones y Derechos que tenía, a favor de la hoy demandada, señora Cristina Sara Francisca Stringaro.- En consecuencia, del plexo probatorio descripto, queda evidenciado que la demandada ocupa el inmueble de calle Reconquista N° 1244 de Rosario; que no existe ningún vínculo contractual con la accionante; que no reconoce la titularidad dominial plena de la actora; que la ocupación la efectúa animus domini, invocando la propiedad de una parte proporcional del inmueble; que su grado de ocupación es de público conocimiento, lo que es confirmado por parte de los testigos deponentes Mónica Liliana León y María Elena Medina Giannone (fs. 146/148).- Al respecto, cabe indicar que la norma que rige el caso, es el artículo 1928 del Código Civil y Comercial, que reza: “Actos posesorios.

Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga”.- En tanto que el artículo 1912 del actual Código de fondo, dispone: “Objeto y sujeto plural. El objeto de la posesión y de la tenencia es la cosa determinada.Se ejerce por una o varias personas sobre la totalidad o una parte material de la cosa”.-

Ergo, queda evidenciado prima facie que la demandada posee el inmueble “animus domini” (art. 1909 del Código Civil y Comercial).- En tal sentido, cabe subrayar que tanto la jurisprudencia de los más altos Tribunales del país, como la doctrina son coincidentes en expresar que:

“Al poseedor no le es exigible la obligación de restituir por vía de la acción de desalojo cuando el demandado ha demostrado prima facie la actividad de la posesión que invoca, injustificando así la seriedad de su pretensión. Ello, sin perjuicio de las acciones que restan al propietario.” (Suprema Corte de Buenos Aires, 03/5/77, “Barcos de Pi Puig, María F. y otros c. Gomes de De Nardo, Dolores L.”, AS, 977-I-1014).- “Si el demandado por intrusión alega un derecho a la posesión, debe acreditar “prima facie” su condición de poseedor para enervar el juicio de desalojo, pues en tal supuesto no surge con claridad la obligación de restituir, situación ésta que tendrá que dirimirse en el respectivo juicio posesorio o petitorio, ya que en el juicio de desalojo no se trata de discutir el “ius posidendi” o el “ius posesionis”, sino verificar la verosimilitud de la defensa que hace valer el intruso, exigencia mínima para que la invocación tenga la virtualidad de paralizar el desalojo.” (Superior Tribunal de Tucumán, Sala Criminal y Penal, 16/06/94, “Palacios, José A. c. Ibáñez de Romo, Lidia y otro”,DJ, 1995-1-252.).- Esta Cámara desde larga data y de manera pacífica, se ha expedido en el mismo sentido (conf.: Cámara de Paz Letrada de Rosario, Sala 1a., 26/11/86, “Mascambroni, Oscar H. y/u otra c/Garay, Fermín y/u otros s/Desalojo”, Zeus T 58, R-22, N° 13490; Rep. Zeus, T. 10, págs.459/60; ídem, más recientemente, en Acuerdo N° 426/09, “Araya Bengolea de Araya Manuela c/ Figueroa Daniel Fernando s/Desalojo”; ídem en Acuerdo N° 52/12, “Civetta Beatríz Liliana c/Gutierrez Bonifacio s/Desalojo (Reconstrucción)”; íd. en Acuerdo N° 11/15, “Gonzalez Benito Leoncio c/Andreu Ramón y/o Romero María y/u otrs. s/Desalojo de intrusos”; íd. en Acuerdo N° 251/16, “Génova María Soledad c/Díaz Juan José s/Desalojo”; íd. en Acuerdo N° 140/17, “Mastrogiuseppe Silvana Inés c/ Constructora Niza S.R.L. s/Juicio de Desalojo”; etc.).- Por su parte Salgado expresa que “todo asunto relativo a posesión en sí no puede ser ventilado en juicio de desalojo, sino a través de la vía procesal adecuada que constituye la pertinente acción posesoria. Si se intenta la acción de desalojo invocando el ius possidenti o el ius possesionis, la demanda se debe rechazar”. ( SALGADO, Alí Joaquín, “Locación, Comodato y Desalojo”, Edic. La Rocca, Buenos Aires, 1997, 4a. Edic., pág. 283).-

En igual sentido lo hacen: PEYRANO, Jorge W., “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe – Análisis Doctrinario y Jurisprudencial”, T. II, págs. 477/479; y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, “Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Santa Fe -Estudio Jurisprudencial”, T. V, pág. 673.- Conforme los precedentes expuestos, la pretensión de desalojo se da contra quienes son tenedores que reconozcan en otro la titularidad de dominio (art. 1910 del Código Civil y Comercial), pero no contra quien posee animus domini (art.1909 del mismo Código).-

Tal condición ha logrado acreditarla la demandada, por los medios probatorios ya referidos, que brindan “prima facie” elementos suficientes de convicción para tomar en cuenta tal defensa.-

Las probanzas precedentemente mencionadas resultan más que suficientes para tener por acreditada prima facie la posesión del inmueble por la demandada, por lo que la acción de desalojo no puede prosperar.- El primero, segundo y tercer agravios, son rechazados.- En orden al cuarto agravio – imposición de costas a la actora perdidosa-; al respecto, el Máximo Tribunal de esta Provincia de Santa Fe tiene reiteradamente expresado que:

“Nuestro ordenamiento procesal acoge el sistema puramente objetivo en materia de imposición de costas. Ello hace que habiendo un perdidoso o vencido en el litigio, él deba soportar el pago total de ellas -art. 251 C.P.C.C.”. (C.S.J.S.F., 03/11/93, “Lanzillotta, Gladys Nora c/Los Dos Chinos S.C.A. s/Demanda Nulidad Decisión Asamblea. Recurso de Inconstitucionalidad”, citados por PRIVIDERA, Jorge A. J., en “Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Anotado y Concordado”, Edit. Zeus S.R.L., Rosario, 2003, T. I, pág. 574).- “El principio rector de la carga de las costas es que las mismas deben ser soportadas por el vencido, calidad que surge de la suerte que finalmente corren las pretensiones”. (C.S.J.S.F., Febrero 1985, “Savyc S.A. Vial Constructora c/Prov. de Santa fe s/Rec. contenc. adm. de plena jurisdicción. Revocatoria. Aclaratoria”, Zeus Tomo 45, Sección Reseña, n° 8477, pág. R-27, citado por PRIVIDERA, J.A.J., ob. cit., pág. 575).- Por tanto, resulta adecuada la imposición de las costas a la actora perdidosa, resuelta por la A quo en la sentencia recurrida.- El cuarto agravio, también resulta rechazado.- Deviniendo de todas las consideraciones precedentes, la sentencia recurrida, luce ajustada.- Por consiguiente, considero que el recurso de apelación interpuesto por la actora debe ser rechazado, confirmándose la sentencia recurrida.- Las costas de la Alzada se imponen a la actora recurrente perdidosa (art.251 C.P.C.C.).- Por lo expuesto, voto por la afirmativa.- A la misma cuestión, los doctores Pagnacco y Netri dijeron:

De acuerdo a los principios y fundamentos a los que arriba el Vocal preopinante, votamos en igual sentido.

A la tercera cuestión, el doctor Galfré dijo:

Atento el resultado obtenido al votar las cuestiones precedentes, corresponde: I) Rechazar la nulidad; II) Rechazar la apelación, y, en consecuencia, confirmar la Sentencia Nº 721/17 (fs.176/182); III) Imponer las costas de este recurso a la actora recurrente perdidosa (art. 251 C.P.C.C.); IV) Propongo que los honorarios de Alzada de los doctores Diego Gerardo Luengo y María Alejandra Castillo, se fijen en el cincuenta por ciento del honorario que en definitiva les corresponda a los profesionales de cada parte por su labor desplegada en lo principal en sede inferior con noticia de la Caja Forense; V) Conforme lo dispuesto por el art. 9 de la ley 7055 (contrario sensu) y tal como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (autos: “López, Eduardo J. s/ Infracción arts. 12 y 88 del Código de Faltas”, 10-04-2003, A. y S. 188, págs. 123/127; “Capella, Hugo H. s/ Auto de Procesamiento”, 26-12-2003, A. y S., 194, págs. 229/234) y subraya la doctrina más prestigiosa, el eventual recurso de inconstitucionalidad que pudiera interponerse contra la presente sentencia condenatoria no tiene efecto suspensivo (Martínez, Hernán, “El Recurso de Inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe. Ley 7055. Actualización”, Tomo II, pág. 83; Sagües, Néstor y Serra, María M., “Derecho Procesal Constitucional de la Provincia de Santa Fe”, pág. 551; Chiappini, Julio, “El Recurso de Inconstitucionalidad. Ley 7055”, pág. 85; ídem, “El efecto no suspensivo en el recurso de inconstitucionalidad”, en Zeus 65, D-109), corresponde disponer que notificada que fuere la presente sentencia, bajen los autos al Inferior a fin de posibilitar su ejecución.Ello así, por cuanto en caso de que se interpusiese recurso de inconstitucionalidad, el escrito de interposición deberá ser autosuficiente, bastarse a sí mismo (art. 3° de la Ley 7055), en orden a demostrar la concurrencia de los recaudos de admisibilidad del recurso, comprender los hechos de la causa y la cuestión constitucional planteada (esto es, los tres niveles del juicio de admisibilidad), sin necesidad de acudir a los autos principales.- Así voto.- A la misma cuestión, los doctores Pagnacco y Netri dijeron:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el que propicia el doctor Galfré.

Por todo ello, la Cámara de Apelación de Circuito, RESUELVE:

I) Rechazar la nulidad; II) Rechazar la apelación, y, en consecuencia, confirmar la Sentencia Nº 721/17 (fs.176/182); III) Imponer las costas de este recurso a la actora recurrente perdidosa (art. 251 C.P.C.C.); IV) Fijar los honorarios de Alzada de los doctores Diego Gerardo Luengo y María Alejandra Castillo, en el cincuenta por ciento del honorario que en definitiva les corresponda a los profesionales de cada parte por su labor desplegada en lo principal en sede inferior con noticia de la Caja Forense; V) Insértese, notifíquese a las partes y bajen de inmediato a los fines expuestos en el último párrafo de la parte considerativa. (AUTOS: “CÓRDOBA CORINA OLIMPIA C/STRINGARO CRISTINA S/DESALOJO” Expte.N° CUIJ: 21-12236342-9).-

GALFRÉ

PAGNACCO

NETRI

MUNINI