Se apago la luz: Empresa de energía eléctrica debe indemnizar el daño moral padecido por una familia a la que se le interrumpió varias veces el servicio

Partes: Cortez Néstor Osbaldo y otros s/ EDESUR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 9-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-115580-AR | MJJ115580 | MJJ115580

Se ordena a una empresa distribuidora de energía eléctrica a indemnizar el daño moral padecido por una familia que vio interrumpido el servicio en varias oportunidades. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-La empresa prestadora del servicio es responsable por la interrupción del suministro de energía eléctrica y por lo tanto los reclamantes tienen derecho a percibir un resarcimiento por las molestias e incomodidades sufridas, dado que se ha constatado el incumplimiento si bien por cortos períodos, siendo imputable a la empresa demandada, pues no pudo satisfacer las condiciones que le son exigibles como prestadora de un servicio público imprescindible para la vida de las personas; a lo que se suma que no se ha acreditado ninguna causal liberatoria que enerve la obligación de la demandada en el adecuado cumplimiento del servicio a su cargo.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de octubre de 2018, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta, dijo:

1. La sentencia de fs. 270/273 rechazó la demanda interpuesta por los señores Néstor Osbaldo Cortez, Ramona Aidée González, Mariana Vanesa Cortez y Silvia Roxana Cortez, con el objeto de obtener la indemnización integral de los daños y perjuicios que les había producido el corte de suministro de energía eléctrica a partir del 06.06.2014 en el inmueble donde habitan en la calle Carlos Calvo 1305, piso 20, dpto. “portería”. Para así resolver la juez a quo consideró que -en el período reclamado en este expediente- se habían demostrado sólo breves interrupciones en el suministro de energía eléctrica que totalizaban 10,5 horas. En atención a que los actores no habían individualizado ni las fechas ni los tiempos de interrupción del suministro y que tampoco habían aportado prueba del daño, la sentencia estimó que fueron sucesos sin entidad suficiente como para producir daño resarcible y, consecuentemente, rechazó la demanda con costas a los vencidos.

2. Este pronunciamiento fue apelado por la actora a fs. 274. Su expresión de agravios presentada a fs.278/282, fue respondida por la accionada a fs. 284/286. A fs. 288/289 tuvo intervención el señor Fiscal General ante esta Cámara, quien consideró que no le correspondía emitir dictamen.

3. La parte actora reclamó la revocación total de la sentencia. Sus agravios versan sobre la arbitrariedad del rechazo de la demanda, puesto que insiste en que la familia padeció una reiterada cantidad de cortes de suministro los que fueron acreditados con la Resolución Administrativa N° 410/2016 de fs. 172 a 176 y no con el distorsionado informe del ENRE de fs.170/171, y que ello se debe reflejar en el resarcimiento. Adujo, además, que tiene derecho a ser resarcida por daño punitivo pues la demandada actuó con desprecio e indolencia hacia los usuarios.

4. En primer lugar, me parece conveniente señalar que los hechos generadores de responsabilidad tuvieron lugar antes la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) y que sus normas no son de aplicación retroactiva. En este litigio, no hay consecuencias en curso de ejecución, siendo, por tanto, claramente inaplicable a la especie el nuevo ordenamiento.

5. A fin de dilucidar la cuestión debatida, haré un breve resumen de los hechos que surgen de la causa.

Consta en el expediente que los actores eran usuarios y residían en el departamento ubicado en Carlos Calvo 1305, piso 20°, Dpto. “portería”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. fs. 24/27, declaraciones testimoniales de fs. 200 y 201 y fs. 150/153). Los aquí accionantes reclaman en la presente exclusivamente por los cortes ocurridos a partir del 06.06.14, “.toda vez que los anteriores -especialmente los referidos al “evento 2013-2014″- han sido objeto de otros reclamos similares.” que se sustanciaron en el expediente 5139/2014 en trámite ante Juzgado N° 1, Secretaría N° 1 de este fuero (cfr. fs. 33 vta.).

También quedó demostrado que la empresa Edesur S.A. brindaba en ese domicilio el suministro eléctrico y que se registraron las siguientes interrupciones en el servicio, a partir del 06.06.2014 y hasta el 29.02.2016 -última información disponible-: a) el 09.01.2015, 122 minutos.; b) el 27.06.2015, 153 minutos; c) el 18.09.2015, 193 minutos; d) 17.12.2015, 163 minutos y e) 18.02.2016, 130 minutos, que fueron atribuidos a inconvenientes en la red de media tensión (cfr. informes del ENRE que obran a fs. 170/175 y 211/212). No tomo en consideración la resolución de fs. 172/174 pues se refiere al reclamo de otro usuario.

6.Trataré el agravio referido a la responsabilidad de la demandada.

Quedó verificado que el suministro de energía eléctrica en el domicilio de los actores se vio afectado por los cortes señalados en el considerando precedente, configurando un incumplimiento de su obligación principal frente al usuario, si bien de corta extensión.

En autos constan innumerables reclamos de los actores y ninguna prueba ha pretendido justificar la conducta desaprensiva de la empresa y su incapacidad para brindar un servicio sin interrupciones. Se han mencionado circunstancias genéricas, como las vinculadas con la relación entre inversiones y tarifas, o factores estacionales, pero nada de ello configura un motivo de liberación de la responsabilidad por incumplimiento.

Considero que se ha constatado el incumplimiento y que éste es imputable a la empresa demandada pues no pudo satisfacer las condiciones que le son exigibles como prestadora de un servicio público imprescindible para la vida de las personas (conf. artículo 4, inc. a) del Reglamento de Suministro aprobado por Resolución ENRE 82/2002).

Habida cuenta que no se ha acreditado ninguna causal liberatoria que enerve la obligación de la demandada en el adecuado cumplimiento del servicio a su cargo, corresponde admitir la queja de la accionante en cuanto al principio de responsabilidad de la empresa prestadora del servicio.

7. La cuantificación del daño es dificultosa pues la parte actora no aportó una prueba específica. Consta en autos que desde el 06.06.2014 al 10.02.2016 -promoción de la demandada cfr. fs. 39 vta.-, el corte de energía eléctrica tuvo una duración de 10,51 horas – no continuas-, que afectaron la normal prestación en forma fragmentada durante 4 días. En dos oportunidades el corte se produjo de noche o de madrugada, y en otras dos ocasiones la irregularidad sucedió en pleno día, siendo el más agobiante el del 18 de febrero de 2016, que duró 130 minutos, desde las 13 a las 15.10 de un día de verano.

8.En ese contexto y ante la falta total de prueba sobre gastos materiales, tales como comida perecedera, los alimentos que debieron adquirir, de las velas y/o elementos de iluminación, estimo que el daño material -ponderado en $ 12.000 en el escrito inicial- no está demostrado (art. 377 del Código Procesal). Entiendo que la breve duración de las interrupciones no permite presumir la producción de algún daño de esta naturaleza.

Por el contrario, entiendo que los reclamantes tienen derecho a percibir un resarcimiento por las molestias e incomodidades sufridas, a lo que se suma la situación de incertidumbre por no saber el tiempo de duración del incumplimiento y no poder prever sus consecuencias. El caso se rige por el art. 522 del Código Civil, aplicable a supuestos de incumplimiento contractual, lo cual exige apreciar las circunstancias que rodearon al mismo (esta Sala, causas 5162 del 17/5/88, 7568/92 del 3/10/95; Sala II, causa 11.701/95 del 9/9/97, entre otras). Dentro de ellas, no puede soslayarse que la electricidad es de imprescindible necesidad para el desarrollo de la vida moderna, y que se ha demostrado que la familia habita en el piso 20 del edificio, lo cual comporta una preocupación e incomodidad adicional para el más mínimo traslado. A ello se añade que se ha demostrado que el señor Néstor Osbaldo Cortez se desempeñaba como el encargado del edificio, lo cual permite imaginar que fuera interrogado por los vecinos ante las molestas consecuencias de los cortes.

En suma, atendiendo a las circunstancias en que se verificó la contingencia y el tiempo de duración de la incomodidad, considero equitativo fijar un resarcimiento de $ 2.500 para el señor Néstor Osbaldo Cortez y de $ 1.000 para resarcir el daño moral de cada una de las integrantes de su familia, a saber, la señora Ramona Aidee González y las jóvenes Mariana Vanesa Cortez y Silvia Roxana Cortez.Ello significa que encuentro procedente el reclamo por la suma total de cinco mil quinientos pesos ($ 5.500) en concepto de daño moral de los actores.

Este capital llevará intereses. En casos similares, hemos ordenado la liquidación de tales accesorios a partir del hecho; sin embargo, en el caso, las conductas de incumplimiento se verificaron a lo largo de un período y, por lo demás, sólo he admitido el resarcimiento del daño moral sufrido. En tales condiciones creo razonable disponer los intereses a partir de la mediación, que tuvo lugar el 28.10.2015 (fs. 31). La tasa aplicable será la que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días (cfr. esta Sala, causa nº 8391/01 del 3.11.2005 y sus citas; y causa n° 8333/04 del 3/6/08, Sala III, causa 5400/93 del 13.8.98).

9. Respecto del reclamo de daño punitivo, es evidente que la admisión de una pena privada (contemplada en la ley 24.240 y normas modificadoras) está estrechamente vinculada con la idea de sanción ejemplar destinada a la prevención y disuasión de actos ilícitos o groseramente negligentes que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (Stiglitz Rubén S. y Pizarro Ramón, Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley 2009- B-p. 949).

Sentados así los lineamientos generales, creo que en este caso no resulta procedente la aplicación de la sanción pretendida ya que no encuentro en el actuar de Edesur un motivo suficiente para justificarla. Lo dispuesto en el art. 52 bis de la Ley N° 24.240, no deja de revestir un carácter de excepción dentro del ámbito del derecho de daños, cuya principal función es atender a la posición de la víctima (conf. esta Sala, causa 3695/11 del 12/11/13 y causa 443/12 del 10/03/16).

10.En cuanto a las costas, sabido es que la imposición en función del vencimiento no responde a la intención de penalizar al litigante vencido, sino que tiene por objeto resarcir a su contrario de los gastos que ha tenido que afrontar debido a la conducta de quien lo obligó a litigar. En esta causa, la demandada resistió toda pretensión resarcitoria y fue vencida en el principio de la responsabilidad, pues esta sentencia ha admitido la responsabilidad de Edesur S.A. frente a la parte actora. Ahora bien, la acción ha progresado en una medida muy inferior a lo pretendido en la demanda y ello deberá reflejarse en la distribución de costas, aun cuando considero que la proporción a asumir por la actora no debe desnaturalizar su necesidad de reclamar ante el tribunal para obtener el reconocimiento de sus derechos.

En suma, considero justo distribuir las costas de la primera instancia en un 70% a cargo de la demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de la actora, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda, condenando a Edesur S.A. a abonar a la parte actora la suma de $ 5.500 en los términos y con los intereses indicados en el considerando 8 precedente. Las costas se distribuirán en ambas instancias en un 70% a cargo de la demandada y en el 30% restante a cargo de la actora (artículos 68, segunda parte y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El doctor Fernando A. Uriarte adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a Edesur S.A. a abonar a la parte actora la suma de $ 5.500 en los términos y con los intereses indicados en el considerando 8 precedente.Las costas se distribuirán en ambas instancias en un 70% a cargo de la demandada y en el 30% restante a cargo de la actora (artículos 68, segunda parte y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En función de lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, se fijan los siguientes honorarios:

En atención al monto de la condena con más los intereses apreciados prudencialmente hasta el presente (conf. esta Cámara en pleno, causa 21.961/96, “La Territorial de Seguros SA c/ Staf s/ Incidente” del 11.9.97) y valorando el mérito, la extensión, la eficacia de la labor desarrollada y las etapas cumplidas, se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora, Dr Sebastián Roberto Correa Crovetto, en la suma de pesos.($.).Asimismo, se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada, Dres. Luciana S. Ibarrola, Matías Reichman y Sebastián Fariña, en las sumas de pesos.($.), pesos.($.) y pesos.($.), respectivamente (arts. 6, 8, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839).

En función de la época en la cual fueron cumplidos los trabajos, se regulan los honorarios de la mediadora, Patricia Mabel Wacinowski, en la suma de pesos.($.); art. 1, inc. b) del anexo III del decreto 1467/2011.

Por la labor desarrollada en la Alzada, valorando el valor disputado y el éxito obtenido, se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora, Dr. Correa Crovetto, 4,4 UMA -equivalentes a la fecha a pesos.($.)-. Asimismo, se regulan los correspondientes a la representación letrada de la demandada, Dr. Reichman, 2,8 UMA -equivalentes a la fecha a pesos.($.); (art. 16, 30 y 51 de la Ley 27.423 y Ac. CSJN 27/2018).

El doctor Guillermo Alberto Antelo no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Fernando A. Uriarte