Se aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio

Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 62/2019 – Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Aprobación.

Tipo: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA

Número: 62

Emisor: Poder Ejecutivo Nacional

Fecha B.O.: 22-ene-2019

Localización: NACIONAL

Cita: LEG96950

VISTO el Expediente N° EX-2019-02582495-APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 13.640, 17.454 (t.o. 1981), 24.522 , 24.759 , 25.632 , 26.023 , 26.097 , 26.994 y 27.148 , y sus respectivas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N° 25.632, aprobó la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, donde los Estados Parte acuerdan mecanismos de cooperación y herramientas para el recupero de los bienes y otros beneficios derivados del producto del delito.

Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO aprobada por la Ley N° 26.023, establece que cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los delitos vinculados al terrorismo.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N° 26.097, aprobó la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, instrumento en el que los Estados Parte manifiestan su preocupación por los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, socavando los valores de la democracia.

Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada por la Ley N° 24.759, establece que de acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes

obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la citada Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.

Que el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley.

Que en el ejercicio de sus funciones, el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado.

Que el enfrentamiento a los grupos criminales complejos implica una serie de desafíos que están dados por la magnitud de los recursos que manejan, su grado de organización y sofisticación, lo que hace necesario abordar este flagelo desde diversas perspectivas.

Que el régimen que por el presente se aprueba se enmarca en el Programa Justicia 2020, propiciado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, cuya meta es lograr una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente e independiente.

Dentro de los ejes de debate planteados, se incorpora como uno de los objetivos la elaboración de un nuevo sistema procesal civil más eficiente, que procure promover la inmediación y la concentración como garantías de la transparencia de los procesos, que se adapte a los nuevos paradigmas sociales y culturales, que privilegie la economía procesal, la oralidad efectiva y la celeridad.

Que la necesidad de modernizar los procesos es una exigencia que demanda la sociedad y el inicio de un cambio de paradigma.

Que es necesario dotar al sistema de Justicia de nuevas herramientas que otorguen al sistema civil agilidad, celeridad y eficacia para dar respuestas a la sociedad.

Que este régimen persigue proveer al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, cuyo fin constitucional es promover la actuación de la Justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad, de instrumentos jurídicos idóneos para lograr de manera eficaz, la intervención del Estado con el objeto de obtener la extinción del dominio a su favor del dinero, cosas, bienes, derechos u otros activos, ganancia, provecho directo o indirecto que se hubiera obtenido de manera injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lícita.

Que se propone dotar al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de herramientas concretas para llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes sean acusados de la comisión de los delitos enumerados en la presente norma, sean sometidos a una investigación con el objeto de determinar si su patrimonio o parte de él está constituido por causa ilícita, y tengan su derecho de defensa preservado conforme lo establece la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que el derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL admite un adecuado régimen de restricciones y límites que atañen a su esencia, máxime cuando este derecho es ejercido en forma irregular.

Que se regula por el presente una acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no

se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado.

Que la finalidad de esta herramienta es extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto de actos de corrupción o crimen organizado, a fin de recuperarlos en beneficio del conjunto de la sociedad.

Que la procedencia de este instrumento deberá ser analizada de conformidad con los principios funcionales de objetividad, eficiencia y transparencia, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y su modificatoria deben guiar la actuación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a fin de dar respuestas rápidas y eficaces a la comunidad.

Que se exige para la procedencia de la demanda de extinción de dominio que previamente el juez competente en lo penal haya dictado alguna medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el delito.

Que el demandado tendrá garantizado su derecho a demostrar el origen lícito de los fondos con los que adquirió el bien, o que el ingreso del bien a su patrimonio es anterior a la presunta comisión del delito.

Que la competencia para entender en las acciones previstas en el régimen que por el presente se establece ha de corresponder a la Justicia Federal en lo civil y comercial.

Que las acciones referidas se deberán llevar adelante de conformidad con las reglas del artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, en el que se regula el proceso sumarísimo, con excepción del plazo de contestación de la demanda que en aras de garantizar el más amplio ejercicio del derecho de defensa se extiende a QUINCE (15) días.

Que se admite asimismo una excepción previa cuando resulta evidente que el bien se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del hecho investigado.

Que, finalmente, se autoriza a las partes a alegar sobre la prueba producida durante el proceso,

efectivizando el principio contradictorio que refleja la igualdad de las partes ante la ley.

Que el presente régimen utiliza los medios procesales existentes, que se encuentran consolidados en la judicatura, de manera de promover en lo inmediato una administración de justicia eficaz.

Que procede introducir una modificación en el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con el objeto de reconocer a la sentencia firme que se dicte con motivo de esta acción, como un modo de extinción del dominio.

Que, asimismo, corresponde practicar otras modificaciones legales para adecuar sus términos al objeto del régimen que se establece por el presente.

Que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN el 23 de junio de 2016 dio media sanción a un proyecto de Ley de Extinción de Dominio, en base al consenso arribado entre bloques de diversos orígenes partidarios. Una vez girado al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, fue tratado en el recinto el 22 de agosto de 2018, a poco más de tres meses de caducidad del proyecto, introduciendo modificaciones estructurales a la media sanción de Diputados.

Que estas modificaciones fueron remitidas a la Cámara de origen, a los fines de cumplimentar con el procedimiento constitucional de formación y sanción de las Leyes, sin obtener tratamiento hasta la finalización del período ordinario de sesiones del año parlamentario en curso.

Que el proyecto lleva así más de DOS (2) años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal.

Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo, se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 , regula el trámite y los alcances de la intervención

del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada Ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su ex preso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que han tomado intervención los servicios permanentes de asesoramiento jurídico competentes.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo a los artículos 2° , 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que como Anexo I, IF-2019-03869756-APN-MJ, forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 1907 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1907. Extinción. Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono, por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena y por sentencia judicial que así lo disponga en un proceso de extinción de dominio.”

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como inciso 4 del artículo 21 de la Ley N° 24.522 y sus modificatorias, el siguiente:

“4. Los procesos de extinción de dominio.”

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 5° de la Ley N° 27.148 y su modificatoria, el siguiente:

“La legitimación activa del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el régimen de extinción de dominio a favor del Estado Nacional queda incluida entre sus funciones.”

ARTÍCULO 5°.- Incorpórase como inciso h), del primer párrafo del artículo 22 , de la Ley N° 27.148, el siguiente:

“h) Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional.”

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

ARTÍCULO 7°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – Rogelio Frigerio – Guillermo Javier Dietrich – Nicolas Dujovne – Patricia Bullrich – Germán Carlos Garavano – Oscar Raúl Aguad – Jorge Marcelo Faurie – Dante Sica – Carolina Stanley – Alejandro Finocchiaro

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier

derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio

se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no

pudiendo acumularse a ninguna pretensión.

ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente

régimen, la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES, será competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.

Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a

elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora

podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.

ARTÍCULO 3°.- Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional. La Procuración

General de la Nación contará con una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,

con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización

de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los

casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, junto con los fiscales competentes

conforme a lo establecido en el artículo 2º, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de

extinción de dominio previstas en el presente régimen.

El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo, de la

Ley N° 27.148 y su modificatoria, determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de

Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las

acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de

afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional estará facultada para requerir

información a todas las áreas del Estado Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no

podrán negarla bajo ninguna circunstancia.

A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente deberá levantar el secreto

fiscal, bancario, bursátil o el establecido en los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87 –

primer párrafo- de la Ley N° 27.260.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar equipos de investigación conjunta

con organismos locales, internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración

internacional en los términos de a normativa, los convenios y pactos vigentes.

ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la

tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de

dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.

Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 90 y 94

del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN DEL

TESORO DE LA NACIÓN y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la

demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.

ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al

patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por

no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un

incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de

los delitos enunciados en el artículo siguiente.

Quedarán abarcados:

a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o

no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes

mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;

b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso

anterior;

c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera

de los incisos anteriores.

ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que

presuntamente provienen de los siguientes delitos:

a) Los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737 y sus

modificatorias;

b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del CÓDIGO ADUANERO, aprobado por la Ley N° 22.415 y

sus modificatorias;

c) Los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;

d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y

170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;

e) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando la

investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes

públicos;

f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268

(2), 269, y 277 a 279 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN;

g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre

que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;

h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, siempre y cuando

los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.

ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Procuraduría de

Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que

pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el

artículo 6° del presente.

Cuando la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional tenga elementos que

permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en

el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que

estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran

decretado.

ARTÍCULO 8º.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos

en el artículo 5º de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo

6º, habilita la presentación de una demanda de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose

acompañar la documentación que así lo acredite.

La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el

artículo 498 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con excepción del plazo

de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.

ARTÍCULO 9º.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial

pronunciamiento en los términos del artículo 346 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE

LA NACIÓN, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del

demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa

circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el

juez la considere en la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los

bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con

anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los

que los hubiera adquirido.

No será de aplicación la prueba confesional.

En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y

COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del CÓDIGO

PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de

dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento

patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la

homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.

ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el CÓDIGO

PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, la sentencia de extinción de dominio deberá

contener:

a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos

de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su

patrimonio;

b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por

la sentencia;

c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin

contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y

productos, en caso de resultar aplicable;

d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;

e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio

constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a

favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;

f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el CÓDIGO PROCESAL

CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad

con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;

g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros

respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;

h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el

artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;

i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá

identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Procuraduría de Extinción de Dominio a avor del

Estado Nacional proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la

jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.

j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a

cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de

que adopte la determinación que estime corresponder.

ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos

involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.

La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del

hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a

restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor

equivalente en dinero.