El pronunciamiento de la Corte Suprema sobre los acreedores involuntarios. ¿El fin de las tutelas diferenciadas?

Autor: Micelli, M. Indiana

Fecha: 28-nov-2018

Cita: MJ-DOC-13770-AR | MJD13770

Sumario:

I. Introducción. II. Las tutelas diferenciadas, sus circunstancias y fundamentos. III. Los antecedentes fácticos del caso «MBL». IV. La revocación. El argumento de la Cámara de Apelaciones. V. El fallo de la Corte Suprema, sus argumentos. VI. Los votos en disidencia, sus argumentos. VII. Corolario.

Doctrina:

Por M. Indiana Micelli (*)

I. INTRODUCCIÓN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, por primera vez, sobre una de las problemáticas concursales más trascendentes a resolver en virtud de los derechos involucrados, en relación a los llamados «acreedores involuntarios», que comprende a aquellos acreedores que quedaron vinculados con un deudor insolvente por razones ajenas a su voluntad. Los mismos han sido víctimas de un accionar antijurídico del deudor, como ser una mala praxis o un accidente de tránsito, que les ocasionara un daño grave en su salud, en su integridad física, en su vida misma.

En el marco de una quiebra y frente a la verificación del crédito de «MBL» quien a raíz de una mala praxis médica en su alumbramiento quedó con un cuadro de cuadriplejia que le determinó una incapacidad absoluta e irreversible, la Corte resolvió que el crédito insinuado reviste «carácter quirografario». Ello, en la consideración de que el régimen de privilegios regulado por la concursal es un sistema cerrado, de origen exclusivamente legal y de interpretación restrictiva. Argumentando asimismo, que las convenciones internacionales que tutelan los derechos del niño y de las personas con discapacidad tampoco dispensan un tratamiento diferenciado, ni otorgan un privilegio a estos créditos frente a la insolvencia.

Una vez más nos encontramos ante un caso extremo en sus circunstancias que requería de una solución excepcional como la brindada por el juez del a quo, siendo que la ley concursal aún guarda un inexplicable silencio para estas situaciones.

Este pronunciamiento, que posee dos votos en disidencia de los ministros Dr. Maqueda y Dr. Rosatti, marca indefectiblemente el camino a seguir frente a los futuros casos que se presenten, dado que los jueces se verán compelidos a acatar esta doctrina judicial que emana hoy de nuestro máximo tribunal.

II.LAS TUTELAS DIFERENCIADAS, SUS CIRCUNSTANCIAS Y FUNDAMENTOS

La problemática que aborda la Corte en su fallo, surge a partir de la labor de los jueces concursales que dan lugar a las «tutelas diferenciadas», o también llamados en doctrina como «acreedores involuntarios», dado que como dijimos comprende a aquellos acreedores que quedaron vinculados con un deudor insolvente por razones ajenas a su voluntad. Son víctimas de un hecho ilícito, como ser una mala praxis, que les provocará un daño grave en su vida, su salud, en su integridad física y espiritual, tal como ha ocurrido en el presente caso.

Estas tutelas fueron otorgadas siempre ante casos límites que requerían soluciones excepcionales, siendo que lo que estaba en juego eran derechos humanos esenciales que poseen rango constitucional y prioridad en su protección. Y surgen, cuando se advierte que a estos acreedores no se les podía dar el mismo tratamiento que aquellos cuyas acreencias eran de contenido netamente patrimonial, ya que de quedar comprendidos en los términos de un acuerdo preventivo homologado o de ser sometidos a las reglas del reparto en la quiebra, quedaban sin una justa reparación.

Así fue que, se dictaron los conocidos precedentes que marcaron el camino, el caso «González Feliciana»(1) dictado en el marco de un concurso preventivo y el caso «Fava»(2) dictado en una quiebra, que tuvieron el enorme mérito de proteger derechos que hacen a una vida digna recurriendo al amparo de normas constitucionales y supraconstitucionales, ante la falta de respuesta de la ley concursal.(3)

La simple lectura de los fallos hasta hoy dictados nos da cuenta que los daños sufridos por los acreedores eran tan irreversibles como irreparables, basta solo con leer las circunstancias fácticas de cada caso para comprender su magnitud, como pasa con «MBL».

El problema radica en que estos derechos humanos esenciales no cuentan con ningún tratamiento diferenciado en nuestra ley concursal, siendo que las acreencias a verificar revisten carácter quirografario.

Y aquí cabe recordar, que a partir de la reforma introducida por la Ley 26.684 se facultaal juez del concurso para que «excepcionalmente» autorice dentro del régimen de pronto pago el adelantamiento del pago para los acreedores laborales con derecho a dicho beneficio, que por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras, art.16 LCQ. Este tratamiento diferenciado sólo es aplicable a los trabajadores, no avanzando la reforma sobre ninguna otra situación aunque estén comprometidos los mismos derechos. De sostenerse lo contrario, se forzaría, aunque con buen propósito, la interpretación de la norma.

Una nota común en todos los casos, es que el acreedor llega al concurso después de transitar un extenso proceso para lograr el reconocimiento de su crédito, que le insume una década o aún más, para quedar luego sometido a los tiempos del proceso concursal. Surge claro que estos tiempos no se compadecen con la urgencia de su reparación.

Todas estas circunstancias son las que han llevado a los jueces a otorgarlas, ponderando la jerarquía de los derechos comprometidos y recurriendo para ello a normas de rango constitucional y supraconstitucional, que protegen especialmente los derechos del niño, de la ancianidad o de la persona con discapacidad.

Fundado además, en el carácter operativo de los derechos humanos involucrados, conforme lo tiene consagrado históricamente la propia Corte Suprema, y es en razón de ello los jueces han expresado en sus sentencias que se basan en la aplicación del derecho vigente, integrando e interpretando el ordenamiento jurídico en su totalidad que prioriza el derecho a una vida digna.(4)

Cabe señalar, que la mayoría de los precedentes han sido previos a la sanción del Código Civil y Comercial que en su art. 1 dispone que los casos deben ser resueltos según las leyes, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.Con lo cual, al asistir a la llamada «penetración del derecho constitucional en el derecho privado» la operatividad de las normas que protegen estos derechos humanos de rango constitucional debiera encontrase fuera de todo debate. Y se abrió el camino para el «dialogo entre fuentes» a fin de superar los ámbitos normativos cerrados, los denominados «microsistemas» como es el concursal, priorizando la protección de los derechos humanos, los principios y valores jurídicos comprometidos (art.2 CCyC), tal como lo ameritaba el presente caso.

III. LOS ANTECEDENTES FÁCTICOS DEL CASO «MBL»

Antes de adentrarnos en el análisis de los argumentos vertidos por la Corte en su fallo, para poder comprender sus alcances, se torna necesario partir de las especiales y extremas circunstancias que presenta el caso.

A raíz de una mala praxis médica en el alumbramiento, ocurrida el 20 de diciembre de 1994, «MBL» sufrió una parálisis cerebral que le ocasionó una incapacidad absoluta e irreversible. Desde su nacimiento la niña quedo con una atrofia muscular progresiva y una disfunción cerebral crónica, que le comprometió el lenguaje, la visión, la actividad motora de miembros, con atrofia muscular.Y esto determinó que no pueda caminar, hablar, comer por sí misma, controlar esfínteres, en suma, su vida diaria en los actos mínimos depende de ayuda y tratamientos.

En el año 1996 sus padres promovieron acción civil por los daños y perjuicios contra el médico, el hospital y la aseguradora, obteniendo sentencia favorable de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil en el año 2006.

En el ínterin, la «Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia» se presentó en concurso preventivo, devenido luego en quiebra en el año 2009, y es en el marco de este proceso concursal donde se presentó la solicitud de verificación del crédito, solicitándose el carácter de «privilegiado especial y el pronto pago del crédito», siguiendo los lineamientos de su similar precedente «Institutos Médicos Antártida», el caso «Fava».

En primera instancia, el jue hizo lugar a lo solicitado, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del caso, declarando para ello la inconstitucionalidad del régimen de privilegios de la ley concursal con fundamento en las convenciones internacionales que protegen los derechos del niño y las personas con discapacidad, otorgándole «privilegio especial y general» más pronto pago.

Posteriormente, dicha resolución fue apelada y la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial la revocó y le otorgó el carácter de «acreedor quirografario», al considerar que la Ley 24.522 no otorga un privilegio a estos acreedores, ni tampoco las convenciones internacionales invocadas.

Finalmente, llega a la Corte Suprema ante el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscal General ante la Cámara Nacional Comercial y de la Defensora Pública de Incapaces por adhesión, donde se resuelve darle el tratamiento de «acreedor quirografario», confirmándose así lo resuelto en la alzada.

Los hechos relatados nos demuestran la falta de justicia en la solución arribada, en donde la «eventual reparación» le llega a MBL después de 23 años de transitar su reclamo judicial, o sea, más de dos décadas sin haber podido aúncobrar su crédito y ahora a partir de este pronunciamiento con escasas expectativas de cobro en la quiebra.

IV. LA REVOCACIÓN. EL ARGUMENTO DE LA CÁMARA DE APELACIONES

Como dijimos, el juez del a quo atendiendo las particulares circunstancias que presentaba el caso y siguiendo los precedentes dictados declaró la inconstitucionalidad del régimen de privilegios de la ley concursal y en consecuencia otorgó al crédito insinuando el carácter de privilegiado especial y general más el derecho de pronto pago, fallo que fuera apelado y revocado.

En sus argumentos, la sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, partió de considerar que el régimen de privilegios concursales es un sistema cerrado, de origen exclusivamente legal, excepcional y de interpretación restrictiva. Sostuvo asimismo, que ni los tratados internacionales, ni la Convención sobre los derechos del niño o de las personas con discapacidad, ni la Ley 26.601 , ni el Pacto de San José de Costa Rica contemplaban de modo específico la situación del niño con discapacidad en el marco de un proceso universal, no les daban preferencias de cobro respeto de los restantes acreedores, siendo un deber del Estado el brindarles tutela. Concluyendo, que en razón de ello no se encontraban «en pugna el interés superior del niño y el derecho de los acreedores hipotecarios», criterios receptados por la Corte.Sin embargo, el argumento que más llama la atención por su improcedencia, es el de considerar que «el reclamo de “MBL” no se encontraba conformado por prestaciones cuya ausencia pudiera poner en juego su derecho a la vida, la dignidad y a la salud como menor discapacitada, sino que se trataba de un derecho de carácter exclusivamente patrimonial, transmisible renunciable que nació con motivo de un incumplimiento contractual, con absoluta independencia de su condición de niña, y a la que el legislador no le había concedido derecho preferencia de cobro….», lo que «evidenciaba una diferencia entre el bien que le había sido quebrantado a la menor y el perseguido en el marco de la quiebra».

Y esto a nuestro entender implica, en primer lugar, desconocer el origen de los derechos involucrados en estos casos, siendo que como dijimos no son origen contractual, de allí su denominación de «acreedores involuntarios», al ser producto de algún hecho ilícito del cual el pretenso acreedor ha sido víctima. En segundo lugar, implica desconocer la esencia de misma de estas «tutelas diferenciadas» que protegen el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y espiritual de la persona, con lo cual, no estamos frente a «derechos patrimoniales», relativos, transferibles, renunciables, como expresa la alzada.

En el caso, la reparación patrimonial tenía como finalidad que «MBL» pueda afrontar sus tratamientos médicos, los gastos farmacéuticos, los cuidados especiales que requiere su estado de salud, dada la cuadriplejia que sufre y la tiene postrada desde su nacimiento, en suma se buscaba darle el «derecho a una vida digna».

Empero ello, bajo estos argumentos, la alzada concluyó que el derecho de la niña que quedó con una discapacidad absoluta e irreversible producto de una mala praxis reviste «carácter quirografario», sin privilegio y sin tutela alguna en el marco de un proceso concursal, confirmado luego en la instancia del recurso extraordinario.

V.EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA, SUS ARGUMENTOS

El pronunciamiento dictado por la Corte sigue en sus principales lineamientos a lo sentando por la Cámara de Apelaciones, que como vimos parte de considerar que el régimen de privilegios regulado por la ley concursal es un sistema cerrado, de origen exclusivamente legal y de interpretación restrictiva, a tenor de lo normado por el art.239 LCQ. Señalándose, que en estos casos no hay margen para la «discrecionalidad del poder judicial», siendo que por el principio de división de poderes solo es incumbencia del poder legislativo el crear privilegios. Por lo que, al juez le compete efectuar un «control de razonabilidad» y solo un «control de constitucionalidad» en casos de suma gravedad, siendo la última ratio, que en el caso no se da. Coincide con la alzada, en que es «deber del Estado» el hacer efectivos los derechos contenidos en las convenciones del niño y de las personas con discapacidad, adoptando las medidas necesarias a tal fin, no así del poder judicial.

Pero el argumento central y eje del debate que aborda el fallo es el análisis de la operatividad de los derechos humanos contenidos en las convenciones internacionales frente a la normativa concursal. En todas las instancias, la pregunta formulada es si estas normas son jerárquicamente superiores a la ley concursal y si pueden por ende desplazarla, determinado la calificación del crédito como «privilegiado» o caso contrario como «quirografario».

Así, la histórica problemática se reedita en el caso, surgiendo el interrogante ¿pueden las «tutelas diferenciadas» desplazar la aplicación de las normas concursales?

En respuesta a ello, recordemos que parte de la doctrina especializada desde el inicio sostuvo que estas tutelas eran «contra legem» al desplazar y dejar de lado la normativa concursal, la que por ser de «orden público» se tornaba imperativa en su aplicación.En este sentido, se argumentó que se desconocía la colectividad de los acreedores y el principio de igualdad de trato de los acreedores, siendo que los daños a la salud o la integridad física tienen rango quirografario en nuestra ley concursal y por ende se encuentran sometidos a las mismas reglas. Al otorgárseles un tratamiento diferenciado como ser un «pronto pago de salud» o crearles un «privilegio» se contrariaba el régimen vigente lo cual resultaba contraindicado y hasta peligroso.(5)

Este es el criterio hoy sentado por la Corte, al considerar que los privilegios solo pueden surgir de la ley, destacando el peligro de una justicia pretoriana que otorgue privilegios no contemplados expresamente, en detrimento de aquellos acreedores que sí lo tienen, como se da en el caso frente a los acreedores hipotecarios verificados. El sistema reposa en la seguridad jurídica que los jueces deben garantizar.

En sentido contrario y como expresa la disidencia, se sostiene que nos enfrentamos con una «jerarquía de derechos a tutelar», siendo que no se encuentran en la misma situación los acreedores cuya acreencia es estrictamente patrimonial a la de aquellos que lo que tienen afectados son derechos humanos básicos y de rango constitucional, en donde toda demora en su reparación genera inevitablemente más daño, argumentos que analizaremos a continuación porque merecen destacarse.

VI. LOS VOTOS EN DISIDENCIA, SUS ARGUMENTOS

El fallo anotado cuenta con dos votos en disidencia, de los ministros Dr. Juan Carlos Maqueda y Dr. Horacio Rosatti, quienes a partir del análisis de las especiales circunstancias que presentaba el caso consideraron que correspondía otorgarle un tratamiento diferenciado, siendo que sus principales argumentos son coincidentes con los plasmados en los precedentes hasta hoy dictados, mereciendo ser sucintamente destacados.

En primer lugar, ambos ministros, tuvieron en cuenta la «situación de extrema vulnerabilidad» en que se encontraba «MBL», ponderado especialmente los derechos involucrados, donde la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la ley.En palabras de Maqueta la vida «en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico es inviolable, y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás derechos tienen siempre carácter instrumental».

En segundo lugar, en respuesta al interrogante planteado si las normas contenidas en los tratados internacionales determinan que el derecho de MBL sea privilegiado, consideraron que dichos derechos están contemplados expresamente en la «Convención de los Derechos del Niño y en la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad», tienen jerarquía constitucional y son plenamente operativos. Esto determina el deber de velar por el interés superior del niño, para que pueda gozar de una vida plena y asegura su dignidad.

En tercer lugar, evaluaron que la propia Corte se había pronunciado previamente en otra causa concursal «Pinturas y Revestimientos aplicados SA» (6) donde se sostuvo que el régimen de privilegios previsto en la Ley 24.522 debía ser integrado con las disposiciones previstas en los instrumentos internacionales que fueron incorporados en nuestra sistema jurídico con rango superior a la leyes, conforme a lo normas en el art.75 inc.22 CN. En aquel caso, por tratarse de los derechos de un trabajador se aplicó las normas de la OIT para verificar el crédito laboral con el carácter de privilegiado. Y si bien, se entiende que son situaciones diferentes, el criterio a seguir en el caso debiera ser similar.

También se ponderaron los argumentos vertidos por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en su recurso, quien sostuvo que en el caso la indemnización en favor de MBL revestía carácter «asistencial», cuyo fin era poder solventar sus tratamientos médicos y gastos de salud.En razón de ello, el crédito gozaba de un «privilegio autónomo» que debía prevalecer con respecto a los privilegiados especiales y generales, debiendo la ley concursal ser desplazada.

Es que como bien lo expresara la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en estos casos las normas concursales no afectan equitativamente a sus destinatarios, ni a los acreedores, puesto que mientras a unos empobrece a otros les pone en riesgo la vida.(7) Se trata ni más ni menos que de brindar justicia cuando lo que está en juego es el «derecho a la salud», que implica contar con los medios necesarios para su curación.(8)

En suma, estos son en esencia los argumentos vertidos en el pronunciamiento de la Corte Suprema, que terminó concluyendo que el crédito verificado de «MBL» revestía «carácter quirografario», sin lugar a una tutela diferenciada en el marco del proceso concursal.

Queremos finalizar, recordando que recientemente, en el «X Congreso Argentino de Derecho Concursal y VIII Congreso Iberoamericano de la Insolvencia» celebrado en octubre de 2018 en la ciudad de Santa Fe, abordamos esta problemática y poníamos de resalto la tarea de los jueces concursales al otorgarlas, una valiosa «jurisprudencia de necesidades» ante el silencio de la ley concursal (9), que a partir de ahora quedará inevitablemente sin efecto.

VII. COROLARIO

Como dijimos al inicio, este pronunciamiento dictado por la Corte marca el camino a seguir frente a futuros casos que se presenten, siendo que los jueces concursales no podrán otorgar estas «tutelas diferenciadas». En lo inmediato, no podrán calificarse como «privilegiados» a estos créditos, aunque podría evaluarse excepcionalmente el adelantamiento de su pago, ante la urgencia en su reparación.El tiempo nos dirá el alcance del fallo dictado.

Ante ello, se torna necesaria la reforma de nuestra ley concursal a fin de que se contemplen expresamente a estos «acreedores involuntarios», porque los derechos humanos involucrados, no pueden quedar sin una adecuada tutela, sin una justa reparación, frente a la insolvencia.

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(1) SCJ, Buenos Aires, 15/07/2015 «González Feliciana c/ Micrómnibus General San Martin SAC, LLBA 2006,904.

(2) Juez.Nac.1ra.Inst en o Comercial, Nº20, 24/05/2007, «Institutos Médicos Antártida SA s/quiebra s/incidente de verificación», (Ricardo Abel Fava Liliana Rosa Harreguy de Fava), La Ley 2007-E-552.

(3) MICELLI, M. Indiana: «Las nuevas tutelas diferenciadas del derecho concursal. Los acreedores involuntarios», La Ley Litoral, Sección Doctrina, febrero 2011, pag.30 y sigtes.

En tal sentido, expresaba Alegría «Nuestro ordenamiento jurídico, que reposa en la supremacía constitucional, reconoce al humanismo como centro de su parte dogmática basada en la dignidad de la persona. El derecho de los negocios, como integrante del plexo normativo constitucional, está regido por aquellos mismos principios. Agrega, hay derechos humanos de primera generación, vinculados a la vida, a la libertad, la igualdad y los políticos….No puede haber en todo el ordenamiento jurídicos normas que sean repugnante a los principios del humanismo», argumentos que se plasman en los fallos dictados.

(4) ALEGRIA, Héctor, «Humanismo y derecho de los negocios, La ley 2004-E-1206.

(5) VITOLO, Daniel R.: «Bajo el régimen actual de la ley 24.522 los jueces no pueden establecer preferencias en el tratamiento de los créditos de titularidad de los denominados «acreedores involuntarios», cualquier innovación debe ser incorporada por medio de una reforma legislativa». Ponencia presentada en el «VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia», Mendoza, año 2009

(6) CJ, «Pinturas y Revestimientos aplicados SA», Fallos,:337:315, MJJ85149 .

(7) Cfr. SCJBA, «González Feliciana», fallo citado.

(8) MORELLO,A. M.: «El derecho a la salud desde el plano constitucional», publicado en Ana, es de la Academia de derecho y ciencias sociales de Buenos Aires, N 27, 1990,pag.247 y sigtes.; «El derecho fundamental a la vida digna», El Derecho 24 de noviembre de 2000, pag.1 y sigtes

(9) MICELLI, M. Indiana: «Las tutelas diferenciadas. Una necesaria reformulación de los principios concursales», ponencia presentada en el Congreso Argentino de Derecho Concursal y VIII Congreso Iberoamericano de la Insolvencia», 17,18019 de octubre de 2018, Santa Fe, editorial Universidad Nacional del Litoral, T.I, pag.581.

(*) Profesora Adjunta de Títulos Valores en la Facultad de Derecho de la UNR y de la Facultad de Derecho de la UCA Rosario.