La idoneidad: requisito constitucional del empleo público

Autor: Bazán Lazcano, Marcelo

Fecha: 29-nov-2018

Cita: MJ-DOC-13771-AR | MJD13771

Doctrina:

Por Marcelo Bazán Lazcano (*)

Sería un error pensar que cuando se designa a una persona como agente de una repartición pública, cualquiera sea ésta, es decir, pertenezca o no al Poder Ejecutivo y sea o no ella parte de algún órgano extrapoderes del Estado, como el Defensor del Pueblo o la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, también se ha verificado alguna selección preestablecida a tal fin. Normalmente, cuando se designa a alguien para un cargo, incluso para el de director de una biblioteca, de un archivo o de un hospital público, no puede decirse que haya mediado, como debería con arreglo a la Constitución, algún concurso público de oposición y antecedentes. Considerar estas designaciones como resultado o consecuencia del intento de llevar a los mejores a la función pública sería una ilusión.

Aunque nombrar empleado o funcionario a una persona no implica su aptitud para la función que el cargo exige, parecería que la potestad para hacerlo de la autoridad de quien emana el nombramiento lleva consigo la habilidad requerida para el desempeño de aquélla.

Sería igualmente un error pensar que aunque el concurso no haya tenido lugar, considerar que la designación «a dedo» no es discriminatoria. No se puede considerar que todo nombramiento de una persona para un cargo es discriminatorio, en el sentido negativo de esta palabra. Pero ¿no es discriminatorio respecto de los aspirantes idóneos a ese cargo la designación desprovista de toda prueba o concurso? No está claro qué clase de legitimidad habría en la designación de una persona cuyo único mérito reside en su afinidad, simpatía, parentesco o alguna otra relación «subjetiva» con quien tiene la potestad de nombrarla. Dado que no estamos convencidos de que es realmente irrestricta tal potestad, en el sentido de no hallarse condicionada por la «idoneidad» exigida por el art.16 de la Constitución, podemos decir con razón que no existen buenas razones para considerar legítimo el acto administrativo del nombramiento contrario a ella.

Hay, además, muchas que sé que son propias de determinadas personas, habilidades o destrezas que sólo estas personas poseen o pueden adquirir, como escribir, dibujar, pintar, investigar, analizar, proyectar, etcétera.

Cabe preguntarse: ¿Todos los «discapacitados» son inidóneos para algunas de estas cosas difíciles para los mismos «capacitados»? Una prueba de oposición puede revelar la ineptitud para ellas de algunos de los segundos y la aptitud con que no pocos de los primeros las resolverían.

Cuando se efectúan nombramientos en alguna repartición estatal sin que haya habido la selección que supone el sistema de concursos, ¿se ha observado la Constitución o se la ha violado? Aquí contemplamos este tipo de nombramientos como violatorios de la Constitución. Su realización, en otras palabras, no se entenderá que lleva aparejada legitimidad.

De acuerdo con esta estipulación, el Defensor del Pueblo y no solamente el afectado y las asociaciones antidiscriminatorias deberían interponer la acción de amparo público tendiente a hacer cesar de inmediato la arbitrariedad de acto administrativo lesivo del derecho de «incidencia colectiva» protegido expresamente por la norma del art. 43 de la Constitución. Si la designación no ha operado por concurso, entonces ella ha excluido, «con ilegalidad manifiesta», a los que habiendo mediado aquél, habrían podido obtener legítimamente el cargo o empleo de cuya vacante se trata.

Usando nuestra noción constitucional de provisión de cargos administrativos de cargos en las reparticiones públicas, que incluye la selección mediante el procedimiento transparente mencionado, podemos también decir que los resultados de ella son que tales cargos serían discernidos entre los más capaces.Este modo de actuación resultaría conveniente en todos los aspectos vinculados con la más eficaz prestación de los servicios públicos.

Así, en vez de decir que los nombramientos por concurso conducen al hecho de que la carrera administrativa se altere inconvenientemente en detrimento de los más meritorios y capaces dentro del «ranking» correspondiente a ella, podemos decir que conduce al hecho de que éste se torne más justo y transparente. Porque si el estado de cosas de tal «ranking» se da como resultado de un método de ingreso y ascensos determinado por «dedocracia» y si la valoración de que son objeto los integrantes de la «carrera» no se ordena en relación con la idoneidad específica y no solamente la antigüedad, sino por el azar del clientelismo o la acción de los grupos de poder que se apoyan entre sí dentro de algunas instituciones públicas, la deplorable discriminación permanecerá inalterada en este aspecto y la prestación del servicio público no mejorará nunca.

Deberá estar claro ahora qué ha de entenderse por «consecuencias» del acto administrativo arbitrario de nombramiento y también que ellas afectan a la comunidad toda y no solamente a los discriminados y por eso excluidos como resultado de tal acto. Las consecuencias del nombramiento o ascenso arbitrario son las consecuencias del servicio administrativo ineficaz, que es el resultado de la política administrativa partidista o de los grupos mafiosos, politizados o no en el sentido partidario de esta palabra. Así, por ejemplo, si la actividad administrativa pública es el resultado de una obstinada práctica de favoritismos tendientes a impedir que se produzcan los cambios necesarios a su mejoramiento, entonces todo lo que sea una consecuencia de cualquier iniciativo noble y provechosa será objeto de indiferencia y hasta de persecuciones. No hay diferencia «en principio» entre las consecuencias nefastas de la distorsión de los fines altruistas que deben perseguir las autoridades públicas y el estado de cosas caracterizado por el abandono o la desaprensión derivados de su ineptitud. Esta es una observación lógica de alguna importancia para comprender el castigo y en el mejor de los casos el mudo reproche de que puede ser víctima quien se proponga en la Argentina su reconstrucción más genuina, que debe comenzar por la ejecución de un cambio radical de la mala práctica institucionalizada en los diferentes ámbitos del Estado.

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(*) Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de La Plata. Exjefe de Redacción de la Revista del Archivo General de la Nación.