Rechazo de la compra de un vehículo importado bajo el régimen de franquicia para discapacitados, en razón de la capacidad económica.

Partes: González Victorica Matías y otros c/ Estado Nacional – AFIP DGI – dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento.

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 21-nov-2018

Cita: MJ-JU-M-115411-AR | MJJ115411 | MJJ115411

 

Revocación del rechazo de la AFIP de la autorización para comprar un vehículo importado bajo el régimen de franquicia previsto en la Ley 19.279, en razón de la capacidad económica del grupo familiar del solicitante

Sumario:

1.-El criterio de distinción normativa del art. 3 de Ley 19.279 encuentra una justificación objetiva, fundada y razonable, pues la norma tiene en cuenta que el bien resulta asequible para las personas que superan la capacidad económica prevista, dado que pueden acceder a un automóvil con ciertos dispositivos sin la ayuda fiscal complementaria. En consecuencia, la restricción impuesta en la ley no implica la exclusión de los solicitantes con mayor capacidad económica del acceso a la movilidad de calidad, sino que cumple adecuadamente con la finalidad de dirigir la ayuda estatal hacia quienes requieren de ella para acceder a un automóvil (del dictamen del Procurador Fiscal, al que la Corte remite).

2.-Es que no extender el beneficio impositivo a aquellas personas con discapacidad que no se enfrentan con obstáculos materiales para acceder a la movilidad de calidad, resulta adecuado y razonable, y no puede entenderse en modo alguno como un trato diferenciado prohibido por la Constitución Nacional (del dictamen del Procurador Fiscal, al que la Corte remite.

3.-El art. 3 de la Ley 19.279 no puede interpretarse como una autorización para que la autoridad de aplicación excluya a una persona con discapacidad de la franquicia por el solo hecho de que su familia cuente con recursos económicos para afrontar la adquisición del automóvil sin la ayuda fiscal, sino que debe ser leído como una autorización para ponderar la ayuda que pueda prestar la familia exclusivamente a fines de que el solicitante sea incluido en el beneficio impositivo (del dictamen del Procurador Fiscal, al que la Corte remite).

4.-Resulta inconstitucional el método de evaluación de la capacidad económica establecido en el art. 8 del Dec. 1.313/93, pues constituye un medio inadecuado para asegurar que la franquicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el acceso de este grupo a una movilidad de calidad (del dictamen del Procurador Fiscal, al que la Corte remite).

5.-La ponderación de la situación patrimonial del grupo familiar es un criterio inadecuado para determinar si una persona con discapacidad podrá acceder a comprar el rodado sin la franquicia fiscal, dado que sobre la familia no existe una obligación legal que le exija contribuir en la adquisición del vehículo, sino que su aporte es siempre voluntario y potencial (del dictamen del Procurador Fiscal, al que la Corte remite).

6.-La variable del punto 1 del art. 8° del Dec. 1313/93 que establece un tope por encima del cual no se podrán solicitar los beneficios de la ley que reglamenta, remite al importe mínimo exento establecido por la ley del impuesto sobre los bienes personales -Ley 23.966 -t.o. 1997- art. 24 -, y éste ha permanecido durante varios años sin actualización alguna, por lo que no es apto para medir una capacidad económica ‘de tal cuantía’ que permita la compra del automotor sin los beneficios de la ley, pues, por ejemplo, bastaría con ser titular de un único inmueble destinado a la vivienda que superara aquel valor para quedar excluido del régimen de la Ley 19.279 (del voto de los Dres. Maqueda y Lorenzetti).

7.-La evaluación de la situación económica en forma conjunta con la del núcleo familiar como sustento para excluir al peticionante de la franquicia, constituye un parámetro que debe ser considerado con sumo cuidado, en tanto tiende a reducir el marco de protección especial de las personas con discapacidad, en la medida que pareciera reposar -irrazonablemente y sin atender las directrices de las normas convencionales sobre discapacidad- sobre un hecho que no siempre es incontrastable, esto es, que el núcleo familiar de la persona con discapacidad que se encuentra -al menos- en una de las situaciones descriptas en el art. 8° del Dec. 1313/93, efectivamente asumirá el costo que supone adquirir un vehículo sin los beneficios que concede la ley (del voto de los Dres. Maqueda y Lorenzetti).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 19.279 – texto según el artículo 1 de la ley 24.183, al que se referirán las siguientes citas-y del artículo 8 de su decreto reglamentario 1.313/93, en tanto restringen el acceso a franquicias fiscales para la importación de automóviles destinados a personas con discapacidad en función de la capacidad económica del grupo familiar del solicitante (fs. 351/355 vta) En primer término, la cámara rechazó la defensa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) basada en la falta de agotamiento de la vía administrativa pues consideró que importa un excesivo rigor formal exigir que los particulares sigan ese procedimiento cuando es una atribución exclusiva del Poder Judicial pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes y sus reglamentos.

En segundo término, resaltó que la Constitución Nacional establece el principio de igualdad y justifica la distribución diferenciada a través de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, en particular de las personas con discapacidad. Describió diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y se refirió específicamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que adopta como principios generales “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”, “la no discriminación” y “la accesibilidad” (art. 3, incs. a, b, e y }J. Puntualizó que el artículo 20 de esa convención prevé que los Estados deben facilitar la movilidad de las personas con discapacidad a un costo asequible.

Concluyó que los agravios de los apelantes debían ser desestimados en tanto se habían encaminado a mostrar únicamente que las normas impugnadas eran compatibles con el principio de igualdad.Señaló que, de este modo, los recurrentes habían soslayado que la jueza de primera instancia había considerado que estas normas no solo afectaban el principio de igualdad, sino también lo establecido en ese conjunto de tratados internacionales, que se encaminan a la ampliación, y no a la reducción, del marco de protección que debe dispensarse a las personas con discapacidad.

-II-

Contra ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario (fs. 363/373 vta.), que fue concedido en tanto objetó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 19.279 y del decreto 1.313/93 (fs. 391).

Sostiene que las normas impugnadas son constitucionales porque no violan el principio de igualdad. Asevera que ese principio no se encuentra afectado porque se otorguen franquicias impositivas teníendo en cuenta la capacidad económica del beneficiado. Especifica que el legislador concedió un beneficio fiscal a quienes de otro modo no tendrían una posibilidad real de adquirir un automóvil. En su entender, ello no atenta contra los derechos de la persona que está en condiciones de acceder a un automotor sin esta ayuda estatal.

Añade que la re asignación de los fondos públicos provenientes de la recaudación debe estar justificada en la necesidad de asistencia del beneficiado. En consecuencia, argumenta que extender el beneficio a todas las personas con discapacidad sin valorar su riqueza lesionaría el principio de igualdad como base de las cargas públicas.

Asimismo, entiende razonable que a efectos de determinar si corresponde conceder la franquicia se tenga en consideración el patrimonio del beneficiado y el de su grupo familiar. Explica que, en este caso, B. G. V. depende económicamente de su grupo familiar, por lo que se analizó ese patrimonio y se concluyó que superaba los parámetros establecidos por la normativa.Alega que de este modo se ponderó la capacidad económica del verdadero contribuyente.

-III-

El recurso extraordinario fue correctamente concedido por el a qua porque cuestiona la inteligencia de normas federales (la ley 19.279 y el decreto 1.313/93) y su compatibilidad con el derecho constitucional a la igualdad y con otros derechos reconocidos en diversos tratados internacionales (arts. 16 y 75, incs. 22 y 23, Constitución Nacional; y arts. 1 y 20, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). A su vez, la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria a la validez de las normas en examen (art. 14, inc. 1, de la ley 48).

-IV-

Ante todo cabe señalar que la AFIP rechazó la autorización para comprar un vehículo importado bajo el régimen de franquicia previsto en la ley 19.279 en beneficio de B. G. V. porque su grupo familiar tiene una capacidad económica que supera los límites establecidos en la normativa vigente.

Como consecuencia, los actores promovieron una demanda, a la que adhirió la curadora provisoria luego de que B. G. V. cumpliera la mayoría de edad, en la que se impugnó la constitucionalidad del artículo 3 de la ley 19.279 y del artículo 8 de su decreto reglamentario 1.313/93.

Dicha ley organiza un sistema de beneficios con el objeto de facilitarles a las personas con discapacidad la adquisición de automotores para uso personal a fin de que ejerzan una profesión, o realicen estudios, otras actividades, y/o desarrollen una normal vida de relación (art. 1).

Los beneficiarios pueden optar entre diferentes modalidades para la adquisición de un automotor:(a) una contribución del Estado para la compra de un automóvil nacional, la que no debe superar el cincuenta por ciento del precio al contado de venta al público dél automóvil estándar sin accesorios opcionales ni comandos de adaptación, (b) la compra del mismo bien con exención de determinados gravámenes, y (c) la adquisición de un automotor de origen extranjero modelo estándar sin accesorios opcionales, con los mecanismos de adaptación necesarios, exento del pago de derechos de importación, entre otras tasas.

En el diseño de la ley, la capacidad económica del solicitante constituye un factor objetivo para determinar la procedencia del beneficio impositivo. En función de este factor, las personas con discapacidad que no acrediten solvencia económica suficiente para adquirir y mantener el automóvil no resultan alcanzadas por la norma. Ello buscar evitar el abuso del sistema de franquicias. En el otro extremo, el artículo 3 de la ley 19.279 establece que el beneficio fiscal tampoco alcanza a quien cuente con una capacidad económica “de tal cuantía que le permita [la compra del automóvil] sin los beneficios de la ley” (art. 3, inc. c, párr. 4, ley 19.279).

De este modo, la ley 19.279 brinda una contribución de naturaleza económica, complementaria al aporte individual realizado por el solicitante, y focaliza el apoyo exclusivamente en un grupo intermedio de beneficiarios: aquellas personas con discapacidad que cuentan con suficientes recursos para aportar una parte sustancial del precio del rodado y para su mantenimiento, pero que no podrían acceder al bien sm contar complementariamente con la franquicia fiscal.

En la actualidad, dicha política se puede considerar en el marco del mandato constitucional consagrado en el artículo 75, inciso 23, de adoptar medidas de acción positiva que promuevan el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad.Además, debe ser leída como la implementación de un conjunto de obligaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dotada de rango constitucional a partir de la sanción de la ley 27.044.

En particular, el artículo 20 de esa convención, bajo el título “movilidad personal”, dispone que los Estados deben “adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible”. Entre ellas, deben “facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible” (inc. a) y facilitar el acceso “a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible” (inc. h).

En este marco, la primera cuestión federal a estudio consiste en determinar la constitucionalidad de la distinción establecida en el artículo 3 de la ley 19.279, según la cual no podrán acceder a la exención fiscal aquellos que posean una capacidad económica de tal cuantía que les permita adquirir el automotor sin el goce del beneficio impositivo. En segundo lugar, corresponde analizar si resulta constitucional que dicha norma y el artículo 8 del decreto reglamentario 1.313/93 determinen la capacidad económica del beneficiario mayor de edad sobre la base no solo de su situación personal sino también de la de su grupo familiar.

-V-

Con respecto a la primera cuestión, corresponde poner de relieve que el Poder Legislativo cuenta con un amplio margen para diseñar una política tendiente a implementar el deber constitucional de facilitar el acceso a tecnologías y ayudas para la movilidad de calidad a un costo asequible. Las distintas alternativas escogidas con dicha finalidad constituyen una cuestión de mérito o conveniencia, por su naturaleza, ajena al examen de constitucionalidad (Fallos:313:410, “Cook”, considerando 7°).

No obstante, pertenece a la órbita del control judicial examinar si determinado trato desigual previsto en una norma vulnera el derecho a la igualdad (art. 16, Constitución Nacional). Además, en casos como el presente, en el que la norma establece distinciones dentro de un grupo especialmente protegido por la Constitución Nacional, corresponde a los jueces realizar un examen cuidadoso del fundamento invocado para justificar esas diferencias de trato. En este sentido, si esa distinción resulta en que algunos integrantes del grupo son in justificadamente excluidos del trato preferente ordenado por la Constitución, se desnaturaliza la finalidad protectoria prevista en la norma (Fallos: 327:4607, “Milone”, considerando 8°).

A mi juicio, no resulta inconstitucional que la ley 19.279 limite el acceso a una medida de apoyo económico complementario para la importación de un vehículo en razón de la capacidad económica de las personas interesadas en adquirirlo.

En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que “el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. En consecuencia, la diferencia de trato debe sustentarse en la relación entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida” (Fallos: 330:3853, “Reyes Aguilera”, voto del ministro Maqueda, considerando 8°).

En el caso bajo examen, la norma impugnada establece una diferencia de trato en el acceso a un beneficio impositivo cuando la persona con discapacidad cuenta con suficientes recursos económicos para afrontar por sí sola la adquisición del automotor.No se discute si las personas de menores recursos deben ser beneficiadas por la exención fiscal, sino si -además del sector de patrimonio e ingresos medios al que se dirige la política de la ley 19.279- el Estado se encuentra obligado a otorgar dicha medida de compensación económica también a los sectores de mayores recursos económicos.

Cabe destacar que la recurrente alega que la distinción normativa por capacidad económica apunta a promover que la franquicia favorezca exclusivamente a aquellas personas con discapacidad que requieren de ese beneficio impositivo para acceder a un automóvil. Es decir, pretende facilitar la adquisición a las personas que, sin esa contribución fiscal, se verían impedidas de acceder a un automóvil con ciertas tecnologías para mejorar la realización de actividades y su inclusión social.

En este sentido, el fin de la distinción resulta compatible con el alcance de las obligaciones previstas en el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como se expresó, esta disposición estipula que los Estados deben adoptar medidas efectivas para garantizar el derecho a la movilidad personal. Entre las medidas que esa convención sugiere a tal efecto se encuentra la de “facilitar” el acceso a “tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a disposición a un costo asequible” (inc. b).

Como surge del texto de la convención, el Estado asume la obligación de “facilitar” el acceso a dichas bienes, es decir, debe contribuir para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la movilidad de calidad.

A su vez, esas medidas de facilitación incluyen la de poner a disposición esas condiciones de movilidad a un costo asequible. Esto significa que las tecnologías de apoyo, los dispositivos técnicos y las ayudas para la movilidad de calidad deben ser accesibles en términos económicos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, párr. 12; y Observación General 15, párr.27). Ello implica que el Estado puede ponderar las dificultades y posibilidades económicas de cada persona, y paliar los obstáculos económicos en función de las distintas situaciones.

En mi opinión, el criterio de distinción normativa del artículo 3 de ley 19.279 encuentra una justificación objetiva, fundada y razonable pues la norma tiene en cuenta que el bien resulta asequible para las personas que superan la capacidad económica prevista dado que pueden acceder a un automóvil con ciertos dispositivos sin la ayuda fiscal complementaria. En consecuencia, la restricción impuesta en la ley no implica la exclusión de los solicitantes con mayor capacidad económica del acceso a la movilidad de calidad, sino que cumple adecuadamente con la finalidad de dirigir la ayuda estatal hacia quienes requieren de ella para acceder a un automóvil.

Además, existe un razonable interés estatal que justifica la restricción en el acceso a la exención fiscal de aquellos que poseen mayor capacidad económica. De este modo, el Estado logra concentrar su aporte económico complementario en aquellas personas que requieren efectivamente de la ayuda fiscal para acceder a determinados dispositivos técnicos y tecnologías, realizando un uso equitativo de los recursos públicos que se destinan a ese fin, lo que permite sostener en el tiempo la política pública tal como ha sido diseñada por el legislador y asegurar que la distribución de recursos económicos se efectúe con un criterio de justicia social (Fallos: 335:452, “Q. C.S.”, voto del juez Petracchi, considerando 16°).

Bajo este enfoque, no extender el beneficio impositivo a aquellas personas con discapacidad que no se enfrentan con obstáculos materiales para acceder a la movilidad de calidad resulta adecuado y razonable, y no puede entenderse en modo alguno como un trato diferenciado prohibido por la Constitución Nacional

-VI-

En segundo término, corresponde analizar si es constitucional que, a fines de otorgar la franquicia impositiva, se determine la capacidad económica del beneficiario sobre la base no solo de su situación personal sino también de la de su grupo familiar.

Sobre este punto se debe recordar que el artículo 3 de la ley 19.279 autoriza a ponderar los ingresos y el patrimonio del grupo familiar a los efectos de determinar la capacidad económica del solicitante. Luego, el decreto reglamentario 1.393/93 toma en cuenta estos datos en dos sentidos. Por un lado, los considera a fin de acreditar una capacidad económica mínima, requerida para afrontar la adquisición y el mantenimiento del automotor (art. 7). Por otro lado, los pondera con el objeto de establecer si se supera la capacidad económica máxima prevista para acceder a la franquicia fiscal (art. 8).

Según la Corte Suprema, la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye un remedio de última ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Constitución Nacional, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 335:2333, “Rodríguez Pereyra”, y sus citas).

A partir de esa premisa, entiendo que, de acuerdo con la normativa constitucional, el artículo 3 de la ley 19.279 debe ser leído como una autorización para ponderar la ayuda que pueda prestar la familia exclusivamente a fines de que el solicitante sea incluido en el beneficio impositivo.Sin embargo, esta disposición no puede interpretarse como una autorización para que la autoridad de aplicación excluya a una persona con discapacidad de la franquicia por el solo hecho de que su familia cuente con recursos económicos para afrontar la adquisición del automóvil sin la ayuda fiscal. Ante todo, cabe analizar si la ponderación de la situación patrimonial del grupo familiar es un criterio adecuado para determinar si una persona con discapacidad podrá acceder a comprar el rodado sin la franquicia fiscal.

Entiendo que no lo es, dado que sobre la familia no existe una obligación legal que le exija contribuir en la adquisición del vehículo, sino que su aporte es siempre voluntario y potencial.

Por ello, no se trata de un indicador objetivo y fehaciente para verificar la efectiva capacidad económica de la persona interesada, sino que es un indicador equívoco que puede llevar a soluciones injustas que contradicen la finalidad protectoria de la norma.Ello ocurriría por ejemplo si una persona con discapacidad que pudiera calificar para el beneficio fiscal en función de su situación personal resultara excluida únicamente sobre la base de la situación patrimonial de su familia aun en el caso de que ésta no efectuara aporte alguno en la adquisición del rodado.

A su vez, el deber constitucional del Estado de adoptar medidas para facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a tecnologías, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad a un costo asequible, tal como lo establece el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no puede quedar dispensado por el apoyo que la persona reciba de su grupo familiar, En efecto, todos los deberes convencionales estipulados a lo largo de ese instrumento internacional están puestos en cabeza del Estado y no sobre sus familias (en sentido similar, ver Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad”, 12 de diciembre de 2014, AJHRC/28/37, párrs. 35 y 36).

Esta diferencia entre la índole de las obligaciones del Estado y los deberes familiares está reconocida también respecto de otros derechos en el campo de la política social (artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, arto 3, inc. 0, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores).

En este orden de ideas, la ponderación de la situación económica de la familia no resulta un medio adecuado para asegurar que todas las personas con discapacidad que precisan de la franquicia para acceder a una movilidad de calidad queden efectivamente incluidas dentro de la política de la ley 19.279.

Además, tal como lo destacó este Ministerio Público (fs.306), determinar la capacidad económica de la persona con discapacidad en función de la de su grupo familiar se encuentra en tensión con una finalidad esencial del sistema internacional de protección de las personas con discapacidad y del propio régimen de franquicias, esto es, favorecer la autonomía e independencia de las personas con discapacidad (cf. arts. 3, 9, 19, 20, 26, 28, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; arto IV (2) (b), Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina ción contra las Personas con Discapacidad; arto 1, ley 19.279). En efecto, el criterio utilizado por la norma reproduce y refuerza una imagen de las personas con discapacidad como dependientes de la sociedad y de su familia, contraria al enfoque constitucional que los reconoce y promueve como sujetos autónomos e independientes, y que pretende lograr su plena inclusión social en igualdad de oportunidades con los demás.

Estimo que esta debe ser la interpretación del artículo 3 de la ley 19.279, pues es este el sentido del texto legal que resulta razonable y compatible con la Constitución Nacional. En virtud de ello, el artículo 8, inciso 3, del decreto 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las competencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma.

Cabe recordar que, de acuerdo con la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la conformidad que debe guardar un decreto reglamentario con la ley no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de su espíritu, y que, en general, no vulneran el principio establecido en la Constitución Nacional, aquellos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes cuando la norma de grado inferior mantiene inalterables los fines y el sentido con el que la ley haya sido sancionada” (Fallos:318:1707, “Barrose” y sus citas). En el supuesto de que un decreto reglamentario desconozca o restrinja de manera irrazonable los derechos que la ley reconoce o de cualquier modo subvierta su espíritu o finalidad, se contraría la jerarquía normativa configurándose un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de funciones que le son encomendadas por la Constitución (Fallos: 178:224, “Salmón”).

En suma, el método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del decreto 1.313/93 se encuentra en pugna con la interpretación constitucional de la ley 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la franquicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional.

-VII-

Por lo expuesto, corresponde admitir el recurso, ratificar la sentencia recurrida con el alcance expuesto en este dictamen y que se ordene por quien corresponda realizar una nueva determinación de las condiciones de acceso a la franquicia fiscal de B. G. V. sobre la base de los parámetros aquí señalados.

Buenos Aires, 26 de abril de 2016

ES COPIA

VÍCTOR ABRAMOVICH

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2018

Vistos los autos: “González Victorica, Matías y otros c/ EN – AFIP DGI – dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento”.

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos corresponde remitir en razón de brevedad, con excepción de los párrafos 6° a 90 del punto VI.

Por ello, se rechaza el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese oportunamente, devuélvase.

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – RICAROD LUIS LORENZETTI – HORACIO ROSATTI

VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN CARLOS MAQUEDA Y DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Considerando:1°) Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones expuestos en los apartados I a IV -excepto el último párrafo- del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitir en razón de brevedad.

2°) Que, la cuestión sometida a decisión del Tribunal consiste en dilucidar la validez constitucional del art. 3° de ley 19.279 en su actual redacción y del art. 8° del decreto reglamentario 1313/93, normas que conceden ciertos beneficios -una contribución estatal en dinero o el otorgamiento de exenciones tributarias-, a las personas con discapacidad que cuenten con suficientes recursos para afrontar una parte sustancial del costo de adquisición de un automotor y su posterior mantenimiento, en tanto aquellas no posean la capacidad económica para adquirir el vehículo sin el goce de los beneficios mencionados. Asimismo, la disposición legal mencionada faculta a la administración a ponderar dicha capacidad no solo sobre la base de la situación personal del peticionante sino también sobre la del núcleo familiar que aquel integre.

3°) Que, las disposiciones cuestionadas deben ser examinadas en el contexto de un conjunto de normas de orden interno e internacional que procuran asegurar en condiciones de igualdad el pleno goce de los derechos y libertades de las personas con discapacidad (ver, en especial, art. 75, inc. 23, -3- de la Constitución Nacional; ley 22.431 y sus modificaciones; arts. 1°, 19 y 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378 y con rango constitucional a partir del dictado de la ley 27.044; ARTÍCULO III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 25.280). En este sentido, resulta oportuno recordar que la atención y asistencia integral de las personas con discapacidad constituye una política pública de nuestro país (Fallos:331:1449 ) y que en esta materia el Estado ha asumido compromisos internacionales tendientes a lograr -mediante medidas eficaces y concretas- la plena integración en la vida social de las personas con discapacidad (conf. Fallos: 333:777 y los allí citados). Como lo ha expresado el Tribunal, además de la especial atención que aquellas merecen por parte de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, razón por la que la consideración primordial de su interés, debe orientar y condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de esta clase de litigios (doctrina de Fallos: 322:2701; 324:122 ; 327:2413 y 331:1449). En un orden afín de ideas esta Corte ha señalado que un principio de justicia que goza de amplio consenso es aquel que manda desarrollar las libertades y los derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos, principios que ha recibido nuestra Constitución Nacional, al establecer la regla de la igualdad (art. 16) y justificar la distribución diferenciada a través de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce de los derechos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular, en lo que aquí interesa, respecto de los niños y las personas con discapacidad (cf. art. 75, inc. 23, Constitución Nacional; voto del juez Lorenzetti, considerando 11, en el caso registrado en Fallos: 328:566; doctrina de Fallos:335:452, considerando 12). 4°) Que si bien el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad para decidir qué medidas o políticas son más oportunas, convenientes o eficaces para lograr el objetivo de [a las personas con discapacidad] la adquisición de automotores para su uso personal, a fin de que ejerzan una profesión, o realicen estudios, otras actividades, y/o desarrollen una normal vida de relación, que propendan a su integral habilitación dentro de la sociedad” (art. 1° de la ley 19.279, con sus modificaciones), sin que constituyan puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, sí le compete a este examinar la razonabilidad de aquellas decisiones y establecer si son susceptibles de reproche con base constitucional cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una -5- manifiesta iniquidad (art. 28 de la Constitución Nacional y Fallos: 248:800; 256:241 y sus citas; 313:410; 327:3597; 334:516, entre otros). La razonabilidad, en casos como el que se examina, significa además que, sin perjuicio de las decisiones discrecionales, quienes deciden políticas públicas deben tender a garantizar medidas de diferenciación positiva que apunten a la finalidad tuitiva de aquellos sectores que se hallan en situación de vulnerabilidad (cf. doctrina de Fallos: 335:452 antes citada y doctrina de Fallos: 327:4607, considerandos 6° y 8°; asimismo, caso “Furlán y familiares v. Argentina”, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 31 de agosto de 2012, párr.134). Por último, cabe señalar que según reiterada jurisprudencia del Tribunal, cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la ley en que se encuentra inserto o bien su aplicación torna ilusorios aquellos, de modo tal que llegue, incluso, a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional, es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la primacía de la Constitución Nacional, pues precisamente esa función moderadora constituye uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que este cuenta para asegurar los derechos contra los posibles abusos de los poderes públicos (Fallos: 308:857; 311:1937; 328:566, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni, considerando 29).

Que las previsiones contenidas en la ley 19.279 – con sus modificaciones- deben ajustarse al deber constitucional del Estado de asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible y, en especial, deben atender el compromiso de “facilitar” la movilidad de las personas con discapacidad la forma y en el momento que deseen a un costo asequible” (art. 20 d e la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -el resaltado no pertenece al texto original-). En este sentido, cabe señalar que la ley mencionada ha previsto ciertos beneficios que no se dirigen a todo el universo de personas con discapacidad ni a quienes carecen por completo de recursos, sino que se orienta a un sector de aquellas que si bien cuentan con la capacidad económica para afrontar la adquisición de un automotor nuevo de origen nacional o extranjero y su mantenimiento -situación que la reglamentación califica como capacidad económica “mínima”-, no podrían acceder a la compra sin la ayuda estatal complementaria establecida en aquella ley, esto es, sin el otorgamiento de una contribución de hasta el 50% del valor de venta del vehículo, o bien, sin la exención de los impuestos, derechos y tasas que deberían ser pagados por dicha adquisición.En consecuencia, utilizando la terminología de la norma, se excluye a aquellos solicitantes que posean una capacidad económica “de tal cuantía” que les permita comprar el automotor sin los beneficios de la ley, facultando a la autoridad de aplicación a que a tales fines también pondere el patrimonio y los ingresos del núcleo familiar que integre la -7- persona con discapacidad (cf. art. 30, ley 19.279, con sus modificaciones). Por su parte, el decreto 1313/93, fijó los requisitos que en forma concurrente deben reunir el peticionante y su núcleo familiar a efectos de acreditar la capacidad económica mínima para afrontar la erogación que ocasionará la adquisición y el mantenimiento del automotor. Estos son: a) tener depositado a la fecha de la solicitud en una o más cuentas abiertas en instituciones del país sujetas al régimen de entidades financieras, un importe como mínimo equivalente al valor del vehículo que se pretende adquirir con todos los gastos previos a su efectiva utilización -sin el monto correspondiente a los tributos cuya exención se pretende- o acreditar la tenencia de títulos, acciones o bienes de fácil realización por un monto similar; b) haber tenido la persona discapacitada O SU grupo familiar durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud ingresos mensuales no inferiores al 5% del valor del automotor que se intenta adquirir (art. 7°).

A continuación estableció que se considerará que “.el interesado conjuntamente con su grupo familiar posee una capacidad económica de tal cuantía que le permita la compra del automotor sin el goce de los beneficios y exenciones previstas en el Artículo 30 de la Ley N° 19.279.” -esto es, que quedará excluido del régimen preferencial-, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:1) Poseer al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la solicitud, bienes situados en el país y en el exterior que valuados de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley del impuesto sobre los bienes personales (ley 23.966 t.o. 1997), superen el triple del importe mínimo exento previsto en el art. 24 de esa ley. A tal efecto se considerarán bienes situados en el país y en el exterior aquellos enumerados en los arts. 19 y 20, debiendo computarse, asimismo, los enunciados en el art. 21 del mismo texto legal. Haber tenido el interesado durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, ingresos mensuales superiores a dos veces la suma del importe correspondiente al mínimo no imponible. Haber tenido el grupo familiar, incluida la persona con discapacidad, ingresos mensuales superiores al cuádruple de dicho importe (cf. art. 8°, decreto 1313/93). Es importante señalar que en el caso no se han cuestionado las exigencias contenidas en el art. 7° del decreto 1313/93 relativas a la llamada capacidad económica “mínima” ni el hecho de que para tener por cumplidas dichas exigencias sea incluido el núcleo familiar, pues ambas partes concuerdan en la razonabilidad de la previsión cuyo sentido fue evitar -como ocurrió en el pasado- el uso abusivo por parte de terceros ajenos al régimen de franquicias y estímulos que la ley concede a las personas con discapacidad, o como reza el decreto reglamentario, el objeto de estas disposiciones ha sido alcanzar “.mayor transparencia en las tramitaciones y concesión de los beneficios y deslindar la posibilidad de que se cometan irregularidades al respecto” (cf. decreto 1313/93, segundo párrafo de sus considerandos y lo expresado a fs. 15/15 vta.). En cambio, los cuestionamientos constitucionales de la actora respecto del art. 3° de la ley 19.279 y del art.8° de la reglamentación -que la demandada rechaza en SU recurso extraordinario- se han basado, en sustancia, en que el acceso a la ayuda económica complementaria que el Estado brinda comporta un trato desigual de las personas con discapacidad prohibido por la Constitución Nacional (art. 16), pues para su otorgamiento se tiene en cuenta la capacidad económica de las personas interesadas en adquirir el automotor y, en que la determinación de dicha capacidad económica en función de la que posee el núcleo familiar, colisiona con el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, en especial, en cuanto desconoce la autonomía e independencia de estas a las que propende el sistema convencional receptado por nuestro ordenamiento jurídico.

6°) Que para que exista denegación de la igualdad ante la ley no solo ha de existir discriminación, sino que además ella deberá ser arbitraria. No sucede así cuando el distingo se basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que fundan el distinto tratamiento legislativo, es decir, cuando concurren razones objetivas de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad (Fallos: 224:810; 270:374; 298:286; 313:1638, entre otros). Asimismo, el Tribunal reiteradamente ha expresado que el art. 16 de la Constitución Nacional no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos, aunque su fundamento sea opinable (Fallos:243:98; 244:491; 286:166 y 187; 290:245; 306:533 y 1844; 307:493 y 582, entre otros). Como lo destaca el señor Procurador Fiscal en su dictamen, no resulta irrazonable que el Estado recurra a un parámetro objetivo como lo es la capacidad económica de aquellos a quienes se dirige la ayuda social, pues al así hacerlo orienta los recursos públicos a paliar los obstáculos económicos que padecen ciertas personas para acceder a la adquisición de un automotor que les permita contar con una movilidad de calidad. Más aun, ello se adecua al imperativo puesto en cabeza de los Estados por. la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consistente en “facilitar” la movilidad de las personas con discapacidad a un “costo asequible”, pauta que supone ponderar con equidad -como ocurre con otros derechos humanos- las posibilidades concretas de accesibilidad económica o “asequibilidad” de aquellos hogares más pobres frente a los más ricos (cf. arts. 20 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la interpretación del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contenida en la Observación General 14, párrafos 12 y 19, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ver también, en lo pertinente, “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros” -Fallos: 327:2413- y “P., A.” -Fallos: 338:488-, considerandos 40 y 70). 70) Que otra cosa muy distinta es la razonabilidad o no de los parámetros utilizados para medir dicha capacidad -11- económica, máxime cuando de ello depende la exclusión de una política protectoria de las personas con discapacidad. El esquema diseñado por la reglamentación de la ley 19.279 fija un umbral por debajo del cual no habrá ayuda estatal -solo pueden aspirar a los beneficios tributarios quienes cuentan como mínimo con un monto equivalente al valor de adquisición del vehículo, sin los tributos correspondientes y, asimismo, con un ingreso mensual no inferior al 5% de aquel valor (art.70 del decreto 1313/93)- y, un tope por encima del cual no se podrán solicitar los beneficios de aquella ley (art. 8° del decreto 1313/93). Este último límite, como se verá, puede en algunos casos estrechar de modo significativo la franja social que se pretendería proteger, con el consiguiente riesgo de vaciar de contenido la política que el Estado debe implementar para facilitar la movilidad de las personas con dis capacidad. En efecto, si bien el aspecto señalado no ha sido objeto de un cuestionamiento puntual por parte de la actora, es pertinente señalar que con solo reunir uno de los recaudos del art. 8° del decreto 1313/93, la autoridad de aplicación se encontraría habilitada para negar los beneficios tributarios relativos a la adquisición del automotor. Así ocurre, según el punto 1 de aquel artículo, si el conjunto de todos los bienes que posea el interesado al 31 de diciembre anterior a la solicitud, supera el valor de tres veces el importe mínimo exento establecido por la ley del impuesto sobre los bienes personales (ley 23.966 -t.o. 1997- art. 24), monto que al haber permanecido durante varios años sin actualización alguna, a la fecha de los hechos que se examinan en esta causa era equivalente a $ 306.900, esto es, tres veces la suma de $ 102.300 (cf. art. 24 de la ley 23.966 -t.o. 1997-sustituido por la ley 25.239 y f . 72). En consecuencia, dado que, por ejemplo, bastaba con ser titular de un único inmueble destinado a la vivienda que superara aquel valor para quedar excluido del régimen de la ley 19.279, es fácil advertir que el recaudo examinado -aun cuando por hipótesis se consideraran razonables las variables descriptas en los puntos 2 y 3 del art. 8°- no es apto para medir una capacidad económica “de tal cuantía” que permita la compra del automotor sin los beneficios de la ley (art.3° de la ley 19.279). A ello se suma que la evaluación de l a situación económica en forma conjunta con la del “núcleo familiar” como sustento para excluir al peticionante de la franquicia, constituye un parámetro que debe ser considerado con sumo cuidado en tanto tiende a reducir el marco de protección especial de las personas con discapacidad. En efecto, la laxitud con que ha sido concebida la norma reglamentaria, puede conducir a consagrar soluciones injustas y contrarias al respeto de la autonomía individual, la máxima independencia de las personas, y la plena integración en la sociedad, que la propia ley 19.279 (art. 1°) y las normas de jerarquía constitucional consagran (cf., en especial, Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inciso n y sus arts. 3°; 9°; 19; 20 y 26; ver también, en lo pertinente, sentencia de esta Corte en la causa “I., J. M.”, Fallos: 339:795).

En este sentido, cabe señalar que el decreto 1313/93 ni siquiera ha intentado justificar la necesidad de evaluar la situación económica del grupo familiar en ciertos supuestos o en razón de alguna circunstancia concreta que eventualmente debiera ser considerada, por lo que sus disposiciones alcanzan incluso a aquellas personas con discapacidad mayores de edad, que se desenvuelven laboralmente y cuentan con medios propios de vida que les permiten por sí solas cumplir con las condiciones de aquella norma, excluyéndolas de los beneficios tributarios para la adquisición de un vehículo, si la capacidad económica considerada conjuntamente con los bienes o los ingresos del “núcleo familiar” excediera los topes fijados en el art. 8° del decreto 1313/93. En el supuesto referido y en un sinfín de situaciones disímiles, la norma reglamentaria niega la ayuda estatal para acceder a una movilidad de calidad.De manera tal que pareciera reposar -irrazonablemente y sin atender las directrices de las normas convencionales citadas- sobre un hecho que no siempre es incontrastable, esto es, que el “núcleo familiar” de la persona con discapacidad que se encuentra -al menos- en una de las situaciones descriptas en el art. 8° del decreto 1313/93, efectivamente asumirá el costo que supone adquirir un vehículo sin los beneficios que concede la ley.

8°) Que, los límites al poder reglamentario que establece la Constitución Nacional -aun antes de la reforma del año 1994- no solo alcanza a los decretos que dicta el Poder Ejecutivo Nacional -art. 86, inc. 2° de la Constitución Nacional- sino también a las resoluciones que emanen de organismos de la administración (Fallos: 303:747, 1595), pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado, y que permite a los jueces verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (Fallos: 316:1261). En el mismo sentido, esta Corte ha declarado que no vulneran el art. 99, inc. 2° de la Constitución Nacional en su texto actual, los reglamentos que mantengan inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada (Fallos: 318:1707) y que aquellos pueden establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de una manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son parte de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que esta (Fallos: 325:645).

A partir de tales principios, cabe concluir que los requisitos establecidos en el art. 8° del decreto 1313/93 en su concreta aplicación al caso son irrazonables y no se ajustan al espíritu de la ley 19.279 que viene a reglamentar, razón por la que corresponde declarar su inconstitucionalidad (arts. 28 y 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional). Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se rechaza el recurso extraordinario y, con el alcance que surge de la presente, se confirma la sentencia. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA