Inaplicabilidad de la ley de sociedades para responsabilizar a personas físicas por el despido de los dependientes de una fundación

Partes: Ruiz Estella Noemí c/ Fundación Científica Felipe Fiorellino y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 3-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113381-AR | MJJ113381 | MJJ113381

La constitución y la actividad de las fundaciones no permiten aplicar la Ley 19.550 para responsabilizar a personas físicas por el despido de dependientes de aquellas.

Sumario:

1.-Es procedente revocar la condena al pago de indemnizaciones laborales impuesta a una persona física junto con la fundación empleadora, porque si bien se ha demostrado la violación de normas laborales, lo cierto es que la constitución y la actividad de las fundaciones no admite la aplicación supletoria de la Ley 19.550 ni de las sociedades civiles, pues a diferencia de las sociedades, las fundaciones tienen como objeto el bien común que excluye el propósito de lucro y en las que el aporte patrimonial de sus integrantes se destina al logro de los fines por la cual fue creada.

2.-Cabe concluir que la relación fue de carácter laboral si entre una universidad y una sociedad de la cual la actora era gerente, se celebró un contrato comercial de comodato en virtud del cual la primera otorgó a la subcomodataria espacios predeterminados dentro del edificio de la Universidad, destinado a la atención médica de sus pacientes a quienes afectaba a un programa docente que los socios de la subcomodataria llevaban a cabo con personal profesional y administrativo de su exclusiva dependencia, y la actora además se insertó en las actividades docentes de la Universidad como responsable de la coordinación de una carrera, desplegando en forma personal y habitual los trabajos relacionados con ese objetivo que se ajustaron al plan académico, resultando por ende irrelevante el carácter ad honorem que se le atribuyó a su actuación.

3.-Acreditada la prestación de servicios, la dación efectiva del esfuerzo del trabajo se presume juris tantum que lo fue en virtud de un contrato de trabajo y para desvirtuar esta presunción, era el demandado quien debía acreditar que estos servicios prestados se debieron a una causa jurídica no laboral y que si hubo un pago no fue en concepto de salario, sino el precio de una obligación no laboral o que los servicios prestados obedecían a una causa netamente comercial.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 3 días del mes de agosto de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I – Contra la sentencia dictada a fs. 344/351, que admitió el reclamo en su totalidad, recurren los codemandados Fundación Científica Felipe Fiorellino (en adelante Universidad Maimónides) y Ernesto Goberman, a mérito de los memoriales de fs. 352/356 y 357/360, respectivamente. La parte actora contestó agravios a fs. 362/365.

II – Los codemandados se agravian por cuanto el Sr. juez de grado tuvo por acreditada la existencia del vínculo laboral denunciado en el inicio. Cuestionan a tal fin la valoración que del proceso probatorio efectuó el sentenciante, mas, adelanto que la queja no habrá de prosperar, por cuanto la crítica recursiva parte de exponer su parecer sobre las afirmaciones formuladas en autos Mëndez Rolando A. c. Centro de Diagnóstico Dr. Antonelli s/ daños y perjuicios, al considerar que la actora efectuó un reconocimiento expreso acerca del vínculo comercial establecido en virtud del comodato celebrado entre la Fundación demandada y la firma Diagnóstico y Enseñanza Médica S.R.L. y del carácter honorario de las tareas de docencia prestadas en el ámbito de la Universidad, que a su parecer excluirían el vínculo laboral invocado en autos, soslayando el recurrente no sólo los recaudos que impone el art. 116 LO sino además, las prerrogativas del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto dispone que “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.

Pues bien, no es un hecho controvertido que la reclamante, profesora universitaria, prestó sus servicios en el ámbito de la Universidad Maimónides. Así fue admitido en la contestación de demanda, al afirmarse que la actora junto con el Dr. Antonelli diagramaban los cursos de postgrado sobre diagnóstico por Imágenes y establecían los contenidos de las materias así como los horarios, explotados económicamente en conjunto por la Universidad y la firma Diagnóstico y Enseñanza SRL y que en ese marco, la actora fue designada Coordinadora ad honorem del departamento de Diagnóstico por Imágenes según Resolución 46/01 del Consejo Universitario y la acreditación otorgada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria mediante Resolución 913/10 (ver fs. 96 vta./97 de la contestación de demanda e informe CONEAU de fs. 271/277).

En el caso, advierto que la actora revistió el cargo de socia gerente de la firma Diagnóstico y Enseñanza Médica S.R.L., pero lo cierto es que de las constancias de autos surgen elementos que corroboran la presunción mencionada en la medida en que el ejercicio de la gerencia aludida no resulta suficiente para excluir la relación de dependencia invocada, pese a los contundentes argumentos planteados por el recurrente En efecto, las partes también resultan contestes en sostener que entre la Universidad Maimónides y la firma mencionada se celebró un contrato comercial de comodato en virtud del cual la primera otorgó a la subcomodataria (Diagnóstico y Enseñanza Médica SRL integrada por el Dr. Antonelli y la actora como gerente) espacios predeterminados dentro del edificio de la Universidad, destinado a la atención médica de sus pacientes a quienes afectaba a un programa docente que los socios de la subcomodataria (la actora y el Dr.Antonelli) llevaban a cabo con personal profesional y administrativo de su exclusiva dependencia, destinado a los estudiantes de la Universidad Maimónides dentro del departamento de Imágenes cuya dirección sería ejercida por el Dr. Antonelli ad honorem, tal como surge de la cláusula segunda del contrato de comodato acompañado por ambas partes a fs. 63 y 234.

Tales circunstancias ineludiblemente tornaron operativa la aludida presunción, correspondiendo al demandado la carga de desvirtuar los alcances de aquélla, demostrando que con la actora se entabló un vínculo netamente comercial en virtud del cual ambas partes se beneficiaron económicamente con las ganancias derivadas del dictado de los cursos de post grado en imágenes, que la actora coordinaba e impartía.

En efecto, se advierte que la actora se insertó en las actividades docentes de la Universidad como responsable de la coordinación de la carrera de la maestría en ecodopler, mediante Resolución 23/06 del Consejo Superior Universitario (fs. 84), desplegando en forma personal y habitual los trabajos relacionados con ese objetivo que se ajustaron al plan académico.

Y en este marco, acreditada la prestación de servicios, la dación efectiva del esfuerzo del trabajo se presume juris tantum que lo fue en virtud de un contrato de trabajo. Para desvirtuar esta presunción, era el demandado quien debía acreditar que estos servicios prestados se debieron a una causa jurídica no laboral y que si hubo un pago no fue en concepto de salario, sino el precio de una obligación no laboral o que los servicios prestados obedecían a una causa netamente comercial.

Repárese que la mayoría de los testigos confirmaron que la actora personalmente coordinaba e impartía clases de post grado, y en este orden de ideas, deviene irrelevante el carácter ad honorem que se le atribuyó en la resolución 46/01 ya mencionada o que hubiera facturado por sus servicios pues el principio de primacía de la realidad exige al magistrado analizar las verdaderas situaciones entabladas entre las partes, por sobre las formalidades escogidas (arts.14, 21, 22 y 23 de la L.C.T.).

La doctrina sostiene que “la existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecerán de todo valor”.

“En atención a lo dicho es por lo que se ha denominado al contrato de trabajo, contrato-realidad, puesto que existe no en el acuerdo de voluntades, sino en la realidad de la prestación del servicio y que es ésta y no aquel acuerdo lo que determina su existencia” (Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, citado por Plá Rodríguez en “Los principios del derecho del Trabajo”).

Para desvirtuar la presunción que contempla el art. 23 de la L.C.T. se deben demostrar precisa y contundentemente las circunstancias que posibilitan considerar como un empresario a quien en efecto, resulta el prestador de los servicios.

Naturalmente, no alcanza para ello las constancias de facturación en concepto de subsidio para investigación ni la formalización de convenciones explícitamente extrañas al Derecho del Trabajo, pues la ejecución de servicios personales en favor de otro importa presumir la existencia de un contrato de trabajo (art. 23 LCT cit.).

Tal principio se encadena con el consagrado por el art. 115 de la LCT en cuanto establece que el trabajo humano no se presume gratuito, resultando irrelevantes las afirmaciones efectuadas por la actora en el marco de la causa “Méndez Rolando Aníbal c.Centro de Diagnóstico s/ Daños y Perjuicios”, pues las cargas probatorias difieren en el derecho laboral respecto al derecho civil, lo cual tiene su explicación en la misma ciencia del derecho laboral que parte de considerar a una de las partes en litigio como más débil y conforman los principios, los deberes y las presunciones legales que determinan su especificidad.

En efecto, en virtud de la regla establecida en el art. 115 LCT, corresponde al empleador desvirtuar la presunción de onerosidad del trabajo realizado por el trabajador a su favor, no obstante lo cual la providencia dictada a fs. 150 dejó sin efecto la producción de la prueba pericial contable como consecuencia de la renuencia de la demandada a exhibir los libros y registros respectivos ante el perito contador designado en autos, y lo cierto es que en el marco de esta litis, la prueba contable resultaba esencial para acreditar el vínculo comercial invocado, así como los dividendos y las presuntas ganancias recibidas en partes iguales derivadas de la actividad docente de post grado, tampoco se acreditó el sustento contable de los hipotéticos pagos efectuados a la actora en concepto de subsidios para investigación y en este punto, contrariamente a lo pretendido por el recurrente, esa retribución que no puede ser corfirmada sino como una remuneración (arts.103 y 115 LCT).

En el marco descripto encuentro concluyentes además, las declaraciones brindadas por Medina, Postiglione, Barrios, Marinaro y Criado, incluso los dichos aportados por Trigo, cuya valoración comparto en tanto sirvieron de base para las conclusiones a las que arribó el sentenciante.

De éstos se extrae que la aquí reclamante prestó sus servicios en favor de la Universidad en forma habitual y sin solución de continuidad, integrándose en forma permanente a los medios personales y materiales y coadyuvando al logro de sus fines en tareas concernientes a la actividad académica.

En el contexto descripto, los testimonios referidos y el principio de primacía de la realidad mencionado, revelan que en el caso se pretendió ocultar un contrato de trabajo bajo la apariencia de una relación de naturaleza comercial que no consta en autos.

Como corolario de lo expuesto, no existen elementos de prueba que demuestren el carácter ad honorem de las prestaciones de la actora, el cual debía ser categóricamente demostrado, reitero, a fin de desvirtuar no sólo la presunción del mentado art. 23 L.C.T., sino también la que emerge del art. 115 L.C.T., el cual dispone que el trabajo no se presume gratuito y tal prueba no se produjo en el marco probatorio delineado en esta causa.

En consecuencia y más allá de la relación contractual habida entre la Universidad y la firma Diagnóstico y Enseñanza Médica SRL, las circunstancias apuntadas me llevan a concluir que las partes se vincularon laboralmente en el ámbito académico, coincidiendo con el magistrado que me precede al estimar que asistió derecho la trabajadora a considerarse injuriada y despedida, pues la negativa del vínculo constituyó una injuria gravísima que justificó la decisión en los términos del art.242 y 246 L.C.T.

Por lo expuesto propongo confirmar en este aspecto el fallo apelado.

III – El recurso articulado por el codemandado Groberman tendrá favorable recepción mediante mi voto, pues si bien se ha demostrado la violación de normas laborales, lo cierto es que la constitución y la actividad de las fundaciones no admite la aplicación supletoria de las normas de la Ley 19.550, ni de las sociedades civiles, pues a diferencia de las sociedades, las fundaciones tienen como objeto el bien común que excluye el propósito de lucro y en las que el aporte patrimonial de sus integrantes se destina al logro de los fines por la cual fue creada. Tampoco admite la aplicación analógica de los arts. 1713 y 1720 Código Civil, y es por ello propicio revocar la extensión de responsabilidad dispuesta en el fallo de grado contra el codemandado Ernesto Groberman.

IV – Por lo demás, el art. 16 de la Ley 24.013 admite según las circunstancias del caso y mediante resolución fundada, reducir prudencialmente los montos indemnizatorios pudiendo llegarse aún hasta la eximición de pago, en el sub lite la pretensión de eximirse de la multa prevista en la Ley 24.013, aun parcialmente, debe rechazarse pues no se configura la “razonable duda” sobre la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a la que se refiere la norma invocada en subsidio a fs. 356 vta.del memorial recursivo.

V- La demandada también cuestiona la tasa de interés dispuesta en la instancia anterior en tanto estima que los intereses contemplados en el Acta 2630 resultan excesivos en su cómputo desde el 27/04/16.

Ahora bien, el Acta mencionada estableció que la tasa de interés aplicable sea la Tasa Nominal Anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, que debe comenzar a regir desde que cada suma es debida, respecto de las causas que se encuentren sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador.

En el contexto descripto sólo se realiza una disidencia dogmática que no controvierte lo decidido por el magistrado con las exigencias impuestas por el art. 116 L.O. ya mencionado, motivos por los cuales propicio confirmar el decisorio de grado.

Por otro lado, a partir del 01/12/2017 rige la tasa de interés establecida en el Acta Nº 2658 del 08/11/2017 que establece en lo numérico, que la tasa de interés aplicable resulta la tasa activa efectiva vencida, cartera general diversa del Banco Nación que al día de la fecha es del 29,32% anual.

Por dicha razón, propicio la confirmación de la sentencia de grado en este tópico VI- Sugiero imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada, excepto las derivadas de la acción incoada contra Ernesto Goberman, que serán impuestas a cargo de la parte actora.

Regular los honorarios a los profesionales actuantes en esta instancia por la parte actora y demandadas en forma conjunta, en el 30% de lo que le corresponda percibir a cada una de las representaciones letradas, respectivamente, por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 30 de la Ley 27.423).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra.Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada, a excepción de lo que se dispone a continuación; 2) Revocar la sentencia de grado y desestimar la acción entablada por Estella Noemí Ruiz contra Ernesto Goberman; 3) Confirmar la imposición de las costas y honorarios establecidos en la instancia anterior; 4) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el punto VI del primer voto; 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía 2 se encuentra vacante (art.109 R.J.N.) MMV

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara