El acreedor laboral debe demandar judicialmente al fiduciario, ante cualquier conflicto laboral que tenga el Fideicomiso

Partes: Pistilli Jesica Beatriz c/ ‘Fideicomiso D y D’ y otros s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 31-may-2018

Cita: MJ-JU-M-113117-AR | MJJ113117 | MJJ113117

Ante un conflicto laboral que tenga al fideicomiso como centro de imputación de las obligaciones contraídas, el acreedor laboral debe demandar judicialmente al fiduciario.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que acogió parcialmente la demanda por despido y, en consecuencia, rechazarla en su totalidad, pues no habiéndose probado otra vinculación laboral que la emergente de la documental traída por la fiduciaria, los rubros reclamados resultan improcedentes.

2.-Para revertir la presunción de legalidad que emana de la documentación laboral llevada en debida forma, deben producirse pruebas que tienen que ser valoradas con estrictez pues está en juego la seguridad jurídica que se pretendió plasmar con la referida documental.

3.-Ante un conflicto laboral que tenga al fideicomiso como centro de imputación de las obligaciones contraídas, el acreedor laboral debe demandar judicialmente al fiduciario, dado que éste actúa obligando al patrimonio fideicomitido; de este modo, el fiduciario es quien comparece en el proceso y responde con el patrimonio que administra y que se encuentra registralmente a su nombre.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Beatriz A. Abele y Alejandro A. Román, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte codemandada, contra la sentencia dictada por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Laboral de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 129 – Año 2016 – PISTILLI, Jesica Beatriz c/ “FIDEICOMISO D y D” y Otros s/ COBRO DE PESOS – LABORAL”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segunda, Dr. Beatriz A. Abele; tercero, Dr. Alejandro A. Román.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

El recurso de nulidad interpuesto por los codemandados Terranova y Argüello (fs. 208) no fue mantenido en la Alzada y no hallo motivos que hagan procedente la declaración de nulidad de oficio. A esta cuestión voto por la negativa.

A la misma cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que por idénticos fundamentos votó asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A esta primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

La actora promovió su demanda en procura del cobro de los rubros laborales que pretende, a saber: indemnizaciones sustitutiva de preaviso y por antigüedad incluyendo la integración del mes de despido, recargos de la ley 25.323, arts.1º y 2º, indemnización del art. 182, LCT, indemnización del art. 80, LCT y entrega del certificado de servicios, descontándose la suma de $ 1.224,48 que le fue abonada como liquidación final, o sea, un total demandado de $ 63.568,31. Formuló su demanda contra “Fideicomiso D y D”, Daniel Alejandro Terranova y Diego Daniel Argüello y relató que ingresó a trabajar con los demandados en relación de dependencia el 04/10/2010, como empleada en jornadas parciales de entre 4 y 6 horas diarias en la categoría de “Vendedora B” según el convenio de la actividad mercantil (CCT 130/75). A mediados de abril de 2011, luego de reincorporada de su licencia por maternidad, sus empleadores dejaron de proporcionarle trabajo por lo que realizó gestiones ante el Ministerio de Trabajo, Delegación Rafaela y en la audiencia del 25/05/2011 se acordó un cuarto intermedio y la reincorporaron inscribiéndola consignando falsamente como fecha de ingreso el 07/06/11. El 09/08/11, mediante telegrama, le comunicaron que prescindían de sus servicios. Relató las actuaciones posteriores ante la autoridad administrativa laboral, la percepción de la suma indicada como liquidación final, sus reclamos posteriores mediante el intercambio epistolar y el rechazo por parte de los demandados, por lo que accionó judicialmente para cobrar las sumas pretendidas, sus intereses y costas (demanda, fs. 3/5).

La Sra. Alejandra Bibiana Altamiranda compareció por apoderado, en su carácter de Fiduciaria del “Fideicomiso D Y D”, “personería que acredita con Contrato de Fideicomiso, de fecha 01 de abril de 2010, documentación que para este acto he tenido a la vista y de la cual surgen facultades suficientes” (Escritura Pública Nº 303, fs. 58/60), y se opuso a sus pretensiones alegando que la actora comenzó su vinculación con “Fideicomiso D Y D” el 07/06/2011 mediante el contrato de trabajo por tiempo indeterminado con período de prueba suscripto en esa fecha (arts.90, 92 bis y concordantes de la LCT) y perduró hasta el 09/08/2011 en que se le comunicó la prescindencia de sus servicios, y negó las circunstancias fácticas expuestas en la demanda (responde, fs. 73/78).

Los Sres. Daniel Alejandro Terranova y Diego Daniel Argüello se opusieron también a sus pretensiones relatando que fueron integrantes de una sociedad de hecho que dejó de tener actividad en julio del año 2010, se desvincularon a partir de entonces y para la época que la actora dice haber ingresado a trabajar (octubre de 2010) ninguno de ellos desarrollaban actividad alguna en la ciudad de Rafaela, por lo que desconocen y niegan los demás hechos expuestos en la demanda, cuyo rechazo, con costas, solicitaron (fs. 88/91).

La sentencia de primera instancia señaló que ante las divergencias de posiciones respecto de la fecha de ingreso debía recurrir a la prueba testimonial y “la testigo Gómez (fs. 137) declaró que la actora fue a venderle un crédito de la empresa en octubre de 2010 (preg. 1). La testigo Acosta (fs. 140) declaró haber sido compañera de la actora en la empresa demandada, y que cree que ingresó a mediados de 2010 y que trabajó allí hasta principios de 2011 (preg. 2). El resto de los testigos no aportó datos al respecto”. Aún apuntando la vaguedad del segundo testimonio referido, la sentencia entendió que el primero de ellos es suficiente para concluir que la fecha de registración obrante en la documentación aportada por la empresa era falsa, aludiendo a la razón de los dichos de la testigo. Concluyó que la fecha de ingreso fue el 04/10/2010 por lo que se no se hallaba en período de prueba al tiempo del despido y declaró procedentes las indemnizaciones de los arts. 233, 232 y 245 de la LCT, con el recargo de la ley 25323, arts. 1º y 2º y la del art. 80 de la LCT. También consideró procedente la indemnización del art.182 de la LCT por cuanto el despido se produjo en el plazo previsto por el art. 178 y si bien no se probó la notificación al empleador, si el nacimiento se produjo el 28/02/11 (fs. 7), es elemental que el hecho estuvo en conocimiento del empleador, con cita de jurisprudencia. En igual plazo que para el pago de los rubros mencionados deberá entregar la certificación de servicios. A los rubros de condena se le agregarán los intereses que detalla. Por último señaló que la parte actora accionó contra una empresa con nombre de fantasía “Fideicomiso D y D” y, aunque fuera un fideicomiso real, al no ser sujeto de derecho y sí un patrimonio de afectación, y teniendo en cuenta que los Sres. Daniel Alejandro Terranova y Diego Daniel Argüello fueron denunciados como empleadores por la actora y, pese a su negativa, las testigos Astrada (fs. 136) y Acosta (fs. 140) señalaron a ambos codemandados como los dueños de la misma y Gómez (fs. 137) y Sella (fs. 138) declararon que ellos les llevaban el dinero por los préstamos acordados con la actora, los condenó a ambos “en su condición de propietarios de la empresa con nombre de fantasía “Fideicomiso D y D” al pago de los rubros dichos en los considerandos más sus intereses y costas (sentencia de primera instancia, fs. 201/205).

Contra ella apelaron la actora (fs. 206) y los codemandados Daniel Alejandro Terranova y Diego Daniel Argüello (fs. 208), y al mantener sus recursos, se agraviaron, la primera por cuanto no se incluyó en la condena al “Fideicomiso D y D”, y así lo solicitan (fs. 224); y los segundos detallaron las razones demostrativas de la insuficiencia probatoria que sustente las conclusiones de la sentencia, cuya revocación, con costas, solicitaron. Sus agravios fueron respondidos por la actora a fs. 235, y los de éstas fueron respondidos a fs. 238/240 por los apoderados de Alejandra Bibiana Altamiranda y Alejandro Gabriel Argüello (fiduciaria y fiduciante, respectivamente del Fideicomiso D y D, fs.145).

Cabe aclarar previamente que si bien “Fideicomiso D y D” puede ser un nombre de fantasía, como lo dijo la sentencia, a estos autos compareció como parte demandada la Sra. Alejandra Bibiana Altamiranda en su carácter de Fiduciaria del “Fideicomiso D Y D”, y en la escritura del poder otorgado en la Escritura Pública Nº 303, la escribana Olga Fabiana Jure dejó constancia de que dicha personería la acreditó con “Contrato de Fideicomiso, de fecha 01 de abril de 2010, documentación que para este acto he tenido a la vista y de la cual surgen facultades suficientes” (Escritura Pública Nº 303, fs. 58/60).

Según el marco legal aplicable a los fideicomisos a la fecha en que se consumaron los hechos y situaciones jurídicas sobre los que versa este litigio (Ley 24.441, B.O. 16/01/1995, Cita On line: AR/LEGI/4JTZ) los bienes fideicomitidos son un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario (ley 24.441, art. 14, párrafo 1º) pero el fideicomiso no tiene personería jurídica propia (GUASTAVINO, Elías P. “Fideicomisos según la ley 24441”, Anticipo de Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la ciudad de Buenos Aires, Año XL, Segunda Época, Nº 33, Buenos Aires, 1195, pág. 19, y sus citas bibliográficas; del mismo autor ver también “Fideicomisos, leasings, letras hipotecarias y otros aspectos de la ley 24.441”, La Ley 1995-B, 1061- Derecho Comercial Doctrinas Esenciales, T. III, 01/01/2009, 705, Cita Online: AR/DOC/16918/2001). Más recientemente y comentando la regulación del fideicomiso en el proceso laboral, se ha dicho que en esta figura en la que el fiduciario actúa obligando al patrimonio, la falta de personalidad jurídica no lo exime de poder contraer obligaciones para el cumplimiento de sus fines y las obligaciones que asuma son sólo del fideicomiso, salvo que la culpa o dolo del fiduciario haya causado, en un sentido razonable, el daño al tercero o acreedor.De allí que ante un conflicto laboral, que tenga al fideicomiso como centro de imputación de las obligaciones contraídas -quien contrae estas obligaciones es el fiduciario-, el acreedor laboral debe demandar judicialmente al fiduciario, dado que éste actúa obligando al patrimonio fideicomitido; de este modo, el fiduciario es quien co mparece en el proceso y responde con el patrimonio que administra y que se encuentra registralmente a su nombre. “Es el fideicomiso, mediante el fiduciario, el que realiza los actos jurídicos, y éstos sólo le son imputables al patrimonio fideicomitido. Es el fideicomiso en la persona del fiduciario, el que resulta constreñido a cumplir con sus obligaciones y el que, en caso de incumplimiento, sufrirá la ejecución de sus bienes (art. 505, CCiv.). Es el fideicomiso, representado en el fiduciario, el que comparecerá (como actor o demandado) en los procesos administrativos, judiciales o arbitrales” (GAUNA HENRÍQUEZ, Rodrigo E., “La figura del fideicomiso en el proceso laboral”, RDLSS 2015-13, 15/07/2015, 1327; Cita Online: AP/DOC/486/2015). Acertadamente se ha dicho, ya vigente el Código Civil y Comercial, que el fideicomiso no es más que un contrato, aunque con características “sui generis” y que “el fiduciario tiene una sola personalidad (humana o jurídica) y un único patrimonio universal. Sin embargo ese mismo sujeto tendrá tantos patrimonios separados como contratos de fideicomiso encabece. Se produce una distorsión de la personalidad que convierte a ese sujeto de derecho en bifronte: en una de las caras el fiduciario detenta la personalidad jurídica o humana individual (art. 15, CCyC) y su correlativo patrimonio universal, pero en una o más caras que se corresponden con cada contrato de fideicomiso -y su respectivo patrimonio separado-no hay una personalidad diferenciada, ni tampoco “el fideicomiso” la tiene.No obstante ello, por fuerza de la ley, inevitablemente gravita en el “fideicomiso” un centro de imputación de obligaciones generadas por la actuación de la persona (humana o ideal) del fiduciario cuando funge en calidad de tal” (KIPER, Claudio M.- LISOPRAWSKI, Silvio V., “Responsabilidad del fiduciario por daños a terceros en el Código Civil y Comercial”, La Ley 2016-D, 760; Cita Online: AR/DOC/1797/2016; ver también de estos autores, “Fideicomiso. Dominio Fiduciario. Securitización”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1995, págs. 183/192).

Es en este marco jurídico donde corresponde analizar las cuestiones ventiladas en este proceso laboral en el que la fiduciaria ha tenido cabal y completa participación, como asimismo las otras partes litigantes. En ese sentido, se ha probado con la documental traída por la fiduciaria, cuyas firmas fueron reconocidas por la actora, el contrato de trabajo celebrado el 07/06/2011 por ésta y la Sra. Alejandra Bibiana Altamiranda en su calidad de administradora fiduciaria del “Fideicomiso D y D”, los formularios de alta y baja ante AFIP, los recibos de las remuneraciones percibidas hasta el cese dispuesto, durante el período de prueba, por la empleadora comunicado por la carta documento del 09/08/11 (fs. 61/68), rechazada por la actora (telegramas de fs. 69/70). Con respecto a la maternidad invocada en la demanda, se ha probado con el correspondiente certificado el nacimiento de Leonel Javier Pistilli ocurrido el 28/02/2011, hijo de la actora (fs.7).

En cuanto a la fecha de ingreso -el 07/06/2011 según el registro hecho en la documentación laboral- es criterio reiterado de este Tribunal que, tal como lo destaca la doctrina, una vez reconocida la firma del recibo queda aceptada también la veracidad de su contenido y si se quiere controvertirlo, quien aparece firmando debe producir prueba en tal sentido la que, si bien puede ser de cualquier clase, deberá ser apreciada con estrictez si se tiene presente que está en juego la seguridad jurídica que se pretendió afianzar con tales documentos (VAZQUEZ VIALARD, Antonio, “Tratado de Derecho del Trabajo”, bajo su dirección, Astrea, Buenos Aires, 1983, t. 4, pág. 735; conf. esta Cámara en “Buffelli, O.J. c/ Sentir Carruajes S.A.C.I.F.I.A. s/ Laboral”, 04/10/02, Res. Nº 156/02; “Campos Pereyra, O.A. c/ Andereggen, O.A.”, 11/11/05, L. de Resoluciones T.III, Fº 99, Res. Nº 595/05; “Algarbe Paiz, Sandra Blanca c/ Barraza, Ricardo Conrado”, 05/07/07, L. de Resoluciones, T. 007, Res. Nº 207/07, entre otros), como también que para revertir la presunción de legalidad que emana de la documentación laboral llevada en debida forma, deben producirse pruebas que tienen que ser valoradas con estrictez pues está en juego la seguridad jurídica que se pretendió plasmar con la referida documental (esta Cámara en “González, Mariela T. c/ Delfín S.A.”, 26/02/09, L. de Res. T. 10, Res. Nº 037/09; “Gerbaudo, Cintia Elisabet c/ Andereggen, Oscar Alfredo”, 22/02/11, L. de Resoluciones t. 15, Res. Nº 469/11; ver también “Chaparro, Daniel Gustavo c/ Nesaglo S.A.” , 07/03/13, L. de Res. Tomo Nº 19, Res. Nº 046/13).

En su demanda la actora invocó haber ingresado el 04/10/2010 y para acreditarlo ofreció sólo las pruebas confesional de los demandados y la testimonial (fs. 5 y 114 vta.). La prueba confesional no arrojó ningún resultado para sus propósitos probatorios (fs.112 y 112 vta.) y de los ocho testigos ofrecidos (fs. 114 vta.) sólo declararon cuatro y la propia sentencia de primera instancia señaló que sólo uno de ellos, el de Olga Gómez (fs. 137) fue prueba suficiente para concluir que la documentación aportada por la empresa era falsa (fs. 203 vta.). Este solo testimonio: “me fue en el mes de octubre del 2010 a vender un crédito de DyD” no resulta convincente, menos aún las explicaciones acerca de la operatoria, “Terranova me llevaba el dinero”, “ellos me prestaban dinero”, “ellos me cobraban por día, ahora no recuerdo el monto”, “vino esta chica y le acepté yo, va.le pedí el crédito yo” (fs. 137). Valorando esta prueba con la estrictez exigida por la doctrina, no es dable considerarla prueba suficiente para declarar falsa la documental acerca de la relación laboral habida entre las partes traída por la fiduciaria. Máxime si se pondera que de las operaciones de préstamos de dinero y de pagos y cobros, declaradas por la testigo no se aportó registro documental alguno. No es lo que acostumbra a suceder según el curso ordinario y natural de las cosas.

No habiéndose probado otra vinculación laboral que la emergente de la documental traída por la fiduciaria, los rubros reclamados resultan improcedentes (arts. 90, 92 bis y concordantes, LCT). Por estas razones propugno rechazar el recurso de apelación de la actora, acoger el recurso de apelación interpuesto por los codemandados, revocar la sentencia y rechazar la demanda, con costas a la vencida.

Dejo así formulado mi voto.

A la segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A esta misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la tercera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M.Macagno dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, acoger el recurso de apelación interpuesto por los codemandados, revocar la sentencia y rechazar la demanda, con costas a la vencida. Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (%) de los que se regulen en Primera Instancia.

A la misma cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Lorenzo J. M. Macagno, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención del Dr. Alejandro A. Román (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, acoger el recurso de apelación interpuesto por los codemandados, revocar la sentencia y rechazar la demanda, con costas a la vencida. Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (%) de los que se regulen en Primera Instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Lorenzo J. M.Macagno

Juez de Cámara

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

SE ABSTIENE

Héctor R. Albrecht

Secretario