No hubo error de diagnóstico si el médico realizó los estudios pertinentes y no comprobó un cuadro que requiriera intervención quirúrgica.

Partes: M. F. A. c/ Corporación Médica de General San Martín s/ daños y perjuicios – resp.prof.médicos y aux.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 12-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114425-AR | MJJ114425 | MJJ114425

 

Rechazo de la acción por error de diagnóstico si el médico realizó los estudios pertinentes y suficientes y no comprobó la existencia de un cuadro evolucionado a esa fecha que requiriera una intervención quirúrgica.

Sumario:

1.-Cabe rechazar la acción indemnizatoria por mala praxis médica respecto del profesional que atendió a la actora dentro de las primeras cuarenta y ocho horas de haber sufrido una caída en la vía pública pues, en el caso, la prueba de la culpa médica fincaba en un supuesto error de diagnóstico y se acreditó que le realizaron estudios pertinentes y suficientes, y que frente a sus resultados, le prescribió la necesidad de someterse a mayores cuidados y a mayores controles en caso de persistir los dolores, sin haberse comprobado a ese momento la existencia de un cuadro evolucionado que requiriera la adopción de medidas quirúrgicas para finalmente tratar la peritonitis por perforación que padeciera.

2.-Los profesionales que atendieron a la actora luego que ésta resolviera no continuar su tratamiento en el mismo nosocomio, aún cuando allí era donde se encontraban los antecedentes documentales de la primera atención, deben indemnizar el daño moral ocasionado con su accionar, debido a que en sedas oportunidades no fueron realizados nuevos estudios a partir de los cuales poder contar con un diagnóstico actualizado, por así sugerirlo la persistencia y agravamiento del cuadro y, asimismo, le suministraron sin tener una orientación diagnóstica y formular un planteo terapéutico.

3.-La pérdida de la posibilidad de curación (chance) sólo adquiere entidad y por tanto es indemnizable, si se verifica una conducta imputable por el hecho de no proporcionarse el tratamiento adecuado que podría haber curado con alguna probabilidad, frustrándose de modo cierto esa posibilidad.

4.-Para juzgar cómo se procedió en materia de responsabilidad médica, el tribunal debe colocarse ex ante y no ex post facto, porque lo que debe evaluarse no es un paciente dañado, tratando de reconstruir para atrás el iter de su evolución en forma inversa al acaecimiento de los hechos, sino que quien pretende formarse un juicio debe colocarse en el día y hora en que el médico debió tomar una decisión, ver cuál era entonces el cuadro del enfermo, cuáles eran los elementos con que contaba o podría contar, cuáles los caminos posibles, siendo que se debe juzgar si la acción que realizó, si la decisión que tomó, estaba dentro de los cánones adecuados a lo que él vio, pudo o debió percibir en tal momento.

5.-La nueva Ley de Aranceles 27.423 resulta aplicable a partir de su entrada en vigencia a todas las regulaciones de honorarios que no se encuentren firmes, independientemente de la época en que los profesionales realizaron los trabajos (voto en disidencia parcial de la Dra. Barbieri).

Fallo:

Buenos Aires, a los 12 días del mes septiembre de 2018, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “M. F. A. c/ CORPORACION MEDICA DE GRAL SAN MARTIN S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP.PROF.MEDICOS Y AUX.” La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 1727/1742 vta. se alzan las partes y expresan los agravios agregados a fs. 1819/1820 (Corporación Médica), fs. 1822/1829 (actora), fs. 1831/1839 vta. (Socorro Médico y Tisker), fs. 1840/1844 (Prudencia), fs. 1845 y vta. (Sancor), y fs. 1852/1854 (Federación Patronal).

Las respuestas lucen glosadas a fs. 1856 y vta., fs. 1871/1875 vta., fs. 1876/1877 vta., fs. 1878/1882 y fs. 1885/1887 vta., todas de la actora, a fs. 1857 y vta., fs. 1866/1869 vta. y fs. 1884 y vta. de Federación Patronal, y a fs. 1859/1865 de Biondini.

1.2.- En el orden señalado, practicaré una síntesis de los cuestionamientos formulados pues allanará el camino del posterior análisis y decisión.

1.2.1.- Corporación Médica se queja únicamente de la imposición de “costas por su orden” a pesar del rechazo de demanda entablada en su contra.

1.2.2.- M., a través de argumentos de diferente tenor, critica la ponderación efectuada sobre la pericial médica y el consecuente rechazo de su acción indemnizatoria. Luego aduce violación del principio de congruencia por no haberse expedido sobre las distintas partidas reclamadas, y respecto a las aseguradoras, solicita que se las condene al pago total sin deducción alguna por límites de cobertura.

1.2.3.- Socorro Médico y Susana Tisker, por su parte, niegan que en su participación hubiere promediado error de diagnóstico, o bien que se suministrara una droga de manera imprudente que anulara el cuadro pues sólo calmaba el dolor que padecía M.Focalizan en que al momento en que intervino dicha profesional, no existían signos de alarma, pues no se hallaron síntomas peritoneales, razón por la cual aseveran que no se probó relación causal entre su intervención y daños resarcibles. A todo evento, requieren que también se condene a Biondini y a Corporación Médica.

Se quejan también de la procedencia y quantum establecido en concepto de daño moral, y por último de la tasa de interés aplicada.

1.2.4.- Prudencia sostiene que no se ha demostrado relación causal, por lo que corresponde el rechazo de la demanda; respecto a los montos, impugna el justiprecio efectuado sobre daño moral; por último, reclama la modificación de la tasa de interés establecida.

1.2.5.- La aseguradora Sancor, a su turno, limita su queja a la imposición de las costas del proceso por su orden.

1.2.6.- Federación Patronal, finalmente, reclama el completo rechazo de la acción reparatoria, pues aduce que no se produjo daño moral resarcible, y a todo evento cuestiona la suma estipulada.

2.1.- Por lo pronto cabe señalar, en lo concerniente con las normas aplicables al sub exmine, que el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), contempla de manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley, y que determina las reglas que rigen casos como el sub examine.

Corresponde interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7°, y toda vez que en autos se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, también las consecuencias que emA.n de ella, que al haber nacido al amparo de tal legislación, será en definitiva la que se aplica.

2.2.- Sin perjuicio de ello, la C.S.J.N. in re “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART” , del 10/8/2017, al aplicar el Código de Vélez por razones de derecho transitorio (citado art.7° del CCyCom.), decidió que la interpretación de las normas del CC debe realizarse con una armonía plena y total con el régimen del CCyCom.

Lo apuntado resulta posible -apunta Pizarro- porque existe una clara continuidad entre las soluciones del código anterior -interpretadas dinámicamente a la luz de la doctrina y jurisprudencia reciente- y las que ahora consagra, en algunos casos de manera más explícita y receptiva de ese proceso evolutivo, el nuevo CCyCom. (aut. cit., “El derecho a la reparación integral desde la perspectiva constitucional”, L.L. 23/8/2017).

2.3.- Por lo demás, adelanto que seguiré a los recurrentes en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama “jurídicamente relevantes” (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o “singularmente trascendentes” como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil”, en Estudios sobre el proceso civil, págs.369 y ss.).

Atribución de responsabilidad 3.1.- Por razones de método, comenzaré por el análisis de las quejas formuladas que se orientan a la materia de fondo.

En grado de adelanto y por las razones que paso a desarrollar, propiciaré la confirmación del fallo en crisis.

3.2.- En efecto, de acuerdo al tenor de los agravios vertidos por los apelantes, el aspecto medular del debate se enmarca en la compleja aporía de la causalidad y -por tanto- de la subyacente culpabilidad, presupuestos que se asocian al daño injusto en la atribución de la responsabilidad civil.

En la dilucidación de dicho nexo de causalidad, revelador del plan prestacional que diferentes profesionales de la medicina han ejecutado a favor del paciente (parte actora en este proceso), corresponde apoyarse especialmente en el resultado de la prueba pericial médica, pues en principio es el galeno desinsaculado quien, a través de los conocimientos científicos del caso, ilustra a la suscripta en orden a la clarificación de los hechos y la determinación de la consecuente responsabilidad civil (ver mi voto in re “Morrone, Martín c/ Clínica Privada Independencia s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 71.811/2.010, del 14/02/2017; ver también esta Sala in re “De Sábato, Ricardo c/ Comp. Omnibus 25 de Mayo s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 2.654/2.009, del 15/7/2.015; idem, “Ortiz, Carlos A. c/ Línea 71 SA y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 46.085/2.009, del 04/9/2.013; ídem, “Botiglieri, Carlos A. c/ Mercado, Hugo y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. 11.027/2.010, del 10/7/2.012; ídem, “Burcez, Elizabeth c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 115.335/2005, del 22/4/2010; ídem, “Bay, Roberto A. c/ GCBA s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 66.857/02, del 23/10/07; ídem, “Rodriguez Saldivar, Pedro c/ Ttes. Aut. Riachuelo S.A. (Línea 100) s/ Int. Presc.”, Expte.N° 64.480/2002, del 22/03/07, entre muchos otros).

Se impone por tanto A.lizar si en el servicio médico prestado, según la Sra. M. de manera imperita, se ha aportado la “causalidad adecuada”, pues recién comprobado ello será posible eventualmente adentrarse en el análisis de los diferentes reclamos o quejas que practica la accionante en su presentación a despacho.

Por lo demás, recuerdo que para juzgar cómo se procedió en materia de responsabilidad médica, el tribunal debe colocarse ex ante y no ex post facto: lo que debe evaluarse no es un paciente dañado, tratando de reconstruir para atrás el iter de su evolución en forma inversa al acaecimiento de los hechos, sino que quien pretende formarse un juicio debe colocarse en el día y hora en que el médico debió tomar una decisión, ver cuál era entonces el cuadro del enfermo, cuáles eran los elementos con que contaba o podría contar el médico, cuáles los caminos posibles. Lo que se debe juzgar es si la acción que realizó, si la decisión que tomó, estaba dentro de los cánones adecuados a lo que él vio, pudo o debió percibir en tal momento (Highton, Malamud, Miguens, Wierzba, “Responsabilidad médica: en pro de la teoría de la culpa”, Bueres-Kemelmajer (Directores), Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Homenaje al Prof. Atilio Alterini, Abeledo Perrot, 1997, pág. 689).

Como se verá seguidamente, lo apuntado resulta especialmente relevante para A.lizar la responsabilidad que la Sra. M. imputa al primer profesional que la atendiera, el Dr.Biondini, y por tanto a “Corporación Médica”, el primero de los nosocomios intervinientes.

La prueba de la culpa del médico resulta indispensable, porque ella, además de la responsabilidad personal que implica, demuestra el incumplimiento de la obligación de prestar asistencia adecuada que toma a su cargo el propio ente sA.torial, la clínica, etc., que debe responder diligentemente a través del profesional del que se vale para cumplir la prestación en forma adecuada (Busso, R., Código Civil Anotado, Ediar, t. III, pág. 289).

Cabe agregar que lo prescripto por el art. 732 del CCyCom. capta adecuadamente esta añeja doctrina, y también es oportuno citar lo normado por el art. 776 del mismo cuerpo legal (ver mis votos in re “Martínez, Diego c/ Clínica Bazterrica S.A. y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 37.795/2.008, del 17/10/2.016; ídem, “González, Marisa Erika y otros c/ Golglid, Silvina Vanesa y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 51.110/2.009, y su acumulado “González, Marisa Erika y otros c/ Obra Social del Personal Gráfico s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 36.321/2.008, del 09/11/2016, entre otros).

3.3.- Ahora bien, sentado ello, contamos en autos con un completo informe pericial que luce agregado a fs. 827/858 vta. elaborado por el Dr. Jorge Quiroga que meritaré según lo normado por los arts. 386 y 477 del rito.

En el sub examine, la prueba de la culpa médica finca en un supuesto error de diagnóstico que M. atribuye a cada uno de los profesionales que la asistieron durante las primeras 48 horas de haber sufrido la caída en la vía pública.

Efectivamente el d iagnóstico médico constituye un acto de vital importancia en la actividad médica curativa, pues a partir del mismo se elabora todo el plan de trabajo posterior o, más precisamente, el tratamiento a desarrollar.Cronológicamente, el diagnóstico es el primer acto que debe realizar el profesional, para con posterioridad emprender el tratamiento adecuado. Por ello, puede afirmarse que la actividad médica curativa comprende dos etapas: la primera constituida por el diagnóstico y la segunda por el tratamiento (Vázquez Ferreyra, Roberto A., “Responsabilidad civil médica. Error en el diagnóstico patológico.”, LL 03/11/99, pág. 8; esta Sala in re “Gómez, Claudiac/ Hospital Italiano de Bs. As. y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 77.016/2.013, del 11/9/2017; CNCiv., Sala D, “Fiocchini, Pablo E. c/ Rodriguez, J. s/ Resp. Prof.”, Expte. N° 90.841/92, del 10/02/04).

Está fuera de discusión que el médico cirujano Dr. Biondini la atendió el mismo día en el instituto “Corporación Médica”, y que diagnosticó “traumatismo de abdomen”, para lo cual había prescripto sendos estudios que surgen de los registros manuales e informáticos agregados a fs. 816, fs. 863 y fs. 943/952.

Cabe entonces la pregunta si los estudios que se le realizaran eran tanto pertinentes como suficientes, y si sus resultados fueron leídos con la diligencia exigible en los términos de los arts. 902 y ccds. del Código de Vélez y art. 1725 y ccds. del CCyCom.

3.4.- Del informe pericial citado, se desprende claramente que según la primera ecografía que se le realizara -insisto, el mismo día de la caída- entre otros elementos se constató una “IMPORTANTE INTERPOSICIóN GASEOSA” (sic) (pto. 1 a fs. 833, in fine).

Lejos estuvo de comprobarse un cuadro evolucionado, o bien -mucho menos- una “faz aguda” que impusiera la adopción de medidas quirúrgicas, pues la peritonitis fecal se constató recién el día 21 de Febrero en el procedimiento quirúrgico realizado (fs. 834). Incluso el entendido refirió que el cuadro se precipitó entre la consulta domiciliaria efectuada por el Dr. Cotignola y la internación en el San CaM. (fs. 833 vta.in fine/834).

Todo esto, cabe agregar, se ha dado en el marco de una dolencia compleja, que el entendido ha calificado como uno de los “mayores desafíos” de la medicina (fs. 837 in fine); “el diagnóstico de la lesión del intestino delgado es uno de los aspectos más complejos y controvertidos del tratamiento del politraumatizado” (sic) (fs. 840).

En orden a la constatación de las restantes circunstancias, no se ha demostrado el alegado error de diagnóstico, tanto así que el perito desinsaculado también destacó que el Dr. Biondini prescribió la necesidad que la Sra. M. realizara dieta y se sometiera a mayores controles en caso que los dolores persistieran (ver pto. IX a fs. 832 vta.).

En suma, no existen elementos probatorios que autoricen a endilgar responsabilidad por mala praxis a Biondini y a Corporación Médica.

3.5.- Ahora bien, luego de la primera atención, con el transcurso de las horas y ante el agravamiento del cuadro producido, es dable observar -como ya lo ha hecho el sentenciante de grado- que la accionante no continuó su tratamiento en el mismo nosocomio, aún cuando allí era donde se encontraban los antecedentes documentales de la primera atención (sobre la relevancia de la decisión del paciente, cfr. esta Sala in re “Romano, Edit Mabel c/ Maenza, María Marta s/ Ds. y Ps.”, Expte. n° 38.942/1996, del 07/5/2.009).

La accionante decidió requerir una atención médica diferente, a “Vittal Socorro Médico Privado S.A.”, y es así como intervinieron sucesivamente los codemandados Dres. Débora Tisker (el 19 de Febrero) y Ariel Cotignola (ya el día 20), que la visitaron a domicilio y le recetaron medicamentos diferentes como Klosidol, laxantes, y dieta líquida.

La primera diagnosticó de manera presuntiva un traumatismo abdominal cerrado y el segundo traumatismo de abdomen y extremidades (ver detalle según líbelo de inicio a fs.425 vta./431), y en su defensa se limitan a señalar que tal medicación resultó adecuada pues “se acostumbra a prescribir a los pacientes que presentan los síntomas que exhibía la Sra. M.” (ver fs. 430 vta.).

Coincido con el sentenciante de grado en que ha sido allí donde se manifestó la mala práctica médica que apareja la consecuente responsabilidad civil, pues en sedas oportunidades no fueron realizados nuevos estudios a partir de los cuales poder contar con un diagnóstico actualizado, por así sugerirlo la persistencia y agravamiento del cuadro (ver fs. 835).

Sobre este último punto, cabe tener por probado que el suministro de A.lgésicos a una paciente como la Sra. M. resulta imprudente y, por tanto, resulta demostrativo de culpa profesional, pues de tal manera solamente se ataca al dolor, es decir, al “efecto”, y no a su “causa”, pues se lo oculta o enmascara, siendo el dolor un “signo capital” que permite seguir y valorar el cuadro; agregó que se trata de un “.signo que fue ABOLIDO POR LA MEDICACIóN A.LGéSICA OPIOIDE que le fue indicada” (sic) (informe pericial a fs. 833 vta.).

En tal sentido, el galeno fue terminante al concluir que existe una “Regla de oro: No administrar A.lgésicos antes de tener una orientación diagnóstica y formular un planteo terapéutico” (sic) (fs. 837 vta.).

3.6.- Así las cosas, en función de lo expuesto, las circunstancias de hecho relatadas en el orden cronológico indicado, no está probado que la oportuna detección del cuadro correcto (“peritonitis por perforación”) hubiera efectivamente modificado las secuelas finalmente sufridas por la actora.

En efecto, recuerdo que la pérdida de la posibilidad de curación (chance) sólo adquiere entidad y por tanto es indemnizable, si se verifica una conducta imputable por el hecho de no proporcionarse el tratamiento adecuado que podría haber curado con alguna probabilidad, frustrándose de modo cierto esa posibilidad (esta Sala in re “Benítez, Angel Valerio c/ Socorro Médico Privado y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 94.075/2.009, del 21/12/2017; ídem, “Romero, Alicia Mabel c/ S.P.M. Sistema de Protección Médica S.A. y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 83.819/2.006, del 25/8/2015; Sum. N° 169, Causa N° J83605, del 28/07/1989, Micro Isis; Humphreys, Ethel, Tanzi, Silvia., Papillú, Juan María “La causa próxima y la causa adecuada en la responsabilidad médica”, en LL 2004-B- 686).

3.7.- Coincido con el juez de grado en que a diferente solución cabe arribar en torno al padecimiento “espiritual” ocasionado a la Sra. M., nocimiento que fuera admitido por la suma de $125.000 y que también propicio confirmar (art. 165 CPCCN).

En efecto, el art. 522 del Cód. Civil prescribe que “en los casos de indemnizaciones por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”, extremos fácticos que es tarea del juez ponderar en cada caso.

Si bien una interpretación literal de la norma transcripta indicaría que la reparación del daño moral ocasionado en razón del incumplimiento contractual es facultativa del juez -y así lo entiende parte de la doctrina-, la tendencia en los últimos años revela que, en rigor, no corresponde practicar diferenciación respecto al daño moral de génesis aquiliA.

La dualidad de regulación del daño moral según su fuente contractual (art. 522 Código Civil) es técnicamente objetable y no se compadece con el carácter unitario que asume el fenómeno resarcitorio (ver esta Sala in re “Dolce, Gianpaolo c/ Grinberg, Matías s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 32.113/2.008, del 17/3/2.011; ídem, “Pekerle, Alejandra c/ Birriel, Luis s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 34.502/2.007, del 31/8/2.010; ídem, “Bovenzo, Ariel Pablo c/ Avenida Córdoba 4867 S.A. s/ Escrituración”, Expte.n° 49.268/2004, del 28/6/2007, entre otros; ídem, Sala D,”Scarpato, Osvaldo c/ Asbun Rojas, Salvador s/ Ds. y Ps.”, Expte. Libre n° 100.333/96, del 22/08/05, entre muchos otros).

Según Daniel Pizarro -quien ha estudiado con particular profundidad el tópico en análisis- y Matilde Zavala de Gonzalez (entre otros), sea el daño moral de origen contractual o aquiliano, acreditada su existencia y siempre que medie petición de parte, el juez deberá ordenar su reparación (Pizarro, “Daño moral contractual”, JA 1986-IV-923; Zavala de González, Código Civil y normas complementarias, Editorial Hammurabi, t. 2A, pág. 233).

La doctrina moderna casi unánime y los últimos proyectos de reforma del Código Civil propician una amplia indemnización del daño moral contractual, ya que el nudo de la responsabilidad radica en el “daño injusto” y no en la índole de la obligación violada. Esta es, cabe subrayar especialmente, la línea seguida por el nuevo CCyCom en sus arts. 1736/1737 y que se apoya en la tendencia unificadora de los ámbitos del deber de responder que se desprende claramente del art. 1714.

3.8.- En su mérito, y por las extensas razones desarrolladas ut supra, este perjuicio resulta imputable a la mala práctica profesional de los médicos codemandados Tisker y Cotignola que atendieron a la accionante en su domicilio, allí radica su responsabilidad con el alcance ya dispuesto, marco de resarcibilidad que se adecua al art. 901 y ccds. del Código Civil; y por tanto (desde luego), también alcanza a “Socorro Médico Privado”, a la “OSPJN”, y a las aseguradoras en la medida de la cobertura extendida en los términos del art.118 de la ley 17.418.

Como adelantara, al ponderar que la actora tenía 63 años de edad a la fecha del evento, considero que la suma estipulada resulta ajustada a derecho, y lo propio acontece con la tasa de interés activa determinada pues en el sub examine su aplicación a dicho capital no importa alteración del “significado económico” del monto de condena ni -por tanto- configura un enriquecimiento indebido (esta Sala in re “Vallejos Maldonado, José Joaquín c/ Fontanet, Marcelo Enrique y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 105.804/ 2.009, del 20/3/2.018; ídem, “Sepulveda, Sandra c/ Geber, Miguel s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 54.939/2.007, del 08/6/2.017; ídem, “Ruiz, Fernando c/ Bellotto, Luciano s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 22.052/2.014, del 24/112.016; ídem, “Vallejo, Dalio Simón y otro c/ Tecnipisos S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 36.555/2.012, del 05/11/2.015; ídem, “Vallejo, Dalio Simón c/ Tecnipisos S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 36.555/2.012, del 05/11/2.015; idem, “Gutiérrez, Luis c/ Luciani, Daniela C. s/ Ds. y Ps.”, Expte. No 69.941/2005, del 10/8/2010, entre otros).

4.1.- En materia de costas, los codemandados Biondini, Corporación Médica y Sancor cuestionan su imposición por su orden a pesar del rechazo de demanda a su respecto.

4.2.- Sin perjuicio de la solución arribada en la materia sustantiva, lo cierto es que como surge del desarrollo de los anteriores acápites, lo que ha sido objeto de debate en autos constituye una temática particularmente dificultosa, me refiero en concreto a la complejidad de la actividad probatoria en torno al aporte causal y culpabilístico comprometido por los diferentes médicos e institutos involucrados en la curación de la Sra. F. M., extremo que en definitiva me persuade a proponer confirmar lo resuelto sobre las costas del proceso con basamento en el art. 68, 2° párrafo del CPCCN (cfr.”Gómez, Claudia ViviA. c/ Hospital Italiano de Buenos Aires y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 77.016/2.013, del 11/9/2.017; ídem, “Aquila, Ema Luisa c/ Pero, Jorge Alberto s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 42.799/2.001, del 01/10/2013, entre otros).

5.- En suma, por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para: a) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio; b) Imponer las costas de Alzada a los apelantes vencidos (art. 68 CPCCN).

La Dra. Marta del Rosario Mattera adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2018.

Y VISTOS:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio; b) Imponer las costas de Alzada a los apelantes vencidos (art. 68 CPCCN).

Para conocer los honorarios regulados en la sentencia a fs. 1742 y vta. y apelados a fs. 1757, fs. 1761, fs. 1762, fs. 1765, fs. 1766, fs. 1768, fs. 1770, fs. 1773 y fs. 1788.

En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y ccds. de la ley 21.839, se reducen los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes por su actuación en la primera instancia, a la suma de pesos.($.) para la apoderada de la actora, Dra. M. I. T., a la suma de pesos.($.) para los apoderados de Sancor Dres. F. C. T. y C. M. C. (en conjunto y partes iguales), a la de pesos.($.) para los apoderados de Corporación Médica Dres. C. M. y N. N. P. (en conjunto y partes iguales), a la de pesos.($.) para los apoderados de Biondini Dres. O. A. L. y P. O. B.(en conjunto y partes iguales), y se confirman los restantes regulados por resultar ajustados a derecho.

Asimismo, por ser adecuados, se confirman los honorarios regulados a los peritos y a la consultora técnica intervinientes (art. 478 CPCCN), y a igual solución se arriba respecto de los honorarios fijados a favor de los mediadores (cfr. art. 21 inc. 3° y art. 23 decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573, y la modificatoria por el art. 4° del Decreto 1465/07 y Decreto N° 2536/2.015).

En relación a la labor profesional desempeñada a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.423, atento lo dispuesto en el art. 22 de dicha norma, se difiere su regulación hasta que exista liquidación aprobada en autos.

La Dra. Patricia Barbieri dijo:

Tal como se ha sostenido reiteradamente a mi entender la nueva ley de aranceles 27.423 resulta aplicable a partir de su entrada en vigencia a todas las regulaciones de honorarios que no se encuentren firmes, independientemente de la época en que los profesionales realizaron los trabajos (conf. Doctrina “in re” “Pagliaro, Claudia Alicia c/Banco Comafi S.A. y otros s/ daños y perjuicios” Sala D, 21/3/18, entre otros), por lo que corresponde proceder a la regulación a la luz de la nueva normativa, más en atención a existir mayoría de mis colegas respecto a este tema resulta innecesario abundar en mayores consideraciones.

Así mi voto Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.