Editorial es responsable por divulgar datos sobre el estado de salud de un preso junto con su fotografía

Partes: O. M. P. c/ Editorial S.S.A. (Diario Crónica) s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 5-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-112521-AR | MJJ112521 | MJJ112521

Responsabilidad de la editorial por divulgar datos sobre el estado de salud de un preso junto con su fotografía. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la editorial demandada en los términos del art. 1109 CC. por los daños que causó la divulgación de la enfermedad del actor, pues luce manifiesto el comportamiento negligente que tuvo al no haber exigido el consentimiento para dar a conocer la enfermedad que padecía, HIV positivo y ceguera, en una nota en la que, además, salió publicada con una fotografía del requirente.

2.-El comportamiento pasivo asumido por la editorial demandada respecto de la divulgación de la enfermedad del actor, junto con una fotografía, importó al menos una ligereza inexcusable que por aplicación del art. 1109 del CC. la hace responsable de los daños que le provocó.

3.-El hecho de que una persona padezca o no SIDA pertenece a la esfera de su intimidad, es ajeno al interés público y en modo alguno es susceptible de ser divulgado por un medio de comunicación, aún si el sujeto estuviere sometido a proceso penal, en tanto es un aspecto que no guarda relación con el acaecimiento objeto de la investigación policial, que es el que atañe al interés de la comunidad (art. 19 CN., art. 11, inc. 2 Convención Americana de Derechos Humanos y art. 1071 bis CC..).

4.-Aunque no cause ningún gravamen a la privacidad, honor o reputación del afectado, la simple exhibición no consentida de la imagen afecta el derecho que se intenta proteger por medio de la norma legal en examen y genera, por si sola, un daño moral representado por el disgusto de ver avasallada la propia personalidad.

5.-Corresponde confirmar el quantum fijado para resarcir el daño moral toda vez que luce indudable que anímicamente debe haber causado en el actor el hecho de que su enfermedad y la situación de su salud tomara estado público.

6.-Se confirma el rechazo del rubro lucro cesante y pérdida de la chance toda vez que el actor logró esforzarse y tener un título universitario estando penado por un acto delictivo que cometió y más allá de que le sea dificultoso ejercer como abogado por su discapacidad visual, todo ello no es responsabilidad de la demandada.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de julio de dos mil dieciocho reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala “E” para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “O.M.P. C/ EDITORIAL S. S.A. (DIARIO CRÓNICA) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs. 181/190 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada es arreglada a derecho? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. DUPUIS. RACIMO. GALMARINI. A la cuestión planteada el Dr. Dupuis dijo:

I. La sentencia de fs.181/90 hizo lugar a la demanda promovida por M.P.O. y condenó a Editorial S. S.A. a abonarle la suma de $120.000, con más sus intereses y las costas del juicio. Impuso las costas del juicio a la vencida.

De dicho pronunciamiento se agravian ambas partes. El actor, quien se queja del “quantum” indemnizatorio concedido en concepto de incapacidad psíquica y daño moral que considera reducido y por el rechazo del lucro cesante o pérdida de la chance por él reclamada. La demandada lo hace por la atribución de responsabilidad por los daños que generó la publicación de la noticia acerca del estado de salud del actor y sus condiciones de detención, subsidiariamente también critica los montos concedidos por considerarlos elevados. Analizaré en primer término lo relativo a la responsabilidad atribuída.

II. El Sr.O.inicia la demanda reclamando los daños que dice haber sufrido a raíz de que recibió la visita de “una persona que se identifica como periodista del diario Crónica” en ocasión en la que se “encontraba internado en el Hospital San Roque de Gonnet, Partido de La Plata”. Admite que en esa oportunidad “le brindó toda la información requerida sobre su situación procesal”. Según él mismo afirma, tuvo una conversación sabiendo que su interlocutor era periodista y le relató acerca de la situación que lo mantenía en conflicto con el Servicio Penitenciario y el Departamento Judicial de Morón. Pero no autorizó la difusión de su estado de salud ni su fotografía. La versión de la editorial demandada difiere de este relato ya que en su contestación afirmó que nunca tuvo contacto conO. y que la información le habría llegado a través de terceras personas y que publicó la nota con un fin humanitario más que informativo. El conflicto aquí radica en establecer si existió invasión a los límites de la intimidad y privacidad del actor. Esta Sala en un fallo en el que mi estimado colega el Dr. Racimo encabezó la votación (esta Sala en c. 500.112 del 7/11/2008), al analizar los requisitos necesarios para que se tenga por configurada la responsabilidad de la editorial en los casos como el presente, sostuvo que tratándose de casos relativos a la violación de la intimidad por los medios de prensa (citando además el voto del Dr. Calatayud en la c. 262.944 del 36-99) -en el ámbito del análisis del nivel de lo estrictamente legal-, el art.1071 bis del Código Civil dispone que el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres y sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez de acuerdo con las circunstancias; además podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuere procedente para una adecuada reparación. Asimismo, este Tribunal también ha señalado -en la c. 437.744 del 23-11-05 pub. en ED del 15-5-06 fallo 54.013; voto del Dr. Calatayud en c. 353.768 del 25/10/2002- que son requisitos para que resulte configurado el acto lesivo de la intimidad los siguientes: a) que exista un entrometimiento en la vida ajena, esto es, que el agente ejercite un acto que interfiera en el ámbito privado de otro; b) que dicha intromisión resulte arbitraria, en el sentido que no se encuentre justificada por algún fin superior; c) que perturbe la intimidad del sujeto interferido, para lo cual la citada disposición legal contiene algunos ejemplos (publicación de retratos, difusión de correspondencia, etc.), pero cuya enunciación no es de ninguna manera taxativa, sino meramente ilustrativa; y, por último, un recaudo negativo: d) que el acto lesivo no constituya un delito penal, pues si lo configura entrarían a funcionar los principios ordinarios de la responsabilidad civil (Llambías, Código Civil Anotado, t. II-B, pág. 310, nos. 6 a 10; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, T. 5, pág. 78 nos.10 y 11). Para examinar este caso he de tener particularmente en cuenta que la norma invocada requiere, como presupuesto para admitir la responsabilidad de los medios de prensa, que esta intromisión sea arbitraria o ilegal, exigencia que también es contemplada, desde una u otra forma, en el art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el art 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art. 16.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño particularmente aplicable al presente caso. En este caso y analizando las pruebas colectadas, de la testimonial surge claramente -a mi entender- que la Editorial no tomó todas las prevenciones necesarias a fin de evitar la configuración de los requisitos descriptos. Según los dichos del propio Sr. Ricardo Leiva (quien aparece en la documental obrante a fs.3 como autor de la nota en cuestión y que mantiene una relación laboral con la demandada desde el año 1977), “llegaron al diario unas personas que pertenecen a una ONG, para pedir una nota por un interno que se encontraba internado en un hospital que depende de una unidad penitenciaria.y pidieron una nota para solicitar un traslado a otro centro de salud, dado que allí, según ellos, no había elementos y no tenía garantías de curación. Esta gente adjuntó a esos datos, trajo una fotografía y consultada en la mesa de redacción se hizo la nota, siempre de acuerdo lo que decían estas terceras personas. La nota se publicó solamente para dar a conocer textual lo que decía esta gente, en relación a los problemas que tenía el interno”. Preguntado para que identifique a “esas personas” y la ONG que representaban, contestó que “una abogada llamada N. C. y el Sr. S.D., no recuerdo el apellido”.

Y la ONG era “los amigos del silencio, algo así”. Afirmó que en este tipo de notas no se hace un control estricto de la nota que se va a publicar porque “se confía en la buena fe de las personas”. Preguntado acerca de la existencia de una autorización escrita por parte deO. para la publicación de la nota contestó que “Ellos (los que concurrieron a la redacción) trajeron un texto, donde el Sr.O. solicitaba ayuda, primero a la ONG y por extensión nos dio a conocer el problema y lo expuso en la redacción. Preguntado acerca de si tenían en su poder la nota a la que hizo referencia contestó que “no la tenemos nosotros pero seguramente estará en la documentación que tiene la ONG”. De esta declaración queda manifiesto el comportamiento negligente que tuvo la editorial demandada al no haber exigido el consentimiento del actor para dar a conocer la enfermedad que padecía -HIV positivo y ceguera- en una nota en la que también salió publicada una fotografía de este último. Ello importó al menos una ligereza inexcusable que por aplicación del art. 1109 del Código Civil la hace responsable de los daños que la divulgación de la enfermedad provocó en aquél. Así también lo valoró la Sala “F” con voto en primer término del Dr. Galmarini -quien ahora integra esta Sala interinamente en la vocalía n°15-, en un caso análogo al presente, en el que afirmó que “el hecho de que una persona padezca o no SIDA pertenece a la esfera de su intimidad, es ajeno al interés público y en modo alguno es susceptible de ser divulgado por un medio de comunicación, aún si el sujeto estuviere sometido a proceso penal, en tanto es un aspecto que no guarda relación con el acaecimiento objeto de la investigación policial, que es el que atañe al interés de la comunidad.Desde ya no puedo dejar de señalar que nuestro ordenamiento jurídico consagra el derecho a preservar la intimidad y la privacidad de los individuos. Este principio aparece amparado por el art. 19 de la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 11, inc. 2°), y en un segundo plano por el art. 1071 bis del Código Civil. Aunque, con cita de Alterini (Ameal y López Cabana), en un caso fallado en la Sala C he recordado que de conformidad con el primer párrafo del art. 1071 del Código Civil “El ejercicio regular de un derecho propio.no puede constituir como ilícito ningún acto”. Pero nada obsta a que la realización de un acto lícito pueda causar un daño. Otra es la cuestión de si ese daño causado por un acto lícito genera responsabilidad, pero el daño en sí no torna ilícito o ilegítimo al acto. También remarqué que debe distinguirse el concepto de daño como fenómeno fáctico, del daño jurídico, el cual se configura sólo cuando se presentan determinados requisitos que tornan reparable el perjuicio (CNCiv., Sala C, Septiembre 22/1998, “Andrade Arregui, Pedro c. García, Lorena”, JA, 1991-I, 197, y doctrina allí citada). Matilde Zavala de González destaca que “.no existe un ‘derecho’ para lesionar el honor o la intimidad a través de la prensa, sino un derecho para informar u opinar sobre cuestiones de trascendencia colectiva, aunque de este modo resulten afectados aquellos bienes individuales, en cuanto sea indispensable para alcanzar ese resultado”; y agrega que “.el desenvolvimiento de la función específica de la prensa no roza ni debe rozar los intereses individuales, sino en virtud de su conexión y subordinación a otros sociales y prioritarios”” (en su trabajo titulado: “La libertad de prensa frente a la protección de la integridad espiritual de la persona”, J.A. 1982-II-783, conf. por todo voto del Dr. Galmarini en C.N.Civil, Sala F, “V., M. L. c. E. A.S.A.” del 30/09/2009 Cita Online: AR/JUR/36235/2009).

Y también esta Sala a través del voto en primer término del Dr. Calatayud en la causa caratulada “Carrizo José Oscar c/ Editorial Atlántida S.A. s/ daños y perjuicios”, publicada en J.A. 1988-II-167, ha dicho que se ha definido el derecho a la imagen como la facultad que tiene toda persona de impedir que se reproduzca su propia imagen por cualquier medio que sea, por personas o medios a quienes no haya otorgado autorización expresa o tácita a dicho efecto (conf. Carbonnier, Derecho Civil, t. I nº 70 pág. 313, citado por Rivera, Derecho a la intimidad, en L.L. 1980-D-916).

Cabe señalar, continúa el Dr. Calatayud diciendo, que el derecho a la imagen no se identifica con otros derechos personalísimos, tales como el honor o la intimidad, ya que aquél puede verse lesionado sin que sean afectados estos últimos -tal el caso de la modelo que ha autorizado la toma de su fotografía, pero no su utilización para publicitar un producto determinado- (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyues complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 81 y sus citas; Cifuentes, Los derechos personalísimos, pág. 315 y ss. y El derecho a la imagen, en E.D. 40-670; Zavala de González, Resarcimiento de daños, t. 2d, Daños a las personas [Integridad espiritual y social], págs. 171/73 nº 59; CNCiv. Sala “C”, causa 4l.999 del 2-5-89 y sus citas).

Vale decir que, aunque no cause ningún gravamen a la privacidad, honor o reputación del afectado, la simple exhibición no consentida de la imagen afecta el derecho que se intenta proteger por medio de la norma legal en examen y genera, por si sola, un daño moral representado por el disgusto de ver avasallada la propia personalidad (conf. CNCiv. Sala “C” en E.D. 99-713; Sala “D” en L.L.1994-D-147, con nota de Villalba, La investigación científica y el respeto a la personalidad). Ello sin perjuicio de que, en ciertos casos, la obtención o la difusión de la imagen, sin conformidad del interesado, pueda importar al mismo tiempo una ofensa a su honor o intimidad (conf. Zavala de González, op. y loc. cits.; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits.). También como lo recordara mi apreciado colega Dr. Racimo (ver autos “Werner Graciela Cristina c/ Pensado para Televisión S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, causa 533.996 del 5-10-09), la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó que el legislador ha prohibido -como regla- la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho a ella, que sólo cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer sobre aquel derecho (ver Fallos, 311:1171). “Dicho interés general -puntualizó- ha sido explicitado por Gelli como aquel concerniente a la difusión de actos gubernamentales, de los relacionados con ellos, de los grupos de intereses social o económico que influyen en las relaciones sociales, las cuestiones que afectan a la comunidad o a sectores de ella (“Constitución de la Nación Argentina, Comentada y concordada”, 4ª ed. Buenos Aires, 2008, t. I pág. 360). Se impone así en cabeza de todo medio difusor de la imagen de una persona demostrar -ante el agravio invocado por el retratado- que el caso se incluye dentro de las excepciones previstas en la norma legal o que, eventualmente, se ha procurado mediante su difusión el conocimiento de un hecho de interés público. Debe haber relación directa entre la imagen de la persona, el hecho de interés público y el derecho de la comunidad a ser informada (Carlos A. Villalba y Delia Lipszyc, Protección de la propia imagen, L.L. 1980-C, 824 punto III y en similar sentido Corte de Casación Francesa, Cám. Civ. 1ª del 5-7-06 y Cám. Civ.2ª del 4-11-04 y 25-11-04). De este modo la obtención de la imagen en un lugar público es lícita si se la emplea para ilustrar una nota de interés público, o una nota en la cual se describen hechos desarrollados en público, sin tergiversar las circunstancias que determinaron el registro de la imagen. En tales supuestos el consentimiento de la persona fotografiada o filmada no es necesario (Gregorio Badeni, “Tratado de Libertad de Prensa”, Buenos Aires, 2002, pág. 785)”. En este caso, no sólo considero que no sucede lo descripto ut supra, sino que además la demandada asumió un comportamiento pasivo en lo que a la prueba se refiere y que ello no contribuyó a dilucidar la forma en que ocurrieron realmente los hechos. Eso hubiera servido a fin de probar lo que adujo la Editorial en su contestación de demanda y que habría consistido en la conformidad por parte del aquí actor con la publicación a fin de verse apoyado en su petición. Pero, no logró la declaración de las personas que mencionó Leiva y que había ofrecido como testigos. Tampoco el oficio a la ONG que según ellos representaban. Es más, fue declarada negligente por no instar las referidas declaraciones ni haber impulsado el cumplimiento de la informativa (conf. fs.171). Todo ello me lleva a propiciar que se confirme la sentencia de la anterior instancia en lo que a la responsabilidad se refiere.

II.En cuanto a los daños, ambas partes se quejan por el monto concedido por incapacidad psíquica, que el actor considera reducido y la demandada elevado.

A los fines de establecer la indemnización por incapacidad, tiene dicho la Sala que debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil de la víctima, también es preciso meritar la disminución de sus posibilidades, su edad, cultura, estado físico, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación (conf. mis votos en L. 34.743 del l0/3/88; ídem, n° 44.825 del 3/5/89; ídem, íd, c.nº 6l.742 del 27/2/90; ídem, íd., l07.380 del 23/4/92, entre varios otros), aunque sin atenerse a pautas matemáticas (ver, entre otras, causa mencionada nº 6l.742; ídem, c.l06.654 del l4/4/92, etc.).

En el informe de fs. 138/143 afirma el experto que el estado psíquico del examinado reconoce variadas causas y que en las presentes se reclama únicamente por una de ellas. Detalla que el estado mental del actor es oscilante, hay varias causas unas simultáneas y otras sucesivas. Y al haber concausas (como en este caso) afirma que es imposible establecer un porcentaje exacto de atribución de cada concausa. El actor ha sufrido sucesivas situaciones traumáticas que dieron lugar a respuestas psicológicas acordes a la índole de la injuria. Por la sumatoria y cronicidad de éstas, han desembocado en un desarrollo vivencial anormal del tipo de la depresión neurótica, de grado III, ocasionando una disminución de los rendimientos psíquicos del orden del 40%. Y de ello puede estimarse aproximadamente (y resalta aproximadamente) en un 50% como secuelas de la causal directa por la difusión de la notícia publicada.En base a esta descripción estaríamos en un porcentaje de incapacidad del 20%. Esta pericia tampoco fue impugnada por la demandada.

Es criterio de la Sala que los cálculos porcentuales de incapacidad establecidos pericialmente no vinculan al juzgador, constituyendo una referencia a considerar (ver causas nºll4.450 y ll4.45l del 7-9-92 y ll4.858 del 30-9-92, con voto del Dr. Mirás, entre otros), debiendo aquél pronunciarse sobre la incidencia en la vida de relación de la víctima de las dolencias verificadas por el profesional y, a partir de estas comprobaciones, fijar la cuantía resarcitoria por este rubro (conf.votos del Dr. Mirás en c.ll3.8l6 del 28-8-92 y ll4.858 del 30-9-92,entre otros).

En base a tales pautas, situaciones preexistentes del actor tanto en su salud física como en su vida de relación y el resultado de sus propias elecciones en la vida; edad a la época del evento dañoso (30 años), incidencia de la incapacidad en su vida de relación que ya fue descripta; nivel socio-económico de la víctima que es de presumir y que cobraba una pensión por su discapacidad visual; la circunstancia de que el resarcimiento no contempla únicamente el aspecto laboral, sino la totalidad de los del ser humano y la incidencia que la incapacidad habrá de tener en ellos (ver L.6l.-903, con voto del Dr. Mirás, del l2/3/90; L. nº45,086 del l0/5/-89, con voto del Dr. Calatayud; mi voto en L.45.623 del 22/5/89, entre varias otras) y teniendo en cuenta que en su situación actual -según él mismo lo relató al perito- esta incapacidad no impidió algún avance en cuanto a que tendría un trabajo estable en el Patronato de Liberados (ver fs.139 vta.) situación esperanzadora para quien es abogado y pudo recibirse estando alojado en una unidad penitenciaria detenido, por todo ello es que habré de propiciar que se confirme el importe resarcitorio fijado computados a valores actuales, por considerarlo equitativo (art. 165 del Código Procesal).

III. El actor en sus agravios por el monto concedido para indemnizar el daño moral sufrido, como así también al quejarse por el rechazo a la “pérdida de la chance”, introduce un reclamo por la pérdida del “proyecto de vida” citando jurisprudencia. Surge de la lectura de la demanda de fs. 5/8 que este punto no fue incluido en los daños allí reclamados por lo que no habré de analizarlo ya que de hacerlo estaría incurriendo en “extra petita”. En cuanto al daño moral, del que también se quejan ambas partes, esta Sala ha dicho que lo constituye toda lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados -que no es el caso de autos-; en fin, la perturbación, de una manera u otra, de la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. esta Sala, cc.124.140 del 16 11-94 y 161.002 del 8-2-95; Sala D en E.D. 61-779 y 69-377; Sala F en E.D. 42-311 y 53-350; Sala G en E.D.100-300).

La vulneración del derecho a la intimidad se instala justamente en este género de afecciones, perturbando la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, razón por la cual nada necesita agregar el actor para demostrar la configuración de este perjuicio, que surge in re ipsa de la acción antijurídica (conf., entre muchas otras, esta Sala en c. 384.020 del 23/02/2004, cc. publs. en E.D. 107-434 y 126-449, votos del Dr. Mirás; íd. c.287.913, voto del Dr.Lloveras, del 21-9-83 y citas doctrinales ahí formuladas).

Para fijar la cuantía del agravio moral, numerosos precedentes de la Sala han señalado que corresponde considerar, entre otras circunstancias, la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y las de la víctima, así como la extensión de los daños materiales, si existieren, factores todos que quedan librados a la prudente apreciación judicial (conf. mis votos en c. 49.115 del 10-8-89, c.592.810 del 4/05/2012, expte.82.652/2010 del 12/07/2017 entre muchos otros, voto del Dr. Calatayud en c. 61.197 del 5-2-90, c. 597.444 del 14/06/2012; votos del Dr. Mirás en las cc. 59.284 del 21-2-90,61.903 del 12-3-90, voto del Dr. Racimo en Expte. 24126/2011 del 12/07/2017; entre muchos otros). En base a tales pautas y tal como lo expuso el a quo todo lo que anímicamente debe haber causado en el actor el hecho de que su enfermedad y la situación de su salud tomara estado público habré de propiciar que se confirme el monto concedido (art. 165 Cód. Procesal).

IV. En cuanto al rechazo del reclamo efectuado por lucro cesante y pérdida de la chance, es criterio de la Sala que para establecer este género de indemnizaciones no cabe aplicar pautas matemáticas, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa (conf. esta Sala en c. 114.858 del 30-9-92 y citas ahí formuladas, mis votos en cc.61.742 del 27-2-90, 106.654 del 14-4-92 y 45.012 del 7-7-89, 624.665 del 16/09/2013 voto del Dr. Mirás en c. 56.566 del 28-2-90; voto del Dr.Racimo en c.522.340 del 6/05/2009 entre muchos otros).

Por tanto, para evaluar esas circunstancias cabe puntualizar que en las presentes actuaciones el actor no trajo prueba alguna acerca de las posibilidades que perdió en cuanto a las referencias que hizo en su expresión de agravios y que consistían en posibilidades en cuanto a lo laboral y ofrecimientos que luego de la noticia no se habrían hecho efectivos. Tal como lo expliqué considero que el actor logró esforzarse y tener un título universitario estando penado por un acto delictivo que cometió y que más allá de que le sea dificultoso ejercer como abogado por su discapacidad visual, todo ello no es responsabilidad de la demandada.

De hecho lo ha demostrado desempeñándose en las presentes actuaciones como letrado en causa propia, por lo que no probó que lo ocurrido minore su potencial laboral ni le impida trabajar, ni que tampoco le haya impedido obtener un trabajo, el cual repito ahora tiene en el Patronato de Liberados según él mismo admitió, por lo que habré de propiciar se confirme lo decidido en la anterior instancia respecto a este punto.

V. En cuanto al pedido de sanciones por temeridad y malicia efectuado por la parte demandada, por temeridad debe entenderse la conducta de quien sabe o debe saber que no tiene motivo para litigar y, no obstante lo hace, abusando de la jurisdicción, y la malicia se configura por el empleo arbitrario del proceso o de actos procesales utilizando las facultades que la ley otorga a las partes en contraposición a los fines de la jurisdicción, obstruyendo o desplazando el curso del proceso (conf. mis votos en expte.14.767/2008 del 6/12/2012; c.101.171 del 29-11-91, 100.279 del 15-11-91, 93.870 del 9-8-91, 91.505 del 11-6-91,64.643 del 136-90, 26.673 del 2-4-87 y citas de Palacio, op. cit. , t. II, núm. 127 en pág.251, ap. c; Colombo, “Código Procesal.”, 4a. ed., t. I, pág.126; Morello y otros,”Códigos Procesales.”, t. II-A, 2ª ed., págs. 832/4, núm. 2; Fassi, “Código Procesal.”,t. I, págs. 94 y 95, núm. 176; etc.).

Y también es doctrina de la Sala, a partir de un meditado voto del Dr.Cichero, seguido en mi voto, que la sanción de temeridad o malicia ha de aplicarse con suma cautela para no afectar el derecho de defensa de las partes. De no ser así, se habría abierto una brecha peligrosa en la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio, que debe ser cuidadosamente preservada (conf. cc. 218.632 del 28-5 77, 220.709 del 31-10-77, 37.378 del 23-8-90 y 118.260 del 11-12-92; ídem Sala B en E.D. 91-414), por lo que en caso de duda razonable ha de estarse por la no aplicación de sanciones (conf. mis votos en 545.031 del 16/03/2010; c. 37.378 del 23-8-90 y sus menciones: Fassi-Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial Comentado”, t. I, pág. 324 y citas de la nota 16; Sala A en E.D. 73-406; Sala D en E.D. 107-637; Sala F en L.L. 1979-C 166; etc.; voto del Dr. Mirás en c.285.662 del 11-2-00; voto del Dr. Racimo en expte.50.518/09 del 16/04/2014). Por lo que aquí considero que no corresponde la aplicación se éstas sanciones atento a que en las presentes únicamente el actor ejerció su derecho a reclamar por los daños sufridos.

En suma, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse en su totalidad la sentencia apelada. Las costas de Alzada se impondrán a la demandada sustancialmente vencida (art.68 del Cód. Procesal).

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Racimo y Galmarini, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Dupuis votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.J.C.DUPUIS

J.L.GALMARINI

F.M.RACIMO

Buenos Aires, julio 5 de 2018.

VISTOS:

En virtud de lo que resulta de la votación de que ilustra el acuerdo que antecede, se confirma en su totalidad la sentencia apelada. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida. En cuanto a los honorarios, debe señalarse que en tanto las normas que organizan los procedimientos, tal el caso de autos, son de aplicación inmediata (conf. C.S.J.N., Fallos 319:1915 , disidencia del Dr. Fayt, 329:94 , entre otros), aun cuando los trabajos profesionales fueron desarrollados antes de la entrada en vigencia de la ley 27.423 (publicada el 22/12/17), los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios serán analizados aplicándose los parámetros previstos por la ley vigente en la actualidad.

II. En atención al monto de la condena, a la calidad, eficacia y extensión de la tarea de fs. 138/143, lo dispuesto por los arts. 21, 5° párrafo y 58, inc. d) de la ley citada, se confirma la regulación del médico R. E.R., por resultar alta y habérsela apelado solamente “por baja”.

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 30 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. M. P. O. en pesos.(15 UMA) y los del Dr. L. J. F. Almanza, letrado apoderado de la demandada, en pesos.(14 UMA). Notifíquese y devuélvase.

Disidencia parcial del Dr. José Luis Galmarini: Como integrante de la Sala “F” de esta Cámara he sostenido que las regulaciones de honorarios, se realizan de conformidad con la ley vigente al momento en que el trabajo profesional se efectuó. Con esta aclaración y toda vez que este tribunal por mayoría tiene un criterio diferente, resulta innecesario expedirme sobre las aquí practicadas.