La Corte Suprema de Justicia reafirma su doctrina en materia de tasas municipales y la necesidad de que se preste un servicio individualizado en un contribuyente

Autor: Vidal Quera, Gastón

Fecha: 7-ago-2018

Cita: MJ-DOC-13631-AR | MJD13631

Sumario:

I. Introducción. II. El fallo de la Corte Suprema: ratificación de su doctrina. III. Conclusión y comentario final.

Doctrina:

Por Gastón Vidal Quera (*)

I. INTRODUCCIÓN

En un reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja presentado y, por ende, procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en un tema de tasa de seguridad e higiene (1).

De acuerdo con los hechos del caso, la Suprema Corte Provincial había rechazado la demanda iniciada por una empresa que impugnaba una tasa municipal (de inspección de seguridad e higiene), en el entendimiento de que el municipio no le prestaba ningún servicio individualizado en cabeza del contribuyente, básicamente porque no contaba con un local habilitado en el Municipio, sino que prestaba servicios en locales de terceros, en concreto en el Correo Argentino. Los servicios que brindaba la actora (envío de dinero), lo eran por personal de una tercera empresa y no por ella, con un local o empleados propios.

En lo que al presente interesa, la Suprema Corte Provincial había sostenido la procedencia del cobro de la tasa, por considerar lo siguiente: «Recientemente, al emitir mi opinión en la causa “Esso Petrolera Argentina S. R. L.” (B. 65.396, sent. de 22-VI-2016), expresé que asuntos como el aquí analizado involucran las potestades que los municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen para dictar sus normas tributarias locales y el derecho que les asiste para exigir a sus contribuyentes el ingreso del producido consecuente a su aplicación. Por tal motivo, el análisis de las cuestiones debatidas en autos no puede desentenderse de lo dispuesto por la Constitución provincial, las leyes dictadas en su consecuencia y las ordenanzas municipales sancionadas en ejercicio de la autonomía municipal (conf. arts. 1 , 5 , 121 y 123 , Const. nac. y 1, Const. prov.).

En el derecho público de la provincia son «atribuciones inherentes al régimen municipal (.) la administración de los intereses y servicios locales (.) (arts. 190 y 191 , Const.prov.), confiriéndose a las municipalidades la potestad de dictar (.) ordenanzas y reglamentos (art. 192 inc. 6) que comprenden, entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc. 5 ); entre los que la Constitución incluye, expresamente, a los (.) impuestos o contribuciones de mejoras» (art. 193 inc. 2).

«La Ley Orgánica de las Municipalidades (Dec. Ley 6769/1958 con múltiples reformas) en sentido coincidente reconoce los poderes locales para crear «impuestos, tasas, derechos (.) contribuciones, consagrando un conjunto de normas que, al decir de esta Suprema Corte, no revisten el carácter de enunciados taxativos» (L.O.M., arts. 226 y 227; causa I. 1992, «Aguas Argentinas S. A.», sent. de 7-III-2005 y sus citas).

»De todo ello se sigue que, mientras el ejercicio del poder de policía local y la imposición de gravámenes por los servicios municipales prestados en tal marco, no importe una inconciliable contradicción, una “franca oposición” (C.S.J.N., Fallos 320:619) con aquellas otras atribuciones o poderes en cabeza del Estado provincial que recaigan sobre una misma actividad, no puede predicarse la interdicción absoluta de las pretensiones tributarias comunales (causa I. 1992, cit.; mi voto en causa B. 61.397, “Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos”, sent. de 8-VII-2008)».

De tal manera, la Suprema Corte Provincial avaló el cobro de la tasa de seguridad e higiene a la empresa actora, por considerar que, de alguna manera, recibía un servicio municipal.

II. EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA: RATIFICACIÓN DE SU DOCTRINA

El Alto Tribunal, en su resolución del 28 de junio de 2018, estimó que «las cuestiones debatidas encuentran adecuada respuesta en la doctrina que emana de la causa CSJ 715/2005 (.) “Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S. A.s/ ejecución fiscal”, sentencia del 26 de marzo de 2009, a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad».

En la citada causa, la Corte adhirió al dictamen de la señora procuradora fiscal que, en lo que al presente interesa, había resuelto que la sentencia resultaba arbitraria, en virtud de que «surge de las constancias de autos que la demandada esgrimió, desde el inicio, el contrato de comodato que había celebrado con el Banco de la Nación Argentina, por el cual este le cedió un espacio de su inmueble situado en Carlos Pellegrini 651 de la ciudad de Concordia, donde ubicó un escritorio desde el cual un promotor, también empleado de aquella institución financiera, brinda asistencias para afiliaciones, traspasos, tramitamientos, otorgamiento y pago de prestaciones y demás trámites (.). Con base en ello, denunció que ningún servicio concreto e individualizado pudo serle prestado, en los términos de la asentada doctrina de Fallos 312:1575, pues carece en el municipio de local o personal propio (.) de haberse brindado algún servicio, este habría sido recibido por el banco, quien es el titular de la propiedad del local a inspeccionar y quien se encuentra obligado a mantener el recinto en condiciones de seguridad e higiene». La procuradora destaca que este punto no fue atendido por el juez, atento que la Corte «ha calificado de inaceptable que el Estado pretenda el cobro de tasas por la existencia de dos actuaciones diferenciadas por el fin que persiguen, pero iguales en relación con la actividad material en que consisten, como sería, en el sub iudice, la comprobación de condiciones de seguridad e higiene de idéntico local y personal» (in re, «Massalin Particulares S. A. c/ Tierra del Fuego, Provincia s/ acción declarativa de inconstitucionalidad», sentencia del 21 de marzo de 2006).

Luego, con meridiana claridad, concluye, y corresponde que sea íntegramente citado:«. no escapa a mi análisis que el Municipio no ha alegado, ni mucho menos demostrado, haber dividido el pago de la tasa correspondiente a los servicios brindados al inmueble y al personal del Banco de la Nación entre este y la aquí ejecutada, en función de las prestaciones concretas e individualizadas que afirma haber efectuado a cada uno de ellos… la sentencia recurrida no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos de la causa, por lo que corresponde atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto».

Con claridad, la Corte ratificó su tradicional doctrina de la necesidad que para que exista una tasa, como especie tributaria, es necesario que se brinde un servicio individualizado en un contribuyente, situación ausente en el caso en que los servicios son prestados por un tercero, que es el titular del local y quien debe abonar por los servicios que recibe en materia de seguridad e higiene. El fallo es claro y contundente en materia de tasas municipales y su doctrina, y descarta aquellas situaciones en las cuales se esgrima que hay servicios que se prestan a sujetos que no cuentan con local ni oficina, ni reciban efectivamente los servicios por los cuales se le reclama la respectiva gabela.

III. CONCLUSIÓN Y COMENTARIO FINAL

Como comentario final, debe decirse que el fallo en comentario, cuya doctrina jurisprudencial es obligatoria para el resto de los tribunales, caso contrario estamos frente a una sentencia arbitraria, vuelve a reafirmar que las tasas requieren un servicio individualizado en un contribuyente para que puedan ser cobradas. Ello no puede tener lugar en aquellos casos en que los locales son de terceros, pese a que se presente alguna clase de servicios por empleados de ese sujeto (algo habitual en bancos, supermercados, «shoppings», etcétera), ya que el servicio de seguridad e higiene al que tiene derecho cobrar legítimamente el municipio solamente lo puede abonar -o es exigible a- quien tiene local u oficina habilitada.

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(1) «Western Union Financial Services Argentina S. R. L. c/ Municipalidad de Merlo s/ demanda contencioso administrativa», del 28 de junio de 2018.

(*) Abogado, UBA. Carrera de Especialización en Derecho Tributario, UBA. Docente a cargo del curso de verano, curso de invierno y curso regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, UBA. Docente en la carrera de posgrado de especialización en Procedimiento Tributario y Previsional, CPBA. Adjunto de Derecho tributario, cátedra O’Donnell, UCES. Matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, el Colegio de Abogados de San Isidro y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Escribió artículos sobre temas tributarios y constitucionales para publicaciones jurídicas. Coautor de «Régimen tributario argentino», editado por Lexis Nexis.