Procesamiento de quien adquiría bienes con el dinero que su pareja obtenía por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Partes: Legajo No 56 – Imputado: S. G. D. y otros s/ legajo de apelación

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: DE FERIA

Fecha: 25-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110877-AR | MJJ110877 | MJJ110877

Procesamiento por lavado de activos de quien adquiría bienes con el dinero que su pareja obtenía del narcotráfico.

Sumario:

1.-Corresponde procesar a la imputada como partícipe necesaria del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, en tanto en su rol de interpósita persona de su pareja, participó necesariamente, en las operaciones que tuvieron como propósito aplicar las sumas dinerarias provenientes del tráfico de estupefacientes, destinadas a la adquisición de diversos bienes, y si bien no estaba vinculada a la organización encabezada por su pareja, su conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes, se deriva de que no podía desconocer la actividad llevada a cabo por la persona con la que convivía.

2.-Corresponde modificar la calificación legal del hecho investigado y recalificarlo como de lavado de activos, previsto y reprimido por el art. 303, párr. primero , del CPen., en calidad de coautores, pues se acreditó que uno de los imputados recibió dinero producto de la actividad ilícita de tráfico de estupefacientes y lo entregó al otro a fin de su transferencia al exterior para pagar al proveedor de la droga transportada.

3.-La conducta de los imputados debe ser encuadrada como constitutiva del delito de lavado de activos previsto en el art. 303 del CPen. ya que, conociendo la actividad ilícita llevaba a cabo por un tercero, se habrían limitado, en principio, a introducir en el mercado financiero, el producido de la actividad ilícita desarrollada por aquél y la organización que prima facie lideraba, con el objeto de que ese dinero fuese legitimado.

4.-Conforme con lo preceptuado en el art. 311 del CPPN., sólo es apelable el procesamiento, puesto que el dictado de la prisión preventiva es su consecuencia en virtud de la valoración que efectuara el juez de conformidad con los arts. 312 y 319 del mismo cuerpo legal, lo cual implica que la prisión preventiva queda sujeta a revisión mediante el trámite de la excarcelación instituido por el ordenamiento adjetivo.

Fallo:

San Martín, 25 de abril de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen estas actuaciones a estudio del Tribunal a raíz de los recursos de apelación interpuestos por las defensas, contra el auto del 4 de diciembre de 2017, que decretó los procesamientos y prisiones preventivas de G. D. S., A. G. S., C. D. M. M., G. E. R., S. S. D. y R. D. T., por considerarlos, prima facie, coautores de los delitos de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte, agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas en forma organizada, en concurso real con el de lavado de activos procedentes de aquel ilícito. Este último delito, reiterado en trece, seis, dos, una, cinco y cuatro oportunidades, respectivamente.

Además, se cauteló al primero por su calidad de organizador del delito de tráfico; a A. G. S. por el mismo delito, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización; y se agravó la conducta de lavado de dinero del último de los nombrados, por haber sido cometido en su condición de líder de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de tal naturaleza (Arts. 5, inc. “c”, 7, en función del 5, y 11, inc. “c”, ley 23.737; y Art. 303, incs. “1”, “2”, a) y “3”, Cód. Penal). También, a M. S. R., M. A. Z. P., F. A. S. y A. D. S., por considerarlos, prima facie, coautores del delito de tráfico de estupefacientes. Al primero en la modalidad de transporte, agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas en forma organizada; al segundo, por esa modalidad y, además, por la tenencia con fines de comercialización y, a los dos restantes, por esta última (Arts. 5, inc. “c” y 11, inc. “c”, ley 23.737).

A C. B. E. y Z. M. R., por considerarlas, prima facie, partícipes necesarias del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, reiterado en dos oportunidades (Art. 303, incs.”1″, “2”, a) y “3”, Cód. Penal).

Por último, respecto del monto del embargo impuesto a G. E. R., S. S. D. y R. D. T. y M. A. Z. P.

En la instancia, el señor Fiscal General no adhirió a las impugnaciones presentadas (Fs. 583), en tanto se celebró la audiencia conforme a las previsiones del Art. 454 del Código Procesal Penal de la Nación (Fs. 609/vta.).

II. Preliminarmente, en cuanto al agravio incorporado por las partes, respecto a la incompetencia de la magistrado de grado para entender en las presentes actuaciones, corresponde indicar que dicho planteo fue rechazado en el incidente respectivo y se encuentra firme al día de la fecha, por lo que no habrá de abordarse su tratamiento (Cfr. Fs. 663).

Respecto a la nulidad incoada, relativa a las declaraciones indagatorias recibidas en autos, corresponde remitirse a lo resuelto por el Tribunal en el día de la fecha, en el incidente respectivo.

III. En cuanto a la alegada arbitrariedad del pronunciamiento, no puede dejar de puntualizarse lo reiteradamente sostenido por el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en cuanto a que tal doctrina reviste un carácter excepcional y, por ende, sólo atiende a supuestos de desaciertos u omisiones cuya gravedad acarrea la descalificación de las sentencias como actos jurisdiccionales válidos (Fallos: 305:361 y 1163; 306:94, 262, 391, 430 y 1111; 307:74, 257, 437, 444, 514, 629 y 777; 312:246, 608, 888, 1859, 2017 y 2315; 321:3415 ; y 329:1787 , entre muchos), por lo que para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional, se debe demostrar que el error es tan grosero que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia (Fallos:330:4797 ).

Pues bien, entiende esta Alzada que no es admisible su invocación respecto de la decisión impugnada, toda vez que el asunto en revisión fue resuelto con fundamentos suficientes que bastan para sustentar el pronunciamiento como acto judicial y sin perjuicio de la mera discrepancia con tal interpretación.

En relación a la crítica relativa a que en el decisorio no se han sopesado debidamente los elementos colectados en el legajo, cabe señalar que la selección de las pruebas es facultad privativa del magistrado, quien puede optar por aquellas que, a su juicio, sean decisivas para fundar la solución que adopte, sin que esté obligado a referirse en forma indispensable a todos los elementos que se pongan a su consideración.

Así, puede descartar algunas y sustentarse en otras, siempre que con ellas arribe, con la convicción suficiente, a tener por acreditados los hechos y la responsabilidad preliminar de aquellas personas que se encuentran imputadas en la causa (Art. 199 del código de forma; Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 278:271, entre muchos).

Además, ha dicho el Tribunal que, partiendo especialmente de la premisa de que se está en una etapa del proceso donde no se requiere certeza, sino tan sólo convicción suficiente, debe tenerse presente que los indicios, aisladamente, configuran un hecho o circunstancia accesoria que adquiere relevancia al advertirse que tienen conexión con otros. Para analizar dicho vínculo habrá de valorarse la prueba indiciaria en forma general, ya que la incertidumbre que pueda caber mediante el análisis aislado de cada uno, podrá superarse a través de la evaluación conjunta (Cfr. Mittermaier, Karl Joseph, Tratado de la prueba en materia criminal, Pág. 448; Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal, Pág.195/6).

De igual modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aseveró que la eficacia de todas las presunciones, dependía de la valoración conjunta que se hiciera de ellas teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no de su tratamiento particular pues, por su misma naturaleza, cada una de ellas no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva, precisamente, de la pluralidad; y que resulta arbitraria la sentencia en la que el a quo analiza individualmente la fuerza probatoria de las presunciones alegadas, descartándolas progresivamente (Fallos: 300:928, y dictamen del Procurador General; este Tribunal, Sala I, Causa N° 1051/96, “Batagliese, Norma s/Dcia. por secuestro extorsivo”, Reg. N° 847, del 22/8/96; Causa N° 2758, “Paéz, Lidia Z. y otro s/Inf. ley 23.737”, Rta. el 18 de diciembre de 2003; Causa N° 7251, “Inzante, Andrea y otros s/Inf. ley 23.737”, Rta. el 15 de febrero de 2005; entre otras).

IV. Respecto a la queja introducida por las defensas de R. D. T. y de G. E. R., en cuanto a que se ha violado en el caso, el principio de congruencia que debe mediar entre el hecho imputado y la conducta atribuida en el auto de mérito, merece destacarse que, de su confrontación, se advierte que la plataforma fáctica por la cual se los intimara en el acto de indagatoria es congruente con aquélla que sirvió de base a la magistrada instructor para disponer sus procesamientos, cumpliéndose, de tal forma, con la exigencia que el principio de congruencia exige. Ello porque la debida congruencia debe recaer sobre el “hecho” que es aquél acontecimiento histórico que constituye el objeto del proceso penal.

Por ello, el agravio sobre el punto, no habrá de prosperar en la instancia.

V.Ahora bien, previo a analizar la situación procesal de los encausados, corresponde hacer un breve recuento de cómo se iniciaron las actuaciones, que reconocen su origen el 6 de febrero de 2014, con motivo de la información suministrada por la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmeria Nacional, dando cuenta de la existencia de una organización que se encontraría operando en la provincia de Buenos Aires, con conexiones en el norte del país y que se dedicaría a introducir en forma aérea la droga a la Argentina, para su posterior transporte terrestre a diferentes centros urbanos. Que el líder sería G. S.

Con motivo de ello, se ordenaron tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas, pudiéndose determinar que aquel poseería contactos en Paraguay, Bolivia y Perú, los cuales facilitarían la logística para poder transportar la sustancia estupefaciente, proviniendo de éste último país, pasando por Bolivia, para luego arribar a la República de Paraguay, en donde se produciría el reabastecimiento para luego continuar hasta este país y que el destino final sería la provincia de Buenos Aires (Fs. 3925/39).

Entendió la magistrada de grado, que la extrema complejidad, alcance y extension de la organización investigada, demandó la utilización de todos los recursos humanos y técnicos disponibles, para poder establecer la identidad de las personas que podrían estar relacionadas con el hecho.

Así, el testimonio aportado por quien ingresara al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, conforme las previsiones de la ley 25.764, permitió confirmar la sospecha inicial que existía sobre G. D.S., como líder de una organización dedicada al narcotráfico, así como también la ubicación de un campo en las afueras de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, en el que se había construído una pista clandestina para que aterrizaran los aviones.

Con motivo de ello, se incorporaron a estas actuaciones distintos expedientes de los Juzgados Federales de Dolores y Azul, vinculados al hallazgo de dos aviones marca CESSNA, modelo 210, siniestrados, uno en las afueras de la ciudad de General Belgrano y el otro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Rios.

También, se agregó la investigación preliminar N° 100031/2016, sustanciada por la Procuraduría de Narcocriminalidad en relación a un procedimiento llevado a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas de la República de Paraguay, respecto de los procedimientos llevados a cabo los días 9 de septiembre de 2016 y 25 de agosto de 2015.

En base a lo que surgía de estos expedientes, y demás elementos probatorios, consideró la magistrada de grado, la intervención de los encausados en hechos de tráfico de estupefacientes, demostrativos de la operativa ilícita desarrollada en forma habitual, coordinada y sistemática.

Así, se advierte que al analizar la materialidad de los s ucesos, incorporó dos hechos en los que no se incautó material estupefaciente, de fecha 11 de julio y 14 de diciembre de 2016 (Hechos 2 y 4), circunstancia que permite -a criterio de este Tribunal- su valoración únicamente en cuanto al modo en que la organización desarrollaba su actividad y al destino que -en nuestro país- tenía la sustancia.

Ambos casos refieren acerca de siniestros sufridos por aeronaves marca Cessna, modelo Centurión. Uno de ellos en cercanías de Colonia M., localidad de San Salvador, provincia de entre Ríos y el otro, en un camino rural en las afueras del campo San Jorge, emplazado en las cercanías del paraje Chaz, partido de General Belgrano.En el primero, se habría verificado la existencia en la memoria del GPS de la aeronave, diversos “tracks” y “waypoints”, a partir de los cuales se comprobaron las coordenadas de aterrizaje detectadas en vuelos realizados el 17 de mayo y el 11 de julio de 2016, que se corresponderían a las del campo vinculado a la organización pesquisada, cuyo análisis se hará mención más adelante (causa FMP 247/2017 del Juzgado Federal de Azul, expediente que tramita por conexidad a la presente en el juzgado instructor, conforme surge de Fs. 6141/6142).

Respecto al segundo, el accidente se produjo a escasa distancias de dicho campo, -coordenadas geográficas S 36° 00 35.32 y O 58° 43 09.19- (causas FMP 2887/2017, FMP 4717/2017 y FMP 27.055/2017, del Juzgado Federal de Dolores, conforme consta a Fs. 5183).

Sentado ello, en cuanto a los dos sucesos en los cuales sí se incautó material estupefaciente (hechos 3 y 1 de la decisión apelada), se cuenta con el procedimiento del 9 de septiembre de 2016, en el establecimiento rural “Las Maricelas”, del distrito Yasy Cañy, Colonia Alemán Cue, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, en el que se incautaron 396 kgs. de cocaína, distribuida en 375 panes, divididos en 11 bolsas de arpillera, que fueron encontrados en sendos pallets dentro del hangar, al costado de la avioneta Cessna 210 Centurión patente ZP-BJD.

Posteriormente, se determinó la existencia de un procedimiento del 25 de agosto de 2015, en el cual funcionarios de la SENAD Paraguay, con intervencion de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de la Ciudad de Asunción -en el marco de la causa 7051-2015-, procedieron a secuestrar 372 kgs.de clorhidrato de cocaína en el establecimiento rural “Agro Industria Ysapy”, ubicado en el distrito de General Artigas, Departamento de Itapua, República del Paraguay, luego que una avioneta marca Cessna de bandera boliviana, aterrizara y descargara 12 bolsas de arpillera conteniendo 349 paquetes del citado alucinógeno y volviera a despegar.

En el primer hecho referenciado, se estableció que en los “Way points” del GPS que poseía colocada la aeronave, figuraban dos grupos de coordenadas identificadas S 36° 08.398 -W 58° 46.120 y S 36° 09.392 -W 58° 46.120, siendo que éstas se corresponden con un campo vinculado a G. E. R., que se ubica en las afueras de la Ciudad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires y que sería una locación que habría utilizado la organización criminal investigada para permitir el descenso de los aviones que trasportaban material estupefaciente. En el caso del segundo, del sistema GPS ubicado en el rodado incautado, se determinó la existencia de numerosos “Track Points”, vinculados a la estancia “Las Malvinas”, propiedad de G. E. R., y al campo referenciado.

La materialidad de los sucesos reseñados encuentra sustento probatorio, entre otros de las actas que lucen agregadas a Fs. 10vta./13 y Fs. 8/11vta.; de los Legajos de Prueba n° 6 y 7, respectivamente, en cuanto describen las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se procedió a la incautación del material estupefaciente, que se hallaba dispuesto en ambos casos, en bolsas de arpillera, y las detenciones de las personas vinculadas a la actividad; de las pericias efectuadas sobre las sustancias, que lograron determinar que se trataba de clorhidrato de cocaína (Cfr. 28Vta/30Vta y 43/7) y la constatación de vestigios de dicha sustancia, mediante el aspirado realizado en la avioneta secuestrada, patente ZP-BJD (Fs. 45Vta/7).

Sentado ello, a los fines de una mayor claridad expositiva, habrá de agruparse el análisis de las distintas situaciones procesales de los encausados en función de los delitos que se les imputan y el rol que cada uno tuvo en los hechos.

VI.Situaciones procesales de G. D. S., A. G. S. y G. E. R.

Se le imputa a los nombrados haber conformado una organización criminal dedicada al tráfico a gran escala, de clorhidrato de cocaína. Específicamente, se les atribuye la dirección y coordinación de todas aquellas conductas inherentes a la planificación, organización, logística y materialización del envío, recepción, acondicionamiento y traslado para su posterior comercialización, de importantes cantidades de dicha sustancia, que sería distribuida en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires -principalmente las ciudades de San Martín y Mar del Plata-, en tanto que la mayor remesa sería enviada en forma subrepticia al continente europeo.

El narcótico provendría del estado Plurinacional de Bolivia y sería transportado en aviones marca Cessna, modelo 210, Centurión, hasta locaciones emplazadas en las cercanías de las ciudades de General Belgrano y Azul, de la provincia de Buenos Aires, donde las aeronaves descargarían la droga, para su posterior traslado por miembros de la organización, en vehículos acondicionados, hasta su lugar de almacenamiento.

En base ello, cauteló a los nombrados en relación a la figura de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas en forma organizada (Arts. 5 Inc. “c” y 11 Inc. “c” de la ley 23.737).

Por otro lado, entendió que la organización giró dinero -producto del ilícito- hacia el exterior; y que los encausados ingresaron al circuito financiero legal -a través de diferentes transacciones- el producto de la actividad endilgada. Esto último, constitutivo del lavado de activos previsto en el Art. 303, párrafo primero, del Código Penal.a) Delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte, agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas en forma organizada, imputado a los encausados.

Previo a hacer mención a los elementos probatorios obrantes en autos, cabe destacar que este Tribunal tuvo oportunidad de evaluar lo declarado por el testigo de identidad reservada -tanto teniendo a la vista el legajo correspondiente, como a través de la certificación efectuada por la juez a quo-, por lo que es posible considerar que tal elemento de juicio acredita, conjugado con las demás pruebas referidas ut supra, la materialidad de los sucesos y concurre a comprobar -tal como se verá- también con ese alcance la participación penal de los imputados (Fs. 4548/4550vta. y 4552/4557vta.).

Véase que no se advierte circunstancia alguna que permita desmerecer la veracidad del testimonio, máxime cuando los extremos allí señalados pudieron ser corroborados con otros elementos de prueba reunidos en el legajo. Todo ello, en definitiva, resulta apto para formar la preliminar convicción que demanda el pronunciamiento en revisión.

Así, el testigo relató que G. S. buscaba pilotos que vuelen para él, para traer droga de Bolivia, a través de avionetas o aviones que utilizaba y podrían encontrarse en Paraguay; que el piloto designado debía viajar a ese país por línea comercial, buscar allí la avioneta y trasladarse a Bolivia, donde se cargaba y acondicionaba la droga. Luego volver a Paraguay, haciendo noche allí y viajar a Argentina, para descargar el material estupefaciente y, posteriormente, regresar la avioneta a Paraguay y volver a nuestro país en avión de línea. Por tal trabajo, el causante abonaba importantes sumas de dinero, que podrían ascender a ochenta mil dólares.Agregó, que en diciembre de 2016, cayó una avioneta Cessna, matrícula boliviana, que dejaron abandonada y que atribuyó al imputado, pues es del tipo de aviones que él utiliza, que seguramente venía cargada de droga y teniendo que aterrizar de emergencia, lo descargaron y dejaron abandonado.

Por otro lado, manifestó que G. S. blanqueó que traía “merca” y que había conseguido un piloto brasilero que podía volar para la zona de General Belgrano. Añadió que las avionetas de S. antes volaban hacia Chaco, Formosa y Corrientes, siempre por esa zona, pero el nombrado estaba interesado en hacerlas llegar más abajo, ya que en el norte estaba complicado con el tema de la Gendarmería.

Asimismo, relató que G. R. tenía un campo que se llama “Las Malvinas”, vivía en la ciudad de General Belgrano, poseía una camioneta Toyota Hilux, patente que empieza con L, color gris oscuro, y que entabló relación con G. S., que con el tiempo comenzó a ser más fluida. Que éste le solicitó a G. R. -quien tenía conocimiento de las actividades que realizaba- si le podía conseguir campos para hacer bajar las avionetas, ya sea en la zona de General Belgrano o sus alrededores. Y, por ello, conversaron sobre las dimensiones que el que alquilaran debía tener y del dinero que se necesitaba para ello.

Luego de dos semanas, fueron a ver el campo -ubicado en la zona entre Belgrano y Pila, a unos 35 o 40 km. de la ciudad de Belgrano- G. S., su hijo A. S., G. R. y otro individuo. Agregó, que decidieron alquilarlo por noventa mil pesos, por lo que, al otro día, se encontraron en una estación de servicio Esso que está en la entrada de la autopista Ezeiza-Cañuelas, donde G. S. y A. S. le entregaron el dinero correspondiente a G. R., quien se encargó de efectuar la transacción.

También, refirió que este último le comentó que G. S.y requirió que se hiciera una pista donde, en el año 2014, bajaron siete u ocho aviones con droga.

Sobre tales viajes refirió que el piloto era siempre “el brasilero”, detenido desde 2016 por un “avión Cessna 210” que venía para General Be lgrano.

Acerca del modo en que llevaban adelante los hechos, indicó que el avión debía aterrizar y permanecer con el motor encendido, mientras las personas que estaban en tierra a su espera, descargaban la droga y los bidones vacíos de combustible para volver a cargarlos. Agregó que en menos de dos minutos, el avión volvía a despegar con destino nuevamente a Paraguay y que la droga descargada del avión era transportada tanto en la camioneta de G. R. como en otras, por tierra hasta el campo “Las Malvinas”, propiedad de éste último.

Agregó, que en la parte de atrás del campo, vaciaban todos los bultos y contaban rápidamente los paquetes de cocaína, que tenían una marca similar a una letra D, como un sello por fuera del paquete. La droga se cargaba rápidamente en dos Citroen C4 especialmente acondicionados. Aclaró que G. R. era el encargado de la actividad mencionada, en tanto G. S. jamás estaba en el lugar, pero le avisaban los pormenores de lo que iba sucediendo, por ejemplo “que salió todo bien” o “cuantos paquetes llegaron”.

Manifestó que trasladaban el tóxico a un garage en la localidad de San Martín, para luego enviarla al puerto de la ciudad de Buenos Aires, con destino final a España. Para ello, iba un auto por delante, a veces conducido por A. S., para alertar sobre eventuales controles a los dos vehículos C4 que iban por detrás, con dos personas en cada uno, fuertemente armadas.

Expresó que G. R. nunca participó de dicho traslado.Además, vinculó a los nombrados con las avionetas Cessna siniestradas y abandonadas en el año 2016, en lugares cercanos al campo de R.

En tales condiciones, más allá del modo en que tomó conocimiento de los hechos, tal como refiere la defensa de G. S., lo cierto es que, como se advierte del contenido de la declaración, se desprenden referencias objetivas y concretas, como lo son los categóricos reconocimientos, efectuados tanto de las personas involucradas como de los lugares físicos donde se llevaron a cabo los hechos. En este último aspecto, nótese que, a través de las indicaciones que brindó -y mediante la aplicación de “Google Maps”- pudo establecerse la ubicación del campo “Las Malvinas” y de aquél que -refirió- S. alquiló por la suma de noventa mil pesos.

Tal como surge de la resolución atacada, G. D. S., se posiciona como líder de la organización destinada al tráfico de estupefacientes, y el lavado de activos de dicha asociación; Alán D. S. -hijo del anterior- y G. E. R. como los principales colaboradores de G. S. y miembros también de la organización.

Ahora bien, en cuanto a la intervención de de G. D. S., corresponde hacer mención a las conversaciones telefónicas por él mantenidas, en clara alusión a la actividad ilícita desplegada.

Así, el 11 de septiembre de 2016, a tan sólo dos días de secuestrarse el material tóxico en Paraguay, el encausado se refirió al suceso en los siguientes términos: “similar a lo mío, pero con material encima”, “avioneta con coso”, “tres setenta y cinco creo que eran”. Asimismo, en dicha conversación requirió información sobre las actuaciones labradas y los detenidos del caso. Específicamente, inquirió acerca de la situación del piloto de la aeronave Eitor Antonio Machado y acerca de la eventual ramificación de la investigación hacia Argentina (Fs.3757/3758). Sobre el punto, cabe destacar que no hay explicación que sustente su conocimiento detallado de los hechos motivo de la consulta, su necesidad de saber qué ocurría y si tendría efectos sobre su propio grupo argentino. A la vez, al referirse a la situación vivida en una ocasión similar en la que no se incautaron drogas -más allá de la suerte procesal que tuvo esa investigación- confirma su vínculo con los hechos investigados. También, debe destacarse que su inquietud sobre el asunto, excede lo manifestado por la defensa en cuanto a su preocupación “por los amigos detenidos”, dado que demuestra un particular interés en que la investigación no se extendiera a su persona.

Por otro lado, se destaca una comunicación entablada por el imputado, meses antes de llevarse a cabo la incautación del material estupefaciente del 25 abril de 2015, en la que -mediante lenguaje encubierto- propio de hechos como los aquí investigados, hizo referencia a que comenzaría a transportar “quebracho” y “carbón” y el valor de la tonelada. Concretamente, manifestó la necesidad de saber el costo de la tonelada en Mar del Plata, dado que iba “empezar a traer de esa porquería” (Fs. 1784/vta.).

Del análisis de esta locución, se desprende que el encartado no registra actividad alguna relativa a la adquisición y posterior venta de quebracho y carbón, ni brindó explicación alguna al respecto (declaración indagatoria, Fs. 7912/7933vta.), lo que permitiría sostener que, en realidad, estaría buscando una forma de transportar, de modo oculto, los estupefacientes.

Por otro lado, ha podido acreditarse que el nombrado registra profusos movimientos migratorios durante el período de ocurrencia de los hechos.En lo que aquí interesa, se computa la salida del 26 de enero de 2015 a Brasil, con otro individuo en un rodado, regresando a pie en la misma fecha; la del 14 de julio de 2015 -unos días antes del suceso del 25 de agosto de ese año- con destino a Asunción, Paraguay, junto a su hijo A. G. S., saliendo de ese país, con destino a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con fecha 15 de julio de 2015, egresando el 17 de julio de 2015 hacia San Pablo. También, unos días después de desencadenado el hecho reseñado del 25 de agosto de 2015 -el 2 de septiembre-, se produce otra salida con su hijo y otro individuo, desde la ciudad de Posadas hacia la República del Paraguay en un vehículo, y regresando el mismo día por la ciudad de Clorinda.

El 13 de julio de 2016 -días después del siniestro ocurrido el 11 de julio-, registra salida, junto a su hijo A. G. y otro individuo, con destino a Lima, Perú.

El 13 de octubre de 2016 se comprobó el cruce fronterizo con destino a Paraguay de G. D. S., junto a su hijo A. G. S. y otro individuo, para luego pasar por Bolivia a pie, por el paso internacional Salvador Mazza-Yacuiba el 16 de octubre de ese año (triangulación migratoria, Fs. 3805).

De igual modo, respecto al hecho referenciado del 11 de julio de 2016, se hacen constar los movimientos migratorios efectuados por el nocente en fechas cercanas al suceso, en compañía de su hijo, A. G. S. y de otro individuo (Cfr. Fs. 1254/67, 2147/52, 2325/31, 2667/8, 3166/7, 3360/81, entre otras).

Se destaca que respecto a estos movimientos migratorios, el causante no ha brindado explicación alguna (declaración indagatoria, Fs. 7912/7933vta.).

En cuanto a la intervención de A. G.S., se advierte que al igual que su padre posee gran cantidad de movimientos migratorios y que, además, en algunos de ellos, se observa una mecánica de triangulación hacia países fronterizos, para ocultar el verdadero destino elegido. Así, el 30 de marzo de 2015, unos meses antes del hecho reprochado del 25 de agosto, junto a otro individuo, registra salida marítima a Uruguay, para desplazarse el 31 de marzo vía aérea a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), retornando a Uruguay el 3 de abril de 2015 y a nuestro país en igual fecha (Fs. 1844/1852, 1964/1967 y 1970/1973).

De igual modo, en relación al mismo hecho, se destaca que el 23 y 24 de julio del mismo año, posee salida y entrada, respectivamente, junto a otro individuo, por el puente internacional “San Roque González de Santa Cruz”, ubicado entre las ciudades de Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay, permaneciendo en dicho país por un lapso aproximado de trece horas (Fs. 2130/2143).

En el mismo sentido, tiene una salida el 28 de agosto de 2015 -tres días después de producido el hecho del 25 de agosto de ese año-, junto a otro individuo, con destino a Bolivia, y retornando a nuestro país el 1° de septiembre (Fs. 2325/2331).

Tales movimientos migratorios, también en este caso, se deben computar de manera conjunta con la indicación que realizara el testigo de identidad, reservada acerca de que el imputado era uno de los principales colaboradores de su padre y que, en ese marco, se encargó de la elección de un campo apto para la recepción del tóxico y de su traslado al puerto de Buenos Aires.

En relación a G. E. R., tal como se desprende de autos, resulta ser tanto el propietario del campo “Las Malvinas”, como aquél que arrendó el utilizado para el aterrizaje de las avionetas con droga, destino final cierto en la República Argentina.Los “way points” de los cuatro GPS secuestrados, así lo acreditan.

También, se computan de modo cargoso los dichos del testigo de identidad reservada, ya referenciados en relación a cuál era su aporte dentro de la organización, que no se agotaba en facilitar el lugar de aterrizaje. Por el contrario, lo sindica como uno de las personas que se encargaba en su vehículo, del traslado de la droga por tierra; de vaciar los bultos y de contar los paquetes de cocaína.

Por otra parte, merece destacarse que al proceder al allanamiento del campo “Las Malvinas”, se incautaron, entre otros efectos, gran cantidad de rollos de cinta de embalar y trípodes con reflectores, elementos que, en principio, no serían utilizados en la actividad agropecuaria, sino aquella que, según el testigo, realizaban en el lugar (Fs. 6993/6995vta.).

Además, se suma que esa propiedad se ubica a escasos tres kilómetros del campo que la organización había destinado para el descenso de las aeronaves que transportaban droga. De ese lugar, tal como se desprende de autos, se observó el egreso de una camioneta VW Amarok -propiedad de Luciano Gerardo Echapresto, sobrino de G. E. R.- y de un empleado que trabajaría en “Las Malvinas” (informes prevencionales de Fs. 4611/4614vta. y 4616/4628/vta. y testimonial de Fs. 7021/vta.).

Se aduna que, conforme surge de las constancias del sub examine, en relación al hecho reprochado provisoriamente al encartado, ocurrido el 9 de septiembre de 2016 en la República del Paraguay, ut supra r eseñado, se verificaron mensajes de texto vinculados a uno de los aparatos celulares secuestrados a los detenidos, intercambiados con el que presuntamente habría sido utilizado por G. E.R.

Ello es posible inferirlo dado que, del análisis de los teléfonos correspondientes, se aprecian nueve mensajes -entre entrantes y salientes- y una llamada de la línea telefónica ya referenciada, efectuados el 30 de agosto y 6 de septiembre de 2016 -unos días antes de desencadenado el suceso endilgado- y que mediante la captación de antenas, se pudo situar al usuario en la ciudad de General Belgrano (Fs. 6078/6085vta.).

Finalmente, se tienen presentes los resultados de las escuchas telefónicas dispuestas en el legajo. Así, obran dos conversaciones entabladas entre la esposa y dos hijas de R., de las que se desprendería, a tenor del diálogo y conforme a los elementos probatorios que se hicieron constar arriba, la vinculación del encartado con los hechos pesquisados.

Véase que Antonela R. -hija del imputado- hizo referencia al dolor que le causaba que “este metido en semejante cosa”, y que “si nosotros no lo hacemos sentir a él que se equivocó, esto va a pasar un tiempo y papi va a volver a lo mismo. me he enterado cosas por un amigo policía de Seba que ya andaban preguntando en el campo, lo andaban investigando a papi. porque él dice porque ahorra se compró la camioneta, papi no es boludo . si él prestó la camioneta a alguien para. entonces que tenemos que pensar que es un pelotudo que no se da cuenta con la gente que está tratando, no se da cuenta. esa misma gente es la misma que le vende al drogadicto que entra a tu casa. en un punto decís tanta enseñanza, tanto me venís a hablar de gente hija de puta, de gente que se droga y vos te tratas con esa gente. esto lo que Melina este quizás le hace llegar y le hace recapacitar sin decir nada mira lo que puedo perder, mira puedo perder a mi nieta puedo perder a mi familia yo me tengo que alejar de esta gente, vos te pensás que es fácil decir a un tipo a un narco, de dónde lo saco papi?De donde lo saco?.entendés y digo yo no sé si participó en eso o lo que sea pero nada es terrible o sea me puede tocar a mi mañana con Seba entendés que me entre un falopero y me desvalije la casa y me cague a palo, vos te estás relacionando con esa gente entendés y después nos quejamos del mundo y después nos quejamos de la gente si uno mismo fomenta. y yo sé que él ha sido buen padre conmigo y crió esto, crió lo que soy ahora y estoy totalmente en contra de toda esa gente, entendés y es contradictorio porque vos decís, mi padre que me ha transmitido tanto como vos como él estos valores que tengo hoy que me parece nefasto porque me parece nefasto que esté involucrado en eso, entonces vos decís no entiendo nada, es como que te decepciona.” (Fs. 5150vta./5153vta.).

De igual modo: Pamela R. -hija de G. E. R.- refirió: “lo que pasa que yo lo conozco a papi yo se como es papi también, papi el dice como la otra vez no, yo nunca hice bajar eh. falopa en el campo, no no nadie le dijo eso. y bueno que por supuesto que la gente puede exagerar y todo, pero algo tiene que ver porque si no no puede ser, como es entonces el tema.” (Fs.5153vta./5154).

En base a todo lo expuesto, es posible sostener, con el grado de convicción requerido en esta etapa, que los encausados, de manera organizada, y cada uno dentro del ámbito de sus funciones, realizaron tareas de dirección y coordinación, de todas aquellas conductas inherentes a la planificación, envío, recepción, acondicionamiento y traslado, para su posterior comercialización, del estupefaciente que fuera secuestrado los días 25 de agosto de 2015 y 9 de septiembre de 2016 en la República de Paraguay.

Ello así, toda vez que los recurrentes movimientos migratorios, sopesados en forma conjunta con los extremos aportados por el testigo de identidad reservada, acerca de diversos transportes aéreos que habrían tenido éxito, conlleva a esta altura a considerar que tales viajes tuvieron por fin la organización y planificación de la actividad ilícita aquí investigada. b) Delito de lavado de activos imputado a G. D. S., Alán G. S. y G. E. R.

Previo a analizar este punto, corresponde señalar que la significación calificada como de lavado de activos, prevista en el Art. 303 del Código de fondo, pena la conducta de quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un sólo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.

Con relación al lavado de activos, fue la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas -Convención de Viena de 1988-, el primer documento internacional que trató el tema.Entre otras cosas, se dejó asentado que “Las Partes en la presente Convención (.) Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles, decididas a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad” convinieron en proponer una serie de recomendaciones.

Así, expresamente en el artículo 3, al referirse a los delitos y sanciones, estipularon, entre otras cuestiones, que “Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente: a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971; (.) b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados, de conformidad con el incisoa) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos (.)”.

A partir de ello, se esforzó la legislación de cada Estado en articular sistemas normativos para intentar restringir el blanqueo de capitales, producto de hechos ilícitos.

Además, con motivo de la incorporación de nuestro país, al FATF-GAFI (Financial Action Task Force, Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo creado en 1989 con la misión de elaborar estándares internacionales en la materia e imponer exigencias sobre el grado de adecuación normativa local y verificación de cumplimiento efectivo de las normas, se produjo la derogación del Art. 278, por el Art. 2 de la ley 26.683 -sancionada y promulgada en junio de 2011-, cuyo Art. 5 introduce el tipo penal de lavado de activos como figura autónoma en el Art. 303, en el Título XIII, Libro Segundo, de nuestro código de fondo, denominado “Delitos contra el Orden Público y Financiero”.

Del mismo modo, los nuevos elementos normativos incorporados, entre los que se destacan la incorporación del denominado “autolavado”, de sustituir el concepto de delito precedente por el de “ilícito” precedente y de introducir nuevos verbos típicos (disimular-poner en circulación), vienen a consolidar un sistema idóneo para la persecución y castigo de este ilícito.

Finalmente, cabe destacar que dadas las características que presenta el delito de lavado de activos, podría partirse de la idea de una presunción de multiplicidad de actos para lograr su transformación. Es que “se trata de un delito que tiende a ocultar, diluyendo las ganancias provenientes de otro, generalmente grave (.) pues, además de contribuir a la impunidad del primero, procura asegurar el provecho patrimonial por él producido (.) el sujeto activo deberá realizar más de una conducta a los fines de que su maniobra no resulte sospechosa.Esta circunstancia permite desprender a priori que el sujeto para poder lavar deberá realizar más de un acto, y que su dolo inicial resultará único a lo largo de todas sus acciones de lavado (.) la multiplicidad de hechos homogéneos o heterogéneos, que hacen al acto de lavado de activos, forman parte de una unidad subjetiva destinada a este fin. En otras palabras, si para poder ‘lavar’ se necesita más de un acto, la previsión de la realización de más de un acto ya permite concluir que desde el momento de la ideación, el sujeto activo en su iter criminis gesta la idea de pluralidad de actos, en un lapso temporal, que se muestra a primera vista como una temporalidad fragmentada” (Cfr. Alonso, Silvia Andrea, Lavado de Activos: ¿Concurso real, ideal o delito continuado?, http://www.rubinzalonline.com.ar).

Véase que el delito continuado puede darse por diferentes razones; que los particulares actos integran un mismo y único contexto delictivo; que cada uno de ellos n o sea más que la continuación de una misma conducta; o bien que sean la consecuencia de una misma trama delictiva (Ricardo C. Núñez, Las Disposiciones Generales del Código Penal, M. Lerner Editora Córdoba, año 1988, Págs. 249/253).

Es que, en el plano subjetivo, se exige la existencia de unidad de designio (o de resolución, de determinación criminosa, de plan, de propósito, de intención, de decisión), lo cual supone que el autor tenga una decisión delictiva sobre una pluralidad, ejecutando un acto en forma subjetivamente ligada a futuros actos semejantes; es decir, que el sujeto decida iniciar una sucesión de hechos similares (D’ALESSIO, Andrés José, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, L.L., segunda edición, T. I, Págs.889/891).

Tal como se desprende del auto apelado, se le imputa a los encausados haber llevado a cabo operaciones tendientes a convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular y/o poner en circulación en el mercado, bienes o dinero provenientes de la concreción de ilícitos penales, más precisamente de la organización criminal aquí investigada, con el propósito de dotar a los bienes originarios y/o subrogantes de apariencia u origen lícito, de modo tal de impedir que se conozca su verdadera génesis. Cabe destacar aquí, que el Tribunal habrá de considerar únicamente aquellos bienes que fueron adquiridos con posterioridad a los hechos que materialmente se tienen por acreditados.

En relación a G. D. S. ha quedado probado, que el encausado ejecutó acciones tendientes a legitimar las ganancias y/o bienes provenientes de la actividad ilícita que desplegara.

Prueba de ello, resultan ser los distintos bienes que adquiriera durante el período en que desarrollara los hechos aquí investigados, los cuales no encuentran correlato con la actividad lícita por él denunciada (compra-venta de automóviles y/o venta de indumentaria deportiva).

Dentro de este marco, se probó que el imputado giró importantes sumas de dinero a Bolivia, sin que ninguna operación comercial regular probada ni alegada, justifique los pagos efectuados; y para lo cual se valió de un canal por fuera del circuito bancario pero que le permitía darle visos de licitud, porque el pago en aquella nación se realizaba por medio de una casa de cambios y claramente formaba parte de la financiación de sus operaciones de narcotráfico.

Así, le entregó dólares al co-encausado S. S. D., quien lo llevó al lugar donde solía ir a ese fin, del que era responsable el también consorte R. D. T., para luego transferirse las divisas correspondientes al exterior, específicamente el Estado Plurinacional de Bolivia.Se observa aquí, que uno de los envíos fue realizado el 27 de septiembre de 2016, es decir, pocos días después de acaecido uno de los sucesos imputados.

Por otro lado, se acreditó que adquirió los vehículos automotores AB 671 BB; AA-329-QV, y PLB 953 (imputaciones N° 8, 9 y 11) a nombre de otras personas, quienes autorizaron a circular al causante mediante la expedición de sendas cédulas azules. A ello se suma, la utilización efectiva de los rodados por parte del incuso, que fue quien abonara personalmente el valor del bien y, tras indicar quien debía figurar como titular, los aseguraba a su nombre (Fs. 5679/5680).

Adviértase que los vehículos fueron secuestrados en su poder al igual que la documentación que acredita que la compra de los bienes fue realizada por el imputado y no por los titulares registrales; sumado a la circunstancia de que, en todos los casos, éstos últimos carecían de la capacidad económica que justificara esas adquisiciones.

Por otro lado, obran gastos de refacciones encargados entre finales del mes de diciembre de 2016 y enero de 2017 respecto de la vivienda sita en la intersección de las calles Illíada e Itaca, de la localidad de Pinamar, provincia de Buenos Aires, por la suma de $650.000 (imputación 5) -ver al respecto conversación transcripta a Fs. 4320/vta.-.

Del mismo modo, cabe valorar la adquisición del inmueble sito en la calle Roma nro. 2767, de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, a favor de su esposa, C. B. E., mediante escritura del 10 de septiembre de 2015 (imputación 3).

Sobre el punto, cobra relevancia la conversación mantenida por G. S. y la escribana que intervino en la transacción, donde convienen que el bien iba a figurar a nombre de E. y que el precio que constaría en la escritura sería menor del real (Fs. 2452/2453 y 2458/2459).

En lo tocante a A. G.S., al igual que su padre, se encuentra vinculado prima facie con la conducta aquí reprochada, en tanto las erogaciones efectuadas no pudieron ser justificadas con las actividades licitas que habría desarrollado, relacionadas con la compra y venta de automotores, volquetes y remises.

Al efecto, se habrán de considerar la compra del automotor dominio NBM 953, de fecha 8 de mayo de 2017, por la suma de $765.000 (imputación 3), como así también el préstamo dinerario efectuado el 2 de diciembre de 2016 a María Alejandra Manfredi (imputación 15).

En cuanto a G. E. R., corresponde atribuirle con igual carácter el rodado dominio AB 976 TS, respecto del cual figura como titular registral su hija Camila R. y por el que pagó $ 726.650, en el año 2017.

Se destaca aquí, que también en este caso, se utilizó a una interpósita persona para disimular el origen real del bien, pese a lo cual se acreditó su utilización mediante la póliza de seguros y la cédula azul extendidos a su nombre, como así también que el vehículo fue hallado, con la respectiva documentación, en el domicilio del encausado.

De la valoración conjunta de los elementos hasta aquí señalado, es dable inferir, con el grado que requiere esta etapa, que G. S., A. S. y G. R., a través de las maniobras descriptas, ingresaron al sistema financiero local, dinero y/o bienes producto de las maniobras de tráfico prima facie imputadas. Véase que el comercio de drogas conlleva necesariamente la realización de numerosas conductas que van desde el financiamiento, cultivo, producción, transporte, venta y posterior ingreso al mercado lícito, de las ganancias ilegales. No es posible de otro modo, cerrar el circuito de la actividad sin la inversión y “blanqueo” del capital obtenido de manera ilícita.

Toca aquí indicar que en el presente, los encausados legitimaron bienes provenientes de su propia actividad ilícita.Es este sentido, dado lo señalado anteriormente, las distintas acciones que se llevaron a cabo a lo largo de los años, formaron parte de un plan previamente concebido y que tenía un único designio, esto es, legitimar sus ingresos. Los sucesivos hechos se consideran como el resultado de una sola resolución criminosa. La circunstancia de que la maniobra de lavado se haya visto materializada, en este caso, mediante la reiteración de hechos diversos y no a través de un solo acto, no implica que todos no formen parte de un plan preacordado.

En virtud de ello, es que habrá de confirmarse la decisión recurrida con el alcance aquí señalado.

VII. Situación procesal de A. D. S. y F. A. S.

Se les atribuye el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto y reprimido por el Art. 5 Inc. “c” de la ley 23.737. a) En relación a F. A. S., ha quedado acreditado, con el grado de convicción exigido en la presente etapa del expediente, que tenía en su ámbito de poder y disposición -su domicilio-, entre otros efectos, 62 grs. y tres semillas de marihuana y 275,46 grs. de cocaína; además de elementos comúnmente utilizados en la comercialización del material estupefaciente: dos picadoras (molinillos), una bA.za, un cuchillo, recortes de bolsas de plástico y cintas de color ocre; efectos todos con vestigios de sustancias ilícitas (actuaciones de diligenciamiento del registro domiciliario, con la debida intervención de personal preventor y testigos, y peritaje, Fs. 6580/6616 de las actuaciones principales, y 651/660vta. de este legajo).

Por otro lado, obran escuchas telefónicas en las que se hace expresa mención a que se le consiga “semillas autoflorecientes”, pues de “diez plantas sólo una crece”. O cuando su hermano A. D. S. le solicitó si le podía cambiar “coso”, a lo que el encausado contesto afirmativamente.

De lo expuesto, se aprecia que F. S.tenía en su poder material estupefaciente de distinto tipo -marihuana y cocaína-, con obvia significación económica, presentado en distintas formas -fraccionado, picadura, semillas y pulverulento- y en condiciones objetivas de suministro indiscriminado a terceros.

Así las cosas, es posible considerar, prima facie, que el obrar reprochado provisoriamente al imputado tendría una finalidad mercantil. En ese orden, para la imputación del “dolo de tráfico” es suficiente alcanzar el umbral de la convicción prima facie sobre el hecho, como en el sub examine, con hechos reales y probados que por su número, previsión y gravedad, permiten deducir en grado de probabilidad adecuada, la existencia del elemento subjetivo distinto del dolo, de conformidad con las reglas de la sana crítica judicial.

Por lo tanto, habrá de confirmarse el procesamiento de F. D. S., en cuanto a la conducta que se le imputa con el alcance expuesto.

b) En relación a A. D. F., ha quedado comprobado que tenía, en su ámbito de poder y disposición, -su domicilio-, entre otros efectos, 10,55 grs. de marihuana, elementos que harían a la compra y venta de la droga, como dos utensilios tipo picadora de esa sustancia (Cfr. acta correspondiente, acta de apertura de pesaje y extracción, Fs. 6542/6578 y 9104/9107 de las actuaciones principales y 651/660vta. de este legajo).

De igual modo, cabe valorar las conversaciones telefónicas en las que, a modo de ejemplo, un sujeto le pregunta si le consigue “flores”, dado que unos mendocinos quieren comprar “un par de gramos”, a lo que S.le refirió “dale yo te armo”; y aquella mencionada en relación a su hermano F., en la que aquél le solicitó si le podía cambiar “coso”.

De esta manera, deben computarse como e lementos de cargo, las distintas formas de presentación del material estupefaciente (picadura, cogollos y plantines), con la debida significación económica y en condiciones objetivas de suministro indiscriminado a terceros, circunstancia que evaluada de conformidad con los criterio sostenido al analizar la situación anterior al dolo de tráfico, llevan a confirmar el decisorio apelado a su respecto.

VIII. Situación procesal de M. A. Z. P.

Conforme se desprende del auto recurrido, el nombrado fue cautelado en orden al delito de tráfico de estupefaciente, en las modalidades de transporte agravado por la intervención tres o más personas en forma organizada; y de tenencia con fines de comercialización.

Entendió el a quo que el encausado se posicionaba como uno de los principales colaboradores de Marcelo Javier Abran -prófugo en estas actuaciones- y de la organización criminal destinada al tráfico de sustancias estupefacientes, además de la probada relación estrecha entre el nombrado Pablo Gonzalo CA.dria, aún no habido.

Sin embargo, estima el Tribunal que las probanzas incorporadas, no autorizan a fundar el preliminar juicio de reproche que caracteriza este segmento del proceso.

En ese orden, los movimientos migratorios que se indican, frente a la ausencia de otra prueba de cargo, impiden tener por probada su participación en los hechos (Fs.5333/5340, 5341/5343 y 5344/5355). Véase que, si bien se constataron reuniones, se carece de información que permita determinar el motivo de los encuentros, por lo que las sospechas no pasan de conjeturas, que no alcanza para acreditar la conducta de tráfico.

Por el contrario, ha podido acreditarse que tenía bajo su esfera de disposición, entre otros elementos, cogollos, restos de plantines y plantas secas de marihuana, en un total de 216,60 grs. (actuaciones de diligenciamiento del registro domiciliario, con la debida intervención de personal preventor y testigos y peritaje, Fs.7408/7437 de las actuaciones principales y 651/660vta. de este legajo).

Sin embargo, cabe discrepar con el criterio sustentado en el auto impugnado, respecto de la finalidad del tóxico, ya que ese único dato objetivo, no permite, en ausencia de otros elementos de juicio, tener por acreditada la presencia del elemento subjetivo distinto del dolo que demanda la figura que la señora juez a quo puso en cabeza del acriminado.

Debe tenerse presente que no se encuentra demostrado el destino personal, ni mercantil, de la sustancia hallada en poder del nocente.

Así, la figura prevista en el primer párrafo del Art. 14 de la ley 23.737, es la figura básica de las tenencias de estupefacientes. Las dos calificadas, Art. 14, segundo párrafo -atenuada- y Art. 5, Inc. “c” -agravada- deben ser inequívocamente demostradas para resultar de aplicación. La primera, porque así lo exige expresamente la norma; la segunda, por imperio del Art. 3 del código de forma.

En tales condiciones, aparece apropiado al caso el encuadre de la conducta de M. A. Z. P., en la figura básica del Art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737.

IX. Situaciones de S. S. D. y R. D. T.

Se imputa a los nombrados haber sido eslabones de suma importancia en la organización liderada por G.S., en tanto se posicionan como responsables del transporte de sumas de dinero en moneda extranjera a la locación regenteada por Tamboríni, con el propósito de trasladar la remesa a diferentes países a los efectos de ser cobrados por posibles proveedores de S., realizando esa actividad por canales no habilitados al efecto, lo cual obtura la posibilidad de reconstruir el registro, reconocimiento, identificación y trazabilidad de la ruta del dinero.

Particularmente, se les atribuye haber intermediado en el movimiento de divisas hacia el exterior, más precisamente Bolivia en al menos, dos oportunidades, en fechas cercanas al 27 de septiembre y 8 al 11 de noviembre, ambos de 2016, por U$S 130.000 y U$S 312.000, respectivamente, a través de la organización criminal liderada por T. en las oficinas ubicadas en la calles Perón 679, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, se les imputa la figura prevista en el Art. 303 del Código Penal, agravada en el caso de T., por su condición de líder de la organización. a) Ahora bien, contrariamente a lo sostenido, entiende el Tribunal, que las probanzas incorporadas hasta el momento, no resultan suficientes para fundar el preliminar juicio de reproche que caracteriza este segmento del proceso, en lo tocante a la imputación dirigida a los justiciables, relativa a los hechos de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

Ello así, ya que de las tareas de investigación e intervención de sus abonados, no pudo determinarse el vínculo de los encausados con el delito de tráfico en estudio.

Sin embargo, sí ha quedado acreditado con el actual alcance, el segmento fáctico de la entrega de U$S 442.000 -producto de la actividad ilícita de tráfico de estupefacientes- por parte de G. D. S. a S. S. D., quien los llevó a las oficinas de las que era responsable R. D.T., a fin de su transferencia al exterior para pagar al proveedor de la droga transportada, en los dos hechos endilgados a G. D. S. y demás consortes; así como también la relación que los unía en virtud de otros asuntos.

Al respecto, se computa una comunicación telefónica entablada por S. S. D. el 27 de septiembre de 2016 -días después del hecho del 9 de septiembre-, en la que el encausado refirió “yo te prepare es decir que prepares para el viernes ciento treinta más”, “podés confirmarme para el viernes ciento treinta”, y el masculino sostuvo “Precisaría antes, por eso te estoy llamando, necesitaría mañana, cuánto faltan? Ciento treinta (130)? “Para el viernes no, para mañana porque estamos al revés viste”.

Frente a ello, S. D. manifestó -tras haber consultado con quien se determinó era G. S.- que lo llevaría al día siguiente, y que sería él quien indicaría cuánto habría que pagarle y a quien (Fs. 3784/3786 y 3810Vta).

Además, se estableció que S. D. ingresó en varias oportunidades al domicilio de G. D. S., que se hallaba ubicado en la misma cuadra donde se encontraba el taller de reparación de automóviles en el que el primero trabajaba.

Por otro lado, entre los días 8 y 15 de noviembre de 2016, obran comunicaciones mantenidas entre S. D. y T., en las que intentan determinar el día de entrega de “un cuarto de libra”, y en la quedan en confirmarle al primero, tal extremo. Es así, que el 10 de noviembre, habiéndole dado el dinero en las oficinas de T., al día siguiente se vuelven a comunicar, y refieren “si por si acaso ya está liquidado lo de ayer y lo de esa también avisale” (Fs. 4143/4).

Además, se destaca que, conforme a la investigación, el 15 de noviembre de 2016, poco más de dos meses después de verificado el hecho reprochado indicado arriba, S. D. estuvo en el domicilio de G. D.S. y, luego de permanecer allí aproximadamente veinte minutos, salió llevando consigo una mochila y, en moto se dirigió a las oficinas de R. D. T., donde acostumbraba a llevar dinero (Fs. 4145).

A partir de lo expuesto, se advierte que los imputados, conociendo la actividad ilícita llevaba a cabo por G. S., se limitaron, en principio, a introducir en el mercado financiero, el producido de la actividad ilícita desarrollada por aquél y la organización que prima facie lideraba, con el objeto de que ese dinero sea legitimado.

En razón de ello y teniendo en cuenta la imputación que se les efectuara al momento de ser indagados, la conducta prima facie atribuida a los nombrados debe ser encuadrada como constitutiva del delito de lavado de activos previsto en el Art. 303 del código de rito.

Finalmente, es necesario destacar que al momento de efectuarse el allanamiento de las oficinas que poseía R. D. T., sitas en la calle Perón 679 -piso 6to. oficinas 601, 602 y piso 8°, oficina 802- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, se hallaron importantes sumas de dinero (euros, dólares, F.s suizos), así como monedas, anillos y barras, presumiblemente de oro, entre otros; más no pudo encontrarse documentación o libros contables que hiciesen presumir su carácter de asesor económico financiero, tal como lo alegara (Fs.6880/6933).

En virtud de lo señalado, entiende el Tribunal que, independientemente de la presente pesquisa, resultaría conducente se profundice la investigación en relación a posibles actividades ilícitas llevadas a cabo en las oficinas señaladas.

Ello, teniendo en cuenta que el lugar físico donde se emplazan las oficinas se encuentra fuera de esta jurisdicción y lo informado por el Banco Central de la República Argentina en cuanto a que en ese lugar no funcionaba ninguna entidad financiera o cambiara autorizada a llevar a cabo operaciones de conformidad con las leyes 21.526 y 18.924 y que “de las nóminas de autoridades y accionistas informados por las referidas entidades no surgen datos que resulten coincidentes con los de las personas involucradas” (Fs. 674 del legajo patrimonial), razón por la cual deberá revisar su competencia territorial b) Cabe aquí analizar la imputación relacionada con los bienes cuya adquisición y/o administración se originó en la puesta en circulación de activos de origen ilícito, provenientes de la actividad desarrollada por la organización. Esto es, específicamente, los rodados dominios: AB 068 MT (imputación 6), NNK 563 (imputación 10), A 009 FJA (imputación 11) y OEI 004 (imputación 12) en relación a R. T.; y OQQ 950 (imputación 2), 520-KAI (imputación 3), MBV 496 (imputación 4), MHZ 355 (imputación 6) y LMH 464 (imputación 8), respecto de S. Sanzetenena D.

Ahora bien, contrariamente a lo sostenido en la instancia de origen, considera el Tribunal que, a esta altura, los bienes detallados no han podido ser vinculados con el delito de tráfico de estupefacientes llevado a cabo por la organización, de modo tal de tener por configurado el ilícito precedente exigid o por la figura de lavado de activos, por lo que corresponde, por el momento, adoptar el temperamento intermedio previsto por el Art. 309 del ritual.

X. Situación procesal de C. E. y Z. R.

a) En lo que se refiere a C. B.E., ha quedado comprobado, a esta altura, que la encausada, en su rol de interpósita persona de G. D. S., participó necesariamente, en las operaciones que tuvieron como propósito, aplicar las sumas dinerarias -provenientes de la actividad ilícita desarrollada por su pareja- destinadas a la adquisición del inmueble de la calle Roma 2767, localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires (imputación 3), y del vehículo automotor dominio AA 329 QV (imputación 9).

En primer lugar, si bien la imputada no se hallaba vinculada a la organización de tráfico encabezada por su pareja, lo cierto es que su conocimiento acerca del origen ilícito de los bienes, se deriva, precisamente, de que no podía desconocer la actividad llevada a cabo por el encausado, con quien convivía. Prueba de ello, resultan ser los recaudos que adoptaba cuando entablaba conversaciones telefónicas, la circunstancia de reconocer en una de ellas, que no podía tener nada a su nombre; como así también el ocultamiento de documentación en el domicilio de su empleada doméstica y consorte en estas actuaciones, Z. M. R. (Fs. 3246).

Por otro lado, se advierte que la encartada no registra actividad laboral que le permita justificar la adquisición de los bienes que ostenta o usufructúa y no registra inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Finalmente, se observa que en lo tocante a la adquisición del rodado dominio AA 329 QV, se registró claramente su intervención en la maniobra bajo revisión, no en el uso y goce de la unidad, sino en los trámites que culminaron con la compra del bien.

Distinto es el caso del lote de terreno E34, ubicado en el emprendimiento inmobiliario denominado “Lagos del Mar”, ubicado en la localidad de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires (imputación 28), que no puede integrar la plataforma fáctica con el actual alcance a la encartada, respecto al delito aquí en trato.Ello así, pues no es posible acreditar, dada la fecha en que fue puesto en circulación en el mercado -al verificarse la cesión de derechos a favor de E. el 4 de agosto de 2015- que el mismo provenga del ilícito penal de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, que se le endilga provisoriamente a los consortes, acaecidos el 25 de agosto de 2015 y 9 de septiembre de 2016.

En virtud de ello y teniendo en cuenta lo ya señalado respecto a la configuración del delito de lavado de activos en la presente causa, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado a su respecto.

b) En lo que concierne a Z. M. R., ha quedado acreditado, con el alcance de la etapa, que la encausada participó de la maniobra imputada, al haber actuado como testaferro de G. S. e inscribir a su nombre, el 7 de enero de 2016, el vehículo automotor dominio PLB 953 (imputación 1).

Tal como se demostrara los coencausados G. D. S. y C. B. E., contaban con autorización para circular con el rodado, circunstancia que resulta demostrativa de que, en definitiva, resultaban ser los propietarios del bien.

Además, su conocimiento acerca de la actividades ilícitas desarrolladas por S. puede desprenderse, no sólo del hecho de haber accedido a la registración a su nombre del bien -extremo reconocido por ella en oportunidad de formular su descargo-, sino además, de la circunstancia de ocultar documentación del nombrado en su domicilio.

A ello se suma la incapacidad económica de R. para adquirir el vehículo, cuando los ingresos mensuales de su grupo familiar no superaban los $20.000.

Distinto es el caso del rodado dominio OKN 493, inscripto a nombre de la causante el 18 de diciembre de 2014 (imputación 2), que no puede integrar -tal como ya se destacó- la plataforma fáctica de los hechos.

En razón de lo expuesto, es que habrá de confirmarse la colaboración necesaria de la nombrada en el hecho imputado.

XI. Situación Procesal de M. S.R.

Conforme surge de las constancias de autos, el nombrado fue observado en las tareas de pesquisa, relacionándose con consortes e individuos investigados -algunos de ellos extranjeros- en diversas reuniones (entre otras, Fs. 1210/1231 y 3552/3576).

Además, se han constatado movimientos migratorios en compañía de G. y A. S. (Cfr. Fs. 1254/67, 3552/3576 y 3163/3164).

Pese a ello, entiende el Tribunal que no se han incorporado hasta el presente, elementos de prueba que permitan, frente a estas presunciones, corroborar que esa relación que mantenía con los encausados, estuviese vinculada con el tráfico aquí investigado.

Tal circunstancia, tampoco logra ser desvirtuada por la conversación telefónica entablada por la madre del causante de la que únicamente podría inferirse que “S.” lo habría “metido en otra cosa” (Fs. 2589).

En virtud de ello, es que se considera que hasta que se incorporen mayores probanzas, la situación procesal del causante debe ajustarse a la hipótesis intermedia contemplada en el Art. 309 del código de forma.

Cabe recordar que la falta de mérito no es conclusiva del proceso ni causa estado, en tanto que el procesamiento, constituye una declaración jurisdiccional de presunta culpabilidad del imputado, situación que -por el momento- no se verifica en el sub examen.

Por lo que corresponde revocar el pronunciamiento en revisión, disponerse la falta de mérito para procesar o sobreseer a M. S. R., ordenándose su inmediata libertad, que deberá ser instrumentada por el juzgado de origen -previa constitución de domicilio-, en caso de no mediar impedimento o requerimiento de otra autoridad.

XII. Situación procesal de C. D. M.M.

El nombrado ha sido sindicado como uno de los principales colaboradores de su ex cuñado, Pablo Gonzalo CA.dria y, en función de ello, como partícipe de la organización criminal destinada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Al respecto, entiende el Tribunal que los elementos de prueba reunidos hasta el momento, no permiten tener por acreditados -siquiera con el alcance de esta etapa- su participación en los hechos en estudio.

Véase que la Sra. Juez a quo consideró como elementos de cargo mensajes de texto entablados por el encausado y, si bien en uno de ellos, una de las personas que se encuentra prófuga (Pablo Gonzalo CA.dria) le refirió “acá todo ok, pero vamos a tener laburo, mucho mejor, mucha más plata”, en oportunidad de que éste último se encontraba en el exterior con G. S.; lo cierto es que ésta sola referencia y el secuestro de varios equipos de telefonía celular, frente a la ausencia de otros elementos de cargo, impiden a esta altura, establecer la participación del encausado en la organización delictiva, más precisamente con los dos secuestros de droga acaecidos.

Así, cabe señalar que no existen a esta altura en el expediente, otras probanzas que patenticen el modo en que el encartado realizaría la actividad ilícita que se le imputa, más allá de la sola indicación de ser “ladero” del prófugo de mención (Fs. 2522/6).

Asimismo, se ha de considerar que frente al reproche formulado, se alza la firme negativa en que el encausado se abroqueló al ejercer su defensa material, extremos que no han sido desvirtuados por otras constancias legajales (Fs. 9082/9603vta.).

Del mismo modo, tampoco resulta posible establecer que los bienes respecto de los cuales se le endilga el delito de lavado de activos (Art. 303, CP), provengan del ilícito endilgado provisoriamente a los coencausados (Arts. 5°, 7° y 11°, de la ley 23.737).

En tales condiciones y no existiendo elementos que, a esta altura, vinculen a C. D. M.M., subjetiva y objetivamente, con los delitos referidos en el presente segmento del reproche provisorio en revisión, acuerda esta Alzada en que la situación procesal del causante debe enmarcarse en la hipótesis intermedia normada en el Art. 309 del código de forma, sin perjuicio de la prosecución de la pesquisa, y en tanto la decisión no es conclusiva del proceso ni causa estado.

Por lo que, en atención a lo ya considerado, en definitiva, corresponde revocar el pronunciamiento en revisión, disponerse la falta de mérito para procesar o sobreseer a C. D. M. M., ordenándose su inmediata libertad, que deberá ser instrumentada por el juzgado de origen -previa constitución de domicilio-, en caso de no mediar impedimento o requerimiento de otra autoridad.

XIII. Medida cautelada real.

Respecto del monto del embargo, se agraviaron las defensas de G. E. R., S. S. D. y R. D. T. y M. A. Z. P.

Ahora bien, llegado el momento de analizar este punto, de conformidad con las pautas establecidas por el artículo 518 del código de rito, es que habrá de analizarse cada situación en particular.

En el caso de S. D. y T., cobra especial relevancia la circunstancia de que el delito por el que se lo cautela, lavado de activos, prevé la aplicación de una pena de prisión, en forma conjunta con la de multa, de dos a diez veces el monto involucrado en la maniobra de lavado. En virtud de ello, corresponde confirmar los embargos dispuestos a su respecto, lo que se establecen en la suma de $ 18.000.000 (dieciocho millones de pesos).

En cuanto a Z. P., dado el cambio de calificación atribuido a su conducta en esta instancia, corresponde modificar el embargo impuesto, el que se fija en la suma de $1.000.000 (un millón de pesos).

Respecto de G. E.R., se estima que la suma impuesta en la decisión recurrida, se ajusta a las pautas de la normativa aplicable y, en virtud de ello, corresponde su homologación.

En otro orden de cosas, en lo que respecta a la ausencia de fundamentos que se invoca, se estima que la decisión cumple con la manda normada en el Art. 123 del ordenamiento adjetivo.

XIV. Medidas de cautela personal.

En lo tocante a los agravios de las defensas de los encausados, respecto de la prisión preventiva que se les impusiera a G. R., G. D. S., S. S. D., M. A. Z. P., A. S ., M. R., C. D. M. M., F. A. S., A. S. y C. E., cabe destacar que el agravio -fundamento de toda apelación- no puede convertirse en un argumento común para cuestionar, por cualquier medio, la legitimidad del encierro, cuando el propio ordenamiento procesal establece la vía excarcelatoria como régimen tuitivo del derecho constitucional a la libertad provisoria bajo caución durante el trámite del proceso.

En ese direccionamiento, conforme con lo preceptuado en el Art. 311 del código ritual, sólo es apelable el procesamiento, puesto que el dictado de la prisión preventiva es su consecuencia en virtud de la valoración que efectuara el juez de conformidad con los Arts. 312 y 319 del mismo cuerpo legal. Por tal motivo, el instituto cuestionado no puede ser apelado, quedando sujeto a revisión mediante el trámite de la excarcelación instituido por el ordenamiento adjetivo (Conf. En igual sentido Causa N° 10.497, “Anyamene, Joel y otro s/inf. Ley 23.737”, Reg. N° 9410, del 19/2/13; y Causa n° 10.484 “De meo, Walter y otro s/inf. Ley 23.737”, Reg. N° 9439, del 22/3/13; de la Secretaría Penal N° 1, Sala I de esta Alzada, entre otras).

XV. Finalmente, en lo que respecta a aquellos agravios introducidos en la instancia, con arreglo a lo expresamente normado en los Arts.445, primer párrafo, y 454, tercer párrafo, del ordenamiento adjetivo, no habrán de recibir tratamiento en esta ocasión.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR erróneamente concedido los recursos deducidos por las defensas de G. E. R., G. D. S., S. S. D., M. A. Z. P., A. G. S., M. S. R., C. D. M. M., F. A. S., A. S. y C. B. E., respecto del dictado de la prisión preventiva.

II. CONFIRMAR los puntos dispositivos I, II, V, IX, X, XI y XII en todo cuanto fuera materia de recurso.

III. CONFIRMAR el punto dispositivo VI del auto apelado, en cuanto dispuso el procesamiento de M. A. Z. P., MODIFICANDO la calificación legal, por cuanto se lo considera autor prima facie responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes, previsto y penado en el Art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737, debiendo la señora juez a quo, revisar la situación de detención del causante (Art. 318 del código de forma).

IV. CONFIRMAR PARCIALMENTE los puntos dispositivos VII y VIII, en cuanto se dispuso los procesamientos de S. S. D. y de R. D. T. en relación al delito de tráfico de estupefaciente, en la modalidad de transporte, agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas en forma organizada, MODIFICANDO la calificación legal, por cuanto se los considera coautores prima facie responsables del delito de lavado de activos, previsto y reprimido por el artículo 303, párrafo primero, del Código Penal, debiendo la señora juez a quo, revisar la situación de detención del primero de los nombrados (Art. 318 del código de forma).

V. REVOCAR PARCIALMENTE los puntos dispositivos VII y VIII, en cuanto se dispuso los procesamientos de S. S. D. y de R. D. T., en relación al delito de lavado de activos, reiterado; disponiendo la FALTA DE MERITO de los nombrados, en orden a este delito.

VI.REVOCAR el punto dispositivo III del auto apelado y, en consecuencia, disponer la FALTA DE MéRITO respecto de M. S. R., en orden a los delitos por los que viene procesado, ordenando la inmediata libertad del nombrado, en lo que a esta causa se refiere, previa constitución de domicilio y en la medida en que no exista impedimento o requerimiento de otra autoridad; lo que deberá hacerse efectivo en la instancia de origen (Art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII. REVOCAR el punto dispositivo IV y, en consecuencia, disponer la FALTA DE MéRITO respecto de C. D. M. M., en orden a los delitos por los que viene procesado, ordenando la inmediata libertad del nombrado, en lo que a esta causa se refiere, previa constitución de domicilio y en la medida en que no exista impedimento o requerimiento de otra autoridad; lo que deberá hacerse efectivo en la instancia de origen (Art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII. CONFIRMAR los puntos dispositivos XXVII, XXIX y XXX, en cuanto mandan trabar embargo sobre los bienes de G. E. R., S. S. D., Ricardo D. T. y M. A. Z. P., MODIFICANDO los montos impuestos a los tres últimos, los que se establecen en las sumas de $18.000.000 (pesos dieciocho millones) -respecto de S. D. y T.- y de $1.000.000 (pesos un millón) -en el caso de Z. P.-.

IX. Encomendar a la Sra. Juez a quo lo señalado en el acápite IX, a) última parte.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Ac. N° 15/13 y Ley 26.856) y devuélvase.

ALBERTO AGUSTIN LUGONES

JUAN PABLO SALAS M. MORAN

ERNESTO HORACIO BRUZONI

SECRETARIO DE CAMARA