Recursos en el procedimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo

Autor: Romualdi, Emilio E.

Fecha: 10-ago-2018

Cita: MJ-DOC-13622-AR | MJD13622

Sumario:

I. Introducción. II. Recursos en el procedimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo. III. Los recursos ante la justicia en el marco de la Ley 27.348. IV. Epílogo.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo, analizaremos brevemente el aspecto recursivo previsto en la Ley 27.348 , reglamentado por la Res. 298/17 de la SRT. Asimismo, lo vincularemos con las soluciones adoptadas en general sobre la reglamentación efectuada en el Acta 2669 de la CNAT y en las diversas normas de adhesión provinciales.

II. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

1. Un primer tipo recursivo está previsto en el art. 10 de la Res. 298/17 vinculado con aspectos propios de la instrucción del expediente administrativo.

En dicha norma, se establece que, en aquellos casos en los cuales el dictamen médico determine un porcentaje de incapacidad laboral permanente definitiva o el fallecimiento por causas laborales, se notificará en un plazo máximo de tres (3) días a las partes y al empleador.

– En ese contexto, «dentro de los tres días contados desde la notificación del dictamen médico», las partes podrán solicitar por escrito en sede de la Comisión Médica o mediante Ventanilla Electrónica, una especie de aclaratoria donde podrá solicitar la rectificación de errores materiales o formales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del mismo.

– Asimismo «dentro del mismo plazo de tres días», se puede plantear una vía recursiva similar a la revocatoria cuando alguna de las partes considere que existe contradicción entre su fundamentación y la conclusión u omisión sobre alguna de las peticiones o cuestiones planteadas, que alteren lo sustancial del dictamen.Las actuaciones serán remitidas al médico interviniente a fin de que, dentro del plazo de 5 (cinco) días, se expida al respecto.

Estimo que eventualmente podría caber sobre este dictamen la vía aclaratoria prevista dentro del plazo de 3 (tres) días de notificada la ampliación del informe médico.

Tampoco veo impedimento respecto de que se pueda plantear la aclaratoria originalmente -conjuntamente con la revocatoria- y luego ante el dictamen de la revocatoria se pueda plantear una aclaratoria sobre los términos del mismo.

La norma no lo dice expresamente, pero considero que ambos recursos proceden contra el dictamen del Secretario Técnico Legal previo a la intervención de los médicos. Me parece que, en particular, cuando este deniegue el carácter de laboral del accidente o enfermedad no debería existir ningún impedimento para el ejercicio de esta vía recursiva.

2. Ahora bien, la Res. 298/17 establece que resueltas las peticiones planteadas o vencido el plazo para articularlas, se citará a las partes a una audiencia de acuerdo, por celebrarse ante el Servicio de Homologación, indicándose la fecha y la hora de la misma, con una antelación mínima de 3 (tres) días a la fecha fijada. En ese contexto, las partes pueden prestar consentimiento a los términos del dictamen y se sigue por tanto el procedimiento previsto en el art. 13 (1) de la resolución.

Si por el contrario no hubiera acuerdo en oportunidad de la audiencia de homologación, el agente designado a tal efecto, emitirá la opinión de legalidad y remitirá las actuaciones al Titular de Servicio de Homologación de la Comisión Médica, para el dictado del correspondiente acto, quedando con ello expedita la vía recursiva prevista en el art. 2 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Luego, este acto es el que, notificado, habilita la vía recursiva y el cómputo del plazo para la interposición del mismo.Este trámite es el que debe realizarse dentro de los 60 días previstos como máximo para el trámite administrativo con más la prórroga de 30 días que excepcionalmente puede solicitar la Comisión Médica jurisdiccional conforme lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 27.348 y el art. 7 y de la Res. 298/17. No obstante ello, no hay que dejar de analizar lo establecido por el art. 29 de la Res. 298/17 en cuanto a que, si bien el acto definitivo -que es expedido por el funcionario a cargo del Servicio de Homologación de la Comisión Médica- deberá ser expedido dentro de los 60 (sesenta) días hábiles contados desde la primera presentación debidamente cumplimentada, las demoras imputables a las partes que se susciten durante la sustanciación del procedimiento, suspenderán el plazo mencionado.

A los fines de la presente resolución, salvo disposición expresa en contrario, los plazos deberán computarse en días hábiles administrativos y a partir del día siguiente al de la notificación.

3. Recursos con que cuenta el dictamen de la Comisión Médica

Se establece que los recursos interpuestos contra lo dispuesto por las comisiones médicas procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción de los siguientes casos, en los que procederán con efecto devolutivo:

A. Cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central en el caso previsto en el art. 6, apartado 2, punto c , de la Ley 24.557, sustituido por el art. 2 del Decr. 1278/2000; determinación laboral de una enfermedad no listada.

B. Cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central en caso de reagravamiento del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. El art. 45 de la Res.298/17 establece que se entiende por «reagravamiento», a los efectos de lo previsto en el art. 13 de la Ley 27.348 sustitutivo del art. 46 de la Ley 24.557, las secuelas consolidadas derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que, como consecuencia de un siniestro posterior, produzcan una incapacidad sobreviniente.

El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes.

Si las partes tienen divergencia con el monto indemnizatorio podrán arribar a un acuerdo por un monto superior, el cual deberá ser homologado por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica, caso contrario, quedará expedita la vía recursiva judicial prevista en el art. 2 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo que entiendo debe ser exclusivamente la judicial dado que razonablemente el motivo del disenso debería ser el «ingreso básico mensual» tomado como base de cálculo o eventualmente de la incidencia en la operación aritmética de los montos mínimos o de pago único derivados de las sucesivas resoluciones que los modifican semestralmente.

Ahora bien, en la ley se prevé que el recurso ante el dictamen de la comisión médica puede hacerse ante la Comisión Médica Central o ante el órgano judicial competente para intervenir conforme las reglas de competencia previstas en los arts. 1 y 2 de la Ley 27.348.

En este sentido, hay que apreciar que el dictamen del Secretario Técnico Legal, si fuere contrario a la relación causal jurídica laboral, será también objeto de recurso, ya que el mismo es enviado al Servicio de Homologación a fin de que las partes lo consientan y se obtenga el estado de cosa juzgada.

En este sentido, la misma resolución establece en su art.16 que los actos del Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica, que concluyan el procedimiento sin que las partes arriben a un acuerdo, serán susceptibles de los recursos previstos en el art. 2 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Claramente este es un supuesto que encuadra en las previsiones de la normativa.

Me parece claro que si el dictamen es negativo, en relación a lo dictaminado por el funcionario administrativo, debe considerarse como finalizado el procedimiento y, por tanto, si es objeto de recurso el mismo debe contener no solo el cuestionamiento del mismo, sino también debe contemplar la eventual determinación del daño del trabajador en caso que el recurrente obtenga un resultado positivo a sus pretensiones. Esta circunstancia ya plantea algunas dificultades vinculadas con el trámite del recurso y el ofrecimiento de prueba tendiente a resolver en la Comisión Médica Central o en sede judicial la totalidad de las pretensiones del actor incluida la determinación de su grado de incapacidad.

En el caso en que el objeto del recurso fuera el grado de incapacidad y, por tanto, estuviera consentido el carácter laboral de la patología del actor, está claro que la tramitación ante la Comisión Médica Jurisdiccional está cumplimentada.

Luego, la Res. 298/17 establece que, notificado el acto del titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica, las partes tendrán la opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino.

Dentro del plazo de 15 (quince) días de notificado el acto antes mencionado, las partes podrán interponer dichos recursos ante el Servicio de Homologación.El recurso deberá presentarse por escrito en sede de la Comisión Médica interviniente, fundado y contener la crítica concreta y razonada de la decisión por la que se agravia. No bastará remitirse a presentaciones anteriores ni se podrán fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la instancia anterior. De la expresión de agravios se correrá traslado a la contraparte por el plazo de 5 (cinco) días.

Cumplido el trámite, si se hubiere interpuesto ante la comisión Médica Central, el Servicio de Homologación deberá elevar las actuaciones a la Comisión Médica Central en el plazo de 10 (diez) días de recibidas las contestaciones de las expresiones de agravios o vencido el plazo para ello. La Comisión Médica Central ordenará, si lo considerase pertinente, las medidas necesarias para resolver el recurso, fijando un plazo máximo para su producción de 10 (diez) días, pudie ndo ampliarlo hasta 20 (veinte) días cuando las circunstancias así lo requieran. Solo podrán ofrecerse medidas probatorias que hayan sido denegadas en la instancia anterior. Posteriormente, concluida la etapa probatoria, emitirá resolución definitiva en un plazo máximo de 30 (treinta) días, la que se notificará a las partes. Luego, si alguna de las partes no consintieran el dictamen, el art. 46 de la Ley 24.557, modificado por la Ley 27.348, estable que el mismo será susceptible de recurso directo, por cualquiera de las partes, el que deberá ser interpuesto ante los tribunales de alzada con competencia laboral o, de no existir estos, ante los tribunales de instancia única con igual competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la comisión médica jurisdiccional que intervino.

III. LOS RECURSOS ANTE LA JUSTICIA EN EL MARCO DE LA LEY 27.348

1. Aspectos previos

Analizados en un anterior trabajo los recursos en el marco de la Res.298/17, es necesario analizar el estado de la vía recursiva en las diversas jurisdicciones.

En primer lugar, es necesario establecer que claramente hay una diferencia en el caso que el recurso esté interpuesto ante la Comisión Médica Jurisdiccional y la Comisión Médica Central.

En el primer caso, el recurso está determinado procedimentalmente en la Res. 298/17, y los tribunales deberían actuar solo en grado de revisión en la limitada alzada que prevé el recurso.

En el segundo caso, la normativa de la SRT deja abierta la regulación a las normas procesales y no establece una regla específica, dado que se limita a establecer que el mismo será interpuesto ante los tribunales competentes.

Vemos el estado en las jurisdicciones donde la ley ya es operativa y la norma se cumple. Me parece necesario distinguir tres casos. Por un lado, la reglamentación que, mediante el Acta 269 hizo la CNAT, la adhesión de la provincia de Buenos Aires que no tiene normas procesales y las adhesiones de las demás provincias que, con algunas modificaciones, siguieron el método adoptado en la provincia de Córdoba.

2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Acta 2669 de la Cámara Nacional del Trabajo del 16 de mayo de 2018 establece claramente y de manera bien diferenciada los dos recursos.

– En el Acta, se le comunican a la SRT las obligaciones a su cargo estableciendo que en los dictámenes -estimo que se refiere al acto del Servicio de Homologación que habilita los recursos- se le debe hacer saber a las partes lo siguiente:

A. Les asiste el derecho de recurrir ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia o ante la Cámara Nacional de Trabajo en caso de corresponder (Apelación ante la Comisión Médica Central); este requisito aparece como sobreabundante.

B. Los recursos se presentan ante las comisiones Médicas dentro del plazo de 15 días administrativos debidamente fundados con la crítica concreta y razonada de los agravios que causa el dictamen administrativo.No lo dice, pero estimo que el cómputo es desde el acto que da fin al trámite administrativo. O el acto del Servicio de Homologación de la Comisión Médica o la resolución de la Comisión Médica Central.

C. Contar con patrocinio letrado.

D. Constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y domicilio electrónico.

E. Los trámites se realizan ante la comisión médica jurisdiccional o central.

Como requisito formal se impone a la comisión médica que:

a. El trámite debe ser debidamente foliado en orden cronológico.

b. La Secretaría General de la CNAT devolverá a la comisión médica los trámites que no cumplan con estos requisitos.

– Trámite ante la Cámara

Una vez recibidas las actuaciones, la Secretaría de la CNAT efectuará el sorteo del Juzgado de primera instancia o de la Sala que intervendrá en cada caso.

– Trámite de la causa

Los jueces en ambos casos se podrán producir la prueba que consideren denegada de manera incorrecta durante el trámite administrativo o que fueron efectuadas de manera defectuosa. Ello sin perjuicio de sus facultades de dictar medidas para mejor proveer.

Las resoluciones de los jueces de primera instancia con recurribles ante la CNAT en los términos del art. 105, inc. A , de la Ley 18.345 (2).

3. Provincia de Buenos Aires

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley de adhesión no estableció procedimiento alguno; de modo tal que cabe distinguir las dos situaciones.

Comisión Médica Jurisdiccional. Si se sigue el procedimiento de la Res. 298/17 parecería que el art. 57 de la Ley 11.653 sería la norma más adecuada, dado que si bien está previsto para la Ley 10.149, lo cierto es que esta establece para la multas un sistema similar al previsto por la SRT y por tanto -salvo declaración de inconstitucionalidad-, su normativa se adecua perfectamente a lo dispuesto por la reglamentación de la Ley 27.348.Ello no impide que el tribunal de trabajo -dentro de las facultades que le caben- pueda dictar medidas de mejor proveer. También es cierto que el tribunal de grado podría darle el trámite de proceso de conocimiento aunque esta circunstancia -sin previa declaración de inconstitucionalidad- aparece como muy disociada de las reglas federales y, en ese contexto, la primacía de las mismas en virtud del art. 30 de la CN hacen improbable ese camino, aunque no descarto que sea seguido por diversos tribunales. Los tribunales serían conforme la competencia de los artículos 1 y 2 de la Ley 27.348, y no corresponde aplicar para la competencia y asignación de causas lo dispuesto por el art. 5 de la Acordada 2212/87 de la SCBA.

Por el contrario, en vista de la remisión sin más del art. 46 de la Ley 24.557 en el caso parecería posible iniciar la vía recursiva directamente ante un tribunal de trabajo conforme las reglas de competencia de los arts. 1 y 2 de la Ley 27.348, y este podría darle el trámite de juicio pleno de conocimiento.

4. Adhesiones de otras provincias

En las siguientes provincias: en Córdoba con la Ley 10.456 , en Entre Ríos conforme la Ley 10.532 , en Corrientes con la Ley 6.429, en Mendoza con la Ley 9017 , en Río Negro con la Ley 5253 , en San Juan mediante Ley 1709-K, en Tierra del Fuego mediante la Ley 1199 y en Jujuy mediante la Ley 6056 , se sigue un trámite similar con diferencias menores para recurrir que se instruirán con la acreditación del agotamiento de la vía administrativa ante la Comisión Médica Jurisdiccional sin necesidad de recurrir ante la Comisión Médica Central. Nada se dice en relación con el recurso directo ante lo resuelto por este organismo.

A.En el caso de Córdoba -que ha sido el modelo seguido luego por las demás provincias salvo Buenos Aires-, el damnificado como vía recursiva tiene el plazo de 45 días para promover la acción ordinaria laboral prevista en la Ley Procesal del Trabajo Provincial N.° 7987 (art. 3 de la Ley 10456). En este sentido, se prevé que el necesario agotamiento de la vía administrativa ante la Comisión Médica Jurisdiccional, prescindiendo de la obligatoriedad para el trabajador afectado de interponer recurso ante la Comisión Médica Central, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley nacional 24.557 -texto según modificación introducida por Ley nacional 27.348-. Se establece que los recursos que interpongan las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no tienen efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente y solo lo tienen al efecto devolutivo. El trabajador puede optar por promover la acción ante los Tribunales ordinarios en materia laboral en los términos de la Ley 7.987, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central, y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes. Si las partes consintieran los términos de la decisión emanada de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa, quedando definitivamente concluida la controversia

B. En el caso de Entre Ríos, los recursos deberán formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 5315 (Código Procesal Laboral de la Provincia de Entre Ríos), dentro del plazo de 15 días hábiles «judiciales», computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad.

C.En el caso de Corrientes, se estableció también un sistema similar donde se prevé el agotamiento de la vía administrativa ante la comisión médica jurisdiccional, prescindiendo de la obligatoriedad para el trabajador afectado de interponer recurso ante la Comisión Médica Central, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley Nacional 24.557 -texto según modificación introducida por la Ley Nacional 27.348-. Se establece que los recursos que interpongan las aseguradoras de riesgos del trabajo no tienen efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente y solo lo tienen al efecto devolutivo. Asimismo se estableció que el trabajador puede optar por promover la acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral, en los términos de la Ley de Procedimiento Laboral, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central, y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes.

D. En Mendoza, se estableció que los recursos ante el Fuero laboral provincial aludidos en el art. 2 de la Ley 27.348 y en el art.46 de la Ley 24.557 (texto según modificación introducida por la Ley 27.348), deberán formalizarse «a través de la acción laboral ordinaria», con arreglo a lo dispuesto en la Ley provincial 2144 y modificatorias, «dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional», bajo apercibimiento de caducidad.

La referida acción podrá interponerse prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central.

Los recursos que interpongan las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no tienen efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente y solo lo tienen al efecto devolutivo.

La acción laboral ordinaria que por esta ley se otorga a los trabajadores, produce la atracción del recurso que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central, y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes.

Se dispone que, tratándose de acciones derivadas de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, salvo en las excepciones contempladas en la Ley 27.348, además de los requisitos señalados en el art. 43 de la Ley 2144 (3) y modificatorias (Código Procesal Laboral vigente), el trabajador deberá acompañar, previo requerimiento del juez bajo sanción de inadmisibilidad, los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la Comisión Médica correspondiente, una certificación médica que consigne diagnóstico, grado de incapacidad y calificación legal y que explicite los fundamentos que sustentan un criterio divergente al sostenido por la Comisión Médica Jurisdiccional. Las cuestiones planteadas ante esta constituirán el objeto del debate judicial de la acción prevista en esta norma.

Abierto el trámite judicial con la interposición de la acción laboral ordinaria a que hace referencia el art.3 de la Ley de Adhesión, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, deberá remitir copia certificada de todo lo obrado en la instancia administrativa previa, incluidos los exámenes médicos y los ofrecimientos que hubiera hecho la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

La Cámara Laboral que corresponda entender en el proceso judicial, junto con el traslado que corresponda efectuar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo recurrida, deberá notificar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la iniciación del proceso y de su deber de cumplir con la obligación a que hace mención la ley, otorgando para ello un plazo de veinte días hábiles.

e. En San Juan, se sigue un procedimiento similar, solo que el plazo de interposición es de 30 días hábiles judiciales, computados desde la notificación de la resolución emanada de la comisión médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad. Se sustituyó el art. 160 de la Ley 337-O, Código de Procedimiento Laboral estableciéndose lo siguiente: «Tratándose de acciones derivadas de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, salvo las excepciones contempladas en la Ley Nacional N.º 27.348, además de los requisitos señalados, el trabajador debe acompañar, previo requerimiento del juez, bajo sanción de inadmisibilidad, los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la comisión médica correspondiente, una certificación médica que consigne diagnóstico, grado de incapacidad y calificación legal que explicite los fundamentos que sustentan un criterio divergente al sostenido por la comisión médica jurisdiccional. Las cuestiones planteadas ante esta constituirán el objeto del debate judicial de la acción prevista en esta norma».

f. En Tierra del Fuego, los recursos ante el fuero laboral aludidos en el art. 2 de la Ley nacional 27.348 y en el art.46 de la Ley nacional 24.557, deben formalizarse con arreglo a lo dispuesto para las acciones de naturaleza laboral en el Título VIII, Ley provincial 147 (4) y modificatorias, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad. Al igual que en otras jurisdicciones se prevé el agotamiento de la vía administrativa ante la comisión médica jurisdiccional, prescindiendo de la obligatoriedad para el trabajador afectado de interponer recurso ante la Comisión Médica Central, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley nacional 24.557. El trabajador puede optar por promover la acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central, y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes. Si las partes consintieran los términos de la decisión emanada de las comisiones médicas jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa, quedando definitivamente concluida la controversia.

G. En Jujuy, se estableció que los recursos ante el fuero laboral aludidos en el art. 2 de la Ley Nacional 27.348 y en el art. 46 de la Ley Nacional 24.557, deben formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo de la Provincia de Jujuy, dentro del plazo de prescripción conforme la legislación de fondo (dos años), contado desde la notificación de la resolución emanada de la comisión médica jurisdiccional. El trabajador puede optar por promover el recurso en contra de las resoluciones administrativas emanadas de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales ante los tribunales ordinarios en materia laboral, observando las prescripciones del art. 49 (5) del Código Procesal del Trabajo de la Provincia de Jujuy, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central.En este caso, la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes.

En el caso de Río Negro, mediante la Ley 5253 (4 de diciembre de 2017 BO: 11/12/17 (R. Negro) la vigencia de la ley quedó suspendida hasta tanto se instrumentaran los convenios a los que alude el art. 2 de la norma provincial (6). conforme art. 9 de la misma. Se estableció que el agotamiento de la vía administrativa ante la Comisión Médica jurisdiccional, se configurará prescindiendo de la obligatoriedad para el trabajador afectado de interponer recurso ante la Comisión Médica central, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley nacional 24.557 -texto según modificación introducida por Ley nacional 27.348-. El trabajador puede optar por controvertir el dictamen médico de la Comisión interviniente a través de un recurso de apelación o promover una acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral en los términos de la Ley 1504, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica central, y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes.

Si las partes consintieran los términos de la decisión emanada de las Comisiones Médicas jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa, quedando definitivamente concluida la controversia.

Finalmente en lo sustancial se modificó el art. 27 de la Ley 1504 -de Procedimiento Laboral- estableciéndose lo siguiente: «Tratándose de acciones derivadas de la Ley nacional 24.557, salvo en las excepciones contempladas en la Ley nacional 27.348, además de los requisitos señalados en el párrafo precedente, el trabajador debe acompañar, previo requerimiento del juez bajo sanción de inadmisibilidad, los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la Comisión Médica correspondiente, una certificación médica que consigne la lesión sufrida, diagnóstico y grado de incapacidad, este último requisito solo resulta exigible en aquellos casos en que se cuestione el porcentaje de incapacidad.Las cuestiones planteadas ante esta constituirán el objeto del debate judicial de la acción prevista en esta norma».

Como se ve en todos los casos, nada se dice en referencia al recurso contra lo resuelto por la Comisión Médica Central, aunque puede inferirse que se tramitaría un juicio pleno de conocimiento conforme cada ley de procedimiento provincial.

IV. EPÍLOGO

Como habitualmente expreso, estos trabajos son siempre aproximaciones a las diversas posibilidades que se presentan ante la profusión de normativa, y en consecuencia, el lector deberá ajustar finalmente en cada jurisdicción la situación fáctico-normativa.

Por otro lado, es claro que es más fáctica la situación en cada jurisdicción donde no hubiera ley de adhesión en cuyo caso las vías recursivas al trámite administrativo (que en este caso las partes adoptaron voluntariamente) dependerá de la solución pretoriana de sus tribunales.

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(1) Art. 13 : «Acuerdo. Si las partes arribaran a un acuerdo y prestaran su conformidad con lo actuado, el agente del servicio constatará la libre emisión del consentimiento del trabajador o derechohabientes y su discernimiento sobre los alcances del acuerdo. En el mismo acto, se suscribirá un acta dejando expresa constancia de ello y del ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la Ley N.° 26.773».

»El agente, designado a tal efecto, emitirá opinión acerca de la legalidad del procedimiento y la pertinencia del dictado del acto homologatorio del acuerdo».

»Finalmente, se remitirán las actuaciones al Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica, para que dentro de los 5 (cinco) días emita el correspondiente acto de homologación, con los alcances previstos en el artículo 15 de la Ley N.° 20.744 (t. o.1976), dejando expresa constancia del porcentaje de incapacidad determinado en el dictamen médico».

»A partir de la notificación del acto de homologación, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado, deberá poner a disposición del damnificado el importe de la indemnización en la cuenta bancaria oportunamente declarada, dentro del plazo de 5 (cinco) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Anexo I de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Tra bajo».

»Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la cuenta sueldo no estuviera disponible, la ART deberá poner a disposición del damnificado mediante la operación bancaria que se hubiere establecido en oportunidad de la audiencia de acuerdo».

»El incumplimiento de tales obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado será ponderado de conformidad con las previsiones del régimen aprobado por la Resolución SR. N.° 613 de fecha 1 de noviembre de 2016, o la que en el futuro la reemplace».

»Los actos de homologación asumirán autoridad de cosa juzgada administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Anexo I de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las incapacidades allí consignadas deberán ser incorporadas a los registros de la SRT».

(2) Art. 105 : «Resoluciones apelables. Serán apelables, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente»:

»a. Las sentencias definitivas y toda otra resolución que ponga fin total o parcialmente al pleito».

»b. Las sentencias que decidan excepciones».

»c. Las resoluciones que admitan o denieguen personería».

»ch. Las sentencias que decidan un incidente de nulidad y las resoluciones que anulen total o parcialmente el procedimiento».

»d. La sentencia o resolución que declare de puro derecho al litigio o a una cuestión previa».

»e. Las sentencias o resoluciones que denieguen medidas de prueba».

»f. Las resoluciones que denieguen medidas preliminares».

»g. Las resoluciones que rechacen hechos nuevos».

»h.En general, todas las sentencias y resoluciones que impliquen por sus efectos o por haberse dictado sin posibilidad de controversia o prueba, una privación de la garantía de defensa en juicio».

(3) Art. 43: «La demanda se interpondrá por escrito, acompañada de tantas copias como personas sean las demandadas y contendrá»:

»a. el nombre, domicilio real, legal, edad, estado civil y profesión y oficio del demandante»;

»b. el nombre y domicilio del demandado»;

»c. la designación de lo que se demande y los hechos en que se funda»;

»d. el ofrecimiento de los medios de prueba acompañado los documentos que obran en su poder e individualizando los que no pueden presentar, mencionando su contenido y lugar en que se encuentren».

»e. cuando se ofrezca prueba confesional, el proponente deberá acompañar el pliego de posiciones para el absolvente, bajo apercibimiento de tener por no ofrecida la prueba».

(4) Título VIII. Juicio laboral

Art. 638: «Procedimiento aplicable. Las acciones referidas a cuestiones laborales, se sustanciarán por el trámite del juicio sumario, con las modificaciones que se establecen en el presente Título.

(5) Art. 49: «Forma de la demanda. La demanda se interpondrá por escrito o verbalmente ante el actuario. En este último caso se labrará el acta correspondiente».

»El demandante deberá mencionar su nombre, domicilio real, nacionalidad, estado civil y profesión u oficio; el nombre y domicilio del demandado, los hechos en que se funda explicados claramente y la designación de lo que se demanda».

»También ofrecerá la prueba de que intente valerse y acompañará los documentos que obren en su poder. Si no los tuviese, los individualizará, indicando el contenido, el lugar, archivo, oficina o persona en cuyo poder se encuentren».

(6) Ley 5253. Art. 2 : «Encomiéndase al Poder Ejecutivo provincial a través de la Secretaría de Estado de Trabajo a celebrar convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a los fines de que las Comisiones Médicas jurisdiccionales instituidas por el art.51 de la Ley nacional 24.241 actúen en el ámbito de la provincia de Río Negro como instancia prejurisdiccional, cumpliendo con los lineamientos de gestión que fija el presente artículo. Los convenios a los que alude el párrafo precedente determinan las condiciones y modalidades de funcionamiento de las Comisiones Médicas dentro de la provincia de Río Negro, las que deben ajustar su actuación sobre la base de los siguientes lineamientos»:

»a. Adecuada cobertura geográfica tendiente a asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio en el territorio de la provincia. A tal fin se deben tomar como referencia para la constitución de al menos una Comisión Médica en cada cabecera de cada circunscripción judicial -una comisión por circunscripción- existente que conforman el mapa judicial de la provincia».

»b. Celeridad, sencillez y gratuidad en el procedimiento».

c. Calidad de atención».

»d. Participación conjunta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo provincial en la selección de todos los integrantes de las Comisiones Médicas mediante mecanismos de transparencia que garanticen la igualdad de oportunidades y la idoneidad de los profesionales».

»e. Objetividad y profesionalidad en los dictámenes médicos, asegurando la correcta aplicación de las reglas para la cuantificación del daño prevista en el sistema de riesgos del trabajo».

»f. Participación de las partes en la Comisión Médica con patrocinio letrado y asistencia de profesional médico de control, en los términos de la Res. SRT 298/17 , emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo garantizándose la gratuidad del procedimiento».

»g. Agilidad y simplicidad en la liquidación de honorarios para los profesionales que actúen en defensa de los intereses del trabajador».

»h. Revisión continua y auditoría externa de la gestión de las Comisiones Médicas».

»i. Publicidad de los indicadores de gestión».

»j. Garantizar la no afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores».

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de la UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.